El miedo acelera las jubilaciones

En 2017 se jubilaron cada día 848 españoles, la 2ª cifra más alta de la historia, tras el récord de 2013, el año de la reforma (recortes) de Rajoy. En ambos años, el miedo al futuro de las pensiones disparó las jubilaciones anticipadas, aunque se pierda dinero. Y en  2018 puede batirse otro récord de jubilaciones, porque en enero de 2019 entran en vigor dos cambios que van a recortar las nuevas pensiones, un 5% cada década. Así que muchos mayores optan por anticipar su jubilación y más si están en paro (casi un millón). Mientras, el Gobierno Rajoy miente con las pensiones (“no han perdido poder adquisitivo”/ “han mejorado las cuentas”) y lanza “globos sondas” (“tener en cuenta toda la vida laboral, quitando 5 años malos”) que esconden nuevos recortes. Y la oposición se empeña en un impuesto a la banca, insuficiente y poco eficaz. Todos han perdido un año sin aprobar medidas. Pero recuerden: si no deciden aumentar ingresos, lo demás que propongan serán más recortes. Que no les engañen.

enrique ortega

La mayoría de españoles con más de 50 años están muy preocupados por su pensión y por eso, en cuanto pueden, se jubilan sin esperar a cumplir  los 65 años aunque pierdan dinero por anticipar su retiro. Es lo que ha pasado en 2017: hubo 309.709 nuevas jubilaciones, 848 al día, la segunda cifra más alta de la historia tras las jubilaciones de 2013 (314.204), un récord provocado por la reforma de las pensiones (recortes) aprobada por el Gobierno Rajoy. El salto anterior en las jubilaciones se había dado en 2012 (308.400 jubilaciones desde las 286.143 de 2011), debido también a las reformas (recortes) aprobadas por Zapatero en 2011.

De las 308.400 jubilaciones de 2017, casi la mitad (133.602, el 43%) se produjeron con 64 años y menos, a pesar de que el año pasado, la edad oficial de jubilación era ya de 65 años y 6 meses. Una parte importante de las prejubilaciones fueron a los 61 años (56.518) y otras a los 63 (41.175) y 64 años (41.175). Con ello, la edad media de jubilación en España está en 62 años, por debajo de la media de los 35 países de la OCDE, que se jubilan de media a los 64,3 años. Así que nos jubilamos antes y como además vivimos más años que el resto de los occidentales (salvo Japón), pues aumenta más el gasto en pensiones.

Es indudable que el envejecimiento es una de las causas del récord de jubilaciones en 2017, pero todavía juegan más otros dos factores. Uno, el miedo, la preocupación por el futuro de las pensiones, que impulsa a jubilarse cuanto antes aunque se pierda dinero. Actualmente, todavía se puede uno jubilar a los 63 años si ha cotizado 35 años (o incluso a los 61, con 33 años cotizados, si uno viene de un ERE o un despido improcedente), aunque pierde un porcentaje de pensión por cada año que anticipe el retiro: le quitan entre el 8% y el 6,5% por año anticipado, según los años cotizados (ver la normativa). Pero muchos no lo dudan: prefieren jubilarse cuanto antes y perder un 14% de pensión que esperar y sufrir más recortes.

Sobre todo si esa espera le pilla al mayor en paro, el segundo factor que dispara las jubilaciones anticipadas. A finales de 2017, había en España 949.100 mayores de 50 años sin trabajo, según la EPA, más del triple que antes de la crisis (281.600 en 2007). Y de ellos, 170.400 parados tienen entre 60 y 64 años, el único grupo de parados que no ha notado la recuperación, sino que ha aumentado (eran 169.800 parados de 60 a 64 años en 2013). Así que si un mayor está en paro y la mitad encima no cobra desempleo, en cuanto puede se jubila: deja de pagar una cotización al mes y empieza a cobrar algo, aunque sea un 14% menos que si espera a los 65 años y 6 meses.

Así que ya entendemos por qué hay un récord de jubilaciones, sobre todo entre funcionarios (3 de cada 4 son prejubilaciones voluntarias). La cuestión es que el récord se va a superar este año 2018. Primero, porque sigue la incertidumbre sobre el futuro de las pensiones, gracias a la inacción y los “globos sonda” de nuestros políticos. Pero sobre todo, porque el 1 de enero de 2019 se van a producir dos cambios, por la reforma de pensiones de Rajoy (2013), que van a recortar las nuevas pensiones a partir del año que viene. Así que los expertos se temen una avalancha de jubilaciones este año, para evitar esos recortes.

El primer recorte vendrá de la entrada en vigor, el 1 de enero de 2019, del llamado “factor de sostenibilidad”: se vincularán las nuevas pensiones a la esperanza de vida de cada generación, que crece año tras año, con lo que la pensión inicial bajará año tras año (menos pensión durante más años). Este factor de sostenibilidad no está todavía fijado (el Gobierno espera a saber la cifra oficial de fallecimientos en 2017), pero los expertos del BBVA ya han determinado que supondrá un recorte del 0,5% en las nuevas pensiones de 2019: si la pensión media de jubilación es de 1.074 euros (2017), perderían 75 euros al año. Y así, año tras año, las nuevas de 2020, 2021 y siguientes. Los expertos estiman que las nuevas pensiones serán entre un 4 y un 6% más bajas en una década, para 2029. Así que cuanto más tarde se jubile uno, peor, lo que presiona a acelerar las jubilaciones estos años.

El otro factor que aumentará las jubilaciones en 2018 será que en enero de 2019 se endurecen las jubilaciones anticipadas, porque la reforma de Zapatero, que daba un plazo hasta 2024 para beneficiarse de las actuales condiciones ventajosas para prejubilarse, fue endurecida por Rajoy, que redujo ese plazo a enero de 2019. Así que todo el que esté pensando en jubilarse antes de los 65 años y se informe, aprovechará este año para hacerlo porque luego le exigirán más tiempo cotizado y peores condiciones.

Estos son recortes ciertos y a plazo fijo en las nuevas pensiones, pero hay más que sufrirán los futuros pensionistas y los actuales. Por un lado, los recortes derivados de la reforma Zapatero de 2011, básicamente dos: ampliar la edad de jubilación (de 65 a 67 años en 2027) y ampliar los periodos de cotización exigidos (de los 36 años y 6 meses actuales a 38 años y 6 meses en 2017). Y por otro, los recortes derivados de la reforma de Rajoy en 2013: revalorizar las pensiones sólo un 0,25% (probablemente hasta 2040) y fijar la pensión en función de la esperanza de vida (factor de sostenibilidad). Estos recortes ya están haciendo efecto: así, en 2017, la pensión inicial fue de 1.318 euros, un 1% inferior a la de 2016. Y así será cada año: caerá el importe de las nuevas pensiones. La consecuencia será que los españoles que se jubilen en 2050 (los nacidos en 1983) cobrarán un 40% menos de los que se han jubilado en 2017, según estimaciones sindicales. O sea, 790 euros de los de entonces.

Esta es la realidad: con las dos reformas ya en vigor, las pensiones futuras serán casi la mitad de las actuales. Y la inflación se comerá además parte de las pensiones de hoy. Así que el problema es doble. Por un lado, asegurar que habrá dinero para pagar esas pensiones recortadas casi a la mitad. Y por otro, intentar buscar recursos para mejorarlas. En total, para tapar el déficit actual de las pensiones, asegurar el futuro y mejorarlo, haría falta ingresar entre 50.000 y 80.000 millones más en un horizonte a 20 años. Como poco.

Frente a este gran reto, ni el Gobierno ni la oposición proponen medidas serias. Y encima, la ministra de Empleo miente a los pensionistas y al país. Miente cuando dice que “en 2017 se revertió por primera vez la tendencia de deterioro de las pensiones…”. Es falso: el déficit de las pensiones aumentó en 263 millones, hasta los -18.800 millones y si bajó en términos relativos (del 1,67% al 1,61% del PIB) es porque la economía creció. Además, si los ingresos crecieron más que los gastos (5,3% frente al 3%), por primera vez, fue porque se empezaron a notar los efectos de los recortes de 2011 y 2013, no porque el sistema se haya saneado. Y miente cuando dice que “las pensiones no han perdido poder adquisitivo”, manipulando las cifras con la subida especial de las pensiones mínimas hecha entre 2008 y 2011: realmente, las pensiones perdieron un -2,2% con la crisis (2007-2017), según datos oficiales.

Además de mentir y tratar de ocultar el grave problema de las pensiones, el Gobierno Rajoy se dedica a lanzar “globos sonda” en TVE y declaraciones, mientras no ha hecho todavía ninguna propuesta oficial de reforma donde debe hacerlo, en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que se reúne desde diciembre de 2016 sin tomar medidas. La primera idea que lanzó la ministra Fátima Báñez, en enero pasado, fue ampliar el plazo de años que se consideran para determinar la pensión (ahora son 21 años y serán 25 años en 2027), hasta toda la vida laboral del trabajador, pero “pudiendo quitar los 5 años peores” (como un “caramelo” para endulzar la propuesta). Se diga lo que se diga, para la mayoría de trabajadores, considerar toda la vida laboral (en vez de los 21 o 25 últimos años) supone tomar en cuenta cotizaciones más bajas (las de hace 30 o 40 años) y por tanto, rebajar la pensión resultante, entre un 15% y un 35%, según los expertos del Instituto Santa Lucía.

Otra “propuesta milagro” adelantada por la ministra Báñez es permitir que los mayores de 65 años puedan trabajar estando jubilados, para que así coticen y mejoren las cuentas de la Seguridad Social. Actualmente sólo se permite seguir trabajando si se cobra el 50% de la pensión y la idea sería permitir trabajar y cobrar el 100% de la pensión, una propuesta que también ha hecho la OCDE, donde sólo hay 7 países de los 35 que restringen trabajar a los jubilados. La iniciativa “suena bien”, pero tiene dos graves problemas de fondo: uno, que muchos mayores no tienen fácil seguir trabajando e incluso trabajar a secas (recordemos: hay casi un millón de mayores de 50 años en paro). Y el otro, que un 37,4% de los jóvenes españoles está en paro y hay que darles una oportunidad, dejarles paso.

Mientras la ministra Báñez lanza “globos sonda”, el Gobierno Rajoy utiliza el BOE para aprobar por decreto ley, una medida que refleja su forma de pensar: apoyar a los Planes de pensiones privados, aprobando el viernes pasado que los Planes se puedan rescatar en 10 años, para “quitar el miedo” a que los trabajadores los contraten por ser un dinero “cautivo”. Y además, le bajan las comisiones, a ver si así evitan que los Planes de pensiones privados sigan decayendo : han bajado las aportaciones, han subido los rescates (de parados) y se han perdido un millón largo de partícipes mientras los que quedan (8 millones) aportan cada año menos (400 euros de media y dos tercios nada). Así que Rajoy trata ahora de reanimarlos.

Si el Gobierno no propone medidas para salvar las pensiones públicas y sólo aprueba un decreto (muy criticado por los expertos) para salvar los Planes de pensiones privados,  la oposición tampoco hace mucho. El PSOE se descolgó en enero con imponer un impuesto especial a la banca, similar al que propuso antes Podemos, una propuesta que “suena bien” a muchos pero que no deja de ser una “ocurrencia populista”. Primero, porque es insuficiente: sólo aportaría 1.860 millones, el “chocolate del loro” para lo que necesitan las pensiones. Y, sobre todo, porque se penaliza a un sector frente al resto, la banca, que nos trasladaría a los clientes ese mayor coste, en forma de comisiones y tipos, además de penalizar a la banca española frente a la del resto del mundo.

Es hora de dejarse de “globos sonda” y “propuestas populistas”, para afrontar con seriedad el grave problema de las pensiones, que es estructural: los ingresos por cotizaciones no crecen lo suficiente (aunque haya 2 millones más de españoles cotizando, pero con sueldos bajos) para hacer frente al aumento de las pensiones, que pasarán de los 9,5 millones actuales a 15 millones en 2050, con menos activos que hoy (por la caída de la población) . Un problema que es doble: poder pagar las pensiones futuras y tratar de revertir los recortes aprobados por Zapatero y Rajoy, porque si no, las pensiones futuras serán un 40% más bajas que las actuales.

Para afrontar ambos retos hace falta ingresar esos 50.000 a 80.000 millones más en 20 años de los que antes hablaba. ¿Cómo? No hay una solución mágica y los expertos coinciden en abordar un abanico de medidas a medio plazo, en dos frentes: por un lado, quitar lastre, costes, a la Seguridad Social, y por otro, conseguir más ingresos.

La Seguridad Social puede conseguir ahorros importantes por cuatro vías. Una, quitar las bonificaciones de cuotas a empresas y autónomos, las llamadas “tarifas planas”: son 3.700 millones anuales de pérdida de cotizaciones, que deberían suprimirse o pagarse con cargo a los Presupuestos. Y lo mismo el coste del Ministerio de Empleo, 4.000 millones, que paga la Seguridad Social. Otra fuente de ingresos sería pagar el subsidio de desempleo a más parados (el 49,5% no lo cobra) y cotizar por ellos a la SS, lo que le aportaría 1.000 millones más. Y en cuarto lugar, subirla cotización a los sueldos más altos (hoy tienen un tope en 3.751 euros: lo que se gane de más no cotiza), con lo que se podría ingresar 7.500 millones más. En total, con estas 4 medidas, se conseguirían 18.200 millones más para las pensiones.

Aún harían falta entre 32.000 y 62.000 millones más para estabilizar las cuentas a medio plazo y poder subir más las pensiones actuales. Y si no queremos aprobar más recortes, sólo puede conseguirse con más ingresos, por dos caminos: cotizaciones e impuestos.

La primera vía, subir cotizaciones a empresas y trabajadores, es viable porque tenemos unas cotizaciones más bajas que en Europa: ingresan el 12,3% del PIB, frente al 13,2% en Europa y el 15,3% en la eurozona, muy por debajo de Alemania (16,5% del PIB), Francia (18,9%), Italia (13,3%) o Portugal (11,6%) y sólo por debajo de Reino Unido (7,8%), según Eurostat. Igualarnos a las cotizaciones de la zona euro permitiría a la SS ingresar 34.000 millones más cada año. Y si se aprobara una subida menor, para no penalizar tanto el empleo, podrían ingresarse 20.000 millones más en un horizonte de 4 años. Es defendible que empresas (ahora con beneficios) y trabajadores coticen más, sobre todo si se defiende que ahorren para pagar un Plan de pensiones: mejor que peguen ese extra a la Seguridad Social.

Y quedaría recaudar entre 12.000 y 42.000 millones más, por la otra vía, los impuestos. Y se puede hacer porque, como reiteran la Comisión Europea y los expertos fiscales, España recauda mucho menos que el resto de Europa. Concretamente, en 2018, está previsto recaudar un 38% del PIB en España mientras la media europea (UE-27) recaudará el 44,6% del PIB, según Bruselas. Traducido, eso significa que si recaudáramos como el resto de Europa, Hacienda debería recaudar 72.000 millones de euros más al año. Eso pasa por reducir el fraude fiscal y hacer que paguen más los que ahora pagan poco, las grandes empresas, multinacionales y los más ricos. Con esa mayor recaudación, esos 72.000 millones, podríamos destinar una parte a asegurar las pensiones y el resto a bajar el déficit y aumentar los gastos públicos necesarios, desde Planes contra el paro y la pobreza a mejorar la sanidad, la educación, la Dependencia y los gastos sociales.

Al final, el PP y Ciudadanos no quieren ni oír hablar de aumentar los ingresos, sino que prometen bajarlos, lo que complica aún más el futuro (de las pensiones y del gasto social). Y por eso, todas sus propuestas van dirigidas a la otra parte de la ecuación, a reducir el gasto con más recortes, como sería considerar toda la vida laboral para calcular la pensión. No se engañen: todos los que no propongan aumentar ingresos, vía ahorro de costes en la SS, cotizaciones y mayor recaudación fiscal, están proponiendo más recortes. Que lo sepan.

Jubilarse antes, una necesidad para muchos

En 2016 se batió  el récord de españoles jubilados antes de tiempo: 136.941, el 44,6% del total. Y en 2017 sigue esta tendencia, iniciada en 2013, con un 44,1% de prejubilaciones, a los 64,2 años de media, aunque la edad legal sea este año de 65 años  y 5 meses. Los españoles se jubilan antes porque ahora les llega el turno a los prejubilados de los EREs y porque hay muchos mayores de 55 años que, a falta de trabajo y de cobrar el paro, no ven otra salida que jubilarse antes. Son 3 millones de mayores de 55 años “ni-ni-nis”: ni trabajan, ni cobran el paro ni se pueden jubilar. Y en cuanto llegan a los 63 años (y algunos a los 61) se jubilan, aunque pierdan un porcentaje de pensión. No hay que penalizarles con más recortes,  sino darles una salida, aprobar un Plan de choque para ayudarles a encontrar trabajo o asegurarles un subsidio digno hasta los 65 años. No condenarles al limbo de los “ni-ni-nis”.



                                                                                     enrique ortega

Las prejubilaciones cayeron en España con la crisis, entre 2007 y 2011, porque muchos mayores desecharon la idea de jubilarse antes por la necesidad de seguir aportando ingresos en hogares donde habían caído sueldos y empleos. Pero a partir de 2012, las jubilaciones antes de tiempo volvieron a crecer, año tras año, hasta alcanzar en 2016 un récord histórico: 136.941 prejubilaciones, el 44,6% del total, según los datos de la Seguridad Social. Y este año 2017, hasta abril, ha seguido la tendencia. 48.182 jubilaciones antes de los 65 años, un 44,1% del total, con una media de edad de 64,2 años (63,7 años los hombres y 64,5 años las mujeres). Este aumento de las prejubilaciones choca con la primera reforma de las pensiones, aprobada por Zapatero en 2011, que elevó progresivamente la edad de jubilación a 67 años para 2027 (este año 2017 está en 65 años y 5 meses). Y con la segunda reforma aprobada por Rajoy en 2013, que endureció los criterios para jubilarse anticipadamente, aumentando el porcentaje que se pierde por jubilarse antes (hasta el 8% anual).

Pero los datos están ahí y demuestran que, a pesar de las dos reformas, aumenta el porcentaje de los que se jubilan antes de tiempo. Por dos razones. Una, porque ahora están jubilándose los prejubilados de la crisis, los trabajadores de los EREs de la banca y las grandes empresas que tenían pactado jubilarse a los 61 o 63 años. Y, sobre todo, porque hay muchos mayores de 55 años que, a la vista de que no tienen trabajo ni cobran el paro, optan por jubilarse antes, aunque pierdan con ello un porcentaje de su pensión. En España hay casi 3 millones de personas mayores de 55 años que son “ni-ni-nis”: no tienen trabajo, no cobran el paro y no pueden jubilarse. La mayoría de ellos son mayores que “han tirado la toalla” de buscar trabajo y están inactivos (son 2.352.000 entre 55 y 64 años) y otros 560.100 son parados (y el 75% de ellos llevan más de un año sin trabajo).

Estos españoles mayores de 55 años saben que tienen muy difícil encontrar trabajo y comprueban cada día que las empresas no los quieren: el 61% no han sido llamados a ninguna entrevista de trabajo en el último año, aunque el 56% de ellos presenta currículos cada semana, según un estudio de la Fundación Adecco. Su mayor hándicap es la edad, pero también su baja formación: el 70% de los parados mayores de 55 años sólo tiene la ESO o incluso menos y muchos proceden de la construcción y sectores reconvertidos que ahora no tienen futuro (como ellos). Y por todo ello, el 70% de estos parados mayores de 55 años cree que “ya no volverá nunca a trabajar”, según una encuesta de la Fundación Adecco.

Su situación es especialmente preocupante porque la mayoría de estos parados mayores de 55 años no cobra el paro, a pesar de que el 40% sigue teniendo hijos a su cargo y el 35% está pagando todavía una hipoteca, según la Fundación Adecco. Los mayores de 55 años a los que se les acaba el paro tienen derecho a un subsidio de 426 euros al mes hasta que les llega la edad de jubilación (y la Seguridad Social cotiza el mínimo por ellos ese tiempo), pero muchos no lo cobran porque no cumplen los tres requisitos imprescindibles: haber cotizado 6 años al desempleo, haber cotizado al menos 15 años a la Seguridad Social y, sobre todo, que en su familia (contando su esposa o esposo y los hijos menores de 26 años) no haya ingresos superiores a los 530,78 euros mensuales (media de todos los que ingresen algo), un requisito que introdujo el Gobierno Rajoy en 2013 y dejó a muchos mayores fuera del subsidio.

Si los mayores de 55 años son “ni-ni-nis”, no trabajan ni cobran el paro, ¿Qué pueden hacer? ¿Esperar en el limbo  de la pobreza hasta que cumplan los 65 años? Muchos echan cuentas y buscan la vía para jubilarse antes, a los 63 años o incluso a los 61 años. Para jubilarse anticipadamente a los 63 años, el trabajador ha tenido que cotizar al menos 35 años. Y si le han despedido por causas económicas o administrativas y ha estado al menos 6 meses de paro, puede solicitar jubilarse a los 61 años. En ambos casos, la contrapartida es que pierde un porcentaje de la pensión que tendría si esperara a los 65 años y 5 meses. El recorte varía entre el 6,5 y el 8% anual. Pero aun así, le puede compensar  tener una pensión más baja si no cobra nada de paro. Y sobre todo si es autónomo y encima tiene que cotizar a la Seguridad Social para no perder el derecho a pensión: jubilado no cotiza y cobra.

Por todo esto suben las prejubilaciones, porque hay 3 millones de españoles mayores de 55 años que no ven otra salida que jubilarse lo antes que puedan. Aunque esa decisión cargue más las cuentas de la Seguridad Social, que sigue con un abultado déficit (-18.500 millones en 2016). La tendencia del Gobierno Rajoy, de la patronal y de muchos expertos es penalizar más estas prejubilaciones, con más requisitos y más recortes de la pensión resultante, para disuadir a los mayores a jubilarse antes de tiempo. Incluso hay muchas voces, como las del expresidente Aznar, el Banco de España y distintos expertos, que han defendido  ir i más allá y subir la edad de jubilación por encima de los 67 años, quizás hasta los 70.

Penalizar más las prejubilaciones y volver a subir la edad de jubilación por encima de los 67 años serían unas medidas injustas y rechazables por varias razones. Primera, porque con la subida a 67 años, España tiene ya una edad de jubilación que es de las más elevadas de Europa, sólo por detrás de los 68 años de Irlanda, reino Unido y la república Checa, según los datos de la OCDE. Incluso hay paises como Francia donde se jubilan a los 62, otros como Finlandia a los 63 y varios a los 65 años, como Austria, Bélgica o Grecia. Segundo, porque penalizar las prejubilaciones y subir más la edad de jubilación dificultaría aún más el empleo de los jóvenes, en un país donde su tasa de paro es el 40,5%, más del doble que el paro juvenil en Europa (19,5%). Y sobre todo, porque hay más de 1 millón de parados mayores de 50 años (1.042.700), que tienen muy difícil encontrar trabajo, más de la mitad sin ingresos y a los que se condenaría a estar más años “en el limbo”  esperando a jubilarse.

El auge de las prejubilaciones debería llevar al Gobierno y a las fuerzas políticas y sociales no a recortarlas sino a reflexionar que son un síntoma de un problema muy serio: que hay un enorme colectivo de españoles sin salida, los 3 millones de mayores “ni-ni-nis”. Y que debería hacerse un Plan de choque específico para darles una alternativa. Por un lado, ayudarles a que encuentren un trabajo, para lo que el Gobierno debería volcarse en su formación y las oficinas de empleo (SEPE) en orientar su búsqueda de empleo, con la aprobación también de ayudas e incentivos fiscales a las empresas que contraten mayores. Por otro, en el caso de que no consigan empleo, deberían asegurarles un subsidio hasta la jubilación, revisando los requisitos actuales y haciendo que la mayoría pueda recibirlo. Y sobre todo los que tienen familia a su cargo, con medidas para ayudarles a pagar su hipoteca. Y en tercer lugar, planes específicos para que los mayores en peor situación se jubilen anticipadamente: no es lo mismo poner pegas a alguien que trabaja y quiere jubilarse a los 63 años que dificultárselo a un mayor “ni-ni-ni” que lleva años parado y sin ingresos.

Tenemos un serio problema con las pensiones, que no salen las cuentas porque los ingresos han caído y los gastos van a crecer mucho más por el envejecimiento de la población. Pero no podemos intentar corregirlo echando la culpa a las prejubilaciones, sobre todo a las de los mayores de 55 años sin trabajo y sin paro que buscan una salida jubilándose antes. Penalizarlos sería un ahorro mínimo y muy injusto. Lo que deberíamos hacer es darles una alternativa, ayudándoles a encontrar trabajo o a sobrevivir con un desempleo digno o una pensión anticipada. Porque no podemos cerrarles el único camino que encuentran tras muchos años “en el limbo”. Estos españoles mayores de 55 años sí que son “una generación perdida”, tras décadas de esfuerzos. Hay que buscarles una salida, no culparles ni penalizarles.

Recorte pensiones:mayores 55 años,los "ni-ni-ni"

El Gobierno Rajoy ha aprobado por decreto una segunda reforma de pensiones, desde el 1 de abril, para recortar 4.000 millones hasta 2027 retrasando dos años las prejubilaciones y bajándolas. Una reforma que se suma a la de Zapatero, en vigor este 1 de enero, que supone un recorte del 20 % en las pensiones para 2027. Y falta la tercera reforma (más recortes), que se anuncia en 6 meses, presionada por Bruselas. El problema de fondo es que hay menos gente trabajando y más pensionistas, por lo que no salen las cuentas. Los que más sufren ahora este nuevo recorte de las pensiones son los mayores de 55 años, a quien el Gobierno ha puesto además más trabas para cobrar el desempleo (426 €). Con ello, casi tres millones de españoles mayores de 55 años son ahora “ni-ni-ni”: ni trabajan, ni cobran desempleo ni se pueden jubilar. Y así, a esperar los 65 años.
 

enrique ortega

La primera reforma de las pensiones la hizo el Gobierno Zapatero, en febrero de 2011,con una Ley pactada con sindicatos, patronal y la mayoría de partidos (PP se abstuvo e IU votó en contra). Entró en vigor este 1 de enero, con tres medidas básicas: subir la edad de jubilación (un mes cada mes) hasta llegar a los 67 años en 2027, elevar el periodo de cotización de 35 a 37 años para tener derecho al 100% de pensión y ampliar el periodo de referencia para calcular la pensión de 15 a 25 años. Resultado: un recorte del 20% en la pensión para 2027.

Ahora, el Gobierno Rajoy, presionado también por Bruselas, pone en marcha una segunda reforma de las pensiones (esta vez por decreto y en solitario), que entra en vigor el 1 de abril. Se trata de recortar otros 4.000 millones de gasto de aquí a 2027, retrasando dos años las jubilaciones anticipadas y dificultando la jubilación parcial. Así se pretende retrasar la entrada en el sistema de muchos pensionistas, ya que la mitad de los que se jubilan cada año (280.000) son prejubilaciones (80%) o jubilaciones parciales (20%).

El cambio afecta por un lado a las prejubilaciones forzosas, por despidos (EREs), que podían hacerse a los 61 años y ahora suben (un mes cada mes) hasta llegar a la prejubilación a los 63 años en 2027. Un cambio que llega cuando la mayoría de grandes empresas ya han hecho ERES masivos (25.000 despidos entre Telefónica, Vodafone, Iberia, Bankia y otras Cajas, Santander+Banesto y otros bancos…) con prejubilaciones a los 61 años. Otra novedad: si ahora las empresas tenían que pagar el paro y las cotizaciones de los despedidos hasta la jubilación, ahora volverá a pagarlo el Estado (si no despiden a más mayores de 50 años de la proporción en plantilla), con lo que les saldrá aún más barato “aligerar plantillas”.

La reforma penaliza sobre todo las prejubilaciones voluntarias, que podían hacerse a los 63 años y se suben (un mes cada mes) para no poder prejubilarse hasta los 65 años en 2027. Además, se exigirán 35 años cotizados (ahora son 30) y sube el recorte de la pensión por cada año antes que uno se jubile: quitan del 6,5% al 8%, según los años cotizados. O sea, si alguien se jubila en 2027 a los 65 años, dos años antes de la edad legal (entonces 67), tendrá que haber cotizado 35 años y perderá hasta un 16% de pensión. También se sube dos años la jubilación parcial (a los 65 años en 2027), que permitirá ahora trabajar la mitad de jornada (antes hasta el 25%), con más cotización y más recorte de la media pensión.

Como “guinda” de esta reforma, se permite que los jubilados puedan seguir trabajando y cobrando la mitad de la pensión después de los 65 años (67 años en 2027), no a los que se prejubilen, a cambio de una baja cotización (6% la empresa y 2% el jubilado). Está bien, pero es “pura imagen” (para ingresar más cotizaciones), ya que bastantes problemas tienen los mayores para que no les despidan (para cambiarles por un joven por la tercera parte de sueldo) o encontrar un trabajo con más de 50 años como para encontrar un empleo jubilado.

Esta segunda reforma de las pensiones afecta a todos, porque retrasa dos años las prejubilaciones y baja su importe, pero sobre todo a los mayores de 55 años, un colectivo de 5.222.392 personas, de los que la mitad son inactivos (2.270.192) o están parados (530.700), con lo que son firmes candidatos a prejubilarse. Y ahora se les obliga a esperar dos años más (hasta los 65 en 2027) y tener 5 años más cotizados para pagarles hasta un 16% menos de pensión si se jubilan antes de los 67 años.

Además, el Gobierno Rajoy les ha hecho otro cambio: desde el 1 de abril, los futuros parados mayores  de 55 años (ahora hay 598.600 registrados)  no podrán cobrar el desempleo hasta la jubilación (426 euros al mes, que cobran ahora 347.000 parados +55 años) si tienen ingresos su mujer o un hijo menor de 26 años (+ 967 € al mes) o ambos (+725 € al mes cada uno).Un recorte que se suma a los dos recortes que les hizo el Gobierno en julio: subir este subsidio de 52 a 55 años (dejó fuera a 90.000) y cotizar por estos parados el mínimo (antes el 120% del mínimo), recortando así su futura pensión.

Con estas medidas, el Gobierno transforma a los mayores de 55 años en los “ni-ni-ni”: ni trabajo, ni desempleo (si tienen a un mileurista en casa), ni pensión (a esperar a los 65/67 años). En total, casi tres millones de españoles sin salida, que serían 6,2 millones de personas si bajamos el listón a los 50 años, una edad con la que las empresas ya no contratan.

Volviendo a las pensiones, los recortes no han acabado. El Gobierno va a crear un grupo de expertos para que preparen en 6 meses un catálogo de más reformas, como ha pedido Bruselas en febrero. Todo apunta a que este año habrá nuevas medidas. Por un lado, se suprimirá el revalorizar las pensiones con el IPC, como ya ha hecho Rajoy este año. Por otro, se podrían revisar los baremos de las futuras pensiones: exigencia de más años de cotización (ahora son 35) o más años de cómputo para calcular la pensión (ahora 25 y podría llegarse a toda la vida laboral). O adelantar cinco años la jubilación a los 67 años (prevista para 2027).Y en el futuro, retrasarla a los 68 o 69 años.

El problema de fondo es que las pensiones son una bomba de relojería, porque no salen las cuentas. Por un lado, crece la esperanza de vida (de 81 años ahora a 86,5 en 2048), con lo que las pensiones se van a duplicar (de las 9 millones actuales a 17 millones en 2050) y con ellas el gasto (del 10,1% del PIB al 13,7% en 2060), más que en el resto de Europa porque España es el país más envejecido. Y por otro, no crecerán igual los que trabajan y pagan las pensiones: hoy hay 3,4 personas en edad de trabajar (16-64 años) por cada pensionista (y sólo 1,9 trabajando), mientras en 2060 sólo habrá 1,6 activos por pensionista (y quizás 1,2 trabajando).

En definitiva: o aumentamos drásticamente el empleo o no habrá dinero para pagar las pensiones en el futuro y habrá que ir de recorte en recorte. La clave es reanimar la economía, recuperar los 3,5 millones de empleos perdidos y más, con un crecimiento basado en la industria, la tecnología y la exportación. Pero además, habrá que buscar nuevos ingresos para las pensiones, vía impuestos y más cotizaciones, porque si no, los recortes serán drásticos. No podemos conformarnos con repartir la miseria entre los pensionistas. Hay que aumentar el pastel, para que, tras una larga vida trabajando y cotizando, nos quede una pensión digna. Es lo mínimo.

La interminable reforma de las Cajas

Confieso que con el saneamiento de las Cajas me pierdo y eso que lo sigo. Hace un año teníamos los bancos y Cajas más sanos del mundo. En junio 2010 se aprobó una ley de Cajas que las obligó  a fusiones contra reloj, pasando de 45 Cajas a 17 grupos. En enero 2011, el Gobierno vuelve a cambiar las normas y les exige más capital. Y en marzo, el Banco de España  saca la lista de las 9 Cajas que necesitan sanearse y buscar capital. Pero les da hasta octubre para hacerlo (con prorroga hasta marzo 2012, para algunas), aunque 4 Cajas no encontrarán inversores y tendrán que ser nacionalizadas temporalmente. Al final, serán dos años de retraso para un saneamiento que tendrá importantes ayudas públicas y donde muchas Cajas, limpias de ladrillo, oficinas y personal, serán subastadas a bancos españoles y extranjeros.



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El 10 de marzo de 2011, dos años y medio después de estallar la crisis financiera, el Banco de España decidía por fin hacer público el chequeo al sistema financiero español: de 55 entidades, sólo 13 necesitaban sanearse y buscar capital: 4 bancos (Bankinter, Bankpyme y las filiales de  Barclays y Deutsche Bank) y 9 grupos de Cajas (Bankia, Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa, CAM, Banco Base, Banca Cívica, Banco Mare Nostrum, Unnim y Caja España-Caja Duero). En total, necesitaban inyectar 15.152 millones de euros (de ellos,14.077 las Cajas). Eso supone que 33 bancos están sanos y también otras 9 Cajas: la Caixa, Ibercaja, Unicaja, las tres Cajas vascas (BBK, con Caja Sur, Kutxa y Vital), Caja 3 (CAI, Caja Círculo, Caja Badajoz) y las Cajas de Ontinyent y Pollensa.

Los cuatro bancos van a capitalizarse sin problemas (son sólo 1.075 millones), ampliando capital. El problema es buscar inversores que pongan 14.077 millones para tapar los agujeros de las 9 Cajas a sanear. Tras los primeros tanteos, cinco han dicho que saldrán adelante sin ayudas públicas: Bankia (Caja Madrid, Bancaja, Laietana, Ávila, Segovia, Rioja, Insular), Banco Base (Asturias, CCM, Cantabria, Extremadura), Banca Cívica (Navarra, Burgos, Canarias, CajaSol y Guadalajara) y Banca Mare Nostrum (Murcia, Penedés, Granada, Sa Nostra) buscarán capital privado saliendo a Bolsa y Caja España-Caja Duero se fusiona con Unicaja y así se sanea. Pero otros cuatro grupos de Cajas no encuentran capital privado sin malvenderse y han pedido ayudas públicas, la entrada temporal del FROB para sanearlas. Son la CAM (que rompió su alianza con Banco Base), donde el Estado entraría con mayoría (70%) y tres Cajas que tratan de vender activos y conseguir capital para que la entrada del FROB no sea mayoritaria: Novacaixagalicia (Galicia y Caixa Nova), CatalunyaCaixa (Catalunya, Tarragona y Manresa) y Unnim (Sabadell, Terrasa y Manlleu).

El plazo para conseguir dinero acaba el 30 de septiembre, aunque hay tres meses de prórroga e incluso hasta marzo de 2012 para cerrar los procesos. La clave es la valoración de las Cajas, tanto para las 4 que salen a Bolsa (la primera, Bankia, en julio) como para las 4 donde se meta dinero público. Se habla de una rebaja del 30 al 40% sobre su valor en libros. El Estado, a través del FROB, podría llegar a aportar en capital a esas 4 Cajas unos 7.700 millones de euros, que se suman a los 11.167 aportados en 2010 por el FROB en forma de créditos y otros 4.167 millones de ayudas en la intervención de CCM y Caja Sur. En total, unos 23.000 millones de ayudas públicas a las Cajas, un sector que ganó 3.403 millones en 2010. A ello hay que sumar un coste público de 1.100 millones en ayudas a las 12.000 prejubilaciones que van a hacer las Cajas: salen a los 55 años, están dos en el paro (cotizando por ellos el INEM) y luego se prejubilan a los 63 años, ahorrándose dos años de sueldos y cotizaciones.

La entrada del Estado en las Cajas, vía directivos propuestos por el FROB, será suave y no implica la salida automática de los actuales gestores (responsables del riesgo político y del ladrillo de muchas Cajas), que se librarán de sanciones (sólo ha habido multas y expedientes en las dos Cajas intervenidas, CCM y Caja Sur) y que siguen con elevados sueldos: 15 Cajas han subido  los sueldos de sus directivos en 2010 y otras 20 los mantuvieron. Eso sí, las Cajas que han recibido o reciban ayudas públicas no pagarán bonus y recortarán los Consejos a 15 miembros (5 independientes), con lo que tendrán que salir más de 50 consejeros, muchos de ellos políticos locales. Y tendrán que cerrar 2.538 oficinas y recortar gastos y costes, también Obra Social.

Al final, al retrasar otros 6 meses (o incluso un año) el saneamiento de las Cajas, su situación se va a deteriorar. Los directivos, preocupados por no perder su sillón, estarán más ocupados en buscar capital  y recortar costes, plantillas y oficinas que en el negocio, con lo que darán menos créditos (y con lupa) y volverán a perder cuota de mercado frente a la banca. Y como nadie se fía todavía de lo que las Cajas tienen en las tripas, puede que algunas no consigan inversores para sanearse y haya más nacionalizaciones temporales. Y nuevas fusiones. Es lo malo que tiene haber perdido dos años: las Cajas estarán peor y sanearlas costará más. Eso sí, luego, cuando estén limpias de ladrillo, oficinas y personal, gracias a las ayudas públicas, el próximo Gobierno venderá varias al mejor postor, un banco español o extranjero. Y quedarán una docena. Pobres Cajas.

La subasta de las Cajas de Ahorros

El Gobierno ha puesto patas arriba la mitad del sistema financiero español, las Cajas de Ahorros, con dos siglos de historia. Ha sido una carrera de despropósitos. Primero, dos años presumiendo Zapatero de tener la mejor banca del mundo. Luego, en 2010, una Ley de Cajas que provocó fusiones y un plan de ajuste tan complicado como ineficaz. En enero, amenaza de nacionalizaciones y cambio de reglas, con unas exigencias que no tiene ningún país del mundo. Y el viernes 18 de febrero, un nuevo decreto que retrasa la reforma hasta septiembre, con prórroga hasta marzo 2012, tras las elecciones. Y mientras, las Cajas no se han saneado, siguen con el cáncer del ladrillo y se les obliga ahora a convertirse en bancos, salir a Bolsa y buscar inversores o nacionalizarlas. Una reforma tardía, mal planteada y plagada de incertidumbres, que nos va a costar dinero a todos y que va a frenar aún más los créditos de las Cajas, en beneficio de la banca y de inversores extranjeros.

La crisis financiera desatada en 2007 forzó a la mayoría de los países, desde EEUU a Alemania, Reino Unido, Holanda o Francia, a sanear sus bancos, interviniendo muchos de ellos en 2008 y 2009, para salvarlos con dinero público. Pero España  era diferente: Zapatero se dedicó a presumir en las cumbres del G-20 de tener el mejor sistema financiero del mundo. Hasta que en 2010, con la crisis de Grecia y la deuda, empezaron las presiones sobre España y el Gobierno, además de poner en marcha el ajuste de mayo (pensiones, funcionarios…), aceptó reformar las Cajas, con una Ley aprobada en julio que forzaba un rosario de fusiones (de 45 Cajas a 17), cierre de 2.300 oficinas y 17.000 prejubilaciones, con ayudas públicas. El Banco de España dio de plazo a las Cajas para hasta Nochebuena poner orden y todo parecía encarrilado.

Pero a principios de enero, los dos grandes bancos intentaron captar dinero en los mercados (con cédulas hipotecarias) y no lo consiguieron. Saltaron las alarmas y los grandes banqueros presionaron a Moncloa: el problema son las Cajas, hay que hacer algo. Y una semana antes de la visita de Merkel a Madrid, el Gobierno volvió a sacar pecho : la ministra Salgado anunció una vuelta de tuerca en la reforma de las Cajas, obligándolas a tener para septiembre un capital básico del 10%, una exigencia que no cumple casi ningún banco del mundo y tampoco Santander o BBVA. Con ello, les forzaba a convertirse en bancos y buscar capital, saliendo a Bolsa o metiendo inversores. Y si no, les amenazaba con la nacionalización.

El cambio de las reglas de juego a mitad del partido pone a las Cajas contra las cuerdas. La patronal de Cajas (CECA), los gobiernos autonómicos y los partidos presionan al Gobierno, que necesita apoyos para sacar adelante el decreto en el Congreso. Las Cajas controladas por gobiernos del PP (el grupo Caja Madrid-Bancaja y 5 cajas pequeñas, las 2 gallegas fusionadas y las 2 de Castilla y León fusionadas), más los dos grupos de Cajas catalanas (Catalunya Caixa y Unnim) son las que están peor de capital y temen la nacionalización o verse obligadas a  malvenderse. Al final, el Gobierno suaviza la reforma: exige “sólo” el 8% de capital (Basilea III  exigirá el 7% para 2019) si las Cajas salen a Bolsa o venden el 20% de capital, deja incluir en capital ayudas, provisiones y  otros conceptos dudosos (a ver qué dice Bruselas) y retrasa el examen hasta el 30 de septiembre, con posible prórroga hasta marzo, tras las elecciones. De entrada, 8 de las 17 Cajas no cumplen, aunque lo dirá el Banco de España el 10 de marzo.

Al final, el órdago se ha quedado en un envite y la reforma se retrasa hasta septiembre o hasta 2012. Lo normal habría sido hacer lo que otros países: decir qué Cajas están mal, intervenirlas, meter dinero público para sanearlas y cambiar los gestores para que vuelvan a tener beneficios, como ya ha pasado en Estados Unidos y Holanda. Pero aquí, no sabemos las pérdidas (las Cajas tienen 100.000 millones de créditos de alto riesgo), no sabemos las necesidades de capital (el Gobierno habla de 20.000 millones y los expertos de 40.000 a 80.000) y se les obliga, con esa incertidumbre, a buscar capital, inversores, con lo que las fuerzan a malvenderse, bajo amenaza de nacionalización. Y mientras, siguen los mismos gestores, sólo vigilados por el FROB y el Banco de España, con la amenaza mediática de no cobrar bonus millonarios si lo hacen mal (pero se han librado de expedientes y sanciones).

Queda por delante un año de ajustes e incertidumbres, que van a paralizar el día a día de las Cajas. Y con mayores exigencias de capital, van a mirar aún más con lupa conceder créditos y les va a ser más difícil captar ahorro. De hecho, en 2010, las Cajas han perdido 60 millones de euros al día en depósitos, que han ganado los bancos. Y por supuesto, se va a reducir la Obra Social, así como probablemente más oficinas y personal. Al final, una parte de las Cajas quedará en manos de los bancos y de inversores extranjeros. El Sabadell ya ha dicho que quiere quedarse con un millón de clientes de las Cajas en tres años, con lo que toda la banca podría ganar unos 10 millones de clientes de Cajas. Y habrá menos competencia.

Al final, Zapatero ha hecho con las Cajas como con la crisis: dos años diciendo que no había problemas para luego hacer un ajuste tardío, desproporcionado, chapucero y con prisas, que, además, no va a dar confianza a los mercados. Y que nos va a costar mucho más.