Retrocesos frente a la Crisis Climática

Las olas de calor del verano y las inundaciones han dejado claro que estamos ante una grave Crisis Climática (no un “Cambio Climático”: demasiado suave). Pero no hacemos nada para atajarla. Es más, las emisiones de CO2 aumentan este año, tras subir en 2021 y 2022. Y eso, porque los paises han subvencionado las energías fósiles para reducir la inflación, con ayudas a los carburantes, la luz  y el gas, alimentando emisiones. Y encima, en Europa avanzan las posiciones negacionistas, con el Partido Popular Europeo (incluido el PP español) votando en contra (en julio y septiembre) de 2 Leyes para proteger la naturaleza y reducir la contaminación. Y en España, con el PP (y Vox) gobernando 11 autonomías y 44 grandes ciudades, se está dado marcha atrás en las zonas de bajas emisiones o suprimiendo carriles bici. Ojo: la defensa del medio ambiente es de sentido común y no debe tener un sesgo político. Nos jugamos la salud, la economía y el Planeta. Es pura supervivencia.

                 Enrique Ortega

La ONU acaba de dar otra alerta ("hemos abierto las puestas del infierno") sobre la Crisis Climática, la enésima en los últimos años: las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, culpables del “Cambio Climático”, siguen aumentando en 2023, un +0,3% en el primer semestre, por un mayor consumo de los combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón) en la industria y el transporte, aunque han bajado las emisiones de los hogares y la producción de electricidad. Y esto es grave porque ya subieron las emisiones de CO2 en 2022 (+1%) y en 2021 (+6%), tras la bajada (por la recesión derivada del COVID) en 2020 (-5,4%), por primera vez desde 2015. Con ello, se ha vuelto a batir el récord de CO2 en la atmósfera: en mayo de 2023, en Hawái, se alcanzaron las 424 partes por millón (ppm), el doble que al inicio de la Revolución Industrial (280 ppm en 1850) y la mayor concentración en los últimos 3 millones de años… 

El último informe de la ONU advierte que este récord de emisiones de CO2 ya han provocado una subida de la temperatura mundial de 1,15 grados sobre el año 1850, muy cerca del tope marcado en la Cumbre del Clima de París (2015): no superar en 1,5 grados para el año 2100. A este ritmo de emisiones, la temperatura subiría hasta 2,8 grados a finales del siglo, lo que provocaría un caos climático, con graves efectos para la salud, la agricultura y la alimentación y el Planeta, afectando más a algunas zonas y paises. Y recuerdan que la Crisis Climática ya ha provocado graves daños el mundo: más de 2 millones de muertes y 4,3 billones de dólares de pérdidas, sólo entre 1970 y 2021, afectado más a los paises en desarrollo (que se han llevado el 90% de las muertes y el 60% de las pérdidas). 

En definitiva, que aunque los desastres naturales (olas de calor, sequías, inundaciones, tornados, malas cosechas y hambre) son cada día más patentes, el mundo no aprende y sigue aumentando sus emisiones y alimentando la Crisis Climática. Unos más que otros. Así, entre enero y finales de julio de 2023, las emisiones mundiales de CO2 y otros gases de efecto invernadero han crecido un +0,5%, según los últimos datos de Carbon Monitor, aumentando las emisiones en el transporte terrestre (+0,8%), vuelos internacionales (+0,3%), industria (+0,2%) y vuelos nacionales (+0,1%), bajando sólo en la generación de electricidad (-0,1%). 

Las emisiones bajan este año en Europa (-4,3%), más en Alemania (-5,5%) e Italia (-5,4%) que en España (-2,6%) o Reino Unido (-1,3%), en EEUU (-3,6%), en Japón (-5,2%) y en Brasil (-2,6%), pero suben en China (+3,7%), India (+6,7%) y Rusia (+3,2%), tres paises claves porque emiten casi la mitad del total de CO2 mundial (30,3% China, 7,62% India y 5,1% Rusia). Los tres defienden que no pueden poner en peligro su crecimiento futuro y que los paises desarrollados llevan siglo y medio contaminando, además de que emiten más CO2 por habitante. De hecho, EEUU emite 14,24 Tm de CO2 por habitante y la UE 8,39 Tm frente a 8,73 Tm China y 1,90 India, aunque Rusia produce 13,52 Tm per cápita. 

Visto el panorama actual, la ONU se queja de que los paises no toman medidas para reducir  sus emisiones y las que toman son para aumentarlas. Así, denuncian que en los últimos dos años, casi todos los paises (sobre todo los desarrollados) han aprobado más ayudas y subvenciones a los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón, los grandes responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero), dentro de Planes para atajar la inflación. Sólo en 2022, las ayudas públicas mundiales a la utilización de combustibles fósiles fueron de 7 billones de dólares (6,5 billones de euros), 1 billón más que en 2020, según un informe del FMI. La mitad de estas ayudas públicas las han dado Asia oriental (China) y EEUU, el resto India, Rusia y la Unión Europea, precisamente los grandes emisores de CO2. España concedió en 2022 unos 10.500 millones de euros en ayudas públicas a los combustibles fósiles, desde la subvención a los carburantes (20 céntimos), al gas (industrias y particulares) y a la generación de electricidad (subvención al gas), lo que ha beneficiado a consumidores, eléctricas, gasistas y petroleras pero a la vez ha “alimentado” las emisiones. Por eso, la ONU pide suprimir estas ayudas y destinar esos billones a promover  energías limpias. 

Otro tema preocupante en la lucha contra la Crisis Climática es el avance de las posturas negacionistas en Europa, el continente que más ha apostado por el medio ambiente. El auge de la extrema derecha en la mayoría de paises europeos ha llevado a la derecha europea a asumir parte de sus postulados “negacionistas”, para no perder votos. Y así, en los últimos meses, hemos asistido a dos votaciones en el Parlamento Europeo donde el Partido Popular Europeo (y también el PP español) han votado en contra de dos Leyes promovidas por la Comisión Europea dentro del llamado Pacto Verde europeo. 

La primera Ley, la Ley de Restauración de la Naturaleza (LRN) procede de un Reglamento aprobado en junio de 2023 por la Comisión Europea para restaurar los ecosistemas europeos, el 80% dañados. La Ley, que pretende restaurar al menos el 20% de las zonas terrestres y marítimas europeas para 2030, salió adelante en el Parlamento europeo el pasado 12 de julio, con 336 votos a favor, 12 abstenciones y 300 votos en contra del PP europeo (y del PP español), junto a la extrema derecha europea (y Vox). Dos meses después, el 13 de septiembre, esos mismos partidos votaron en contra de la nueva Directiva de la Calidad del Aire, promovida también por la Comisión Europea para establecer límites más severos a los indicadores de contaminación, para 2035, en línea con los límites que recomienda la OMS. Y eso porque la contaminación atmosférica provoca más de 300.000 muertes al año en la UE (24.000 en España). A pesar de ello, la propuesta de Directiva tuvo 226 votos en contra (PP europeo y español, más la ultraderecha europea y Vox), 46 abstenciones y 363 votos a favor. 

Ahora, ambas Leyes medioambientales, aprobadas con fuerte oposición en el Parlamento Europeo, deben concretarse en una negociación entre la Comisión, el Parlamento y los distintos Gobiernos europeos. Pero el ambiente político es complicado, porque la derecha europea (PP europeo) está virando hacia posiciones negacionistas, preocupada por el ascenso de la extrema derecha ante las elecciones europeas de junio de 2024. Y además, crecen las posturas negacionistas, para “suavizar” las medidas medioambientales en muchos paises, no sólo en Polonia y Hungría. Así, el gobierno italiano de la ultraderechista Meloni bloquea los nuevos límites que estudia la Comisión Europea para las emisiones de coches a partir de 2030. Y Alemania ha tenido problemas internos  para aprobar la “Ley de calefacción”, para promover bombas de calor frente a las calefacciones de gas. En general, avanzan las posturas contrarias a medidas de defensa del medio ambiente, con la excusa de que atacan la economía, los agricultores y el nivel de vida. Ayer mismo, el Gobierno británico anunció que revisará a la baja sus objetivos medioambientales "para no dañar a la economía y a los británicos" . 

En España, con el avance de la derecha y la extrema derecha en las elecciones autonómicas y municipales de mayo, también han avanzado las posiciones negacionistas del Cambio Climático y las medidas medioambientales, con cada vez más políticos, medios y ciudadanos que critican lo que denominan “la religión climática de Occidente”. Y eso está suponiendo un retroceso en la lucha contra el Cambio Climático promovida por la Ley de 2020. 

Primero, en las 11 autonomías donde gobierna el PP (en 5, con la ultraderecha de Vox), ya se han dado muestras de una “menor sensibilidad medioambiental”: reducción normas medioambientales, ampliación de regadíos, reducción espacios protegidos, fomento de la caza,  reversión políticas europeas (como en el uso de pesticidas), freno limitaciones pesqueras… Por un lado, los políticos de Vox se han hecho con varias consejerías de Agricultura (Castilla y León, Extremadura, Comunidad Valenciana, Aragón) y en otros casos se ha suprimido la consejería de Medio Ambiente (Baleares) o se le ha dado a Vox el control de parte de las inversiones medioambientales (Murcia y el Mar Menor). 

Después, en las 44 capitales y grandes ciudades que ahora gobierna el PP (en muchas, con Vox), también se están dando retrocesos en las políticas medioambientales. Por un lado, varios Ayuntamientos han suprimido los carriles bici, algunos ya construidos (con Fondos europeos): es el caso de Valladolid, Elche, Palma de Mallorca, Gijón o Logroño (donde se ha eliminado un carril bici subvencionado ya con 2 millones de Fondos del programa UE Next Generation para luchar contra el Cambio Climático, como también Valladolid, Elche o Gijón). Y por otro, la mayoría de Ayuntamientos, en especial los gobernados por el PP y Vox, han paralizado la entrada en vigor de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), para limitar el tráfico en el centro de las ciudades, proyectos que habían recibido también dinero de la UE. 

Veamos el negacionismo de estos Ayuntamientos para reducir la contaminación, cuando los expertos denuncian que cada año mueren por la contaminación 24.200 españoles y que es la causa principal de que aumenten los enfermos de cáncer en España. La Ley contra el Cambio Climático, aprobada por el Gobierno Sánchez en 2020, establecía que las 149 ciudades con más de 50.000 habitantes (donde viven la mitad de los españoles) tenían que poner en marcha, el 1 de enero de 2023, unas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) para restringir el tráfico en los centros urbanos y así reducir la contaminación. La realidad fue que sólo aprobaron estas restricciones 20 ciudades, con la excusa de que no les había dado tiempo a implantar los sistemas de acceso, aunque la realidad es que no querían hacerlo por la cercanía de las elecciones municipales (28-M). Pero, pasadas las elecciones, la realidad es que, a primeros de agosto, sólo están activas las ZBE en 14 ciudades: Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Pontevedra, Hospitalet, Badalona, Pamplona, Sant Cugat del Vallés, Rivas Vaciamadrid, Cornellá, A Coruña, Córdoba, la Línea de la Concepción y Badalona. Y en otras 120 siguen en trámite, mientras no se sabe nada del resto.   

Ahora, al menos 6 ciudades gobernadas por el PP (y Vox) han indicado que buscan retrasar o reducir las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE): Gijón (ahora permite aparcar en el centro coches sin etiqueta), Valladolid (quiere reducir la zona ZBE y retrasarla a finales de 2024), Castellón y Lorca, Majadahonda (el Ayuntamiento ya votó en febrero que no pondrá en marcha la ZBE) y Elche. El último Ayuntamiento “rebelde” ha sido Badalona, cuyo alcalde (por mayoría absoluta) es el exlíder del PP catalán García Albiol: este 25 de septiembre van a aprobar paralizar la ZBE aprobada por el anterior consistorio (y por la que recibieron 2 millones de euros de Fondos UE) y fijar una moratoria de 3 años para aplicarla. 

El Gobierno ya ha reaccionado ante esta “rebeldía negacionista” de la derecha, que incumple la Ley vigente contra el Cambio Climático. Por un lado, la ministra de Transición Ecológica amenazó el martes con llevar al Ayuntamiento de Badalona y a los demás a los Tribunales. Y por otra, el Ministerio de Transportes ha recordado a los Ayuntamientos que el Gobierno transfirió 1.500 millones de euros de Fondos europeos para que los municipios implantaran carriles bicis o Zonas de Bajas emisiones. Y que si no lo hacen, tendrán que devolverlos. 

En resumen, que la crisis Climática avanza, en el mundo y en España, y los Gobiernos siguen financiando las energías fósiles (para intentar rebajar la inflación) y avanzan las posturas negacionistas (promovidas por la ultraderecha y “asumidas” por una gran parte de la derecha), en Europa y en España. Malas noticias, porque  la realidad es que los síntomas de la Crisis Climática se agravan y causan cada día muertes y daños. Sólo en 2021, los daños por el Clima en Europa fueron de 15.154 millones de euros, según Eurostat. Y rondan los 500.000 millones las pérdidas por causas climáticas en Europa desde 1.980, sin olvidar los miles de muertos por las olas de calor (6.000 en España en 2022), incendios, desastres naturales, contaminación y enfermedades asociadas). Y a eso hay que sumar los daños en la agricultura y las cosechas (que disparan el precio de los alimentos), en el turismo y las infraestructuras y en la economía, sobre todo en la Europa del sur y el este y sur de España. 

Urge una reflexión: la lucha contra la Crisis Climática debería ser una cuestión “de sentido común”, al margen de la política: hay que preservar el medio ambiente para evitar una crisis climática que acabe con vidas, cultivos, la economía y el Planeta. Los científicos llevan años diciéndonos qué hay que hacer: dejar de utilizar los combustibles fósiles y cambiar el modelo de vida y crecimiento, para que sea sostenible. Aprobar medidas concretas  para reducir más drásticamente las emisiones de CO2 (un -43% en 2030 y 0 emisiones netas para 2050, según la ONU) y reducir la contaminación que mata. Salvar el medio ambiente no debe ser de izquierdas ni de derechas. Es algo obvio, una cuestión de supervivencia.

Parón en la lucha contra el Cambio Climático

Con la pandemia y la guerra en Ucrania, se ha desatendido la lucha contra el Cambio Climático. Y en estos 2 años largos, los problemas medioambientales se han agravado, con más olas de calor y 4 indicadores que han empeorado: aumento emisiones de CO2, concentración histórica en la atmósfera, aumento de las temperaturas y acidificación de los océanos. Y encima, la guerra de Ucrania ha obligado a tomar medidas que agravan los problemas climáticos: más consumo de petróleo y carbón para afrontar la subida del gas y ayudas a empresas y familias para paliar el alto precio de carburantes y electricidad, alimentando el consumo contaminante. La ONU ha dado otra alerta: hay que recortar los subsidios y volcarse en las renovables. Lo positivo es que Europa, buscando huir de la energía rusa, ha aprobado un ambicioso Plan (REpowerEU) para fomentar, con 300.000 millones, las energías alternativas (paneles solares, bombas de calor, hidrógeno verde y biometano). Se acaba el tiempo para tomar medidas.

Enrique Ortega

El mundo lleva dos años largos preocupado por la pandemia del coronavirus y, desde febrero, por la invasión de Ucrania y sus graves consecuencias sobre la energía, la inflación y la recuperación. Y se ha desatendido el gran reto del siglo XXI: combatir el Cambio Climático y salvar al Planeta. Pero el desastre climático avanza y lo acabamos de ver en mayo, con la mayor ola de calor en primavera de nuestra historia. Pero ya antes, en marzo y abril, las organizaciones internacionales publicaron 4 indicadores que alertaban sobre el avance imparable del Cambio climático: aumento de las emisiones de CO2, concentración récord de gases en la atmósfera, aumento de la temperatura de la tierra y el mar y acidificación de los océanos, junto a un aumento de daños en la salud y los ecosistemas.

El primer indicador refleja un aumento de las emisiones mundiales de CO2 en 2021, tras haber bajado en 2020 por la pandemia (menor actividad). Así, en 2021, se emitieron 36.300 millones de Tm de CO2 equivalente, un +6% que en 2020 y el nivel de emisiones más alto de la historia humana, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE). La culpa fue de dos factores, que están relacionados: un mayor consumo de carbón (el combustible fósil más contaminante), para contrarrestar la subida histórica del precio del gas natural, y un fuerte aumento de las emisiones en China (también, aunque menos en India y algunos paises en desarrollo), por el mayor consumo de carbón. También aumentaron las emisiones de las eléctricas y de la industria, mientras bajaban las del transporte. Por paises, el mayor aumento de emisiones de CO2 en 2021 se dio en Brasil e India (+10%), EEUU (+7%), China (+5%), Japón (+1%) y Europa (+7,94%), donde las emisiones subieron en todos los paises a finales de 2021, según Eurostat, más en la Europa del Este (+20%) y norte (+11%), y menos en España (+10%), Francia (7%) o Alemania (+5%).

Con la subida de emisiones mundiales en 2021 (+6%) y a pesar de la bajada en 2020 (-5,2%), el balance es negativo: el mundo emite ahora más CO2 que antes de la pandemia (36.300 millones de Tm frente a 36.100 millones en 2019 (donde ya emitía un +11,4% de CO2 que los 32.400 millones de Tm emitidas en 2010, según la AEI. Pero el aumento de emisiones se debe sobre todo a China: emite 750 millones de Tm más que en 2019, mientras el resto del mundo emite 570 millones de Tm menos. Y se reafirma como el país del mundo que más contamina: China supone el 32,78% de las emisiones totales de CO2, muy por delante de EEUU (12,6%), la UE (7,4%), India (6,8%) y Japón (3%), según la AEI. Incluso, China lideró también en 2021 (por primera vez) el ranking de emisiones de CO2 por habitante: 8,44 Tm por habitante, frente a 8,23 Tm/hab las economías avanzadas y 2,34 Tm/hab el resto de economías emergentes.

El 2º indicador climático clave que ha ido a peor ha sido la concentración de CO2 en la atmósfera, tras dos siglos de fuerte aumento por la actividad del hombre tras la Revolución Industrial, según demuestran todos los estudios científicos. Si esa concentración de CO2 era de 316 partes por millón (ppm) en 1959 y había subido a 369 en el año 2.000, en 2020 era ya de 414,24 (subiendo incluso con la pandemia) y en 2021 subió a 416,45 ppm, la mayor concentración de CO2 en el Planeta  desde hace 3 millones de años, antes de que el hombre habitara la tierra. Y este año 2022, esa concentración ha seguido subiendo, hasta batir otro récord el 25 de mayo, con 421,72 ppm, según la medición diaria que realiza el observatorio de Mauna Loa, en Hawái (ver dato de hoy en su web).

El 3º indicador climático que empeora es el aumento de la temperatura de la Tierra, tanto en la atmósfera como en  los océanos (que retienen un 80% del calor de la atmósfera). Los gases de efecto invernadero (CO2, metano, óxido nitroso y ozono) hacen de “paraguas” y recalientan la atmósfera, aumentando la temperatura de la Tierra. En febrero de 2022, la temperatura ya había subido +1,19 grados en relación a la media de 1850-1900. Y aunque 2021 no ha sido el año más cálido del siglo, los últimos 7 años son las más cálidos en la historia reciente de los registros de temperatura (desde 1850). Y se produjeron temperaturas extremas (54,9 grados en julio en California, 48,8º en agosto en Sicilia o 47,4º en Montoro, Córdoba, también en agosto), según el último informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Y en mayo de 2022, España sufrió la mayor ola de calor en primavera de nuestra historia.

El 4º indicador climático que preocupa es la situación de los océanos, que no solo se recalientan sino que también se acidifican (porque absorben el 23% del CO2 que emitimos y han captado ya la mitad del CO2 emitidos en los últimos 200 años), lo que pone en peligro los corales y muchas criaturas marinas. Además, el aumento de la temperatura global calienta los polos y provoca un deshielo de los glaciares que provoca la subida del nivel del mar: ha vuelto a subir en 2021 y la OMM estima una subida anual del nivel de mar de 4,5 milímetros anuales entre 2013 y 2021 (+22,5 milímetros=2,25 cm), más del doble de lo que subió entre 1993 y 2002. Y el programa europeo Copernicus calcula que el nivel del mar ha subido 9 centímetros desde 1.993, poniendo en peligro islas y zonas costeras.

Además del empeoramiento de estos 4 indicadores, el último informe de la OMM sobre el Estado del Clima alerta sobre que sigue la pérdida de biodiversidad: 1 millón de especies de las 8 millones existentes están en peligro de extinción por la sobreexplotación de los recursos terrestres y marinos. Y además, la contaminación medioambiental causa 12,6  millones de muertes al año, según la OMS, además de deteriorar la alimentación y el nivel de vida de la mitad del Planeta, que sufre los graves daños personales y económicos del clima extremo (sequías, inundaciones, incendios o huracanes). Las zonas más vulnerables al Cambio Climático están, según la ONU, en Africa, Asia meridional, América central y del sur, el Ártico,  las pequeñas islas del Pacífico y el sur de Europa y el Mediterráneo.

Mientras estos indicadores nos muestran que el Cambio Climático avanza imparable, el mundo ha tenido que sortear dos graves problemas: la pandemia y la guerra en Ucrania, que han “desviado” la atención del estado del Planeta. Y lo peor es que los paises han tomado medidas que van en contra de la lucha contra el Cambio Climático, sobre todo en los últimos meses, tras la invasión de Ucrania. Por un lado, se vuelve a consumir más petróleo y carbón (las energías que más contaminan), para huir del elevado precio del gas y de las ventas de Rusia. Y por otro, muchos Gobiernos han optado por afrontar la subida de precios de la energía (luz y carburantes) bajando impuestos y dando ayudas al consumo de combustibles  (en España, se subvenciona 20 céntimos el litro de gasolina y gasoil), lo que favorece la utilización de energías contaminantes: de hecho, en marzo, ha aumentado el consumo (subvencionado) de gasolina en España, según los datos de CORES).

Además, el tercer problema que ha traído la guerra de Ucrania es que ha cambiado las prioridades de los paises, sobre todo en Europa, preocupados ahora por gastar más dinero en Defensa y en infraestructuras de gas (y nucleares en algunos paises), así como en ayudas a empresas y sectores afectados por la guerra, con lo que hay menos recursos para afrontar la lucha contra el Cambio Climático. El secretario general de la ONU ha vuelto a criticar la política de la mayoría de Gobiernos, que invierten unos 500.000 millones de dólares anuales en bajar artificialmente el precio de los combustibles fósiles mientras sólo gastan la tercera parte en promover las energías renovables. Por ello, Antonio Guterres acaba de pedir que los paises tripliquen sus inversiones en renovables, para invertir 4 billones de dólares al año.

El aumento de las emisiones y el deterioro del medio ambiente han llevado a los científicos de la ONU a lanzar otra alerta en abril, en el 6º informe del IPPC: si las emisiones de gases de efecto invernadero, provocadas básicamente por el hombre, siguen al ritmo actual, la temperatura de la Tierra aumentará +4,4 grados para 2100, lo que supondría un desastre planetario. Mantienen que el tope de aumento de temperatura no debía superar los 1,5 grados, el objetivo marcado en la Cumbre del Clima de París de 2015. Y reconocen que, dado el ritmo de emisiones en marcha, será casi imposible evitar que se alcance este aumento de 1,5º en 2040. Pero todavía hay una oportunidad:  que ese aumento baje después, aunque para ello hay que empezar a recortar las emisiones ya, antes de 2025.

Los expertos climáticos de la ONU plantean varios escenarios, pero creen que el más realista sería conseguir recortes extras para reducir las emisiones un -23% para 2030 (sobre las de 2019: las hemos aumentado un +0,2% hasta 2021) y un -75% para 2050.Así creen que todavía estamos a tiempo de que la temperatura no suba más de 1,5 grados para 2100 y salvemos el Planeta. Eso exige Planes más ambiciosos de recorte de emisiones por parte de los paises (sobre todo de China y EEUU, que emiten más y son menos ambiciosos que Europa) y fijan objetivos de recortes en el consumo mundial para 2050: -100% para el carbón (hay que dejar de consumirlo),  -60% para el petróleo y -70% para el gas.

Para poder sustituir a estos combustibles fósiles en tres décadas, el informe de la ONU (IPPC, abril 2022) propone fomentar al máximo las energías renovables, con fuertes inversiones, y actuar en otros frentes: eficiencia y ahorro energético, fomento del autoconsumo, desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía, redes inteligentes, biocombustibles sostenibles para aviones y buques, hidrógeno verde y movilidad eléctrica.

Esta es la línea que sigue el último Plan energético presentado el 18 de mayo por la Comisión Europea, el REpowerEU. Es un intento de “hacer de la necesidad virtud”: como Europa tiene que conseguir su independencia energética de Rusia, tiene que acelerar su Plan verde de lucha contra el Cambio Climático. El Plan pretende invertir 300.000 millones de euros (72.000 en subvenciones a fondo perdido a los paises, como el Fondo Next Generation EU,  y los 225.000 millones restantes en créditos) y conseguir que las energías renovables aporten el 45% de toda la energía europea en 2030. Para ello, se financiará la colocación de placas solares y bombas de calor en los edificios, se simplificará la instalaciones de parques eólicos y solares, de promoverá el hidrógeno verde, se apoyará el biometano (gas a partir de basuras, residuos y purines), además de promover el ahorro y la eficiencia energética.

España, tendrá que volcarse esta década en ese Plan verde europeo, con Fondos UE y con fondos propios, que han de ser compatibles con los Fondos necesarios para digitalizar y modernizar la economía así como los mayores gastos en Defensa. Hay un problema de fondo: que haya dinero para financiar los proyectos renovables y que se aprueben medidas para compensar a los que saldrán perdiendo con esta “revolución verde”, que tendrá un coste para muchas empresas y familias. Precisamente, un reciente informe del Banco de España advierte que la transición verde va a tener un alto coste para muchas empresas y sectores (que tendrán que “reconvertirse o cerrar”) y para las familias más vulnerables, con menos recursos, que son las que más gastan (comparativamente) en energía y que se verán más afectadas por dos vías: la energía verde será más cara y habrá que pagarla con “impuestos verdes” (más impuestos a los carburantes, por ejemplo). Eso puede crear problemas y protestas en algunas familias y sectores (transportistas, campo, pesca), a los que habrá que ayudar a compensar los efectos de esta necesaria “transición verde”.

En resumen, que mientras nos ha obsesionado la pandemia, la guerra de Ucrania y la inflación, hemos seguido emitiendo CO2 y destruyendo el Planeta, sin tomar casi medidas o tomando decisiones contrarias al clima. Y se nos acaba el tiempo para reaccionar: el Cambio Climático avanza imparable y hay que frenarlo como sea, aunque tengamos guerra, inflación y hasta otra crisis. Lo primero es antes. La prioridad es salvar la humanidad y el Planeta.

Polémico empujón a las energías renovables

Este miércoles 17 de mayo se celebra una subasta para aprobar nuevas instalaciones de energías renovables, las primeras en 5 años, tras el parón decretado en 2012 por Rajoy, que hundió a las renovables (eólica, solar, biomasa…), un sector donde España era una potencia mundial. Esta subasta es muy polémica, porque el Gobierno enfrenta a unas renovables con otras, permite la especulación y no asegura una rentabilidad futura. España está lejos de cumplir el objetivo europeo de que un 20% de la energía sea renovable para 2020 y tendrá que autorizar nuevas subastas en los próximos años, aunque el Gobierno Rajoy sigue sin apostar por las renovables, cada vez más competitivas y  que ayudan a bajar el recibo de la luz. Habría que volcarse más en las renovables, porque España es el país europeo más dependiente del petróleo y el único que emite ahora más CO2 que en 1.990. Apuesten por el sol y el aire, que nos sobra y es limpio y barato.

                                                                                               Enrique Ortega

España vuelve a andar este año el camino de las energías renovables, tras haberlo desandado desde 2012 a 2016. Antes, a partir de 2007, en España se produjo una “burbuja” de renovables, tras las ayudas introducidas por el Gobierno Zapatero, que dispararon las instalaciones. En fotovoltaica, por ejemplo, se esperaba instalar 400 Mw en tres años y se instalaron 3.335 Mw sólo en 2008. La especulación y la afluencia de inversores españoles y extranjeros provocaron un crecimiento desordenado de los “huertos solares” y de las primas a pagar, en un momento en que la tecnología no estaba madura y requería fuertes ayudas públicas. El crecimiento de las instalaciones eólicas fue más ordenado pero también desmesurado. Y al amparo de este “boom”, España construyó un sector de energías renovables que en 2010 era pionero en el mundo, exportando a varios continentes.

En esto llegó la crisis, con una caída de la demanda eléctrica y una explosión del déficit público, que obligó a recortes en las primas e instalaciones ya en 2010 y 2011. Pero el tajo a las renovables se lo dio el Gobierno Rajoy, a partir de 2012, por partida doble: no autorizando nuevas instalaciones y recortando en 2.100 millones anuales las ayudas a las instalaciones existentes, la cuarta parte de lo que recibían, lo que provocó enormes pérdidas a pequeños y grandes inversores, junto a miles de demandas judiciales, dentro y fuera de España (el Gobierno acaba de perder el primer laudo internacional , 128 millones de euros más intereses a pagar a un fondo británico, y hay otras 26 reclamaciones extranjeras esperando). Rajoy justificó estos recortes en que estas ayudas eran excesivas y una de las causas del déficit eléctrico y de la subida de la luz. Pero era sólo una excusa, porque mientras desmantelaba el prometedor sector de las renovables, autorizaba un parque de centrales térmicas de gas, al amparo de importantes ayudas (por construirlas y por tenerlas disponibles, aunque no se usen), a pesar de que había un exceso de capacidad (101.631 Mw de potencia instalada frente a una demanda de 43.527 Mw), sobre todo por las centrales de gas (25.000 Mw frente a 24.000 la eólica y 4.177 Mw la fotovoltaica).

El Gobierno Rajoy ha estado cinco años recortando las ayudas a las renovables y paralizando nuevas instalaciones, con el argumento de que así bajaba el recibo de la luz. No es verdad. Primero, porque las renovables han recibido menos ayudas que las eléctricas tradicionales: entre 1998 y 2011, recibieron 35.000 millones de euros de subvención mientras las eléctricas tradicionales recibían 53.000 millones por “pagos regulados” (costes de transición a la competencia, pagos por disponibilidad, ayudas al carbón y “regalo” de derechos de emisión de CO2 que han vendido). Todo salía de nuestro recibo. Y segundo, el apoyo a las renovables supone el 17,22% del recibo actual, pero hay otro 12% del recibo que pagamos para financiar otras ayudas a las eléctricas que no dicen: compensarles por la luz que producen en las islas, por el consumo de carbón nacional, por la moratoria nuclear, por tener disponibles las centrales de gas, para pagar el bono social y el déficit de tarifa, por las pérdidas de transporte o para compensar a las grandes industrias consumidoras. Y eso sin contar la parte del recibo que destinamos a pagar el transporte (2,96%) y la distribución de la luz (10,04%). En total, un 25% del recibo, más que las ayudas a las renovables.

Los recortes y paralización de las renovables han ahorrado costes al recibo pero han tenido un enorme coste económico para un sector donde España tenía industrias punteras, que han acabado en crisis, compradas por extranjeros (Gamesa por Siemens) o volcadas en instalaciones internacionales, en América, Oriente Medio y Asia. De hecho, las empresas fotovoltaicas han perdido entre el 15 y el 55% de sus ingresos y las eólicas han perdido la mitad de sus plantillas (de 40.000 personas en 2008 a 22.000 hoy). Y este retroceso se ha producido mientras el resto del mundo apostaba por las energías renovables. Así, la potencia eólica instalada entre 2013 y 2015 aumentó un 20% en Europa, un 36% en Asia, un 52% en Norteamérica y sólo un 0,07% en España (el equivalente a 7 aerogeneradores en 2 años).Y la potencia solar fotovoltaica aumentó un 15% en Europa, un 58% en Asia, un 52% en Norteamérica y sólo un 0,3% en España (el país del sol).

Este parón renovable en España durante 5 años (2012-2016) ha provocado que España se haya quedado rezagada en Europa, con un 16,15% de energía renovable sobre el consumo final, según Eurostat,  por detrás del 16,7% de la UE-28 y de 18 paises europeos donde las renovables tienen más peso que en España, entre ellos Noruega y Suecia (69,4%), Finlandia (39,3%), Dinamarca (30,8%), Portugal (28%) e Italia (17,5%). En la electricidad, el 36,9% de la energía que se produce es renovable (49,8% eólica, 31,1% hidráulica, 13,5% solar, 3,9% biocombustibles y 1,7% el resto), en la calefacción el 16,8% y en el transporte sólo el 1,8%.

El gran objetivo de Europa es que el 20% de la energía sea renovable en 2020. Ya hay 11 paises europeos que lo cumplen hoy, pero otros 17 todavía no, entre ellos Grecia (15,1%), Francia (15,2%), Alemania (15,6%), Polonia (11,8%), Reino Unido (8,2%) y España (16,15% de energía renovable en 2015). Por eso, el Gobierno Rajoy se ha visto obligado a convocar una subasta para aprobar nuevas instalaciones renovables, la primera importante desde el parón de 2012 (en enero de 2016 hubo una subasta de 700 Mw, eólicos y biomasa, pero fue un fiasco). La subasta, que se celebra este 17 de mayo, contempla autorizar la instalación de 3.000 Mw renovables nuevos (2.000 + una ampliación de 1.000), un 10% del parque renovable existente hoy (30.000 Mw) y el equivalente a 2 nuevas centrales nucleares.

Es una subasta largamente esperada, pero que ha sido muy polémica por las condiciones que ha impuesto el Gobierno Rajoy. La primera crítica del sector es que la subasta no contempla cupos para las distintas renovables (eólica, solar, biomasa, cogeneración…) sino que todas las energías tendrán que competir entre sí, aunque cada una tiene sus costes y características. Y el sector fotovoltaico (solar) cree que esto beneficia a la energía eólica, que tiene menores costes y más horas de funcionamiento anual, por lo que han recurrido la subasta ante el Supremo. También critican que se valore el menor coste de las instalaciones y no quien ofrece el kilowatio más barato. Y muchos expertos critican que el sistema de subasta, que permite bajas excesivas, fomenta la especulación. Además, se quejan de que el Gobierno no garantiza un precio a medio plazo, una rentabilidad razonable. Y que incluso va a recortar lo que paga por kilowatio renovable, a partir de 2017 (dicen que perderán 600 millones de ingresos entre 2017 y 2019) y sobre todo a partir de 2020, cuando temen que la rentabilidad de las renovables caiga un 40% y muchas instalaciones tengan que cerrar por no ser económicamente sostenibles.

Las grandes empresas (como Iberdrola, Acciona o EDP) y algunos fondos de inversión internacionales van a pujar por llevarse la mayor parte de estos 3.000 nuevos Mw renovables, ahora que en todo el mundo aumenta el interés inversor por las nuevas energías, cada vez más competitivas. Y en los próximos dos años, el Gobierno Rajoy tendrá que sacar nuevas subastas, porque España necesita ampliar su parque renovable en otros 8.500 Mw para cumplir con ese 20% de energía renovable que nos exige Bruselas para 2020. Pero el sector pide ya un calendario claro, con fechas y precios, para programar sus inversiones. Y se quejan de que el Gobierno Rajoy, aunque convoque las subastas por imperativo europeo, no está a favor de las energías renovables y no las apoya al hacer estas polémicas subastas y no asegurar futuras rentabilidades. Y también denuncian que, entre ellas, sólo apuesta por la energía eólica, donde más han avanzado las grandes eléctricas españolas.

La oposición debería presionar el Gobierno para ir más allá de ese 20% de energías renovables para 2020, porque España es un país doblemente interesado en estas energías alternativas a los combustibles fósiles. Por un lado, porque somos el país de Europa más dependiente energéticamente del exterior: importamos el 72,3% de la energía total que consumimos, frente al 53% de media en Europa. Y esa dependencia nos supone un alto coste: la factura del petróleo, carbón y gas importado nos costó 29.563 millones de euros en 2016 (y 57.162 millones en 2013, con el petróleo más caro), casi lo que ingresamos neto por turismo (36.000 millones de euros en 2016). Y por otro lado, porque esta enorme dependencia de los combustibles fósiles nos hace un país “muy sucio”: somos el 5º país europeo que emite más CO2 y el único del continente que emite hoy más CO2 que en 1990.

Deberíamos cambiar radicalmente la política energética y apostar por energías que tenemos de sobra en España, como el sol, el aire, la biomasa o las mareas. Unas energías que tecnológicamente han avanzado mucho y que ya son competitivas y tienen costes incluso por debajo de las térmicas de carbón, gas o fuel. Así, un informe de la Agencia Internacional de la Energía (AEI) estudió en 2015 los costes de 181 centrales en 22 paises y concluyó que las centrales eólicas están entre las que producen electricidad más barata y que se ha abaratado mucho la luz de origen fotovoltaico (solar). Incluso un informe de la ONU señala que las energías renovables serán la fuente de energía más barata en el mundo en 10 años.

Así que el Gobierno Rajoy debería dejar de hacer demagogia con las energías renovables (“son caras y encarecen el recibo de la luz”) y apostar más decididamente por ellas para que tengamos una energía más limpia y más barata, con recursos ilimitados dentro de España. Y de paso, apoyar un sector que puede consolidar su liderazgo en el mundo y una prometedora fuente de inversión y trabajo a medio plazo. Hay que dejar de apostar por el carbón, el petróleo y el gas, desviando sus actuales ayudas (que pagamos todos) a las renovables, como ha pedido el G-7, la OCDE, la Comisión Europea y la AEI, para luchar contra el Cambio Climático. Volcarse en las energías renovables, para abaratar la luz, reducir la dependencia exterior y mejorar el medio ambiente. Apostar ya por el futuro.