La Comisión de la Competencia (CNMC) ha multado a Repsol, Cepsa
y otras petroleras por pactar precios. Y también a 9 grandes empresas lácteas, por pactar condiciones que imponían a los ganaderos.Pero no son los
únicos que lo hacen: muchas empresas se reparten los mercados y no compiten
entre ellas, en perjuicio de los consumidores. Son los “cárteles”, mafias que pactan precios. Hace
poco, la CNMC ha multado a 39 empresas
de recogida de basuras y residuos, por repartirse las principales ciudades,
con pactos incluso escritos. Es el “cártel”
de la basura, grandes constructoras y empresas de reciclaje que llevan años
repartiéndose la recogida de basuras, limpieza, saneamiento de aguas, reciclaje
industrial y recogida de papel y cartón. Negocios
que mueven más de 15.000 millones anuales. La consecuencia de que pacten precios es que pagamos más por las basuras o el agua. Y la CNMC tiene expedientes abiertos por pactar precios
en decenas de sectores. El problema es que las
multas son bajas y nadie acaba en la cárcel. Aunque en realidad nos roban.
La basura es un gran negocio para algunos. Los
españoles producimos 464 kilos de
residuos por habitante, 137
millones de toneladas de basuras y
residuos que hay que recoger, transportar, destruir o reciclar, junto a las aguas residuales. Cuatro negocios muy boyantes. Uno, la recogida de basuras y limpieza de ciudades
en 6.200 municipios, realizado por una docena de empresas que facturan unos
5.000 millones anuales, según su patronal (ASELIP).
Otro, el saneamiento y la traída de
aguas, con otros 5.500 millones de negocio. El tercero, el reciclaje de productos industriales,
desde neumáticos a productos químicos, donde trabajan unas
700 empresas, que facturan otros 4.000 millones de euros. Y por último, la recogida y reciclaje de papel y cartón, donde operan unas 110
empresas que facturan
700 millones de euros al año. En total, el saneamiento de basuras, residuos y agua es un sector que mueve más de 15.000 millones al año y emplea a unas 150.000 personas.
Un negocio que
está sobre todo en manos de las
constructoras, que en los años 80 empezaron a diversificar
su negocio temiendo que la burbuja del ladrillo no fuera eterna. El 70%
del negocio
de la basura y el agua se lo
reparten entre 4 grandes constructoras. La líder es FCC
(la empresa de Alicia Koplovitz), que factura un 37% de su negocio total en “servicios medioambientales”
(4.518 millones de facturación), en recogida de basuras (en 3.449 municipios,
entre ellos las grandes capitales), limpieza (9 grandes ciudades), tratamiento
de residuos y saneamiento de aguas (un 36,7% de cuota a través de Aqualia). Le siguen Urbaser (filial de ACS, la
empresa de Florentino Pérez), con 1.651 millones de facturación, un 10% del
negocio total del grupo ACS, Cespa
(filial de Ferrovial), presente en 800 municipios y con 1.000 millones de facturación, y Valoriza (filial de
Sacyr), que recoge la basura de 100 municipios y aporta un tercio del negocio
total de la constructora. En reciclaje industrial hay muchas
empresas, destacando Biotran, Grupo
Otúa y Befesa (alemana). Y en reciclaje de papel y cartón dominan la multinacional española Saica
Natur, de Zaragoza, que factura 2.200 millones en España y
varios países de Europa y Holmen
Paper (sueca).
Todas ellas y varias más han estado tres años bajo
la vigilancia de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), que les
abrió un expediente por presuntos acuerdos para repartirse los
distintos mercados. Ha sido como una
investigación policial, buscando pruebas y llegando a entrar en las
sedes de empresas para comprobar papeles y mails. Al final, la
CNMC ha multado a 39 empresas (y 3 asociaciones empresariales) de
recogida de basuras, limpieza, saneamiento de agua, residuos industriales y
recogida y reciclaje de papel/cartón por “considerar
probada la existencia de una práctica concertada global de reparto de
mercado por el cual las empresas sancionadas respetaron a los clientes de
sus competidores, se repartieron los nuevos e intercambiaron información
sensible”.
El
expediente revela unas prácticas
que parecen de novela pero son reales y ponen
los pelos de punta. Vayamos por partes. En las empresas de recogida de basuras y saneamiento urbano, la CNMC ha
confirmado acuerdos entre empresas teóricamente competidoras (sobre todo
FCC, Cespa, Urbaser y Valoriza) para presentarse de forma conjunta (UTE) o con
pactos bilaterales en contratos municipales de Madrid,
Andalucía, País Vasco, Ceuta y Melilla. En muchos casos, la empresa
ganadora se había comprometido con otra a que si no se presentaba luego le
cedía una parte del contrato. Y en otros casos, uno no se presentaba a un
concurso a cambio de que el competidor no se presentase a otro. Además, FCC y Urbaser,
por ejemplo, tenían un pacto escrito
para presentarse conjuntamente a cualquier licitación municipal de una planta
de incineración de residuos urbanos en cualquier lugar de España. Y lo más increíble:
la patronal de estas empresas (ASELIP) tenía
un Código de conducta escrito de no agresión entre los
socios, encargándose de “vigilar” que se cumpliera. Y en ese Código figuraba
que ninguna empresa se presentaría a un concurso de un Ayuntamiento que tuviera
deudas con otra empresa competidora (“solidaridad contra morosos”).
En el sector de la recogida
y reciclaje de papel y cartón, la
CNMC ha probado pactos bilaterales entre Saica Natur (la líder del sector)
y otras empresas competidoras para “el respeto mutuo de clientes” y mercados. Y
lo más increíble: la patronal del sector en Madrid (AREMA) era la que contrataba (desde el
año 2000) la recogida directamente con el Ayuntamiento
de Madrid (única oferta) y luego repartía el contrato, como también se
hacía en Sevilla (ambos,
Ayuntamientos gestionados por el PP). Y en el sector de gestión de residuos industriales, se han
probado también pactos bilaterales y la creación de sociedades conjuntas
para repartirse clientes durante los últimos 14 años, también con la
inestimable ayuda de su asociación empresarial (Aceser), que hizo una recomendación escrita a sus asociados en la que se les
recordaba que “cada uno debía respetar a
los clientes de los otros”.
Las 198 páginas del expediente
de la CNMC (ver
aquí) demuestran claramente que estas empresas “no se cortaban” a la hora de repartirse
el mercado: acuerdos escritos, incluso con mecanismos de vigilancia y
compensación en caso de incumplimiento, recomendaciones para respetar los
clientes, Códigos de conducta e incluso mails explícitos para
recordar a los competidores lo que tenían que hacer: “Yo presento la oferta y si gano otorgaré a Urbaser y Cespa un 20%”, “no
entremos en guerra con otros vertederos”, Aquí, por ahora, estamos en pacto de
no agresión”, “Cedamos Sevilla, no lancemos contraoferta”, “Si no me equivoco,
Isofotón es tuyo, ¿verdad?. Es que los
estuve visitando…Dime cuánto tengo que ofertarle para quedarme por encima
vuestro”. “No quiero guerras con terceros…”.Descaro total.
La CNMC concluye
el expediente señalando que estos
acuerdos de reparto de mercado “han tenido un carácter especialmente
dañino, en la medida que encarecieron los servicios que se prestan a
los ciudadanos”. O sea, que por culpa de los tejemanejes del cártel de la basura, hemos pagado de más por el
recibo de las basuras, el agua o algunos productos industriales (al comprar
neumáticos, electrodomésticos y muchos productos, pagamos su reciclaje). Y eso,
al menos en los últimos quince años, según
la CNMC. El problema es que con las multas no nos van a compensar a los
consumidores. Y de momento, nadie ha abierto una investigación para
averiguar la posible connivencia de los Ayuntamientos (presunta corrupción), que parece necesaria para
asegurar este escandaloso reparto del negocio.
El problema es que este
tipo de conductas no se da sólo en las basuras. La CNMC ha multado en el último año y medio a numerosos
sectores, por “cárteles”, acuerdos para repartirse mercados:
panificadoras, fabricantes de postes de hormigón, empresas suministradoras de
Renfe, fabricantes de palés, empresas de equipos contra incendios, empresas de
alquiler de coches o petroleras. Precisamente, la
CNMC acaba de multar a Repsol, Cepsa, Disa, Galp y Meroil a
32,4 millones de euros por pactar
precios de los carburantes en distintas ciudades (“Ya sabes que Ceuta es un corralito”, decía un mail interceptado) y
por un pacto de no agresión firmado entre Repsol y Cepsa en 2011. Y tanto Repsol
como Cepsa y BP tienen otras
multas (casi 10 millones más, ahora recurridas) por fijación de precios
y prácticas anticompetitivas desde 2009. Además, el 3 de marzo, la CNMC ha multado con 88 millones de euros a 9 grandes empresas lácteas (Danone, Nestlé, Peñasanta, Lactalis,Puleva, Pascual, Asturiana y Senoble, el fabricante de Mercadona), por ponerse de acuerdo para imponer condiciones en la compra de leche a los ganaderos ("Hay que bajar el precio de la leche. Nosotros lo bajaremos si lo hacéis los demás", dice un mail interceptado de CLAS a otras fábricas lecheras).
Y están pendientes de resolución por la CNMC otros
expedientes abiertos a más
sectores por repartirse mercados: empresas comercializadoras de luz, de transporte
de fondos, empresas de hormigón y cemento, distribuidores de coches, empresas
de material ferroviario, empresas de mudanzas internacionales, fabricantes de
turrón, empresas de transporte frigorífico, fabricantes de pañales de adultos,
vinos de jerez, sector de papel y embalaje de cartón ondulado, empresas
radiofónicas, fabricantes de productos dietéticos o de tiras reactivas para la
leucemia… Pero no es fácil de probar. Los funcionarios de la CNMC trabajan
como inspectores, hacen registros, buscan pruebas y ofrecen
inmunidad a los directivos que aportan documentos y pruebas (“testigos
protegidos”), manteniendo un buzón en la web para
denuncias anónimas (competidores que denuncian a otros que les dejan
fuera de los acuerdos).
La competencia es
clave para la economía y los consumidores,
porque de ella nacen mejores ofertas y
precios. Pero hay una larga tradición
de acuerdos, de “cárteles” que prefieren repartirse el mercado
antes que competir por él. El problema es que la CNMC
cuenta con pocos medios para muchas tareas: 515 personas para vigilar los mercados de la luz y
gas, las telecomunicaciones,
el transporte
ferroviario y portuario, el servicio postal y las televisiones, además de vigilar a la vez la
competencia en toda la economía. Y aunque a su presidente lo nombró el
Parlamento, no es independiente del
Gobierno: lo
propuso el ministro Luis de Guindos y el director de la Oficina Económica
de Moncloa. Y sobre todo, cuenta con
pocas armas para asegurar la
competencia: las multas son bajas
(el 3% del negocio) y los recursos de
los implicados se eternizan, con
lo que la CNMC tiene 700
millones pendientes de multas sin cobrar desde hace años. Y no hay ningún expediente en un Juzgado,
porque el Código Penal no delimita
claramente estas conductas como delictivas.
Hay que luchar
de verdad contra los “cárteles”, esas mafias que se reparten mercados y nos encarecen productos y servicios. Las asociaciones de consumidores cuentan ahora para reclamar daños con una nueva arma: una Directiva de la Comisión Europea (aprobada en noviembre) que regula y facilita las demandas contra las empresas que pacten precios. Hay que dotar de más medios a la CNMC y blindar a su presidente (duramente
atacado ahora por las petroleras), que debe ser independiente de verdad y
sin “cuotas políticas” en los puestos directivos de la Comisión (como ahora). También, establecer un
sistema de auditorías externas de los
contratos públicos, sobre todo en Ayuntamientos y autonomías, para reducir
la corrupción y los extraprecios.Y endurecer
las multas y penas, para que los empresarios que se reparten mercados acaben
en la cárcel. Porque nos están robando.
