Más horas extras gratis sin control

 

Este año han vuelto a aumentar las horas extras que se hacen en España, 5,8 millones cada semana, como sucede desde 2012, gracias a la reforma laboral de Rajoy. Y más de la mitad de estas horas extras no se pagan, frente a un tercio antes de la crisis. Muchas empresas afrontan el aumento de trabajo exigiendo más horas, no contratando gente. Y esto puede ir a más, después de que dos sentencias del Supremo (marzo y abril 2017) hayan establecido que las empresas no están obligadas a llevar un registro diario de jornada, hasta ahora obligatorio. Con ello, los inspectores de Trabajo se quejan de que pierden el mecanismo clave para controlar las horas extras. Y además, les faltan medios para vigilar los abusos, porque España tiene la mitad de inspectores que Europa. Urge tomar medidas para limitar las horas extras, porque quitan 156.300 empleos cada año. Y son un fraude que reduce los ingresos de la Seguridad Social y las futuras pensiones.
 


                                                                                                                  enrique ortega

España ha sido siempre “un país de horas extras”, con una tendencia a alargar la jornada laboral “haciendo horas”: el trabajador las veía como una forma de “redondear su sueldo” y la empresa como un sistema para ahorrarse en sueldos y cotizaciones, ganando en flexibilidad. Así se llegó, en los años de “vacas gordas”, a un récord de 10,2 millones de horas extras a la semana en el primer trimestre de 2008, según el INE. Pero luego vino la crisis y cayeron los pedidos, con lo que las empresas metieron un tajo a las horas extras, que bajaron a la mitad, a un mínimo de 4,5 millones de horas a la semana en el verano de 2012. Pero ese año, el Gobierno Rajoy aprobó la reforma laboral, que da más poder a los empresarios para regular la jornada de sus trabajadores. Y a medida que la economía se ha ido recuperando, han vuelto a crecer las horas, desde 2012: 6,1 millones a la semana a finales de 2013, 5,4 millones a finales de 2014, 5,9 millones a finales de 2015, 5,48 a finales de 2016 y ahora, 5.871.200 horas extras semanales en el primer trimestre de 2017, según el INE (EPA).

Junto a la recuperación de las horas extras, hay un cambio fundamental en estos años: la mayoría de estas horas extras no se pagan, el trabajador las hace gratis total. Si en 2008 sólo se hacían gratis el 37,8% de las horas extras y el 48,8% en 2011, a partir de 2012, con el elevado paro (casi 6 millones)  y la reforma laboral de Rajoy, son ya más las horas extras que se hacen gratis que las que se pagan. Y así, año tras año, hasta primer trimestre de 2017, en que un 51,4% de las horas extras (3.018.700) se hacen gratis, sin cobrar por ellas, según el INE. Y eso porque los trabajadores saben perfectamente que no pueden negarse si quieren mantener su empleo.

Este abultado número de horas extras explica en gran medida que la jornada laboral en España sea una de las más largas del mundo, según la OCDE (datos 2015): trabajamos  una media de 1.691 horas anuales (263 horas menos que en 1979), por debajo de la media de los 35 paises OCDE (1.766 horas) y de Italia (1.725 horas), pero por encima de las horas que trabajan Alemania (1.371 horas), Francia (1.482 horas) o Reino Unido (1.674 horas). Y en cómputo semanal, trabajamos 38 horas semanales (2015), sólo por detrás de Grecia (42 horas) y Portugal (39,3), más horas que Francia (37,2), Italia (36,9), Reino Unido (36,5), Irlanda (35,4), Alemania (35) y Holanda (30 horas), según los últimos datos de la OCDE.

¿Quién hace horas extras en España? Resulta curioso ver que son una minoría de trabajadores, sólo el 4,85 % de los asalariados, según los datos del INE (EPA): de 15.340.800 asalariados que trabajaban en marzo de 2017, sólo 744.500 trabajadores habían hecho horas extras la última semana, un promedio de 8,8 horas cada uno. Son unos 100.000 trabajadores más de los que hacían horas extras en 2011 (655.500 asalariados). La mayoría (230.500) hacen de 4 a 6 horas semanales, seguidos de los que hacen de 10 a 12 (147.400 trabajadores) y de 1 a 3 horas semanales (127.400). La mayoría de horas extras se hacen en la industria, la hostelería, el comercio, los transportes, la sanidad y la banca. Y otro dato curioso: los que hacen horas extras no son los trabajadores más precarios sino los que laboralmente están mejor: hombres (59%) con contrato indefinido (75% de los que hacen horas), con jornada a tiempo completo (75%) y sobre todo técnicos y directivos, trabajadores “de cuello blanco”, según un detallado estudio realizado por CCOO. Sin embargo, resulta chocante que los trabajadores a tiempo parcial sean los que han triplicado sus horas extras desde 2008, según los datos del INE. Y que teniendo media jornada hagan casi tantas horas extras como los que tienen jornada completa.

La normativa laboral vigente (Estatuto de los Trabajadores) limita a 80 horas anuales las horas extras y establece que hay un periodo de 4 meses para que el trabajador recupere con libranzas las horas extras realizadas. Pero en muchos casos, no se recuperan ni tampoco se cobran. Son “lentejas”. Los sindicatos llevan un par de años luchando contra el abuso de las horas extras, especialmente en la banca, donde cada año siguen los despidos mientras los que se quedan amplían la jornada. A raíz de esta pelea sindical en la banca, trasladada a los tribunales, la Audiencia Nacional dictó tres sentencias (en diciembre de 2015 y febrero y marzo de 2016) obligando a los bancos (y por extensión, a las demás empresas) a llevar un registro de la jornada diaria de toda la plantilla, para comprobar sus horarios y las horas extras. Y a raíz de estas tres sentencias de la Audiencia Nacional, la inspección de Trabajo aprobó en marzo de 2016 una instrucción interna para exigir a las empresas este registro diario de jornada. Y se lanzaron a inspeccionar (y multar) a muchas empresas.

Pero la banca recurrió las tres sentencias contrarias de la Audiencia nacional (contra Bankia, Sabadell y Abanca) y el Tribunal Supremo les dio la razón, en dos sentencias (23 marzo y 20 abril 2017) que establecen que las empresas no están obligadas a llevar un registro diario de jornada, sólo deben llevar un registro de las horas extras y comunicárselas cada mes a los trabajadores afectados. Al ser ya dos sentencias, el Supremo “sienta jurisprudencia” y la Inspección de Trabajo se ha visto obligada a cambiar su instrucción de marzo, aprobando otra el 25 de mayo donde ya no se exigirá a las empresas el registro diario de jornada.

Ahora, ¿qué va a pasar con las horas extras? Los inspectores de Trabajo se quejan de que las sentencias del Supremo les han quitado el instrumento más eficaz con el que contaban para detectar las horas extras, el registro diario de jornada. Y que detectar el fraude, el exceso de horas extras por las que ni se paga ni se cotiza, va a ser ahora más difícil. Sobre todo porque la mitad de las empresas computan la jornada “a mano”, sin sistema informáticos, y porque el nivel de fraude es elevado. Según los últimos datos disponibles, de 2014, la inspección de trabajo detectó irregularidades sobre horas extras en el 60% de las empresas investigadas. Y eso que sólo hizo 2.900 actuaciones (hay más de 3 millones de empresas).

Los inspectores de Trabajo creen que la normativa actual deja muchos resquicios a las horas extras sin control y que habría que aprobar una normativa ad hoc, que ayudara a controlar mejor este fraude. De hecho, las propias sentencias del Supremo admiten que “convendría una reforma legislativa que clarificara la obligación de llevar un registro horario y facilitara al trabajador el probar las horas extras que hace”. De momento, el PSOE acaba de presentar en el Congreso una proposición de Ley para obligar a las empresas a llevar un registro diario de la jornada laboral. Pero la patronal no quiere oír hablar de este registro y piden autonomía para que las empresas regulen horarios y horas extras, como les permite la reforma laboral de 2012. Y mientras, los sindicatos se quejan de que no se les informa de las horas y que los trabajadores no denuncian por miedo a perder su empleo (y por la necesidad que tienen de redondear sus ingresos con las horas que sí les pagan).

El problema del exceso de horas extras es triple. Por un lado, las empresas que fuerzan a hacer horas a sus trabajadores evitan así contratar nuevos empleados, con lo que las horas extras evitan crear 156.300 empleos, según cálculos de CCOO. Por otro, al no pagarse más de la mitad de las horas extras, tampoco se cotiza por ellas, lo que se traduce en menos ingresos para la Seguridad Social y una menor pensión futura para los trabajadores afectados. UGT estima que la SS ha dejado de ingresar 3.500 millones anuales desde 2010 por cotizaciones no pagadas por horas extras realizadas. Y en tercer lugar, los trabajadores que hacen horas sin cobrarlas dejan de percibir ingresos a los que tendrían derecho: entre  2010 y  2015 dejaron de percibir 12.500 millones de euros sólo por horas extras, según los cálculos de UGT. Y además, se les paga un sueldo más bajo del que deberían recibir porque se les compensa en parte pagándoles (menos) por las horas extras que sí cobran.

Que los trabajadores con empleo hagan tantas horas extras es un escándalo en un  país que todavía tiene 4.255.000 parados. Urge aprobar una Ley que controle con eficacia la jornada laboral y limite el uso de las horas extras, para que las empresas no se agarren a los Tribunales para aprovechar el vacío legal existente. Y urge aprobar un Plan de lucha contra el fraude en las horas extras, con una estrategia clara y más medios, sobre todo más inspectores de Trabajo: hay 1.800 inspectores y subinspectores, la mitad de funcionarios para inspección que en Europa, según datos de la OIT (hay 1 inspector de Trabajo por cada 15.000 asalariados en España frente a 1 por cada 7.300 en la Unión europea).

En definitiva, se está creando empleo (muy precario), pero se podría crear más empleo si los trabajadores ocupados  hicieran menos horas extras y las empresas afrontaran esa mayor carga de trabajo con nuevos empleos, no forzando a hacer horas gratis a los que ya trabajan. Es algo sencillo de entender y fácil de controlar, si el Gobierno aprueba unas normas claras, que no puedan “interpretar” los tribunales, y si hay inspectores suficientes para evitar el fraude. Porque una actuación decidida, con sanciones ejemplares a las empresas que abusen, reduciría en poco tiempo las horas extras al mínimo. Y aumentaría el empleo y los ingresos de la Seguridad Social, que falta nos hacen.

Trabajo precario: alerta UE y pocos inspectores

La Comisión Europea alertó en  mayo sobre la precariedad laboral en España. Antes lo hicieron la OCDE y el FMI, preocupados por la dualidad del mercado de trabajo: un 27,5% de trabajadores tienen contrato temporal (el 2º país de Europa con más temporales) y un 15,1% contratos a tiempo parcial, el 60% de ellos forzados porque no encuentran otros. Esta precariedad, que sufren más las mujeres y los jóvenes, lleva a sueldos muy bajos y a la pobreza, además de hundir las cotizaciones (y las pensiones) y la recaudación, empeorar la formación y la productividad de España (la 34ª del mundo). Bruselas, la OCDE y el FMI han pedido al Gobierno que fomente los contratos fijos y a jornada completa, pero Rajoy no hace nada, aunque se comprometió a ello en 2014, en el Acuerdo con sindicatos y patronal. Urge mejorar la calidad del empleo, con incentivos y persiguiendo el fraude laboral, algo difícil porque España tiene la mitad de inspectores de trabajo que Europa. ¡ Trabajo decente ya !



                                                                                   enrique ortega

España lleva tres años creando empleo, pero un empleo muy precario. Así, de los 1.372.900 empleos creados entre 2014 y 2016, sólo el 5% son “contratos de calidad”, empleos fijos y a jornada completa. Y la casi totalidad de los nuevos empleos son empleos muy precarios. Un 92% son contratos temporales, cada vez por menos tiempo: la duración media de los contratos está en 51 días de media (81 antes de la crisis), aunque una cuarta parte de los contratos (el 26%) duran ya menos de 1 semana. Y más de un tercio (36%) de los nuevos contratos son a tiempo parcial, por horas. Ello es fruto sobre todo de la reforma laboral aprobada por Rajoy en 2012, que ha facilitado el auge de los contratos precarios.

Con ello, España se sitúa a la cabeza de la precariedad laboral en Europa, como acaba de resaltar el informe de la Comisión Europea (22 mayo 2017). En 2016, el 26,1% de los trabajadores españoles tenía un contrato temporal, lo que nos convertía en el 2º país europeo con más temporalidad, tras Polonia (27,5%), según Eurostat, casi el doble de temporalidad que la media europea (14,2%) y muy por encima de la de Alemania (13,2%), Francia (16,1%), Italia (14%) o Portugal (22,3%). Y lo peor es que este aumento de los contratos temporales es algo forzoso, no buscado por los trabajadores: un 90% de los españoles con contrato temporal preferirían tener un contrato fijo (el porcentaje más alto en Europa, tras Chipre, según la OIT), frente al 62,1% de temporales “forzosos” en la Unión Europea.

Pero quizás el dato más preocupante, según resalta la Comisión Europea en su informe (y antes la OCDE), es que España es uno de los paises de Europa donde un menor número de contratos temporales se transforman en fijos: sólo un 10%, frente al 22% de media en la UE-28 y el 10,5% en Francia, el 59% en Gran Bretaña, el 30% en Alemania o el 20% en Italia, según Eurostat. O sea, no es que las empresas ofrezcan primero un contrato temporal para luego hacer fijo al trabajador, sino que el 90% de los contratos temporales se mantienen así o se cancelan, lo que hace que estos trabajadores sean especialmente vulnerables.

El otro tipo de contrato precario, los contratos a tiempo parcial, suponen ya el 15,1% de todos los contratos en España (2016), todavía por debajo de la media europea (19,5%) y de muchos paises donde hay tradición de trabajos a media jornada o por horas, como Holanda (49,7% de los contratos), Alemania (26,7%), Austria (27,8%), Reino Unido (25,2%), Suecia (23,9%), Francia (18,3%) o Italia (18,5%), según Eurostat. Pero hay dos datos españoles preocupantes. Uno, que España es el país europeo donde más ha crecido el trabajo a tiempo parcial (part time) durante la crisis. Y segundo y fundamental, que el 60% de los que trabajan a media jornada o por horas preferirían trabajar a jornada completa, frente a sólo un 27,5% de trabajadores europeos que trabajan forzosamente por horas, según la OIT.

La precariedad en los contratos la sufren especialmente dos colectivos en España: las mujeres y los jóvenes. En los contratos temporales, las mujeres tienen un porcentaje ligeramente mayor que los hombres (26,5% frente a 25,8%), pero son muchas más con  contrato a tiempo parcial : trabajan por horas un 31,9% de las mujeres españolas (35,9% en la UE-28) frente a un 8,8% de los hombres (9,3% en la UE-28), según Eurostat (2016). Y donde realmente se ceba la precariedad laboral es en los jóvenes españoles, los más temporales de Europa: el 56,5% de los menores de 29 años tiene un contrato temporal (el 32,4% en Europa) y sube al 72,9% entre los jóvenes de 15 a 24 años (43,8% con contrato temporal en la UE-28), según los datos de Eurostat (2016). Y también tenemos muchos más jóvenes que Europa con contrato a tiempo parcial, por horas: un 27,5% de los menores de 29 años (23,7% en la UE-28) y un 38,7% de los jóvenes entre 15 y 24 años (32,4% en la UE-28, según Eurostat (2016).

Pero la precariedad laboral no sólo se manifiesta en el tipo de contrato. También es un signo de precariedad que haya muchos españoles trabajando en empleos muy por debajo de su formación, los trabajadores “sobrecualificados”: en España hay 9,5 millones, el 52,8% de los empleados (en 2007 eran el 46,3%), según datos de Afi-Asempleo a partir de la EPA. Con la crisis, esta “sobrecualificación” ha crecido entre los mayores de 45 años y sobre todo entre los más jóvenes: dos tercios de los jóvenes entre 16 y 24 años trabajan en empleos inferiores a su cualificación, por ejemplo universitarios trabajando de teleoperadores, camareros o cajeras de supermercado. Este problema se concentra en la hostelería (71,4% de los empleos están sobrecualificados) y el comercio, sobre todo en el País Vasco, Cantabria, Levante e islas.

Un tercer indicador de precariedad es el aumento de las horas extras “forzadas”, que han aumentado tras la reforma laboral de 2012, al dar más poder al empresario para fijar horarios y jornada, con lo que muchos optaron por hacer contratos de media jornada y luego obligar a la plantilla a hacer horas extras, a veces sin pagárselas. Así, a finales de 2016 había 7.778.000 trabajadores que hacían horas extras (el 50,5% de los asalariados), de media 5,48 millones de horas extras a la semana. Y según los últimos datos disponibles (2015), más de la mitad de esas horas no se pagaban. Otra muestra de precariedad laboral que además tiene una grave consecuencia: esas horas extras impiden crear 150.000 nuevos empleos cada año.

La primera consecuencia de toda esta precariedad laboral es que se traduce en salarios muy bajos, menores que los de un trabajador con contrato estable: los trabajadores temporales cobran un 36,6% menos que los indefinidos (15.680 euros frente a 24.746) y los que trabajan a tiempo parcial ganan un 63,7% menos que los que trabajan a jornada completa (9.794 euros brutos anuales frente a 26.965), según la Encuesta de estructura salarial del INE. El resultado es que en los últimos años han aumentado los “trabajadores pobres”, españoles que tienen un trabajo pero “malviven” (ganan menos del 60% de la media): tenemos un 12,5% de trabajadores pobres (2.196.137 empleados, 1 de cada 8 asalariados), un porcentaje superior al de trabajadores pobres en Europa (9,5%), según la OIT. Y además, el enorme paro (4.255.000 parados EPA en marzo 2017) y esta precariedad tiran a la baja de todos los salarios, con lo que el sueldo más habitual en España son 16.490 euros brutos anuales (últimos datos oficiales del INE para 2014), lo que se traduce en 950 euros netos al mes en 14 pagas. O sea, que el español medio es un “mileurista”.

Pero la precariedad laboral acarrea también otros graves problemas, además de los bajos salarios y la mayor vulnerabilidad del trabajador. Aumenta su incertidumbre sobre el futuro, lo que está reduciendo las familias y la natalidad (España lleva 5 años perdiendo población), así como la independencia de los jóvenes (el 80,3% de los jóvenes españoles, 5.233.406, siguen viviendo con sus padres, frente al 70% de media en Europa, según el Observatorio del Instituto de la Juventud) y su capacidad para consumir y comprar una vivienda. Pero sobre todo, la precariedad laboral merma la recaudación de impuestos y recorta los ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social, hundiendo las cuentas de las pensiones. Y para el trabajador, reducen su posible seguro de desempleo y su pensión futura. Además, los trabajadores precarios son menos productivos, porque tienen menos incentivos para serlo y porque las empresas les forman menos (“se van a ir”). Y eso agudiza uno de los problemas estructurales de España, la menor productividad y competitividad: España ocupa el puesto 34 en el ranking mundial de competitividad, elaborado por la escuela de negocios IMD.

Por todo ello, la Comisión Europea acaba de reiterar, en su informe sobre España del 22 de mayo, que uno de nuestros mayores problemas es la precariedad laboral y la dualidad en el mercado de trabajo (2 tipos de españoles, según su contrato laboral). Lo mismo dijo en marzo la OCDE, en su informe sobre España, y la delegación del FMI que visitó España en diciembre: el Gobierno español debe tomar medidas para mejorar la calidad del empleo, incentivando los contratos fijos y luchando contra la precariedad laboral. Eso sí, tanto la OCDE como el FMI dan además una receta “neoliberal” para reducir la temporalidad: reducir las indemnizaciones a los contratos fijos (para que no compensen tanto los temporales) y dar más poder a las empresas y menos a los tribunales en los despidos. En definitiva, la OCDE y el FMI proponen dar una “vuelta de tuerca” a la reforma laboral, con más flexibilidad, cuando precisamente la reforma laboral de 2012 es la que ha agravado esta precariedad.

De momento, el Gobierno Rajoy no hace nada: ni rebaja las indemnizaciones ni toma medidas para favorecer los contratos fijos y penalizar los temporales. Y eso que se comprometió a hacerlo en diciembre de 2014, cuando firmó con los sindicatos y la patronal un Acuerdo tripartito que incluía, en su punto 2.4, tomar medidas para luchar contra la dualidad en el mercado de trabajo: intensificar la lucha contra el fraude en la contratación e incentivar los contratos fijos. Palabras Ahora, tras la última alerta de la Comisión Europea, los sindicatos y la oposición deberían presionar al Gobierno para que tomara medidas urgentes y eficaces contra la precariedad laboral. Se trataría de actuar frente a las empresas con el palo y la zanahoria: el palo de la inspección de Trabajo, para detectar y multar a las empresas que tengan trabajadores temporales o por horas cubriendo puestos que son fijos y a jornada completa, y la zanahoria, para incentivar fiscalmente y con cotizaciones más bajas a las empresas a que transformen contratos temporales en fijos y mejoren la calidad de sus empleos. Lo primero que hay que hacer es garantizar que se cumple la Ley, que no se utiliza el mucho paro existente para contratar con fraude. Y luego, ayudar a que se hagan contratos de más calidad.

Pero “para el palo”, un requisito clave es aumentar los medios de la inspección de Trabajo, porque tras los recortes está menguada: hay 1.800 funcionarios (960 inspectores y 840 subinspectores), la cifra más baja desde 2009. Y tenemos la mitad de funcionarios para inspección que Europa, según datos de la OIT: hay 1 inspector por cada 15.000 asalariados en España frente a 1 por cada 7.300 en la Unión europea. Y además, la propia Asociación de inspectores denuncia que la mitad de su trabajo está orientado a vigilar si los parados hacen fraude al cobrar el subsidio o si los trabajadores están dados o no de alta, no en vigilar si el contrato temporal o a tiempo parcial está justificado. Y cada vez hay más abusos laborales, españoles con contratos de 4 horas trabajando 10 y cobrando 8, sobre todo en hostelería, limpieza, tiendas, teleoperadores y servicios. Y no hay inspectores para detectar tanto fraude, que se ampara en que los afectados no lo denuncian (para no perder su “medio empleo”) y en que la mayoría de empresas son pymes donde no hay sindicatos que controlen.

Al final, la precariedad laboral es un cáncer para los trabajadores (incertidumbre, bajos salarios, vulnerabilidad) y para la recuperación de la economía, porque reduce el consumo y la competitividad, en definitiva el crecimiento y el empleo futuros. Así que además de injusta, la precariedad es antieconómica, un mal negocio. Y somos líderes en Europa. Algo hay que hacer, con urgencia y eficacia. Nos lo dicen desde Bruselas y lo sufrimos dentro, sobre todo los jóvenes, las mujeres y los mayores de 45 años. ¡Empleo decente ya ¡

Trabajo precario: los esclavos del siglo XXI

Ya nada nos sorprende, pero es indignante: empresas que no pagan las nóminas o bajan un 25% los sueldos, horas extras que no se pagan, médicos en paro que hacen guardias en cinco hospitales, profesores contratados por días, camareros con contratos a media jornada que trabajan 12 horas, becarios sin cobrar durante años, empleos a comisión sin  sueldo y hasta empresas que cobran a los que buscan trabajo. Miles de ejemplos de trabajo precario, ilegal y legal, de abusos a parados y trabajadores, cada vez más indefensos. España es el país con más precariedad de Europa, el paraíso del contrato temporal: el 92,16% de los firmados en 2013. Y así nos va: menos consumo, menos ingresos fiscales, menos cotizaciones, más accidentes y menos productividad. Y la patronal ha pedido todavía más flexibilidad en contratos, sueldos y horarios. La esclavitud laboral no ayudará a salir de la crisis. Nos hundirá por décadas.
                                    
                                                                                              Enrique Ortega

Tras cinco años de crisis, los trabajadores españoles están cada vez más indefensos, a merced de los crecientes abusos (legales e ilegales) de muchas empresas, grandes y pequeñas, que los consideran como trabajadores kleenex, de usar y tirar. Se recortan sueldos, se cambian horarios y se quitan horas extras, se reducen derechos y se cambian contratos más estables por otros temporales y precarios. Y el poco empleo que se ofrece es más precario y barato, mucho sin contrato, con sueldos de hasta 4 euros la hora. Incluso hay empresas que cobran por hacer los trámites de selección a parados, mientras uno de cada cuatro fraudes en Internet son ofertas de empleo falsas, según Inteco.

Un negro panorama, agravado por la crisis, el recorte en la inspección de Trabajo y la debilidad de los sindicatos. Con ello, España es el país de Europa con más precariedad laboral, según las estadísticas. Primero, somos el país con más contratos temporales: 23,1% de todos los contratos, frente al 14,1% en Europa. Y sobre todo en los dos colectivos que más los sufren: jóvenes (65% con contrato temporal frente al 43% en la UE) y mujeres (26,1% con contratos temporales frente al 23,9% los hombres). De hecho, este año 2013, un 92,16 % de los contratos firmados hasta septiembre son temporales, según Trabajo. Lo peor  además es que España es el país europeo donde menos contratos temporales se hacen fijos: 16% frente al 23% en UE o el 41% en Alemania.

Segundo, somos el país con más crecimiento de los contratos a tiempo parcial: un 33% de los firmados este año son a tiempo parcial y otro 28,5% por obra. Ya representan el 16,4% de los contratos, aún por debajo de Europa (19,5%), pero lo preocupante es que mientras en otros países hay una mayoría que “eligen” trabajar menos tiempo, en España se hacen porque son lentejas: o los tomas o no hay otros. Así, los contratos a tiempo parcial “involuntarios” son el 62% en España y el 28% en Europa (18% en Alemania). Y son las mujeres españolas las que acaparan el 80% de estos contratos a medias.

Hay muchas otras formas de precariedad en auge. Una, la subcontratación en cadena: personas que trabajan para una gran empresa a través de una, dos o más empresas interpuestas, subcontratistas que les explotan y malpagan quedándose con la diferencia. Y que desaparecen incluso si vienen mal dadas. Otra, los falsos autónomos, muchos de ellos trabajadores despedidos de una empresa que trabajan para ella en exclusiva, a veces en la misma mesa, como autónomos, pagándose su Seguridad social, sin vacaciones ni extras: arquitectos, periodistas, ingenieros y muchos profesionales de la construcción y hostelería. Y luego están cientos de miles de becarios, jóvenes que trabajan con o sin contrato, con o sin sueldo, años y años, la mayoría sin cotizar (ahora, tras una sentencia del Supremo, se obliga a muchos a cotizar desde septiembre). Ya en 2012, la Comisión Europea advirtió de la precariedad de los becarios españoles.

Y luego está el trabajo más precario, el empleo sumergido, que ha crecido con la crisis: se estima que hay entre 1 y 4 millones de empleos sumergidos, cubiertos por parados o por subempleados, la mayoría en la construcción, agricultura, hostelería y comercio, en el trabajo doméstico, entre cuidadores (niños y ancianos)  y en trabajos a domicilio. Y el último eslabón de la precariedad son los inmigrantes ilegales, contratados en la calle y llevados en furgonetas a trabajar a fábricas ilegales o al campo, hasta por 4 euros la hora.

Otra precariedad, que afecta a la mayoría de trabajadores, son los salarios a la baja y el auge de los mileuristas: cuatro de cada diez españoles, más de 15 millones de trabajadores, autónomos, parados y pensionistas ganan menos de 1.000 euros al mes. Y lo peor es que más de la mitad son minieuristas: 8,5 millones de españoles que ganan entre 400 y 860 euros al mes. Los salarios más bajos se dan entre los jóvenes (la mitad ganan menos de 1.000 euros) y las mujeres (ganan un 23% menos que los hombres, según el INE). Y ganan menos los que tienen un contrato temporal (un 32% menos de sueldo que los indefinidos) y un contrato a tiempo parcial (ganan  un tercio menos, incluso por hora: 10,89 € frente a 15,03 €).

Y como complemento, están cayendo las horas extras que se pagan: se han reducido al nivel más bajo de la última década, con una media de menos de media hora el mes (en 2006 era 1 hora al mes por empleado). Eso sí, se han cambiado horarios y se hacen más horas extras gratis, sin cobrarlas: en el cuarto trimestre de 2012 se hicieron 2.630.000 horas extras a la semana sin cobrar, una media de 12 minutos semanales por empleado. Eso son 40 millones de euros que se dejaron de cobrar y, lo peor, 65.750 empleos que no se crearon.

Unos cobran menos y otros trabajan sin cobrar. Por un lado, muchos becarios y jóvenes cualificados, que o no cobran o mal cobran, en empleos de baja cualificación: España es el país europeo con más jóvenes sobrecualificados, que ocupan empleos por debajo de su cualificación, un 33% frente al 21% en la UE. Por otro, trabajadores de empresas en crisis, como Panrico, que decidió no pagar las nóminas para pagar a proveedores. Otras, como Sniace o Balboa, ofrecen bajar los sueldos un 20/25% a cambio de no despedir. Otras no pagan nóminas porque no cobran de otras empresas o de la Administración (empresas de limpieza, Dependencia, servicios sanitarios o educativos), mientras sus empleados deben seguir trabajando para no perder derechos. Y otros no cobran porque su empresas está en quiebra o suspensión de pagos y el FOGASA no tiene dinero ni medios (150.000 expedientes pendientes) para pagarles sueldos e indemnizaciones. Y como colofón, aumentan las empresas que ofrecen trabajos sin sueldo, sólo a comisión.

Dentro del negro panorama de la precariedad, hay sectores que la sufren más. Uno de ellos, el turismo, nuestra primera industria, con el 10% del empleo: tiene más temporalidad (32,8% frente a 23,1% media española), más trabajo a tiempo parcial (28,6% frente a 16,4%), más autónomos (21,45% frente a 18,16%) y un 30% de las inspecciones detectan irregularidades. La última “moda” es la media jornada ficticia: se cobra y se cotiza por 4 horas y se trabajan 12. O la subcontratación de servicios en hoteles y los falsos autónomos. Otro sector precario es la enseñanza, con docentes que trabajan por días o meses, haciendo sustituciones. Y lo mismo los médicos, que incluso hacen un segundo MIR para trabajar 4 años por 1.500 euros. O los arquitectos: 60% son falsos autónomos que trabajan para empresas, como muchos periodistas “free lance”. Y miles de investigadores con contratos trampa para seguir investigando.

La precariedad, además de reducir los ingresos y los derechos laborales, tiene otras consecuencias muy negativas: reduce los derechos futuros (desempleo y pensiones), accede a menos formación, aumenta la siniestralidad laboral (los contratados temporales tienen el doble de accidentes que los fijos en muchos sectores) y acarrea más estrés y menos salud laboral , con un aumento de los problemas psicológicos: de hecho, con la crisis, se han triplicado las consultas por depresión y se han duplicado las ventas de ansiolíticos, mientras crece el consumo de alcohol y drogas, sobre todo entre los jóvenes.

Todo apunta a que, aunque pasemos de la recesión a la crisis, no va a reducirse mucho la precariedad. Primero, porque, con 6 millones de parados dispuestos a casi todo por trabajar, va a resultar difícil recuperar los derechos y sueldos perdidos por los trabajadores. Y segundo, porque los empresarios siguen exigiendo más flexibilidad laboral: la patronal CEOE ha pedido en agosto eliminar las restricciones a encadenar contratos temporales (ahora no se pueden tener más de 2 años), facilitar la conversión de contratos a tiempo completo en contratos a tiempo parcial y facilitar contratos donde se cobre menos del salario mínimo (645 €).O sea, piden más precariedad a cambio de crear más empleo (está por ver).

La precariedad es un cáncer no sólo para el trabajador, sino para la economía: no podemos competir en Europa y en el mundo con unas condiciones laborales marroquíes. No es sólo que no podemos perder los derechos laborales ganados en un siglo. Es que con trabajadores descontentos y desmotivados no se sale de la crisis. Hace falta luchar de verdad contra la precariedad, con más inspección de Trabajo, más medios, más multas y penas, más voluntad política y más rechazo social contra los abusos. Es un problema de dignidad, que sufren más los parados, jóvenes, mujeres e inmigrantes. ¡Basta ya ¡