COVID 19: menos dependientes con ayudas

Los mayores son los que más han sufrido el coronavirus, concentrando un 86,4% de las muertes. Pero además, los mayores dependientes sufren otro efecto preocupante de la pandemia: la paralización de los servicios sociales de las autonomías, que apenas han atendido solicitudes desde el 14 de marzo, con lo que han caído los beneficiarios (-15.421 en abril) y los que reciben prestaciones por dependencia (-7.396 en abril). En conjunto, hay 414.922 dependientes (la mayoría, mayores) a la espera de un procedimiento, que resuelva su expediente (153.306) o les conceda una prestación legalmente reconocida (261.616 están “en lista de espera”). Lo grave es que la mayoría de dependientes superan los 80 años y muchos mueren sin recibir la ayuda (85 al día). Urge un Plan de choque para atenderlos ya, en plena pandemia, al margen de agilizar el papeleo. Y un Pacto para reforzar la dependencia en los próximos meses, con más recursos, para acabar con las listas de espera y ofrecer servicios dignos a nuestros mayores. Se lo debemos.

enrique ortega

La situación de la Dependencia era un problema que “clamaba al cielo” ya antes del coronavirus. En enero de 2020, el sistema cumplió 13 años de vida, arrastrando el lastre de falta de recursos con el que nació: había 269.854 dependientes en “lista de espera”, sin recibir una prestación a la que tenían derecho (reconocido), 19.817 dependientes más que un año antes. Y lo más grave: como muchos de estos dependientes son mayores de 80 años, muchos se mueren (85 cada día, según los Directores Gerentes deServicios Sociales) sin que les llegue la ayuda. Y los dependientes que sí reciben ayudas (1.115.183 a principios de año) reciben cada vez más “prestaciones low cost”, teleasistencia o ayudas a su familia, porque las autonomías no tienen recursos para residencias y centros de día, la atención más cara.


Si el sistema de la Dependencia ya estaba superado, el coronavirus lo ha dado la puntilla, debido a que el estado de alarma ha impedido el normal funcionamiento de los servicios sociales de las autonomías, que lo gestionan. Las consecuencias se han visto en los datos de la Dependencia de marzo y, sobre todo, de abril, recientemente publicados por el IMSERSO. Empezando por el origen, han caído las nuevas solicitudes de dependencia, al estar las familias confinadas: se presentaron 54.277 menos en abril. Y en el segundo escalón, cayeron también las nuevas resoluciones sobre solicitudes, -17.021 en abril. Con ello, aumentaron en abril las resoluciones de dependencia pendientes, +2.744. Y al final, ha caído el número de beneficiarios de ayudas a la dependencia, -15.421 en abril (eran 1.375.740). Y también se ha reducido el número de beneficiarios que reciben una prestación: 1.114.124 a finales de abril, -7.396, una caída de perceptores de ayuda que no se veía desde 2014.


En definitiva, que la pandemia y el cierre parcial de los servicios sociales autonómicos han provocado que hubiera, solo en abril, 7.396 dependientes menos recibiendo una prestación, según los últimos datos del IMSERSO. Esta caída de ayudas no ha sido homogénea, sino que se ha concentrado en 7 autonomías: Madrid (-4.940 dependientes menos con prestación en abril y otros -2.028 en marzo), Andalucía (-2.029 en abril y otros -547 en marzo), la Rioja (-428 en abril y otros -108 en marzo), Cantabria (sólo -163 en abril pero cayeron -880 en marzo), Cataluña (-896 en abril y otros -49 en marzo), Castilla la Mancha (-69 en abril pero cayeron -902 en marzo) y Galicia (-320 dependientes con prestación en abril). Y, para ser justos, hay varias autonomías que han aumentado los dependientes que reciben prestación, a pesar de la pandemia: Comunidad Valenciana (+1.665 en abril), Extremadura (+576), Canarias (+461), Murcia (+295) y Baleares (+151), según el balance del IMSERSO.


Al caer mucho el número de beneficiarios, por bajar las resoluciones, se ha reducido algo con la pandemia la “lista de espera”, los dependientes con derecho reconocido a una prestación pero que no la reciben todavía, por falta de medios en las autonomías: eran 267.835 a finales de febrero, subieron algo en marzo (269.641) y bajaron en abril, hasta los 261.616 dependientes en lista de espera, 6.219 menos que antes de la pandemia. Con todo, es muy alta y supone que el 19% de los dependientes reconocidos no reciben ninguna ayuda. Un porcentaje que es escandaloso en Cataluña (31,46% dependientes “en espera”), La Rioja (29,15%), Canarias (25,36%) o Andalucía (24,87%), mientras es casi inexistente en Castilla y León (sólo el 0,67% dependientes esperan la ayuda reconocida), Navarra (4,956%), Ceuta (3,62%), Melilla (8,09%), Castilla la Mancha (8,12%) o Galicia (9,43%), según los datos del IMSERSO. Diferencias que tienen que ver con que unas autonomías gastan más que otras en Dependencia y con que gestionan mejor las ayudas.


En cualquier caso, todas las autonomías utilizan “trucos” para atender a más dependientes con menos recursos aportados por el Estado central (la financiación a la dependencia se ha recortado en -5.864 millones desde 2012, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales). El primer truco es “retrasar la resolución de los expedientes”, “embolsar “las solicitudes para tardar lo más posible en reconocerlas y pagarlas: si el plazo legal para resolverlas es de 180 días, en 2019 se tardaba 426 días, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.  El segundo “truco” son las “listas de espera”: retrasar la aplicación de las ayudas ya reconocidas, en concreto a 261.616 dependientes (el 19%) a finales de abril. Ayudas que se retrasan es dinero que se “ahorra”. Y llegamos al tercer “truco”: a la hora de reducir esas listas de espera, se conceden antes las ayudas a los dependientes moderados (Grado I), que son “más baratos de atender”. De hecho, en 2019, se redujeron las listas de espera de los dependientes moderados pero creció la lista de espera de los dependientes medianos (Grado II) y Graves (Grado III), que son “más costosos”. Y el cuarto “truco”, utilizar cada vez más prestaciones “low cost” para atender a los dependientes, como la teleasistencia y la ayuda a domicilio, bajando las ayudas para residencias, las más caras.


Volviendo a la pandemia y sus efectos sobre los dependientes, el problema no es sólo que haya reducido el número de beneficiarios y los que reciben prestaciones sino que además se han paralizado prestaciones, como el cierre de los centros de día (que recibían 95.401 dependientes, ancianos en su mayoría) y la interrupción de muchos servicios de ayuda a domicilio (que recibían 246.904 dependientes). Y en el caso de los dependientes en residencias (163.429 en abril), han sufrido con especial virulencia la pandemia y la escasez de recursos sanitarios para atenderles. E incluso, la negativa de los hospitales a atender a ancianos de residencias, como demuestra este documento del hospital madrileño Infanta Cristina, una normativa sanitaria que se generalizó en todos los hospitales y ambulatorios de Madrid en marzo y abril. 


Ahora, ante la evidencia de que el coronavirus ha colapsado aún más la dependencia, los Directores y Gerentes de Servicios Sociales piden medidas de choque, en medio del estado de alarma. Por un lado, agilizar la burocracia: simplificar y acelerar los trámites para los nuevos dependientes y para resolver los expedientes en espera y las valoraciones pendientes. Y mientras tanto, garantizar unos servicios mínimos de atención a los 414.922 dependientes que esperan un trámite (153.306 pendientes de valoración y 261.616 en “lista de espera”), al menos que todos reciban ya el servicio de teleasistencia. Además, proponen reorganizar el servicio de ayuda a domicilio, con una gestión personalizada de los casos más vulnerables. Y asegurar alguna atención complementaria a los que se han quedado sin poder acudir a los centros de día. Y en las residencias, proponen implantar un sistema de alerta temprana y seguimiento del coronavirus, con un protocolo que garantice la atención sanitaria de los residentes. 


Se trata de aprobar un Plan de choque para la Dependencia durante esta pandemia, para que sea una de las prioridades en el reparto de esos 16.000 millones del Fondo estatal que van a recibir las autonomías. Urgen nuevos recursos para mejorar la atención de los dependientes que se han quedado “descolgados” en esta pandemia y para acelerar su vuelta a los cuidados, que necesitan más que otros. Y con estos fondos, reducir  también la lista de espera, porque no olvidemos que cada día mueren 85 dependientes sin recibir la ayuda a la que tienen derecho y que no les llega por falta de recursos. Al ritmo de los últimos años, acabar con esta lista de espera tardaría 4 años y medio. Pero se podría reducir un 75% en un año (atender a 200.000 dependientes más) si se destinaran 1.300 millones extras, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Ahora puede ser el momento.


Pero no basta con acabar con las listas de espera. Cuando pase lo más grave de esta pandemia y se plantee la reconstrucción del país y la economía, la Dependencia debe estar entre nuestras prioridades, porque tenemos una población muy envejecida y un sistema de Dependencia financiado deficientemente desde su creación, en 2007. Por eso, urge poner en marcha un Pacto por la Dependencia, firmado en diciembre de 2016 pero que no se ha traducido en hechos. Hacen falta 2 cambios de fondo: más dinero y una mayor aportación del Estado central, que “se ha escaqueado” con la dependencia desde los recortes de Rajoy en 2012, dejándola en manos de unas autonomías sin recursos. La Ley de Dependencia establece que la financiación pública del sistema se reparta al 50% entre el Estado central y las autonomías, pero en 2018 (último año con datos) el Estado central sólo aportó el 16,7% de la financiación pública (1.348 millones), mientras las autonomías cargaron con el 83,3% restante (6.707 millones). Y este recorte obliga  a que las familias de los dependientes paguen parte de muchos servicios (hasta el 19% de la factura total).


La propuesta del sector, de los Directores de Servicios Sociales, es que la financiación pública de la Dependencia vuelva al 50/50% (obligaría al Estado a aportar 4.000 millones anuales) y que se aumente el gasto público en Dependencia: si ahora gastamos 8.000 millones al año, gastar 2.700 millones más, no sólo los 830 millones extras que iban en el fallido Presupuesto de 2019. Debería ser otra de las prioridades del futuro Presupuesto 2021, aunque es posible que los gastos de la reconstrucción impidan financiar suficientemente la dependencia (otra vez). Y que sigamos con “los trucos” y “listas de espera”.


Pero no deberíamos tirar la toalla y mejorar la Dependencia, aunque haya otras urgencias. Esta es de primera magnitud. Primero, porque cada vez hay más dependientes y se van a duplicar para 2050, por el envejecimiento y la mayor esperanza de vida. Segundo, porque atender a los dependientes es ayudar a sus familias y especialmente a las mujeres, que hipotecan su vida por cuidar de padres, maridos e hijos dependientes. Y sobre todo, por justicia: estos mayores dependientes lo han dado todo por nosotros y por este país y muchos se mueren (recuerden: 85 cada día) sin recibir las ayudas. Es escandaloso. El coronavirus ya se ha cebado con ellos, por falta de atención y cuidados. No lo repitamos con las ayudas a la dependencia. Se lo debemos.

Dependencia: más beneficiarios "low cost"

Año nuevo, problemas viejos: hay 310.951 dependientes, ancianos y discapacitados, que tienen reconocida una ayuda, pero no la reciben por falta de recursos públicos. Están en “lista de espera”, pero muchos morirán sin recibirla (100 ancianos al día). Y aunque las nuevas autonomías han recortado las listas de espera desde 2015, la mejora tiene “truco”: dan prioridad a los dependientes “moderados” (más baratos) frente a los graves: de 38.189 dependientes que salieron de las listas en 2017, sólo 1.567 eran graves. Y otro “truco”: se opta por darles ayudas baratas, como la tele asistencia, antes que una residencia. Y todo porque, tras los recortes de 2012, la Dependencia ha perdido 4.000 millones. Ahora, el Gobierno Rajoy presume que sube la aportación para 2018 (+63 millones), pero paga por dependiente un tercio menos que en 2012. Urge un Plan de choque para acabar con las listas de espera y asegurar ayudas dignas a 1.265.000 dependientes. Costaría 2.700 millones extras al año. Hay que sacarlos como sea. Nuestros ancianos lo merecen.

enrique ortega

En enero, la Ley de Dependencia cumplió 11 años, con los mismos problemas para financiarse que siempre, aunque las nuevas autonomías, gobernadas mayoritariamente por la izquierda, han hecho un mayor esfuerzo desde 2015. Así, en 2011, cuando Rajoy llegó a la Moncloa, había 752.005 dependientes con ayuda y cuatro años después, en 2015, sólo se habían ganado 44.109 (hasta 796.109 beneficiarios). En los dos últimos años, los beneficiarios  han aumentado el triple (+158.722), hasta los 954.831 a finales de 2017, según los datos del IMSERSO. Un avance que no puede esconder el grave problema de la Dependencia, las “listas de espera”: ancianos y discapacitados que tienen oficialmente reconocida una ayuda, pero que no la reciben por falta de recursos públicos para dársela. A finales de 2017, eran todavía 310.120 dependientes en “lista de espera”, 1 de cada 4 dependientes (el 24,5%), un dato escandaloso aunque la lista se haya reducido un 19,3% en los dos últimos años (había 384.326 dependientes “en espera” a finales de 2015).

La “lista de espera” de la Dependencia es grave por dos razones. Una, porque es muy desigual por autonomías y en algunas es mucho más escandalosa, como es el caso de Cataluña (el 37,10% de los dependientes reconocidos no recibe ayuda), Canarias (36,62%), la Rioja (32,25%), Andalucía (31,81%) y Extremadura (27%), mientras hay otras donde casi no hay problema, como Castilla y León (sólo el 1,41% dependientes “en espera”), Ceuta (5%), Melilla (5,28%), Murcia (13,54%) y Asturias (13,85%). Y la otra, más preocupante, porque la mayoría de los dependientes tienen más de 80 años (el 54,5%) y muchos se mueren antes de que les llegue la ayuda que tienen oficialmente reconocida. Así, en 2016, hubo 40.647 dependientes en lista de espera que murieron sin recibir la ayuda, según los cálculos de los Directores y gerentes de Servicios Sociales. Y en 2017 estiman que habrán muerto sin recibir la ayuda otros 34.000, una media de 100 dependientes al día de la lista de espera.

La “lista de espera” se ha reducido en 38.189 dependientes durante 2017, pero esta reducción tiene “truco”: las autonomías, que gestionan la Dependencia, han optado por dar prioridad a los dependientes más moderados (Grado I), que son “más baratos”, para así recortar más la lista de espera, relegando a los dependientes grandes (Grado III) y severos (Grado II), que son más caros de atender, según han denunciado los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Las estadísticas del IMSERSO son muy evidentes: de los 38.189 dependientes que han salido de las listas de espera, sólo 1.567 son dependientes más graves (Grado III y II) y la casi totalidad (36.622) son dependientes moderados (Grado I). Así que encima de ser los ancianos y discapacitados que más necesitan ayuda, son los que tienen menos prioridad al reducir las listas de espera.

Pero hay otro “truco más”, este para aumentar los beneficiarios de las ayudas (+158.722 entre 2016 y 2017): dar ayudas más baratas a más dependientes, dando prioridad a los servicios más baratos, a los servicios “low cost”. Basta ver las estadísticas de ayudas del IMSERSO para detectar el aumento de la “tele asistencia”, la ayuda más barata (cuesta 35 euros al mes): ha pasado del 2,32% de las ayudas en 2008 al 15,81% en 2017 (y en Andalucía es ya la ayuda que más se da, al 31,7% de dependientes, al igual que en Madrid, al 22,5%). Y también ha aumentado el peso de las ayudas económicas a las familias, para que atiendan al dependiente en casa: por una prestación que va de 442,59 euros al mes a 286 euros y 153 euros, según el grado de dependencia), las autonomías “se quitan de encima” el problema de atender a los ancianos y discapacitados dependientes. Si en 2008 recibían estas ayudas el 25,85% de los dependientes, en 2017 las recibían ya el 37,72%. Y suponen más de la mitad de las ayudas totales en Baleares (60% de las ayudas), Navarra (57%) y Murcia (54%). Además, muchas autonomías han priorizado otro sistema de ayuda económica, dar un cheque a las familias para que busquen la ayuda de forma particular (se llama “prestación económica vinculada a servicio”). Es una manera de “privatizar la Dependencia”, que supone ya el 9,39% de todas las ayudas pero mucho más en algunas autonomías: Extremadura (39,8%, es la ayuda más utilizada), Castilla y León (24,80%, la ayuda con más peso también), Canarias (18,64%), Aragón (18,39%) y Comunidad Valenciana (15,42%).

Mientras, se estancan las ayudas más caras a los dependientes, sobre todo las plazas en una Residencia (el 13,94% de las ayudas en 2008 y son el 13,34% en 2017)  y los Centros de Día (de ser el 2,90% de las ayudas en 2008 pasaron al 8,46% en 2015 y han bajado al 7,72% en 2017, según los datos del IMSERSO. Eso sí, ha crecido la ayuda a domicilio (del 12,92% en 2011 al 16,53% de las ayudas en 2017), pero es también una ayuda “barata” y que muchas veces controla la situación de los dependientes más que ayudarlos de verdad.

La “lista de espera” y las “ayudas low cost” son la forma que tienen las autonomías de mantener un sistema de asistencia social que cuenta hoy con 4.000 millones menos de financiación que en 2012, según cálculos de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, tras los recortes hechos por el Estado central (-2.865 millones) y las autonomías (-1.100 millones). Antes, estos recortes ya supusieron un deterioro del servicio para los dependientes y sus familias. Así, en 2012, el Gobierno Rajoy dejó fuera a los dependientes moderados (hasta julio de 2015), dejó de pagar la Seguridad Social a los 423.000 cuidadores familiares de los dependientes y les bajó su paga mensual, redujo servicios, simplificó los baremos (de 6 a 3, rebajando así las ayudas) y subió el copago a las familias. Y las autonomías, que sufrían el recorte del Estado y sus propios recortes, trataron de gastar menos a costa de retrasar los expedientes de ayuda, endurecer los requisitos y revisar “de oficio” (a la baja) las valoraciones ya hechas. Todo, en perjuicio de los dependientes y sus familias.

El origen del problema actual de la Dependencia es que el Estado central se ha ido “desentendiendo”, reduciendo drásticamente su aportación financiera a la Dependencia: si en 2009 aportaba el 39,2% del coste, en 2016 (último año certificado) sólo aportaba menos de la mitad, el 17%, según el balance de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y por eso, las autonomías han pasado de financiar el 46,2% de la Dependencia a costear el 63%, mientras los usuarios (las familias) han pasado de costear el 14,7% de los servicios a pagar el 20% de la atención recibida (copagos). Esta situación provoca las protestas de las autonomías, que denuncian que “el Gobierno Rajoy incumple la Ley de Dependencia”, que establecía que la aportación pública se repartiría al 50% entre Estado Central y autonomías (en 2016, las autonomías aportaron el 82,6% y el Presupuesto el 17,4% restante).

La solución al grave problema de la Dependencia está en que el Estado central aporte más dinero. Pero Rajoy, que nunca ha creído en la Dependencia (“no es viable”, dijo tres días antes de ganar las elecciones de 2011), no está por la labor. En diciembre de 2017, el Gobierno aprobó una subida de la financiación estatal a la Dependencia del 5,31% para 2018, que calificó de “histórica”, aunque sólo son 63 millones de euros más (ni siquiera los 100 millones extras pactados con Ciudadanos), frente a los 4.000 recortados antes. Una subida tan mínima que lo que pagará el Estado central a las autonomías por dependiente en 2018 (190, 84 y 47 euros, según el grado de dependencia) es entre un 28% y un 38% menos de lo que aportaba antes de los recortes de 2012. Y para igualar el resto que pagan las autonomías (para pagar el 50% del coste público de la dependencia), el Gobierno central tendría que pagar por dependiente más del doble de lo que van a pagar este año (418,195 y 104 euros, según el grado), según los cálculos hechos por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Así que nada de subida “histórica” a la Dependencia en 2018: pagan por dependiente un tercio menos que antes de 2012. Y encima, este pago no se gasta totalmente, porque para que Hacienda lo abone, la autonomía tiene que pagar su parte al dependiente (ese 82% del coste que debería ser el 50%). Y como la mayoría de las autonomías tienen problemas financieros, muchas no pueden poner su parte y los dependientes se quedan sin ayuda (en la lista de espera). Y la ayuda del Presupuesto estatal, encima que es poca, se pierde en parte: en 2017, 90 millones (de los 1.260 que iba a aportar el Estado a la dependencia) se habrán quedado sin gastar, porque las autonomías no han podido poner su parte. 90 millones que han perdido los dependientes y sus familias. Otro sinsentido.

Con la subida de la aportación estatal para 2018, sólo se podrá reducir un 4% la “lista de espera”, que quedará anclada en 300.000 ancianos y discapacitados. Urge poner en marcha un Plan de choque, para dejar a cero la “lista de espera”, y una reforma del sistema de financiación, para asegurar unas ayudas decentes en el futuro. Acabar con las “listas de espera”, atender a esos 310.000 dependientes, costaría unos 1.700 millones extras al año hasta 2020, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y harían falta otros 1.000 millones más al año para recuperar el pago por dependiente de antes de 2012 y hacer frente a los dependientes futuros (se van a duplicar en 2050, por el aumento del envejecimiento y la esperanza de vida, según el CSIC). En total, unos 2.700 millones más de gasto al año, no los míseros 100 millones extras vendidos “a bombo y platillo” en el acuerdo de investidura entre  PP y Ciudadanos.

Es un aumento del gasto asequible, sobre todo si España redujera el fraude fiscal y recaudara como el resto de países europeos (ingresar como la media UE supondría recaudar 72.000 millones más cada año, según los datos de la Comisión Europea). Además, supondría gastar en Dependencia 9.800 millones anuales, una factura mucho más asequible que los 126.000 millones que gastamos en pensiones, los 80.000 millones que gastamos en Sanidad, los 50.000 en Educación o los 18.000 millones en desempleo. Y además es un gasto “rentable”, porque crea empleo (se podrían crear 100.000 empleos en una década) y una parte del gasto se recupera en forma de cotizaciones e impuestos. Pero sobre todo, es “un gasto que les debemos” a nuestros mayores y a los discapacitados.

No puede pasar más tiempo sin resolver la financiación de la Dependencia, “el cuarto pilar” del  Estado del Bienestar (tras la sanidad, la educación y las pensiones). Pero no parece que el problema preocupe al Gobierno ni a la “oposición”, sólo a las autonomías y a las familias de los dependientes. Ha pasado más de un año desde la firma en el Congreso, el 14 de diciembre de 2016, de un “Pacto por la dependencia”, apoyado por todos los grupos políticos, salvo el PP y PNV (por un tema de competencias), un intento de “blindar” un sistema de financiación estable a medio plazo. Y aquí estamos en 2018, con la misma penuria financiera, ofreciendo ayudas “low cost” y con 310.000 dependientes en espera, de los que mueren 100 cada día sin recibir la ayuda. Es “un escándalo social”, una grave injusticia con nuestros ancianos y discapacitados. Y casi nadie se inmuta. ¡Qué vergüenza¡   

Dependencia: 10 años falta de recursos

La Ley de Dependencia cumplió 10 años en enero, para garantizar la atención a ancianos y discapacitados. Y en esta década, 1.600.000 dependientes han solicitado ayudas, aunque hoy sólo las reciben 859.053, mientras otros 353.990 dependientes con el derecho reconocido están “a la espera”, por falta de recursos. La Ley fue un gran avance, pero no aseguró una financiación estable y el Gobierno Rajoy la ha invalidado con sus recortes. Ahora, las autonomías exigen recibir más recursos con la futura financiación autonómica, para terminar con las listas de espera, porque muchos ancianos se mueren antes de que les lleguen las ayudas. PP y Ciudadanos han pactado 400 millones más al año para la Dependencia, pero harían falta 2.275 millones anuales extras en esta Legislatura. Y todos los partidos, salvo PP y PNV, han firmado un Pacto para salvar la Dependencia. Cada vez habrá más viejos y más dependientes y tenemos que asegurar su cuidado. Por justicia y por puro egoísmo.
 

enrique ortega

El ex presidente Zapatero no pasará a la Historia por muchas cosas, pero quizás sí por haber sido el promotor de la Ley de Dependencia, la “cuarta pata” del Estado de Bienestar (junto a la sanidad, la educación y las pensiones), que su Gobierno aprobó el 20 de abril de 2006. Con ella, España se sumaba a los pocos países europeos que tienen una Ley para garantizar a los ciudadanos una atención o una ayuda cuando no pueden valerse por sí mismos, ya sea por minusvalías o por la vejez. Austria aprobó una Ley en 1993, Alemania en 1995 y Francia en 1997, mientras los países nórdicos y Holanda lo tienen incluido en sus Leyes de servicios sociales. Y en el resto de Europa, se atiende a los dependientes, pero dentro de la asistencia sanitaria o social, sin una Ley específica que reconozca este derecho. En España, la Ley fue aprobada en noviembre de 2006, por una amplia mayoría en el Congreso (la apoyaron todos los partidos, salvo CiU, PNV y EA, por cuestión de competencias autonómicas) y el apoyo entusiasta de Rajoy, entonces en la oposición: se mostró “muy satisfecho” con la Ley y pidió al Gobierno socialista que dotara a la norma de “recursos presupuestarios suficientes”.

La Ley arrancó el 1 de enero de 2007, hace ahora 10 años, con un Presupuesto que tenía superávit, porque la economía estaba en años de “vacas gordas”. Pero con la crisis de 2008 empezaron los problemas y los déficits, para el Estado y para las autonomías, que son las que gestionan la Dependencia, la mayoría entonces dirigidas por el PP. Y así Rajoy declaró en noviembre de 2011, tres días antes de ganar las elecciones: “la Dependencia no es viable”. Y menos que lo iba a ser con su política de recortes, que empezó a aplicar sólo 9 días después de tomar posesión: dejó fuera del sistema a los dependientes moderados (hasta julio de 2015), recortó drásticamente la aportación del Estado a la dependencia (-2.865 millones entre 2012 y 2015) y aprobó un decreto de cambios profundos para facilitar a las autonomías (la mayoría gestionadas por el PP) un drástico recorte en el gasto en Dependencia: dejó de pagar la Seguridad Social a los 423.000 cuidadores familiares de los dependientes, les bajó un 15% su paga mensual (55 euros sobre 400), redujo servicios (ayuda a domicilio), simplificó los baremos (de 6 a 3, rebajando así las ayudas) y subió el copago a las familias.

Las autonomías, que gestionan las ayudas a los dependientes, se encontraron con menos recursos del Estado central y con recortes propios (otros 1.000 millones entre 2012 y 2015), por lo que se vieron obligados a reducir el gasto en Dependencia, apoyados en el decreto del Gobierno de 2012 y buscando además “vías propias” de recortes, como denunció el Observatorio de la Dependencia. La primera, retrasando los expedientes, tanto el reconocimiento del derecho como la concesión de ayudas, disparando las “listas de espera” (384.326 dependientes con derecho reconocido, pero sin recibir ayudas en diciembre de 2015). La segunda, endureciendo los requisitos en febrero de 2012, con lo que redujeron el número de “grandes dependientes (Grado III), los más caros de atender, y aumentando los “severos” (Grado II) y sobre todo los “moderados” (Grado I), los más baratos de tender. Y la tercera “vía de “ahorro” ha sido “revisar de oficio” valoraciones ya hechas: se llama al dependiente y se le baja el grado (y la ayuda), lo que ha multiplicado las denuncias de las familias a los Tribunales. Las suelen ganar, pero 2 años después y muchos ancianos mueren antes.

Después de tanto recorte, el balance de estos 10 años de Ley de Dependencia sólo puede ser gris: hay 1.619.043 españoles dependientes que han solicitado ayudas y 1.213.043 a los que se les ha reconocido el derecho a recibirlas, pero sólo 859.053 dependientes recibían alguna ayuda a 31 de diciembre de 2016, según datos del IMSERSO. O sea que hay 353.990 dependientes “en lista de espera” (un 28,7%), con el derecho reconocido a una ayuda, pero sin recibirla. Y eso, además de injusto es muy preocupante porque más de la mitad de los dependientes tienen más de 80 años (el 54,5%) y pueden morirse esperando la ayuda. De hecho, 125.000 ancianos dependientes se han muerto desde 2012 esperando una ayuda que tenían reconocida, según estimaciones de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Esta injusta aplicación de la Ley de Dependencia es muy desigual por autonomías. Así, hay 5 regiones donde más de una tercera parte de los dependientes reconocidos no reciben ayudas: Canarias (45,2% de los dependientes reconocidos no reciben ayuda), Cataluña (41,7% en lista de espera), Aragón (37.4%), Castilla la Mancha (36% pendientes) y Andalucía (35,8% dependientes a la espera). Y en número, más de la mitad de los dependientes reconocidos sin ayudas están en Andalucía (102.691 dependientes en espera) y Cataluña (90.673). En el otro extremo, hay otras 5 regiones donde casi todos los dependientes reconocidos reciben ayudas, donde no hay casi listas de espera, porque gastan más o lo gestionan mejor: Castilla y León (sólo un 0,6% de dependientes en espera), Ceuta y Melilla (4,16% pendientes), Madrid (14,5% pendientes) y Asturias (15,6% dependientes en espera).

Claro que recibir una ayuda tampoco significa que los dependientes o ancianos estén bien atendidos. Porque muchas autonomías optan por sistemas de atención baratos y que no les compliquen, la mayoría pagar una pequeña cantidad ( de 153 a 442 euros al mes, según el grado de dependencia) a las familias para que les cuiden (así son el 33,79% de todas las ayudas) y ofrecer servicios “baratos, como la tele asistencia (15,35% de las ayudas) o las ayudas a domicilio (15,97% de las ayudas). Y son minoría los dependientes que reciben atención en una Residencia (el 14,19%) o en Centros de día (8,02%), la atención “más cara”. Y en los dos últimos años, hay autonomías que han apostado por “privatizar el servicio”, pagando un cheque a las familias para que contraten lo que quieran: esta ayuda (“vinculada a servicio) es muy importante en Castilla y León (22,6% del total de ayudas), Extremadura (38,9%), Aragón (19,7%), Canarias (15,2%) y Comunidad Valenciana (10,92%).

El problema central de la Dependencia es la falta de recursos y el desequilibrio en su financiación. La Ley pretendía que las ayudas públicas se pagaran “a medias” entre el Estado central y las autonomías, pero los recortes de Rajoy han llevado a que el Estado cada vez pague menos y las autonomías más, junto a las familias. Así, si en 2009 el Estado central financiaba el 39,2% de la dependencia, en 2015 financió sólo el 18,1%, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Las autonomías, que pagaban el 46,2% de la Dependencia en 2009 pagaron en 2015 el 62%. Y las familias, con el copago obligatorio de los servicios, financian ya el 19,9% restante, cuando en 2009 sólo pagaban el 14,7%. Así que el Gobierno Rajoy está incumpliendo la Ley de Dependencia porque de la financiación pública (sin los copagos), el 77,4% lo ponen las autonomías y el 22,6% el Estado (no 50/50).

El “escaqueo” del Estado es igual en todas las regiones, pero luego hay autonomías que gastan más en Dependencia y que gestionan mejor, con lo que tienen menos dependientes “en espera”. Pero la mayoría lo hacen mal. De hecho, el Observatorio de la Dependencia sólo aprueba la gestión de 6 autonomías, encabezadas por Castilla y León (8,75 puntos sobre 10), Andalucía (7,50), País Vasco (6,79), La Rioja (6,07), Castilla la Mancha y Madrid (5,71 puntos). Y suspende a las 11 autonomías restantes, más Ceuta y Melilla, colocando en el farolillo rojo de la Dependencia (y desde hace varios años) a la Comunidad Valenciana (nota: 0), Canarias (0,71), Aragón (0,11), Baleares (2,14), Navarra y Murcia (2,86 puntos sobre 10), malas regiones para ser hoy un discapacitado o un anciano dependiente en España.

Ahora, cuando la Ley de Dependencia ha cumplido sus primeros 10 años, es un buen momento para mejorar su aplicación, aumentando sus recursos. En julio pasado, Ciudadanos forzó al PP a mejorar la financiación de la Dependencia, dentro de las 150 medidas pactadas para apoyar la presidencia de Rajoy. El compromiso es aumentar el Presupuesto en 400 millones anuales esta Legislatura. Una cantidad claramente insuficiente, porque las estimaciones de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales son que hacen falta 5.100 millones netos en 4 años para acabar con las listas de espera y atender a esos 354.000 dependientes con derecho a ayuda y que no la reciben. Eso supone un gasto extra de 1.275 millones de euros al año, más otros 500 millones anuales que harían falta para recuperar el nivel acordado (lo que Rajoy suprimió en 2012) y otro tanto para hacer frente al aumento de dependientes, por el envejecimiento. Hablamos de 2.275 millones extras anuales para la dependencia en esta Legislatura, empezando por el Presupuesto 2017. Eso supondría gastar en Dependencia unos 8.800 millones al año, en vez de los 6.589 actuales (2015).

Hace falta un Pacto político para conseguir más recursos para la Dependencia, sobre la base de las propuestas planteadas en 2009 por la Comisión de expertos que informó sobre la Ley de Dependencia en el Congreso: más ingresos fiscales (se pueden conseguir, porque España ingresa 50.000 millones menos que la media europea, según Eurostat), posibles recargos del IVA o cotizaciones sociales adicionales. De momento, la Conferencia de Presidentes autonómicos, el 19 de enero, acordó crear (en un mes) una Comisión para estudiar la financiación futura de la Dependencia, reconociendo que este gasto ha de contemplarse en la reforma del sistema de financiación autonómica.

Mientras se espera el trabajo de esta Comisión, hay un nubarrón en el horizonte: la actitud de Rajoy y el PP, que ha sido el único partido (junto al PNV, pero por cuestión de competencias) que no firmó el Pacto de Estado por la Dependencia, alcanzado entre todos los grupos políticos en el Congreso el 14 de diciembre, a propuesta de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, con dos objetivos básicos: revertir los recortes de 2012 y conseguir un modelo estable de financiación para la Dependencia. Se trata de destinar unos 8.800 millones anuales a la Dependencia, un gasto mucho menor de lo que nos cuesta la sanidad (88.000 millones anuales), la educación (50.000 millones) o las pensiones (120.000 millones). Y, además, un gasto que tiene muchos retornos, en ingresos impositivos y empleo: actualmente hay 250.000 personas trabajando en la dependencia y se podrían crear otros 100.000 empleos más, además de ingresos fiscales y cotizaciones, financiando mejor la Dependencia.

En resumen, tenemos una Ley de Dependencia que asegura unas ayudas (un “derecho”) que no se pueden dar por falta de recursos. Y si no se financia mejor, el sistema se colapsará aún más en el futuro, porque cada vez vivimos más años y habrá en España más ancianos dependientes, que necesiten cuidados: la estimación del CSIC es que se dupliquen con creces los dependientes, pasando de los 3 millones actuales (discapacitados y ancianos dependientes) a 7 millones en 2050. Así que hay que afrontar el problema, liquidando las listas de espera actuales y afianzando el sistema para que atienda a los dependientes futuros. Por justicia, para ayudar a los dependientes y sus familias, porque muchos necesitan apoyo para cuidarlos. Y por puro egoísmo: pronto, los dependientes podemos ser nosotros.