Reforma pensiones: otro "parche" insuficiente

El Gobierno ha completado la 1ª fase de reforma de las pensiones, con una subida por 10 años de cotizaciones (+0,6%), que no apoya la patronal. Esta medida evita los recortes de las futuras pensiones que aprobó Rajoy con el Factor de Sostenibilidad (-30% para 2050), pero la recaudación extra (+42.000 millones, con la “hucha” actual) será “insuficiente” para afrontar los gastos extras por la jubilación de los “baby boom” (nacidos entre 1960 y 1975), unos 50.000 millones. La decisión es esperar a 2033 y entonces, con las previsiones de ingresos y gastos, decidir nuevos ingresos o  recortar gastos. Se trata de “ganar tiempo” con esta primera reforma (subidas con el IPC, más transferencias del Presupuesto, incentivar retraso en la jubilación, aumento cotizaciones) y esperar a que los próximos “agujeros” los resuelvan futuros Gobiernos (o Europa). Habría que afrontar ya el déficit estructural de las pensiones y pactar  un sistema que permita pagarlas con seguridad de aquí a 2050. Sin “parches” ni “politiqueo”. Se pueden salvar.

Enrique Ortega

La subida temporal de cotizaciones sociales, pactada entre el Gobierno y los sindicatos, es “la cuarta pata” de la primera fase de la reforma de las pensiones, aprobada en el Congreso el pasado 27 de octubre, con los únicos votos en contra de Vox y la abstención de ERC y Bildu. La reforma aprobada dentro del Pacto de Toledo contemplaba la revalorización de las pensiones con el IPC, el cargo al Presupuesto de muchos gastos “impropios” con los que hasta ahora cargaba la Seguridad Social,  acercar la edad real de jubilación a los 67 años legales e incentivar trabajar más años voluntariamente y sustituir el Factor de Sostenibilidad de Rajoy que pretendía recortar las pensiones futuras (a partir de 2023) por un nuevo mecanismo “de equidad intergeneracional”, que asegure las pensiones futuras.

Los tres primeros acuerdos  de esta reforma ya estaban en marcha. 2022 será el primer año en que las pensiones suban no lo que decida el Gobierno de turno (+0,25% Rajoy, +0,9% Sánchez en 2021) sino lo que suba la inflación media prevista (IPC noviembre 2021-noviembre 2022), el próximo año sobre un +2,4%. Una medida que parece justa pero que va a encarecer la factura de las pensiones en los próximos años, sobre todo hasta que no baje sensiblemente la inflación. De hecho, la estimación es que la revalorización de las pensiones cueste en el año 2022 unos 5.000 millones de euros (3.000 millones por la subida anual y otros 2.000 por la “paguilla” que se va a pagar a los pensionistas en enero, para compensar la desviación de precios de 2021, unos 200 euros para una pensión de 1.000 euros).

El segundo punto del acuerdo, que el Presupuesto cargue con parte de los gastos impropios de la Seguridad Social, ya se empezó a aplicar en 2021: se transfirieron a la SS 13,929 millones para cubrir parte de esos gastos impropios (22.567 millones que se pagan con cotizaciones) y ,además, se cargó con más de la mitad del déficit esperado para 2021 (1,7% del PIB sobre el 3% de déficit total), otra transferencia de 18.396 millones, lo que suma unos 32.000 millones de euros aportados a la SS para tapar la mayor parte de su “agujero”. Para 2022, el Presupuesto incluye otra transferencia a la SS de 18.396 millones para cubrir “gastos impropios” (prestaciones por maternidad y paternidad, reducción de cotizaciones, subvenciones a regímenes especiales, coste jubilaciones anticipadas voluntarias, complementos de prestaciones contributivas y pago del presupuesto del Ministerio de Trabajo), más otros fondos públicos para complementar pensiones mínimas (7.000 millones) y para pensiones contributivas (2.700), más otros recursos para tapar parte de su déficit (6.000 millones). Y para 2023 está previsto que el Presupuesto cargue con todos los “gastos impropios” de la Seguridad Social (22.567 millones)  y acabar así con su déficit.

La tercera pata del acuerdo pretendía acercar la edad real de jubilación (64 años y 6 meses de media) a la edad oficial (66 años en 2021). Y eso porque es una medida importante de ahorro de gasto: se podría reducir el gasto en pensiones en 14.000 millones anuales por cada año que suba la edad real de jubilación (hay 2,4 años de margen hasta los 67 años con que habrá que jubilarse en 2027). Para conseguirlo hay 2 vías, que el Gobierno tiene ahora que concretar y proponer al Pacto de Toledo: penalizar más a los que se jubilan antes de tiempo (un 38% de los jubilados en 2020), que ya sufren recortes en la pensión del -1,65 al -2% por cada trimestre que anticipan su jubilación. La otra medida que se estudia es incentivar que los trabajadores se jubilen más tarde, algo que ya se hace hoy, pero con poco apoyo (un 2% de pensión extra, frente al 5% en Francia y el 6% en Alemania). El Gobierno estudia incentivar mucho más (4,6% anual) el retraso de la jubilación y “visualizar” esta compensación con la entrega de un cheque a los que se jubilen más tarde.

El cuarto punto del acuerdo era el más peliagudo y por eso se ha dejado para ahora, introduciéndolo como enmienda en esta reforma de las pensiones que debate el Parlamento (y que el Gobierno ha prometido a Bruselas aprobar antes de fin de año): la sustitución del Factor de Sostenibilidad que aprobó Rajoy en 2013 por un nuevo sistema, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), para afrontar el gasto extra en pensiones que va a suponer la jubilación de los “baby boom”, los nacidos entre 1960 y 1975. El Factor de Estabilidad contemplaba un recorte de las pensiones futuras, para afrontar este mayor gasto y el hecho de que los futuros pensionistas vivirán más y cobrarán más años. La estimación de un Grupo de Expertos, en un informe entregado en junio de 2013, era que la aplicación del Factor de Estabilidad supondría un recorte de las futuras pensiones que iba del -6,61% para los que se jubilasen en 2024 al -12,03% para los que se jubilaran en 2034 y un recorte del -20% para los que se jubilaran en 2053 (-266 euros sobre los 1.193 de pensión inicial actual). Y ahora, el ministro de SS dice que ese recorte podría ser realmente del -30%.

Los sindicatos y el Gobierno, que no apoyaron la reforma de Rajoy de 2013 (la decretó en solitario) no estaban dispuestos a aplicar el Factor de Sostenibilidad, cuya entrada en vigor retrasó el propio Rajoy a 2023 (para conseguir que el PNV apoyara los Presupuestos 2018). Y ambos consiguieron que el Pacto de Toledo (PP incluido) rechazaran su aplicación y apoyaran otro sistema, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que acaba siendo una subida temporal de cotizaciones (de 2023 a 2032), del +0,6%. Y como la patronal no ha firmado el acuerdo, se le ha penalizado en el reparto: un +0,5% subirán las cotizaciones empresariales y otro +0,1% más pagarán los trabajadores. No es mucho: en un sueldo medio de 2.000 euros, la empresa pagará 10 euros más al mes y el trabajador 2 euros más.

La patronal no ha firmado esta parte del acuerdo de reforma (si las tres restantes) porque alega que subir las cotizaciones sociales desincentiva el empleo, encarece la contratación. Y es cierto. Pero el Gobierno contraataca con dos datos. El primero, que el peso de las cotizaciones sociales es menor en España que en Europa: las cotizaciones sociales en Europa suponen un 16% del PIB, frente al 13,7% en España (sube al 13,9% con el aumento temporal de cotizaciones). Es verdad, pero también lo es que la aportación de las cotizaciones de las  empresas es mayor en España que en Europa (9% del PIB frente al 7,3% las empresas UE), mientras es menor la aportación de los trabajadores. Y que el peso de las cotizaciones empresariales sobre los salarios es mayor en España (29,9% del salario bruto) que en la media de la UE  (22,1% del salario bruto) y que en Alemania (19,8%), aunque es menor que en Francia (cotizaciones empresas son el 36,3% salario) o Italia (31,6%), según la OCDE. Algo que se explica porque los sueldos son más bajos en España.

El otro dato que aporta el Gobierno frente a la crítica patronal es más decisivo: los costes laborales (salarios más cotizaciones) son mucho más bajos en España, con lo que hay margen para subir un poco y por 10 años las cotizaciones sin poner en peligro la competitividad con otros paises. Concretando, España es el tercer país europeo con menores costes laborales (solo son más bajos en Portugal y Polonia), 21,9 euros por hora en 2019 (salarios y cotizaciones), un 30,25% inferiores a los costes laborales en la zona euro (31,4 euros por hora), un 40% inferiores a los de Francia (36,5 euros), un 38,4% menores a los costes laborales de Alemania y un 23,7% inferiores a los de Italia (28,7 euros).

Con esta subida temporal de cotizaciones sociales (2023-2032), el Gobierno espera rellenar “la hucha” de las pensiones, que se creó en el año 2000 y llegó a tener un remanente de 66.815 millones en 2011, de los que tuvo que tirar Rajoy (-58.720 millones) y Sánchez (-5.957) para cubrir el pago de pensiones en los últimos años, con lo que sólo quedan en la hucha 2.138 millones. Ahora, la previsión del ministro Escrivá es que el recargo de cotizaciones (y la rentabilidad que se saque a la hucha, un 3,5%) permita ingresar en la hucha unos 38.500 millones de euros, que sumados a los 2.138 que ya hay (y sus  intereses) se consiga tener ahorrados 42.000 millones de euros a finales del año 2.032.

¿Será suficiente? Todos los cálculos, de la AIReF y de la Comisión Europea, indican que no. Sus estimaciones señalan que el aumento de jubilaciones por la generación del “baby boom” (1960 a 1975) provocará un gasto extra de pensiones de 25.000 a 30.000 millones en 2033 (que sí cubriría “la hucha”) pero que superaría los 50.000 millones (de hoy) en 2050, lo que provocaría entonces un agujero mínimo de 8.000 millones, que algunos aumentan incluso hasta los 20.000 millones, por diversos factores. La mayoría de expertos creen que el gasto en pensiones se va a disparar hasta 2050 por tres causas: el coste de la revalorización anual con el IPC (acumulativo), el aumento de pensionistas (de los 9,3 millones actuales a 15,67 millones en 2050, según el INE), que además vivirán y cobrarán durante más años, y unas pensiones iniciales más altas (ya ha pasado: la pensión inicial de jubilación ha subido de 620 euros en el año 2.000 a 1.053 en 2008 y 1.419 euros en 2021).

El nuevo Mecanismo de Equidad Generacional aprobado ahora contempla que en 2033 se hará un examen de la evolución del gasto en pensiones. Si demuestra que el gasto se ha desviado más del 0,2% del PIB sobre lo previsto por el informe de la Comisión Europea (que hará en 2024), se destinará parte o toda la hucha a cubrirlo (si no hace falta, se destinarán esos 42.000 millones a bajar cotizaciones o mejorar pensiones). Y si no fuera suficiente, se propondrá a los firmantes del Pacto de Toledo (partidos y fuerzas sociales) un nuevo aumento de ingresos (más cotizaciones o aportaciones del Presupuesto) o bien reducir el gasto en pensiones (sobre el PIB). Así que de alguna manera, el mecanismo aprobado supone “ganar tiempo” y aprobar un parche que convenza a la Comisión Europea, sabiendo que en el futuro habrá que tomar nuevas medidas. Y casi seguro que antes de 2033.

La cuestión de fondo, que no se afronta ahora, es que las pensiones tienen un problema estructural, a medio y largo plazo: el gasto va a crecer exponencialmente y resultará difícil financiarlo, dado que tenemos un grave problema demográfico, de baja natalidad, que se suma a una menor creación de empleo, por la revolución tecnológica y digital. Basten dos datos: habrá que pagar  a 15,6 millones de pensionistas en 2050 (que vivirán además 4 años más de media, cobrando pensión 20,2 años) y tendremos que hacerlo con 1,65 activos por cada jubilado, cuando ahora hay 3 personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años. Es una “bomba de relojería” que hay que desmontar ya, sin retrasos ni parches.

Lo primero es convencer  a los españoles que las pensiones del futuro están aseguradas. Y lo están porque somos una economía desarrollada, que crea riqueza y se puede permitir destinar el 16 o el 20% de esa riqueza a pagar pensiones. Se puede y se debe. Pero con  previsión y control, para que las cuentas cuadren, que no se dispare el gasto o falten ingresos y haya que adoptar de repente recortes drásticos. Eso obliga a planificar una senda realista de gastos (asegurar unas pensiones “dignas” en el futuro) y estudiar con que ingresos reales se puede contar y buscar otros posibles. Con transparencia y sin politiqueo.

Lo primero y fundamental es planificar los futuros ingresos para financiar las pensiones, lo que debe llevar a subir las cotizaciones, especialmente las máximas (a partir de 4.070,10 euros no se cotiza), así como las bajas cotizaciones de los autónomos,  con el objetivo de que el peso de las cotizaciones sociales (sobre el PIB) se equipare a la zona euro (hay todavía un colchón para subirlas  36.000 millones). Y ver si una parte mayor de los impuestos de todos puede ir a pagar parte de las pensiones, recaudando más impuestos, dado que España recauda cada año 85.000 millones menos que la media europea, según Eurostat.

Y luego, habrá que actuar por el lado de los gastos, si hace falta, aunque no nos guste: no se trata de recortar las pensiones sino de “atemperar” su crecimiento futuro, utilizando varias vías de las que se habla en privado pero no en público: ampliar los años de cotización que se tienen en cuenta para calcular la pensión (de los 25 años que se tomarán en 2022 a 35 años o toda la vida laboral) o aumentar los años que se exigen para cobrar el 100% de la pensión (hoy 36 años y 37 en 2027). Y evaluar el reparto entre los años que se cobra.

Y por supuesto, hay que tomar otras medidas al margen de las pensiones: mejorar la competitividad de nuestras empresas y reconvertir el modelo económico para crear más empleo, que trabaje y cotice más gente (si tuviéramos la tasa de ocupación europea, en España trabajarían 1.828.000 adultos más, según Eurostat). Y eso pasa por facilitar la inmigración legal (más a cotizar), que nos va a hacer falta para cubrir el déficit de mano de obra derivado de la baja natalidad. Y por promover que las familias tengan más hijos, para que haya más españoles trabajando, cotizando y pagando impuestos.

Como se ve, el problema es complejo y exige actuar en múltiples frentes. No hay soluciones simples. Ni se arregla nada con parches a corto plazo. Cuanto antes planifiquemos la hoja de ruta de las pensiones hasta 2050, más tranquilos estaremos todos, sobre todo los jóvenes. Y si nosotros no ajustamos el sistema, Bruselas nos impondrá los recortes. Habría que hablar de todo esto, con realismo y transparencia, planteando a los españoles la realidad del debate y las opciones de futuro, sin pensar sólo en las próximas elecciones. Pero me temo que nadie está por la labor. Y por eso, mucha gente teme por sus pensiones.

Pensiones: la COVID 19 acelera la reforma

El coronavirus ha afectado también a las pensiones. Por un lado, muchos mayores han retrasado su jubilación, al cerrarse las oficinas de la Seguridad Social. Por otro, 24.000 mayores han muerto por la pandemia, dejando de cobrar su pensión. Resultado: ha caído el número de pensiones (-45.258 en marzo y abril) y el gasto en pensiones (-26,38 millones), algo nunca visto. Pero lo más preocupante es que, con la fuerte recesión provocada, se desploman los ingresos por cotizaciones y como el gasto seguirá  creciendo, el “agujero” de las pensiones, se va a triplicar o cuadruplicar este año, según la AIReF. Este creciente déficit, que ha necesitado un 2º crédito extraordinario (van 44.300 millones este año), exige acelerar la reforma de las pensiones y reducir su déficit. El ministro de SS propone quitarle gastos que debería pagar el Presupuesto y retrasar la edad real de jubilación, ahora en 64,5 años. O aceleramos la reforma de las pensiones o nos la impondrán desde Europa.  

enrique ortega

La pandemia ha afectado también a las cuentas de la Seguridad Social, reduciendo el número de pensiones y el gasto, algo inaudito en la historia reciente. Este balance es el resultado de dos fenómenos. Por un lado, el cierre de las oficinas de la Seguridad Social a partir del 14 de marzo (por el estado de alarma) ha provocado que muchos mayores retrasaran su jubilación antes que hacer los trámites por vía telemática. Eso se ha traducido en menos altas de nuevas pensiones en marzo y sobre todo en abril, concretamente -28.579 altas entre enero y abril (todavía no hay datos de mayo) sobre las del año pasado, según la Seguridad Social. Y como la pandemia se ha cebado sobre los mayores (el 86% de los muertos han sido mayores de 70 años, unos 24.000 en total), pues también han aumentado las bajas de pensiones, +20.000 entre enero y abril sobre las del año pasado. El resultado es que el número de pensiones ha bajado en  -45.258 entre marzo (-6.750) y abril (-38.508), algo que no había pasado nunca antes. Y si contamos que también cayeron en febrero (-5.753), nos encontramos con que el 1 de mayo había reconocidas 9.754.137 pensiones, -51.011 pensiones menos que el 1 de febrero.


La primera consecuencia de esta caída del número de pensiones (y de pensionistas: bajaron en -40.339 entre febrero y abril, a falta de los datos de mayo) es el menor gasto en pensiones, que fue de 9.852,78 millones en abril, -26,38 millones de ahorro sobre la factura de marzo. Algo que tampoco había pasado nunca y que se debe a la bajada temporal del número de pensiones y pensionistas, ya que la pensión media sigue subiendo (990,01 euros en abril), lo mismo que la media de jubilación (1.137 euros), por la revalorización aprobada para este año (+0,9%) y porque los nuevos pensionistas se jubilan con una pensión más alta (1.295,66 euros la pensión nueva de jubilación en abril), según los datos de la SS.


Pero lo preocupante no es que baje el número de pensionistas, algo coyuntural por el estado de alarma, sino que haya caído el empleo y por tanto los ingresos por cotizaciones sociales, que además se han perdonado o retrasado a muchas empresas y autónomos en ERTEs (3,4 millones)  o suspensión temporal de actividad (1,3 millones de autónomos). Entre el 12 de marzo y el 31 de abril se perdieron 950.000 afiliados a la Seguridad Social. Y aunque en mayo se han recuperado una parte (187.814), todavía hay 760.082 afiliados menos a la SS que antes de la pandemia. Muchos ingresos menos para pagar las pensiones. Y menos que habrá a partir de julio, cuando algunas empresas puedan despedir, y en los próximos meses, cuando se terminen los ERTEs y suspensiones temporales para autónomos. De hecho, la Comisión Europea estima que España perderá este año un -8,7% del empleo, lo que supondría perder 1.737.000 empleos, un 9% menos de cotizantes a la SS.


Esto sí agrava las cuentas de las pensiones, su agujero, un déficit que se arrastra año tras año desde 2010, tras once años antes de continuo superávit (ver gráfico déficit SS). En 2019, el déficit de las pensiones mejoró ligeramente, quedando en -16.052 millones de euros, por debajo del “agujero” de 2018 (-17.088 millones), 2017 (-16.720 millones) y 2016 (-17.720 millones), aunque mayor que en 2015 (-13.038 millones), 2014 (-10.763 millones), 2013 (-11.541 millones), 2012 (-10.171 millones), 2011 (-1.063 millones) y 2010 (-2.433 millones). Como se ve, son ya 10 años continuados de déficit en las pensiones, sumando un “agujero total” de -116.642 millones entre 2010 y 2019. Déficit  que se ha “tapado” con créditos del Presupuesto a la SS (55.021 millones prestados a finales de 2019) y tirando de “la hucha” de las pensiones (que tenía 66.815 millones en 2011 y donde sólo quedan 2.150 millones). 

Ahora, con menos cotizantes, el déficit volverá a crecer. Y para anticiparse, el Gobierno acaba de aprobar, el 28 de mayo, otro crédito del Presupuesto a la Seguridad Social, por 14.000 millones de euros, que se suma al ya aprobado en abril (13.800 millones para pagar las dos extras de pensiones de este año). O sea, 44.300 millones más de préstamo del Estado que se suman a los 55.021 millones de años anteriores. Casi 100.000 millones de deuda pública para financiar el agujero de las pensiones.


Un agujero, un déficit que se va a disparar este año, según el reciente informe de la Autoridad Fiscal independiente (AIReF), que estima un desfase entre ingresos y gastos de la SS en 2020 entre -56.413 millones de euros (5% del PIB) y -68.824 millones (6,1% del PIB, según sea de profunda la recesión. Eso supondría triplicar o cuadruplicar el ya abultado déficit de 2019 (-16.052 millones, el 1,29% del PIB). Y eso porque el gasto en pensiones va a seguir creciendo (la bajada de marzo y abril será un “lapsus”) pero se van a desplomar los ingresos, por tres causas: menos cotizantes, bajos salarios y bajas cotizaciones (se van a congelar o bajar los sueldos) y menos ingresos por las exenciones a empresas y autónomos. 


En consecuencia, si antes de la pandemia ya teníamos un problema con las pensiones, ese déficit estructural que arrastran desde 2010, ahora se va a agravar mucho más, suponiendo más de la mitad de todo el déficit público previsto para 2020 (-10,1% del PIB, según la última previsión de la Comisión Europea). Así que si España quiere reducir su déficit público, tiene que afrontar el déficit de las pensiones, más preocupante ahora. Y no sólo por los efectos de la pandemia, sino porque el agujero de las pensiones se iba a agravar en cualquier caso a partir de 2027, cuando se jubilen los españoles del “baby boom”, los nacidos entre 1960 y 1975. Eso supondrá que los 9,75 millones de pensiones actuales serán 15 millones en 2050. Y para poder pagarlas sin problemas necesitaríamos contar entonces con 30 millones de españoles trabajando, 10,5 millones más de empleos que hoy, algo imposible: la Comisión Europea estima que sólo habrá 20 millones de españoles trabajando para 2050, lo que daría 1,3 ocupados por cada pensión. Y así no salen las cuentas.


Por todo esto hacía falta una reforma de las pensiones, que aumentara los ingresos y “atemperar “ los gastos. Pero ahora, con la pandemia, esta reforma hay que hacerla antes, porque el déficit previsto este 2020 es muy preocupante. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, un gran experto en pensiones desde su anterior cargo de presidente de la AIReF, ha hecho dos propuestas a corto plazo para ajustar las cuentas de las pensiones: desviar una serie de gastos de la SS al Presupuesto y retrasar la edad real de jubilación para reducir los nuevos jubilados (que ya crecen menos).


La primera propuesta supone “descargar” a las pensiones de una serie de gastos que nada tienen que ver con las pensiones pero que se pagan con cargo a cotizaciones y al presupuesto de la Seguridad Social: el coste de mantener el propio Ministerio (unos 4.000 millones anuales), las medidas de fomento de empleo (3.358 millones anuales en bonificaciones a empresas para que creen empleo, además poco útiles según los expertos), el coste de los permisos de paternidad y maternidad (2.558 millones que se pagan también con las cotizaciones), las prestaciones familiares (1.585 millones) y el pago del desempleo no contributivo (otros 6.392 millones en 2019). En total, son 17.893 millones de gastos que no tienen que ver con las pensiones y que si se cargaran directamente al Presupuesto del Estado y no a las cotizaciones, la Seguridad Social no habría tenido déficit en 2019.


La otra vía de actuación, según el ministro Escrivá, es reducir el gasto en pensiones retrasando la edad real de jubilación e incentivando a que los mayores se jubilen más tarde. La edad de jubilación ya se retrasó con la reforma de las pensiones de 2011 (ZP) a los 67 años para 2027, en un proceso de aumento gradual que exige este año jubilarse con 65 años y 10 meses (para los que han cotizado menos de 37 años). Pero muchos no esperan a esta edad para jubilarse y lo hacen antes, con penalización (un recorte del -6 al -7,5% por año anticipado), aunque las jubilaciones anticipadas se han reducido: si en 2016, un 44,3% de los trabajadores se jubilaban con menos de 65 años, en 2018 eran el 42,99%, en 2019 bajaron al 39,55% y en 2020, hasta finales de abril se han jubilado anticipadamente el 39,66% de los jubilados, según la Seguridad Social. 

Con todo, la edad media de jubilación es ahora de 64,5 años y aunque ha subido (era de 64,1 años en 2016), queda lejos de los 65 años y 10 meses de exigencia legal. Para Escrivá y los expertos, subir esta edad real de jubilación a 65 años y más supondría un enorme ahorro en el gasto en pensiones, lo consideran una de las medidas más efectivas. Eso implica incentivar que los trabajadores retrasen su jubilación, con la ayuda de las empresas, lo que tiene un impacto muy negativo: frena la incorporación de jóvenes al trabajo.


Aunque se avance por estas dos vías (menos costes y menos jubilados), urgen otras vías de reforma de las pensiones, porque el desplome de las cotizaciones va a forzar medidas más drásticas. De entrada, está en peligro la revalorización de las pensiones de 2021. La revalorización de 2020 (+0,9%) ya tiene un coste de 1.406 millones de euros, más el coste que supone para los próximos años (porque la subida se consolida en la pensión). Y se da el caso de que, por la recesión derivada de la pandemia, la inflación este año no será del 0,9% previsto inicialmente sino que no subirán nada los precios (inflación 0), según la previsión de la Comisión Europea. O sea, que los pensionistas ganarán poder adquisitivo este año. Y por ello, desde Bruselas pueden presionarnos para que, con el déficit disparado, no se suban las pensiones en 2021, salvo las mínimas. Es otro tema clave que debería acometer esa Comisión parlamentaria para la reconstrucción (por ahora tan inútil).


Con o sin revalorización, el Presupuesto para los próximos años deberá afrontar el coste de las pensiones (la principal partida, unos 145.000 millones anuales) y buscar reformas que aumenten los ingresos públicos (máxime si hay gastos que ahora pagan las pensiones y que podrían  pasar al Presupuesto) y “atemperen” el gasto en pensiones, para que esta partida permita frenar a medio plazo el déficit público, como exige Bruselas. Por todo ello, habrá que buscar nuevas fuentes de ingresos públicos, para el Presupuesto y para las pensiones (tasa digital, impuestos a las multinacionales que no pagan, impuestos ecológicos, tasa sobre operaciones financieras, impuesto sobre el patrimonio, subida del IRPF a los que más ganan, subida sucesiones a grandes empresas…) y, sobre todo, intentar que el gasto en pensiones crezca menos, "atemperando" las nuevas pensiones a un mayor número de años de vida. Acordar  que las nuevas pensiones sean menos altas para asegurar las pensiones para las generaciones futuras y el sistema no quiebre por el camino.


Esto no es “políticamente correcto”, pero las cuentas de las pensiones no son de chicle y no podemos cargar el problema a nuestros hijos y nietos. Hay que reformar el sistema, buscar los máximos ingresos posibles y en base a eso repartir el gasto, atemperando su crecimiento al crecimiento del empleo y la economía. Esta reforma ya era urgente antes y más ahora, con la pandemia, que va a triplicar o cuadruplicar el déficit de las pensiones. O hacemos nosotros esta reforma, de forma pactada y justa, o nos la harán desde fuera, desde Bruselas, con presiones para reducir el déficit vía pensiones. Y se agarrarán al dato (cierto) de que las pensiones en España son más altas que en la mayoría de Europa: suponen el 84,3% del último salario cobrado, frente al 63,5% de media en Europa, el 58,6% de media en los 36 paises OCDE, el 80,2% en Holanda, el 73,6% en Francia o el 51,9% del último salario en Alemania (eso sí, salarios mucho más altos), según este informe de la OCDE.


En definitiva, el coronavirus nos ha hecho más pobres y afectará también a nuestras pensiones (que podrían congelarse en 2021) y a las pensiones futuras, porque la caída de empleo agrava el déficit de la SS y exigirá reformas, como frenar la revalorización y atemperar las pensiones futuras a la reconstrucción de la economía y el empleo. Si los “paganos” de la crisis de 2008 fueron los jóvenes y las mujeres (según el Banco de España), mientras ganaron los pensionistas, ahora podría no ser así. Quizás nos toque sacrificarnos, salvo los que tienen pensiones mínimas. Es hora de lanzar este debate.

Pensiones: las cuentas empeoran

El pago de pensiones ha costado en febrero más de 9.500 millones, con el mayor aumento de esta factura desde 2008. Y no sólo porque haya más pensionistas y cobren pensiones más altas, sino por la subida del 1,6% en 2018 y 2019, el 3% de las mínimas y la “paguilla” de febrero. Con ello, el déficit de la Seguridad Social superará este año los  -18.500 millones de los últimos tres años. Mientras, la Comisión del Pacto de Toledo se cerró sin aprobar ninguna reforma, tras más de 2 años de debate. Y la SS necesitará un nuevo préstamo y “tirar” de la hucha (dejándola en 1.350 millones) para pagar las pensiones este año. El “agujero” empeora y nadie toma medidas ni dice cómo van a pagar las próximas subidas y cómo asegurarán el futuro de las pensiones. Habrá que recaudar más por cotizaciones, trasvasar impuestos y hacer ajustes, aunque no nos guste. Si no, mejorarán las pensiones actuales pero tendrán un problema grave nuestros hijos y nietos. SOS pensiones.

enrique ortega

El “agujero” de la Seguridad Social, el déficit entre ingresos y gastos, empeora. Hasta 2010, la SS tuvo superávit, porque se creaba empleo, se ingresaban más cotizaciones y había menos pensionistas. De hecho, en 2008, la Seguridad Social tuvo un superávit de +16.743 millones (1,5% del PIB). Pero llegó la crisis, se desplomó el empleo y las cotizaciones y en 2011 empezó el primer déficit, pequeño (-487 millones), que se multiplicó por 12 al año siguiente (-5.812 millones en 2012), se duplicó con creces en 2014 (-13.762) y siguió creciendo con la recuperación, hasta alcanzar un déficit de -18.537 millones en 2016, que incluso ha subido en 2017 (-18.756 millones) y 2018 (- 18.937 millones, el 1,6% del PIB).

En total, un déficit acumulado en la Seguridad Social de - 101.723 millones de euros entre 2011 y 2018, un “agujero” que se ha tapado emitiendo deuda pública (supera ya el billón de euros) y tirando de la “hucha de las pensiones”: en 2011 tenía 66.815 millones ahorrados de los años buenos y Rajoy la dejó con 8.000 millones, de los que Sánchez sacó 3.000 en 2018 y su sucesor tendrá que sacar otros 3.696 millones este año, para dejarla en 1.350 millones a finales de 2019. Además de la hucha, este año se ha aprobado otro crédito de 15.164 millones y una transferencia de 850 millones, para pagar la pensión extra de verano y Navidad.

Como se ve, el agujero de las pensiones en un tema serio y todo apunta a que este año 2019 va a empeorar, con la revalorización de las pensiones, y podría alcanzar los -22.000 millones de euros. De entrada, en febrero de 2019, la factura de las pensiones ha tenido un coste histórico: 9.563,1 millones (9.535 millones en enero), con un aumento del 7,16% sobre febrero de 2018, la mayor subida mensual en 10 años, desde diciembre de 2008 (entonces pagar las pensiones costaba un tercio menos: 6.332 millones).

La factura de las pensiones sube ahora más, desde el verano de 2018, no sólo porque aumentan los pensionistas (ya son 8.818.371) y las pensiones (hay 9.707.140), por el envejecimiento de la población, sino porque los nuevos pensionistas cobran pensiones más altas que los antiguos: la pensión nueva de jubilación era en enero de 1.446 euros, 448 euros más alta de las que cobraban los que han muerto y son bajas del sistema. Las subidas de los sueldos en los últimos años (aunque bajas) y la fuerte subida del salario mínimo (+34% entre 2017 y 2019) han hecho que los nuevos pensionistas tengan ahora derecho a pensiones más altas: la pensión media de todo el sistema es de 985,16 euros (+5,6% que hace un año) y ya supera los 1.000 euros en 12 provincias (aunque no llega a 800 euros en Orense, Lugo y Almería). La pensión media de jubilación es de 1.131 euros, un 5,04% más que hace un año. Y la pensión media de viudedad es de 708,26 euros (+8,6%).

Pero hay otra razón básica de que la factura de las pensiones haya subido un 7,16% en febrero: la revalorización de las pensiones. Después de muchos años subiendo sólo un 0,25%, en 2018 y en 2019, las pensiones han subido un 1,6%. Y las mínimas un 3%, mientras se subía del 56 al 60% la base reguladora de las pensiones de viudedad. Y en febrero, además, se ha cobrado una “paguilla” para compensar la mayor subida del IPC en 2018. Todo esto está muy bien, pero hay que pagarlo. Y se estima que esta revalorización habrá costado 3.000 millones extras en 2018 y costarán otros 4.000 millones en 2019, con una factura que crece año tras año y supondrá un coste extra de 37.550 millones hasta 2022, según estimó la Seguridad Social. Y hasta 85.000 millones extras si se mantiene la revalorización hasta 2050.

El problema es que todos los partidos acordaron que las pensiones suban con el IPC, pero nadie se preocupó de buscar dinero para pagarlo, más allá de recurrir a la deuda y a la “hucha” de las pensiones (que se ha agotado). Y también pactaron que no entrara en vigor en enero de 2019 otra medida de ajuste, el “factor de sostenibilidad” (pagar las nuevas pensiones en función de la esperanza de vida), retrasando su aplicación hasta 2023, de momento. Con ello, las nuevas pensiones de este año y los tres siguientes no se verán recortadas (como preveía la reforma de 2013 de Rajoy), pero la decisión va a suponer otro aumento extra de la factura de las pensiones, entre 3.000 y 5.000 millones más al año.

Así que tenemos un agujero de las pensiones (-18.937 millones en 2018) y las medidas aprobadas por todos los partidos en 2018 (revalorización con el IPC y retraso de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad) van a aumentar este déficit, como ha advertido recientemente la Comisión Europea, preocupada porque las pensiones impidan reducir la deuda y el déficit público en España. Y en contrapartida, los partidos, presentes en la Comisión del Pacto de Toledo, han sido incapaces de aprobar reformas para tapar este agujero creciente y asegurar la financiación de las pensiones a medio plazo. Y cuando quieran pactar algo, se habrá perdido otro año.

El problema ya no es que tengamos un agujero en las pensiones, lo más preocupante es que se va a multiplicar en los próximos años, por culpa del envejecimiento de la población, que va a disparar las pensiones, de las 9,7 millones actuales a 15 millones de pensiones en 2050. Y para poder pagarlas, habría que contar entonces con 30 millones de españoles trabajando, 10,5 millones más que hoy, algo casi imposible: la Comisión Europea estima que no habrá más de 20 millones de españoles trabajando para 2050, lo que daría 1,3 ocupados por cada pensión. Y así no salen las cuentas.

Así que sólo hay dos soluciones: o modernizamos la economía para poder emplear a 10,5 millones de personas más (sobre todo inmigrantes, porque la población española cae y habrá menos jóvenes) o atemperamos la factura de las pensiones, para poder pagar estos 15 millones de pensiones aunque sea menos a cada una. Lo lógico sería actuar en los dos frentes. El problema se agrava y se hará más acuciante a partir de 2027, cuando se jubilarán los españoles del “baby boom”, los nacidos entre 1960 y 1975.

Así que tenemos dos problemas con las pensiones. Por un lado, afrontar el agujero actual, que lleva ya cuatro años en -18.500 millones y creciendo. Y a medio plazo, el agujero futuro, tomar medidas para que las pensiones no se coman la mitad del gasto público en 2050 (hoy se llevan la cuarta parte). Los partidos, en la Comisión del Pacto de Toledo, han sido incapaces de dar soluciones, pero hay expertos que proponen medidas. Y entre ellos, la propuesta más razonable a corto plazo es la de la AIReF (la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal), que propone suprimir el déficit actual de la SS por dos caminos: uno, trasvasando 10.400 millones de cuotas del desempleo a la Seguridad Social (dejaría de pagar el desempleo no contributivo y bonificaciones de cotizaciones, que cargarían sobre el Presupuesto del Estado) y el otro, quitando a la SS 7.000 millones de gastos que pagarían los Presupuestos (el  coste de funcionamiento de la SS, gastos de fomento del empleo y bonificación de cotizaciones, subvenciones a regímenes especiales y el pago de las prestaciones por paternidad y maternidad). Básicamente, se trata de descargar a la Seguridad Social de 17.400 millones de gastos que se financiarían con impuestos vía Presupuestos.

Es un “parche”, cambiar el "agujero" de sitio (y quien paga: en vez de las cotizaciones, que no llegan, los impuestos), pero serviría para quitar a la Seguridad Social la losa del “déficit coyuntural” actual. Pero eso no nos resuelve el problema de fondo: que las pensiones y su coste crecen más que los ingresos por cotizaciones (sobre todo con empleos precarios y mal pagados). Por eso, hay que pensar en medidas a medio plazo, para evitar el anunciado “gran agujero” a partir de 2027, el déficit “estructural”. Y aquí, la AIReF plantea algo muy sensato: defender que no se revaloricen las pensiones “no es políticamente viable”, nadie lo va a defender con la presión de 9 millones de pensionistas (votantes) detrás. Pero sí hay que defender “atemperar” el ritmo de crecimiento de las pensiones, porque si seguimos la inercia actual, no serán viables para 2050. Y eso hay que decirlo.

Para “atemperar” el gasto en pensiones, la AIReF propone buscar otras vías de revalorización que no sean el IPC, muy volátil y costoso. Una alternativa sería revisarlas lo que crezca la economía (aumento del PIB) o los salarios (que se traduce en la subida de cotizaciones). Además, proponen 2 medidas que serían muy efectivas para atemperar el ritmo de gasto en pensiones. La primera y que tiene más efecto de ahorro, retrasar la edad efectiva de jubilación en 1 año, no sólo la legal (que estará en 67 años para 2027), para que la edad efectiva de jubilación sea de 65,5 años en 2048 frente a los 62,7 años actuales (aunque legalmente sea de 65 años y 8 meses). Y la otra, aumentar el periodo de cálculo de la pensión, de los 25 años previstos para 2027 a 35 años, con la idea de contemplar después el cómputo de toda la vida laboral.

Son dos medidas que recortarían el gasto en pensiones del 18% del PIB en 2050 (si no se hace nada, un gasto insostenible) a un 13,4% del PIB, que sí se podría pagar. Y claro, en paralelo habría que tomar otras medidas como subir en lo posible las cotizaciones sociales (son algo más bajas en España, según Eurostat: un 12,2% del PIB frente al 13,3% en la UE-28, sobre todo las cotizaciones de los trabajadores) y conseguir más ingresos fiscales (se puede: España recauda cada año 81.000 millones menos que la media europea) para financiar con impuestos las pensiones no contributivas, las de viudedad y orfandad y los complementos de mínimos a las más bajas (hoy, la cuarta parte de las pensiones).

Las soluciones no son sencillas pero hay que empezar a tomar medidas con una idea clara: hay que mejorar en lo posible las pensiones actuales pero sin poner en peligro las pensiones futuras, con un equilibrio generacional en los sacrificios. Y eso pasa por saber algunos datos y asumirlos. Como que los pensionistas actuales tienen una esperanza de vida de 21,1 años (a partir de los 65 años), 6,1 años más que en 1975. Y todavía aumentará hasta 22 o 23 años, lo que dispara el gasto en pensiones y obliga a pagar algo menos durante más años para que no estalle el sistema. Y además, hay que saber que las pensiones en España son de las más generosas de Europa y que no hemos cotizado suficiente por ellas.

Los datos son explícitos. En España, la pensión media supone el 78,7% del último salario, frente al 49,9% del último salario que supone la pensión media en la zona euro, el 45,4% en Francia o el 37,8% del último salario en Alemania. O sea que aunque se hable de “pensiones de miseria” (la cuarta parte, 2,4 millones sí son mínimas), las pensiones en España son más altas sobre el último salario que en casi toda Europa (eso sí, los salarios son más bajos y por eso la pensión es baja, pero ese es otro tema). Y la otra cuestión: con lo que cotizamos (si se ha cotizado 37 años), se pagan 13,2 años de pensión media, con lo que no se pagan todos los que se cobran de media (21,1 años): hay 8 años que se cobra pensión sin haber cotizado por ellos (y con una tasa de reposición del 78,7%, faltarían 5,1 años de cotizar, según este detallado estudio de Fedea que conviene conocer.

En definitiva, que las pensiones “no son de chicle” y se puede pagar lo que se puede pagar, lo que dan de sí las cotizaciones e impuestos. Y no queda más remedio (aunque no nos guste) que frenar el gasto, retrasando la edad de jubilación, aumentando los años de cómputo y compaginando lo que se cobra con lo que se vive, porque si no, no salen las cuentas y el problema lo tendrán los que se jubilen en 2050: nuestros hijos y nietos. Por eso, hay que hacer muy bien las cuentas, difundirlas sin demagogia y proponer  a los españoles medidas justas y equilibradas, que repartan el pastel disponible  entre los pensionistas actuales y los futuros. Una reforma pactada por la mayoría y que no se cambie por circunstancias políticas o electorales. No podemos seguir otro año más, como los dos anteriores, sin tomar medidas, sin frenar el déficit, sin asegurar el futuro de las pensiones. Cuanto más se tarde en atajar los problemas, más duras serán las soluciones. SOS pensiones.

Déficit pensiones: ¿por qué mienten tanto?

Hoy, en el Telediario de las 3 (masoquista que es uno…) han dado una información con la comparecencia de la ministra de Empleo en el Congreso, anunciando a bombo y platillo que “en 2017 se revirtió por primera vez la tendencia de deterioro de las pensiones”… Me ha sorprendido, porque se esperaba un déficit similar al de 2017.El caso es que luego he buscado el dato y me he quedado impresionado: el déficit de la Seguridad Social en 2017 alcanzó (cifra oficial) un récord histórico de 18.800 millones de euros, 263 millones más que los 18.537 millones de déficit de 2016… ¿Cómo puede decir la ministra que se revierte la tendencia? Porque utiliza el porcentaje del déficit sobre el PIB y como la economía ha crecido en 2017 (un 3,1%), ese déficit MAYOR supone un porcentaje menor: si en 2016 el agujero era del 1,67% del PIB, en 2017 ha sido el 1,61% del PIB… Y porque los ingresos crecieron un 5,3%, más que los gastos (+3%). Como para “echar las campanas al vuelo”. Así que ya saben, el agujero de la Seguridad Social ha subido 263 millones en 2017 y se ha multiplicado por 36 desde que llegó Rajoy (era de  -487 millones en 2011), pero tranquilos: “estamos revertiendo la tendencia”. ¿Por qué manipulan y mienten tanto?

                                       Fátima Báñez en el Congreso