Cómo bajar el precio de la luz

La luz volvió a subir en septiembre, por 6º mes consecutivo, con precios desconocidos desde hace 20 años. El recibo medio sube un 8% este año y pagamos la 3ª luz más cara de Europa. El Gobierno Sánchez aprobará este viernes suspender el impuesto eléctrico del 7%, pero es “el chocolate del loro”: bajará 1,5 euros al mes el recibo. Un “parche” que va a rebajar más los ingresos públicos, un contrasentido: quieren subir los impuestos a la banca y les  bajan 1.000 millones a las eléctricas. Si quisieran abaratar la luz, deberían hacer una auditoría de costes y pagar a las eléctricas lo que les cuesta de verdad producir la luz, no pagarles 3 o 6 veces más el kilovatio hidráulico o nuclear, al precio del kilovatio de gas y carbón (“sardinas a precio de caviar”). Y quitar del recibo costes injustificados o que debería pagar el Presupuesto. Así bajaría el recibo de la luz hasta un 40%. Pero eso supone recortar los enormes beneficios de las todopoderosas eléctricas. Y nadie se atreve.

enrique ortega

En septiembre, el mercado eléctrico, donde se fijan los precios mayoristas de la electricidad, ha sido un tobogán, con tres días de precios récords (75,93 euros/kW el 19 de septiembre), que no se veían en España desde hace 20 años. Y al final, el precio mayorista de la luz en septiembre ha alcanzado los 71,3 euros/kW de media, un 11% más que en agosto (64,33 euros) y un 23% superior al de finales de 2017 (57,94 euros). Como este precio mayorista de la luz influye un 35% en la factura de la luz, la subida media del recibo de enero a septiembre será del +8%. De hecho, una familia con un gasto medio (4,4 kW de potencia y 3.500 kw anuales de consumo) pagará en septiembre un recibo de 70,5 euros, 3 euros más que a finales de 2017 (+ 4,4%) y 10 euros más que en marzo (+18%), según indica el simulador de facturas de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC).

Los expertos aportan varias razones para explicar la fuerte subida de la luz en el mercado eléctrico 6 meses consecutivos, desde el mínimo de marzo (40,18 euros/kW), y especialmente entre mayo (54,92 euros/kW) y septiembre (71,17 euros/kW). La primera y fundamental, la subida del kilovatio producido en las centrales de carbón y gas, debido a la fuerte subida del petróleo y el carbón en los mercados internacionales. Y esta subida de costes de estos kilovatios se ha trasladado a la luz producida con aire y agua (hidroeléctrica), por la que se paga el precio de la luz más cara (carbón y gas). Eso ha provocado que, aunque ha habido menos agua en los pantanos y menos aire este verano, el agua que había se pagaba más caro porque había subido el carbón y el gas. Además, el calor de este verano y el turismo ha disparado la demanda de electricidad y los precios. Y por último, las eléctricas han pagado más por contaminar este año, porque se han triplicado en el mercado europeo el precio de los derechos de emisión de CO2 (lo que pagan por emitir, al producir electricidad con carbón y gas). Así que contaminan y pagan más. Y de paso, las centrales que producen sin contaminar (hidroeléctricas y nucleares) se benefician del encarecimiento del CO2, porque ahora reciben más dinero por kilovatio (por ser más "sucio") al venderlo al precio del kilovatio de carbón y gas. “Venden sardinas al precio de caviar”, ha dicho gráficamente el director del IDAE.

Una “locura”, pero así funciona desde 1998 el mercado eléctrico ibérico (MIBEL), donde se fija el precio de la luz cada hora según este sistema, autorizado por Aznar (Ley Eléctrica 1997): cada empresa va aportando su electricidad, empezando por las más baratas (hidroeléctricas, nucleares y renovables) y siguiendo con las más caras (carbón, fuel y gas). Y al final, el precio resultante es el del kilovatio más caro, al que se paga al resto de las energías. Lo habitual, y más cuando no llueve ni hace viento, es que la energía que falta para asegurar el suministro se cubra con centrales de carbón o gas (que producen a 60 euros kilovatio), el precio que se llevan las centrales hidroeléctricas (a las que les cuesta 10 euros el kilovatio) o las nucleares (22 euros), que además están amortizadas, después de 90 o 40 años de vida. Es como si compráramos carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y la pagáramos toda a precio de chuletón. Así funciona de hecho el mercado eléctrico.

Aparte de fijar precios por encima de los costes reales, el mercado eléctrico español es poco transparente (lo controlan de hecho las eléctricas, que son “juez y parte”), estrecho (pequeño), muy volátil (tiene muchos altibajos de precios) y el sistema promueve el fraude, como ha detectado la Comisión de la Competencia (CNMC) en varias ocasiones. Ya en diciembre de 2013, la CNMC multó a Iberdrola con 25 millones de euros por parar la producción de sus centrales hidroeléctricas del Duero, Tajo y Sil, provocando una falta de oferta de “electricidad barata” que obligó a utilizar las centrales de gas (más caras) y disparó el precio de la luz en el mercado eléctrico (y sus beneficios). Hace unos meses, la UCO (Guardia Civil) descubrió en Iberdrola correos y archivos que demuestran el fraude. Y en junio de este año, la CNMC ha multado a otra eléctrica, Viesgo, con 6 millones de euros por otra infracción grave por manipular su oferta de la central de los Barros(Cádiz), excluyéndola del mercado diario para luego vender su electricidad en el mercado marginal a precios más elevados.

Ante las fuertes subidas de la luz en agosto y septiembre, el Gobierno Sánchez ha optado por un atajo, que es un “parche”: no toca el distorsionado mercado eléctrico y se conforma con suprimir “temporalmente” el impuesto del 7% a la producción de electricidad que el Gobierno Rajoy impuso a las eléctricas en 2013, para intentar corregir el déficit eléctrico (una “deuda” de 24.000 millones a las eléctricas, por haber subido la luz desde el año 2.000 menos de los costes que ellas decían). Este impuesto eléctrico, unos 8.000 millones recaudados en estos 6 años, no lo han pagado las eléctricas (que lo recurrieron al Supremo y al Constitucional, perdiendo los recursos) sino que lo hemos pagado los consumidores, porque las eléctricas lo han repercutido en el coste de la luz. Ahora, la intención del Gobierno Sánchez es que al quitar ese impuesto, la luz baje. Pero será “el chocolate del loro”: los expertos creen que la luz bajará una media de 1,5 euros por recibo, sólo un 2%.

Y a cambio, Hacienda dejará de ingresar 1.500 millones de euros al año por este impuesto (en 2017 recaudó 1.510 millones y este año se preveían 1.528 millones, de los que se perderán 382 millones, al suprimirse el impuesto ya desde octubre). Y esto es un contrasentido: el Gobierno Sánchez quiere recaudar 1.500 millones más con un impuesto a la banca y a las operaciones financieras y dejará de ingresar 1.500 millones de las eléctricas (que han “aplaudido la medida”, claro). Y así, será difícil aumentar el gasto público y el gasto social, que tanta falta hace en un país que recauda y gasta menos que la mayoría de Europa.

Con todo ello, el Gobierno Sánchez se conforma con aplicar un parche, ideológicamente criticable (“hay que recaudar más, no menos”), en lugar de afrontar el problema de fondo y “coger el toro eléctrico por los cuernos”: hay que reformar el mercado eléctrico y ajustar costes. Veamos como podría conseguirse bajar el precio de la luz de verdad.


Antes, debemos saber que el recibo de la luz tiene tres partes y el Gobierno debería actuar al menos sobre dos de ellas, tomando medidas de fondo. Una parte del recibo (35%) paga la luz que contratamos y consumimos (más el alquiler del contador), otra parte (44%) son costes regulados cada año por el Gobierno y el 21% restante son impuestos (eléctrico e IVA).

Lo primero que habría que hacer es una auditoría de costes en el mercado eléctrico, para saber lo que cuesta de verdad producir cada kilovatio (hidráulico, nuclear, eólico, solar, de centrales de carbón y gas) y pagarlo según ese coste más la remuneración de las inversiones hechas y un margen de beneficio razonable. Eso supondría bajar radicalmente el precio actual que reciben las centrales hidroeléctricas (Iberdrola tiene la mitad) y nucleares, teniendo en cuenta su menor coste de producción y que la mayoría ya están amortizadas. Y con ello, dejaríamos de pagar costes de más en una parte del recibo (35%), como hacemos cada día (“Sardinas a precio de caviar”). El experto Jorge Fabra estima que los consumidores hemos pagado 20.000 millones de más a las eléctricas, entre 2005 y 2015, por el injustificable sistema de precios que les regaló Aznar.

La segunda medida debería ser ayudar a los consumidores a contratar menos potencia, porque una parte importante de la factura (miren la suya) es pago por la potencia contratada, consuman o no luz. Esto es un “regalo” de Rajoy a las eléctricas: en 2013, con la “reforma eléctrica” se subió mucho el componente de potencia del recibo (+92% a los consumidores domésticos y +145% a los industriales), como una forma de garantizar más ingresos fijos a las eléctricas en un momento que la crisis iba a reducir el consumo de electricidad. El resultado es  que un 20% de los consumidores contratan más potencia de la que necesitan (por el viejo miedo español a que “salte el automático”) y pagan más de lo que deberían, una media de 52,82 euros más al año. El Gobierno Sánchez dice que este viernes tomará medidas para facilitar el reajuste de potencia en los contratos, que ahora es muy rígido: va de 1,1 kW a 2,2, 3,3 y así siguiendo. No se puede contratar 2,5 kW de potencia, por ejemplo. Y nadie nos asesora para saber exactamente la potencia que necesitamos y no pagar de más.

La tercera medida para abaratar la luz es actuar en “la parte regulada” del recibo (44%), los llamados “peajes”,  un “cajón de sastre” donde los Gobiernos han ido incluyendo una serie de costes que crecían año tras año. Unos son costes “justificados” aunque demasiado elevados, como los costes por el transporte de la electricidad (el 2,96% del recibo) y su posterior distribución (10,04%). Y otros son costes “discutibles”, que pagamos cada mes en el recibo: ayudas a las renovables (17,22% de la factura), por el parón nuclear (0,41%), para amortizar la deuda eléctrica acumulada (2,89%), para compensar a Endesa por producir electricidad en Baleares y Canarias (4,2% del recibo), para compensar a grandes industrias del riesgo de poder cortarles la luz para asegurar el suministro (no ha pasado nunca, pero se llevan un 3% de nuestro recibo), ayudas para que las centrales de gas estén siempre disponibles (el pago,150 millones anuales, se eliminó el 30 de junio), ayudas para abaratar la luz a las industrias vascas (50 millones a cambio del apoyo del PNV a los Presupuestos 2018) y algunas partidas más. Habría que estudiarlas “con lupa”, recortar o suprimir algunas y otras pagarlas a través de los Presupuestos, no de nuestro recibo.

Con estas tres medidas, actuando en dos de las tres partes del recibo, la luz podría bajar hasta un 40% en un año. Algunos piden también actuar en la tercera parte del recibo, los impuestos, donde pagamos un impuesto especial eléctrico  del 5,113% sobre la potencia contratada y el consumo y el 21% de IVA sobre la factura total (incluido el impuesto eléctrico, con lo que pagamos un impuesto sobre otro impuesto). España es el 5º país de la UE con el IVA de la electricidad más alto, sólo por detrás de Dinamarca y Suecia (25%), Finlandia (24%) y Portugal (23%), pero muy por encima de Reino Unido (5% IVA luz), Italia (10%), Grecia (13%), Irlanda (13,5%), Francia (16,7%) o Alemania (19%). Por eso, algunos partidos y la asociación de consumidores Facua piden bajar el IVA para abaratar la luz. Pero ojo: bajar el IVA de la luz al 10% significa que Hacienda perdería 4.400 millones al año, 4.400 millones menos para gastar en sanidad, educación, paro o investigación…

De momento, no haría falta tocar los impuestos de la luz para rebajar la factura hasta un 40%, sólo con cambios de fondo en el mercado eléctrico y en los pagos regulados. Con ello, España dejaría de ser el tercer país con la luz más cara de Europa sin impuestos, según Eurostat. En los hogares, pagamos 0,1712 euros/kWh (finales 2017), sólo por detrás de Irlanda (0,1865) y Bélgica (0,1790) y muy por encima de la media UE-28 (0,122 euros/kwh), zona euro (0,123), Alemania (0,1383), Reino Unido (0,1344), Italia (0,1326, Francia (0,1132) o Portugal (0,1080 euros/kWh). Y si nos fijamos en los precios de la luz industrial, las empresas españolas pagan la cuarta electricidad más cara de Europa,0,0982 euros/kwh a finales de 2017 (sin impuestos), sólo por detrás de tres islas, Malta (0,1377 euros/kwh), Chipre (0,1258) e Irlanda (0,1093) y un 28,8% más cara que la luz industrial en la UE-28 (0,0766 euros/kwh), un 20,7% más cara que Italia (0,0813 euros/kwh), un 24,9% más cara que Alemania (0,0786 euros/kwh) y un 47% más cara que Francia (0,0666), países con los que competimos. Salarios más bajos pero luz mucho más cara...

Tenemos la luz más cara que la mayoría de Europa porque pagamos costes de más. Y estos extracostes que pagamos en el recibo explican también un hecho reiterado año tras año: las eléctricas españolas ganan el doble que las eléctricas europeas, en relación a su negocio, según un estudio del Observatorio de Sostenibilidad. Nada menos que 5.627 millones en 2017 (+3%) sólo entre Iberdrola (2.804), Endesa (1.663) y Gas Natural-Fenosa (1.360). Y este año 2018, han ganado 2.652 millones hasta junio, aumentando sus beneficios un +27% (Iberdrola), un +22,3% (Naturgy) y un +15% Endesa, al amparo de las fuertes subidas de la luz desde abril.

No sólo tenemos la luz más cara que Europa sino que es una luz más sucia, porque producirla supone emitir cada año más CO2. En 2017, España ha sido el 4º país de Europa que más ha aumentado sus emisiones de CO2, un +7,4%, según publicó Eurostat en mayo (sólo más que Malta, Estonia y Bulgaria) o un +4,4%, según ha publicado el Ministerio de Transición Energética en julio. Es el mayor aumento de emisiones desde 2002 y de los 338,8 millones de toneladas emitidos, 74,9 millones (el 22%) son por la generación de electricidad, según Red Eléctrica. El año 2017, que fue extremadamente seco, obligó a consumir mucho carbón (+21%) y mucho gas (+31,8%), los dos combustibles que generan más emisiones de CO2 para producir electricidad (y los más caros).Baste decir que las 15 centrales de carbón existentes generaron, ellas solas, el 12,7% de todas las emisiones de CO2 que genera España.

Ante este panorama, una luz cara y sucia, no valen parches como los que el Gobierno Sánchez aprueba este viernes. Hace falta una reforma a fondo, del mercado eléctrico y del recibo, para que dejemos de pagar costes de más, que llevan décadas engrosando los beneficios y dividendos de las eléctricas. Urge una auditoría de costes y remunerar la luz por lo que de verdad cuesta producirla, transportarla y comercializarla. Luz y taquígrafos para pagar un precio justo por la luz, una asignatura que tenemos pendiente desde la transición. Hasta ahora, ningún Gobierno español se ha atrevido a afrontar esta reforma estructural de un sector con mucho poder económico, político y mediático. Y ahora, el Gobierno Sánchez, muy debilitado, sólo aplica un parche poco efectivo e incoherente con la política fiscal que predica. Así que ya lo saben: ha subido la luz y seguirá subiendo, llueva o no, porque tenemos un mercado de locos y pagamos por todo. Y así será hasta que algún día, otro Gobierno y otros políticos, más audaces, se atrevan a poner orden, en perjuicio de unos pocos y en beneficio de la mayoría. No parece cercano.

Nos suben la luz más cara de Europa

El recibo de la luz sube desde abril un 7%, para cumplir varias sentencias del Supremo que dan la razón a las eléctricas en sus demandas contra la congelación de tarifas pactada en octubre por PP y PSOE. Y las electricas dejarán de pagar el bono social, que beneficia a 3 millones de usuarios. Pero esta subida es sólo un parche: el mercado eléctrico es un desmadre de sobrecostes ocultos que provocan que 29 millones de consumidores y empresas paguemos la luz más cara de Europa, con un 80% de subida desde 2004. Se produce el doble de luz que se consume, a un precio no competitivo y con peleas entre eléctricas y renovables por cargarnos sus costes. Y eso ha creado una bola de nieve de deuda que pagamos en el recibo.

enrique ortega

El recibo no debía subir en abril porque los costes de producir energía no han aumentado. Pero sube un 7% para cumplir las sentencias del Tribunal Supremo, que rechazan la congelación de tarifas pactadas por PP y PSOE desde octubre a marzo, unos 2.700 millones de euros. Y las eléctricas dejarán de pagar el bono social, un privilegio para 3 millones de usuarios (parados, familias numerosas y pensionistas con bajos ingresos), que tenían el recibo congelado desde 2009, gracias a un pacto entre el Gobierno socialista y las eléctricas (a cambio de cargar con su coste, 300 millones €, ingresaban 1.000 millones por la subasta de CO2), pacto que rompió Iberdrola recurriendo el bono social ante el Supremo. Ahora, el bono lo pagaremos los demás usuarios, en el recibo.

Esta subida es sólo un parche, que no resuelve el problema de fondo: la subida de tarifas de la última década no ha reflejado los costes reconocidos a las eléctricas, que tienen una deuda de tarifa de 29.000 millones de euros. Una deuda que tenemos con ellos 29 millones de usuarios y que estamos pagando año tras año, con intereses, en el recibo: 2.650 millones en 2011 y así durante quince años. Una hipoteca que supone el 6 % del recibo de la luz y que engorda año tras año, porque las eléctricas siguen cargando unos costes elevados y el Gobierno sube mucho menos la luz. De hecho, pedían que subiera un 20% en dos años.

El tema de fondo es que los costes de la luz no son trasparentes y el mercado eléctrico es oscurantista y está controlado por un triopolio (Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa) que tiene el 88,6 % de los clientes. Y cuyos costes son injustos e ineficientes. Por un lado, facturan el kilovatio de las centrales hidroeléctricas y nucleares al precio de la última central construida, cuando la mayoría están superamortizadas. De hecho, las centrales hidráulicas reciben 77 € por Mw cuando su coste es 3 €  (y en las nucleares 30 €). Con ello, les pagamos un sobrecoste anual de 3.478 millones. Y otro sobrecoste por el transporte y la distribución.  Además, se les pagaron 3.000 millones de más en compensación por la liberalización del mercado (CTC). Los usuarios también pagamos 600 millones a las grandes industrias porque acepten no tener suministro si falta energía, algo que no pasa desde 2007 (y cobran cada año). Y las renovables cargan en el recibo otros 2.000 millones año de subvenciones (durante 25 años).

Como se ve, todos ordeñan el recibo. Y así resulta que sólo el 45% de la factura es el coste de la luz (24,8 % producirla, 4,6 % transportarla y 16,2 % distribuirla). Del resto, un 22 % son ayudas a las renovables, un 20%  impuestos, 6% para pagar la deuda eléctrica, 3% para compensar a las eléctricas del mayor coste de producir luz en las islas, Ceuta y Melilla y el 4 % restante es un cajón de sastre en el que pagamos la moratoria nuclear, la CNE, Red Eléctrica, a los grandes consumidores y los planes de ahorro y calidad.

Al final, este galimatías de costes y tarifas ha provocado una subida de la luz del 80% desde 2004, un 60% por tarifas y otro 20% por déficit de tarifa, una subida diferida. Con ello, los españoles pagamos la luz más cara de Europa, tras Chipre y Malta, según Eurostat: 16 céntimos por kW frente a 12 de media en la UE (en 2007 eran 11,80 frente a 10). Y las empresas pagan una tarifa eléctrica industrial (35% del consumo) que es la sexta más cara de la UE (tras Italia, República Checa, Eslovaquia, Chipre y Malta), lo que encarece los costes y deteriora la productividad de nuestra economía.

El problema de fondo es que sobra electricidad, sobran centrales: hay una potencia instalada de 100.000 MW cuando el consumo máximo diario está en 40.000. Y como la luz no se puede almacenar ni exportar (hasta 2014 no entrará en funcionamiento el nuevo túnel por los Pirineos para exportar a Europa un 6% de la electricidad, el doble que ahora), la alternativa es parar las centrales, sobre todo las de gas (25.000 Mw), que funcionan la cuarta parte del tiempo, cuando no hay viento para los molinos eólicos, aunque cobran por “disponibilidad”. Luego vivimos en un país donde sobra luz, donde pagamos por centrales que no funcionan y donde pagamos subvenciones millonarias por renovables todavía poco competitivas. Y a pesar de haber sobreproducción y crisis, la luz ha subido un 20% en los dos últimos años.

Un desmadre del que las eléctricas culpan a las renovables (las constructoras ACS, Abengoa y Acciona), exigiendo una moratoria en las centrales termosolares, y las renovables a las eléctricas, quejándose de que cargan costes de más en hidroeléctricas y nucleares. Y en medio, 29 millones de usuarios que pagamos unos costes innecesarios, desproporcionados  e ineficientes. El Gobierno ZP fue incapaz de enfrentarse a estos dos lobbys (6 empresas que ganaron 9.698 millones en 2011) y el fusible eléctrico está apunto de saltar. Rajoy dice que no les tiene miedo y prepara una reforma para que ayuden a resolver el entuerto, pagando una tasa nuclear e hidroeléctrica y recortando costes y subvenciones. Habrá que verlo.

De momento, este viernes el Gobierno ha aprobado un parche , recortado ingresos a las eléctricas : 1.100 millones en lo que les pagamos por distribuirnos la luz, transportarla y tener abiertas las centrales. Pero a los usuarios, nos ha sacado 1.382 millones con la subida del 7% este trimestre. Y no será la última este año. Porque o recortan de verdad los costes inflados de las eléctricas o los seguiremos sufriendo en el recibo de la luz, que vuelve a ser mensual. Al tiempo.