Pactada una reforma laboral imprescindible

Mañana, 31 de diciembre, entra en vigor la nueva reforma laboral, pactada entre Gobierno, sindicatos y patronal, algo sin precedentes en la historia reciente. No deroga la reforma laboral impuesta por Rajoy en 2012, pero incluye cambios de fondo en la contratación y la negociación colectiva, permitiendo nuevos ERTEs en futuras crisis. Es un acuerdo de mínimos, presionado por la Comisión Europea, pero también una reforma imprescindible, porque permite acabar con la dualidad del mercado laboral (26% temporales y 74% fijos) y abre el camino a que la mayoría de los futuros contratos sean fijos, lo que favorecerá a los jóvenes y las mujeres. Y da prioridad a los convenios sectoriales, que suelen incluir mejores salarios. Ahora, la reforma laboral debe ser convalidada en el Congreso, en un mes, y los partidos nacionalistas quieren incluir cambios, que no aceptaría la patronal. Así que la reforma está todavía en el aire. Y la necesitamos para que la recuperación económica se traduzca en empleos de calidad.

Enrique Ortega

La reforma laboral ha sido un parto difícil, tras 9 meses de negociaciones a tres bandas (Gobierno, sindicatos y patronal), primero mensuales, luego semanales y al final diarias. Los sindicatos y Podemos empezaron hablando de “derogar” la reforma laboral de Rajoy, luego se pasó a “suprimir los aspectos más lesivos” y finalmente se buscó cambiar lo más urgente, presionados por la Comisión Europea, a la que se había prometido una reforma laboral antes de fin de año. Se ha buscado “un acuerdo de mínimos”, que reformara lo imprescindible: la contratación y la negociación de los convenios. Y al final, todos han cedido en sus posiciones máximas de partida. Los sindicatos porque la reforma supone un avance y la patronal porque temían que si no pactaba, el Gobierno aprobaría una reforma peor para ellos (como ha pasado con la reforma de las pensiones).

Lo más importante de esta reforma laboral es que tiene el apoyo de sindicatos y patronal, lo que facilita su cumplimiento. Un pacto entre Gobierno y fuerzas sociales que nunca se había dado antes en las 52 reformas laborales hechas en la democracia. La primera gran reforma laboral, el Estatuto de los Trabajadores de 1980, fue aprobado por el Gobierno de UCD con el apoyo de la patronal CEOE y UGT, pero con el rechazo de CCOO. En octubre de 1984, el gobierno de Felipe González introdujo los contratos temporales y una mayor flexibilidad laboral, con el apoyo de la patronal y UGT. En 1992, el “decretazo” de Solchaga volvió a favorecer la temporalidad y recortó el desempleo, provocando una huelga general el 28 de mayo. En 1994, el ministro Griñán aprobó en solitario otra reforma laboral (facilitando el despido y las ETTs), que desató la huelga general del 27 de enero. En mayo de 1997, Aznar aprobó otra reforma, asumiendo parte de lo pactado por las fuerzas sociales, pero con un alcance mucho menor a los cambios de 1980, 1984 y 1994. En marzo de 2001, el Gobierno del PP impone por decreto otra reforma laboral (ampliando contratos de fomento del empleo), con oposición sindical. En 2006, el Gobierno Zapatero limita el encadenamiento de contratos por decreto ley, con participación limitada de las fuerzas sociales. Y su reforma laboral de junio de 2010 (impuesta por Europa), abaratando el despido, provoca una huelga general en otoño. Así hasta febrero de 2012, en que el Gobierno Rajoy aprueba en solitario una reforma laboral (ver blog de entonces)  que abarata el despido, facilita el recorte de plantillas y la devaluación de salarios, provocando, en marzo,  la 6ª huelga general de la democracia.

Como puede verse, España lleva más de 40 años buscando una normativa laboral que afronte nuestro mayor problema económico: tenemos menos gente trabajando que el resto de Europa (1.800.000 menos de la media UE-27) y más del doble de paro (14,5% frente al 6,7% en la UE-27). Y, sobre todo, tenemos un mercado de trabajo “dual”, con dos tipos de empleados: los que tienen un trabajo fijo (74%) y un trabajo temporal (el 26%), por meses, semanas o días (un tercio, contratos de menos de una semana). Un porcentaje de temporales que casi duplica la media europea (14,1% en la UE-27) y muy superior al de Portugal (17,3%), Italia (17,1%), Francia (15,8%) o Alemania (11,2%), según Eurostat. Es el fruto de décadas en que la mayoría del empleo creado ha sido  temporal: así fueron el 89% de los contratos hechos entre enero y noviembre de 2021. Esto implica una gran precariedad para los nuevos trabajadores, sobre todo jóvenes y mujeres, y nos hace muy vulnerables como país: cuando llega una crisis, los primeros que pierden su empleo son los trabajadores temporales. Ha pasado ahora con la pandemia y pasó entre 2008 y 2014.

Por eso, acabar con la enorme temporalidad del empleo en España es el gran objetivo de esta reforma laboral y la gran asignatura pendiente que nos pide aprobar Bruselas, a cambio de los Fondos europeos. La primera pata de esta reforma laboral de 2021, la más importante, son todos los cambios pactados en la contratación. El gran acuerdo es que, a partir de ahora, los contratos normales serán los contratos fijos y los contratos temporales serán la excepción. Sólo se permiten 2 modalidades de contratos temporales: por circunstancias de la producción o formativos. El primer tipo de contrato temporal se permitirá cuando haya circunstancias “ocasionales e imprevisibles” en una empresa que exijan contratar temporalmente más trabajadores. Sólo se podrán hacer por 6 meses, ampliables por convenio hasta un año (ahora se podían concatenar hasta 4 años). Y también se permiten para sustituir a un trabajador de baja. Y hay un tercer supuesto: contratos temporales ocasionales por picos de producción, para campañas como Navidad o rebajas, pero sólo por un máximo de 90 días en el año natural para cada puesto. El segundo tipo de contrato temporal que se permite será para formación: a jóvenes de hasta 30 años, durante los 3 meses siguientes al fin de sus estudios, por un periodo mínimo de 3 meses y un máximo de 4 años.

La reforma aprobada incluye una serie de “cautelas” y medidas para evitar que estas “excepciones” se conviertan en habituales. La primera, que las personas que sean contratadas incumpliendo estos requisitos durante 18 meses. en dos años serán fijas. Que los contratos temporales ocasionales tendrán un recargo en la cotización de la Seguridad Social (+26 euros) si se da de baja al trabajador antes de un mes. Que las empresas tendrán que informar a los representantes de los trabajadores, en el último trimestre de cada año, del porcentaje de temporales a contratar previstos para el año siguiente. Y sobre todo, que se aumentan las multas de la inspección de Trabajo, hasta 10.000 euros por cada trabajador ilegalmente contratado como temporal (ahora la multa era hasta 8.000 euros por empresa).

Se cierra la puerta a los contratos temporales como norma y se apuesta por el contrato fijo discontinuo para las actividades que tienen naturaleza estacional, como el turismo, la hostelería, algunas actividades agrícolas o las conserveras. Aquí, las empresas harán cada año una estimación de fechas y contratos, que entregarán a los representantes de los trabajadores. Y así, un empleado de un hotel, un recogedor de fruta o una empleada en una conservera serán trabajadores fijos pero sólo tendrán trabajo unos meses al año, un trabajo fijo de temporada, cada año. Y mientras esperan para volver a trabajar, cobrarán el desempleo. Ahora, la mayoría tienen un trabajo temporal y luego son despedidos. A partir de esta reforma, se quiere generalizar el contrato de fijo discontinuo, que sólo tienen hoy 404.354 trabajadores. Se busca que sean más, con su contrato indefinido y su paro. Y una indemnización en caso de despido como la del resto de trabajadores con contrato indefinido (entre 20 y 33 días por año), muy superior a la que tenían como temporales (12 días por año).

Otra excepción se dará en la construcción, donde desaparece el contrato temporal por obra y servicio (muy habitual) y se sustituye por un nuevo contrato indefinido por obra: al terminar la obra, la empresa está obligada a recolocarle en otra obra y formarle si fuera necesario para ese puesto, permitiendo su despido sólo en caso de que el trabajador lo rechace o no resulte adecuado para otras obras o exista un exceso de personal cualificado. Y en estos casos, se sustituye la actual indemnización (12 días) por el 7% de los conceptos salariales.

Otro cambio importante acordado trata de las subcontratas, de las que han abusado estos años las empresas para reducir costes, para contar con empleados “de fuera” peor pagados (las “kellys” o camareras de piso en los hoteles). Ahora, con la reforma, las subcontratas tendrán que aplicar el convenio de la actividad realizada (si es de limpieza, el convenio sectorial de limpieza), no el de la empresa subcontratista.

La 2ª pata de esta reforma laboral se refiere a la negociación de los convenios colectivos. Por un lado, vuelve la ultractividad (el periodo que sigue vigente un convenio caducado mientras se negocia su renovación), ahora sin límite (la reforma de Rajoy permitía la vigencia de los convenios caducados sólo durante un año), con lo que los convenios caducados estarán en vigor (y con ellos, sus subidas salariales y las condiciones de trabajo) mientras no se negocie otro. El otro cambio es muy relevante: tendrán “prevalencia” (prioridad) los convenios sectoriales sobre los convenios de empresa en cuestiones salariales, no en el resto de cuestiones laborales (horarios, fijación de jornada, organización del trabajo), donde tendrá prioridad el convenio de empresa.

En general, los convenios sectoriales incluyen mejores salarios que muchos de empresa y los sindicatos los negocian, mientras no pueden hacerlo en todas las empresas. Sin embargo, la patronal ha salvado en esta reforma la primacía de los convenios de empresa para todo lo que no sean salarios, con lo que los empresarios mantienen su poder en la fijación de las condiciones de trabajo. No se toca ni el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores  (que permite a las empresas modificar las condiciones de trabajo a unos pocos trabajadores o a un colectivo acotado), ni el artículo 40 (que permite la movilidad geográfica) ni el artículo 83.2 (que permite la inaplicación del convenio en algunas circunstancias). Y no se tocan tampoco las indemnizaciones por despido (que la reforma de Rajoy bajó de 45 a 33 días o a 20 para el despido procedente) ni los salarios de tramitación.

La 3ª pata de esta reforma laboral se refiere al futuro, a mantener el mecanismo de los ERTEs (que han evitando millones de despidos durante la pandemia) con un nuevo sistema de ajuste laboral, el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización de Empleo, que permitirá tener “aparcados” trabajadores sin despedirlos y con ayudas públicas (cotizaciones y desempleo), como se ha hecho con los ERTEs. Existirán dos modalidades: la cíclica (por 1 año), cuando se aprecie una negativa coyuntura económica general (otra crisis) y la sectorial (1 año, con 2 posibles prórrogas de 6 meses cada una), para actividades y sectores donde se aprecien procesos de cambios permanentes que exijan recualificación de sus trabajadores. En ambos casos, la decisión de aprobar el Mecanismo RED es del Gobierno y las empresas deben solicitar su inclusión en el sistema, incluyendo la reducción de jornada que soliciten, la suspensión de contratos que planteen y los planes de recualificación.

Cuando el Gobierno apruebe un Mecanismo RED, para toda la economía o para un sector, los trabajadores afectados cobrarán un subsidio (como ahora con los ERTEs) y las empresas beneficiadas disfrutarán de exenciones en las cotizaciones a la SS, del 20% (si la empresa da formación) al 90% si es “por fuerza mayor”. Y no podrán despedir a los trabajadores afectados por este mecanismo durante un tiempo (como ahora con los ERTEs). La financiación de este Mecanismo RED se hará con las cuotas del desempleo, aportaciones de los Presupuestos y fondos europeos. Este Mecanismo RED es para situaciones excepcionales, de toda la economía o de un sector. Para problemas coyunturales que tengan las empresas, se mantiene el mecanismo de los EREs, para ajustar horarios y plantillas.

Esta nueva reforma laboral entra en vigor mañana, 31 de diciembre, al publicarse hoy el Real Decreto en el BOE, aunque las empresas tienen 3 meses para adaptar sus actuales contratos a la nueva norma . Así que habrá que esperar a la primavera para ver los efectos de esta reforma laboral, que tiene la gran ventaja de que la apoya la patronal, con lo que en principio debería cumplirse.  Quizás tarde en notarse en las estadísticas de contratos, porque las empresas tienen 6 meses para acabar con el contrato temporal por obra y servicio, que supuso el 33% de los contratos temporales hechos en noviembre pasado. Cuando no se hagan, aumentarán un 33% los contratos fijos. Y otro 52% fueron contratos “por circunstancias de la producción”, que ahora habrá que hacer fijos en muchos casos. Los expertos calculan que dos tercios de los actuales contratos temporales tendrán que cambiarse de aquí al verano, reduciendo drásticamente la tasa de temporalidad. Y en pocos años, España podría acercarse a Europa en temporalidad (bajar del 26% actual al 14% o menos).

Eso exige no sólo una nueva normativa laboral, sino un gran cambio de mentalidad entre los empresarios, que llevan cuatro décadas apostando por los contratos temporales como la mejor opción para contratar. Tendrán que hacer contratos fijos de entrada, a la mayoría, con temporales como excepción. Algo por lo que deberían apostar, porque un empleado fijo se integra mejor, es más productivo, más “seguro” (hay más accidentes laborales y muertes entre los contratados temporales)  y lo invertido en su formación se queda en la empresa. Pero hecha la Ley, hecha la trampa, con lo que habrá muchas empresas que busquen vías para contratar  temporalmente de forma ahora ilegal, lo que obliga a potenciar la vigilancia y dotar de más medios a la inspección de Trabajo: hay sólo 1.852 inspectores y subinspectores, 1 profesional por cada 15.000 trabajadores, cuando en Europa, la media es de un funcionario por cada 7.300 trabajadores (y en Francia, 1 por cada 5.000).

Gobierno, sindicatos y patronal han alumbrado juntos una reforma que debería servir para crear empleo estable y decente, reduciendo la escandalosa temporalidad actual. Pero para conseguirlo, el Congreso de los Diputados debe convalidar en un mes (antes de finales de enero) el Real decreto ley que incluye esta reforma pactada. Y ya hay partidos políticos, desde los nacionalistas (ERC, PNV o Bildu) a partidos de izquierda (Más Madrid o Compromis) que han dicho en público que quieren modificar esta reforma: unos para incluir la prioridad de los convenios autonómicos sobre los estatales (grupos nacionalistas) y otros para radicalizar la reforma y volver a los intentos de “derogar” la reforma laboral de Rajoy. Los sindicatos les piden que dejen la reforma como está y la patronal amenaza con retirarse “si tocan una coma”. Y en medio, el Gobierno, PSOE y Podemos tratan de buscar apoyos para sacarla adelante, sabiendo que el PP, Ciudadanos y Vox están en contra. Así que un acuerdo que ha costado 9 meses de duras negociaciones, está ahora en el alero.

Habría que pedir sensatez y sentido de Estado a nuestros políticos, porque es mejor una reforma pactada que cualquier reforma impuesta. Y porque la Comisión Europea ha estado detrás de toda la negociación y no aceptaría cambios extraños, con el riesgo de perder Fondos europeos. Pero sobre todo, porque millones de españoles (principalmente jóvenes y mujeres) tienen contratos precarios y esperan que eso cambie y puedan conseguir contratos y salarios decentes. Es su oportunidad. No la torpedeen.

La reforma laboral que viene

Antes de finales de abril, el Gobierno enviará a Bruselas el Plan de recuperación con las inversiones para gastar los 140.000 millones de los Fondos europeos. Y un paquete de reformas que Europa exige para darnos ese dinero, sobre todo una reforma laboral, de pensiones y de impuestos. La reforma clave es la laboral, porque España tiene un serio problema de paro, doble que en Europa. Y no es de ahora: en los últimos 40 años, no hemos bajado de los 2 millones de parados (salvo de 2005 a 2007). El Gobierno propone simplificar los contratos, reducir los temporales, regular las subcontratas y plataformas digitales, mantener los ERTEs y modernizar las políticas de empleo, con un Plan de choque contra el paro juvenil (40%). Pero esta reforma será complicada, porque se quiere pactar con sindicatos, patronal, dentro del Gobierno y con Bruselas. Pero es “la llave” para la recuperación, para crear empleo estable. No podemos ser los líderes del paro de Europa, como en los últimos 40 años.

Enrique Ortega

España lleva más de 40 años con un serio problema de paro. En 1975, a la muerte de Franco, teníamos 600.000 parados y una tasa de paro del 4,7%, similar a la de Europa (4,1% la UE-10), Alemania (4,1%) o Francia (3,9%). En 1.978 superamos el millón de parados y para 1979, con dos crisis del petróleo detrás, el paro se había más que duplicado, al 10,4%, el doble ya que la UE (5,3%) y el triple que Alemania (3,3%). A partir de ahí, el paro sigue al alza, con la crisis de 1982 y la reconversión industrial, hasta un primer récord histórico en 1984: 3 millones de parados y una tasa del 21,48%, el doble que Europa (11,5%). Con el ingreso en la CEE y el fuerte crecimiento posterior, el paro baja hasta el 16,1% en 1.990. Pero hay otra crisis en 1992-93 y en 1.994 se alcanza un 2º récord histórico: 3,9 millones de parados y 24,1% de paro, frente al 10% en la CEE-12. 

Superado el bache, llega una década de “vacas gordas” y se logra un mínimo histórico de paro en 2006: 1.800.000 parados y una tasa del 8,3%, similar a la europea (7,9%). Pero en 2008 llega la gran crisis y la economía se desploma, disparando el paro hacia un tercer récord histórico: 6.202.700 parados en marzo de 2013 y una tasa de paro del 25,7%, otra vez más del doble que Europa (10,8%) y cuatro veces el paro de Alemania (5,1%). A partir de 2014 se inicia una recuperación, que baja el paro al 13,8% en 2019, más del doble que Europa. Y en 2020 llega la pandemia y sube de nuevo el paro, por encima de los 4 millones y una tasa del 16,7%, frente a 7.7% en la UE-28 y 4% en Alemania.

Así que hace ya más de 40 años que tenemos el doble de paro que Europa. Y otro dato llamativo: entre 1980 a 2020, el paro no ha bajado nunca de los 2 millones de desempleados (salvo en 2005, 2006 y 2007). ¿Qué nos pasa? Que el modelo económico español permite crear menos empleo en épocas de crecimiento y perderlo muy rápido en épocas de crisis, por varias causas: excesivo peso de los servicios (turismo, hostelería y comercio) y poca industria, mano de obra menos formada, empresas más pequeñas (demasiadas pymes), poca tecnología, innovación y exportación. Y un modelo laboral muy rígido, que no permite adaptarse a los cambios económicos.

En diciembre de 2011, al llegar Rajoy a la Moncloa, se encontró con un tsunami: 2.617.600 empleos perdidos desde 2008. Y buscó “un atajo” para afrontarlo: en mes y medio (10 febrero 2012) aprobó en solitario una polémica reforma laboral, que dejaba las manos libres a los empresarios para “limpiar plantillas” (los despidos que faltaban) y afrontar el futuro con más poder: bajaron sueldos en los nuevos contratos (“devaluación salarial) y multiplicaron los contratos temporales y a tiempo parcial, precarizando el empleo, además de reorganizar horarios y horas extras. Así se consiguió, cuando llegó en 2014 la recuperación (en España y en Europa), crear 2 millones de empleos hasta mayo de 2018, cuando Rajoy se fue.

El problema es que estos nuevos empleos, creados con la reforma laboral de Rajoy, son muy precarios y mal pagados (con salarios un 30% inferiores a los “viejos”). Y se ha agravado más la temporalidad, que se arrastra desde los años 80, cuando Felipe González introdujo los contratos temporales “para crear empleo”. Y así tenemos un mercado de trabajo “dual”, como denuncia la Comisión Europea desde hace años: un 75% de asalariados tienen un contrato fijo (mejor pagado) y un 25% tienen un contrato temporal (mal pagado), la cuarta parte por menos de un mes. Y en el caso de los jóvenes (16-25 años), el 65,5% de los que trabajan (sólo un tercio del total) tienen un contrato temporal.

La temporalidad es “el talón de Aquiles” del mercado laboral español: en conjunto, un 21,9% de todos los que trabajan en España tienen un contrato temporal, el doble que en Europa (11,9%). Y eso nos hizo muy vulnerables en la crisis de 2008 y ha vuelto a pasarnos en la recesión de la pandemia: los trabajadores temporales son los primeros que pierden su empleo, con lo que España dispara su paro en las crisis y contrata mucho en la recuperación (precario y mal pagado, lo que agrava la pobreza y la desigualdad).

Este debe ser el primer objetivo de la reforma laboral, según Bruselas, el Gobierno y la mayoría de expertos: reducir la temporalidad a niveles europeos. Y el segundo, fomentar la creación de más empleo y de más calidad, aprovechando “el tirón” de los Fondos europeos. Pero los sindicatos exigen la derogación de la reforma laboral de Rajoy y defienden 3 cambios prioritarios: dar prioridad a los convenios sectoriales (mejores y donde hay más poder sindical), prorrogar los convenios caducados hasta su renovación (“ultraactividad”) y limitar el actual poder unilateral del empresario para fijar las condiciones laborales. Y la patronal pide  “no tocar” la reforma laboral de 2012 y proponen que la reforma se centre en prorrogar los ERTEs, las políticas activas de empleo y combatir el paro juvenil.

El Gobierno no quiere enfangarse en derogar o no la reforma laboral de Rajoy (aunque Podemos presiona a ello) y en su propuesta de reforma que va a enviar a Bruselas (ver texto) traza 4 frentes de actuación. El primero, simplificar los contratos, manteniendo sólo 3 tipos: contrato fijo (que debe ser “el habitual”), contrato temporal (sólo para trabajos que sean realmente temporales) y contrato de formación (para los jóvenes). Y a partir de ahí, estudiará penalizar los contratos temporales (con altas cotizaciones) y vigilará el fraude con la inspección de Trabajo: sólo el envío de tres cartas de advertencia a miles de empresas (en agosto de 2018 y 2019 y en febrero de 2021) ha permitido “regularizar” como fijos 181.574 falsos contratos temporales, según Trabajo.

El 2º frente de la reforma laboral incluye buscar nuevos instrumentos de flexibilidad que sean alternativos al despido y a la temporalidad. Se trata de aprovechar la buena experiencia de los ERTES para convertirlos en herramientas de futuro, utilizarlos cuando pase la pandemia para afrontar la crisis temporal de una empresa o la reconversión de un sector o una empresa. Se trata de crear un Fondo para ERTEs, con cotizaciones y aportación pública, para que las empresas con problemas tengan otras opciones y no se vean obligadas a despedir.

El tercer frente de la reforma laboral busca garantizar un trabajo digno, actuando en varios frentes: regulando el teletrabajo (ya se ha aprobado una Ley), regulando a los repartidores (ya se ha aprobado un decreto ley de “riders”) y otras plataformas digitales (falta), cambios en la regulación de los autónomos y modificando la normativa de las subcontratas, con el amparo de una sentencia del Tribunal Constitucional de 2020 que dice que las subcontratas no pueden limitar los contratos que hagan a sus trabajadores al tiempo de la contrata. Y aquí se incluye otro tema polémico: modernizar los convenios. Si priman los de empresa (como ahora) o los de sector (como antes de 2012), la prórroga de los convenios caducados y el poder que se concede al empresario para fijar las condiciones laborales.

El 4º frente de la reforma laboral plantea modernizar las políticas de empleo, para que sean más eficaces: digitalizar las demandas de empleo y las ofertas, gestión individualizada de los parados para su formación, reciclaje y empleabilidad  (hoy, las oficinas de empleo sólo consiguen trabajo al 2% de los parados), modernización de las políticas de empleo y racionalización de los incentivos a la contratación (hoy un gasto poco eficaz). Y, sobre todo, reformar las oficinas de empleo (el SEPE), faltas de medios y personal.

En paralelo, el Gobierno ofrece otros dos cambios importantes. El primero, a los sindicatos y a Bruselas: reducir la alta temporalidad de la Administración pública, “dar ejemplo” recortando la alta tasa de interinos. En España, el 29% de los empleados públicos son interinos (sin contrato fijo), frente al 16% en Alemania, cuando la Comisión Europea propone que la tasa debería ser el 8%. La Administración central medio cumple, pero las autonomías tienen un 37,9% de empleos temporales. Y hay sectores donde el porcentaje de interinos es “escandaloso”: 41,9% en la sanidad pública (56% en Canarias) y 29,1% de interinos en la educación (45% en Cantabria). La idea del Gobierno es canalizar una parte de los Fondos europeos para convertir interinos en fijos, reformando antes de fin de año el Estatuto de la Función Pública, lo que afectaría a 500.000 personas.

El otro cambio laboral que prometen, para este primer semestre de 2021, es pactar con sindicatos y patronal un Plan de choque contra el paro juvenil, tratando de incorporar también ayudas y fondos europeos para el desarrollo de la Garantía Juvenil 2021-2027, que ofrece a todos los jóvenes europeos una oferta o de trabajo o de formación.

A Bruselas “le suenan bien” estas reformas propuestas, pero pide más concreción para aprobarlas (junto al resto de reformas y el paquete de inversiones) en los próximos dos meses, antes de finales de junio, como requisito previo al 2º examen, que deberán hacer los demás paises UE en otro plazo de un mes mes. Así que no nos pondrán "nota" hasta finales de julio, como pronto. Y si España aprueba los dos "exámenes", empezarían a llegarnos los primeros Fondos europeos, en agosto o septiembre, un calendario que España y varios paises quieren acortar. Pero mientras, la Comisión reclama ahora dar prioridad a 3 objetivos en la reforma laboral: reducir la temporalidad, reformar las políticas activas de empleo y atajar el altísimo paro juvenil (39,6% en febrero, frente al 17,3% en la UE-27 y el 6,1% en Alemania, según Eurostat).

Pero España le ha dicho a la Comisión que no quiere aprobar unilateralmente ahora la reforma laboral, que prefiere pactarla con sindicatos y patronal antes de finales de 2021. Así que propone acordar con Bruselas las líneas maestras y luego concretarlas en España, en las reuniones semanales que tiene con patronal y sindicatos. El acuerdo no va a ser fácil, porque hay temas muy polémicos y con posturas muy alejadas: indemnizaciones a los nuevos contratos fijos, regulación de las subcontratas, modernización de convenios y fijación de las condiciones laborales. Y hay otro frente de negociación, además de los agentes sociales y Bruselas: la negociación de la reforma dentro del propio Gobierno, entre el PSOE y Podemos, que discrepan en derogar o no la reforma laboral y dar más o menos prioridad a los temas laborales (Trabajo) o a las políticas de empleo (Economía).

Alumbrar la reforma laboral será un parto difícil, pero no queda más remedio que acertar y lograr una nueva normativa que guste a todos o al menos no disguste a nadie. Porque si la reforma laboral no convence a los empresarios, será difícil que creen más empleo de calidad cuando llegue la recuperación y los Fondos europeos. Pero si disgusta a los sindicatos, porque creen que perjudica a los trabajadores, será difícil mejorar la productividad en el trabajo, otra asignatura pendiente de España. Así que tiene que ser una reforma equilibrada y “que guste a Europa”. Por eso es difícil de lograr, aunque necesitamos una reforma laboral para dejar de ser “diferentes”, para no seguir con el doble de paro que Europa. Y para dar oportunidades a los jóvenes, que sólo tienen un escaso trabajo precario. A ello.

 

EPA 2019: el empleo aguanta

Se esperaba un mal dato de empleo en el 4º trimestre, pero las Navidades ayudaron y se creó más empleo que en toda la recuperación. Y 2019 cerró con 402.300 empleos más, el menor aumento desde 2014 pero más de lo esperado, gracias al aumento del empleo en los servicios, mujeres, inmigrantes y mayores de 50 años. Y aumentó el empleo indefinido y a tiempo completo, aunque la mayoría de nuevos contratos son muy precarios. El paro baja pero la cuarta parte que otros años, porque hay más personas buscando trabajo (dos tercios son inmigrantes). Y casi la mitad de los parados llevan más de 1 año sin trabajar y no cobran desempleo. Al final, aunque el empleo aguanta mejor de lo esperado, todavía falta recuperar 523.700 empleos perdidos respecto a 2007 y tenemos más del doble de paro que Europa. Y 1 de cada 4 empleos son precarios. Es hora de aprobar un ambicioso Plan de choque por el empleo, la primera preocupación de los españoles. Tienen que moverse.

enrique ortega

La recuperación se debilitó en el verano de 2019 y con ello el empleo, que aumentó en 64.400 ocupados, el menor aumento en el tercer trimestre desde 2013. Y en el cuarto trimestre, se temía que pasara lo mismo, que la creación de empleo se debilitara como la economía, por la incertidumbre exterior (crisis comercial, Brexit, estancamiento europeo, petróleo caro…). Pero no ha pasado y el Black Friday, las Navidades y quizás la Cumbre del Clima en Madrid han tirado del empleo mucho más de lo esperado, aumentado en 92.600 personas, según la EPA, el triple que el año anterior (+36.600 empleos) y la mayor creación de empleo en el cuarto trimestre de toda la recuperación (y desde 2006).


Con ello, se ha salvado en parte el año 2019, al cerrar con 402.300 nuevos empleos, la cifra más baja de la recuperación (ha oscilado entre un mínimo de 413.900 empleos creados en 2006 y un máximo de 566.200 creados en 2018) pero más de lo que muchos esperaban, a la vista de que la economía crece bastante menos (sobre el 2% en 2019 frente al  2,4% en 2018 y el 3% en 2016) y del panorama político. Pero el empleo aguanta y España crea más que el resto de Europa, aunque sea un empleo muy desigual, concentrado en los servicios (374.500, el 93% de los nuevos empleos), aunque creció en la industria (+55.400, frente a los -3.000 de 2018) y poco en la construcción (+4.000 empleos frente a los 136.000 creados en 2018), cayendo en el campo (-31.700), según la EPA.


El empleo creado en 2019 estuvo mal repartido, por sexo (6 de cada 10 nuevos empleos fueron para mujeres, que ya alcanzan una cifra de empleo que es récord histórico: 9,15 millones trabajan en España), nacionalidad (casi la mitad del empleo creado, 199.300, fue para inmigrantes), edad (los mayores de 50 años se llevaron el 83% de los empleos creados, mientras ganaban sólo 80.000 empleos los menores de 29 años y perdían 91.400 los que tienen entre 30 y 39 años) y empleador (360.000 empleos se crearon en el sector privado  y sólo 42.300 en el sector público), según la EPA. Además, hay mucha diferencia por autonomías: el empleo creció más en Madrid (+138.000 empleos, 1 de cada 3 creados en España), Cataluña (+87.000), Andalucía (+45.000) y Comunidad Valenciana (+43.300), pero cayó en Castilla la Mancha (-5.900 empleos), Melilla (-2.800) y Extremadura (-200).


Un dato positivo de la EPA  2019 es que han aumentado los asalariados con contrato  indefinido (+414.200 asalariados en 2019), que ya son el 73,9% de los trabajadores (eran el 73,1% en 2018). Y también han aumentado los que trabajan a jornada completa (+352.300 en 2019), que ya representan el 85,25% de los trabajadores (85,20% en 2018). Un pequeñísimo avance en la calidad del empleo, debido a que todavía, la mayoría de los nuevos contratos que se firman son muy precarios. Así, en 2019 se hicieron 22, 5 millones de contratos (¡56 por cada empleo¡) y de ellos, el 90,4% fueron temporales  (sólo 9,6% indefinidos) y un 35,75% a tiempo parcial, según Trabajo. Y además, cada vez se hacen contratos por menos tiempo: el 48% se hicieron por 1 mes o menos y de ellos, el 27% por 7 días o menos. Con ello, sólo el 6,16% de los contratos hechos en 2019 fueron contratos “de calidad”, a los que aspiramos todos: indefinidos y a jornada completa.


Con la creación de 402.300 empleos en 2019, el paro debía haber bajado otro tanto, pero sólo bajó en 112.400 parados, la cuarta parte que en 2018 (-462.400) y los años anteriores de la recuperación (años en que el paro bajó entre los -477.900 de 2014 y los -678.200 parados de 2015). La explicación es que han aumentado mucho los que buscaban trabajo (+290.000, dos tercios de ellos inmigrantes), con lo que el empleo creado ha tenido que repartirse entre los parados que ya estaban y los que se han apuntado en 2019. Al final, tenemos 3.191.900 parados en España, un 13,78% de las personas en edad de trabajar, según la EPA, un porcentaje que todavía duplica el paro en Europa (6,3% en la UE-28). Y aún estamos lejos de recuperar la tasa de paro que teníamos antes de la crisis: 8,8% en 2007.


El paro, como el empleo, está también repartido de forma desigual, por sexo (peor las mujeres, 1.685.800 paradas, con una tasa del 15,55%, superior al 12,23% de paro de los hombres), edad (los menores de 24 años tienen un 34,22% de paro, frente al 8,58% de las personas de 40 a 44 años o el 11,39% de los que tienen de 55 a 59 años), nacionalidad (20% paro los inmigrantes) y sectores (el 36% de todo el paro está en los servicios, el 5,76% en el campo, el  5% en la industria, el 4,55% en la construcción y la mayoría, el 48% de los parados son los que no han trabajado antes y buscan su primer empleo). Por autonomías, hay 5 regiones que rondan o superan el 20% de paro, un nivel muy preocupante: Ceuta (27,58%), Melilla (26,81%), Extremadura (23,48%), Andalucía (18,78%) y Canarias (18,78%). Y otras 6 autonomías que tienen un paro “casi europeo”: Navarra (9,01%), País Vasco (9,09%), La Rioja (9,89%), Baleares (9,91%), Aragón (9,93%) y Madrid (9,99%), según la EPA.


Un problema que sigue ahí es que el paro se enquista, que hay un alto porcentaje de parados que llevan más de un año sin trabajar: en 2019 fueron 1.387.000 parados de larga duración, el 43,25% del total (menos del 46,97% que eran en 2018). Son demasiados parados, que tienen un problema añadido para encontrar trabajo, al estar tanto tiempo fuera del mercado. Y además, tienen otro problema: se les acaba el desempleo y muchos parados no cobran el subsidio de paro. En 2019, sólo 1.964.132 parados cobraban un subsidio (el 44% cobraban 847 euros mensuales pero el otro 56% cobraba sólo 430 euros de subsidio asistencial), según Trabajo. Cobran el 61,53% de los parados estimados por la EPA, el porcentaje más alto de los últimos años, dado que en la época de Rajoy hubo años donde no cobraban ni el 50% de los parados. Pero no podemos olvidar que hay todavía 1.227.768 españoles sin trabajo que no reciben ningún subsidio y malviven, el 38,47% de todos los parados EPA. Y la situación es peor en algunas autonomías como Melilla (el 66,2% de parados no cobran), Ceuta (57,02%), Madrid, Canarias y Murcia (el 48,8% parados no cobran) o País Vasco (44,9%), según los últimos datos de Trabajo (SEPE).


España lleva 6 años creciendo (2014-2019) y la recuperación ha creado ya 2.831.700 empleos, casi la cuarta parte de todo el empleo creado en Europa en estos años.  A finales de 2019 trabajaban 19.986.900 personas, pero todavía quedan 523.700 empleos para recuperar la ocupación que teníamos antes de la crisis, en 2007 (trabajaban 20.510.600 españoles en septiembre de 2007, según la EPA). Eso quiere decir que todavía queda empleo por conseguir, no sólo para recuperar el pasado sino para dar ocupación a los jóvenes en el futuro y para salvar el bache de empleo que tenemos con Europa: en España trabajan el 64,71% de los adultos (16-65 años) frente al 73,2% en la UE-28. Eso significa que tenemos 1.800.000 empleos menos que la media europea.


El primer reto es crear más empleo, algo que va a ser difícil en los dos próximos años, porque la previsión es que España crezca menos (1,7% y 1,6% frente al 2% que habremos crecido en 2019). En consecuencia, frente a los 402.300 empleos creados en 2019, las previsiones apuestan por crear en 2020 entre 360.000 empleos (Gobierno), 310.000 (Asempleo) y 261.000 empleos (Manpower), menos que el año pasado en todos los casos. Y eso si la economía no se debilita por el entorno internacional (el Brexit, la economía europea o el petróleo) o por problemas políticos internos.


El segundo gran reto es crear empleo de más calidad, porque aunque haya mejorado algo en 2019, España tiene el empleo más precario de Europa, con un 26,1% de trabajadores con empleo temporal, casi el doble que en Europa (13,7% en la UE-28) y mucho más que Francia (16,5% de contratos temporales) o Alemania (12%), según Eurostat. Y aunque sólo tenemos un 14,75% de trabajadores a tiempo parcial (menos que el 18,5% en Europa), casi dos tercios de ellos  trabajan menos horas “forzados” porque no tienen otro remedio, lo que indica un altísimo nivel de “subempleo” (55,8% forzosos frente al 24,8% en Europa, según Eurostat). De hecho, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) acaba de publicar un informe donde alerta que España tiene un grave problema de empleo: 5,4 millones de españoles están “desperdiciados”, o bien porque están en paro (3,3 millones), porque no buscan trabajo (900.000 desanimados) o porque trabajan menos horas de las que querrían (1.200.000 trabajadores más). Eso significa que la economía no emplea bien, “desaprovecha”, a 5,4 millones de personas, el 29% de la fuerza laboral. Y si analizamos a los jóvenes menores de 30 años, están “desperdiciados” (en paro, desanimados o subempleados) casi la mitad, el 48%, según este informe de la OIT publicado en enero.


Así que queda mucho por hacer con el empleo, que no por casualidad es la primera preocupación de los españoles, según todos los Barómetros del CIS. Por eso urge que el nuevo Gobierno promueva un gran Pacto por el empleo, con las fuerzas sociales y los demás partidos, al margen de los enfrentamientos políticos. Un Pacto con varios frentes. El primero y más urgente, conseguir mejorar la situación de los parados, sobre todo de esos 1,22 millones de parados que no cobran nada y que se ven abocados a la pobreza y la economía sumergida. Urge avanzar en una propuesta de renta mínima, apoyada incluso por la Autoridad Fiscal Independiente, que ha propuesto crear una renta de 430 euros para 1,8 millones de familias (donde estarían los parados sin subsidio), con un coste de 5.500 millones anuales. El segundo frente de actuación debería ser una reforma a fondo de las Oficinas de empleo (SEPE), que no ayudan a los parados a encontrar trabajo y que también fallan en los cursos de formación (que sólo hacen el 3,5% de los parados).


Un tercer frente de actuación debería ser aprobar un Plan de choque contra el paro, dirigido  especialmente a los jóvenes, las mujeres y los parados de larga duración, los colectivos que tienen más difícil colocarse. Se trata de buscar sistemas para formarles mejor y ayudarles a colocarse, con un seguimiento individualizado, mejorando la colaboración con las empresas y entre autonomías. Y resulta clave revisar y mejorar las políticas activas de empleo, poco eficaces y con un presupuesto que se ha desplomado: de 7.683 millones que se gastaban en 2008 a 5.500 a partir de 2013 y 5.985 millones en 2019. Una gasto en políticas de empleo que es la mitad que el europeo (0,48% del PIB frente al 1% en la UE-28), a pesar de tener el doble de paro.


Y quedaría un cuarto frente de actuación: medidas para conseguir un empleo de más calidad, rebajando drásticamente el porcentaje de contratos temporales (recordemos, el 90,4% de los hechos en 2019) y a tiempo parcial (el 35%, dos tercios “obligados”). Eso exige forzar un acuerdo con la patronal, para que sólo sean temporales los empleos que estén justificados, con ayudas e incentivos (cotizaciones y fiscalidad) a los que hagan contratos estables. Y en paralelo a la “zanahoria”, el “palo” de la Inspección de Trabajo, investigando el fraude, para lo que necesita más medios. Pero es una vía muy efectiva, como lo demuestra que Trabajo, sólo con el envío de cartas hecho en agosto de 2018, consiguió que las empresas regularizaran 61.445 contratos (más otros 132.500 detectados en las inspecciones ordinarias). 


Y junto a estos 4 frentes de actuación, hay un quinto que pasa por cambiar y modernizar el modelo económico de España, para conseguir aumentar la productividad y que el sistema cree más empleo y no tengamos el doble de paro que Europa. Hay que apostar por la industria y la tecnología, por la exportación, por los sectores que crean un empleo más estable. Y por una digitalización y organización del trabajo que mejoren la eficacia de la economía, su productividad y en consecuencia el empleo. Y apostar por mejorar la formación, para que jóvenes y adultos afronten la reconversión tecnológica sin perder empleos.


El empleo debería ser el primer reto de todos, desde empresas y sindicatos al Gobierno y los políticos, buscando que también sea el primer objetivo de Europa para que nos ayuden a crear más empleo (con inversiones a nivel continental) y a costear el paro (con la creación de un subsidio europeo). Se trata de crear más empleo pero sobre todo un empleo de calidad que no deje a nadie atrás, parado o subempleado. Es un reto a medio plazo, que exige tiempo y medidas eficaces, no demagogia ni politiqueos. Tienen que moverse.

1º mayo: el trabajo no es (ni será) lo que era

Viene otro 1º de mayo y aprovecharemos el “Día del trabajador” para coger puente y olvidarnos del trabajo, cada vez más difícil, precario e incierto. El que lo tenga, porque 1 de cada 7 españoles siguen en paro. España crece y las empresas ganan dinero, pero el poco empleo que se crea es temporal (90%), por semanas y mal pagado. Y más de un tercio, a tiempo parcial. España es el país con empleo más precario de Europa, un cáncer para la economía: los trabajadores precarios gastan menos, cotizan menos, pagan menos impuestos, no pueden tener familia ni piso y acaban “pasando” de la política o en las redes populistas y extremistas. Y encima, más de la mitad de los empleos actuales están en peligro por la tecnología y los robots, según la OCDE, que pide a los gobiernos una nueva estrategia para conseguir un empleo de calidad y más seguro. Urge que el próximo Gobierno Sánchez pacte una reforma laboral eficaz para conseguir empleos más dignos. Felices 1º de mayo... futuros.

enrique ortega

España lleva 5 años creciendo y las empresas aumentando sus beneficios, pero el empleo que se crea es precario y mal pagado. En 2018, el 89,75% de los empleos creados fueron temporales, casi igual que en plena crisis (92% empleos fueron temporales entre 2011 y 2015), según los datos de Trabajo. Y más de un tercio (el 35,8%) a tiempo parcial, por horas o días. Con ello, sólo el 6,5% de los empleos creados en 2018 (566.200) fueron “de calidad”, como deberían ser: empleos indefinidos y a tiempo completo, una “rareza” hoy día.

Como esta precariedad ha sido la tónica de la última década, vemos que una cuarta parte de los asalariados (4.419.500, el 26,86% del total) trabajan en España con un contrato temporal, según la EPA, el mayor porcentaje de temporales en Europa, por delante de Polonia (26,1%): son casi la mitad en la UE-28 (14,3%) y estamos peor que Francia (16,8% de temporales), Italia (15,5%), Alemania (12,9%) o Reino Unido (5,6%), según Eurostat. Y además de ser el país con más contratos temporales (sobre todo entre jóvenes, mujeres, inmigrantes y trabajadores no cualificados), somos el país con más contratos de menor duración: en España, el 60% de los contratos temporales son por menos de 6 meses (la cuarta parte, por menos de una semana), frente a sólo el 15% en Alemania, según la OIT. Y resulta además que un 85% de estos contratos temporales son “involuntarios” (se cogen porque no se encuentra un empleo indefinido), frente a un 75% en Italia, 30% en Holanda o 15% en Alemania.

Otro signo de precariedad son los contratos a tiempo parcial, por horas o días, que tienen ya un 14,8% de los trabajadores españoles, todavía menos que en Europa (19,4% de los contratos son a tiempo parcial en la UE-28), Francia (18,2%), Italia (18,5%), Reino Unido (24,9%) y Alemania (26,9%), según Eurostat. Pero la diferencia es que en esos paises hay gente que “busca” trabajos por horas o días, mientras en España es la única opción que tiene mucha gente para trabajar, sobre todo jóvenes y mujeres: aquí el 61,1% del trabajo a tiempo parcial es “involuntario” frente al 26,4% en la UE-28.

Lo más preocupante de esta alta precariedad es que no ha venido con la crisis sino que es estructural en España, viene de tres décadas atrás. Los “contratos temporales no causales” nacen en 1984, con el primer Gobierno de Felipe González, que los crea para fomentar la contratación con indemnizaciones más bajas que los indefinidos. En 1987 son ya el 23% de los contratos y en 1995 ya alcanzan el récord del 40%. Y en 2007, antes de la crisis, tenían un contrato temporal el 32% de los trabajadores, más que ahora. Con la recesión, las empresas empiezan a despedir por los temporales, con lo que su peso baja, al 29,98% en 2011 y al mínimo del 23% en 2012. Y ya en 2013 suben ligeramente (23,52%), hasta el 24% en 2014 y el 26,86% de 2018, todavía menor que en 2007 (32%). Esto significa que, con recesión o con recuperación, los empresarios apuestan por los contratos temporales y tienen “miedo” a hacer contratos fijos, aunque ahora sea más fácil y barato despedir, tras la polémica reforma laboral aprobada por Rajoy en 2012.

Podría pensarse que las empresas utilizan los contratos temporales para “probar” a sus trabajadores, en el camino a hacerlos luego fijos. Pero la realidad es que sólo el 8% de los contratos temporales se hicieron fijos en 2017, casi la mitad que en Europa (el 24% de los temporales se hacen fijos en la UE-28). Y esto tampoco ha cambiado con la recuperación, porque siempre han sido pocos los trabajadores  temporales que pasaban a fijos: si eran un 18/20% en los años de bonanza, bajaron al 15/16% en los años de crisis y ahora se mantienen en el 14,6%, según el Banco de España. Lo que hacían y hacen las empresas es contratar a mucha gente para un mismo puesto, una gran rotación: en 2018 se hicieron 5,2 contratos temporales por cada empleo, cuando en 2007 se hacían 3,4 contratos. A lo claro: se reparten los trabajos entre más gente y por eso hay más gente trabajando (en precario).

“El uso generalizado de los contratos temporales supone un freno para el potencial de crecimiento y la cohesión social en España”, alertó en febrero de 2019 la Comisión Europea, en su último informe sobre España. Y es que la precariedad laboral no sólo es algo injusto para los que la sufren sino que además es un cáncer para la economía y toda la sociedad: los trabajadores precarios ganan menos (un 23% son “pobres”) , gastan menos (menos consumo y menos crecimiento), cotizan menos (más déficit pensiones), pagan menos impuestos (peor Estado del Bienestar), no pueden emanciparse y formar una familia (baja natalidad) y tienen un menor arraigo social y político, lo que favorece su “pasotismo” o su extremismo, dificultando la cohesión social y política como advierte Bruselas.

Como se ve, el trabajo fijo y estable es una entelequia del pasado lejano y a la precariedad laboral actual se suma la preocupación por el futuro, porque la tecnología, la digitalización y los robots van a revolucionar el trabajo en las próximas décadas, como revela el reciente estudio de la OCDE “Cómo es la vida en la era digital”. El dato es muy impresionante: un 52% de los actuales empleos en España están en riesgo por la tecnología y la automatización (un 30,2% sufrirán cambios importantes y un 21,7% podrían desaparecer), frente al 45,6% en la OCDE (donde el 14% de empleos podrían desaparecer y un 30,2% cambiar). España (ver informe OCDE 2019 sobre futuro del empleo) es el 9º país más afectado de la OCDE (36 paises desarrollados), sólo por detrás de Eslovaquia, Lituania, Turquía, Grecia, Japón, Alemania, Chile y Eslovenia (con el 60-70% de sus empleos en riesgo). Y estamos lejos de Noruega o Nueva Zelanda (sólo tienen un 30% de empleos en riesgo), Reino Unido (35%), Francia e Italia (50% de empleos en riesgo).

El dato llama a la reflexión y a tomar medidas, como propone la OCDE, básicamente en el terreno de la educación y la formación, para adaptar a los jóvenes actuales a esos empleos futuros que imponen la digitalización y robotización de todas las economías. La OCDE plantea a los Gobiernos, en su reciente informe “Buenos empleos para todos en un mundo cambiante” una estrategia laboral que ayude a trabajadores y empresas a adaptarse a ese mundo laboral futuro, impulsando más empleo, de calidad e “inclusivo”, que no deje atrás parados sin futuro. La propuesta de la OCDE es que si antes se hizo hincapié en la flexibilidad laboral (década 1990) y en el fomento del empleo (década 2000), ahora hay que hacer hincapié en un empleo de calidad, combinando “eficiencia” y “equidad”. Y pone como ejemplo de esta estrategia a cuatro paises nórdicos: Dinamarca, Islandia, Suecia y Noruega.

El problema de España es que su punto de partida para lograr ese triple objetivo (más cantidad de empleo, de calidad e “inclusivo”) es peor que el de otros paises, según el análisis que nos hace la OCDE. En cantidad de empleo, el dato de España es bajo: trabajan el 65,5% de los mayores de 20 años, sólo mejor que Turquía (55,3%) y lejos de la media OCDE (72,1%) y del mejor país, Islandia (trabajan el 87,2%). En tasa de paro, también somos el 2º peor (14,3%), tras Grecia (18,5%) y muy lejos de la media OCDE (5,2% de paro). Y en población laboralmente “subutilizada” (inactivos, parados o con trabajos por horas), España es también el segundo peor país de la OCDE, con un 39,3% de adultos “subutilizados”, sólo por detrás del Grecia (44,8%), lejos del 27,2% de la OCDE y del 12,6% de Islandia.

En calidad del empleo, ya hemos visto que somos líderes en precariedad y estamos peor que  la mayoría de la OCDE en calidad de ingresos (salarios/hora), seguridad laboral y tensión laboral. Y en “inclusividad”, somos el 2º país con más trabajadores con bajos ingresos (tras Grecia) y uno de los paises OCDE  con menos empleo de los grupos sociales más débiles (madres con hijos, jóvenes poco formados, mayores de 55 años y discapacitados).

Así que conseguir crear más empleo, de calidad y para todos (“inclusivo”), los tres grandes objetivos que marca la OCDE para las próximas décadas, nos va a costar más que a otros paises. Y más porque la OCDE señala otra característica preocupante en España: nuestra economía tiene menor capacidad de resistencia (“resiliencia”) ante las crisis, la peor de la OCDE. Así, señala el informe, una caída del 1% del PIB aumenta la tasa de paro en los 3 años siguientes un 0,9% en España, frente al 0,4% que lo aumenta en la OCDE y el 0,1% en Luxemburgo. Esta menor “resistencia” de la economía española contra el paro tiene mucho que ver con nuestro modelo económico (más servicios y menos industrias), la baja tecnología, el exceso de pymes (las grandes empresas aguantan mejor la crisis) y, sobre todo, 2 factores claves: la elevada precariedad (los trabajadores temporales son más fáciles de despedir) y la baja formación (el 40,9% de adultos españoles tienen sólo la ESO o menos, frente al 21,8% en la OCDE y el 19,8% en la UE-22, según el informe Panorama de la Educación 2018 de la OCDE).

Así que España tiene una gran tarea por delante para conseguir mejorar el empleo y que llegue a más gente. Para conseguirlo, la gran receta de la OCDE es “invertir en un sistema de educación y formación eficaz, que dote a los trabajadores de las competencias que piden las empresas y les formen a lo largo de toda su vida laboral”. Además, el informe de la OCDE propone “mejorar la protección social”, para que todas las personas estén cubiertas por regulaciones laborales básicas y tengan derecho a prestaciones sociales, “al margen del tipo de contrato o empleo que tengan”, ampliando los subsidios no contributivos y las prestaciones sociales (incluida una posible renta básica). Una propuesta que tiene un gran sentido en España, donde casi la mitad de los parados EPA no cobran nada: sólo hay  1.844.843 parados con subsidio, el 55,83% de los españoles que se declaran en paro, según Trabajo. Y de ellos, la mayoría  (1.053.869 parados) cobraban  un subsidio asistencial, de 430 euros al mes, mientras los 790.974 restantes cobran un subsidio contributivo, 824,80 euros de media (con grandes diferencias, según autonomías, sexo y trabajo que hayan tenido). Y el 44,17% de parados restante no cobran nada.

Al margen de estas propuestas a medio plazo, urgen medidas a corto plazo para reducir la precariedad laboral, que entorpece la recuperación. Para ello, el futuro Gobierno debería actuar en 2 frentes. Por un lado, hacer cumplir la Ley, reforzando la inspección de Trabajo para descubrir y multar a las empresas que utilizan fraudulentamente los contratos temporales (sólo en 2018, la inspección forzó la transformación de 195.000 falsos temporales en indefinidos) y los falsos contratos a tiempo parcial (contratos por horas que encubren jornadas completas sin cotizar ni pagar por ellas), elevando las multas en ambos casos (hoy son muy bajas y a las empresas les compensa arriesgarse). Y por otro, pactar con sindicatos y patronal una nueva reforma laboral, que simplifique la contratación y penalice con un aumento de cotizaciones a las empresas que abusen de los contratos precarios. Una reforma laboral que debe incluir a las nuevas plataformas digitales, donde la falta de legislación está multiplicando la precariedad y los abusos laborales sobre muchos jóvenes.

El trabajo ya no es como era y lo será menos en unas décadas, por la creciente competencia global y la tecnología. Pero no se puede dejar al mercado laboral y a las empresas a su aire, sino que hay que anticiparse a esos cambios con formación y con normas legales, para evitar la precariedad laboral y los abusos. Y como dice la OCDE, los Gobiernos deben anticiparse, de la mano de unos sindicatos que han de reconvertirse y de unas empresas que tienen que olvidarse de competir a base de precariedad, que han de ganar dinero sin explotar a sus trabajadores. Este es el gran pacto social que hay que configurar en Europa y en España, con fuertes inversiones en educación y formación y con ayudas a trabajadores y empresas para afrontar mejor el futuro. Porque si no, el trabajo en el siglo XXI será “una nueva esclavitud”  y destrozará la cohesión social y política conseguida. Trabajar sí, pero más dignamente.