La economía bien, la política mal

Tras las vacaciones, España afronta un otoño muy complicado, más en los temas políticos que en la economía. Los datos oficiales revelan que hemos superado la triple crisis de la pandemia, la guerra der Ucrania y la hiperinflación, con mejor nota que la mayoría de Europa: crecemos el triple, creamos más empleo (1,7 millones desde 2019) y la inflación ha bajado al 2,2%. Pero mucha gente no nota esta mejora de la economía, porque sus salarios apenas crecen y todo es más caro. Y les agobia pagar un alquiler, el colegio o la universidad y una sanidad privada o una residencia. Y las autonomías piden más recursos, mientras se enquista una reforma de su financiación. Además, persiste el problema de la inmigración ilegal (manipulada por la ultraderecha) y parece imposible que el Gobierno apruebe un Presupuesto para 2025. Al final, la polarización y el enfrentamiento político impiden mejorar la economía y los problemas que preocupan a los españoles. Estamos ante el riesgo de una “Legislatura fallida”. 

  

                            Enrique Ortega

Tras cuatro años y medio de continuas crisis, desde la pandemia a la guerra de Ucrania y la hiperinflación, la economía española parece asentar su recuperación, a juzgar por los datos oficiales. Por un lado, somos el país europeo grande que más crece: +0,8% en el 1º y 2º trimestre de 2024, casi el triple que la zona euro y que la UE-27 (+0,3% de crecimiento los dos primeros trimestres) y también por encima de Francia (+0,3%) o Italia (+0,3% en el primer trimestre y +0,2% en el 2º) y mucho mejor que Alemania (su PIB creció un +0,2% en el primer trimestre y cayó un -0,1% en el 2º), según Eurostat. Y lo mismo pasó en 2021 (España creció un 6,4% y la UE-27 un 6%), en 2022 (+5,8% frente al 3,4%) y en 2023 (un +2,4%, cuatro veces más que el +0,6% UE-27), compensando con creces la mayor caída que sufrimos en 2020 con la pandemia (-11,2% frente a -5,6% de caída en la UE-27). 

Así que ahora (2º trimestre 2024), España crece a una media anual del 2,9%, cuando Europa está estancada y Alemania roza la recesión. La clave del “éxito” económico español está en un fuerte tirón del turismo (que superará este año los 90 millones de visitantes, con un gasto récord de 128.000 millones de euros), en el mantenimiento del consumo de las familias (por la fuerte creación de empleo: +1,7 millones desde 2019, más estable y mejor pagado), en el pulso de las exportaciones, que se mantienen fuertes en los últimos años, a pesar de la caída en 2024 (-2,4%, en España, menos del -3,2% que caen en UE-27) y por el empuje de los Fondos europeos: España ha adjudicado ya el 55% del total asignado (38.604 millones de euros) y puede adjudicar el resto hasta finales 2026.

Además de crecer más que la mayoría, España ha superado también, como el resto de Europa, el grave problema de la hiperinflación: la inflación anual ha bajado al 2,2% en agosto de 2024, según el INE, como la eurozona (2,2%) y muy lejos del 10,5% que subían los precios en agosto de 2022 (tras la guerra de Ucrania y el tirón de los precios de la energía, las materias primas y los alimentos).Y eso, a pesar de unos tipos de interés récord impuestos por el BCE (en el 4,50%, aunque los bajó en junio al 4,25%, todavía el tipo más alto desde 2008), que han encarecido hipotecas y préstamos, debilitando la recuperación más que la inflación.

A pesar de que “la economía va bien”, la mayoría de los españoles “no lo notan”, según las encuestas del CIS. La razón es evidente: tras dos años de fuerte subida de precios (2022 y 2023), todo es mucho más caro ahora. Y a muchas familias les cuesta más llegar a fin de mes, porque sus sueldos han subido menos que la inflación. Es lo que pasa incluso este año: la inflación anual media sube un +3,2% hasta agosto y la subida salarial en los convenios firmados (hasta julio) es del +2,9%. Así que los trabajadores con convenio pierden poder adquisitivo (-0,3%) y los que no tienen convenio más. Y eso ha pasado también en 2022 y en 2021. De hecho, los trabajadores españoles han perdido un -5,16% de poder adquisitivo entre 2020 y agosto de 2024, según los datos del INE y Trabajo.

Eso explica que muchas familias no noten en sus bolsillos “la mejora de la economía”. Eso contrasta con la situación de las empresas, que han mejorado sensiblemente su facturación, márgenes y beneficios en estos últimos cuatro años y medio. El margen bruto sobre ventas se ha disparado: es el 13,5% entre abril y junio, según el Observatorio de Márgenes Empresariales, lo que augura un tercer año récord de márgenes, tras un +12,9% en 2023 y 12,1% en 2021, por encima del 10% de 2020 y 11% de margen en 2019. Así que mientras las familias pierden poder adquisitivo, las empresas suben márgenes (a pesar del aumento de costes), subiendo precios. Y eso les ha permitido aumentar sus beneficios estos años. En 2024, de enero a junio, las empresas cotizadas ganaron 32.099 millones, un +15,22% de aumento, sobre todo las energéticas, eléctricas, bancos y distribución.

Las familias españolas tampoco notan que “la economía va bien” porque siguen con problemas económicos preocupantes en su día a día. Por un lado, los servicios públicos esenciales se han deteriorado y les siguen costando dinero. Es el caso de la Sanidad, donde crecen las listas de espera, no sólo para el especialista, sino para ver al médico de familia, lo que se traduce en que contratan cada vez más un seguro médico privado: 12,4 millones de españoles lo pagan cada mes, 1 de cada 4 personas (un 38,7% en Madrid y un  32,4% en Barcelona). Y también es costosa (y complicada) la educación de los hijos, desde la guardería y el colegio (con gastos crecientes en los concertados) a la Universidad y la FP (cada vez más privada). Y lo mismo el atender a los dependientes (mayores), muchos en espera de ayuda (331 días de media y 130.643 con derecho reconocido y en “lista de espera”)  y otros sin atención y obligados a pagar caras residencias (la mayoría privadas).

Así que tres servicios claves, Sanidad, Educación y Dependencia funcionan “tensionados”, faltos de recursos y personal, lo que obliga a las familias a gastarse dinero en cubrir sus necesidades sanitarias, educativas y dependencia. Y estos servicios los gestionan las autonomías, que se quejan de falta de recursos de la Administración Central. Pero el Gobierno asegura que les anticipará 147.412 millones de euros en 2025, a cuenta de los ingresos que les corresponden por impuestos, un +9,5% sobre 2024 y la mayor aportación de la historia. Y recuerdan que han transferido a las autonomías 178.750 millones más (+40%) durante los Gobiernos de Sánchez (entre 2019 y 2023) que los recibidos con los Gobiernos de Rajoy (2013-2017).

Este otoño volverá con fuerza el tema de la reforma de la financiación autonómica, la petición urgente de todos los Gobiernos regionales para contar con más recursos para atender a los servicios públicos que gestionan (sanidad, educación, dependencia, ayudas y servicios sociales, vivienda…). Una petición justificada porque el actual sistema de financiación se aprobó en 2009 y debía haber sido reformado en 2014. El Gobierno Sánchez promete presentar una reforma a las autonomías este año, pero el problema es la falta de acuerdo político entre el PP (que gobierna en 11 autonomías, más Ceuta y Melilla, aunque no tienen todas una postura común) y el Gobierno. Y eso, porque lo que está en juego son los criterios de reparto de los ingresos que corresponden a cada autonomía.

En el sistema de financiación actual, lo que prima es la población de cada comunidad: las más pobladas reciben más ingresos en el reparto de la recaudación total (también las autonomías más ricas contribuyen con más ingresos). Y eso perjudica a autonomías con menos población, que piden ahora un nuevo sistema de reparto de la financiación que prime más el porcentaje de población mayor o la diseminación de la población y el peso de la España vaciada. Según los criterios que ser fijen, habrá autonomías que reciban comparativamente más dinero que ahora y otras menos (aunque todas ingresarán más).

Con la financiación autonómica actual, hay 5 autonomías “infra financiadas”, que reciben menos recursos por habitante que la media en España (3.365 euros), según el último estudio de FEDEA: Murcia (3.056 euros por habitante), Comunidad Valenciana (3.089), Andalucía (3.182) y Castilla la Mancha (3.193), más Madrid (que recibe 3.364 euros, 1€ menos que la media). Estas autonomías son las que más se quejan de falta de recursos, porque llevan 10 años ya recibiendo menos de lo que les correspondería con un sistema “más justo”. Las 10 autonomías restantes están “sobre financiadas”, reciben más que la media (3.365 euros por habitante). Las 4 regiones que se benefician más del actual sistema son La Rioja (recibe 3.954 euros por habitante, 898 euros más que Murcia), Cantabria (3.944 euros), Baleares (3.877 euros) y Extremadura (3.809 euros por habitante), seguidas de lejos por Canarias (3.696 euros), Castilla y León (3.573 euros), Aragón (3.529 euros), Asturias (3.584), Galicia (3.448) y Cataluña (3.396 euros).

Otro problema clave de este otoño, que afectará a las autonomías y a todos nosotros, será la aprobación de los Presupuestos para 2025. El Gobierno promete presentar un proyecto este mes de septiembre, pero no cuenta con mayoría para sacarlo adelante, a la vista de que Junts (el partido de Puigdemont) ya votó en contra del techo de gasto que aprobó el Gobierno en julio (y amenaza con sumarse al PP y Vox en el veto a los Presupuestos de 2025). Si el Gobierno no consigue el apoyo de Junts (y de ERC, el PNV, Bildu o Podemos), tendrá que prorrogar los Presupuestos actuales de 2024 (que ya prorrogaron los de 2023) para 2025, al igual que se prorrogaron los de 2018 (en 2019 y 2020). El problema es que la prórroga obligaría a gastar menos (-22.288 millones), porque el techo de gasto sería el de 2023 (173.065 millones) y no el propuesto para 2025 (195.353 millones). Así que no aprobar el Presupuesto para 2025 supone gastar 22.288 millones menos, que se traduce en menos recursos públicos para sanidad, educación, Dependencia o inversiones que tanta falta hacen…

Con todo, la pelea más “sonora” de este otoño será la inmigración, no porque sea lo que más preocupa a los españoles sino porque la derecha y la ultraderecha creen que es la bandera que les da más votos. Hay un dato preocupante: la inmigración ilegal hacia España se ha disparado: 56.852 inmigrantes ilegales entraron en España en 2023 (39.910 por Canarias), un 82% más que en 2022. Y en la primera mitad del año 2024 han llegado 26.585 inmigrantes ilegales, un 90% más que en 2023. Está claro que hay que frenar este ritmo de llegadas, sobre todo con acuerdos con los paises de salida (ahora Mauritania, Senegal, Mali y Gambia, muchos con conflictos bélicos) y con medidas internas (el Gobierno expulsó a 2.515 inmigrantes irregulares en el primer trimestre).

Pero no se puede hacer demagogia, porque la mayoría de la inmigración se hace por cauces controlados: en 2023, España recibió 639.000 inmigrantes netos, lo que permitió aumentar la población y proveer de mano de obra a muchos sectores (el 40% del nuevo empleo lo consiguen extranjeros). Y en España viven (censados) 4.394.900 extranjeros de fuera de la UE, el 6,4% de la población total (en Europa, los extranjeros no comunitarios son el 9,1%).

Está claro que hay que regular la inmigración, facilitando la llegada de extranjeros de forma legal y limitando la vía de la inmigración ilegal (que no parará). De hecho, España necesita la llegada de  200.000 extranjeros cada año para cubrir trabajos claves, en el campo, el turismo,  la construcción y muchas industrias y servicios. Y para pagar impuestos, cotizar y financiar las pensiones y los servicios públicos, algo de lo que no se habla cuando se identifica a la inmigración con inseguridad y costes. Un debate que debería no ser político y sectario, para  primar la humanidad, los derechos humanos y la economía.

Otro debate clave, más prioritario, es la grave situación de la vivienda en España, que no sólo afecta a los que buscan un techo (jóvenes y nuevas familias) sino a toda la economía, porque hay muchas actividades muy afectadas por la falta de vivienda para sus trabajadores (turismo, industrias, sanidad, colegios y Universidades, servicios…). El problema de fondo está claro: faltan viviendas para vender y alquilar y eso está disparando los precios. Sobre todo del alquiler. Su precio se ha disparado un 30% desde 2019 y cuesta 1.206 euros de media (13,4 euros/m2 en junio), según Idealista, llegando a 1.800 euros en Barcelona y 1.782 euros en Madrid. Cantidades imposibles de pagar para muchos sueldos y que revelan el problema de fondo: la falta de oferta (se ha reducido un 41% desde 2019, por el trasvase a pisos turísticos y de temporada, más ventas) y el tirón de la demanda (se ha duplicado con creces estos años).

La solución pasa por aumentar la oferta de viviendas, aumentando la promoción de viviendas nuevas (se terminaron 80.473 viviendas “libres” en 2023, frente a 356.000 en 2009) y facilitando a los propietarios que pongan su vivienda en alquiler (no “asustándoles” con controles). Y sobre todo, alcanzar un gran Pacto entre Gobierno, Ayuntamientos, autonomías, promotores y bancos para promover 150.000 nuevas viviendas al año, la mayoría para alquilar.

En resumen, “la economía va bien”, pero las familias españolas lo podrían notar más si la política se preocupara de resolver sus problemas cotidianos, desde la mejora de los salarios y el empleo de los jóvenes a la sanidad, la educación a la vivienda y la lucha contra el cambio climático. Pero estamos metidos en una política de “polarización” y enfrentamientos constantes que perjudican a la economía, como la  peligrosa deslegitimación del Gobierno y las instituciones democráticas. Y así resulta imposible sentarse y tratar de buscar una solución a la sanidad, la vivienda, la financiación autonómica o la inmigración, aprobar medidas entre todos que mejoren la vida de la gente. Todo apunta a que, si no hay Presupuestos 2025 ni acuerdos en los problemas básicos, estamos ante “una Legislatura fallida”. Y ante un “parón” político que acabará dañando la economía.