España "low cost": crece con baja productividad

Se ha puesto de moda hablar de España como una economía de bajo coste (“low cost”), que compite y crece gracias a sus bajos salarios y energía barata más que por su innovación y productividad, de las más bajas de Europa. Este modelo de crecimiento, junto a la inmigración, ha permitido que España crezca los últimos 5 años más que Europa, pero esto esconde una realidad: en el PIB por habitante, lo que marca la competitividad de un país y su renta, ocupamos el puesto 15 en el ranking de la UE-27. A lo claro: hay 14 paises europeos más productivos y más ricos, algo que lleva pasando décadas. La culpable es esa baja productividad española, que impide mejorar salarios y rentas. Para converger con la mayoría de Europa, el Consejo de Productividad propone aumentar el tamaño de las empresas, gastar más en tecnología, aumentar la inversión privada, mejorar la formación y la organización de las empresas. Crecer sí, pero siendo más productivos para vivir mejor.

                             Enrique Ortega

La OCDE ha sido la última organización en pronosticar, este mes de junio, que España crecerá este año un +2,2%, casi el triple que la eurozona (+0,8%) y más incluso que Estados Unidos (+2%). De confirmarse, será el 6ª año consecutivo (de 2021 a 2026) en que España crece más que el resto de Europa, empujados por el turismo, el consumo privado, los inmigrantes y las exportaciones, sin olvidar los Fondos europeos. Pero lo importante para un país no es sólo lo que crezca su PIB (somos el 4º país con el PIB más alto, tras Alemania, Francia e Italia) sino lo que aumente su PIB por habitante, el indicativo de la productividad de un país y, en consecuencia, de su nivel de vida. Producimos mucho más cada año, pero con 3.326.100 trabajadores más que en 2019. Ahí está “el truco”. 

Y aquí, en el PIB por habitante, España ha vuelto a “pinchar” en 2025, según los datos de Eurostat: somos el país nº 15 en el ranking europeo de producción por habitante real (descontando la inflación), con 38.272 euros por habitante, el 92% del PIB por habitante real de la UE-27 (41.600 euros). Y estamos por detrás de la producción por habitante de Luxemburgo (239% del PIB per cápita europeo), Irlanda (238%), Paises Bajos (133%), Dinamarca (127%) o Austria (118% del PIB habitante europeo), paises mucho más pequeños que España pero más productivos y que por eso tienen más renta y mejores salarios. También estamos por detrás del PIB por habitante real de Alemania (115% de la media UE-27), Bélgica (114%), Suecia (111%), Malta (110%) o Finlandia (101%), que cierran la lista de los 10 paises europeos con un PIB por habitante superior a la media UE-27. Les siguen Francia y Chipre (98% del PIB por habitante europeo), Italia (96%) y Chequia (92%). Y a continuación, en el puesto 15º se encuentra España, con el 92% del PIB por habitante europeo. Un nivel y un puesto similar a los de 2023 (91%) y 2024 (92%), que cayó del 90% entre 2020 y 2022 por la pandemia y que está por debajo de la media desde 2010 (96%).

¿Por qué somos menos productivos y por tanto menos ricos que 14 paises europeos? Básicamente, hay 2 causas “de fondo” que lo explican: en España trabaja menos gente que en la mayoría de Europa y trabajan peor, con menos eficacia y productividad. Veámoslo.

Primero, trabaja menos gente, hay un porcentaje menor de personas en edad de trabajar que están ocupadas y creando riqueza (PIB). La tasa de empleo en España (porcentaje de personas de 20 a 64 años ocupadas) era, en marzo de 2026, del 72,7%, frente al 76,3% en la UE-27, el 81,5% en Alemania y el 75,2% en Francia, según Eurostat. Y sube al 83,3% en Paises Bajos, al 79,4% en Irlanda, al 82,2% en Suecia o al 83,4% en Malta, paises con más PIB por habitante que España (mientras es más baja en Italia, el 68%). Este bajo nivel de empleo tiene mucho que ver con nuestro modelo de crecimiento, basado en los servicios y el turismo, en empresas más pequeñas, con poca tecnología y exportación, que crean menos valor añadido y menos empleo. Ojo: si España tuviera la tasa de empleo de la UE-27, tendríamos 1.026.000 personas más trabajando (y aumentando nuestro PIB y nuestra renta, también el PIB por habitante). Y si tuviéramos la tasa de empleo de Alemania, en España trabajarían 2,5 millones más. Y con ello, aumentaría el numerador del PIB por habitante (PIB producido /habitante) y seríamos más productivos y más ricos.

Segundo, los españoles que trabajan lo hacen “peor”, son menos eficientes. Un dato lo resume bien: en la eurozona, cada hora trabajada aporta 61 dólares al PIB, frente a 53 dólares en España (-13,11%), según la OCDE. Y esa menor productividad en España acumula una caída del -7,3% del año 2.000 al 2022, mientras en Estados Unidos creció un +15,5%, en Alemania un +11,8% y en Francia un +0,8%, bajando también en Italia (-5,1%), según un reciente estudio de la Fundación BBVA e Ivie. De hecho, nuestra baja productividad es un problema que arrastramos hace décadas y que nos sitúa en el puesto 39º del ranking mundial de competitividad 2025 publicado por el Foro Económico Mundial, por detrás de la competitividad de 19 paises europeos: Suiza (1º del ranking mundial), Dinamarca (4º), Irlanda (7º), Suecia (8º), Paises Bajos (10º), Noruega (12º),Finlandia (14º), Islandia (15º), Alemania (19º), Luxemburgo (20º), Lituania (21º), Bélgica (24º), Chequia (25º), Austria (26º), Reino Unido (29º), Francia (32º), Estonia (33º), Portugal (37º) y Letonia (38º).

Recientemente, el nuevo Consejo de Productividad de España ha elaborado su primer informe, donde destaca que la baja productividad de España es un problema endémico, que arrastramos desde finales del siglo XIX. Así, entre 1890 y 1994, el PIB per cápita creció en España un +1,8% anual, frente al +2% que creció en Europa y el +2,2% en EEUU. Y entre 1995 y 2022, el PIB per cápita creció en España el +0,8% anual, también por debajo del +0,9% que aumentó en la UE-27 y el +1,3% que creció anualmente en EEUU. Eso sí, entre 2022 y 2025, la productividad por hora trabajada en España crece el doble (aunque poco: el +1% anual) que entre 2014 y 2019 (+0,5%), aunque los datos de Eurostat señalan que la productividad española crece entre un 10% y un 15% por debajo UE-27.

El informe del Consejo de Productividad señala dos problemas. Uno, la baja productividad española. Y el otro, que las mejoras de productividad están mal repartidas y los trabajadores se llevan (en sus sueldos) la menor parte. Entre 1999 y 2017, la productividad por hora trabajada creció un 95% acumulado, pero la remuneración por hora (sueldo) sólo creció un 3%. Y entre 1999 y 2024, la productividad por hora trabajada ha crecido un 13%, mientras la remuneración por hora trabajada (sueldos) ha crecido un 11%. Resultado: el trozo de pastel de los salarios en el reparto de la productividad es hoy inferior al de 2019. Y lo más preocupante: los salarios reales (descontando la inflación) apenas han crecido en España en los últimos 25 años. Así que crecemos, pero la mayoría de los trabajadores no lo notan.

¿Por qué España sigue teniendo una baja productividad? El Consejo señala los dos factores que lo explican: la baja inversión en tecnología e innovación y una estructura productiva centrada en sectores poco productivos, como los servicios, el turismo, el comercio o la agricultura. Y señala otra debilidad de la economía española: la baja inversión, sobre todo privada, que ha crecido menos que en Europa (que a su vez invierte también menos que EEUU, lo que explica su menor productividad). Y también destacan otros factores que bajan la productividad : la escasez de mano de obra, la falta de competencia, el exceso de burocracia y las 17 normativas autonómicas, los impuestos y la normativa laboral.

Otros expertos señalan tres factores claves que explican nuestra baja productividad. El primero, el menor tamaño de nuestras empresas, el exceso de pymes. En 2025, las estadísticas oficiales registraban casi 3 millones de empresas, de las que sólo 6.019 eran grandes (0,2% con más de 250 trabajadores), 27.673 eran medianas (0,8%) y el resto (99%) eran pequeñas: 175.597 tenían entre 10 y 49 trabajadores y 1.140.107 tenían de 1 a 9 trabajadores (la gran mayoría, el 84,5% de las pequeñas), siendo el resto (1.614.187) empresas registradas por autónomos sin asalariados. La estructura es similar a la del resto de Europa, donde hay también un 0,2% de grandes empresas (salvo en Francia, centro Europa y Alemania, donde hay un 0,7% de empresas grandes, 25.000 en Alemania), aunque tienen más empresas medianas (el 0,93%) y casi idéntico porcentaje de pequeñas (98,87%).

El problema de tener demasiadas pymes es que suelen ser menos competitivas que las medianas y grandes empresas, exportan, invierten e innovan menos, tienen más dificultades para financiarse y, sobre todo, crean menos empleo. El dato aportado por Funcas es muy llamativo: de los 2.496.400 nuevos empleos creados tras la pandemia (2020-2025), más de dos tercios (el 68,7%) lo han creado las grandes empresas (con más de 250 trabajadores), mientras las microempresas (1 a 9 trabajadores), que son la mayoría (84,5%) sólo han creado el 1,5% de los nuevos empleos. También pasa en Europa, donde las grandes empresas (el 0,2% del total) mantienen el 37% del empleo total, mientras las medianas mantienen el 15% y el resto de pymes acapara el 48% del empleo total.

La 2ª causa que explica nuestra menor productividad es la falta de tecnología e innovación en las empresas. En España, el gasto en I+D+i fue del 1,50% del PIB en 2024, frente al 2,25% en la UE-27. Pero la mayor “brecha” con Europa se da en la inversión tecnológica de las empresas: en España invierten el 0,7% del PIB mientras en Europa invierten una proporción doble, el 1,48% del PIB. Además, esta imprescindible inversión empresarial en I+D+i se concentra en las grandes empresas, que suponen dos tercios de la inversión tecnológica privada. En definitiva, las pymes invierten poco en tecnología e innovación y eso frena su productividad, lo mismo que su menor internacionalización (pocas pymes exportan) y la mayor dificultad que tienen para financiarse.

El tercer factor clave que reduce nuestra productividad es la menor inversión en España. En los últimos años, la inversión total se ha estancado (14,8% del PIB en 2025, casi igual al 14,7% que invertíamos en 2019) y sigue por debajo de la inversión en Europa (16,1% del PIB) y en  Estados Unidos (17,4% del PIB), según Funcas, aunque debería haber repuntado mucho más por el aluvión de Fondos europeos. Esta baja inversión, en España y en Europa, explica en buena medida la menor competitividad frente a EEUU y China, según el informe Draghi, y “limita la capacidad del país para aumentar su productividad y cerrar la brecha de renta per cápita con los países más avanzados de la eurozona”, según BBVA Research.

Hay un 4º factor que explica también nuestra baja productividad: la menor formación de los trabajadores españoles y sus jefes. Hay pocos trabajadores con formación tecnológica y capacidades digitales. En paralelo, muchas empresas adolecen de capacidades gerenciales y hay empresarios que gestionan sin la suficiente formación y sin capacidad de organizar equipos, apoyados en el “ordeno y mando”. Otras causas se atribuyen a factores institucionales: demasiada economía sumergida (¿20%?), excesiva dependencia de las empresas del crédito bancario (más que en el resto de Europa ), mucha  burocracia (sólo en 2024, el Estado y las autonomías aprobaron más de 1.000 nuevas normas), barreras de entrada sectoriales y territoriales que reducen la competencia, dispersión normativa en 17 autonomías y dificultades regulatorias y fiscales para que las pymes aumenten de tamaño y superen los 50 trabajadores…

En definitiva, que hay muchos cambios estructurales que hacer para conseguir que no sólo crezcamos mucho sino que produzcamos más por trabajador, que seamos más eficientes y productivos, la verdadera clave para mejorar los salarios y nivel de vida, para acercarnos más a la Europa rica del centro y norte del continente. El Consejo de la Productividad propone maximizar los incentivos a la innovación tecnológica, apoyar la transformación digital y energética, mejorar la formación de los trabajadores y la inversión en educación, aumentar el tamaño de las empresas, aumentar la inversión y reducir barreras a las nuevas empresas. Y recuerdan: la mejora de la productividad es la base de un crecimiento que permite aumentar la renta per cápita y mejorar los salarios reales, estancados desde hace 30 años.

Ya sabemos lo que pasa, por qué España tiene los salarios más bajos de Europa y un nivel de vida inferior a 14 paises europeos, muchos de ellos más pequeños. Y tenemos una hoja de ruta para mejorar esta situación, con el gran objetivo de mejorar la productividad. No podemos seguir con una economía “low cost”, que compita en Europa y el mundo con bajos salarios y costes de la energía, con pequeñas empresas con poco capital y poca inversión. No podemos seguir compitiendo por precio, como la China de Europa: necesitamos dar un salto cualitativo y competir con productos de mayor valor añadido, con más tecnología e innovación, con empresas más grandes, más internacionalizadas y que inviertan más en el futuro. Hay que mirar no sólo que crezcamos más sino que crezcamos siendo más productivos. Sólo así mejorarán nuestros bajos salarios y aumentará nuestro nivel de vida. Ser más productivos debería ser el gran objetivo nacional a medio plazo. Para todos.

BCE: otra subida de tipos inútil y dañina

Hoy jueves, el Banco Central Europeo (BCE) volvió a subir los tipos, tras bajarlos 8 veces entre 2024 y 2025 y subirlos antes otras 10 veces, entre 2022 y 2023. La “excusa” para volver a subirlos es que la inflación lleva 4 meses subiendo (hasta el 3,2%), por la energía y la guerra en Oriente Medio. Pero muchos expertos critican esta subida, porque no sirve para bajar el precio del petróleo ni abrir el estrecho de Ormuz, aunque sí dañará  a la economía europea, que ya ha caído en el primer trimestre (-0,2%). Y recuerdan que es la 3ª vez que el BCE comete el mismo error : en 2011 primero y luego en 2022-23, subieron los tipos, no frenaron los precios y hundieron más a Europa en una recesión. El camino de Europa no es subir los tipos, dañando a familias (hipotecas), empresas (créditos e inversión) y a los Estados (más intereses deuda), sino ayudar a buscar la paz y, mientras, aprobar más ayudas y medidas para huir del petróleo.

                           Enrique Ortega

El Banco Central Europeo (BCE) retomó hoy 11 de junio un viejo camino: subir los tipos de interés oficiales en la zona euro, del 2 al 2,25% (+0,25%), tras un año sin tocar los tipos. Antes, había utilizado dos caminos. El 21 de julio de 2022 inició una senda de subida de tipos, para luchar contra la inflación (+8,7% en junio), agravada por la invasión de Ucrania y la consiguiente crisis energética, sobre todo en Europa. Entre 2022 y 2023, el BCE aprobó nada menos que 10 subidas, disparando los tipos oficiales del 0% en que estaban (desde 2016) hasta el 4,50% en que los colocó el 20 de septiembre de 2023. Ahí los mantuvo 9 meses, hasta que el 6 de junio de 2024, el BCE volvió a tomar otro camino, el de bajar los tipos, para intentar reanimar una débil economía europea entonces con menos inflación (+3,2% en mayo). Y los bajó 8 veces entre 2024 y 2025, dejándolos en el 2% el 16 de junio de 2025, para no tocarlos hasta ahora, un año después.

El BCE se ha adelantado en la subida de tipos a los demás bancos centrales, sobre todo a la Reserva Federal USA, que tendrá que decidir esta semana si sube sus tipos (en el 3,50% desde diciembre de 2025), ahora que la subida del petróleo ha disparado su inflación al 4,2% en mayo y con Trump exigiendo desde hace meses que bajen más los tipos. El BCE se ha adelantado esta vez porque tiene “mala conciencia” de la última vez que subió tipos, porque cree (aunque no lo reconoce) que lo hizo tarde: subió los tipos el 21 de julio de 2022, casi 5 meses después de la invasión rusa de Ucrania y con la inflación en el 8,7%, muy por encima de su objetivo (+2%), muy superado desde septiembre de 2021 (+3,4%). Y una prueba de que “los subió tarde” es que el Banco de Inglaterra empezó a subir tipos en diciembre de 2021 y la Reserva Federal USA lo hizo cuatro meses antes, en marzo de 2022.

Ahora, el BCE no quiere que nadie le critique por “retrasarse” y quiere ser el más ortodoxo de los bancos centrales, aprobado la primera subida antes de cumplirse 4 meses de los ataques a Irán (28 de febrero) y cuando la inflación en la zona euro sólo ha subido al 3,2% en mayo (muy por debajo de la inflación en la anterior crisis energética, donde los precios europeos subieron más del 10% en octubre y noviembre de 2022, no bajando del 6% hasta junio de 2023). Y frente a los que les critican por “precipitarse”, el BCE se defiende diciendo que “es mejor prevenir que lamentar”, que prefiere subir tipos ahora para evitar que las subidas de la energía se contagien a toda la economía, algo que todavía no ha pasado.

Muchos expertos reiteran que el BCE vuelve a equivocarse subiendo tipos, porque la subida es ineficaz cuando los precios suben por una “inflación de costes”, por una subida de la energía, no porque la economía crezca demasiado y esté “recalentada” (“inflación de demanda”, que es cuando la subida de tipos sí resulta eficaz. Pero ahora, la subida de tipos no va a resolver el problema de las infraestructuras petroleras dañadas o paradas ni servirá para reabrir el estrecho de Ormuz, por lo que no servirá para bajar el precio del petróleo. Tampoco sirvió en la anterior crisis energética, a raíz de la invasión de Ucrania, cuando la inflación en la zona euro acabó bajando (del 10,6% en octubre de 2022 a menos del 3% en octubre de 2023) pero no por las 10 subidas de tipos sino por las ayudas y medidas que aprobaron los Gobiernos europeos, desde la excepción ibérica (clave para bajar la luz en España) hasta las ayudas a familias o sectores y el aumento de las energías renovables y la independencia energética europea. Ahora pasa lo mismo: si la inflación no sube más, no será porque el BCE sube tipos sino por las medidas que están tomando los paises (bajada impuestos) para luchar contra las subidas energéticas.

El otro problema de esta subida de tipos del BCE es que, además de ineficaz es perjudicial para la economía: los tipos más altos no frenan la inflación pero sí deterioran la economía de las familias, las empresas y los Estados, frenando el crecimiento. Es como aplicar una sangría a un enfermo que está en la UVI. Este error del BCE, promovido por los “fundamentalistas monetarios”, ya lo cometió el Banco central europeo en 2011 y en 2022-2023. En 2011, el entonces presidente, Trichet, subió los tipos dos veces (en abril y julio de 2011), lo que sirvió para agravar la incipiente recesión europea: de crecer la zona euro un 0,2% en la primavera y verano de 2011, se pasó a una caída de la eurozona en los 6 siguientes trimestres (4º de 2011, todo 2012 y primer trimestre de 2013), básicamente por la crisis de la deuda y los rescates de los paises del sur pero también por “el ricino de la subida de tipos”. La prueba del error es que, al llegar Draghi al BCE (noviembre 2022), bajó 8 veces los tipos de interés, hasta dejarlos en el 0% en 2016, ayudando a reanimar la economía europea.

El error de Trichet en 2011 lo repitió Christine Lagarde en 2022 y 2023, a raíz de la inflación y la crisis desatada por la invasión de Ucrania. La primera subida (+0,5%) se aprobó el 21 de julio de 2022 y tras ella, otras 9 subidas más, hasta la última en junio de 2025 (dejando los tipos en el 4,50%, el nivel más alto en 20 años). Y otra vez más, este “ricino monetario” agravó la recesión de la economía de la eurozona: crecía el +0,9% en el 2º trimestre de 2021 y cayó un -0,1% en el último trimestre, para no crecer apenas en 2023 (entre un 0 y un 0,2% cada trimestre), con una resaca en 2024, en que la eurozona sólo creció un -0,4%.

Ahora, la nueva subida de tipos del BCE es aún más peligrosa, porque se produce cuando la economía europea ya está cayendo, según Eurostat: en el primer trimestre de 2026, el PIB de la eurozona ha caído un -0,2% (-0,1% la UE-27), con Francia cayendo también (-0,1% PIB primer trimestre) como Irlanda (-12,1%), Suecia (-0,2%) o Lituania (-0,3), y con Alemania e Italia estancadas (+0,3%), salvándose sólo España (+0,6% crecimos en el primer trimestre) y Polonia (+0,9%) entre los grandes. Una caída que contrasta con lo que crecía la eurozona en 2011 (+1,7%) y en 2022 (+3,6%), las otras dos ocasiones en que el BCE aplicó su ineficaz subida de tipos, que acabó en dos recesiones: ahora el BCE aplica su “medicina” en una economía que decrece y con dos importantes paises que no crean empleo (+0% Francia en el primer trimestre y -0,1% Alemania, según Eurostat.

La subida de tipos frena el crecimiento porque afecta negativamente a las familias y a las empresas, dos de los motores claves del crecimiento, deteriorando además las cuentas públicas. Antes de que el BCE subiera tipos el jueves pasado ya había subido el Euribor, el precio al que se prestan los bancos europeos, porque se esperaba esa subida de tipos tras la guerra en Irán y la subida de la energía. Concretamente, el Euribor mensual sube desde marzo y podría acabar en junio en el 2,850%, +0,77% más alto que hace un año (2,081% Euribor junio 2025). Eso encarecerá las hipotecas a revisar en junio, en torno a 69 euros al mes para una hipoteca media de 174.132 euros (+826,80 euros anuales). Pero como además suben sin parar las viviendas, los que pidan una hipoteca nueva tendrán que pagar dos subidas: la del Euribor (ojo, antes de la subida del BCE, pronto será más) y la de los pisos. Tomando el precio medio de una vivienda en España (2.795 euros/m2, según Idealista), pedir ahora una hipoteca para comprar un piso de 90m2 cuesta ya una cuota de 1.042 euros mensuales, 218 euros al mes más que hace un año. Y pronto se espera el Euribor en el 3%.

Los tipos de los préstamos personales, para comprar un coche o hacer un viaje, también están subiendo este año, aún antes de la subida del BCE: el tipo estaba en el 7,94% en 2024, bajó al 7,41% en 2025 y este año ha escalado hasta el 7,79% en abril, según el Banco de España. Lo mismo les pasa a los créditos que piden las empresas: las pymes, para créditos hasta 250.000 euros, pagaban el 4,79% en 2024, les bajó al 4,01% en 2025 y este año les ha subido hasta el 4,63% en abril. Y lo mismo las grandes empresas, que piden créditos de más de 1 millón de euros: pagaban un tipo del 4,35% en 2024, les bajó al 3,49% en 2025 y en abril de este año ya pagaban el 3,69%, según el Banco de España. Además, con esta subida del BCE, todos los tipos subirán más y los bancos restringirán más sus créditos e hipotecas.

Y el daño de la subida de tipos no se queda en las familias y las empresas. También lo paga el Estado, porque la Administración central, las autonomías y los Ayuntamientos pagarán más intereses por su deuda. Un termómetro es el coste de colocar la deuda pública española a 10 años: tras pagar un máximo del 3,949% en septiembre de 2023 (por la anterior subida de tipos, tras la invasión de Ucrania), el coste de la deuda española bajó al 2,787% en noviembre de 2024 y estaba en 3,213 al inicio de 2026, subiendo en junio a 3,5010, antes de la subida del BCE. Esta subida de la deuda irá a más y el pago de intereses de nuestra deuda (previsto en 43.300 millones de euros este año) subirá entre 6.000 y 9.000 millones por las subidas que se esperan tras la estrategia del BCE. A lo claro: que tendremos entre 6.000 y 9.000 millones menos para gastar en servicios públicos porque habrá que pagar más intereses.

Ahora, la incógnita es saber cuántas veces más subirá el BCE sus tipos de interés oficiales: hay analistas que hablan de hasta dos veces más, quizás en julio y en octubre o que espere para hacer la tercera a diciembre. Pero todo apunta a tipos entre el 2,50 y el 3%, según se comporte la inflación europea (que podría oscilar entre el 3,5 y el 4% este año, tras cerrar 2025 en el 1,5% la UE-27). Y a su vez, el comportamiento de la inflación va a depender de la evolución de la guerra en Oriente Medio, cuyo futuro no se vislumbra. Pero incluso en el caso de un acuerdo y de la reapertura de Ormuz, la economía internacional y los precios tardarán meses en beneficiarse, por lo que el BCE “no bajará la guardia”.

Lo que sí está claro es que muchos expertos (incluido el español Luis de Guindos, que acaba de dejar su puesto de vicepresidente del BCE: “tenemos que tener en cuenta el impacto sobre el crecimiento”) alertan sobre el riesgo de que la subida de tipos agrave la recesión en Europa, dado el estancamiento de Alemania y Francia. Y recuerdan los errores de las subidas de 2011 y 2022-23. Y otros reiteran que la lucha contra la inflación exige tomar medidas en dos frentes. Uno, volcarse política y diplomáticamente en lograr una paz estable en Oriente Medio, un conflicto en el que Europa sigue “ausente”. Y el otro, tomar medidas y estrategias para contrarrestar la inflación (como las medidas fiscales y en algunos sectores que ha tomado España) y acelerar “la huida” de los combustibles fósiles, favoreciendo la electrificación de la economía (con energías renovables) y la movilidad (facilitando las ventas de coches eléctricos y los postes de recarga, ambas retrasadas en Europa).

En resumen, que Europa está sufriendo en sus precios los daños de la guerra en Oriente Medio, pero la solución no es agravar aún más el actual estancamiento económico europeo subiendo los tipos (lo que no sirve para bajar el precio del petróleo) sino presionando con el resto del mundo a Israel, EEUU e Irán para que firmen la paz y acelerando una política energética que apueste más por los combustibles renovables y por consumir cada vez menos petróleo, para que estas crisis energéticas (recurrentes) no nos hagan dado. El problema es que la derecha europea (sobre todo el PPE) se ha dejado presionar por la extrema derecha y están “devaluando” las políticas medioambientales europeas, como demuestran los ataques al Pacto Verde europeo y la decisión aprobada por la Comisión en diciembre de suavizar la prohibición de coches de combustión en 2035… Así nunca podremos evitar los europeos los daños de la geopolítica y de las subidas del petróleo. Ni subiendo tipos.

Una guerra empantanada y costosa

Mañana se cumplen 2 meses de los ataques de EEUU e Israel a Irán, que han puesto patas arriba los mercados energéticos y la economía mundial. Entre treguas incumplidas y ataques, los precios del petróleo y el gas siguen altos, provocando una subida de la inflación y enorme incertidumbre en familias, empresas e inversores. Esta guerra en Oriente Medio tiene un alto coste en vidas, heridos y desplazados, pero afecta también a nuestros bolsillos: Europa pierde 500 millones al día por el conflicto. Pero, la Comisión Europea y muchos Gobiernos no toman medidas eficaces frente a esta nueva crisis, tras la Cumbre en Chipre el viernes, mientras el FMI augura un mínimo crecimiento para Europa, que podría acabar en recesión si la guerra se alarga. Sólo hay una salida: Europa debe ser más autosuficiente en energía, acelerando la electrificación de la economía y las renovables, como hace España. Y eso obliga a avanzar en el Pacto verde europeo, no a frenarlo, como defienden la derecha y la ultraderecha.

                 "Huir del petróleo" y electrificar la economía, la mejor receta ante las crisis energéticas

La consecuencia más directa para Occidente de esta guerra en Oriente Medio es la subida de los precios de la energía, que ya se empieza a trasladar a muchos otros precios y a la inflación general, con vaivenes según los ataques y las treguas. El precio del petróleo sigue alto, en 104,85 dólares el barril de Brent el viernes, que es más que antes de los ataques a Irán (72,48 dólares/barril), pero menos que el máximo de marzo (118,35 euros el día 31). Y lo mismo pasa con el gas natural, que costaba el viernes 44,50 euros, más que antes de la guerra (31,95 euros/MWh) pero menos que en marzo (50,75 euros/MWh el día 31). El problema es que el doble bloqueo del estrecho de Ormuz, por el que pasa un 20% del petróleo y el gas que se consume en el mundo y la mayoría del que se consume en Asia, ha disparado el precio internacional del crudo, que podría llegar a los 150 dólares/barril.

Esta fuerte subida del petróleo (+44,6% en dos meses) ha impactado directamente en los precios de los carburantes, que han subido más. Y eso por dos razones. La primera, que el precio del teórico del crudo Brent (que se fija en el ICE de Londres) no es el que pagan realmente las petroleras y refinadoras, sobre todo en periodos de conflicto: el precio real del crudo de entrega inmediata (a 15 días), llamado Dated Brent, es mucho más alto: el 10 de abril, por ejemplo, el precio en el mercado de futuros era de 96 dólares barril, pero las refinerías pagaron 131 euros. La otra razón es que hay distintas calidades de crudo: hay tipos de petróleos que son más o menos pesados y permiten producir más o menos derivados (gasolina o diesel), que en muchos casos no se refinan en cada país sino que se importan. Y la subida del crudo ha disparado también el precio del gasóleo (la mayoría importado en Europa).

Todos estos factores han llevado a una fuerte subida de los carburantes, en muchos casos más que el crudo. Tras la fuerte subida de los primeros días, a finales de febrero, la gasolina ha pasado de 1,44 euros/litros el día antes de la guerra (27 de febrero) a un máximo de 1,8005 euros litro el 20 de marzo, para bajar luego (gracias a la rebaja del IVA del 21 al 10%, en vigor el 21 de marzo), hasta 1,556 el 31 de marzo y 1,51 euros/litro el viernes (7 céntimos más que antes de la guerra). Y el gasóleo, que costaba 1,39 euros/litro el 27 de febrero, subió mucho más, hasta 1,936 euros el 20 de marzo, para bajar después (por el recorte del IVA) a 1,794 euros/litro el 31 de marzo y 1,731 el viernes (+34 céntimos que antes de la guerra).

El otro efecto de esta guerra es la subida del precio del gas natural, que afecta al precio de la luz, porque una parte se genera con centrales de gas. En marzo, el precio mayorista de la electricidad subió a 41,77 euros/MWh, más que en febrero (16,41 euros) pero menos que un año antes (53,03 euros/MWh en marzo 2025). Y como las energías renovables aportaron el 63,1% de la electricidad en marzo, eso permitió que tuviéramos 141 horas (el 19% del total) a precio negativo (127 horas) o cero (14 horas). Además, el Gobierno bajó, desde el 22 de marzo, los 3 impuestos que paga la electricidad.  Consecuencia: el recibo al consumidor con un contrato regulado bajó unos céntimos en marzo, a pesar de la guerra: habrá sido de 62,22 euros, casi 1 euro menos que en febrero (63,19 euros) y casi 9 euros menos que en enero (71,77 euros). Y en abril, el precio mayorista ha bajado respecto a marzo (39,35 euros/MWh hasta el 24 de abril), con lo que bajará otra vez el recibo este mes.

A pesar de que la luz ha ayudado, los carburantes han provocado una fuerte subida del IPC en marzo, en Europa (+0,7%, hasta un 2,8% anual) y más en España: +1,2% en marzo, según el INE, la mayor subida en un mes desde junio de 2022 (+1,9%), lo que coloca la inflación media en el 3,4%, el peor dato desde junio de 2024. Y eso que todavía no se observa que la subida del petróleo, el gas y los carburantes se haya trasladado al transporte, la industria o los alimentos, que podrían subir por los mayores precios de los fertilizantes y muchas materias primas. Preocupa además la subida del helio (que se produce en los paises del Golfo, a partir del gas), clave para la fabricación de chips, y de muchos principios activos y medicamentos, incluidos los condones (que proceden de India y el sudeste asiático).

Mientras fracasa el ultimo intento de negociación entre EEUU  e Irán, la preocupación ahora en medio mundo es que falten suministros en unas semanas, a pesar de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) haya aprobado liberar 400 millones de barriles de las reservas estratégicas de crudo, para que no haya escasez. Pero la misma AIE ha alertado de que podría faltar keroseno para los aviones en 6 semanas. Y hay paises de Asia que ya han empezado a racionar los carburantes, mientras China ha suspendido sus exportaciones de gasóleo. En Europa, lo que más preocupa es el suministro de keroseno, que ya ha provocado un recorte de vuelos futuros en Lufthansa y KLM. El problema lo tienen sobre todo Reino Unido (que importa el 65%), Francia, Alemania e Italia (que importan el 50%), pero afecta menos a España (que sólo importa el 20% de este combustible). A más largo plazo, en verano, en Europa preocupa el abastecimiento de gasóleo y gasolina, porque hay pocas refinerías en Europa, que importa el 50% de estos carburantes. España, con 8 refinerías, está mucho mejor, porque sólo importamos el 10% del gasóleo y exportamos gasolina.

Además del temor a los desabastecimientos de crudo y carburantes, la otra preocupación del mundo es que esta nueva guerra dispare la inflación y recorte el crecimiento, con el riesgo de una recesión si el conflicto dura meses. El Fondo Monetario (FMI) acaba de lanzar una primera alerta, en su Informe del 14 de abril: el mundo crecerá menos este año (3,1%, un 0,2% menos de lo que esperaban en enero) y subirá más la inflación mundial (+0,6%). La zona más afectada será Asia (China, Japón e India), pero también Europa: la zona euro sólo crecerá un +1,1%, con el agravante de que Alemania crecerá la mitad de lo previsto (+0,5%), según las últimas estimaciones del Gobierno Merz, Francia un +0,9% e Italia +0,5%, aunque para España estiman un crecimiento del +2,1% (-0,2% que en enero).

Caiga o no el crecimiento y suba la inflación, la guerra lanzada por Trump y Netanyahu en Oriente Medio ya tiene un alto coste para Europa y sus ciudadanos: 500 millones diarios, según fuentes europeas, lo que equivale a 30.000 millones de euros en estos 2 primeros meses de conflicto. Sin embargo, la Comisión Europea no ha aprobado todavía ninguna medida para atajar esta crisis, aunque sí algunos paises: Hungría, Portugal, Croacia, Austria, España, Italia y Francia han fijado precios máximos a los carburantes, rebajas fiscales o  descuentos directos. En el caso de España, las ayudas de marzo a los carburantes y la luz, suponen un coste (hasta junio, su periodo inicial de vigencia) de 4.000 millones de euros, habiendo permitido una rebaja de 24 céntimos en el gasoil y 29 céntimos en la gasolina, según la Confederación de Estaciones de servicio.

Pero la Comisión Europea y la Cumbre europea en Chipre, el viernes, apenas han pasado de generalidades: ahorrar energía, promover el transporte público, rebajar impuestos o promover la electrificación de las economías. Y mientras España, Italia, Bélgica y Letonia pedían “más ambición en las medidas”, la presidenta Von der Leyen traspasaba la responsabilidad de las medidas contra esta crisis energética a la reunión de los ministros de Economía de los 27, en mayo. Otro retraso, después de que Bruselas rechazara la propuesta de España, Alemania, Italia, Austria y Portugal para aprobar un impuesto extraordinario sobre los beneficios de las petroleras europeas, que están obteniendo un beneficio extra de 81,4 millones diarios con esta crisis, según este estudio de Greenpeace (serían 2.500 millones de beneficios extras sólo en marzo). España es el tercer país donde las petroleras (básicamente Repsol, Moeve y BP) tienen más beneficios extras, unos 11,5 millones diarios, gracias a su margen sobre cada litro de diesel (17,1 céntimos) y gasolina (2,5 céntimos).

En medio de una crisis energética que afecta mucho a Europa (aunque menos que la provocada inicialmente por la guerra de Ucrania), España es de los paises europeos menos afectados, por varias razones. Una, que estamos menos expuestos a los suministros de Oriente Medio: de allí sólo procede el 5% del petróleo que compramos y el 2% del gas natural, frente a un 10% de dependencia del conjunto de Europa. Dos, que España ha mejorado mucho su eficiencia energética (cantidad de energía necesaria para generar 1.000 euros de PIB) desde comienzos de este siglo, reduciéndose un tercio. Y tres, la más importante, el fuerte peso de las energías renovables en la generación de electricidad en España: 60,7% de la generación en el primer trimestre 2026 (frente a un 45% en la UE-27), lo que nos permite depender menos de las energías fósiles (petróleo u gas). Con todo, España tiene un enorme hándicap estructural: tenemos una altísima dependencia energética respecto al exterior, dado que importamos el 70% de la energía que consumimos, muy por encima del 58% de dependencia energética que tiene el conjunto de Europa.

Así que esta nueva guerra, como la de Ucrania, nos debería servir para aprender y tomar medidas que nos permitan afrontar mejor futuras crisis (que llegarán). La clave es “huir de los combustibles fósiles” (petróleo, gas, carbón), que además de destruir el clima (son los principales responsables de los gases de efecto invernadero) están vinculados a paises y zonas del mundo muy inestables, que pueden provocar nuevos conflictos geopolíticos. Eso debería llevarnos a apostar por los recursos autóctonos, especialmente el sol, el aire y el agua (más el hidrógeno verde), que no sólo son más baratos sino que nos hacen independientes. Eso es lo que pretende el Pacto verde europeo, puesto ahora en cuestión para la extrema derecha europea y el propio PP europeo, que avanzan en posiciones negacionistas. Y en España, el PP ha cedido a Vox en las autonomías (de momento en Extremadura, pronto en Aragón, Castilla y León y Andalucía), negando muchos elementos del Pacto verde europeo, precisamente ahora que la guerra en Oriente Medio deja clara la importancia de apostar por las energías renovables y el medio ambiente.

Además de una apuesta más decisiva por las renovables, España y el resto de Europa deberíamos sacar lecciones de las dos últimas crisis energéticas (Ucrania y Oriente Medio). Una, que hay que potenciar las reservas estratégicas, para evitar racionamientos y cortes de suministros. Dos, que hay que electrificar la economía, desde las empresas (muchas siguen consumiendo fuel y gas) al transporte (apenas hay furgonetas y camiones eléctricos, además de que el 90,3% del parque de vehículos en circulación van con gasóleo o gasolina) y a las viviendas (gas y calderas de gasóleo). Tres, hay que apostar por el ahorro energético, sobre todo en las viviendas (rehabilitación), industrias y servicios. Y hay que seguir apostando por las energías renovables, para que generen el 81% de la electricidad en 2030. Además, a corto plazo, urge vigilar la formación de precios en los carburantes, para que no suceda en el futuro que suben enseguida tras una crisis y tardan meses en bajar.

Al final, esta guerra en Oriente Medio (como la de Ucrania y los distintos conflictos internacionales latentes), tienen un coste clave: generan incertidumbre en los ciudadanos, las empresas y los inversores. Y por ello, el mayor riesgo de fondo no es pagar más caros los carburantes, la luz, el transporte o los alimentos sino que los hogares se preocupen y reduzcan su gasto (el ahorro está aumentando en toda Europa desde hace 3 años) y las empresas (que venden y ganan más que nunca) destinen su liquidez a depósitos, Bolsa o reducir deudas en vez de a invertir y crear riqueza y empleo. Con menos consumo e inversión y con menos exportaciones (por un comercio conflictivo y menos globalizado), España, Europa y la mayor parte del mundo crecerán menos y podríamos caer en otra recesión. Por eso urge parar esta guerra (y la de Ucrania) y unificar esfuerzos en Europa para salir adelante. Sin más dilaciones.

2026, otro año de mayor crecimiento

2025 ha sido mejor de lo esperado hace meses, cuando se temía una recesión mundial por los aranceles de Trump y los conflictos geopolíticos. A final, el mundo ha crecido casi como en 2024 y Europa languidece, mientras España crece casi el doble que la UE, por 5º año consecutivo. Y todo apunta a que en 2026, la economía mundial crecerá como en 2025, sin sobresaltos, salvo la incertidumbre por las guerras y conflictos o el temor a una crisis bursátil por la burbuja de la Inteligencia Artificial. España volverá a crecer más que el resto de Europa, empujada por el aumento de la población (inmigrantes) y el empleo, que tirarán del consumo, junto a las mayores inversiones por los Fondos europeos (que se acaban).Pero este fuerte crecimiento no puede hacernos olvidar los problemas pendientes: subida de alimentos, alquileres por las nubes, sueldos bajos, jóvenes sin horizonte, deterioro de los servicios públicos (sobre todo la sanidad) y demasiada pobreza y desigualdad. Hay que repartir el crecimiento.

¡Feliz 2026¡

El año 2025 se ha cerrado con la sensación de que ha sido mejor de lo esperado, como ya pasó en 2023 y 2024, sin que los aranceles de Trump o los conflictos geopolíticos nos hayan sumido en una recesión, como algunos temían en primavera. El crecimiento mundial habrá sido del +3,2%, según el FMI, parecido al de 2024 (+3,3%), aunque con diferencias entre Europa (+1,3%), EEUU (+2%) y Asia (+4,5%). Al final, la economía internacional no ha caído en recesión porque los aranceles se han retrasado y suavizado sobre la amenaza inicial, por la capacidad de paises y empresas para reaccionar y adaptarse, por las bajadas de tipos (que reanimaron la inversión y el consumo) y por el alivio de la energía, con precios bajos del petróleo y el gas tras los sustos de años anteriores. Eso sí, en 2025 vimos un mundo más fragmentado, de bloques comerciales y políticamente dividido.

Este año 2026 se presenta bastante parecido, con un cierto dinamismo en la economía mundial, que podría crecer casi lo mismo (+3,1% prevé el FMI), con un crecimiento similar al de 2025 en EEUU (+2,1%), Europa (+1,4%) y China (+4,2%). Por un lado, se notarán más este año los aranceles de Trump, pero también avanzará la búsqueda de nuevos mercados por parte del resto del mundo. Y se esperan tipos bajos y energía barata, con el petróleo rozando los 62 dólares por barril, el precio más bajo desde febrero de 2021. Y se espera además que la inversión siga fuerte, empujada por la Inteligencia Artificial (IA), que movilizó 1,5 billones de dólares en 2025. Precisamente, el auge de la IA es un factor que puede contribuir a un salto de la productividad y el crecimiento, sobre todo en EEUU y China, pero también es un factor de incertidumbre: muchos expertos temen que la burbuja de la IA estalle en 2026 y provoque una debacle de las Bolsas, que han batido todos los récords en 2025.

Pero hay otras incertidumbres en el panorama internacional para 2026, en especial los conflictos geopolíticos (a Ucrania y Gaza de podría sumar Venezuela), la guerra comercial entre USA y China, el aumento de la deuda en EEUU y en todo el mundo (que podría llevar a recortes de gasto y a subidas de tipos), el gasto en Defensa (que impide otros gastos sociales), el progresivo envejecimiento de la población en Occidente y la emergencia climática, que no se afronta con decisión por el auge del negacionismo climático y causará nuevas y costosas emergencias (inundaciones, huracanes, incendios, sequías…).

En Europa, el año 2026 se presenta algo mejor, según las previsiones de otoño de la Comisión Europea: se espera un crecimiento del +1,4% en la UE-27, el mismo que en 2025, pero con una cierta recuperación en Alemania, el motor del continente (espera crecer +1,2%, tras crecer sólo un +0,2% en 2025 y caer un -0,5% en 2024). Francia también crecerá algo más (+0,9% frente a +0,7% en 2025) e Italia (+0,8%, el doble que en 2025), aunque eso se contrapone con un elevado déficit público en los tres paises para 2026 (-4,0% del PIB Alemania, -4,9% Francia y -2,8% Italia), que dificultará reanimar más estas economías, máxime con el estancamiento político en Francia y los enfrentamientos en Italia.

Pero este ligero crecimiento de la UE y de sus tres mayores economías es muy importante para España, porque son nuestros mayores clientes (allí van el 33% de todas nuestras exportaciones) y los europeos que más vienen como turistas (el 31,6% vienen de estos 3 paises europeos). Esto nos ayudará más a crecer en 2026, un año en que la Comisión augura un crecimiento para España del +2,3%, casi el doble que el de la UE-27 (1,4%) y Alemania (1,2%). Con ello, será el 6º año consecutivo (de 2021 a 2026) en que España crecerá más que la media europea: hemos crecido +11,1% entre 2021 y 2025, más del doble de lo que han crecido estos años la UE-27 (+5,2%). Y eso gracias al mayor aumento de la población y del empleo, al turismo, a las exportaciones y a las inversiones promovidas por los Fondos UE.

Este año 2026, el mayor crecimiento español se asentará en dos motores, según las previsiones del Gobierno. Uno, el consumo de las familias, que ha crecido ya en 2025, por el aumento de la población (+475.000 habitantes, por la inmigración) y del empleo (se habrán creado unos 600.000 empleos el año pasado), que han gastado más (y ahorrado menos), también porque los sueldos han subido algo más (+3,49%) que la inflación media esperada (+2,8%) y porque la bajada de tipos ha ayudado a los que tienen una hipoteca o un préstamo. El otro motor del crecimiento, en 2025 y 2026, será la inversión (pública y sobre todo privada), que crece gracias a la inyección de los fondos europeos y a la renovación tecnológica de las empresas, ayudada por la bajada de tipos.

El fuerte consumo de los hogares y la inversión empresarial no sólo tiran del crecimiento sino que reflejan la confianza de empresas y familias en la economía española, reforzadas por una enorme confianza en España de los inversores internacionales, que se demuestra en el aluvión de inversiones en el sector inmobiliario o energético (renovables), pero también en hoteles, turismo, empresas, tecnología y centros de datos. Una confianza que se traduce en que la prima de riesgo, lo que tenemos que pagar de más como país para financiarnos (deuda a 10 años) respecto a Alemania es menor en España (+0,44%) que el extra que tienen que pagar Francia (+0,72%) o Italia (+0,67%).

Todo apunta a que 2026 será el 6º año consecutivo en que España crecerá por encima de su potencial (+1,6%), gracias a una serie de factores que aportan un crecimiento extra, según el análisis de CaixaBank Research: los fondos UE (+0,6% adicional), el aumento de población (+0,5%), los bajos tipos de interés (+0,3%), el alivio de los precios energéticos (+0,1%), el mayor consumo privado (+0,1%) y la mayor inversión en vivienda (+0,1% adicional). Y hay otros factores que restarán crecimiento este año 2026: el menor crecimiento de las exportaciones (restará -0,4% al PIB), el efecto negativo de los aranceles USA (-0,1%), la incertidumbre geopolítica mundial (-0,3%) y la política fiscal contractiva para seguir bajando el déficit público (-0,2%) y otros factores (-0,1%). Ayudas y frenos que se suman al crecimiento “normal” para conseguir ese +2,1% de crecimiento previsto para 2026.

Un crecimiento que no sólo es destacable por superar al de la mayoría de paises sino porque es “más sano” que el fuerte crecimiento de España en los años 90 o al principios de este siglo. Porque España crece con una inflación moderada (3%), creando mucho empleo (+600.000 en 2025), recortando el déficit público (-2,1% en 2026 frente al -3,2% en 2024) y dejándolo por debajo del déficit de Alemania, Francia o Italia, con menos deuda pública (que paga tipos muy bajos) y, sobre todo, con un superávit con el exterior (gracias a los ingresos por turismo, a las exportaciones y a las inversiones extranjeras), algo inédito en el último siglo.

Pero este crecimiento, alto y más sano, no puede esconder los problemas económicos de España que siguen pendientes en 2026. El primero, la sensación que tienen muchos españoles de que “no notan este crecimiento”, porque la mitad tienen problemas para llegar a fin de mes (el 47,4% de los hogares, según el INE), debido a que las subidas de precios se han comido sus sueldos y pensiones. El  problema es que arrastramos la alta inflación de los años pasados (+15,4% subió el IPC entre 2022,2023, 2024 y hasta noviembre de 2025), que ha superado la subida de los salarios (+13,45% en estos 4 años), con lo que los españoles han perdido poder adquisitivo. Y han perdido más los que menos ganan y gastan más en alimentos (subieron +29% estos 4 años), vestido, calzado y vivienda.

Precisamente, la vivienda es otro de los grandes problemas para 2026, porque tiene unos precios prohibitivos tanto para comprar ( 2.605 euros/m2 de media, pero 5.089 euros/m2 en Barcelona y 5.758 euros/m2 en Madrid) como para alquilar: 14,6 euros/m2 de media (1.314 euros por un piso de 90m2), una subida del 40,38% desde 2022, pero 24 euros/m2 en Barcelona (2.160 euros de alquiler) y 22,8 euros/m2 en Madrid (2.052 euros). Esto deja fuera a muchos jóvenes y familias o las obliga a dedicar la mitad de sus ingresos o más al pago de un techo, mientras las autonomías y el Gobierno son incapaces de pactar unas medidas para promover la construcción de muchas más viviendas para alquiler y venta.

Otro gran reto para 2026 es el deterioro de los servicios públicos (sanidad, educación, dependencia, servicios sociales, transportes), que suponen serios problemas para la mayoría y un gasto creciente, que también les dificulta llegar a fin de mes, ya sea en un seguro privado, en la cuota de las guarderías privadas y los colegios concertados, en las Universidades privadas (porque no han conseguido plaza en las públicas, también con matrículas caras), en contratar a una persona para cuidar de los mayores o en pagarles una residencia, en el bono transporte o en los carburantes, los peajes y los seguros.

El mayor problema sigue siendo la sanidad, cada vez más deteriorada por falta de profesionales y recursos, lo que se traduce en que la demora media para ir al médico de cabecera son casi 10 días (9,78), según el último Barómetro del CIS, y una lista de espera de 128 días para el especialista y 118 días para operarse (donde esperan 832.278 pacientes, según Sanidad). Un deterioro que exige más gasto en Sanidad de las autonomías, sobre todo de las que menos gastan por habitante: Murcia (1.511 euros), Cataluña (1.516 euros), Comunidad de Madrid (1.537 euros), Andalucía (1.871 euros), Castilla la Mancha (1908 euros) y Baleares (1.981 euros) , las 6 por debajo del gasto medio en España (2.013 euros/habitante), según los Presupuestos autonómicos para 2026.

Otro gran problema para 2026 es ejecutar los Fondos europeos recibidos y conseguir las subvenciones y créditos pendientes: son 25.000 millones de ayudas a fondo perdido y otros 6.800 millones en créditos, cuya recepción está condicionada a que España apruebe 230 hitos y reformas este año, porque el 31 de agosto se acaban los Fondos europeos. Y no lo vamos a tener fácil, porque al Gobierno Sánchez le faltan apoyos para aprobar en el Parlamento muchas de esas reformas. Y si no se aprueban, no hay Fondos europeos, que han sido y son uno de los factores claves para el crecimiento y el empleo logrados por España.

Otro problema a afrontar en 2026 es reducir la desigualdad y la pobreza, que en 2024 afectó a 9,6 millones de españoles, los que ingresaron menos del 60% de la media (personas que ganan menos de 827 euros al mes en 14 pagas o familias con dos niños que ingresan menos de 1.737 euros mensuales). Son el 19,7% de la población y el objetivo del Gobierno es que este porcentaje baje al 19,4% en 2026 (serían más “pobres”, porque sube la población). Y es especialmente preocupante la pobreza “severa” (los que ingresan menos del 40% de la media), que afecta a 4,3 millones de españoles, en especial mujeres solas con niños (hay 2,5 millones de niños y niñas que viven en “hogares pobres”, según Save the Children), jóvenes, mujeres e inmigrantes.

Y seguimos teniendo el reto del paro, que es el más elevado de Europa, tanto el global (10,5% frente al 6% en la UE-27 y el 3,8% en Alemania) como el paro juvenil (25,3% en España y 15,2% en Europa). Un problema que exige Planes de empleo específicos para jóvenes y mujeres, así como para mayores de 45 años (1.061.100 están parados, el 40,6% de todos los parados, y muchos no van a encontrar ya trabajo nunca). Y también urge reformar de una vez las oficinas de empleo autonómicas (SEPE), que no utilizan las empresas para contratar (acuden a ETTS y conocidos) y tampoco ayudan a los parados a encontrar empleo.

En resumen, 2026 puede ser otro año con una economía internacional que mantenga su crecimiento en medio de la incertidumbre, una economía europea que salga del túnel (débilmente) y una economía española que siga creciendo más que el resto, lo que permitirá llagar a los 23 millones de empleos. Pero hay que resolver los problemas de los precios de los alimentos y la vivienda (alquileres y venta), mejorando los sueldos de una gran mayoría que los tiene bajos y se los come la inflación. Y además, hay que mejorar los servicios públicos, que afectan a la mayoría y a su bolsillo. Pero sobre todo, hay que repartir mejor el crecimiento, que no nota mucha gente, porque existe todavía una gran desigualdad, que sólo pueden corregir los impuestos, las ayudas y las políticas públicas. Pero eso resulta difícil con el actual enfrentamiento político, que impide acuerdos para mejorar la vida de la gente. Algo que se complica mucho más en un año electoral, donde las tensiones políticas podrían afectar negativamente a la recuperación de la economía. Al final, ese es nuestro mayor riesgo. Con todo, que tengan un buen año. ¡Feliz 2026¡  

A por los últimos Fondos europeos

Una de las prioridades que se ha fijado el presidente Sánchez para 2026 es recibir todos los Fondos europeos pendientes, “sin perder un euro”. Y eso porque los Fondos se acaban el 31 de agosto y España todavía debe recibir 25.000 millones en subvenciones. Pero para conseguirlos, debe seguir aprobando reformas, algo que el Gobierno tiene muy difícil con el veto de Junts en el Parlamento. Por eso, ha aprobado  un cambio de estrategia, para agilizar la  gestión de estos Fondos y renegociar con Bruselas las reformas pendientes, renunciando a algunas y flexibilizando otras, renunciando además a recibir la mayor parte de los créditos europeos previstos (ahora que España se financia barato). Pero el Gobierno no lo tiene fácil, porque en 2026 se acaba el plazo para gestionar las ayudas, que si no se pierden. Y todos nos jugamos mucho en ello, porque los Fondos europeos  han sido uno de los motores del crecimiento y del empleo de España desde 2021. Habría que pactar para no perderlos.

                                  Enrique Ortega

Empecemos recordando el origen y la evolución de estos Fondos europeos. En la madrugada del 21 de julio de 2020, en plena pandemia, los líderes europeos aprobaban por unanimidad el Plan de Recuperación, dotado con 750.000 millones de euros hasta 2026, para que Europa superara la nueva crisis y afrontara los retos energético y digital, con subvenciones y créditos europeos. Si en la crisis financiera de 2010-2014, Merkel y el resto de líderes europeos afrontaron los problemas con ajustes y recortes, sobre todo para los paises del sur, en esta ocasión se optó por el camino contrario: reanimar la economía con fondos europeos (y con emisión de deuda de los 27, algo “prohibido” antes) y aprovechar la nueva crisis provocada por la COVID-19 para modernizar la economía europea y ayudar a los paises a invertir en la reconversión energética y digital de sus economías.

España fue el primer país europeo en aprobar un Plan de Recuperación, el 27 de abril de 2021, para optar a las ayudas y créditos del Fondo “Next Generation EU”, unos 140.000 millones inicialmente adjudicados a España (70.000 en subvenciones a fondo perdido y 70.000 en créditos con bajo interés), con 4 objetivos básicos: la transición energética, la digitalización de la economía, las reformas económicas necesarias y la reducción de desigualdades regionales, sociales y de género. El Gobierno Sánchez envió el Plan a Bruselas el 30 de abril y un mes y medio después, el 16 de junio de 2021 lo aprobó la Comisión Europea (fue el primer Plan nacional aprobado), siendo ratificado por los ministros de Economía de la UE, el 13 de julio de 2021, “con la máxima calificación”.

A partir de ahí, el Plan de Recuperación empezó a andar y enseguida llegaron los primeros Fondos europeos: el 17 de agosto de 2021, el Tesoro español recibió la primera transferencia de la UE: 9.036 millones en concepto de “prefinanciación”. A partir de ahí, se establecían 8 desembolsos oficiales, 8 entregas de Fondos europeos hasta agosto de 2026, que se irían abonando a medida que España justificara a la Comisión Europea que se habían hecho las reformas e inversiones exigidas. Había que “sudar” para recibir cada entrega…

El primer desembolso oficial condicionado (tras el anticipo de agosto) llegó el 27 de diciembre de 2021: 10.000 millones de euros, recibidos tras confirmar la Comisión que España había cumplido 52 hitos y reformas, entre ellas la Ley de Cambio Climático, la mejora de la conectividad, el Plan de Ciencia, la modernización de la Administración Pública y los Planes para la igualdad retributiva de hombres y mujeres. Además, España tuvo que aceptar y firmar antes, en noviembre de 2021, el Reglamento de concesión de los Fondos europeos aprobado por la Comisión, una exigente “hoja de ruta” para asegurar su buen funcionamiento.

España siguió con su calendario de reformas e inversiones y el 27 de junio de 2022, la Comisión Europea aprobó un  2º desembolso oficial a España: otros 12.000 millones de euros de subvención, recibidos tras cumplir 40 hitos, entre ellos la reforma laboral, la 1ª fase de la reforma de las pensiones, la estrategia de movilidad sostenible, la hoja de ruta de la eólica marina, la Carta de Derechos Digitales, la Ley Riders (repartidores), las medidas fiscales para el despliegue de la Red 5-G, la modernización de la Agencia Tributaria, el Plan de acción para la Atención Primaria y la Ley de la Cadena Alimentaria.

Ya en 2023, el 17 de febrero, la Comisión Europea autorizó el tercer desembolso condicionado para España: 6.000 millones de euros, que llegaron el 28 de marzo, tras confirmarse que España había cumplido otros 29 hitos y objetivos en 2022, entre ellos la Ley Concursal, la Ley de Formación Profesional, la reforma de la cotización de autónomos y la Ley de medidas contra el fraude fiscal. Esta vez, la luz verde al tercer pago costó más, porque España tuvo que convencer a la Comisión de los cambios en el sistema de control y auditoría implantados para cumplir con los estándares de vigilancia europeos, una herramienta llamada CoFFEE, perfilada por Economía y Hacienda.

Y en pleno verano, el 26 de julio de 2024, España recibió el 4º pago condicionado, de 9.883 millones de euros, tras confirmar Bruselas que había cumplidos 61 hitos y objetivos más, en la transformación digital, la transición energética, pensiones, educación, tratamiento de aguas, digitalización de servicios públicos y cooperación internacional.

El 5º pago de los Fondos europeos fue el que más tardó en llegar, el 8 de agosto de 2025, aunque fue el de mayor importe: 23.100 millones de euros, 7.100 millones en subvenciones y 16.000 millones en créditos, tras haber solicitado España (en las Navidades de 2022, con retraso respecto a otros paises) recibir también créditos europeos a bajo interés, también a cambio de reformas. Esta 5ª entrega fue además la primera en que España recibió menos de lo previsto (iban a ser 25.000 millones), por no haber conseguido aprobar la mayor fiscalidad del diesel (vetada en el Congreso por el PP, Vox, UPN y Podemos) y por diferencias en las compensaciones a los trabajadores públicos eventuales.

Tras estos 5 pagos, España ha recibido ya casi 48.000 millones de subvenciones (47.943 millones), el 60% del importe total adjudicado (79.854 millones, el mayor importe a fondo perdido, por delante de Italia) y 16.000 millones en créditos, el 19,2% del total de préstamos a bajo interés previstos (83.000 millones). Unos Fondos europeos recibidos a cambio de cumplir 264 hitos y objetivos, de los que sólo quedaron pendientes la subida de la fiscalidad del diesel (no han ampliado el plazo hasta finales de marzo de 2026), la reforma de la temporalidad del empleo público y la digitalización de las entidades locales.

La mayor parte de este dinero europeo recibido estos 5 años ha sido ya adjudicado y está en vías de invertirse. A finales de septiembre de 2025, este era el balance publicado por el Gobierno: 79.854 millones asignados y convocatorias de proyectos resueltas por 58.787 millones de euros, el 69,7% del dinero recibido. El dinero asignado ha beneficiado a 1.294.037 adjudicatarios, la mayoría microempresas (41,4%) y grandes empresas (27,1%), UTEs (15,3%(, fundaciones (11,5%) y hogares /4,7%). Y estos Fondos europeos se han repartido por autonomías, recibiendo algo más de la mitad entre Madrid (9.018 millones), Cataluña (8.826), Andalucía (7.011), Comunidad Valenciana (5.084), Castilla y León (4.179), Galicia (3.764), País Vasco (3.539) y Aragón (3.251 millones).

Ahora, quedan todavía tres o cuatro pagos pendientes, pero queda poco tiempo, porque los proyectos que opten a los Fondos europeos deben estar aprobados antes del 31 de agosto de 2026. Así que España (y el resto de paises europeos) vamos contra reloj, porque el dinero que no se consiga antes de esa fecha se pierde. Por eso, la Comisión Europea lanzó una alerta en junio pasado, aprobando una Comunicación (”Next Generation EU. Camino a 2026”) en la que pedía a los paises miembros “revisar sus Planes para simplificar procedimientos y maximizar la absorción de Fondos europeos”, porque el proceso va lento, según los datos disponibles: en subvenciones a fondo perdido, la Comisión ha desembolsado 231.200 millones de los 291.000 previstos; y en créditos, se han concedido 145.700 de 359.000 millones previstos.

A raíz de este toque de atención, el Gobierno ha trabajado en un reajuste de su estrategia de gestión de los Fondos europeos. Pero además, ha tratado de “hacer de la necesidad virtud”, dado que tiene un problema adicional: hay muchas reformas pendientes, que exige Bruselas para los siguientes pagos, y que están paralizadas en el Parlamento, por el veto de Junts y la dificultad de pactar reformas con Podemos. Así que el Gobierno ha aprovechado para aprobar cambios que agilicen la gestión de Fondos y traten de superar los vetos legislativos. Esos son los objetivos de la “Adenda de Simplificación del Plan de Recuperación”, aprobada por el Consejo de Ministros el 9 de diciembre. Veamos su contenido.

Por un lado, la Adenda pretende agilizar los procesos de verificación y ejecución de los proyectos vinculados a Fondos europeos, para reducir burocracia. Por otro, se busca reforzar las prioridades estratégicas, fortaleciendo los programas relacionados con la supercomputación y la descarbonización. En tercer lugar, se mantiene el objetivo de solicitar todas las subvenciones pendientes, pero se renuncia a una parte de los créditos adjudicados: en lugar de llegar a los 83.000 millones de créditos previstos, se van a solicitar sólo 22.800 millones, por dos razones. Una, porque España se financia ahora barato en los mercados, casi al tipo que nos ofrece Bruselas (al 3,22% a 10 años, cuando los créditos de Bruselas son al 3,13%). Y la otra, porque al renunciar a estos créditos, España ya no tendrá que afrontar las reformas que llevan aparejados y que tanto le cuesta al Gobierno aprobar en el Parlamento.

Pero hay más cambios. El principal, que se modifica el calendario pendiente de reformas: 100 hitos pendientes se abandonan, otros 160 hitos se modifican y quedan pendientes 230 hitos que se esperan cumplir, algunos cambiando Leyes por reformas que no precisen ser convalidadas en el Parlamento, algo que el Gobierno deberá ir pactando con la Comisión Europea. El objetivo está claro, en palabras del propio Pedro Sánchez: “no vamos a perder ni un euro” de las subvenciones europeas pendientes.

El objetivo es entonces recibir los 24.811 millones de subvenciones pendientes a lo largo de 2026 y también los 6.800 millones de créditos pendientes (menos imprescindibles), en tres o cuatro pagos, condicionados a la aprobación de múltiples reformas, algunas de ellas estancadas en el Parlamento y otras pendientes de aprobar por el Gobierno: Ley del Cine, Ley de la Industria, Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), Ley del Medicamento, el nuevo marco del personal estatutario del SNS, la Ley de ordenación profesional en el ámbito del Deporte, la Ley de Familia, la Ley para regular los lobbies, la Ley de protección de la Competencia (“Ley de OPAS”), la revisión de los beneficios fiscales del sistema tributario o el régimen sancionador de la pesca marítima.

De momento, la Comisión Europea aprobó el pasado miércoles esta Adenda de España, dando el visto bueno a la revisión de 160 reformas previstas y la eliminación de 17 reformas con rango de Ley, entre ellas la Ley de regulación de lobbies, la Ley de movilidad sostenible, la Ley del mercado de valores y la equiparación fiscal del diesel y la gasolina. También desaparece la obligación de aprobar la Ley del cine y la Ley de modificación de la pesca, aunque el Gobierno intentará aprobarlas igual. Y en el caso de otras 5 Leyes, se ha acordado sustituirlas por otras normas "de similar ambición.

Esta aprobación de la Adenda por Bruselas es un alivio para el Gobierno cara al tramo final del Plan de Recuperación. Pero sigue ahí el meollo de la cuestión: o España aprueba nuevas reformas que convenzan a la Comisión Europea o no recibiremos los 25.000 millones de Fondos que faltan (ni los 6.800 millones de créditos). Por eso, Pedro Sánchez comentó a los periodistas, en los corrillos de la copa de Navidad en Moncloa, que “la amnistía y los Fondos europeos serán los grandes hitos de 2026”, en lo que se va a volcar el presidente, que buscará desesperadamente “abrir una ventana con Junts” el año próximo. Todo indica que su gran prioridad será recibir esos 25.000 millones de Fondos europeos, “no perder ni un euro”. Y eso pasa por dos cosas. Una, mantener el Gobierno hasta finales de agosto (unas elecciones anticipadas, con los meses de interregno, supondrían perder esos Fondos). Y la otra, conseguir sacar adelante la mayor parte de las reformas exigidas, lo que obliga a pactar con Junts.

El panorama es muy difícil, pero conseguir esos últimos Fondos europeos es clave para seguir creciendo y para mantener la inversión y el empleo en muchos sectores y empresas. Quizás no nos demos cuenta, pero los Fondos Europeos han sido uno de los motores del crecimiento español desde 2022 a 2024: han aportado un 2,4% de todo el crecimiento del PIB en esos tres años (12,4%). A lo claro: que 1 de cada 5 euros producidos han sido gracias a los Fondos europeos. Y su efecto inercial seguirá en el futuro: se estima que hasta 2031 aportarán un crecimiento extra del PIB del 3,4%.

Así que nos jugamos mucho como país en recibir estos Fondos europeos que faltan, 31.800 millones (subvenciones y créditos) de los 103.000 millones previstos entre 2021 y 2026. Pero para no perderlos, España tiene que hacer una serie de reformas económicas que exige Bruselas. El dilema es claro: o se pactan estas reformas como sea o ese dinero se pierde (y con él, inversiones y empleos claves para el futuro). Y tenemos un plazo para acordar: el 31 de agosto de 2026. Ahora o nunca. No parece que los políticos lo entiendan.