Pandemia: suben los contagios y sin mascarillas

Los contagios llevan tres días subiendo ligeramente, tras bajar desde el 27 de abril. Y España es ahora el 4º país de Europa con más incidencia del virus, solo por detrás de Reino Unido, Irlanda y Portugal. Andalucía sufre “riesgo alto” y otras 17 regiones tienen riesgo “medio” (5  superan o rondan los 100 contagios por 100.000 habitantes), mientras sólo 2 regiones están por debajo de los 50 contagios, el objetivo buscado. Y ahora vienen las vacaciones de julio y agosto, con turistas extranjeros, mucha movilidad y ya sin mascarilla en exteriores, una medida quizás precipitada. Preocupa que todavía estén sin vacunar la mitad de los españoles, en especial los jóvenes, que es donde se concentran los nuevos contagios. Sobre todo por el avance de la variante india, un 60% más contagiosa, que será dominante este verano. El virus sigue ahí y es importante no bajar la guardia, porque hay un riesgo real de una 5ª ola, que nos arruinaría el verano y la recuperación.

Enrique Ortega

Los contagios por la COVID-19 siguen bajando en el mundo desde hace dos meses (a 263.000 diarios). Hoy, cuando estamos a punto de cumplir el primer año y medio de pandemia, se contabilizan 181,09 millones de contagios en 192 paises, según la Universidad John Hopkins. El epicentro sigue centrado en América, con 71,44 millones de contagios, seguida de Europa (55,59 millones) y el Sudeste asiático (34,43 millones), estando más lejos el Mediterráneo oriental (10,82 millones), África (3,91 millones) y el Pacífico (3,46 millones), según la OMS. Por paises, destacan EEUU (33,62 millones de contagios), al que se acerca la India (30,27 millones, el doble que hace sólo dos meses), además de Brasil (18,42 millones de contagiados), seguidos de lejos por Francia (5,83 millones), Turquía (5,40), Rusia (5,38), Reino Unido (4,74), Argentina (4,40), Italia (4,25), Colombia (4,15), España (3.782.463 contagiados) y Alemania (3,73 millones).

Los muertos por la pandemia han bajado más, pero todavía superan los 5.000 fallecidos diarios en el mundo. Y hoy se han alcanzado los 3.923.072 muertos por COVID-19, más de la mitad fallecidos este año (2.110.000), según la Universidad John Hopkins. La mayor letalidad se ha dado en América (1.878.358 muertes), seguida de Europa (1.178.896) y, a mucha distancia, el Sudeste asiático (480.681 fallecidos), Mediterráneo oriental (214.390), África (93.519) y el Pacífico (53.315 muertes), según la OMS. Por paises, siguen destacando EEUU (603.966 fallecidos) y Brasil (513.474), a los que se acerca la India (396.730 muertos). Y más lejos están Rusia (131.070), Reino Unido (128.364), Italia (127.472), Francia (111.130), Colombia (104.678), Argentina (92.568), Alemania (90.768) y España (80.779).

En Europa, los contagios por COVID-19 llevan bajando 11 semanas, situándose la incidencia media de los 30 paises que analiza el Centro Europeo de Prevención de Enfermedades (ECDC) en 51 contagios por 100.000 habitantes, muy cerca del nivel “bajo” de contagios (menos de 50). Lo más novedoso de las últimas tres semanas es que dos paises que tenían un nivel muy bajo de contagios, los han visto dispararse, por culpa de la variante india (“Delta”): Reino Unido (su incidencia ha saltado de 67,2 a 212,7) y Portugal (de 71,1 a 140,6), manteniéndose alta también en Irlanda (de 118,9 a 99,6). Y tres paises con alta incidencia la han bajado mucho: Francia (de 187,3 a 51,3), Italia (de 77,7 a 26,2) y Alemania (de 72,8 a 16,9 contagiados por 100.000 habitantes). Con ello, España, que estaba entre los paises con la incidencia más baja, ha mejorado menos (de 117,22 el 4 de junio a 95,03 el viernes 25) y se coloca como el 4º país europeo con la incidencia más alta, según Sanidad.

Lo más preocupante es que llevamos tres días (miércoles, jueves y viernes pasado) en que la incidencia acumulada ha subido ligeramente, hasta los 95,03 contagios del viernes 25, desde los 92,25 del miércoles 22 de junio, cuando se tocó “suelo” en una bajada iniciada el 27 de abril (desde un “techo” de 235,59 contagiados por 100.000 habitantes). Y sobre todo, que en 13 autonomías suben los contagios, en especial en Cantabria, Cataluña, Canarias, Comunidad Valenciana, Melilla y la Rioja, según Sanidad. La situación más preocupante se da en Andalucía (165 contagios por 100.000 habitantes), la única autonomía en riesgo “alto” (150-250 contagios), aunque hay 16 regiones en riesgo” medio” (50-150 contagios), destacando 6 que rondan o superan los 100 contagios/100.000: La Rioja (135.35), Cantabria (121,80), Cataluña (113,31), Canarias (103,45), País Vasco (97,19) y Navarra (97,10). Y sólo tenemos 2 regiones en riesgo “bajo”, por debajo de 50 contagios, el objetivo buscado: Ceuta (17,81) y Galicia (44,16).

Lo más positivo de las tres últimas semanas es que siguen bajando las hospitalizaciones y los enfermos COVID en las UCIs. Las hospitalizaciones han bajado de 4.135 (4 de junio) a 2.366 el viernes 25, un 1,93% de camas ocupadas por enfermos COVID (“normalidad”). En las UCIs también han bajado las camas ocupadas, de 1.163 (4 de junio) a 641 el viernes 25, con un 6,90% de ocupación media, un “riesgo bajo” (5-10%), según Sanidad. No hay ninguna autonomía en riesgo extremo (+25%) ni “alto (15-25%) y sólo están en riesgo “medio” de ocupación UCI (10-15%) Madrid (14,69%), Castilla y León (11,24%) y Cataluña (10,75%). Hay 6 autonomías con “normalidad” en las UCIs (menos 2% ocupación COVID): Cantabria, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura, Baleares y Galicia. Y las 10 regiones restantes tienen un “riesgo bajo” en las UCIs (5-10% ocupación).

Y llegamos a lo más importante, la bajada drástica en las muertes por COVID: de 1.201 muertes hace casi dos meses (23 abril-7 mayo) se pasó  a 828 muertes la quincena siguiente (7-21 mayo), a 576 muertes la siguiente  (21 mayo-4 junio) y ahora sólo 278 muertes en las últimas dos semanas (11-25 junio), con un mínimo de 13 muertes el 25 de junio, la menor cifra de fallecidos desde el 14 de agosto. La causa de esta menor mortalidad es que están vacunados todos los mayores de 80 años y la mayoría de los mayores de 50 años, que es donde se han cebado las muertes durante esta pandemia. En Ceuta y Melilla no ha habido ningún muerto por COVID-19 durante la última semana y sólo 1 muerto en Murcia, Navarra, Comunidad Valenciana y Baleares, según Sanidad. Las autonomías con más muertes en la última quincena son Andalucía (+53), Madrid (+41), Cataluña (+40), País Vasco (+36) y Castilla la Mancha (+34), aunque las autonomías con más letalidad que la media (2,1% muertes sobre contagiados) son Asturias (3,7%), Castilla la Mancha (3,1%), Castilla y León (2,9%), Aragón (2,8%) y la Rioja (2,4%), las más envejecidas.

Tras este balance de contagios, positivos, hospitalizados y camas UCI, los 4 indicadores que vigila Sanidad, el Ministerio resume así (ver mapas) la situación de la pandemia, al 24 de junio: no hay ninguna autonomía en situación de “riesgo extremo” (“alerta 4”) ni en “alerta 3” (riesgo alto”), donde sólo coloca a la provincia de Córdoba (264 contagios por 100.000 habitantes, 11,5% de positivos y 15,2% UCIS ocupadas). En alerta 2 (“riesgo medio”) están 4 regiones (Madrid, Cataluña, Castilla y León y País Vasco) y 4 provincias (Sevilla, Jaén, Toledo y Zaragoza), situándose las 13 autonomías restantes más Ceuta y Melilla en “alerta 1” (la mejor situación), según Sanidad.

Ahora falta ver si en las próximas semanas siguen aumentando los contagios, sobre todo a partir del 1 de julio, cuando muchos españoles se desplacen por vacaciones y empiecen a llegar los turistas extranjeros, con certificado COVID. El riesgo no es sólo la mayor movilidad, sino la penetración de la variante india (“Delta”), que es la culpable de los repuntes en Reino Unido (que ha frenado su “desescalada”), Irlanda y Portugal, debido a que provoca un 60% más de contagios que la variante británica. Y las autoridades sanitarias ya han advertido que esta variante india será ya dominante en Europa (y España) este verano. Otro factor que podría relanzar los contagios es dejar de usar las mascarillas en exteriores, una medida quizás precipitada (el Gobierno quería dar buenas noticias tras meses de restricciones), tomada también en muchos paises, que puede acelerar los contagios.

Pero el mayor riesgo de contagios es que la mitad de los españoles no están vacunados, en especial los más jóvenes, que son los que más se mueven y conectan con otros, sin una percepción de riesgo (como se ha visto con el mega brote de más de 900 contagiados en nueve autonomías por un viaje de fin de estudios a Mallorca). La vacunación va muy bien, según los datos de Sanidad,  a muy buen ritmo (el 51,3% de los españoles tienen una dosis de la vacuna y un tercio, el 33,5%, tienen puestas las dos), pero quedan sin vacunar los grupos de menos edad donde se están concentrando los nuevos contagios: 30-39 años (18,7% tienen una dosis), 20-29 años (11,9% tienen una dosis) y 12 a 19 años (0,8% con una dosis). Y además, hay dos grupos de más edad donde se ha retrasado la 2ª dosis: los de 60 a 69 años (sólo el 37,5% tienen las 2 dosis), los de 50 a 59 años (sólo el 65,6% tienen las dos dosis) y los de 40 a 49 años (sólo el 17,9% tienen las dos dosis). Y los expertos coinciden: las vacunas son eficaces contra la variante india pero si se tienen puestas las dos dosis.

Así que este verano, en julio y agosto, habría que priorizar la vacunación de la 2ª dosis a todos los mayores de 40 años (facilitando que soliciten cita en su autonomía y organicen sus vacaciones, para no cargar de trabajo a las autonomías receptoras de turistas), para contrarrestar el avance de la variante india, que además provoca también más hospitalizaciones. Y, en paralelo, acelerar la vacuna de los jóvenes, una tarea enorme que va a exigir un esfuerzo adicional en verano y también en septiembre, antes del nuevo curso. Pero sobre todo, es importante que las personas sin vacunar (y sobre todo los mayores de 40 años a los que falte la 2ª dosis) se cuiden especialmente este verano, no bajando la guardia, porque el virus sigue ahí. Y urgen campañas de las autonomías y las principales ciudades turísticas, para evitar “excesos” en las concentraciones de jóvenes durante este verano (típicos en Mallorca, costa Brava y algunas zonas de Levante). Y controles muy serios al turismo británico, que desde este miércoles puede venir ya a Baleares.

Si no se toman medidas, se baja la guardia en la prevención (la no obligatoriedad de la mascarilla en exteriores no ayuda)  y no se acelera (más) la vacunación este verano, podemos encontrarnos con un repunte de contagios y una 5ª ola en julio o agosto. Y eso obligaría a “dar marcha atrás” en la desescalada, a volver a las restricciones pasadas (los rebrotes en Israel, por la variante india, han provocado la vuelta de las mascarillas). Y pondríamos en peligro no sólo la salud sino también la recuperación, empezando por la fuga de turistas y continuando con el frenazo del consumo, el crecimiento y el empleo. No olvidemos que el virus sigue ahí, que muta y busca contagiar a los más vulnerables ahora: los no vacunados que no se cuidan. Y que hasta septiembre no estarán vacunados el 70% de los españoles y no conseguiremos la “inmunidad de rebaño”. Así que toca disfrutar de un verano todavía diferente, no como los de antes. Hay que seguir cuidándose y tomando precauciones. No nos podemos permitir una 5ª ola.

A gastar tocan

El 1 de julio empiezan las rebajas de verano y las tiendas y grandes almacenes buscan que nos lancemos a comprar, tras el parón de la pandemia. Los españoles tienen “ganas de gastar” y ya se ve en bares y restaurantes, tiendas, compras con tarjeta y viajes, aunque todavía no se recuperan las ventas de coches y electrónica. La “gasolina” del consumo es el ahorro acumulado por las familias durante la pandemia, el mayor en la historia reciente y el 4º mayor en Occidente. Para animar las compras, la banca se ha lanzado a una campaña de créditos personales. Y el 71% de los españoles piensan irse de vacaciones, aunque la mayoría se quedará en España y gastará algo menos. Este relanzamiento del consumo de las familias, sobre todo este verano, es clave para la recuperación, porque aporta el 57,3% del crecimiento del PIB. Para no ponerla en peligro, hay que seguir bajando los contagios, controlar la inflación y mejorar el empleo. A gastar tocan.

Enrique Ortega

La pandemia ha disparado el ahorro en todo el mundo, por el confinamiento, la menor movilidad y el miedo al futuro, aunque muchas familias no han podido meter en la hucha porque han perdido ingresos y empleos. En conjunto, el mundo ha ahorrado 4,5 billones de euros durante la pandemia, el 6% del PIB mundial, según Moody´s. Un ahorro que ha sido desigual, por paises y por familias. Ha sido mayor en Estados Unidos (1,35 billones), por los enormes estímulos aprobados por el Gobierno (4 billones de euros en un año) y menor en Europa (400.000 millones ahorrados). Y por paises, los que más han ahorrado durante la pandemia han sido EEUU (el 12% de su PIB), Reino Unido (10%), Canadá (9,5%) y España (8% del PIB), por delante de la media mundial (6% del PIB) y la europea (4,4% del PIB ahorrado), también más que Alemania o Italia (6%) o Francia (5%).

La otra característica del ahorro durante la pandemia es que ha sido muy desigual por familias, concentrándose más en los hogares con ingresos medios y altos, que son los que han visto reducir menos sus ingresos. De hecho, en EEUU, dos tercios del ahorro total se han concentrado en el 40% de familias con más ingresos, según Moody´s. Y lo mismo ha pasado  en Europa y España, donde la pandemia ha disparado el ahorro pero también la desigualdad. Dos datos reveladores. Uno, en 2020, el mundo ha sumado 5,2 millones de millonarios en dólares (han subido de 50,9 a 56,1). Y dos, en España  hay ya 1.147.000 millonarios (tienen más de 1 millón de dólares), según el informe de Credit Suisse.

En España, el ahorro de las familias se ha disparado con la pandemia: los hogares han ahorrado el 14,8% de su renta disponible en 2020, según el INE, el mayor porcentaje en este siglo y desde que se tienen estadísticas, más del doble de lo que ahorraron en 2019 (el 6,3%), a pesar de que las familias ingresaron menos (-3,3%). El ahorro fue a más trimestre a trimestre, disparándose sobre todo en el último trimestre (ahorraron un 19%  de su renta en plenas Navidades) y alcanzando un ahorro total de 108.844 millones en todo 2020. La mayor parte de este ahorro (67.200 millones) fue a los bancos, a cuentas y depósitos, donde los españoles tenían a finales de 2020 un total de 919.054 millones depositados, un récord histórico. Y otra parte (37.000 millones) lo invirtieron en Bolsa y Fondos, aprovechando la gran bajada de cotizaciones de los valores el año pasado. Y el mayor ahorro se ha concentrado durante la pandemia en las rentas más altas, según este informe del Banco de España.

Este “ahorro embalsado” de las familias durante la pandemia empieza a gastarse ahora, desde marzo de 2021, según varios indicadores sobre consumo y ventas. Y se ha confirmado en mayo, con un aumento del gasto en tarjetas del +19% sobre mayo de 2019, según los datos de clientes de CaixaBank y BBVA. Este repunte del consumo, alimentado por el ahorro generado durante la pandemia, lo hemos visto en bares y restaurantes, en tiendas y en los viajes de fin de semana. Ahora se espera que el repunte del consumo aflore con las rebajas de julio, donde tiendas y grandes almacenes esperan un fuerte aumento de ventas (han contratado a 140.000 personas), aunque todavía serán menores a las de 2019. Y queda recuperar la venta de electrónica, bienes de consumo duradero y, sobre todo, las ventas de coches, que todavía son un 36% inferiores a las de 2019 (enero-mayo).

La esperanza es que el ahorro embalsado durante la pandemia aflore más este verano y sea “la gasolina” para un fuerte repunte del consumo en el tercer trimestre, que se mantenga después en Navidades. La previsión de BBVA Research es que el consumo de las familias crezca este año un +6,1%, tras haber caído un -12,1% en 2020, según el INE. Y que se mantenga creciendo un +6,8% en 2022, consiguiendo recuperar el nivel de consumo anterior a la crisis en el 2º semestre del año que viene, no antes. Y este repunte del consumo de las familias es clave para conseguir la recuperación de la economía, porque supone el 57,3% del crecimiento del PIB español. El resto del crecimiento esperado  (+5,5% en 2021) tiene que venir de las exportaciones, el consumo público y la inversión (pública y privada), alimentada por un Presupuesto expansivo y los Fondos europeos (19.000 millones este año).

Para relanzar este consumo de las familias, un factor clave son las vacaciones de los españoles. El objetivo del sector turístico (Exceltur) es conseguir un 90% de la ocupación turística del turismo nacional que hubo en 2019. De momento, parece que hay “ganas de irse de vacaciones”, tras tantos meses de escasa movilidad, aunque no todo el mundo piensa en viajar este verano: sólo lo harán el 71% de los españoles, según una reciente encuesta del Observatorio Nacional de Turismo emisor. El 29% restante no viajará, la mayoría por su situación económica (el 40%), otros por miedo a la pandemia (el 24%), un 15% más porque “así” no les resulta atractivo viajar y el resto porque trabajan o no pueden. Del 71% de españoles que sí viajarán este verano, la mayoría (77%) se quedará en España y optarán por el clásico “sol y playa” pero también por “destinos rurales”. La mayoría se irá de vacaciones en coche (79%) o avión (20%), una semana (56%) y sólo unos pocos (18%) dos semanas. Un tercio irá a un hotel (32%), otros tantos (32%) a su apartamento, un 22% a un apartamento, un 6% a una casa rural y un 4% a un camping (4%). Y gastarán de media 566 euros por persona, bastante menos que en 2019 (719 euros por persona).

Los españoles suponen la mitad del negocio del sector turístico. La otra mitad  del gasto lo hacen los extranjeros, que este verano volverán en parte: se esperan 45 millones de turistas extranjeros este año, más del doble que en 2020 (18,96 millones) y algo más de la mitad de turistas que antes de la pandemia (83,7 millones en 2019). Y su gasto salvará parte del negocio turístico español este año: los extranjeros podrían gastar 40.000 millones de euros en 2021, según Exceltur, el doble que el año pasado y menos de la mitad del gasto que hicieron los turistas extranjeros en 2019 (92.237 millones).

Ante este repunte del consumo de las familias, los bancos se preparan para aprovecharlo y financiar parte de las compras y viajes. Ya hay una “mini-guerra” entre las entidades con  ofertas de créditos personales, un negocio que les deja altos márgenes, con tipos que rondan el 7,90% TAE (cuando el dinero les cuesta el 0%). Se trata de créditos preconcedidos a los clientes vinculados y créditos rápidos, de 2.000 a 60.000 euros, algunos con una “tarifa plana mensual” a cambio de cero intereses. Y la otra vía de financiación son las tarjetas de crédito, cuyo uso ha crecido un 10% en los últimos meses. Aquí, muchas entidades tratan de colocar a los clientes las tarjetas “revolving”, que parecen más fáciles de pagar (se paga una cantidad al mes, no todo lo gastado en el mes anterior, como los tarjetas de crédito tradicionales) pero que en realidad son un crédito que se renueva mes a mes, a costa de altísimos intereses, que llegan hasta el 20% TAE (a partir de este 20%, el tipo de interés sería “usurario”, según la sentencia del Supremo) y más, según denuncian asociaciones de consumidores.

Los bancos también han redoblado su oferta de hipotecas, para aprovechar una mayor demanda ahora, pasado lo peor de la pandemia y aprovechando la bajada de algunos pisos. En marzo de 2021 se concedieron 36.886 hipotecas sobre viviendas, un 35,1% más que un año antes, con un importe medio de 137.129 euros por hipoteca. Aquí, la batalla de la banca es conseguir que los clientes firmen una hipoteca a tipo fijo, a un tipo medio que ronda el 2,75% TAE, en lugar de una hipoteca a tipo variable, que está al Euribor+0,99% (-0,486 el Euribor hoy más casi un 1% da un TAE del 0,51% para estas hipotecas). Las entidades juegan con el miedo a una futura subida de tipos para colocar esas hipotecas a tipo fijo a 20 años, que ya suponen más de la mitad (el 56%) de las nuevas hipotecas que se firman.

Con el ahorro acumulado durante la pandemia y la ayuda de créditos y tarjetas, el consumo repunta en los últimos tres meses y se espera que crezca más este verano, con el tirón del turismo y las vacaciones. Este consumo de las familias es clave para sostener la recuperación y permitir una mejora del crecimiento y el empleo en la segunda mitad de 2021. Pero hay dos riesgos. Uno sanitario: si repuntan los contagios este verano, por la mayor movilidad y la llegada de turistas extranjeros, las familias podrían frenar su consumo y sus viajes, frenando la recuperación. El otro, que se dispare la inflación y se coma parte del ahorro y del gasto previsto, por una subida extra de los precios turísticos, en bares y restaurantes, en los alimentos, los carburantes y en la energía (luz). Habría que “vigilar” esos precios, evitar que algunos sectores y empresas aumenten en exceso sus márgenes para compensar lo perdido con la pandemia. Sería asfixiar el consumo y la recuperación.

A corto plazo, las “ganas de gastar” tras la pandemia va a relanzar sin duda el consumo y la economía. Pero pasadas las “ansias iniciales”, a medio plazo, el consumo necesita asentarse en una mejora de ingresos de la mayoría de las familias, lo que exige mejorar el empleo y los salarios, estancados durante la pandemia. Y, sobre todo, una mejora de las expectativas: si los hogares ven que la pandemia se deja atrás, que las empresas vuelven a facturar y a vender más, si los trabajadores salen de los ERTEs y hay más empleo, volverá la confianza y aumentará el consumo de las familias y el crecimiento del país. Eso exige tiempo y que no haya sobresaltos, ni en la salud ni en la economía. Y que empiece a notarse, en unos meses, el impacto del mayor gasto público y los Fondos europeos. Por eso, hasta finales de 2022 no volveremos a gastar ni a estar como antes de la pandemia. Paciencia.

Servicios sociales: escasos y muy desiguales

La pandemia deja un reguero de familias con problemas económicos, sociales y psicológicos que hay que atender. Pero los servicios sociales públicos están colapsados y las ONGs no dan abasto: Cruz Roja ha atendido a 788.000 personas más y Cáritas a 500.000 nuevos, como los Bancos de alimentos. Estamos ante “una crisis social sin precedentes”, según Cáritas, que ha agravado los problemas de pobreza y exclusión social que ya teníamos antes. Y contamos con un mínimo gasto en servicios sociales, el 11º en Europa, con una gran desigualdad entre las autonomías: sólo el País Vasco, Navarra y Castilla y León tienen unos servicios sociales “excelentes” mientras en 6 autonomías (donde viven el 40% de españoles) son “débiles” o “irrelevantes” (Madrid, Murcia y Canarias, los peores). Urge un gran acuerdo entre Gobierno y las autonomías para reforzar con dinero y personal unos servicios sociales públicos superados y ahogados en trámites burocráticos que no ayudan a las familias necesitadas. Hay que “curar las heridas” de la pandemia.

Enrique Ortega

Más de 15 meses de pandemia han agravado la difícil situación económica y social que 1 de cada 5 familias ya tenían en febrero de 2020. Porque no podemos olvidar que en 2019, casi 10 millones de españoles (9.695.989 personas, el 20,7% de la población) estaban en situación de “pobreza monetaria”: ingresaban menos del 60% de la media española, menos de 9.009 euros anuales los solteros (menos de 750 euros al mes) y menos de 18.919 euros anuales las familias con 2 hijos (menos de 1.576 euros al mes). Eso nos colocaba, antes de la pandemia, como el 6º país con más pobreza monetaria de Europa, sólo por detrás de Rumanía (23,5%), Letonia (23,3%), Lituania (22,9%), Bulgaria (22%) y Estonia (21,9%), lejos de la media europea de pobreza monetaria (17,1% en la UE-28), según Eurostat. Y entre estos pobres, casi la mitad (4,3 millones, el 9,3% de los españoles) sufren pobreza severa, porque ingresan menos del 40% de la media de españoles (menos de 500 euros al mes los solteros y menos de 1.050 euros al mes las familias con dos hijos).

Ahora, como la pandemia y la crisis subsiguiente se han cebado más en España (PIB cayó un -10,8% frente al -6,4% en la UE-27), cabe esperar que se haya agravado más esta situación de pobreza post-COVID, que ya era preocupante antes. Así, un estudio de Oxfam Intermón advierte que puede haber 1.100.000 españoles más en situación de pobreza monetaria, alcanzando ya los 10,9 millones de personas (el 22,9% de los españoles). Y lo más preocupante es que la mayoría de estos “nuevos pobres” han caído en la pobreza severa: 790.000 personas más con ingresos inferiores al 40% de la media. El informe señala que el aumento de la pobreza en 2020 se concentró en los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes, creciendo más en Baleares, la Rioja, Navarra, Andalucía, Madrid y Cataluña.

Cáritas considera que la pandemia ha provocado una crisis social “sin precedentes”, enquistando la pobreza que ya había antes. Los datos de las ONGs que han atendido a las familias más afectadas por la pandemia son muy esclarecedoras: Cruz Roja ha atendido a 788.000 personas más y Cáritas a 500.000 nuevos demandantes de ayuda, con lo que habrán superado los 3 millones de personas atendidas en 2020 (fueron 2,4 millones en 2019). Y el Banco de Alimentos ha ayudado a 1.500.000 personas, medio millón más.

¿Cuál es la situación de estas familias pobres cuya situación ha agravado el COVID-19? Caritas acaba de publicar los resultados de una Encuesta hecha entre las 1.500.000 familias que “acompaña” y sus conclusiones son muy elocuentes. La primera, que la pandemia ha agravado su paro y ha deteriorado sus precarios contratos e ingresos: 258.000 de estos hogares que atienden no reciben ningún ingreso (+75.000 que antes) y 825.000 familias (el 55% de las que acompañan) están en situación de pobreza severa, dos tercios de ellas con menores. La segunda, que sólo el 3,6% de estas familias atendidas por Cáritas están cobrando el Ingreso Mínimo Vital (IMV), mientras un 39% han dejado de cobrar las rentas de inserción que antes les pagaban las autonomías. Y la tercera, que ante este deterioro de sus ingresos, el 16% de las familias acompañadas se han visto obligadas a cambiar de vivienda (77.000 familias) y casi la mitad tiene problemas para pagar el alquiler o su hipoteca (el 44%) o los recibos mensuales (el 47%). Y un 16% sufren problemas tecnológicos, que les impiden acceder a la educación online o a buscar empleo en la Red.

Estas familias, más empobrecidas por la pandemia, no sólo sufren problemas económicos y sociales: 3 de cada 10 hogares atendidos por Cáritas han empeorado su salud física y, más de la mitad, también la mental, con un aumento de la soledad (recordemos que hay 4.889.000 españoles que viven solos, más de 2 millones de ellos con más de 65 años, el 75% mujeres que viven solas). Y la Encuesta refleja también “un agotamiento” de las relaciones sociales y la ayuda familiar: en lenguaje claro, que a las familias necesitadas se les cierra la puerta de amigos y familiares que les ayuden, tras años pidiendo ayuda. Y por todo ello, el 55% de las familias acompañadas por Cáritas tienen “miedo al futuro”.

Ante esta situación de emergencia social provocada por la pandemia, los servicios sociales de las autonomías y Ayuntamientos están superados (ya antes atendían a 5 millones de personas al año). Y muchos descargan la atención en las ONGs, que tampoco dan abasto, por falta de medios, personal y financiación. Al final, la pandemia ha revelado lo vulnerables que son los servicios sociales en España. Un problema es que es fruto de una década de bajas inversiones en servicios sociales y de los recortes hechos entre 2010 y 2015, tanto en los Presupuestos del Estado como en las cuentas de autonomías y Ayuntamientos.

El hecho relevante es que España es el único de los grandes paises europeos que redujo su gasto social entre 2012 y 2017, según ha revelado Eurostat: pasó de suponer el 25,7% del gasto público total en 2012 a ser el 23,4% en 2017, muy por debajo de la media de la UE-27 (27,9% del gasto es social) y de paises como Italia (29,1%), Alemania (29,7%) y Francia (32,2% del gasto es social). En este gasto social se incluye la sanidad, la educación, las pensiones, el desempleo y los gastos de protección social. Si nos centramos en estos últimos, que tienen que ver con el gasto directo para atender la emergencia social, España está también a la cola de los grandes paises: gastó en 2019 en protección social el 17,4% del PIB, lejos del 19,3% de media europea y mucho menos que Francia (23,9% del PIB), Italia (21,2%) o Alemania (19,7% del PIB), paises con muchos menos problemas sociales. Y somos el 11º país en la UE-27 por gasto en protección social, según Eurostat.

No se trata sólo de que España gaste mucho menos (-23.600 millones cada año) en protección social que Europa, es que además, lo gasta mal, con menos eficacia, porque las ayudas benefician porcentualmente más a las familias con ingresos medios y altos, según el Fondo Monetario Internacional (FMI): el 40% de las familias más pobres reciben el 30% de las ayudas sociales. De hecho, la OCDE ha dicho que, entre sus 34 paises miembros, sólo  Grecia, Portugal e Italia hacen una política social peor que España.

Menos gasto social, mal repartido y además muy desigual por autonomías, con lo que depende donde uno viva para que las familias necesitadas sean mejor o peor atendidas, según un reciente estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. La primera clave de esa desigualdad está en lo que gasta cada autonomía en gasto social: entre 738 euros por habitante y año en Navarra, 687 euros en Euskadi o 514 euros en Extremadura y 299 euros por habitante y año en Murcia, 353 euros en Madrid, 367 en Galicia y 376 euros en Andalucía. Y sobre esa base, más o menos gasto, hay también una brecha en el personal de servicios sociales que tiene cada una: 1 profesional por 745 habitantes en Navarra, 1 por 1.902 en País Vasco o 1 por 1995 en Asturias frente a 1 profesional por 3.219 habitantes en Canarias, 1 por 3.166 en Extremadura o 1 por 3.084 habitantes en Cantabria.

Al final, el estudio de los Directores de Servicios Sociales pone una nota a cada autonomía (de 1 a 10), en base a tres parámetros: los derechos sociales que reconoce y su decisión política (0 a 1,5 puntos), el gasto social que hacen (de 0 a 3 puntos) y la cobertura de servicios sociales que prestan (de 0 a 5,5 puntos). Y así concluyen que sólo 3 autonomías ofrecen un nivel “excelente” de servicios sociales: País Vasco (7,95 puntos), Navarra (7,90) y Castilla y León (7,30). Otras 8 aprueban con un nivel “medio”: Asturias (6,30), Castilla la Mancha (5,75), Aragón (5,65), La Rioja (5,60), Extremadura (5,15), Baleares (5,15) y Cataluña (5,05 puntos). Y las 6 regiones restantes suspenden: dos tienen un nivel “débil” de servicios sociales (4,65 puntos Comunidad Valenciana y 4,50 Galicia) y otras 4 autonomías tienen unos servicios sociales “irrelevantes” (4,65 puntos Cantabria, 3,40 Canarias y 3,20 puntos Murcia y Madrid, los “farolillos rojos” de la asistencia social). Lo preocupante es que en estas 6 autonomías que suspenden en servicios sociales viven el 40% de los españoles.

El estudio no sólo puntúa los servicios sociales autonómicos sino que analiza sus problemas. El primero y fundamental, señalan, la sobrecarga de gestión, que ya tenían antes pero que ha agravado la pandemia, llevando a muchos de estos servicios públicos a derivar a las familias necesitadas a ONGs como Cáritas o Cruz Roja (“un termómetro de su fracaso”). Además, advierten, ha aumentado la complejidad burocrática y los trámites para solicitar ayudas son demasiado farragosos, lo que disuade a muchos necesitados. Es lo que pasa, según los Directores de Servicios Sociales, con los trámites para pedir el ingreso mínimo vital o las ayudas a la dependencia (los trámites tardan de media 430 días), lo que lleva a que 229.493 dependientes (el 16,62% del total) están en lista de espera para recibir la ayuda o servicio que tienen reconocido. Y también es escandalosa la asistencia a las personas sin hogar: los servicios sociales tienen 19.093 plazas en albergues, 40,7 por 100.000 habitantes, que oscilan entre 170 plazas/100.000 habitantes en Euskadi a 34 en Madrid o 23 en Cataluña.

Visto el panorama, nos encontramos con un país en emergencia social por la pandemia, con más pobres y más familias vulnerables, pero con una red de servicios sociales colapsada y con pocos medios, que no ofrece soluciones a la mayoría de los necesitados. ¿Qué se puede hacer? La Plataforma del tercer sector, que representa a 28.000 entidades sociales de toda España, se reunió en abril con el Ministerio de Economía y presentó sus propuestas para la mejora de los servicios sociales: aumentar el gasto social a la media de la UE, subir el salario mínimo, mejorar el ingreso mínimo vital, reducir la brecha digital de las familias más desfavorecidas, reforzar el sistema sanitario público, mejorar la política de vivienda y ampliar la oferta de alquileres sociales y una fiscalidad más progresiva.

Una medida urgente es mejorar de una vez el ingreso mínimo vital, que acaba de cumplir un año (se estrenó el 15 de junio de 2020) con un balance muy pobre: había 260.206 beneficiarios (en familias donde viven 680.000 personas), menos de la tercera parte de los 850.000 beneficiarios a los que esperaba llegar el Gobierno. Todas las ONGs y expertos se quejan de un exceso de burocracia y  de que no se incluye la situación real de las familias más vulnerables, como lo demuestra que de las 1.320.000 solicitudes recibidas y las 1.100.000 ya tramitadas, 700.000 se han denegado. Y lo peor es que, con la entrada en vigor del IMV, varias autonomías han reducido o suprimido sus rentas mínimas de inserción, como demuestra que un tercio de las familias acompañadas por Cáritas las hayan perdido.

Además de mejorar el ingreso mínimo vital, es importante subir el salario mínimo (más bajo en España que en la mayoría de Europa), porque muchas familias desfavorecidas ingresan ese salario mínimo o uno vinculado. De hecho, un Comité de Expertos acaba de recomendar al Gobierno subirlo un 10%, elevarlo de los 950 euros actuales (en 14 pagas) a una franja entre 1012 y 1047 euros para 2023. El debate está en el seno del Gobierno, por la llamada de atención de la patronal y algunos expertos a que se puede crear menos empleo (precario) si sube el salario mínimo. Pero es una vía clara para reducir la pobreza de muchos.

Otras medidas para reducir las heridas sociales de la pandemia son las políticas activas de formación y empleo, porque la mejor ayuda a los más desfavorecidos es ayudarles a trabajar. Y apoyos concretos a la vivienda y el alquiler, ampliando el parque de viviendas sociales, hoy casi inexistente. Y ayudas concretas para el pago de los recibos (luz, agua, gas, Internet) de los más desfavorecidos, sin olvidar los apoyos a la educación de sus hijos, con políticas concretas contra el abandono escolar y para reducir su brecha digital. Y por supuesto, una reforma fiscal que consiga más ingresos y permita aumentar los gastos sociales.

Las ONGs y los expertos en servicios sociales creen que España debe aprobar una Ley de Servicios Sociales, que asegure un marco estable de gasto público, coordine mejor los esfuerzos del Estado, autonomías y Ayuntamientos y consiga una cartera de servicios mínimos a prestar, al margen de donde vida cada uno. De momento, el Gobierno ha prometido destinar 600 millones de los Fondos europeos a la mejora de los servicios sociales. Pero no es sólo cuestión de dinero, sino de mejorar su funcionamiento, quitar burocracia y conseguir que funcionen con la agilidad y cercanía de Cáritas o la Cruz Roja. Es un reto clave, más ahora que la pandemia nos deja un reguero de familias vulnerables. No podemos dejarles tirados.

España: poco reciclaje y muchos vertederos

Uno de los problemas más serios en este siglo es la basura: cada persona produce casi 1 kilo de residuos domésticos diarios, más los residuos industriales (4 veces más). Y el 70% de esta basura mundial acaba en vertederos. Cada minuto usamos 1 millón de botellas de plástico, mientras generamos 8 kilos de desechos electrónicos anuales por persona. En España, el problema es aún más grave, porque somos el 4º país europeo que menos recicla (el 34,8% de la basura) y el que tiene más vertederos ilegales, por los que el Tribunal de la UE nos ha multado varias veces. El Gobierno ha aprobado, en mayo, una Ley de Residuos, creando un impuesto estatal a la basura para que no vaya de una autonomía a otra, buscando donde menos se cobra. Y otro impuesto a los plásticos, prohibiendo los de un solo uso. El objetivo es cumplir la exigencia europea para 2035: reciclar el 65% de la basura. Difícil pero necesario: la basura nos come.

 

Enrique Ortega

Vivimos en un mundo muy sucio, que produce 11.200 millones de toneladas de basura al año (1,2 millones de Tm. cada hora), según el último dato de la ONU. Y un 20% de esta basura mundial son residuos urbanos, que tiramos los ciudadanos: 2.240 millones de toneladas, una media de casi 1 kilo diario por persona (0,84 kg). El gran problema es que el 70% de esta basura mundial no se trata (sólo el 16% se recicla y un 5% se incinera) y acaba en vertederos, en tierra, ríos y el mar, provocando una peligrosa contaminación y múltiples enfermedades. Y una gran parte de esta basura son plásticos (400 millones de Tm. al año), que en un 79% acaban en vertederos o en el mar. Y crece la basura electrónica: generamos ya 7,3 kilos por persona y año en el mundo, según la ONU, reciclando sólo el 18%, que acaba exportada (muchas veces ilegalmente) a Asia o Africa.

Si analizamos sólo la basura que se genera en el consumo urbano (la quinta parte del total), sin contar la que generan las industrias, la construcción, la minería o la energía (el 80% del total de los residuos), los paises que más basura generan son los más grandes y poblados: China (300 millones Tm/año), EEUU (228), India (226), Brasil (62), Indonesia (59) y Alemania (50,5 millones Tm/año), según los datos de Waste Atlas. Pero si miramos la basura generada por habitante, resulta que los paises que generan más residuos son los paises más desarrollados, el mundo “rico”: Canadá (813 kg/habitante al año), Estados Unidos (734 kg/hab), Suiza (730 kg), Dinamarca (758), Alemania (620), Irlanda (586), Austria (566), Francia y Grecia (509), Italia (488), Finlandia y Reino Unido (482 kg/hab).

España genera menos basura por habitante (sólo residuos urbanos) que la mayoría de paises europeos: 476 kilos por habitante y año en 2019, por debajo de la media europea (502 kilos/hab en la UE-27) y el país europeo nº 16 en la generación de residuos urbanos, según las últimas estadísticas de Eurostat. A raíz de la crisis de 2008, en España cayó la generación de residuos municipales, de 510 kilos por habitante en 2010 a un mínimo de 448 kilos en 2014, pero luego, con la recuperación, ha aumentado la basura generada, hasta los 476 kilos por persona de 2019, aún inferior a la de los grandes paises europeos.

Pero España tiene un problema más grave con la basura que el resto de Europa: recicla mucho menos residuos municipales (y también industriales). De hecho, en 2019 sólo reciclamos el 34,8% de los residuos municipales (reciclaje más compostaje), frente a una media de reciclaje del 48% en Europa, según Eurostat. Y somos el 10º país europeo que menos recicla, muy lejos de los paises líderes en reciclaje de residuos: Alemania (66,6%), Eslovenia (59,2%), Austria (58,2%), Paises Bajos (56,9%), Bélgica (54,7%), Dinamarca (51,5%), Italia (51,3%) y Lituania (49,9%), todos por encima der la media. Además, hemos avanzado poco en el reciclaje de residuos urbanos: del 29,2% que reciclábamos en 2010 al 34,8% en 2019 (la UE ha pasado del 20% al 48%).

Otra parte de la basura no se recicla (reciclaje o compostaje) sino que se incinera, se quema en plantas especializadas. En Europa se incinera un 28% de los residuos urbanos, bastante más que en España, donde sólo se incineran el 11,2% de residuos municipales, según Eurostat. Una técnica que trata de reducirse, porque genera emisiones de gases de efecto invernadero (sobre todo metano, más peligroso para el cambio climático que el CO2), consume energía (muchas plantas no la recuperan) y, sobre todo, provoca riesgo de cáncer en la población cercana a las incineradoras, según distintos estudios científicos.

La tercera opción para la basura, cuando no se recicla ni incinera, es llevarla a vertederos, algunos legales y muchos ilegales. Es la opción más utilizada en España: un 54% de la basura urbana acabó en vertederos en 2019, frente a menos de la mitad, el 24% de media en la UE-27, según Eurostat. Esto nos coloca como el 4º país con más peso de los vertederos en Europa, sólo por detrás de Malta (91,6% de la basura urbana acaba en vertederos), Grecia (77,6%) y Chipre (67% de la basura en vertederos). Y muy alejada del peso de los vertederos en la basura de  Suecia, Finlandia, Bélgica y Holanda (menos del 0,6%), Alemania (0,8%), Francia (19,6%) o Italia (20,9%). Además, tampoco hemos avanzado mucho en los últimos años: en 2010 acababa en vertederos el 62,3% de la basura, frente al 54% ahora (mientras en la UE 27, el porcentaje de los vertederos ha bajado del 48% al 24%).

El problema además de España no es sólo que más de la mitad de la basura no se recicle ni incinere y acabe en vertederos. Es que hay demasiados vertederos ilegales junto a los legales. España tiene 182 vertederos de residuos municipales, más otras 50 plantas de gestión de residuos industriales y peligrosos, la mayoría instalados en el noreste de España (Navarra, País Vasco, Aragón y Cataluña), con unas 30 instalaciones de media en cada una de estas cuatro regiones, más otras 20 de media en Castilla y León, Comunidad Valenciana y Andalucía. Pero junto a estos vertederos legales, España contaba en 2018 con 1.513 vertederos ilegales, según denunció la Comisión Europea, algunos hoy cerrados pero no la mayoría. Y eso ha provocado que el Tribunal de Justicia de la UE haya multado dos veces a España por ellos, desde 2015, la última por 61 vertederos (ver listado).

España recicla menos residuos urbanos y utiliza más los vertederos por una mala gestión de los residuos en origen: el 82% de los residuos urbanos no se separan correctamente, la basura está mezclada y eso dificulta su tratamiento. La Comisión Europea ya ha advertido varias veces a España que no hace una correcta recogida selectiva de materia orgánica, por lo que “contamina” la mayoría de los materiales recogidos. Y así no se pueden tratar correctamente el cartón, el vidrio o los plásticos con grasa, lo que provoca que, después del alto coste de intentar procesar esta basura, no se pueda reciclar y vender, con lo que acaba finalmente en los vertederos (legales e ilegales).

Pero además, las plantas de reciclaje de basura en España funcionan mal, según otro informe de la Comisión Europea. España ha invertido unos 5.000 millones de euros (la mayoría aportados por Europa) para construir enormes plantas procesadoras de residuos, que concentran en un solo punto la basura de provincias enteras, mientras en Europa se apuesta por plantas más pequeñas de tratamiento de residuos. Y además, las “macro plantas” españolas  son “poco eficaces”, según Bruselas, porque su tasa de recuperación es bajísima: en las mejores, apenas llega al 5%, con lo que el 95% restante acaba en vertederos (legales e ilegales), que proliferan por doquier, o se exporta.

Y no es solo la “basura tradicional” la que se recicla poco y mal. España gestiona también mal “la basura electrónica” (ordenadores, teléfonos y otros aparatos eléctricos y electrónicos), de la que generamos 20,1 kg por habitante al año, más que en Europa (16,6 kg) y casi el triple  que la media mundial (7,3 kg/habitante, según la ONU). Aquí, el porcentaje de reciclado es aún menor que en la basura urbana: el 25% (frente al 35% de basura electrónica que recicla la UE-27). Y el 75% restante se gestiona “de forma inadecuada”, según señala la Comisión Europea: se tira a vertederos, se exporta a Africa o Asia (muchas veces ilegalmente) o se trata de forma irregular para extraer piezas y materiales. Y todo ello es doblemente criticable, porque debemos recordar que se nos cobra a los consumidores una tasa (de 5 a 30 euros) al comprar un electrodoméstico o un ordenador, para su futuro reciclaje. Se trata de “un fraude generalizado” en España, porque los fabricantes sólo destinan un 20% de estos ingresos al reciclaje, según estimaciones de Bruselas.

El grave problema de la basura preocupa mucho en Europa. Ya en 2008, la Comisión Europea aprobó una Directiva sobre gestión de residuos, con un doble objetivo: que los paises reciclaran el 50% de su basura y que sólo el 35% fuera a vertederos en 2020. Después, el 23 de febrero de 2018, la Comisión Europea aprobó unos objetivos más ambiciosos para el futuro: subir el reciclaje al 55% en 2025 y al 65% en 2035. Con lo que si España incumple de lejos el objetivo para 2020 (recordemos: reciclamos el 34,8% de los residuos urbanos frente al 50% propuesto), tendrá muy difícil cumplir los objetivos señalados para 2025 y 2035. Y sobre todo, algunas autonomías más retrasadas en el reciclaje, como Canarias, Galicia y Madrid, que reciclan en torno al 20% de sus residuos urbanos.

La Comisión Europea ya alertó en 2018 a España y a otros 13 paises europeos (Finlandia, Grecia, Portugal, Chipre, Malta y 8 paises del Este) para que “redoblaran sus esfuerzos en reciclaje” porque corrían el riesgo de no cumplir el objetivo europeo de reciclar el 50% en 2020. Y antes, en febrero de 2017, Bruselas publicó un Informe donde señalaba los problemas de España con la basura: insuficiente recogida selectiva de residuos, gestión insuficiente de los bioresiduos, falta de incentivos para el reciclado, insuficientes sistemas para que el productor de los envases afronte su responsabilidad y falta de coordinación entre el Gobierno central y las autonomías y ayuntamientos, que son los que tienen la competencia para la gestión de residuos, con escasos medios y financiación.

En este informe de 2017, la Comisión Europea planteó a España algunas medidas a tomar, que no aplicó ni el Gobierno Rajoy ni los sucesivos gobiernos de Sánchez. La primera y fundamental, introducir un impuesto nacional sobre los vertidos o armonizar los distintos impuestos autonómicos. La propuesta es simple: se necesita más dinero para apoyar la recogida selectiva de basuras y el reciclado, y ese dinero deben pagarlo los que generan la basura (comercios, bares y restaurantes, negocios y particulares). Y hoy por hoy, las tasas por vertidos que se pagan en España son la tercera parte que las europeas: entre 30 y 40 euros/Tm frente a 90/120 euros en Europa. Y además, sólo 10 autonomías tienen impuestos (diferentes cada una) sobre los residuos industriales (Castilla la Mancha, Galicia, Asturias, País Vasco, Baleares y Canarias no cobran tasas), lo que explica “el turismo de residuos”: empresas que llevan su basura a las regiones que no cobran, lo que explica que el mayor vertedero industrial de España esté en Almonacid del Marquesado (Cuenca). Y sobre los vertidos municipales, solo cobran tasas 4 autonomías (Extremadura, Castilla y León, Cataluña y Navarra), según este cuadro de los ecologistas.

Así hemos seguido, generando residuos y sin tomar medidas, a pesar de las alertas europeas. El 5 febrero de 2021, 16 organizaciones ecologistas y ONGs españolas presentaron una demanda por incumplimiento de los objetivos europeos ante la Comisión Europea, que estudia ahora si abre expediente a España. Esta denuncia, más la exigencia de reformas estructurales para recibir los Fondos europeos, ha llevado al Gobierno a acelerar la Ley de Residuos, aprobada en el Consejo de Ministros del 18 de mayo. Su objetivo es incentivar el reciclaje de residuos con la creación de 2 impuestos “verdes”. Un impuesto sobre la incineración y el depósito de residuos en vertederos (654,2 millones anuales) y otro impuesto sobre los envases de plástico de un solo uso (723,8 millones). Además, se obliga a los municipios de más de 5.000 habitantes a poner en marcha la recogida separada de basura orgánica en 2022 (y al resto en 2024), junto a recogidas separadas de textiles y aceites para 2025. También se prohíbe la venta de cubiertos y pajitas de plástico de un solo uso y se obliga a bares y restaurantes a ofrecer agua del grifo gratis, cuando se apruebe esta Ley.

El objetivo de esta Ley de Residuos, que debe entrar en vigor en 2022, es doble: reducir los residuos que generamos (un 15% en 2030 sobre los de 2010: de 510 kilos por persona a 433 kilos, 63 kilos menos que ahora) y aumentar el reciclaje de residuos (un 10%, hasta el 44,8% en 2030, aún lejos del 65% objetivo europeo en 2035). España está muy retrasada respecto a Europa en la gestión de residuos y no tiene fácil homologarse con la UE. Pero hay que intentarlo, con esta nueva Ley de Residuos, con fuertes inversiones en autonomías, ayuntamientos e industrias y con un cambio de hábitos de todos nosotros, separando y reciclando nuestros residuos. Urge hacerlo, porque la basura “nos come”.