Empleados públicos: insuficientes y precarios

El Gobierno aprobará el 2 de julio convocar 40.000 nuevos empleos públicos en el Estado, que se suman a las 600.000 plazas convocadas desde 2018 en el Estado, autonomías y Ayuntamientos (aunque sólo un tercio se han cubierto). Pero sólo hay 277.500 empleados públicos más que en 2011, por los recortes de Rajoy, lo que provoca escasez de personal en muchos organismos, desde el DNI a Tráfico o las oficinas de empleo y de la SS. Aunque persiste el mito de que “tenemos muchos funcionarios”, los datos indican que España está en linea con Europa y tenemos menos empleo público que Francia o los nórdicos aunque más que Alemania e Italia. El otro problema es que un 30% de los empleados públicos tienen contratos temporales o son interinos, casi la mitad en sanidad o educación, lo que ha motivado varias sentencias del Tribunal Europeo de Justicia para que los hagan fijos. Urge una reforma a fondo de la Función Pública, para conseguir más personal, bien formado y con contratos decentes.

                   Oposición para cubrir oferta de empleo público

En mayo se superaron los 3 millones de empleados públicos cotizando a la Seguridad Social, exactamente 3.023.133 afiliados, un 60% trabajando en las autonomías (1.840.990 empleados públicos), otro 24,5% empleados en los Ayuntamientos y Diputaciones (741.683) y sólo un 14,5% trabajando en la Administración General del Estado (440.760 empleados públicos afiliados a la SS). Aunque estos 3 millones de empleados públicos son un récord histórico, sólo suponen 310.000 más que los afiliados públicos en 2011, el anterior máximo (2.690.099 en julio de 2011).

El empleo público todavía trata de recuperarse de los recortes impuestos por el Gobierno Rajoy en 2012, siguiendo los ajustes de Bruselas. Así, los empleados públicos cayeron del máximo de 2.690.099 ocupados en julio de 2011 a 2.583.504 empleados en julio de 2018, a poco de irse Rajoy de la Moncloa. Un recorte de -52.677 empleados públicos entre 2011 y 2018, según el Boletín Estadístico de Personal público, al no sustituirse las jubilaciones y despedirse a personal contratado. Pero este ajuste de personal recayó en exclusiva en el Estado (-67.315 ocupados), porque en estos años duros aumentaron las plantillas de las autonomías (+6.713 empleados) y los Ayuntamientos (+5.582 empleados).

En la segunda mitad de 2018, el nuevo Gobierno Sánchez empezó a reponer parte de las jubilaciones de empleados públicos, convocando nuevas plazas de empleo público hasta 2023 (160.000 en la Administración del Estado), abriendo también la mano autonomías y Ayuntamientos. Con ello, en julio de 2023 había en España 2.967.578 empleados públicos, +384.074 ocupados que en el mínimo de 2018, según el Boletín Estadístico de Hacienda. El mayor aumento de personal se ha vuelto a dar en las autonomías (trabajan 347.113 personas más que en 2018), siendo mucho menor el aumento de plantillas públicas en los Ayuntamientos (+21.348) y en el Estado central (+15.613, un tercio sólo de los empleos perdidos entre 2012 y 2018).

¿Tenemos muchos funcionarios, como señala un mito popular? La respuesta corta es no. Los datos revelan que hay 3,5 millones de ocupados en el sector público, según la última EPA (marzo 2024), los que dicen que trabajan para la administración (aunque sólo 3 millones coticen a la SS). Y estos 3,5 millones suponen un 16,71% de todos los ocupados en España (21.250.000), un porcentaje que se ha mantenido estable desde 2018 (el empleo público suponía el 16,45% del total), a pesar del aumento de las plantillas públicas. La media europea (UE-27) de empleados públicos estaba en el 17% del total en 2020 (último dato de Eurostat). Y tenían más porcentaje de empleados públicos que España los paises nórdicos (29% de los ocupados en Suecia, 28% en Dinamarca, 25% en Finlandia). Estonia y Croacia (23%), Lituania (22,5%) y Francia (22%), siendo menor su peso en Alemania (el 11% del empleo es público), Paises Bajos (12%), Italia (14%) o Portugal (15%).

Así que no tenemos “un exceso” de personal público. Y basta intentar renovar el DNI o el carnet de conducir, ir a una oficina de empleo o intentar arreglar los papeles de la jubilación para comprobar la falta de personal (y las consiguientes “colas”), por no hablar de la falta de personal en la sanidad, la educación y los servicios sociales, así como en muchos Ayuntamientos. Y hay un dato impactante que relativiza el aumento (pequeño) del empleo público: entre 2011 y 2023 se crearon en España 3.439.400 nuevos empleos y el empleo público creció estos años sólo en +277.479 ocupados. A lo claro: sólo 1 de cada 12 nuevos empleos creados en España desde 2011 han sido en el sector público (+277.479), los 11 restantes se han creado en el sector privado (3.161.921 nuevos empleos).

Para afrontar este “déficit” de empleos públicos, por jubilaciones que no se han cubierto y mayores necesidades en los servicios públicos (hay casi 1,5 millones de habitantes censados más), los Gobiernos de Sánchez han ido aprobando convocatorias de plazas de empleos públicos: 160.000 entre 2018 y 2023, sólo en la Administración General del Estado. Y lo mismo han hecho las autonomías y Ayuntamientos. En conjunto, se estima que las tres administraciones han convocado unas 600.000 nuevas plazas de empleo público entre 2018 y 2023. Pero sólo un tercio se han cubierto (225.000), según datos del CSIF. En unos casos, por retrasos entre la convocatoria de plazas y la adjudicación (todavía están pendientes plazas del empleo público ofertado en 2023). Y en otros, por problemas burocráticos en las convocatorias (hay puestos que no se cubren porque no hay suficientes candidatos que aprueben), que impiden cubrir las plazas. De hecho, la Función Pública reconoce que hay miles de plazas de estas convocatorias públicas que han caducado por mala gestión y no volverán a convocarse…

Ahora, el Gobierno Sánchez aprobará  una nueva convocatoria de plazas públicas en la Administración central del Estado para 2024, la mayor hasta ahora: 40.121 plazas, 10.600 de promoción libre (cualquiera puede presentarse a la oposición), 10.600 de promoción interna (para interinos) y otras 8.681 plazas para Fuerzas Armadas y cuerpos de Seguridad (6.260 abiertas y 2.161 de promoción interna). Los sindicatos apoyan esta convocatoria pero creen que es “insuficiente”, aunque valoran que se concentre en los servicios de atención pública más faltos de personal, como el SEPE, la Seguridad Social o Tráfico.

El primer gran problema estructural de la Función Pública es que muchos servicios están “cortos de personal” y necesitan ampliar plantillas. Pero el problema quizás más grave es la enorme precariedad del empleo público: casi un millón de los que trabajan para la administración tienen un empleo temporal, algunos durante décadas. Dos ejemplos. En Canarias, un funcionario de Justicia lleva 27 años trabajando como “interino” (cubriendo el puesto de un funcionario). En el Hospital de la Princesa, en Madrid, un médico de urgencias lleva con un contrato temporal desde 2005 (como el 83% de médicos del centro)… 

Lo que ha pasado en los últimos 12 años, además del recorte de personal, es el aumento de la precariedad del empleo público, para contrarrestar la prohibición de contratar. En principio, el ajuste de Rajoy de 2012 prohibía sustituir a los jubilados (“tasa de reposición” cero de 2012 a 2014, el 50% en 2015 y menos del 100% después) y hacer nuevas contrataciones de personal. Pero como los servicios públicos no podían parar, el Estado y sobre todo las autonomías y Ayuntamientos se buscaron “subterfugios” para contratar, cubriendo con  personal laboral (“interinos”) los puestos que habían dejado libres los funcionarios jubilados y contratando a personal temporal para cubrir otros puestos.

Las cifras evidencian otra vez lo que ha pasado: la precariedad se ha disparado en las administraciones desde los ajustes. En 2011, el 61,45% de todos los empleados públicos (2.690.099) eran funcionarios por oposición (1.653.246), repartiéndose el resto entre personal laboral (690.278, el 25,65%) y “otros” (básicamente interinos que ocupaban puestos de funcionarios), 346.323 ocupados ( 12,87% del total). En sólo 12 años, en 2023, la proporción de los funcionarios de carrera ha caído a menos de la mitad de las plantillas (1.472.277, el 49,6% de todos los empleados públicos), mientras ha seguido aumentando el personal laboral (ahora son 853.703, el 28,7%) y, sobre todo, se ha casi duplicado el peso de los “interinos”: son ya 641.599 empleados públicos, el 21,6%.

El problema de la mayoría del personal laboral y de los interinos es que su trabajo es “temporal”, no tienen fijeza y pueden perder su empleo si se recortan costes y servicios o si el puesto lo acaba cubriendo un funcionario. De hecho, la estadística oficial señala que el sector público en España tenía una “tasa de temporalidad” del 29,58% a finales de 2023, más del doble de la tasa de temporalidad del sector privado (que ha bajado al 13,2%, gracias a la reforma laboral). Se estima que casi 1 millón de empleados públicos tienen un contrato temporal, más en las autonomías (44% de los empleados públicos son temporales) que en los Ayuntamientos  (20%) y que en la Administración central (sólo 5% son temporales). Y esta mayor temporalidad autonómica se concentra en Canarias (59% empleados públicos), País Vasco (57%), Comunidad Valenciana (51%), Murcia o Baleares (47%), Asturias o Aragón (46%) y Madrid (44%), sobre todo en Sanidad (más del 50% en 10 regiones) y Educación.

El Gobierno Sánchez sacó adelante en el Parlamento, en diciembre de 2021, la Ley 20/2021, para reducir esta disparada temporalidad del sector público, del 30% al 8% a finales de 2024. Y para ello, la Ley permitía que el Estado, las autonomías y los Ayuntamientos convocaran concursos de estabilización (reducidas), para sacar plazas de interinos y que puedan optar a ellas los que trabajan ahí temporalmente. Pero además de aprobarlas, los interinos aportan puntos por los años de experiencia, con lo que se las quedan los que llevan más años y las aprueban. En otros casos, muchas plazas de reposición (abiertas) no se acaban de cubrir y por ello siguen en sus puestos los interinos. Así que apenas ha bajado la tasa de temporalidad, porque sólo se han cubierta 225.000 de las 600.000 plazas ofertadas (las que se aprueban ahora en 2024 no se cubrirán hasta 2025, como pronto). Y con ello, parece evidente que el objetivo de rebajar la temporalidad el 8% tardará años en conseguirse.

Por eso, muchos temporales e interinos recurren a los tribunales, cuando pierden su puesto o antes, para que les reconozcan la fijeza tras décadas trabajando en la administración. La tendencia de los tribunales españoles ha sido no aceptar la fijeza o dictar bajas indemnizaciones. Sólo en los últimos años, los tribunales y el Supremo han empezado a admitir la conversión de algunos temporales de la administración en “indefinidos no fijos”, un invento laboral : es una figura intermedia entre funcionario y personal temporal, que no es fijo (su contrato puede finalizar cuando un funcionario ocupe su puesto”) y no tiene tampoco la protección de los funcionarios (sólo se les puede despedir por motivos disciplinarios). La única ventaja de ser “indefinidos no fijos” es que si les despiden, tienen una indemnización de 20 días por año y un máximo de 12 meses (los temporales tienen 12 días).

Los empleados públicos españoles y los propios tribunales han acudido en  varias ocasiones al Tribunal Europeo de Justicia (TJUE) para que se pronuncie sobre contratados e interinos. Y hay dos sentencias recientes. Una del 22 de febrero de 2024, relacionada con los 360.500 trabajadores públicos temporales, en la que el TJUE) dictamina que los procesos de estabilización en marcha en España (ofertas públicas de empleo) y las mayores indemnizaciones no son suficientes y que sólo cabe hacer fijos a estos empleados públicos que llevan más de 3 años (y décadas) trabajando como temporales. El 13 de junio, el Tribunal europeo de Justicia ha emitido otra sentencia, relacionada esta vez con los 800.000 interinos estimados, en la que vuelve a dictaminar que se les haga “indefinidos”: esta vez no habla de “fijos” sino de hacerles “indefinidos”, pero no acepta esa fórmula del Supremo de “indefinidos no fijos” y defiende que tengan la protección de un trabajador indefinido (que puede ser despedido por distintos motivos y tienen menos protección que un funcionario).

Ahora, tras estas 2 sentencias del TJUE, el Gobierno dice que la pelota de los temporales e interinos de las distintas administraciones la tiene el Tribunal Supremo, que debe fijar jurisprudencia para el resto de tribunales. Y sólo después, según lo que decida, pensarán si promueven algún cambio legal sobre la contratación pública. Mientras, el nuevo ministro de la Función Pública, José Luis Escrivá, está estudiando abordar una reforma a fondo de la Administración Púbica y sus políticas de contratación. Por un lado, ya ha anunciado que va a suprimir en 2025 las actuales tasas de reposición (sustituir al 100% de los jubilados y el 120% en algunos organismos más necesitados), que son un corsé que limita la planificación de las plantillas públicas. Su idea es hacer una previsión de necesidades a medio plazo y estudiar cómo cubrirlas, mejorando los procesos de selección de personal y tratando de incorporar talento joven (y digital) a las distintas administraciones públicas.

El reto es enorme, porque hay que reforzar los servicios públicos, tanto por la mayor demanda de servicios de más calidad como para sustituir a los muchos empleados públicos que se van  a jubilar en dos décadas, porque tenemos unas plantillas muy envejecidas (el 59% de los empleados públicos tienen 50 años o más). Y habrá que encajar esta nueva política de personal con la urgente digitalización de muchos servicios públicos. Todo ello exige planificar a medio plazo necesidades, personal (cuántos de ellos funcionarios y cuantos con contratos “decentes”, no temporales), horarios (más amplios y diversificados), sueldos, promoción y consideración (no puede ser que los mejores cerebros acaben en el sector privado) y, sobre todo, el reparto entre el Estado, las autonomías y las entidades locales, que ahora crecen “cada una a su aire” . Y en paralelo, mejorar la formación, profesionalidad y eficiencia de los empleados públicos, con una mayor conciencia de que trabajan para los ciudadanos, que somos los que pagamos su sueldo. El objetivo debe ser reformar a fondo una Administración anclada en el siglo XIX y prepararla mejor para este siglo XXI.