Cataluña 21-D: no se vota lo que importa

En las elecciones del 21-D, los catalanes parece que votan sólo una cosa: independencia sí o no, con la óptica de la derecha, el centro, la izquierda y la extrema izquierda. Deberían votar qué Gobierno les resuelve mejor su día a día,  desde el empleo a la educación, sanidad o los transportes. Los nacionalistas llevan 7 años de mal Gobierno, con más de 7.000 millones de recortes y una desastrosa gestión de la sanidad, educación, dependencia, empleo, ayudas sociales e infraestructuras. Y se agarran a la bandera de la independencia para tapar su mala gestión y echan la culpa al “España nos roba”. Deberían decir “España nos salva”: han recibido 53.707 millones de créditos públicos  y con lo ahorrado en intereses reciben ya más financiación que la media de autonomías. El 21-D habría que votar programas y saber que “el procés” ha costado ya muy caro a Cataluña y al resto de España. Y que se frenará la recuperación y el empleo si sale una mayoría independentista. Nos jugamos mucho todos.

enrique ortega

Los nacionalistas han gobernado Cataluña durante 30 años, pero mientras Jordi Pujol (1980-2003) administró los años de “vacas gordas”, a Artur Mas (2010-2016) le tocó lidiar con la crisis y la afrontó con una dura política de ajustes, con más de 7.000 millones de recortes y una fuerte subida de impuestos. Y así, Cataluña ha sido la autonomía que más recortó el gasto social entre 2009 y 2015, junto a Castilla la Mancha (gobernada por la dirigente del PP Mº Dolores de Cospedal): la Generalitat aplicó una tijera de 5.438 millones de euros en educación, sanidad y servicios sociales, nada menos que el 26,6% del presupuesto autonómico. Y el resto fueron recortes en personal, ayudas económicas e inversiones, sobre todo en infraestructuras y vivienda.

En contrapartida a estos recortes sociales y económicos, los nacionalistas no han tenido problemas en tirar del Presupuesto de la Generalitat para impulsar el procés. Empezando por financiarse, entre 2010 y 2013, con los llamados “bonos patrióticos”, hasta al 5,5% de interés, el quíntuple de lo que pagaba la deuda estatal. Siguiendo con las subvenciones a las entidades independentistas, como Ómnium Cultural, que ha recibido más de 20 millones de dinero público desde 2005. Y no olvidemos el coste de las “embajadas” y el servicio exterior, para difundir el procés en el extranjero: 35 millones de presupuesto este año 2017. Y también destaca la financiación de TV3 y Catalunya Radio, los altavoces mediáticos del nacionalismo, que se han llevado 311 millones en el Presupuesto de 2017.

En paralelo, Cataluña se ha convertido en la autonomía donde se pagan más impuestos, tanto en la Renta (tiene el 48% de tipo máximo, frente al 43,5%  de Madrid, y el 21,5% de tipo mínimo, frente al 19%), como en Patrimonio o transmisiones e incluso  en el impuesto especial de los carburantes. Así, un catalán que gana 20.000 euros paga de IRPF 144 euros más que la media de españoles y 207 euros más que un madrileño. Y si tiene un patrimonio de 800.000 euros, paga 770 euros, la tercera mayor factura en España de este impuesto (que no se cobra en Madrid). Y si compra una vivienda de 150.000 euros, el catalán paga 15.000 euros de transmisiones patrimoniales frente a 12.054 euros que se pagan de media en España y los 9.000 euros que se pagarían en Madrid. Además, Cataluña es la autonomía que ha creado más impuestos propios, según los asesores fiscales (AEDAF): 13 impuestos, entre ellos a las viviendas vacías, las estancias en hoteles, las bebidas azucaradas, las nucleares, los artículos de lujo o los residuos municipales. 

Más recortes y más impuestos, pero ni con esas han conseguido los Gobiernos nacionalistas ajustar sus cuentas, duplicando su deuda desde 2010: de 35.616 millones a 76.831 millones en septiembre 2017, más deuda que la de Andalucía (33.631 millones) y Madrid (32.517 millones) juntas. Ante esta asfixia financiera,  el Gobierno nacionalista de Mas no dudó en pedir ayuda “al Estado español”, que le aportó liquidez, créditos sin interés, para pagar a proveedores y subsistir. En total, 53.707 millones recibidos de Hacienda entre 2012 y 2016,  un tercio de toda la ayuda inyectada a las autonomías (162.253 millones). Ha sido  la autonomía que más ha recibido, casi tanto como las dos siguientes juntas, Valencia (36.321 millones) y Andalucía (24.339 millones). Deberían haber dicho “España nos salva”.

Pero en lugar de contar esto, llevan cuatro años con el “España nos roba”, tapando sus recortes y sus altos impuestos con el victimismo de que aportan 16.000 millones más de lo que reciben. Un dato falso, ya que el déficit financiero era (2014) de -9.892 millones (el 5% de su PIB), inferior al déficit que tienen  3 autonomías: Madrid (-19.205 millones, el 9,2% de su PIB), Baleares (-1.516 millones, el 6,3% de su PIB) y la Comunidad Valenciana (-1.735 millones, el 2,1% de su PIB), según las balanzas fiscales elaboradas por Fedea.  Pero es que además, si tenemos en cuenta los intereses que se ha ahorrado Cataluña con estas ayudas “de España” (se ha ahorrado 5.226 millones en 7 años), resulta que a Cataluña le sale un balance positivo: ha recibido de financiación 2.562 euros por habitante (media anual 2012-2015), 317 euros más que la media recibida por todas las autonomías (2.245 euros), según un reciente informe de Fedea. Así que “España nos salva” y encima, los catalanes reciben más financiación que el resto de españoles. Mientras, Madrid (2.138 euros/habitante), Valencia (2.165 euros), Andalucía (2.168 euros) y Canarias (2.204) reciben menos financiación que la media. Y que los catalanes.

Si quitamos al independentismo la bandera del “España nos roba”, queda al desnudo su labor de Gobierno en estos años, de 2010 a 2017. Y el balance es bastante malo. No sólo por su mala gestión financiera, su creciente deuda, sus recortes e impuestos. Sobre todo, por el deterioro de los servicios públicos, del Estado del Bienestar, en especial la sanidad, la educación, la Dependencia, el empleo, las ayudas sociales y la inversión en infraestructuras. Lo que debía importar a los votantes el 21-D.

Empecemos por la sanidad. Cataluña tiene la sanidad pública más privatizada de España, incluso con 32 hospitales privados integrados en la red pública. Y los hospitales “privados privados” se llevan (vía conciertos) el 24,8% del presupuesto sanitario de la Generalitat, más del doble que en el resto de España (11,8%). Tras los recortes, Cataluña es la segunda autonomía que menos gasta en sanidad, tras Andalucía: 1.180 euros por habitante, un 28% menos que lo que gastan el País Vasco y Navarra. El resultado de este menor gasto y de los recortes en la sanidad pública (-1.500 millones, -2.400  profesionales y -1.000 camas) es un récord en las listas de espera: para operarse, hay 156.862 catalanes esperando (21,97 por 1.000 habitantes, la tasa más alta de España), una media de 148 días (104 media en España) y para ir al especialista, otros 286.442 (40,12 por 1.000 habitantes, la tasa mayor en España), que esperan 87 días de media (68 en toda España). Al final, la situación de la sanidad catalana se resume en esta nota: 60 puntos sobre 114, la tercera peor sanidad de España (tras Canarias y Valencia), según el ranking de la Federación  en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Y lo peor es que ha pasado de ser la 5ª mejor sanidad de España en 2009 a la 15ª en 2016.

Vamos a la educación. Los recortes han sido generalizados, pero el más llamativo se hizo a las guarderías : los Ayuntamientos recibían de la Generalitat 1.800 euros por alumno, pero se redujeron a 875 euros en 2012 y desaparecieron después, razón por la que 36 grandes Ayuntamientos catalanes llevaron este recorte a los Tribunales y ya hay varios que han ganado el recurso (y a los que tendrán que abonar el dinero no aportado estos años). Ahora, tras todos los recortes, Cataluña es la 4ª comunidad que menos gasta en educación no universitaria: 4.747 euros por alumno (un 12% menos que en 2009), sólo por detrás de Madrid (4.443 euros), Andalucía (4.510) y Castilla la Mancha (4.591) y casi la mitad que el País Vasco (8.976 euros). Eso sí, tiene un mayor peso en Cataluña la enseñanza concertada (28% frente a 25,8% en España) y los Gobiernos nacionalistas la apoyan con dinero público: es la autonomía que más dinero destina a financiar los colegios privados, 1.028 millones en 2016, el 18,5% del Presupuesto de la Generalitat (en España reciben el 14,7%), según datos de Educación. Y si nos centramos en la Universidad, las facultades catalanas son las más caras de España, tras haber subido las tasas un 60% desde 2012. Y así, estudiar una carrera en Barcelona cuesta el triple que en Sevilla (2.014 euros frente a 780). Y además, las becas universitarias son en Cataluña más bajas: 1.743 euros frente a 2.166 de media en España.

Tercer bloque de servicios público, las ayudas a la dependencia. Cataluña es la segunda región con más dependientes  en lista de espera, tras Canarias: 84.181 en octubre, un 37,69% de los ancianos y discapacitados con derecho reconocido, que no cobran nada (en toda España hay 319.553, el 25,5%). Y esto es especialmente preocupante porque la lista de espera se ha cuadruplicado desde 2014 (19.869 dependientes en espera), por los recortes. En consecuencia, el Observatorio de la Dependencia suspende a Cataluña y le da (febrero 2017) una nota de 3,93 sobre 10, colocándola en el puesto 11º del ranking de la dependencia (y viene suspendiéndola desde 2014).

Vayamos al paro y las políticas de empleo, donde Cataluña tiene competencias. Aquí también ha habido recortes en incentivos, subvenciones y formación, así como en ayudas a los parados. De hecho, Cataluña es una de las 11 autonomías donde hay más parados que no cobran que parados que sí cobran: sólo un 49% de los parados EPA en Cataluña (475.600 en septiembre) reciben un subsidio, lejos del 65% que lo cobran en Extremadura, el 58% en Baleares o el 54% en Andalucía o Asturias. Y mientras crecen los catalanes en riesgo de pobreza (19,2% de la población), Cataluña es la segunda autonomía con menos pobres cobrando una renta mínima en relación a la población (tras Madrid): sólo la cobran (423 euros al mes) 29.537 personas, según el Ministerio de Asuntos Sociales, frente a 80.378 en el País Vasco o 51.656 en Andalucía. Y se aprobó recientemente una renta garantizada de ciudadanía, que aún no está vigente, a raíz de una iniciativa legislativa popular, no de los nacionalistas.

Junto a unos precarios servicios sociales (se ha recortado la ayuda autonómica a los Ayuntamientos), la política de vivienda de la Generalitat se salda con un recorte del 40% en los presupuestos de vivienda y la construcción de pisos sociales ha caído un 46% estos años, precisamente en una región que está a la cabeza de España en altos precios de vivienda y alquileres. Y lo mismo ha pasado en las infraestructuras, desde carreteras (no se ha hecho el 4º Cinturón) a obras hidráulicas o ferroviarias y de transportes. Por un lado, la Generalitat ha reducido casi a cero su inversión (por eso hay 20.000 jóvenes dando clase en barracones) y por otra, su mala relación con el Gobierno central ha favorecido la caída en picado de la inversión pública en Cataluña: de recibir el 18,4% del total pasaron al 9,9% en 2015. Eso sí, se han hecho obras suficientes para alimentar la corrupción, vía comisiones ilegales (el famoso "3%") y casos tan escandalosos como el Palau (6,6 millones cobrados en obra pública) o las ITV (Oriol Pujol, ex número 2 de CiU). Es el  “Robamos nosotros” del que no hablan.

Bueno, todo esto debería ser lo que analizaran los catalanes a la hora de votar este 21-D. Pero no será así y las elecciones se centrarán otra vez en independencia sí o independencia no, algo que interesa mucho a los partidos nacionalistas pero que tiene poco que ver con las prioridades de los catalanes de a pié. De hecho, los más partidarios de la independencia son las clases medias y altas, mientras que los catalanes más modestos (los que ganan menos de 1.800 euros)  están mayoritariamente contra la independencia (del 51 al 66%), según una encuesta del Centre d´Estudis d´Opinió.

Unos y otros deberían analizar estos días qué consecuencias tendría para sus vidas que ganaran las elecciones los que defienden la independencia. De momento, la declaración unilateral del 1 de octubre ya ha tenido efectos claros: fuga de más de 3.000 empresas, recorte de turistas, menor caída del paro, menos ventas y boicot a los productos catalanes, sin olvidar la pérdida de la Agencia Europea del Medicamento (40.000 profesionales que ya no vendrán a Barcelona cada año). Un balance muy negativo para Cataluña y también para España, que ha perdido atractivo económico y crecerá menos este año (-0,3%) por la crisis catalana. Pero el problema lo tenemos ahora: si no se da un resultado claro y el independentismo sigue fuerte, las consecuencias económicas para 2018 serán graves.

Para Cataluña y para España. Por un lado, las empresas que sólo han cambiado sus sedes fuera de Cataluña empezarán a sacar personal, servicios y hasta factorías. Y habrá un desplome de turistas, hasta un 15,3% menos, según Reputation Institute, con lo que España dejará de ingresar 12.000 millones por turismo en 2018. Y también caerán exportaciones, inversiones y ventas, en Cataluña y en el resto de España, encareciéndose los intereses de la deuda pública y la financiación privada. Con todo ello, la OCDE piensa que España crecerá un 0,3% menos en 2018, pero la Autoridad Fiscal y el Banco de España estiman que la crisis catalana podría costarnos entre 3.000 y 27.000 millones en 2018 (-0,3% al -2,2% del PIB). Y eso se traduce entre 25.000 y 100.000 empleos menos, en Cataluña y en España.

Algo demasiado serio como para no tenerlo en cuenta a la hora de votar, sobre todo cuando la independencia es algo imposible, porque Europa nunca va a reconocer una Cataluña fuera de España y porque independiente, Cataluña sería más pobre que unida: no recaudaría más, vendería menos (por los aranceles), tendría problemas para sostener su moneda y para pagar los servicios públicos (las pensiones y el desempleo tienen en Cataluña un déficit de 6.704 millones, que financia el resto del sistema). Cataluña debería plantearse, tras estas elecciones, recuperar su papel de motor de la economía española, que está perdiendo: en 2017 crecerá menos que el conjunto de España (3% frente a 3,1%), por primera vez en las últimas décadas, y lo mismo en 2018 (2,1% frente a 2,5%). Y en 2018, Cataluña será superada económicamente por Madrid (223.865 millones de PIB frente a 222.855), que ha ganado peso en la economía española mientras Cataluña se ha estancado. Y sólo así, creciendo más, pueden conseguir mejorar sus deteriorados servicios públicos.

El “problema catalán” tiene mal arreglo y no parece que estas elecciones lo vayan a resolver.  Pero en paralelo, el resto de España, el Gobierno y los partidos tienen que afrontar la reforma a fondo del sistema autonómico, que tiene dos graves problemas. Uno, el sistema de financiación de las autonomías, pendiente de reforma desde 2014 y donde hay serios desequilibrios a resolver: Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Madrid, Canarias y Cataluña (no si incluimos las ayudas recibidas) reciben menos financiación que la media y Cantabria, la Rioja, Extremadura, Baleares y Castilla y León reciben más, según el balance de Fedea. Montoro dice que a principios de 2018 presentará propuestas de cambio, que deben equilibrar lo que recibe cada una, sin olvidar la solidaridad entre ellas. Porque el otro gran problema del Estado autonómico son las grandes desigualdades entre regiones, las mismas que había hace 30 años: Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña siguen siendo las más ricas (entre 31.000 y 27.000 euros per cápita) y Extremadura, Andalucía, Castilla la Mancha y Canarias las más pobres (entre 15.700 y 19.900 euros per cápita). Y con ello, hay dos (o tres) Españas y cada español tienen una  sanidad, una educación, un subsidio de paro, una vivienda, una justicia y unas ayudas sociales diferentes según donde viva. Eso no debía ser el fruto de “la España de las autonomías”.

En resumen, que en estas elecciones catalanas nos jugamos mucho todos, aunque la mayoría de españoles no podamos votar. Y que los grandes temas del día a día están fuera de una campaña electoral monopolizada por la independencia. El conflicto tiene una difícil salida, pero no podemos convertirlo en “el monotema”: hay que pensar en los otros grandes problemas del Estado autonómico y del país, en especial aprobar un urgente Plan de empleo y reanimar la economía, para compensar las subidas del petróleo, el euro y los tipos, además de la crisis de Cataluña. Salgamos del bucle.

Cuatro libros sobre el trasfondo de la crisis

En vacaciones tenemos más tiempo para leer y aquí traigo cuatro libros de interés, para conocer mejor qué hay detrás de esta larga crisis que ha cambiado drásticamente la economía y nuestras vidas. Uno explica a los jóvenes españoles (y a todos) qué ha pasado y por qué viven peor que sus padres. Otro profundiza sobre el capitalismo mundial, asentado en inversores y empresas que se hacen millonarios a costa de “secuestrar” las instituciones, los Gobiernos y hasta la Justicia. El tercero explica con datos y ejemplos concretos cómo las grandes empresas, la banca y los más poderosos controlan el poder político, legislativo, judicial y mediático en España. Y el cuarto nos habla de los robots, que avanzan imparables, desde el hogar a la medicina, las empresas y las guerras, y que nos van a quitar muchos empleos en pocos años. Cuatro libros serios, críticos, fáciles de leer y muy ilustrativos sobre lo que pasa. Que los disfruten y aprendan. ¡Felices vacaciones¡

                                                                         enrique ortega
 

Empecemos por el libro que habla de lo más cercano, la situación española hoy, centrada especialmente en los jóvenes: “Abuelo: ¿cómo habéis consentido esto?”, escrito por Joaquín Estefanía, un colega con el que he compartido varias décadas de periodismo económico. En el libro, el periodista intenta explicar a sus nietas porqué hoy muchos jóvenes españoles viven peor que sus padres (los llaman “la Generación Cangrejo”), aunque sea la generación más preparada de nuestra historia. Estefanía traza un mapa de la situación actual de los jóvenes en España, a los que califica de ser “los más perjudicados de la crisis”. Y para explicarles por qué hemos llegado hasta aquí, se remonta a los años 80 y 90, en Estados Unidos y Europa, y el auge del neoliberalismo y la desregulación, que redujeron el papel del Estado y favorecieron a unos mercados cada vez más poderosos y peligrosos.

Es interesante todo el análisis que Estefanía hace de esta crisis y sus orígenes en 2008, porque resume las causas y los culpables, con datos y muchas citas y anécdotas que nos ayudan a comprender por qué el mundo entró en la Gran Recesión, analizando la actitud de los dirigentes europeos y los errores de la austeridad impuesta por Bruselas. Precisamente, un interesante apartado lo dedica a Europa, para explicar los lectores jóvenes cómo se ha desvirtuado el inicial “espíritu europeo”. Y también incide en el papel clave de la globalización, denunciando que las multinacionales, el capital financiero y las élites económicas han “secuestrado” las instituciones en todo el mundo.

Una vez hecho el diagnóstico de cómo hemos llegado hasta aquí, el libro de Estefanía analiza los movimientos de contestación, desde Ocuppy Wall Street (USA) a los indignados y el movimiento del 15-M. Y el periodista  les lanza un mensaje claro a sus nietas y a los demás jóvenes: tienen que afrontar su destino, no pueden confiar en los políticos y las instituciones tradicionales, tienen que buscar soluciones ellos, porque existe un muro entre los jóvenes y el resto de la sociedad que han de saltar ellos, con sus diferentes tipos de organización y contestación, con sus propuestas, con su pelea política y social. Al final, no les da alternativas sino que les propone que las busquen ellos mismos, porque han quedado relegados del futuro y el poder político gobierna para una minoría poderosa, no para los jóvenes.

Una cosa más: Estefanía ha preparado una película documental para complementar este libro: “La Quinta Internacional”, dirigida por Gerardo Herrero, que podemos ver a principios de 2018. Quiere ser como el “Inside Job” (película documental sobre la crisis de 2008 que recibió el Oscar de 2011) español. No se la pierdan.

Visto el panorama en España, resulta muy interesante leer el segundo libro, que explica muchas claves del comportamiento del sistema capitalista en el mundo, tras la crisis: “La corrupción del capitalismo”, escrito por el riguroso economista y profesor británico Guy Standing. Se trata de un análisis pormenorizado de cómo en el capitalismo actual los que prosperan son los inversores, rentistas, financieros y multinacionales que no crean riqueza sino que viven de las rentas e intereses, gracias a que controlan Gobiernos, instituciones y mercados, ayudados por la globalización, en perjuicio de la industria, los trabajadores y la clase media, cada vez más empobrecida. El gran mérito de este libro es que analiza el sistema capitalista en su conjunto, para que veamos cómo han ido ganando peso en las leyes y desregulaciones, en las rebajas de impuestos, en la captación de subvenciones, en la fijación de precios, en la falta de controles y cómo gracias a haber “secuestrado” las instituciones, desde los años 80 (Reagan y Thatcher) hasta hoy son más poderosos y más ricos.

No es un panfleto contra el capitalismo sino un análisis de cirujano de su forma de actuar, antes y después de esta crisis, y cómo han ido captando el Estado, los partidos, las instituciones, la Justicia  y los medios de comunicación para diseñar un sistema a su favor, que agrava la desigualdad y pone en peligro la misma democracia. Y es muy revelador el análisis que hace de la globalización y los nuevos tratados comerciales internacionales, que estudia con detalle para justificar que son la vía que siguen hoy las multinacionales y el capital financiero para aumentar su poder y relegar el de los paises y las leyes nacionales, con una progresiva “mercantilización de la política”. Muy recomendable el análisis que hace del  fallido  Tratado comercial UE-EEUU (el TTIP).

Impresiona este libro, porque está repleto de hechos y datos y porque nos ayuda a entender lo que pasa cada día, desde EEUU y Europa a España. Y, sobre todo, porque nos deja un cierto sentimiento de impotencia: ese 1% cada vez más poderoso y más rico, que controla lo que pasa al margen de los Gobierno y la política, en perjuicio del 99% de nosotros. Al final, el profesor Standing plantea que hay que lograr ”la eutanasia del rentista”, de estos poderosos, algo que sólo se puede lograr con la presión y contestación de la mayoría. Nada fácil.

Una vez leído este libro, conocí la existencia de un libro escrito en España por un colectivo de juristas y notarios  que venía a ahondar en el secuestro de las instituciones españolas por los más poderosos, la tesis de Standing pero analizada en España: “Contra el capitalismo clientelar”, del colectivo Sansón Carrasco, uno de los libros revelación del año. Trata sobre las relaciones de los principales empresarios y banqueros españoles con el poder político, el legislativo y el judicial, con nombres y apellidos que todos conocemos. Y también con los medios de comunicación, algo que casi nadie nos cuenta (por razones obvias).

El libro es un análisis riguroso, repleto de datos, nombres y hechos contrastados que revelan los mecanismos por los que el poder económico y financiero influye y presiona a los órganos reguladores (CNMC, CNMV, Banco de España), a los Gobiernos, a los legisladores (detallan los procesos de cómo se hacen las leyes, muchas de ellas borradores que llegan hechas de consultoras y despachos de abogados), a las instituciones y, lo más escandaloso, a los Tribunales y la Justicia. Y explica la relación entre poder económico/financiero y altos cargos de la Administración, además de analizar exhaustivamente el fenómeno del trasvase de políticos a las empresas (las “puertas giratorias”, con 77 exministros y políticos en empresas del IBEX). Y todo el trabajo en España de los grupos de presión (los lobbies), aún sin regular.

Si todo el libro es esclarecedor, resulta especialmente interesante la parte dedicada a la banca y sus relaciones con el poder, los Gobiernos, los partidos y la Justicia, con numerosos ejemplos de comportamientos polémicos en temas como la crisis bancaria, la colocación de activos a particulares o los desahucios. Ahí se ve con hechos que los Gobiernos (Rajoy y antes ZP) han legislado siempre a su favor, en perjuicio de los particulares.

Al final, el colectivo Sansón y Carrasco, como antes el profesor Standing, desconfían que el capitalismo clientelar tenga solución por la vía de los partidos políticos o las instituciones, porque son rehenes de los poderosos, como la democracia. Y por eso sólo confían en que sean los particulares, los ciudadanos, los que corrijan estas corruptelas del sistema, primero conociéndolas y luego criticándolas y oponiéndose a ellas, como un  gran movimiento social. De entrada, este colectivo de juristas y notarios colaboran en esta tarea con una web en la que denuncian el capitalismo clientelar día a día: “Hay derecho?”. No se la pierdan.

Y vayamos al cuarto libro, que también analiza el trasfondo de lo que pasa desde una perspectiva tecnológica: “La imparable marcha de los robots”, del periodista y escritor Andrés Ortega (por cierto, nieto de Ortega y Gasset). Para mí ha sido un descubrimiento, porque creía que los robots eran algo del futuro, pero Ortega dedica una buena parte del libro a analizar los múltiples ámbitos en que los robots están ya presentes hoy, desde los hogares a la industria, la agricultura, las finanzas (más de la mitad de las operaciones de bolsa las hacen robots), la medicina, la educación, la música, el teatro, los automóviles, la pesca, la minería… y hasta la guerra: EEUU tiene más de 7.000 drones y ya hay robots de ataque que prefiguran como serán las guerras del futuro.

El libro plantea que los robots han aumentado con la globalización y han abierto una brecha entre los paises que más desarrollan los robots (Japón, EEUU, Alemania, China y Corea) y el resto, lo que va a cambiar la economía y la geopolítica en las dos próximas décadas, agravando la desigualdad entre paises, empresas e individuos, según su mayor o menor relación con los robots. El tema central es en qué medida las máquinas nos van a quitar trabajo y aquí el libro aporta numerosos estudios que indican que sí, que se perderán entre el 30 y el 60% de los empleos, al ser sustituidos por máquinas. Además, el libro plantea los dilemas éticos y morales del auge de los robots y sobre todo de la inteligencia artificial, que para algunos expertos (como Stephen Hawking o Bill Gates) es “más peligrosa que las armas nucleares”. Y por supuesto, los robots de combate autónomos, que muchos quieren prohibir.

Al final, Ortega cree que el avance de los robots será imparable y cambiará radicalmente nuestras vidas, pero no en medio siglo sino en los próximos 10 o 20 años. Y por ello plantea que los paises deberían plantearse ahora el problema, para buscar formas de compartir el futuro con  las máquinas. Y se queja de que en España ni los partidos ni el Gobierno ni nadie plantean este problema, que exigiría un Pacto social para afrontar ese inquietante futuro.

Bueno, espero que alguno de estos libros les interese, lo lean y  les ayude a entender mejor lo que pasa. ¡Felices vacaciones¡  Y hasta septiembre.

Guerra al "cártel": basuras,leche y carburantes

La Comisión de la Competencia (CNMC) ha multado a Repsol, Cepsa y otras petroleras por pactar precios. Y también a 9 grandes empresas lácteas, por pactar condiciones que imponían a los ganaderos.Pero no son los únicos que lo hacen: muchas empresas se reparten los mercados y no compiten entre ellas, en perjuicio de los consumidores. Son los “cárteles”, mafias que pactan precios. Hace poco, la CNMC ha multado a 39 empresas de recogida de basuras y residuos, por repartirse las principales ciudades, con pactos incluso escritos. Es el “cártel” de la basura, grandes constructoras y empresas de reciclaje que llevan años repartiéndose la recogida de basuras, limpieza, saneamiento de aguas, reciclaje industrial y recogida de papel y cartón. Negocios que mueven más de 15.000 millones anuales. La consecuencia de que pacten precios es que pagamos más por las basuras o el agua. Y la CNMC tiene expedientes abiertos por pactar precios en decenas de sectores. El problema es que las multas son bajas y nadie acaba en la cárcel. Aunque en realidad nos roban.

enrique ortega

La basura es un gran negocio para algunos. Los españoles producimos 464 kilos de residuos por habitante, 137 millones de toneladas de basuras y residuos que hay que recoger, transportar, destruir o reciclar, junto a las aguas residuales. Cuatro negocios muy boyantes. Uno, la recogida de basuras y limpieza de ciudades en 6.200 municipios, realizado por una docena de empresas que facturan unos 5.000 millones anuales, según su patronal (ASELIP). Otro, el saneamiento y la traída de aguas, con otros 5.500 millones de negocio. El tercero, el reciclaje de productos industriales, desde neumáticos a productos químicos, donde trabajan unas 700 empresas, que facturan otros 4.000 millones de euros. Y por último, la recogida y reciclaje de papel y cartón, donde operan unas 110 empresas que facturan 700 millones de euros al año. En total, el saneamiento de basuras, residuos  y agua es un sector que mueve más de 15.000 millones al año y emplea a unas 150.000 personas.

Un negocio que está sobre todo en manos de las constructoras, que en los años 80 empezaron  a diversificar su negocio temiendo que la burbuja del ladrillo no fuera eterna. El 70% del negocio de la basura y el agua se lo reparten entre 4 grandes constructoras. La líder es  FCC (la empresa de Alicia Koplovitz), que factura un 37% de su negocio total en “servicios medioambientales” (4.518 millones de facturación), en recogida de basuras (en 3.449 municipios, entre ellos las grandes capitales), limpieza (9 grandes ciudades), tratamiento de residuos y saneamiento de aguas (un 36,7% de cuota a través de Aqualia). Le siguen Urbaser (filial de ACS, la empresa de Florentino Pérez), con 1.651 millones de facturación, un 10% del negocio total del grupo ACS, Cespa (filial de Ferrovial), presente en 800 municipios  y con 1.000 millones de facturación, y Valoriza (filial de Sacyr), que recoge la basura de 100 municipios y aporta un tercio del negocio total de la constructora. En reciclaje industrial hay muchas empresas, destacando Biotran, Grupo Otúa y Befesa (alemana). Y en reciclaje de papel y cartón dominan la multinacional española Saica Natur, de Zaragoza, que factura 2.200 millones en España y varios países de Europa y Holmen Paper (sueca).

Todas ellas y varias más han estado tres años bajo la vigilancia de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), que les abrió un expediente por presuntos acuerdos para repartirse los distintos mercados. Ha sido como una investigación policial, buscando pruebas y llegando a entrar en las sedes de empresas para comprobar papeles y mails. Al final, la CNMC ha multado a 39 empresas (y 3 asociaciones empresariales) de recogida de basuras, limpieza, saneamiento de agua, residuos industriales y recogida y reciclaje de papel/cartón por “considerar probada la existencia de una práctica concertada global de reparto de mercado por el cual las empresas sancionadas respetaron a los clientes de sus competidores, se repartieron los nuevos e intercambiaron información sensible”.

El expediente revela unas prácticas que parecen de novela pero son reales y ponen los pelos de punta. Vayamos por partes. En las empresas de recogida de basuras y saneamiento urbano, la CNMC ha confirmado acuerdos entre empresas teóricamente competidoras (sobre todo FCC, Cespa, Urbaser y Valoriza) para presentarse de forma conjunta (UTE) o con pactos bilaterales en contratos municipales de Madrid, Andalucía, País Vasco, Ceuta y Melilla. En muchos casos, la empresa ganadora se había comprometido con otra a que si no se presentaba luego le cedía una parte del contrato. Y en otros casos, uno no se presentaba a un concurso a cambio de que el competidor no se presentase a otro. Además, FCC y Urbaser, por ejemplo, tenían un pacto escrito para presentarse conjuntamente a cualquier licitación municipal de una planta de incineración de residuos urbanos en cualquier lugar de España. Y lo más increíble: la patronal de estas empresas (ASELIP) tenía un Código de conducta escrito de no agresión entre los socios, encargándose de “vigilar” que se cumpliera. Y en ese Código figuraba que ninguna empresa se presentaría a un concurso de un Ayuntamiento que tuviera deudas con otra empresa competidora (“solidaridad contra morosos”).

En el sector de la recogida y reciclaje de papel y cartón, la CNMC ha probado pactos bilaterales entre Saica Natur (la líder del sector) y otras empresas competidoras para “el respeto mutuo de clientes” y mercados. Y lo más increíble: la patronal del sector en Madrid (AREMA) era la que contrataba (desde el año 2000) la recogida directamente con el Ayuntamiento de Madrid (única oferta) y luego repartía el contrato, como también se hacía en Sevilla (ambos, Ayuntamientos gestionados por el PP). Y en el sector de gestión de residuos industriales, se han probado también pactos bilaterales y la creación de sociedades conjuntas para repartirse clientes durante los últimos 14 años, también con la inestimable ayuda de su asociación empresarial (Aceser), que hizo una recomendación escrita a sus asociados en la que se les recordaba que “cada uno debía respetar a los clientes de los otros”.

Las 198 páginas del expediente de la CNMC (ver aquí) demuestran claramente que estas empresas “no se cortaban” a la hora de repartirse el mercado: acuerdos escritos, incluso con mecanismos de vigilancia y compensación en caso de incumplimiento, recomendaciones para respetar los clientes, Códigos de conducta e incluso mails explícitos para recordar a los competidores lo que tenían que hacer: “Yo presento la oferta y si gano otorgaré a Urbaser y Cespa un 20%”, “no entremos en guerra con otros vertederos”, Aquí, por ahora, estamos en pacto de no agresión”, “Cedamos Sevilla, no lancemos contraoferta”, “Si no me equivoco, Isofotón es  tuyo, ¿verdad?. Es que los estuve visitando…Dime cuánto tengo que ofertarle para quedarme por encima vuestro”. “No quiero guerras con terceros…”.Descaro total.

La CNMC concluye el expediente señalando que estos acuerdos de reparto de mercado “han tenido un carácter especialmente dañino, en la medida que encarecieron los servicios que se prestan a los ciudadanos”. O sea, que por culpa de los tejemanejes del cártel de la basura, hemos pagado de más por el recibo de las basuras, el agua o algunos productos industriales (al comprar neumáticos, electrodomésticos y muchos productos, pagamos su reciclaje). Y eso, al menos en los últimos quince años, según la CNMC. El problema es que con las multas no nos van a compensar a los consumidores. Y de momento, nadie ha abierto una investigación para averiguar la posible connivencia de los Ayuntamientos (presunta corrupción), que parece necesaria para asegurar este escandaloso reparto del negocio.

El problema es que este tipo de conductas no se da sólo en las basuras. La CNMC ha multado en el último año y medio a numerosos sectores, por “cárteles”, acuerdos para repartirse mercados: panificadoras, fabricantes de postes de hormigón, empresas suministradoras de Renfe, fabricantes de palés, empresas de equipos contra incendios, empresas de alquiler de coches o petroleras. Precisamente, la CNMC acaba de multar a Repsol, Cepsa, Disa, Galp y Meroil a 32,4 millones de euros por pactar precios de los carburantes en distintas ciudades (“Ya sabes que Ceuta es un corralito”, decía un mail interceptado) y por un pacto de no agresión firmado entre Repsol y Cepsa en 2011. Y tanto Repsol como Cepsa y BP tienen otras multas (casi 10 millones más, ahora recurridas) por fijación de precios y prácticas anticompetitivas desde 2009. Además, el 3 de marzo, la CNMC ha multado con 88 millones de euros a 9 grandes empresas lácteas (Danone, Nestlé, Peñasanta, Lactalis,Puleva, Pascual, Asturiana y Senoble, el fabricante de Mercadona), por ponerse de acuerdo para imponer condiciones en la compra de leche a los ganaderos ("Hay que bajar el precio de la leche. Nosotros lo bajaremos si lo hacéis los demás", dice un mail interceptado de CLAS a otras fábricas lecheras).

Y están pendientes de resolución por la CNMC otros expedientes abiertos a más sectores por repartirse mercados: empresas comercializadoras de luz, de transporte de fondos, empresas de hormigón y cemento, distribuidores de coches, empresas de material ferroviario, empresas de mudanzas internacionales, fabricantes de turrón, empresas de transporte frigorífico, fabricantes de pañales de adultos, vinos de jerez, sector de papel y embalaje de cartón ondulado, empresas radiofónicas, fabricantes de productos dietéticos o de tiras reactivas para la leucemia… Pero no es fácil de probar. Los funcionarios de la CNMC trabajan como inspectores, hacen registros, buscan pruebas y ofrecen inmunidad a los directivos que aportan documentos y pruebas (“testigos protegidos”), manteniendo un buzón en la web para denuncias anónimas (competidores que denuncian a otros que les dejan fuera de los acuerdos).

La competencia es clave para la economía y los consumidores, porque de ella nacen mejores ofertas y precios. Pero hay una larga tradición de acuerdos, de “cárteles” que prefieren repartirse el mercado antes que competir por él. El problema es que la CNMC cuenta con pocos medios para muchas tareas: 515 personas para vigilar los mercados de la luz y gas, las telecomunicaciones, el transporte ferroviario y portuario, el servicio postal y las televisiones, además de vigilar a la vez la competencia en toda la economía. Y aunque a su presidente lo nombró el Parlamento, no es independiente del Gobierno: lo propuso el ministro Luis de Guindos y el director de la Oficina Económica de Moncloa. Y sobre todo, cuenta con pocas armas para asegurar la competencia: las multas son bajas (el 3% del negocio) y los recursos de los implicados se eternizan, con lo que la CNMC tiene 700 millones pendientes de multas sin cobrar desde hace años. Y no hay ningún expediente en un Juzgado, porque el Código Penal no delimita claramente estas conductas como delictivas.

Hay que luchar de verdad contra los “cárteles”, esas mafias que se reparten mercados y nos encarecen productos y servicios. Las asociaciones de consumidores cuentan ahora para reclamar daños con una nueva arma: una Directiva de la Comisión Europea (aprobada en noviembre) que regula y facilita las demandas contra las empresas que pacten precios. Hay que dotar de más medios a la CNMC y blindar a su presidente (duramente atacado ahora por las petroleras), que debe ser independiente de verdad y sin “cuotas políticas” en los puestos directivos de la Comisión (como ahora). También, establecer un sistema de auditorías externas de los contratos públicos, sobre todo en Ayuntamientos y autonomías, para reducir la corrupción y los extraprecios.Y endurecer las multas y penas, para que los empresarios que se reparten mercados acaben en la cárcel. Porque nos están robando.