¿Faltan trabajadores?

Algunos empresarios se quejan de que no encuentran trabajadores: peones de la construcción, camioneros, camareros y personal de hoteles o temporeros del campo. No pasa sólo en España, también en Reino Unido, resto de Europa y Estados Unidos. El presidente Biden dio la solución: “páguenles más”. Y se sumó Yolanda Díaz. Suena muy “progre”, pero los salarios son sólo parte de la solución: también hay que ofrecer contratos “decentes”. Pero sobre todo, faltan trabajadores en muchos puestos porque no hay suficiente personal formado: encofradores, electricistas, gruistas, cocineros, conductores de maquinaria, ingenieros agrónomos y, principalmente, especialistas en medio ambiente, informática, digitalización y nuevas tecnologías (faltan 100.000 empleos digitales). El problema de fondo es que tenemos una educación ineficaz, desde la escuela a la Universidad, con adultos poco formados (el 37% frente al 17% en Europa). Y que las empresas gastan poco y mal en formar a sus trabajadores. No basta con pagar más. El gran reto es educar y formar en los empleos con futuro.

Enrique Ortega

El empleo lleva creciendo 15 meses, desde junio de 2020, tras lo peor de la pandemia: se han creado 1.423.800 nuevos empleos en España, según la última EPA (septiembre 2021). Pero aún así, hay muchos empresarios que se quejan: podrían crear más empleos, pero no encuentran los trabajadores que buscan. Sobre todo en la construcción (la patronal CNC dice que faltan 700.000 trabajadores para cubrir las inversiones contempladas en el Plan de recuperación), en el transporte (la patronal Fenadismer habla de un déficit de 10.000 a 15.000 camioneros en España), en la hostelería y el turismo (desde camareros a limpiadoras y personal de habitaciones) y en el campo (temporeros). También en el resto de Europa se quejan de que faltan camioneros y otros trabajadores, igual que en EEUU, donde faltan estibadores en los puertos, camioneros y trabajadores no cualificados.

Este déficit de empleos se refleja en las estadísticas. En España, la cifra de “vacantes” (puestos que no encuentran quien lo ocupe) ha subido mucho tras la pandemia: eran 74.346 vacantes en junio de 2020 (107.531 un año antes) y 119.202 vacantes en junio 2021, la cifra más alta de empleos sin ocupar de la última década, según los últimos datos del INE. La cifra no es muy importante en la construcción (6.575), a pesar de lo que dice la patronal, tampoco en la industria (7.033), pero sí en los servicios (105.605 vacantes en junio 2021), por los puestos sin cubrir en el comercio (12.692), la sanidad (9.292), la hostelería (8.170) y el transporte (3.208 vacantes). La mitad de estas vacantes se da en empresas muy pequeñas, de menos de 4 trabajadores (56.407) y sólo un tercio en las grandes (36.980). Y las vacantes se concentran en Cataluña (27.917), Madrid (27.001), Andalucía (16.561), Comunidad Valenciana (12.788) y Castilla y León (5.663), siendo mínimas en el resto del país.

Con todo, España está a la cola de Europa en empleos vacantes, lo que parece lógico cuando tenemos el doble de paro que el resto del continente: tenemos un 0,8% de empleos por cubrir, la tercera cifra más baja de Europa (tras el 0,3% de Grecia y el 0,8% de Rumanía), frente al 2,2% de empleos vacantes en la UE-27, el 1,9% en Francia o Italia y el 2,9% de empleos vacantes en Alemania, según los últimos datos de Eurostat (junio 2021). En Reino Unido hay 1,10 millones de empleos vacantes, un 3,4% de los empleos. Y en EEUU tenían 9,3 millones de empleos vacantes en junio pasado, el 6,2% de los empleos.  

¿Qué está pasando para que aumenten los empleos sin cubrir?  Hay varias causas. La primera, que la pandemia ha frenado la inmigración en todos los paises, también en España: sólo 149.011 extranjeros se sumaron al Censo en 2020, menos de la mitad de los extranjeros censados en 2019 (+395.168). Y muchos de estos inmigrantes son los que trabajan en el campo (temporeros), la construcción, la hostelería y el turismo. Otro factor es que muchos de los que han sido despedidos durante la pandemia, en la construcción, la hostelería y el campo, no quieren volver a trabajar en esas empresas, porque saben que son empleos muy precarios. Y algunos ya salieron de la construcción en la crisis de 2008 para pasar ahora a la hostelería y salir con la pandemia, así que están “doblemente escaldados”: intentan trabajar “en otra cosa”. Y además, las empresas ahora, que no tienen claro el futuro y están también escaldadas de esta nueva crisis, ofrecen contratos muy precarios y salarios muy bajos. Sobre todo a trabajadores no cualificados de la construcción, el campo y los servicios.

Por eso, en junio, el presidente Joe Biden dio “la solución” a los empresarios norteamericanos que se quejaban de que no encontraban trabajadores: “Páguenlos más” (“Pay them more”). Y después le copiaron el ministro francés de Economía y la ministra Yolanda Díaz: “Páguenles más”.  Suena muy “progre” y realista (el salario hora en España es de 22,8 euros, un 20% inferior a los 28,5 euros de media en Europa y un 38% inferior a los 36,6 euros por hora que cobran en Alemania, según Eurostat), pero es sólo una parte del problema. Porque muchos de estos trabajos donde hay vacantes no sólo tienen sueldos mínimos sino también unas condiciones de trabajo muy precarias: contratos basura (por días y hasta por horas) y horarios infinitos (camioneros, hostelería o comercio), sin derechos.

Así que con contratos “decentes”, mejores condiciones de trabajo y mayores sueldos podríamos resolver una parte del problema, encontrar trabajadores para los empleos que no requieren cualificación. Pero la mayor parte de los empleos vacantes son empleos que sí requieren alguna cualificación. Algunos, una cualificación media, por ejemplo en construcción: faltan “caravisteros” (ponen ladrillos en fachadas) y “tabiqueros” (ladrillos en interiores), que ganan más de 50.000 euros al año, encofradores, ferrallistas, electricistas, fontaneros y operadores de grúa, empleos especializados. Y en transporte, operadores de algunos vehículos especiales y en logística. Y en hostelería, cocineros. Todo ello exige potenciar la figura del aprendiz y los cursos de Formación Profesional (FP).

Pero la mayoría de empleos vacantes y más en el futuro, son empleos que exigen una mayor especialización y formación, como los 100.000 empleos digitales que faltan en España, según la patronal DigitalES. Y lo mismo en sectores de futuro como la informática, la gestión de datos o las energías alternativas y el medio ambiente. Incluso en el campo, hay un déficit de ingenieros agrónomos (en Cataluña, por ejemplo, salen 20 licenciados al año frente a 150 que se demandan). Es aquí, en las profesiones más demandadas, donde 6 de cada 10 empresas tienen dificultades para encontrar trabajadores, según Manpower: analistas de datos, expertos en ciberseguridad e inteligencia artificial, digitalización y robótica, desarrolladores de software, consultores TIC, especialistas en redes, diseñadores de producto, analistas varios y todos los expertos en energías alternativas y medio ambiente. Y ya hoy, las empresas ofrecen más empleos a los que tienen FP que a los universitarios.

La solución a la falta de trabajadores no está sólo en ofrecer mejores sueldos y contratos. Hay que apostar por tener trabajadores mejor formados y cualificados en los empleos del futuro. Y aquí, España tiene “un grave hándicap de partida”, del que no hablan ni políticos ni empresarios: tenemos un país con poca formación. Un 37,1% de los adultos (25-64 años) españoles  tienen “baja formación” (ESO o menos), el doble que la media europea (17,1% de los adultos) y casi el triple que Alemania (sólo 13,9% adultos poco formados), según el Informe de la Educación OCDE 2021 Y sólo tenemos un 23,2% de la población adulta con formación media (Bachillerato o FP), la más demandada, frente al 46% de los adultos en Europa y el 55% en Alemania. Eso sí, tenemos más universitarios que la media europea (39,7% de nuestros adultos frente a al 37,6% en la UE y el 31,3% en Alemania), pero un tercio de nuestros universitarios están subempleados (poniendo copas o de cajera en un súper).

Y si nos fijamos sólo en la formación de los jóvenes (25 a 34 años), el problema persiste, aunque mejora ligeramente: tenemos un 28,3% de jóvenes con poca formación (ESO o menos) frente al 12,3% en Europa, debido sobre todo a la lacra del “abandono escolar temprano” (16% en España, el 2º país peor de la UE, tras Malta, frente al 9,9% en la UE-27). Y sólo un 24,3% con formación media (Bachillerato o FP) frente al 43,1% en Europa, según el mismo Informe de la OCDE. Y en este grupo, sólo un 36% estudian Formación Profesional (FP), mientras lo hacen el 43% de los jóvenes en Europa, el 45% en Alemania, el 55% en Italia o el 65% en Reino Unido. Eso sí, tenemos más jóvenes universitarios (47,4% del total frente al 44,5% en la UE-27), aunque dos tercios de ellos no encuentren “trabajo de lo suyo” y estén subempleados o parados (el 15% en España, 6% en la UE y 4% en Alemania).

Esta baja formación de adultos y jóvenes es una clara consecuencia de un sistema educativo ineficaz, que pierde a muchos jóvenes por el camino y que no forma para encontrar trabajo. Y además, España es el 5º país de Europa que menos gasta en educación, en las últimas décadas y más tras los recortes de 2010 a 2015.

Pero no sólo falla la educación, también falla el reciclaje de trabajadores y parados. España es el 2º país de Europa con más paro (14,6% frente al 6,7% en la UE-27, según Eurostat), pero lo más grave es que tenemos muchos parados de larga duración (1.638.000, el 48% llevan más de un año parados), muy difíciles de recolocar, y muchos parados con poca formación: el 47,05% de todos los parados en septiembre ( son 1.607.600) tenían baja formación (la ESO o incluso menos), un 25,14% formación media (Bachillerato o FP) y el 27,79% restante tenían formación universitaria, según la última EPA.

Así que tenemos un país con adultos poco formados y donde la mitad de los parados apenas tiene formación (y les ofrecen cursos escasos y poco atractivos). Así parece difícil que las empresas encuentren los trabajadores que necesitan. Pero esas empresas tienen también mucha culpa, no sólo el sistema educativo. Primero, porque gastan en la formación de sus empleados la mitad que en Europa y la tercera parte que en EEUU, según la consultora Élogos. Y además, la mayor parte del gasto en formación lo hacen las grandes empresas, mientras las pymes (el 99%) sólo hacen el 10%. Y segundo, porque las empresas españolas han reducido a la mitad su gasto en formación en la última década: gastaron un máximo de 110,95 euros por trabajador en 2011, bajaron a 99,88 euros en 2014 y volvieron a caer hasta los 55,57 euros por trabajador en 2020, según detalla la última Encuesta anual de coste laboral del INE. La caída es más llamativa si la vemos así: en 2011, el 0,35% del coste total de un trabajador (31.370 euros de media) era formación y ahora, en 2020, el coste de la formación ha caído al 0,18% del coste total  por trabajador (31.150 euros). El gasto de las empresas en formación era mínimo y ahora es insignificante.   

Podemos verlo de otra manera, el gasto en formación de empresas y trabajadores. Cada mes, se descuenta una parte de las nóminas para formación (el 0,7%, un 0,6% las empresas y un 0,1% los trabajadores). En 2019, último año con datos, fueron 2.101,9 millones para formación, a los que se sumaron otros 312,55 de aportaciones del Estado y Europa (FSE). Con este dinero se hicieron 90.694 cursos, en los que participaron 267.480 empresas (de los 3 millones que hay en España), según los datos de la Fundación para el Empleo (FUNDAE). Una parte son cursos que se dan en Centros homologados y la menor son cursos subvencionados que dan las propias empresas a sus trabajadores, básicamente las grandes. El problema no es solo que se gasta poco dinero en formación, sino que además se gasta mal: cada año quedan sin gastar un 20% de los fondos que aportan empresas y trabajadores, según denuncia UGT, con lo que hay un remanente sin utilizar de 2.500 millones. Y eso por el exceso de control y burocracia, que retrasa el pago ayudas de 1,5 a 2 años, provocando que muchas empresas no se animen a adelantar el gasto para hacer cursos.

Bueno, si ha llegado hasta aquí verá que la falta de trabajadores es una cuestión más compleja que “pagarles más”. Y que las empresas que se quejan tienen bastante culpa, por no apostar por la formación de sus trabajadores y por no acabar con un sistema de cursos ineficaz. Y que los Gobiernos y el país  tenemos mucha culpa también por no afrontar de una vez por todas la reforma de un sistema educativo que no ayuda a formarse en los empleos que se necesitan. En vez de hacer demagogia con la falta de trabajadores, urge tomar medidas eficaces: pactar una reforma educativa, fomentar y mejorar la imagen de la FP, cambiar el sistema de cursos ligados a la cuota de formación, modernizar las oficinas de empleo (para que ayuden a recolocar a los parados) y plantearse como prioridad la formación y el reciclaje permanente de los españoles, del colegio a la jubilación. Conseguir una plena sintonía entre empresas, educadores y formadores, para limitar las vacantes. Y, sobre todo, orientar a los jóvenes a estudiar las profesiones con futuro. Formarse más y mejor.

El empujón de los Presupuestos 2021

Ayer se llevaron al Congreso los Presupuestos 2021, que sustituyen a los Presupuestos 2018 de Montoro, que han durado 3 años. Su objetivo es gastar más que nunca, en gasto social y en la reconversión energética y digital, para reanimar la economía tras la peor recesión del último siglo. Pero estos Presupuestos pecan de optimismo: esperan gastar tanto gracias a un dudoso crecimiento de la economía (+9,8% en 2021, cinco veces el de 2019) y a una recaudación que pinchará si crecemos menos. Y además, venden “subidas de impuestos” a grandes empresas y los más ricos, una imposición de Podemos que es sólo “un escaparate populista”: ambas subidas sólo ingresarán 617 millones, un 0,27% de toda la recaudación prevista. El chocolate del loro. Mejor que hacer demagogia (que restará apoyos) hubiera sido buscar otros ingresos (supresión deducciones, IVA, impuestos verdes) y ajustar los gastos a un crecimiento más realista. Con todo, el mayor riesgo es que los rebrotes retrasen la recuperación y estos Presupuestos sean papel mojado.

 

Las cuentas del Estado, los Presupuestos, se hacen al revés de lo que la mayoría piensa: primero se mira el déficit que nos deja Bruselas, luego lo que se puede ingresar con los impuestos y así nos sale lo que podemos gastar. Un “techo de gasto” que, desde agosto de 2011 (cuando Zapatero y Rajoy lo introdujeron en la Constitución, por presión de Merkel), ha de aprobar el Congreso español además de Bruselas. La novedad de este año es que, con la pandemia, la Comisión Europea ha abierto la mano y ahora todos los paises pueden saltarse el tope de déficit, ese 3% del PIB que era sagrado. “Hay que gastar lo que haga falta” es ahora el mensaje de la Comisión Europea que nos impuso los recortes en 2010.

Pero claro, hay un límite para todo. Y tras el gasto extra hecho en 2020 contra la pandemia (cifrado por el Gobierno en 210.000 millones de euros), España va a cerrar este ejercicio con un déficit público del -11,3% del PIB (-124.905 millones), un “agujero” insostenible. Por eso, los Presupuestos 2021 presentan a Bruselas un déficit “más asumible”: baja al -7,7% del PIB (-94.304 millones). Y a partir de ahí, el Gobierno Sánchez promete cumplirlo porque vamos a crecer mucho en 2021 (un +9,8%, frente al -12,8% de caída en 2020 que pronostica el FMI) y ese fuerte crecimiento permitirá aumentar los ingresos tributarios un 13% (recaudar 25.570 millones más que en 2020, según los Presupuestos 2021). Y con esa mayor recaudación y la ayuda del dinero europeo (26.634 millones de los Fondos UE que el Presupuesto español adelanta, porque no llegarán hasta el verano próximo), España se lanza a gastar más que nunca, en recomponer el Estado del Bienestar y en modernizar la economía.

Este es el esquema del Presupuesto 2021, unas cuentas que pecan de “optimistas”, de “cuentas de la lechera”, porque será muy difícil que España crezca el +9,8% en 2021, dado que creció el +2% en 2019 y en torno al +3% en los mejores años de la recuperación (2015 al 2018). Y también será difícil recaudar un 13% más , sobre todo porque 2020 puede acabar con menos ingresos fiscales de los previstos (por los rebrotes). En cuanto al dinero europeo, es importante (26.634 millones a fondo perdido) pero es una cantidad insignificante sobre el gasto total (el 5,8%) e incluso sobre el gasto social previsto (3,7%), aunque si pesa mucho en las inversiones previstas para modernizar la economía (34,8%).

A falta de medidas extraordinarias para recaudar más (pensando que una economía en recesión no es el mejor momento para subir impuestos), el Gobierno quiere “vender” que los Presupuestos 2021 suben los impuestos “a las grandes empresas y a los más ricos”, por imposición de Podemos, que presionó a Sánchez la víspera del Consejo con no aprobar los Presupuestos si no se incluía. Las tres subidas son puramente “ideológicas”, nada eficaces. Una, quita parte de la deducción por doble imposición de dividendos a 1.739 grandes empresas del millón y medio que declaran por sociedades. La segunda, establece un recargo en el impuesto sobre la renta a los que ganan más de 200.000 euros anuales (+3% recargo) y más de 300.000 euros (+2%), en total 36.194 contribuyentes de los 19,5 millones que declaran. Y la tercera, subir el 1% a los contribuyentes que declaran más de 10 millones en el impuesto de patrimonio, un impuesto que cobran las autonomías (no Hacienda). En total, estas tres “subidas” (que Podemos vende a bombo y platillo) esperan recaudar 617 millones, el 0,27% de toda la recaudación prevista en 2021. El “chocolate del loro”, una subida de cada a la galería, que no servirá apenas para recaudar pero sí para justificar las críticas de la derecha y los empresarios a estos Presupuestos 2021.

Hubiera sido mejor no hacer demagogia y dejar estas subidas de impuestos (inútiles) hasta 2022 o 2023, cuando hayamos salido de esta recesión y se plantee una necesaria reforma fiscal. Porque la realidad es que tenemos un serio problema de recaudación: España recaudó en 2019 el 39,2% del PIB frente al 46,1% de media en la UE-27, según Eurostat. Eso significa que ingresamos -85.889 millones menos cada año que la media europea. Y eso se debe, según la UE, la OCDE y el FMI a que ingresamos menos en todos los impuestos (desde el IRPF al IVA o Sociedades), porque hay un exceso de deducciones, demasiadas excepciones en IVA y muchos “agujeros” en los impuestos que pagan las empresas, multinacionales y los más ricos, además de un escaso peso de la fiscalidad verde. Por eso, hay que plantear en serio una reforma fiscal, no hacer demagogia.

Con todo, en el Presupuesto2021 se incluyen otras 3 subidas de impuestos “justificables”, aunque suponen también poca recaudación: la subida del impuesto al gasóleo (de 30,7 a 34,5 céntimos por litro, todavía mucho menor a la media europea de 66,7 céntimos, que encarece 2 euros llenar el depósito), que aportará 450 millones,  la subida del IVA (del 10 al 21%) a las bebidas azucaradas (una “bomba para la salud: una lata de Fanta incluye el equivalente a 10 terrores de azúcar), que aporta 340 millones y  la subida a las primas de seguros del 6 al 8% (que no se tocaban desde 1998), que aportará 455 millones más. En total, sumando los retoques “a grandes empresas y los más ricos”, un aumento previsto de la recaudación de 1.862 millones, el 0,83% de todos los ingresos tributarios previstos. Y si sumamos otras subidas aprobadas antes y que van a reportar ingresos en 2021 (968 millones de la tasa Google y 850 millones de la tasa Tobin a operaciones en Bolsa) o los previstos nuevos impuestos a bolsas de plástico (491 millones) o sobre residuos (861 millones), más la lucha contra el fraude fiscal (828 millones) y otros (225), el Presupuesto 2021 cuenta con 4.223 millones de nuevos impuestos, sólo el 1,9% de la recaudación tributaria prevista el año que viene (222.107 millones). El chocolate del loro. Nada que ver con esos 88.418 millones más que deberíamos ingresar para recaudar como europeos.

Así que en cuestión de impuestos, “mucho ruido y pocas nueces”, que amplificará la derecha para justificar su oposición al Presupuesto 2021. En cuanto a los gastos, el esfuerzo que hace este Presupuesto 2021 es “histórico” de verdad: el gasto público total será de 456.073 millones de euros, un 20,1% superior a 2020. Y un gasto no financiero (sin contar transferencias, desempleo, deuda pública y gasto financiado con fondos UE), que es el techo de gasto que fiscaliza Bruselas, de 195.686 millones de euros, casi el doble del techo de gasto que aprobó Rajoy en 2012 (117.400 millones) para salir de la crisis de 2008.

Para no perderse entre este gasto total (los 456.073 millones), lo analizaré por bloques (ver cuadro Presupuesto 2021). Un primer bloque es el gasto social, al que se destinan 239.765 millones en 2021 (el 52,6% del total). Aquí, las grandes partidas son pensiones (el mayor gasto: 163.297 millones en 2021, el 35,8% de todo el gasto público, con una subida del 0,9% para todos los pensionistas y el +1,8% para las pensiones mínimas), el desempleo (25.012 millones, un 20,1% más), otras prestaciones económicas (20.623 millones, incluyendo 3.017 millones para pagar el ingreso mínimo vital a 850.000 familias, la ampliación del permiso de paternidad de 12 a 16 semanas para 236.000 familias, una subida del 152% en los recursos para la igualdad de género y un 59% más de fondos contra la pobreza infantil, 1.140.000 niños en España), fomento del empleo (7.405 millones, +29,5%), servicios sociales (5.021 millones, un 70,3% más, con 600 millones extras para la Dependencia), Sanidad (7.330 millones, +75,3%, casi el doble de los 4.181 millones gastados en 2020), Educación (4.893 millones, +70,7%, con 514 millones más para becas, 200 millones para impulsar la educación infantil 0-3 años y 1.500 millones para la Formación Profesional), Vivienda (2.253 millones, +367,9%, para ayudas al alquiler, VPO y rehabilitación) y Cultura (1.148 millones, +25,6%), subidas todas para reforzar el Estado del Bienestar tras años de recortes.

Otro importante bloque de gasto son las inversiones para impulsar y modernizar la economía, 49.399 millones de gasto (+67,1% sobre 2020): 12.344 millones (+75%) para Ciencia (I+D+i) y digitalización de la economía, 11.166 millones (+103,9%) para industria y energía (5.300 millones para energías renovables y eficiencia energética), 11.527 millones para infraestructuras (+114,8%, la 2ª inversión que más crece), 8.405 millones (+10,2%) para agricultura, pesca y alimentación, 2.621 millones (+4,1%) para subvencionar el transporte y 2.230 millones para comercio, turismo y pymes (+150%, la partida que más crece entre los gastos económicos de los Presupuestos 2021).

Un tercer bloque de gasto, 22.697 millones (+5,5%) van al mantenimiento de los servicios públicos básicos: Seguridad Ciudadana (9.694 millones, +3,5%), Defensa (9.072 millones, +5%), Justicia (2.048 millones, +7,6%) y Política exterior y Cooperación (1.882 millones, +17.4%). Y queda un cuarto bloque, de actuaciones generales: 70.288 millones de transferencias (18.396 millones a la Seguridad Social, para quitarle “gastos impropios” y déficit, y 13.486 millones a las autonomías, para que tengan menos déficit), 42.263 millones al funcionamiento de los servicios (a los funcionarios les suben el 0,9%) y 31.667 millones a pagar la deuda pública (+0,4%), la 2ª mayor partida de gasto tras las pensiones.

Ya sabemos dónde va a ir el dinero que se recaude y el déficit. Con este “empujón” de gasto e inversión, el objetivo es reanimar la actividad, “tirar” de la inversión privada y conseguir que España crezca ese +9,8% en 2021 y empiece a crear empleo: +1.316.857 empleos espera crear el Gobierno en 2021, tras perderse -1.677.219 en 2020, según el cuadro macro que se incluye en los Presupuestos 2021. Eso significa que todavía, a finales de 2021, habremos perdido -360.000 empleos sobre antes de la pandemia y tendremos un 16,3% de paro (frente al 17,1% de 2020 y el 14,1% de 2019). Es decir que, a pesar del “empujón” del Presupuesto 2021, necesitaremos otro empujón en 2022 (gastar mucho y recaudar más) para salir del túnel de la pandemia en 2023: faltan más de 2 años para que recuperemos el crecimiento y el empleo perdido, igual que Francia y Reino Unido, aunque Alemania, Portugal y EEUU se van a recuperar en 2022 (e Italia en 2024), según el FMI.

Todo este esquema, un Presupuesto 2021 expansivo (para relanzar la inversión, el crecimiento y el empleo) y progresista (que recupere el Estado del bienestar y ayude a los que más sufren esta nueva crisis), está pendiente de que la economía se recupere con fuerza y el Estado (y las autonomías) consigan recaudar más para gastar más. Es una apuesta arriesgada, porque si la economía “pincha” y crece menos, se podrá gastar menos o habrá más déficit (y entonces, Bruselas podría volver a hablar de “recortes”). Y sobre todo, hay más riesgo de que estas cuentas no salgan si siguen los rebrotes: si no se frenan los contagios y hay que volver a un confinamiento duro, como en marzo, la recesión este año sería mayor y la recuperación se retrasaría y debilitaría en 2021. Por eso resulta aún más prioritario frenar al virus como sea, a costa de cierres de ciudades y medidas más duras. Porque si no, la salida del túnel sería más tarde. Y estos Presupuestos 2021 serían “papel mojado”.

Gasto público: nos falta de todo

España tendrá en 2021 el mayor gasto público de su historia, casi 200.000 millones, el techo de gasto aprobado por el Gobierno este martes. Es la estrategia para reconstruir el país tras la pandemia. Pero también para recomponer los servicios públicos, muy debilitados tras los recortes, como ha desvelado el coronavirus. Nos hace falta gastar en casi todo. Porque somos el país europeo grande que menos gasta en sanidad, educación, gastos sociales, pensiones, familia, vivienda  y cultura, en todo menos en paro, según Eurostat. Hoy y en los últimos 25 años. Hay que recomponer el Estado del Bienestar, porque incluso gastamos menos que ahora que en 2009. Y para pagarlo, habrá que ingresar más, porque España es también el país europeo que menos recauda, porque muchos pagan menos impuestos de lo que deben. Son datos, no ideología. Y por eso, aunque Europa nos deja tener más déficit, habrá que ingresar 18.000 millones más para pagar tanto gasto necesario. Seamos europeos en gastos e impuestos. Es el gran debate del Presupuesto 2021. 

 

La pandemia ha puesto a prueba nuestro Estado del Bienestar y los servicios públicos, en especial la sanidad, la educación, los gastos sociales y la atención a los mayores, que se han visto muy debilitados tras décadas de bajo gasto y los recortes sufridos entre 2010 y 2015. Mucha gente cree que en España hay un despilfarro de gasto público, pero es un falso mito: España es el país europeo grande que tiene menos gasto público, según las últimas estadísticas europeas (Eurostat 2019). Concretamente, el gasto público en España fue del 41,9% del PIB, frente al 46,7% de la UE-27. Eso significa que gastamos 59.775 millones menos, sólo en 2019, que la media europea. Y si nos comparamos con los grandes paises con los que competimos, también gastamos menos: Francia gasta el 55,6% de su PIB, Italia el 45,4% y Alemania el 45,4% (si gastáramos como alemanes pero con nuestro PIB, deberíamos gastar 43.586 euros más al año). Y también gastamos mucho menos que los “austeros” paises del norte que nos tachan de “despilfarradores”: 53,3% del PIB gasta Finlandia, 49,3% Suecia, 48,2% Austria y Holanda lo mismo que nosotros, el 41,9% del PIB…

Y además, gastamos menos en todo, según las últimas estadísticas europeas (Eurostat 2018). En sanidad: 6% del PIB España  frente al 7% la UE 27 (gastamos 12.453 millones menos cada año), el 8,1% Francia, el 7,2% Alemania (gastamos 14.949 millones menos en sanidad cada año que los alemanes, lo que quizás explique por qué hemos afrontado peor la pandemia), 6,8% Italia, 7,6% Holanda, 8,2% Austria, 7,5% Reino Unido, 6,3% Portugal y sólo un 5% Grecia. Y somos el 13º país UE que menos gasta en sanidad, tras Irlanda, Grecia, Chipre, Malta, Luxemburgo y 7 paises del Este, según Eurostat. También gastamos menos en educación: 4% del PIB en España frente al 4,6% en la UE-27 (gastamos 7.472 millones menos cada año), 5,1% del PIB en Francia, 4,2% en Alemania, 4% en Italia, 4,8% en Reino Unido, 5,1% en Holanda y 5,5% en Finlandia (el país con mejor educación de Europa). Y así somos el 5º país UE que menos gasta en educación, tras Bulgaria, Grecia, Irlanda y Rumania.

También gastamos menos en protección social: un 16,9% del PIB en España frente al 19,2% que gasta la UE-27 (gastamos 28.642 millones menos cada año), el 23,9% de Francia, 19,4% en Alemania, 20,8% Italia, 14,9% Reino Unido y hasta un 19,5% que gasta Suecia y el 24,1% del PIB que gasta Finlandia. De hecho, somos el 14ª país UE que menos gasta en protección social, tras Holanda, Reino Unido, Irlanda, Chipre, Malta y 8 paises del Este, según Eurostat. Si desglosamos este gasto social, vemos que España gasta menos en pensiones (9,4% del PIB frente al 10,4% de la UE 27: -12.453 millones cada año), en enfermedad e invalidez (2,4% del PIB frente al 2,7% la UE-27: -3.736 millones anuales), en familia y niños (0,8% del PIB frente a 1,7% la UE-27: -11.207 millones cada año). Y lo mismo en otros gastos no sociales, como el gasto en alojamientos y equipamientos (0,5% en España frente al 0,6% en la UE-27, el 1,1% en Francia o el 0,4% en Alemania) y en ocio, cultura y culto: 1,1% del PIB gasta España, igual que la UE-27, frente al 1,4% Francia o el 1,1% Alemania. Sólo gastamos más en paro (porque tenemos más del doble): 1,6% del PIB en España frente al 1,3% en la UE-27, aunque Francia gasta más (1,9% del PIB) con menos de la mitad de paro y Alemania casi lo mismo (1,1% del PIB), con la cuarta parte de desempleo. 

Como se ve, no somos un país “gastador”, ni ahora ni en los últimos 25 años: si buceamos en las estadísticas de Eurostat, vemos que España gastaba ya menos que Europa en 1995 (44,1% del PIB frente al 51,2% la UE-25), en 2000 (39,1% frente a 44,9% la UE-25) y en 2008, antes de la crisis (41,4% del PIB gastaba España, casi como el 41,4% de hoy, frente al 46,7% de la UE-27, idéntico al porcentaje que gastan hoy). Así que son 25 años con un gasto público comparativamente menor que Europa, lo que ha debilitado nuestros servicios públicos y el Estado del Bienestar. Y más con los recortes de 2010 a 2015.

De hecho, hay un dato espeluznante: España destina menos recursos al gasto social (sanidad, educación y gastos sociales) hoy que en 2009. Concretamente 1,12 millones menos (116.850 millones en 2019 frente a 116.851 millones en 2009), según el chequeo detallado que han hecho los Directores de Servicios Sociales. En 2019, gastamos -1.740,4 millones menos en Sanidad que diez años antes y -393,46 millones menos en educación, aunque gastamos +2.132 millones más en servicios sociales, básicamente porque en 2007 echó a andar la Ley de Dependencia y por las rentas mínimas autonómicas.

Este estudio explica qué nos ha pasado con la sanidad y la educación, tras décadas de bajo gasto y la puntilla de los recortes la pasada década: gastamos -57,45 euros menos en sanidad por habitante que hace 10 años (1.335,25 euros en 2019 frente a 1.392,7 en 2009) y -21,3 euros menos en educación por habitante (863,5 euros en 2019 frente a 884,8 en 2009), aunque ahora gastamos -41,9 euros más por habitante en servicios sociales. Y además, gastamos -163,4 euros menos por habitante en justicia, seguridad ciudadana, cultura y patrimonio. Sólo gastamos mucho más en pagar la deuda pública: de 149,4 euros por habitante en 2009 hemos pasado a pagar 684,6 euros, 4,5 veces más.

Y además de gastar menos en gastos sociales (-36.81 euros por habitante en 2019 que en 2009), el otro problema es que unas autonomías han recortado más y gastan menos que otras, así que los servicios públicos dependen de dónde vivamos. Basten tres datos, sacados del  informe de los Directores de Servicios Sociales. En sanidad, el País Vasco gasta (1.719,61 euros por habitante) un 47% más que Cataluña (1.166,79 euros por habitante) y un 40% más que Madrid (1.220 euros por habitante), las dos que menos gastan, con una media en España de 1.335,25 euros. En educación, el País Vasco gasta (1.274,63 euros por habitante) un 76% más que Madrid (723,84 euros por habitante) y un 68% más que Cataluña (756,84 euros por habitante), con una media española de 863,5 euros. Y en servicios sociales, Navarra gasta (694,37 euros por habitante) 4,5 veces más que Baleares (151,78 euros) y el triple que Canarias (217,41 euros), con una media española de 300 euros por persona (277 en Madrid y 276 en Cataluña).

Queda claro con todos estos datos que el gasto público en España es más bajo que en Europa e incluso menor que hace una década, lo que explica la debilidad de nuestro Estado del Bienestar, peor preparado que otros europeos para esta pandemia. Por eso, hay que apuntalarlo, aunque no tuviéramos el reto del coronavirus y sus secuelas. Pero además, hay que reconstruir el país, porque la pandemia causará este año la mayor recesión desde la Guerra Civil (una caída del PIB del -11,2% acaba de estimar el Gobierno) y eso provocará una grave crisis económica y social, que exige ayudar a empresas, trabajadores y familias, con mucho más gasto. Y además, invertir en cambiar el modelo económico, en medio ambiente, digitalización y sectores de futuro.

Para afrontar este enorme gasto, la Comisión Europea ha abandonado su corsé del gasto y del déficit que trajo los recortes impuestos desde 2010. Ahora no hablan de austeridad y, al igual que el FMI, la OCDE y el Banco Mundial, recetan lo contrario: gastar y gastar para salir del agujero de esta crisis. Y ya no impondrán a España ni a los demás paises UE el recortar drásticamente el déficit, ni en 2020 (que se disparará aquí al 11,3% del PIB, frente al 2,9% de 2019) ni en 2021 (que el Gobierno propone bajar al 7,7%). Con este “permiso” de Bruselas, el Gobierno Sánchez aprobó este martes el techo de gasto para 2021, que será el mayor gasto público que haga nunca España: 196.047 millones de euros, un 53,7% más de gasto público que en 2020 (127.609) y casi el doble del techo de gasto que aprobó Rajoy en 2012 (117.400 millones) para afrontar la crisis de 2008.

Este techo de gasto, esos casi 200.000 millones, no es todo el gasto público que se hará en 2021, ya que quedan fuera  de este techo de gasto que controla Bruselas (y que aprueba el Congreso, por exigencia constitucional) las transferencias a las autonomías y Ayuntamientos, el gasto en desempleo, los intereses de la deuda pública y el gasto financiado con fondos UE (según detalla este folleto de la AIReF). Pero es la mitad del gasto total y sobre el que pueden decidir los paises y Gobiernos. Ahora falta ver a qué se dedica este techo de gasto, algo que definirán los Presupuestos 2021. Pero sí sabemos que España tendrá que buscar cómo financiar la mayor parte de este gasto histórico, porque las ayudas europeas (140.000 millones en 6 años, 72.000 a fondo perdido) se van a retrasar al verano próximo y el Gobierno prevé que sólo 27.436 millones de este techo de gasto vengan de los fondos europeos en 2021.

En definitiva, que el techo de gasto del Estado con fondos propios será de 168.661 millones en 2021, de los que  13.486 millones será un dinero que gastarán las autonomías y otros 18.396 millones se trasvasarán a la Seguridad Social. Ahora, la clave es de dónde sacará el Gobierno esos 168.661 millones que ha de gastar con recursos propios. Una parte será déficit (el 5,2% de déficit tendrá el Estado, -61.645 millones de agujero en 2021), pero el resto (107.016 millones) habrá que sacarlo de los impuestos. Y comparado con el gasto y el déficit de 2019, eso supone que el Gobierno necesitará recaudar 18.000 millones más el año que viene, para cumplir con el gasto y el déficit prometidos.

Antes de ver cómo puede hacerlo, desmontemos un 2º falso mito, el de que pagamos más impuestos que otros paises. Los datos son muy evidentes, como en el gasto: España fue el país grande de Europa que menos recaudó en 2019, según las últimas estadísticas europeas (Eurostat 2019). Concretamente, España recaudó el 39,1% del PIB frente al 46,2% de media en la UE-27), lo que significa que ingresamos -88.418 millones menos (al año) que si recaudáramos como europeos. Recaudamos también bastante menos que Francia (52,6% de su PIB), Alemania (46,8% de su PIB), Italia (47,1%), Holanda (43,6%), Austria (49%), Bélgica (50,3%), Suecia (49,8) o Finlandia (52,2%). De hecho, somos el 9º país que menos recauda en Europa (comparativamente a su PIB), sólo por detrás de Irlanda, Reino Unido, Malta y 5 paises del Este. Y este no es un problema de ahora: recaudamos menos ingresos públicos que la mayoría de Europa desde 1995, según Eurostat.

Esto son datos, no ideología. Así que recaudar más no es algo de izquierdas, sino una necesidad para equipararnos con Europa. Y para pagar los muchos gastos que necesitamos. Con la grave recesión encima, no es un buen momento para subir impuestos, pero no queda más remedio que recaudar más. ¿Cómo? El gobernador del Banco de España, poco sospechoso de izquierdismo, propuso en el Congreso, el 23 de junio, subir 3 impuestos: el IVA (quitar tipos reducidos y superreducidos), los impuestos medioambientales (España recauda 3.500 millones menos de lo que podría, según Bruselas) y el impuesto de sociedades (“revisar los agujeros”, dijo textual: las exenciones no justificadas de muchas grandes empresas y multinacionales). La Comisión Europea lleva años pidiendo a España que rebaje las deducciones en IRPF e IVA y que recaude más con los carburantes, tabaco y alcoholes. Los expertos de FEDEA proponen establecer un recargo temporal sobre el IRPF (como hizo Rajoy en 2012, aunque el PP quiera olvidarlo…). Y los técnicos de Hacienda proponen una reforma fiscal a fondo.

Hay que esperar unas semanas, al proyecto de Presupuesto 2021 que presente el Gobierno, para ver qué impuestos se tocan: se estrenarán la tasa Google  y la tasa Tobin sobre operaciones en Bolsa, un posible recargo en el IRPF a los que ganan más de 130.000 euros (un 0,5% de contribuyentes), la posible supresión del IVA reducido y superreducido en algunos productos y la supresión de desgravaciones a los planes de pensiones privados (que benefician a los más ricos). Pero todo esto permitirá ingresar sólo unos 5.000 millones más. Hará falta retocar otros impuestos, como los carburantes y sociedades. Porque no podremos gastar más en todo lo que hace falta si no se ingresa algo más, a costa de los que puedan pagarlo (multinacionales, grandes empresas y los más ricos, no los trabajadores y las pymes, que ya pagan suficientes impuestos). Este será el gran debate de los Presupuestos 2021. Ojalá se haga sin demagogia, sin usar falsos mitos como que España gasta mucho y pagamos muchos impuestos. Sólo pensando en hacer unas cuentas claras: en qué necesitamos gastar  y cómo podemos pagarlo, con justicia y solidaridad. A ello.

Poco gasto cultural, por educación y renta

La recuperación tampoco llega a la Cultura: el consumo cultural de las familias ha caído un tercio desde 2007, si contamos la inflación. Y el Estado, autonomías y ayuntamientos se gastan en cultura un 33% menos que antes de la crisis. El resultado es desolador: el 40% de españoles no leen nunca, el 60% no pisa un museo, el 77% no va al teatro, el 75% no asiste a un concierto y el 46% no va al cine. Eso sí, estamos enganchados al móvil y a Internet y somos los europeos que vemos más TV, tras Italia: 4 horas diarias. Los que no consumen cultura dicen que no es porque sea cara, sino porque “no tienen interés”. La clave es la educación más que la renta: los que más consumen cultura son los españoles con más estudios. Por eso, los expertos insisten en promover la cultura desde el colegio y gastar más desde la Administración. Porque un país más culto es también un país más próspero. 

enrique ortega

La crisis hizo caer drásticamente el consumo de los hogares españoles, al desplomarse sus ingresos, que ahora, con la recuperación, todavía son menores que antes de la crisis: 28.200 euros por familia en 2016, aún por debajo de los 32.000 euros de 2007, según el INE. Una caída del 11,8% en el gasto, que no se ha repartido por igual, sino que ha habido partidas donde las familias han restringido más su gasto. Entre ellas, el gasto en cultura: si el récord se dio en 2007, con 374 euros por español, bajó hasta un mínimo de 260,10 euros en 2014, se mantuvo en 2015 y subió hasta 306,70 euros de gasto cultural en 2016 (último año con datos oficiales), una caída del 18,12%, que sitúa el gasto en cultura de los españoles al nivel de 2011. Y si tenemos en cuenta la inflación de estos años (+14,5% entre 2007 y 2016), resulta que el gasto real de los españoles en cultura ha caído casi un 33% en estos diez años.

Pero además, este es un dato “engañoso”. Porque el INE, en la Encuesta de Presupuestos Familiares, incluye en consumo cultural gastos que poco tienen que ver con la cultura. Así, en 2016, casi la mitad de ese “gasto cultural” (el 48%) es gasto en equipos audiovisuales, ordenadores y tabletas, móviles y cuotas de teléfono e Internet, en total 147,18 euros anuales por persona. Otro 22,2% son libros y publicaciones, pero aquí se incluye el gasto en libros de texto, periódicos y revistas, con lo que el gasto en libros no de texto es de 24,30 euros al año por español. Y entrando en lo que se puede considerar “cultura cultura”, quedan dos partidas de gasto: 38,10 euros al año por persona en cine, teatro y otros espectáculos culturales y 3,82 euros anuales en museos, bibliotecas, parques y similares.

En total, 42 euros al año por persona en gastos claramente culturales. El doble de lo que nos gastamos en comprar agua mineral (23,5 euros) o cerveza (27,62 euros), la tercera parte del gasto en fumar (124 euros), menos que lo que gastamos en juegos de azar (60.67 euros) y la séptima parte de lo que gastamos en comer o cenar en restaurantes (281,80 euros anuales), según la Encuesta de Presupuestos Familias del INE (2016). Penoso.

Con este gasto cultural tan bajo, no deberían extrañarnos los datos de hábitos culturales de los españoles, publicados por el INE y el Ministerio de Educación y Cultura que, año tras año, revelan que “pasamos” de la cultura. Vean si no: en el último año (2015, últimos datos oficiales), sólo un 39,4% de españoles fueron a un museo, un 42,8% visitaron un monumento, un 25,6% fueron a una biblioteca, un 62% leyeron, un 23,2% fueron al teatro, un 2,6% a la ópera, un 7% al ballet, un 8,6% a conciertos de música clásica, un 24,5% a un concierto de música actual y un 54% al cine… En todos los casos, curiosamente, acuden más a actos culturales los jóvenes y personas de mediana edad, más las mujeres que los hombres. Y en todas los actividades culturales, la asistencia es mayor en las autonomías más ricas (Madrid, Navarra y País Vasco, más la excepción de Asturias) y entre los que tienen un mayor nivel de estudios. Y consumen también más cultura los que trabajan que los parados y jubilados, sobre todo los que ganan más de 2.000 euros y viven en grandes ciudades.

Un inciso sobre la lectura, al hilo del recientemente publicado Barómetro de la lectura 2017. Ahí se indica que un 65,8% de españoles han leído un libro en el último trimestre, pero hay que restar un 6% que sólo leen por trabajo, con lo que queda un 59,8% de españoles “lectores” (que han leído un libro en los últimos 3 meses). O sea que, un 40% de españoles no lee, frente a un 30% de no lectores en Europa. Si contamos los que han leído un libro la última semana, bajamos al 47,7% de los españoles. Y lo peor: han bajado los que leen diariamente o casi todos los días: si en 2012 eran el 31,2%, ahora son el 29,9%. Y aunque globalmente hay más lectores, se compran menos libros (de 10,9 a 9,4 de media). Y ha caído también el préstamo de libros en las bibliotecas, que sólo pisan el 25,6% de españoles. Otra vez, los más lectores son los jóvenes menores de 25 años y las mujeres. Y algo muy llamativo: cuando se pregunta por qué no leen, los españoles contestan que por falta de tiempo (47,7%) y porque “no le gusta/no le interesa leer” (35,1%) o prefiere hacer otras cosas (18,7%). Sólo un 0,7% de los encuestados dice que no lee “porque los libros son caros”.

Los españoles no van a museos, a bibliotecas, a conciertos, al teatro o al cine, pero pasan muchas horas diarias enganchados al móvil y a Internet. Y ahí, acceden a otro tipo de “cultura online”, aunque la mayor parte del tiempo están subiendo fotos (71,6%), viendo aplicaciones (67,23%), leyendo prensa digital (66,2%) más que viendo contenidos audiovisuales(películas, series, vídeos y música, el 59,5%), libros electrónicos (23,5% internautas), videojuegos (23,3%), cursos de formación (20,3%) o generando contenidos (19,8%), según la última encuesta 2017 del Observatorio de las telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (ONTSI). Eso sí, la mayoría de estos contenidos no los pagan: el 80% de las películas que ven, el 89% de la música, el 89,4 % de los libros electrónicos, el 91% de los videojuegos y el 92,4% de la formación. Cada día hay más piratería.

Y además de al móvil y a Internet, los españoles están enganchados a la televisión: 240 minutos de media (4 horas diarias), según  el balance 2017 de Barlovento TV, lo que nos convierte en el segundo país europeo que más ve la tele, tras Italia (4 horas y 45 minutos), según el informe IHD Markit 2016. Es la tercera actividad a la que dedicamos más tiempo al año (2 meses), sólo por detrás de dormir y trabajar o estudiar. Y lo más llamativo es que el 73,4% de españoles mayores de 4 años ve la TV cada día: eso son 32,7 millones de españoles de audiencia media diaria.

La mezcla de menos consumo cultural y más piratería ha hundido a las empresas culturales, una industria que facturó 27.030 millones en 2015 (el 2,5% del PIB), 4.223 millones menos que en 2008, según las cuentas de Cultura. Por el camino han aumentado las empresas (hay 114.099, 2.500 más que en 2008) pero se han perdido 46.500 empleos (había 544.700 empleos en la industria cultural española en 2016, un 3% del empleo total).

Las Administraciones públicas no han ayudado a la cultura en estos años de crisis, sino que han hecho recortes muy drásticos que han agravado la situación. Así, si en 2008, el gasto público en Cultura era de 7.111 millones de euros, cayó a 5.779,2 millones en 2011 y a 4.770,6 millones en 2015, último año con datos oficiales. Eso supone una caída del gasto público en Cultura del -33%, la mayor  por detrás de Grecia (-40%) en Europa, donde el gasto cultural cayó de media un 2% durante la crisis, aunque subió en Francia y Alemania. Con los últimos datos disponibles (2014), España es uno de los países con menos gasto público en cultura: 91,74 euros por habitante frente a 113,54 euros en la UE-28 o los 123,74 euros en la zona euro. Y muy alejados del gasto público en Cultura de la Europa del norte (256 euros/habitante en Dinamarca, 200 euros en Suecia o 162 euros en Finlandia). Y en 2015, este gasto público cultural suponía el 0,4% del PIB en España, más que Reino Unido (0,3%), igual que en Alemania o Italia y menos que en Francia (0,7%) o Suecia (0,5% del PIB).

El menor recorte en Cultura lo han hecho los Ayuntamientos, aunque al ingresar menos por el “ladrillo” también gastan ahora menos en actos culturales: de gastar 3.907 millones en 2008 han pasado a gastar 2.654 millones en 2015 (-32%), según los datos del Ministerio de Cultura. Pero esta cifra es engañosa: la mayor partida de “gasto cultural” de los Ayuntamientos (611,5 millones en 2015) es para “fiestas populares y festejos”. O sea que destinan a encierros y verbenas más del doble de lo que gastan en bibliotecas (307,3 millones) y museos (372 millones)… El mayor recorte en Cultura (-49%) lo han hecho las autonomías (de 2.129 millones en 2008 a 1.080,93 en 2015), donde las que más gastan son Navarra (51,5 euros por habitante), País Vasco (49,6) y Extremadura (43 euros) y las que menos Canarias (7,3 euros por habitante), Aragón (12,5) y Madrid (12,8). Y el Estado central ha pasado de gastar 1.075 millones (2008) en Cultura a 672 millones en 2015 (-37,4%).

Bueno, el panorama parece claro: somos un país poco interesado en la Cultura y las autoridades ayudan cada año menos. Algunos piden bajar el IVA y el coste de la cultura, pero no parece que esté ahí el problema. Cuando se pregunta a los españoles, en la Encuesta de hábitos culturales 2016, por qué no van al teatro, a los conciertos, a las bibliotecas, a los museos o al cine, la respuesta mayoritaria es que “no tienen interés”. Y la segunda, la falta de tiempo. Sólo en el cine, la respuesta más utilizada (28,9% de los encuestados) es “porque es muy caro”. Son unas respuestas muy evidentes.

Ahondando en esta razón primordial, la “falta de interés”, un reciente estudio del Observatorio de la Caixa revela que la clave para el consumo cultural no es el precio sino la educación. Profundizando en los datos del INE, el estudio revela que, para cualquier nivel de renta, son los individuos con más nivel de estudios los que asisten con más frecuencia a actividades culturales. Así, en los museos o bibliotecas, los que tienen sólo formación primaria acuden un 13,2%, los que tienen secundaria un 31,9% y los universitarios un 59,7%. Lo mismo en la asistencia a espectáculos, desde conciertos al teatro: 12,18%, 31,18% y 55,76% entre los universitarios. E incluso entre los que van al cine: acuden un 12,5% de los que tienen sólo educación primaria y el 68,41% de universitarios. En definitiva, señala el estudio, la renta cuenta para consumir más o menos cultura, pero cuenta mucho más el nivel educativo que tengan las personas. Es el factor más relevante para gastar en Cultura.

Estas conclusiones son decisivas para plantearse cómo aumentar la Cultura de los españoles: la clave es mejorar su formación. Promover el interés por la cultura desde la infancia, en el Colegio, el Instituto y la Universidad, con ayuda de las familias y educadores. Hacen falta planes para fomentar la lectura, el teatro, la música, la danza y el cine en la enseñanza, con ayuda de los medios públicos de comunicación (no hay programas de teatro ni de libros en TVE ni en las cadenas públicas autonómicas). Y en paralelo, aumentar los recursos públicos para fomentar la Cultura, sobre todo en los barrios y pueblos, trasvasando el dinero de festejos populares a "cultura de verdad" (algo a lo que no se atreven los alcaldes).

Otra vía de promoción de la Cultura es recabar apoyo de las empresas, con una Ley de Mecenazgo (prometida para 2013 y que ahora el Gobierno anuncia para antes de 2020) que facilite fiscalmente las inversiones culturales de empresas y particulares (como hace muy bien Francia). Y luchar más eficazmente contra la piratería (que afecta al 87% de los contenidos), mientras se aprueba un Estatuto del artista y creador, para estabilizar su trabajo (el 30% no tienen un sueldo fijo y sus ingresos son muy precarios). Y una mayor coordinación cultural entre el Estado, las autonomías y ayuntamientos, porque cada uno “va a su aire”.

También se puede pensar en bajar el IVA a la Cultura (que Rajoy subió en 2012 del 8% al 21%), porque es más alto en España que en la mayoría de Europa (5,5% en Francia, 7% en Alemania, 9% en Irlanda, Grecia y Finlandia, 12% en Italia, 13% en Portugal o 20% en Reino Unido). Pero ojo: recordemos que el precio no es la razón de que haya poco consumo cultural (salvo en el cine) y que bajar el IVA a todos beneficia más a los que más ganan, que son los que suelen tener más formación y más cultura consumen. Quizás sería mejor dedicar lo que íbamos a gastar en bajar el IVA cultural a fomentar la cultura en la educación. Y sobre todo, a fomentar la cultura online, con mejores contenidos, entre las generaciones jóvenes

Algo habrá que hacer, porque la caída del gasto en Cultura es un mal indicativo para todo y también para la economía: un país culto es un país más eficiente y con mejor nivel de vida. Debería intentarse un gran Pacto por la Cultura, entre el Estado, autonomías, Ayuntamientos, empresas, centros de enseñanza, telecos y empresas de Internet, políticos y familias, con más recursos públicos y con un Plan de acción a medio plazo. La Cultura es clave para mejorar nuestra vida.