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jueves, 28 de junio de 2018

Cumbre UE: cerrazón a inmigrantes y reformas


Hoy y mañana se celebra en Bruselas una Cumbre europea con dos temas urgentes: qué hacer con la afluencia de refugiados y cómo reformar el euro para que sobreviva ante una futura crisis. Como siempre, los 27 países UE están muy divididos y el problema vuelve a ser la  insolidaridad de la Europa rica del norte. Por un lado, no quieren más inmigrantes y optan por “aparcarlos” en campos de Albania, Túnez o Egipto, aunque a medio plazo vayan a necesitar 50 millones de trabajadores extranjeros porque Europa envejece. Y por otro, no quieren avanzar en una Europa más unida, con un Presupuesto anticrisis, seguro de paro y fondo de garantía de depósitos europeos, Tesoro común y eurobonos, porque saben que les costará dinero ayudar a la Europa más pobre, del sur y el este. Eso sí: acordaron este lunes crear una fuerza militar europea de intervención. Al final, en esta Cumbre, se esperan pocos avances: Europa “aparcará” a los inmigrantes y las reformas, hasta que estallen nuevas avalanchas migratorias y otra crisis del euro, como las de 2010 y 2012. Sólo entonces reaccionarán.

enrique ortega

El primer gran tema de esta Cumbre europea es la inmigración. Parece que Europa está agobiada por una nueva “avalancha” de inmigrantes, cuando los datos no revelan ninguna invasión: al contrario: están llegando muchos menos inmigrantes que en 2015 y 2016, como ha reiterado el presidente Macron. En 2017 hubo en Europa 650.970 solicitudes de asilo, la mitad que en 2016 (1.206.120) y que en 2015 (1.257.030), los años de la gran avalancha migratoria desde Siria, Irak, Afganistán y el África subsahariana, según Eurostat. Y a pesar de la demagogia de la extrema derecha en esos países, la caída en las solicitudes de asilo ha sido llamativa en Alemania (de 772.265 en 2016 a 198.255 en 2017), en Suecia (de 156.110 en 2015 a 22.190 en 2017), en Hungría (de 174.475 solicitudes en 2015 a 22.190 en 2017) o en Austria (de 85.505 en 2015 a 22.455 en 2017). Sí han crecido en Francia (de 70.570 en 2015 a 91.965 en 2017) y más en los países mediterráneos: Italia (de 83.241 solicitudes de asilo en 2015 a 126.500 en 2017), Grecia (de 11.370 a 56.940) y sobre todo en España, donde se han duplicado (de 15.570 en 2016 a 30.445 en 2017).

En este año 2018, la avalancha de inmigrantes que intentan llegar a Europa por el Mediterráneo es también menor, la mitad que en 2017: 42.845 entradas por mar hasta el 24 de junio, frente a 85.751 en 2017 y 215.997 entradas hasta finales de junio de 2015, según los datos del Organismo Internacional de Migraciones (OIM), que contabiliza además 972 inmigrantes muertos intentando llegar (frente a 2.158 en 2017). Y las llegadas por mar a Italia se han frenado mucho, a  pesar de las protestas del nuevo Gobierno populista-extremista: han llegado 16.228 inmigrantes por mar hasta el 20 de junio frente a 71.918 llegados en esas fechas de 2017, según la OIM. Eso sí, han aumentado las llegadas a Grecia (12.514 por mar hasta el 20 de junio frente a 8.323 el año pasado) y sobre todo a España, donde se han triplicado los inmigrantes llegados por mar: de 4.161 a 12.155 llegados este año, hasta el 20 de junio. Y las pateras siguen llegando esta semana, con el buen tiempo.

Así que la afluencia de inmigrantes por tierra a los países ricos del Norte de Europa, a través de Grecia y los Balcanes, se ha frenado, tras el acuerdo europeo con Turquía en 2016, para que se quedaran con 3,5 millones de refugiados a cambio de pagarles 6.000 millones de euros (3.000 en 2016-17 y otro tanto en 2018-19). Pero a cambio, el flujo migratorio se ha reorientado al Mediterráneo, aunque sea la mitad que en 2017, salvo el caso de España, que carga ahora con las mayores llegadas de pateras.

A pesar de estas cifras mejores de inmigración, la pretendida “avalancha de extranjeros” es la principal “bandera” de la extrema derecha europea, desde Italia a Suecia, pasando por Austria, Holanda, Alemania y los radicales países del Este. Y han aprovechado estas semanas con “calentar la Cumbre” y presionar para que los dirigentes europeos frenen “la invasión de inmigrantes extranjeros”, amenazando incluso sus socios “socialcristianos” (sic) con tumbar a la canciller Merkel si no adopta una política dura con la inmigración. El frente anti-inmigración lo capitanea Italia, apoyado por Austria, Dinamarca, Holanda y el bloque de los países del Este (Polonia, Hungría y Rumanía, dos países que han construido “muros” contra la inmigración como los que hay en Ceuta, Melilla, Grecia y el Báltico).

Los “países duros” van a forzar al resto, incluidos Alemania, Francia y España, a tomar medidas duras contra la inmigración, en especial “aparcar ”a los inmigrantes en campos de refugiados situados fuera de la UE. En vez de analizar el problema y buscar una solución, se le “aparca”, concentrado a los inmigrantes que lleguen a Europa por mar y tierra en campos situados en Albania o Macedonia (dos países no UE) o en el norte de África (probablemente Túnez o Egipto, porque Libia no tiene un Gobierno estable). Y allí se les mantiene meses, hasta que se averigua su situación (si son o no refugiados), para luego devolverlos a sus países (para que intenten volver de nuevo). Se trata de crear inmensos campos, que generarán muchos problemas humanitarios y costes, para retrasar el afrontar el problema. Y luego, queda ver qué se hace con los inmigrantes a los que se les conceda el estatuto de refugiado, cómo se reparten (hay que anular el vigente acuerdo de Dublín: se quedan donde desembarcan, lo que penaliza a Grecia, Italia y España), qué países se quedan de verdad con ellos (hasta ahora no se han cumplido los cupos acordados en 2016) y los integran en su sociedad.

La clave estaría en frenar el flujo migratorio, actuando en dos frentes: parar las guerras que provocan la huida de mucha gente (Europa no se ha implicado en Siria ni en África) y favorecer el desarrollo de los países más pobres de África y Oriente Medio, para que sus jóvenes no huyan. Urge poner en marcha un "Plan Marshall” para África y Oriente Medio, que evite las pateras dentro de una década. Y mientras, hay que dar una solución a la inmigración actual, no sólo por humanidad, sino por legalidad: las Leyes del mar obligan a rescatar a los náufragos y llevarles a un puerto seguro. Y el Estatuto de Refugiado es un derecho humano universal, que Europa incumple constantemente. A partir de ahí, también hay razones económicas para acoger inmigrantes de una forma ordenada: Europa es un continente envejecido, que va a necesitar mano de obra a medio plazo. Sólo España necesitará 5 millones de inmigrantes para 2050, según el FMI. Y Europa, más de 50 millones. Inmigrantes que pueden ayudarnos a crecer, trabajando y pagando impuestos: los refugiados devuelven más de lo que reciben, según una investigación francesa con datos europeos.

Si Europa está cerrada a los inmigrantes, también está cerrada a las reformas que exige el euro, el otro gran tema de esta Cumbre europea. La crisis de 2010 y 2012 puso en riesgo la moneda única y la arquitectura económica europea, salvada en última instancia por el BCE, que actuó in extremis de “bombero”, comprando deuda pública e inyectado dinero al 0% de interés. Pero no basta. Europa no está preparada para la próxima crisis (que vendrá) y los expertos llevan años pidiendo avances en la unión, para que Europa tenga un Presupuesto anticrisis común, un Tesoro único europeo que financie a los países con problemas, un sistema para intervenir bancos y garantizar los depósitos en los 27 países, unos impuestos comunes, un seguro de paro europeo, una deuda común (eurobonos), unas inversiones a nivel europeo. En definitiva, que en lugar de 27 países se consiga una unión económica real, como la de EEUU, que se avance en los Estados Unidos de Europa.

Pero los países ricos del norte tienen reticencias, por puro egoísmo: saben que si hay más Europa, ellos tendrán que contribuir más que el resto, en el Presupuesto europeo, en los eurobonos, en el seguro de paro europeo o en la salvación de un banco. Y es lógico: si se quiere construir un Club más igualitario, los que más tienen tendrán que aportar más. Y por eso, en esta Cumbre, ponen trabas al Presupuesto extra europeo (50.000 millones de euros, una “nadería” para la UE) y al seguro europeo de paro 12 países (Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Finlandia, Austria, Suecia, Dinamarca, Irlanda, Malta y los 3 países bálticos), más los conservadores alemanes. Y lo mismo a garantizar los depósitos en cualquier banco europeo o a financiar el rescate futuro de un país (que sería del sur o este). Europa sí, pero que no tengan que pagar los del norte al resto para que sean más como ellos. Y por supuesto, nada de que Alemania, Austria o Irlanda tengan los mismos impuestos que el resto, las mismas inversiones e infraestructuras. Mi país es mi país.

Y así pasa, que viene la crisis y los mercados se aprovechan de estas divergencias, atacando a los países más débiles y tratando de ganar dinero instalándose en los países con impuestos más bajos. Y ante esa futura crisis, que antes o después llegará, Europa no avanza para ser un continente más compacto, más unido, con instrumentos más potentes para actuar (ministro del euro, Presupuesto anticrisis, Tesoro europeo, eurobonos, impuestos europeos…). Y con ello, la arquitectura del euro está en peligro, máxime con el auge de los populismos antieuropeos en medio continente.

Alemania, a pesar de la mayor flexibilidad de Merkel, sólo va a aceptar “cambios cosméticos en esta Cumbre europea, presionada por los conservadores y el auge de la extrema derecha, no sólo en Alemania sino en Austria, Holanda, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Francia e Italia, que tiene en común la crítica a la unión europea, el nacionalismo y la amenaza de la salida del euro, más la xenofobia ante los inmigrantes. Por eso, es probable que de esta Cumbre sólo salga un pequeño avance en la unión bancaria (estudiar un Fondo de Garantía europeo de los depósitos para 2024, al que ha dado ya "luz verde" un informe del Eurogrupo) y retrasar el proyecto de Presupuesto anticrisis, seguro de paro europeo y Fondo Monetario Europeo para después de las elecciones europeas de mayo de 2019. O sea, “aparcar” también este problema para el que venga detrás. Y seguir así, bandeando los problemas, como hacen desde el nacimiento del euro (1999).

Eso sí, los Gobiernos europeos que no son capaces de acordar una política de inmigración ni las mínimas reformas para apuntalar el euro, han acordado sin problemas avanzar en la Europa de la Defensa, en una política militar común: este lunes, los ministros de Defensa de 9 países europeos (Francia, España, Alemania, Bélgica, Holanda, Portugal, Dinamarca, Estonia y Reino Unido, que para lo que quiere si está en la UE) aprobaron una fuerza europea de intervención militar urgente. Un acuerdo que complementa el acuerdo militar firmado en noviembre de 2017, la PESCO, una iniciativa militar de 25 países europeos al margen de la OTAN, que se va a apoyar en programas europeos de armamento, financiados por primera vez por fondos europeos (5.000 millones anuales). Para esto sí hay acuerdo y dinero.

Entre tanto, esta Cumbre pilla a Europa en un momento de estancamiento” económico y crisis política interna. Estancamiento porque en el primer trimestre de 2018, la economía europea se ha frenado, creciendo sólo un 0,4%, frente al 0,7% que creció los tres trimestres anteriores. Francia crece el 0,2% (antes el 0,7%), Alemania el 0,3%, como Italia, y el Reino Unido (fuera de la UE) el 0,1%, según Eurostat. Y hay una amenaza seria, el proteccionismo y los aranceles de Trump, que pueden dañar seriamente la economía de un continente que exporta más de lo que importa. Y encima, sube el petróleo y el BCE subirá los tipos de interés en 2019, lo que frenará más el crecimiento, sobre todo en países muy endeudados como España. Y todo esto, en una Europa con gobiernos y partidos anti-europeos y populistas, lo que alimenta la insolidaridad y la división.

Y ahí, en la insolidaridad entre europeos está la clave del futuro: sólo se puede construir una Europa más unida con la aportación de todos y, sobre todo, de los países más ricos. Porque, tras la crisis, Europa es más desigual que nunca. Hay 3 Europas, según Eurostat (2017): la Europa rica del norte, 11 países con una renta superior a la media UE (100%: 29.900 euros por habitante): Luxemburgo (253% PIB UE), Irlanda (184%), Austria (128%), Holanda (128%), Dinamarca (125%), Alemania (123%), Suecia (122%), Bélgica (117%), Finlandia (109%), Reino Unido (105%) y Francia (104% del PIB UE). La Europa pobre del sur, 6 países con una renta inferior a la media europea: Italia (96% PIB/cápita UE), Malta (96%), España (92%), Chipre (845%), Portugal (77%) y Grecia (67% PIB/cápita UE). Y la Europa más pobre del este, otros 11 países con su renta muy por debajo de la media UE: República Checa (87%), Eslovenia (85%), Lituania (78%), Polonia (70%), Eslovaquia (77%), Hungría (68%), Letonia (67%), Rumanía (63%), Croacia (61%) y Bulgaria (49% del PIB/cápita UE).

Así que no hay una Europa sino tres. Y por eso, si se quiere consolidar un bloque económico, político y social medianamente homogéneo, hay que volcarse en reducir las desigualdades, en aproximar el nivel de vida de los europeos. Y para eso hace falta una mayor unión económica y fiscal, un presupuesto europeo más potente, impuestos e inversiones comunes que reduzcan las desigualdades, pagar en común la deuda (eurobonos) y el paro, redistribuir del norte al sur y al este. Y no es lo que se hace. El Plan Juncker, una buena idea para invertir 315.000 millones a nivel europeo en tres años, es un ejemplo: en su primer año (2016), el 92% de la inversión se concentró en los 15 países más ricos, con Alemania, Francia e Italia a la cabeza. Así, acrecentado las desigualdades, no se puede construir Europa.

Otra Cumbre europea más, veremos muchas declaraciones y  pocos avances reales. Se volverán a “aparcar” los problemas, desde la inmigración al euro. Y mientras, crece la desigualdad y el descontento social y político, las bases del populismo radical. Y se avecinan problemas económicos, financieros y comerciales, que pondrán en peligro la débil recuperación europea. Hasta que la situación estalle otra vez, por nuevas avalanchas de inmigrantes, bancos o países con problemas, tensiones en los mercados y escasa creación de empleo, más los problemas de fondo para competir con China, Asia y EEUU. Y entonces, Europa, al borde del precipicio, reaccionará "in extremis", para intentar salvar el euro y la Unión Europea, como viene haciendo en las últimas dos décadas. Tarde y peor. Todo por no hacer los deberes a tiempo.

jueves, 19 de abril de 2018

Más emigrantes y menos refugiados


España es un país más cerrado tras esta larga crisis. En dos sentidos. Primero, más cerrado para los propios españoles, que llevan diez años emigrando (76.197 en 2017), sobre todo los jóvenes: hay 665.000 españoles más viviendo en el extranjero desde que gobierna Rajoy. Y segundo, más cerrado para los extranjeros: las peticiones de asilo se duplicaron en 2017 pero concedimos un 40% menos (4.675) y hay 400.000 extranjeros ilegales pendientes de su nacionalización. Eso sí, se disparan las nacionalizaciones de los extranjeros ricos (rusos y chinos) que compran casas o invierten: iban 41.049 a finales de 2017. Habría que aprovechar la cacareada recuperación para abrir un poco más España, haciendo que vuelvan parte de los españoles que han emigrado (535.000 desde 2008) y dando cobijo a más refugiados y emigrantes, a los que vamos a necesitar, porque perdemos población: harán falta 5 millones de inmigrantes para 2050, según vaticina el FMI. Un país más abierto nos beneficia a medio plazo. Nuestra historia lo confirma.

enrique ortega


España fue un país de emigrantes en las décadas de los 60 y 70, pero luego cambiaron las tornas y empezamos a recibir inmigrantes al comienzo de este siglo: entre 2000 y 2009, España recibió más de 7 millones de inmigrantes, la mitad de todos los extranjeros que llegaron en esos años a Europa. Pero con la crisis, los españoles volvieron a emigrar, buscando trabajo en Europa y parte de América, los jóvenes y familias enteras. Y esta salida de españoles no ha parado desde 2008 (33.505), subiendo en 2011 (55.472), acelerándose en 2013 (73.329), 2014 (80.441), 2015 (98.934) y 2016 (101.581), para mantenerse, aunque bajando, en 2017 (+76.197). En total, hay ya 2.482.808 españoles viviendo en el extranjero a 1 de enero de 2018, según el último Padrón de residentes en el extranjero (PERE) del INE. Son 665.973 españoles más que cuando Rajoy llegó a la Moncloa.

La mayoría de estos españoles que se han ido a vivir fuera, dos de cada tres (1.672.732 españoles), no han nacido en España sino que son “extranjeros nacionalizados españoles”, bien porque han estado muchos años en España y han conseguido la nacionalidad (muchos latinoamericanos) o bien porque eran hijos o nietos de españoles exilados y consiguieron la nacionalidad española con la Ley de Memoria Histórica (2007). La mayoría han vuelto a Latinoamérica y viven en Argentina (457.204 españoles), Venezuela (167.255), Cuba (139.851), Brasil (130.635), así como en EEUU (147.817 españoles) y Europa.

El tercio restante de los emigrantes que viven fuera (810.076) son españoles nacidos en España, “españoles españoles, la mayoría que han emigrado con la crisis, sobre todo a Europa (440.206), principalmente a Francia (allí viven 134.214 “españoles españoles”), Alemania (viven 73.340 españoles nacidos en España), Reino Unido (71.899) y Bélgica (29.320), además de los que viven en América (328.809), tanto EEUU (viven 57.944 “españoles españoles”), Argentina (89.695), Venezuela (51.226), Brasil (27.286) y México (21.435), según los datos del INE.  La mayoría de estos emigrantes españoles proceden de Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana y el colectivo que más crece son los jóvenes menores de 30 años.

Pero esta es la cifra oficial, que publica el INE con los datos de los Consulados, de los españoles que viven fuera y se inscriben en ellos. La realidad es que muchos que han emigrado lo han hecho como “turistas” y no se han inscrito, con lo que la cifra real de “españoles emigrantessería mayor que esos 810.076. Un ejemplo: en Reino Unido hay censados unos 150.000 españoles, pero se estima que viven realmente unos 300.000. En Irlanda hay censados 5.457 y podrían superar los 10.000. Y en Alemania, el censo de españoles nacidos en España es de 73.340 y dicen que hay más de 120.000 españoles trabajando (en precario muchos de ellos).

Otra manera oficial de medir la emigración, además de esta estadística de españoles censados en el extranjero (Consulados) son las estadísticas de migraciones del INE, que semestralmente informan de la población en España y de los flujos de emigración e inmigración, a partir del Censo que hacen los Ayuntamientos. Según esta estadística, en el primer semestre de 2017 emigraron 35.077 españoles, tras marcharse 69.211 en todo 2016 y 75.765 en 2015 (año récord de emigración). La mayoría de los españoles que emigraron el año pasado fueron e Reino Unido (8.882), Francia (4.425), Alemania (2.809) y EEUU (2.191). Sumando todas las salidas desde 2008, resulta que 535.000 españoles han emigrado de España entre 2008 y 2017, la mayor parte (dos tercios) entre 2011 y 2017, con Rajoy gobernando, según los datos oficiales del INE (Migraciones).

El perfil de este nuevo emigrante español es el de una mujer/hombre (casi mitad/mitad), joven (en torno a 30 años), con estudios superiores y procedente de las grandes ciudades (Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia), según un estudio de Asempleo y el CSIC, que revela cómo los nuevos emigrantes no siempre salen porque están parados en España sino también porque tienen “empleos basura” precarios, están subempleados para su formación y no ven perspectivas de futuro aquí. Los que más han salido han sido los profesionales de la salud (enfermeras y médicos), informáticos, ingenieros, investigadores y especialistas en marketing y finanzas, aunque muchos acaban trabajando de camareros o cuidando niños y otros empleos precarios.

A pesar de la recuperación en España, los datos indican que la emigración no se ha parado y sigue mes tras mes, aunque ahora choque con problemas fuera, como el Brexit en Reino Unido, el cerrojazo de Trump o las presiones contra los extranjeros en la mayoría de Europa. Pero mientras haya 3.766.700 parados en España y estén sin empleo más de un tercio de los jóvenes (37,46%), según la EPA, la corriente de emigrantes españoles no se va a parar. Además, los jóvenes españoles son los terceros en Europa más dispuestos a emigrar: un 64%, son favorables a irse a otro país o ciudad, más que la media de jóvenes europeos (el 59% emigraría) y sólo por detrás de Portugal (71%) y Suecia (66%), según Eurostat. Y la clave es la formación: cuanta más formación tienen los jóvenes, más dispuestos a emigrar.

La otra cara de la moneda es que, mientras muchos españoles emigran, muchos extranjeros tratan de venir a España y quedarse. Y cada vez se lo ponemos más difícil.

Primero, a los que vienen huyendo de guerras, dictaduras, hambre y enfermedades, los que piden quedarse en España como refugiados. En 2017, se ha dado un contrasentido: la cifra de refugiados, de solicitantes de asilo en Europa se ha reducido a la mitad (de 1.206.500 en 2016 cayeron a 649.855 en 2017), pero en España se duplicaron (de 15.570 en 2016 a 30.445 en 2017), según los últimos datos de Eurostat. Con ello, España es el 6º país europeo con más demandantes de asilo, detrás de Alemania (198.255 en 2017, frente a 722.265 en 2016), Italia (126.550, similares a las 121.185 de 2016), Francia (91.070 frente a 76.790), Grecia (57.020 frente a 49.875) y Reino Unido (33.310 frente a 39.240 en 2016). Pero si comparamos las peticiones de asilo con la población, el problema es menor: 654 peticiones por millón de habitantes en España, la mitad que la media europea (1.270 peticiones por millón de habitantes) y mucho menores que en Grecia (5.295 peticiones por millón de habitantes), Hungría (3.502: por eso gana la derecha xenófoba), Austria (2.526, otro país con xenofobia) o Alemania (2.402 solicitudes por millón de habitantes).

Aunque no sean muchas peticiones de asilo para la población española, la mayoría se rechazan. Y más en 2017, a pesar de que las solicitudes se duplicaron: de las 31.120 solicitudes censadas por el Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR), sólo 4.675 se aceptaron, el 35%, un porcentaje de aceptación inferior a la media europea (46% se aceptan, según Eurostat) y también inferior al de Alemania (50% aceptadas), Suecia (44%) o Italia (41%), sólo peor que Francia (29% solicitudes aceptadas), Reino Unido y Hungría (31%). Además, en 2017 se aceptaron un 40% menos que en 2016 (6.855 aceptadas), aunque las solicitudes se duplicaron.

El problema es que el flujo de inmigrantes no se frena: en el primer trimestre de 2018, la llegada de pateras con inmigrantes bajó en el Mediterráneo (de 29.221 en 2017 a 14.651 en 2018) pero ha aumentado en España un 38%, con 3.345 inmigrantes llegados a nuestras costas y 120 muertos en los tres primeros meses de 2018, según la Organización Internacional de Migraciones (OIM). Además, tenemos otro problema: el atasco de expedientes de asilo, según revela el informe 2017 del Defensor del Pueblo: a los 40.000 expedientes presentados en 2017 hay que añadir otros 30.000 expedientes pendientes de años anteriores, con miles de extranjeros recluidos en penosos centros de internamiento que esperan una solución, en medio de la descoordinación entre los Ministerios (Interior y Empleo) y las autonomías. “La situación en que se encuentra la Oficina de Asilo y Refugio es insostenible”, dice el informe.  Y además, denuncia que el Gobierno Rajoy no haya aprobado el Reglamento de Asilo previsto en la Ley de 2009, lo que crea problemas de reagrupación familiar.

Vayamos ahora con los extranjeros que viven en España irregularmente, desde hace muchos años (recuerden el nigeriano que murió en Lavapiés), a la espera de que se les conceda la nacionalidad o se les expulse. En 2016, España concedió la nacionalidad española a 150.944 extranjeros (+32%), siendo el 2º país europeo que más nacionalizaciones concedió, tras Italia (201.591 extranjeros nacionalizados) y por delante de Reino Unido (149.372 nacionalizados), Francia (119.152) y Alemania (112.843), según los datos de Eurostat. Parecen unas cifras “para presumir”, pero ojo, hay que contextualizarlas: España nacionalizó en 2016 al 3,4% de los extranjeros, una cifra más baja que Croacia (nacionalizó al 9,7% de extranjeros), Suecia (al 7,9%), Portugal (6,5%), Grecia (4,2%) Italia y Finlandia (4,1%), aunque superior a la de Alemania (1,3%), Reino Unido y Francia (2,8%).

El informe 2017 del Defensor del Pueblo pone otra vez el dedo en la llaga: denuncia que hay “un enorme retraso” en la gestión de los expedientes de nacionalización de extranjeros y pideque la Administración intervenga de manera urgente para solucionar la situación de los más de 400.000 extranjeros que tienen pendiente de resolución sus solicitudes de nacionalidad por residencia”. Así que nacionalizamos a muchos, pero el atasco es monumental. Eso sí, hay atasco para regularizar a los extranjeros pobres que trabajan desde hace años en España, pero se agiliza la nacionalización de los extranjeros ricos, a cambio de que compren viviendas caras (más de 500.000 euros), inviertan en depósitos (1 millón) o deuda pública (2 millones) o sean “profesionales cualificados”. Son los llamados “visados dorados” (por la VISA oro…), que se conceden desde septiembre de 2013 y que se han disparado en los tres últimos años: se habían dado 14.804 a finales de 2015, eran 27.301 al final de 2016 y 41.094 a finales de 2017, según los datos oficiales. O sea 13.793 “visados dorados” (la mayoría a chinos, rusos y venezolanos ricos) concedidos en 2017, el triple que las concesiones de asilo a refugiados (4.675). Sin comentarios…

Los datos (oficiales) revelan con claridad que España se ha cerrado más estos años, incluso con la “recuperación”, tanto para los españoles (forzados a emigrar) como para los extranjeros, que no consiguen la nacionalidad ni el asilo. Y no vale decir que esto último también pasa en gran parte de Europa, porque muchos países tienen mayores porcentajes de extranjeros (18,5% Suecia, 17,5% Austria, 16% Alemania, 14% Reino Unido o 12% Francia) que España (4.464.997 extranjeros,  el 9,59% de la población, según el INE). Además, España tiene muchos extranjeros pendientes de regularizar (más de 400.000, según el Defensor del Pueblo). Y, sobre todo, tenemos un grave problema demográfico que no tienen otros países europeos: somos el país con menos natalidad y más viejos de Europa, lo que va a reducir los activos y ocupados en las próximas décadas. Y eso nos obligará a contar con 5 millones de extranjeros más en 2050, como acaba de avisarnos el FMI. Así que necesitaremos a los emigrantes más que el resto de Europa (que también los necesitará).

Tenemos muchos problemas (paro, pensiones, educación, sanidad, gastos sociales, pobreza, desigualdad, demografía, tecnología, digitalización y modernización de la economía), pero para resolverlos necesitamos ser más, no menos. Hay que recuperar a los españoles que han emigrado, porque hemos invertido mucho en ellos y su ausencia es un gran fracaso. Para lograrlo, habría que acordar un gran Pacto por el retorno, con medidas económicas, laborales, fiscales y ayudas a la vivienda y a las familias, creando una Oficina específica para organizar su vuelta. En paralelo, hay que pactar una Política de inmigración a 20 años vista, planificando la regularización de los inmigrantes y coordinando con los países de origen ayudas para frenar la inmigración irregular. No se trata de poner muros que de nada sirven. sino de planificar las llegadas y organizarlas, con dignidad, economía y sentido común. No dejándolo en manos de la desesperación, las mafias y la xenofobia. Apostemos por una España más abierta para propios y extraños, porque la apertura nos ha traído siempre prosperidad, desde los años 60 al ingreso en Europa y nuestra extensión por el mundo. Otro gran tema pendiente.