8-M: las mujeres siguen discriminadas

Este sábado se celebra el 8-M, el Día de la Mujer, cuya discriminación olvidamos el resto del año. Este aniversario celebramos que hay más mujeres que nunca (25 millones) y que trabajan más de 10 millones. Pero sigue habiendo más mujeres inactivas, menos trabajando, con peores contratos, empleos y sueldos (la brecha salarial con los hombres se mantiene en -19,6%), más paradas y cobrando menos desempleo, con pensiones más bajas y más mujeres dependientes sin ayudas… Demasiadas discriminaciones que apenas mejoran. Y que tienen tres orígenes: los cuidados (las mujeres tienen que cuidar a hijos y padres), el desigual acceso al trabajo y a los mejores empleos y las interrupciones en la carrera laboral que recortan sus pensiones. Y sobre todo, porque los hombres “ayudamos” en casa pero no “compartimos tareas” para que puedan trabajar más y mejor. Es hora de mejorar la atención a la Dependencia, aumentar guarderías y mejorar la contratación y los convenios para las mujeres. Acabar con la discriminación de media España.

                            Enrique Ortega

Curiosamente, el número de mujeres ha aumentado en España este siglo mucho más que los hombres. Así, el 1 de enero de 2025 se superaron los 25 millones de mujeres censadas (25.009.634), casi 1 millón más que hombres (24.068.350 habitantes), según el INE. Es la mayor distancia entre mujeres y hombres en este siglo (+817.504 en el año 2.000 y +485.970 en 2008). Y de los 8,6 millones de habitantes más que hay en España (49,07 millones frente a 40,47 millones en el 2000), las mujeres han aumentado en +4.365.791 personas este siglo, más que los hombres (+4.242.011). Ha crecido el número de mujeres nacidas en España (+1,84 millones desde 2002), pero sobre todo han crecido las mujeres inmigrantes (+2,2 millones), que ya eran 3.390.951 en enero de 2025. Así que viven en nuestro país más mujeres que nunca (25 millones) y el 13,5% son mujeres nacidas fuera de España (en 2002, las extranjeras eran sólo el 5,5% de las mujeres).

Más mujeres que hombres y también más mujeres en edad de trabajar (más de 16 años): 21.487.600 mujeres frente a 20.322.500 hombres. Pero a partir de ahí, empiezan las discriminaciones a la mujer. La primera, que hay más mujeres inactivas, que ni trabajan ni buscan trabajo, que “tiran la toalla” aunque están en edad laboral, básicamente porque se dedican a “las tareas de casa”, a cuidar a los hijos (y maridos) o a padres y adolescentes dependientes (el 75% de los “cuidadores” son mujeres). A finales de 2024, había 9.973.700 mujeres inactivas frente a 7.383.000 hombres. A lo claro: hay 1.900.000  mujeres que han "renunciado" de entrada a trabajar.

A causa de esta 1ª discriminación, la tasa de actividad de las mujeres (trabajan o buscan trabajo entre 16 y 64 años) es del 71,38%, frente al 77,91% en los hombres. Una tasa mucho menor a la de las mujeres europeas: allí son “activas” el 70,2% de las mujeres de 20 a 64 años, frente al 65,7% en España, el 77,2%% en Alemania, el 71,7% en Francia y el 56,5% en Italia (otro país con pocas mujeres “activas”), según Eurostat. Desde la pandemia y tras la crisis de la energía y la alta inflación, hay en España más mujeres “activas” (+669.800 que en 2019), pero todavía sigue habiendo menos mujeres “activas” que hombres (11,4 millones frente a 12,77), aunque sean más población.

La 2ª gran discriminación es que hay menos mujeres con empleo. No sólo hay menos mujeres “activas” que lo buscan, sino que las mujeres tardan más en encontrar trabajo y lo encuentran peor que los hombres, a pesar de que están más formadas, según las estadísticas educativas. Así, a finales de 2024 había 10.151.200 mujeres ocupadas, frente a 11.706.600 hombres ocupados, según la EPA. Son más mujeres que nunca trabajando en España (había 5,8 millones de mujeres trabajando en el año 2000, frente a 9,9 millones de hombres), pero sigue habiendo más hombres con trabajo (+1,55 millones), aunque hay más mujeres. Y otra vez, la tasa de empleo femenino en España (70,5% de las que tienen entre 20 y 64 años) es inferior a la de las mujeres europeas (75,3% trabajan).

Además, las mujeres han conseguido llevarse más nuevos empleos que los hombres tras la pandemia: trabajan ahora 992.900 mujeres más que en 2019, frente a 898.000 hombres más. Eso sí, la mayor parte de estos empleos “ganados” por las mujeres han sido para las mayores de 50 años (+642.200 empleos), ya que las de menos edad apenas han ganado empleo (+64.000 para las mujeres entre 16 y 40 años) y lo han perdido las mujeres de 40 a 50 años (-7.200 empleos). Así que las que consiguieron trabajo son mujeres mayores, que dejaron de trabajar en su momento y han vuelto, sobre todo en los servicios (empleo doméstico y cuidados, hostelería, comercio y trabajos eventuales, muchas inmigrantes).

Con todo, las mujeres copan menos del 50% de los empleos en 73 de los 100 sectores económicos. Y aquí tropezamos con la 3ª gran discriminación laboral de las mujeres: trabajan en sectores más precarios y peor pagados, con contratos de menos calidad, peores puestos y categorías. Empezando por el tipo de contrato, las mujeres copan los contratos a tiempo parcial: de 3.059.000 asalariados a tiempo parcial (menos jornada o menos días), 2.252.600 son mujeres (el 73,6%), según la última EPA. Y si trabajan menos horas o días que los hombres no es porque quieran: la mayoría de las mujeres dicen que es porque no encuentran otro trabajo a tiempo completo. Y 357.000 mujeres trabajan a tiempo parcial para cuidar a un familiar (11 veces más que los hombres: sólo 33.000 lo hacen).

Las mujeres tienen también más contratos “temporales” que los hombres: de los 2.876.700 asalariados con contrato temporal (diciembre 2024), 1.609.800 son mujeres (el 17,90% de las que trabajan, frente al 13,20% de los hombres).

Además, el 44% de las mujeres trabaja en 7 sectores económicos que son los que tienen los sueldos más bajos. Y de las 10 actividades con nóminas más bajas, en 7 hay más mujeres que hombres trabajando: servicio doméstico, hostelería, sanidad, cuidados, actividades auxiliares, actividades artísticas y recreativas y comercio, según este estudio de CCOO. Pero también, hay muchas más mujeres trabajando en las categorías laborales más bajas y en empleos menos cualificados, ocupando menos puestos directivos, donde se frena la promoción a mujeres: sólo el 34,5% ocupan puestos de gerentes y directivos.

Esta mayor precariedad en los empleos de las mujeres conduce a la 4ª gran discriminación laboral: tienen peores sueldos que los hombres. El sueldo medio bruto de los hombres es de 29.615 euros frente a 24.758 euros las mujeres, según la EPA (Decil de Salarios 2023). Eso supone una “brecha salarial” para las mujeres del -19,6% (lo que tendría que subir su sueldo para igualarse a los hombres). Una brecha que se ha estancado: era del -19% en 2022, aunque mejora respecto a 2019 (-22,6%), 2014 (-31,4%) y 2008 (-30%), según CCOO. Y una brecha salarial que es menor en España que en el resto de Europa, según Eurostat: era del -8,7% en 2022 (diferencia por sexo en el salario hora), frente al -17,7% en Alemania, -13,9% en Francia y -4,3% de diferencia salarial en Italia.

Esta “brecha salarial” del -19,6% en España, según el INE, es mayor en 6 sectores de actividad, algunos con mucho peso del empleo femenino: actividades administrativas (-36% de diferencia salarial las mujeres), actividades profesionales, científicas y técnicas (-35%), sanidad y servicios sociales (-31%), comercio (-31%), inmobiliarias (30%) y finanzas (-28%). Los estudios revelan que la principal causa de esta “brecha salarial” entre mujeres y hombres es el alto porcentaje de empleo femenino a tiempo parcial, que explica el 64% de la brecha, según CCOO. Y otro factor clave son los “complementos salariales”, la parte que se cobra junto al sueldo base: las mujeres apenas cobran “pluses” por nocturnidad, penosidad, esfuerzo físico o disponibilidad horaria, que pesan mucho en las nóminas de los hombres. Además, las mujeres cobran también menos por “antigüedad”, porque muchas han interrumpido sus carreras laborales para cuidar hijos y padres.

Y pasamos a otra discriminación de las mujeres, la 5ª: hay más mujeres en paro que hombres. A finales de 2024 había en España 2.595.500 parados EPA , de los que 1.362.600 eran mujeres paradas y 1.232.900 hombres desempleados. La tasa de paro femenina es más alta (11,83%) que la masculina (9,53%) y también mucho más alta que la tasa de paro de las mujeres europeas (6,2%). Eso sí, tras la pandemia, el paro femenino se ha reducido algo más (-296.200 desde 2019) que el masculino (-273.200), aunque esta bajada se ha dado sobre todo entre mujeres de 25 a 54 años, mientras subió el paro femenino entre las más jóvenes (+11.000) y entre las mujeres mayores de 55 años (+13.400 paradas que en 2019), porque intentan ahora recolocarse y ayudar económicamente en casa.

No sólo es que haya más mujeres paradas que hombres, es que además cobran menos desempleo, la 6ª discriminación, porque han cotizado menos años y por sueldos más bajos. Así, aunque hay más mujeres paradas que hombres, en noviembre de 2024 (último dato de Trabajo) había 451.041 paradas cobrando una prestación contributiva y 430.615 parados hombres. Y estas paradas cobraban una media de desempleo de 941 euros al mes, frente a los 1.076,4 euros que cobraban los parados hombres. Una “brecha” en el desempleo del -14,20%, que es mucho mayor en las paradas de más edad (-18,47% de brecha en las paradas de 50 a 54 años, -23,18% las desempleadas de 55 a 59 años y -24,11% de brecha en el desempleo para las paradas de 60 y más años). Sólo cobran el mismo subsidio (463,21 euros mensuales) que los hombres el millón largo de mujeres (1.006.862 paradas) que cobran el subsidio asistencial (frente a 795.591 hombres).

Y tras una vida con menos actividad, menos y peores empleos, las mujeres se jubilan con peores pensiones, la 7ª discriminación. Por un lado, la pensión media de los hombres es de 1.564,53 euros, frente a 1.071,76 euros las mujeres, según los datos de la Seguridad Social al 1 de enero de 2025. Una “brecha” de pensiones del -45,97%. Y si miramos la diferencia de pensiones de jubilación (las cobran 3,84 millones de hombres y 2,71 millones de mujeres), la brecha es similar, del -43,95%: 1.714,47 euros de jubilación media para los hombres, frente a 1.190,95 euros la jubilación de las mujeres. Sólo cobran más pensión las viudas (por sus maridos) que los viudos: 960 euros (2,14 millones de mujeres viudas) frente a 639,90 los hombres (sólo las cobran 209.625 viudos).

Queda otra discriminación más, la 8ª: la desigualdad en la Dependencia, debido a que las mujeres viven más años que los hombres (86,20 años de media frente a 80,74) y por tanto tienen más riesgo de necesitar ayuda y ser dependientes al final de su vida. De hecho, casi 2 de cada 3 dependientes con más de 80 años son mujeres (el 61,06% en 2024). Y por eso sufren más que los hombres el problema de los retrasos en las ayudas (142.446 dependientes a finales de 2024) y en el reconocimiento de la dependencia (otros 127.879 están pendientes de valoración), según el balance de los Directores de Servicios Sociales. Y estos retrasos provocan que 94 dependientes mueran cada día sin recibir la ayuda solicitada o a la que tienen derecho, 57 de ellas mujeres dependientes.

Por si fueran pocas estas discriminaciones, las mujeres sufren otra discriminación más, la 9ª de la lista, la que sufren en su propia casa, porque cargan con la mayor parte de las tareas del hogar y de los cuidados de niños y padres, complicando más su vida laboral. De hecho, el 45,86% de las mujeres cargan con la mayor parte de las tareas del hogar, algo que sólo hacen el 14,92% de los hombres. Y otro 34,96% de mujeres realizan una parte importante de las tareas, aunque compartida. Esto significa que el 80,82% de las mujeres cargan con las tareas del hogar, frente al 48,61% de los hombres. Y un 51,37% de los hombres (unos 12 millones) confiesan que “hacen poco o nada”, según la última Encuesta del INE (2021). Además, el 40,2% de las mujeres se ocupan “mayoritariamente” de los niños, frente al 4,8% de los hombres. Y un 48,3% de cuidar a los mayores (frente al 20,5% los hombres).

En resumen, que trabajan más mujeres que nunca, pero siguen con la discriminación de trabajar menos, con empleos más precarios y peor pagados, con más paro y peor desempleo y pensiones, con más años de vida y un mayor riesgo de ser dependientes. Y con poca ayuda en casa de los hombres, que “ayudan” pero no comparten tareas y cuidados.

Cara al futuro, hay tres medidas claves para reducir las discriminaciones de las mujeres. Una, mejorar la atención a la Dependencia, para que los ancianos y jóvenes dependientes tengan más ayudas públicas (a domicilio y en centros de día y residencias) y no supongan “una carga” para las mujeres, a costa de su vida laboral. La segunda, una mayor atención a la infancia, desde el aumento de guarderías públicas asequibles a las ayudas por hijo, fomentando la conciliación entre la vida laboral y familiar, con más tareas compartidas por los hombres. Y la tercera, un Pacto social entre patronal y sindicatos, para reducir las desigualdades en las empresas y los convenios, desde el acceso al primer empleo a la igualdad en la contratación y en la promoción, buscando reducir la brecha salarial con mayores subidas de los sueldos más bajos (que suelen ser los de las mujeres).

Al final, cada año pasa lo mismo con el 8-M: se habla mucho de la discriminación de la mujer, se hacen manifestaciones de protesta, pero se avanza poco para conseguir una igualdad que, a este paso, tardará décadas en conseguirse. Avanzar en la igualdad de la mujer requiere pactar medidas concretas, en el Parlamento, en los convenios y en las familias, al margen de posiciones políticas y enfrentamientos de género. Estamos ante uno de los grandes retos de este siglo, como la crisis climática, la digitalización o la tecnología: lograr que alguien no sea discriminado por nacer mujer. Conseguir la igualdad para media España. Ganaríamos todos.

Curso escolar 2018-19: cambios retardados

Esta semana, casi 8,2 millones de niños y jóvenes empiezan un nuevo curso escolar, con pocas novedades. Tendrán 21.700 profesores más, aunque un 30% serán interinos, el doble que en 2011. Y no se han superado los recortes: hay menos gasto en educación que en 2009, con grandes diferencias entre autonomías. Y siguen faltando plazas en guarderías públicas, lo que dificulta que las mujeres trabajen. Lo nuevo será que el Gobierno Sánchez aprobará este viernes14 de septiembre un proyecto de Ley educativa que derogue los recortes ligados a la LOMCE (aprobada en solitario por el PP en 2013), como los alumnos por clase, el horario docentes o la religión. Pero los cambios de esta nueva Ley educativa (la 8ª de la democracia), no entrarán en vigor hasta el próximo curso 2019-2020. Y eso si se aprueba, porque si no consigue mayoría o convocan elecciones, no habrá cambios educativos hasta 2020. Un drama para un país líder en abandono escolar, baja formación de adultos y desempleo. Urge un pacto educativo, sin perder dos años más.

enrique ortega

Otro curso más, aumentarán poco los alumnos de enseñanzas no universitarias, unos 20.000 más, hasta rondar los 8.178.000 niños y jóvenes en colegios e institutos este curso 2018-2019, unos 723.000 más que hace 10 años. Volverán a bajar los niños en educación infantil  (unos 1.768.000), sobre todo por la caída de la natalidad en 2009, que afecta a los niños de 3 a 6 años. Se mantendrá la cifra de los que estudian en primaria, los más numerosos (2.945.000), aumentarán sobre todo los alumnos de la ESO (1.945.000) y seguirán bajando los alumnos de Bachillerato (675.000), que, otro año más, serán superados por los alumnos que estudian Formación Profesional (FP), unos 845.000 alumnos.

Dos de cada tres alumnos no universitarios estudiarán este curso en colegios e institutos públicos (el 67,26% de los centros educativos), aunque año tras año sigue ganando peso la enseñanza concertada y la privada (sobre todo en enseñanza infantil y en la ESO), especialmente en algunas comunidades: País Vasco (el 49,2% de los centros de enseñanza son concertados o privados), Madrid (45,9%), Navarra (35,6%), Cataluña (34,7%) y Baleares (33,1%), mientras hay autonomías con bajo peso de la enseñanza privada o concertada, como Canarias (24,4%), Andalucía (26,2%), Galicia (27,7%), Asturias(28,5%) y Cantabria (29,3%), según los datos 2017-18 del Ministerio de Educación. En los últimos años, la enseñanza pública ha perdido 10.000 alumnos y la concertada/privada han ganado unos 50.000, según un informe de CCOO, gracias a las ayudas y subvenciones de algunas autonomías.

La mayor novedad de este curso 2018-19 es que los alumnos van a encontrar 21.700 nuevos profesores, que aprobaron oposiciones en junio y julio, aunque casi 2.000 quedaron fuera, un 8,94% de los presentados, mientras en algunas autonomías el porcentaje de no admitidos fue tremendo: 29,6% en Ceuta, 26,8% en Euskadi, 24,7% en Melilla o 20,4% en Madrid (449 de 2.200 plazas). Con estos nuevos docentes, habrá en España unos 720.000 profesores en colegios e institutos, de ellos 535.000 en centros públicos, unos 40.000 más que en 2009. Pero este dato es engañoso, porque las plantillas de profesores han crecido estos años con contratados (de 77.718 en 2011 a 150.210 en 2017), mientras se recortaban drásticamente los profesores con plaza fija: de 425.668 a 365.683, casi 60.000 menos. En definitiva, que los chavales tienen más profesores pero un 29,12% son interinos, según el último informe de CCOO. Y un 40% dan clase media jornada, mientras 32.000 son despedidos cada mes de junio para contratarles en septiembre. Mucha precariedad.

Pocos más alumnos, pocos nuevos centros y más profesores para un curso escolar 2018-19 con pocas novedades para alumnos y familias. El Gobierno Sánchez ha prometido aprobar en el próximo Consejo de Ministros, el 14 de septiembre, un proyecto de Ley  que revierta los principales recortes aprobados por el Gobierno Rajoy en abril de 2012 (Real decreto 14/2012) y los cambios educativos aprobados luego en la LOMCE (la Ley de educación aprobada en solitario por el PP en 2013). Pero los cambios no entrarán en vigor (si logra mayoría simple para aprobarlos) hasta el próximo curso 2019-2020, según ha reconocido la ministra de Educación.

Los dos principales cambios son para revertir los recortes aprobados por el Gobierno Rajoy en 2012, con el real decreto14/2012. Por un lado, se reducirán otra vez los alumnos por aula, que el ministro Wert aumentó un 20% en 2012 (de 27 a 30 en Primaria y de 30 a 36 en la ESO), siendo las autonomías las que fijarán los alumnos por aula, recorte que ya han puesto en marcha este curso Andalucía y Extremadura y que podrían hacer otras más este curso. Por otro, se reducirán las horas de clase de los docentes, tras haberse aumentado en 2012 (25 horas semanales en infantil y primaria  y 20 horas mínimas en ESO, Bachillerato y FP). El tercer cambio, que habrá que sustituir a los profesores que se cojan la baja al día siguiente y no a los 10 días como ahora, será el único cambio que podría implantarse en el momento de aprobarse la nueva Ley (a principios de 2019), sin tener que esperar al próximo curso.

Otro cambio en la LOMCE que estudia aprobar el Gobierno Sánchez es que la religión no sea una asignatura evaluable y no cuente para la nota media, mientras se aprueba una nueva asignatura obligatoria: “Valores cívicos y éticos”. Además, se confirma que no habrá reválidas (en 4º ESO y final de Bachillerato), aunque se mantiene la prueba de acceso a la Universidad. Además, la ministra de Educación ha prometido derogar los itinerarios segregadores a los 13 años (elegir Bachillerato o FP), recuperar las ayudas a alumnos con problemas y mejorar la formación de profesores, recuperando la participación de la comunidad educativa en los Consejos escolares y modificando los criterios de selección de directores de centros públicos, dos temas claves de organización docente que cambió la LOMCE del ministro Wert.

Otro cambio que se anuncia para el siguiente curso (2019-2020) es el sistema de becas, dado que la reforma impuesta por el ministro Wert en 2013 (más becas con menos importe y nuevos requisitos) ha provocado protestas de alumnos y familias. Mientras, este curso 2018-2019, el Gobierno Sánchez aprobó en julio 10 millones de euros más para becas (unos 1.400 millones en total), lo que supone un aumento de 100 euros anuales por becario. A esas ayudas hay que sumar las becas de las autonomías, una oferta muy dispar, donde algunas subvencionan la compra de uniformes mientras en otras faltan recursos para comedores, libros y transporte.

Mientras docentes, alumnos y familias esperan que se apruebe o no otra Ley educativa (sería la 8ª de la democracia), el gran problema de fondo de la educación en España sigue siendo la falta de recursos públicos, sobre todo de las autonomías, que financian el 85% de la educación pública en España. Este año 2018, el gasto público en educación rondará los 48.000 millones de euros, todavía menos dinero que en 2009, antes del ajuste (53.374 millones en educación), a pesar del esfuerzo de algunas autonomías por subir su presupuesto educativo estos tres últimos años. Con ello, España ha bajado drásticamente su esfuerzo educativo, pasando de gastar el 4,99% del PIB en 2009 al 4,32% en 2014 y el 4,1% en 2018, según Educación. Un gasto educativo que queda muy por debajo de la media europea (4,7% del PIB en la UE-28), de países punteros como Dinamarca (6,9%), Suecia (6,6%), Finlandia (6,1%) y Francia (5,4%) e incluso de Reino Unido (4,7% del PIB) o Alemania (4,2%).

Los recortes han supuesto menos dinero para la educación pública (menos profesores con plaza y más precariedad laboral, pocos centros nuevos y recorte del gasto en educación compensatoria y para alumnos con problemas educativos), pero han aumentado las dotaciones públicas a la escuela concertada, vía subvenciones y cheque escolar para educación infantil y FP, según un informe de CCOO. Y todas las autonomías, mientras recortaban sus presupuestos, han aumentado el porcentaje del gasto que dan a la enseñanza concertada: 5.915 millones anuales, un 14,1% del gasto público en educación, un porcentaje que aumenta en el País Vasco (un 24,4% del gasto público en educación va a los centros privados y concertados), Navarra (21,1%, Madrid (19,6%), Baleares (19,3%) y Cataluña (17%), mientras es un porcentaje bajo en Extremadura (8%), Canarias (8,1%), Castilla la Mancha (9,1%) y Andalucía(10%), según Educación.

Pero quizás el mayor problema es que los recortes en educación han mantenido las diferencias de gasto entre autonomías, configurando una España con 17 sistemas educativos, desigualmente financiados. Así, el País Vasco gasta en educación no universitaria 8.973 euros por alumno, casi el doble que Madrid (4.593 euros), una diferencia que ya se daba en 2009 (9.530 euros frente a 4.842). Las otras 9 autonomías que, junto a Euskadi, gastan más que la media española (5.436 euros/alumno) son  Navarra (6.951 euros), Asturias (6.679), Cantabria (6.595), Galicia (6.460), Castilla y León (6.399), Extremadura (6.255), Baleares (5.917), La Rioja (5.863) y Aragón (5.631), según las estadísticas de Educación (con datos 2015). Y gastan menos que la media, además de Madrid, Andalucía (4.735 euros/alumno), Castilla la Mancha (4.885), Murcia (5.074), Canarias (5.102), Cataluña (5.197) y la Comunidad Valenciana (5.246). Y un dato preocupante: sólo 3 de las 17 autonomías gastan más hoy en educación que en 2009: Madrid, Aragón y Extremadura.

El recorte del gasto público en educación se ha traducido en un aumento del gasto educativo de las familias: ha subido de 9.013 millones en 2009 a 12.290 millones en 2016, un 36% más, según los datos de Educación. Esto se debe a un aumento de los costes de matrícula, libros, comedor, transporte y diversas actividades escolares y extraescolares, junto al recorte de becas y ayudas. Y mucha de la factura se debe al elevado coste de las guarderías, de la educación de 0 a 3 años, donde faltan plazas públicas subvencionadas y han subido mucho las guarderías privadas. El resultado es que más de 200.000 familias no pueden llevar a sus hijos a una escuela infantil, según los datos de la Asociación AMEI.

En definitiva, tenemos una educación con recursos recortados, pocos profesores y una oferta muy dispar, por autonomías y tipos de centros. No basta con cambiar la LOMCE, si se consigue. Habría que alcanzar de una vez un pacto educativo basado en recursos y reformas. Un pacto que garantizara un gasto público educativo del 5% del PIB, lo que supondría gastar en educación 10.000 millones más, en un plazo por ejemplo de 5 años (2.000 millones más al año). Eso exige subir la recaudación (no bajar impuestos como defienden PP y Ciudadanos) y modificar el sistema de financiación autonómica, creando un Fondo de compensación para que todas las autonomías gasten lo mismo y no haya “educación de primera y de segunda”.

Pero no sólo hace falta más dinero para la educación. Hacen falta más profesores, unos 150.000 más en cinco años según los sindicatos, para reducir la precariedad (bajar los interinos del 29 al 8%), cubrir los despedidos y los jubilados. Y, sobre todo, gastarse más en formar mejor a los profesores, volviendo a la idea de “un MIR para docentes”. Y conseguir que tengan empleos estables y bien pagados, porque su trabajo es básico para el futuro. Y hace falta pactar una reforma educativa estable, para varias décadas, atendiendo a las propuestas de la comunidad educativa (docentes, centros, alumnos y familias). Una reforma que ayude a los alumnos con problemas y se centre en una educación de calidad, ligada al empleo y a la revolución tecnológica que nos amenaza.

Todo el mundo dice que “la educación es la clave del futuro”, pero los políticos son incapaces de alcanzar un pacto educativo, que España necesita más que el resto de Europa, al menos por tres razones de peso. Una, porque somos líderes europeos en abandono escolar, tras Malta: el 18,3% de los jóvenes abandonan sus estudios, frente al 10,6% en Europa, según Eurostat. Dos, que el nivel de competencias de nuestros jóvenes, en matemáticas o comprensión lectora, son bajos, según el informe PISA. Y tres, que los españoles tienen un bajo nivel educativo: el 41,7% de los adultos tiene un nivel educativo bajo (sólo la ESO o ni siquiera) frente al 20,3% en Europa, un 22% tiene formación media (Bachillerato y FP básica) frente al 46,4% en Europa y un 35,7% alta (universitarios o FP Superior) frente al 33,4% en Europa, según el informe Education at a Glance 2017 de la OCDE. Tres datos que explican bien por qué España tiene el doble de paro, general (15,1% frente a 6,8%) y juvenil (33,4 frente a 16,6%), que Europa.

Recapitulando. Otro curso escolar atados a la polémica LOMCE y otro curso escolar sin pacto educativo, sin los recursos y profesores suficientes para que nuestros hijos y nietos reciban una educación de calidad. Con los políticos en sus peleas, mientras las familias tratan de pagar la educación de sus hijos y que aprueben y los centros educativos tratan de hacer equilibrios para tapar agujeros y cubrir deficiencias, con profesores precarios y mal pagados. No podemos permitirnos seguir así, jugarnos el futuro con una educación deficiente. Sobre todo la pública, cada vez más devaluada. Otro curso más, urge mejorar la educación. Una demanda de todos, que no puede demorarse uno o dos años.

Las mujeres, cuidadoras sin cobrar

Las mujeres siguen discriminadas y lo peor no es la brecha salarial (ganan  un 22,3% menos) sino que trabajan mucho menos que los hombres. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) acaba de decirnos por qué: hay 2,5 millones de españolas que no pueden trabajar porque tienen que cuidar a sus hijos y padres, gratis. Y en el mundo, eso les pasa a 606 millones de mujeres. Además, las que sacan tiempo para trabajar fuera de casa, tienen peores empleos, por "las ataduras" de los cuidados. El mayor obstáculo a la igualdad de las mujeres es que tienen que cuidar a niños y ancianos, según la OIT, por lo que proponen quitarlas parte de ese trabajo y que lo hagan también el Estado y los hombres. Y urgen a los Gobiernos a que mejoren el gasto en guarderías, permisos de paternidad, conciliación laboral y cuidado de los ancianos, para que las mujeres puedan pensar en trabajar fuera, como los hombres. Liberarlas de una parte de los cuidados en casa.
 

enrique ortega

Cuidar a niños y ancianos es el trabajo más importante que se hace en el mundo: en 2015 había 2.100 millones de personas necesitadas de cuidados, 1.900 millones niños menores de 14 años y 200 millones de ancianos dependientes, según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y estiman que para 2030, serán ya 2.300 millones (2.000 millones de niños y 300 millones de ancianos) los que necesiten cuidados, 1 de cada 3 habitantes del mundo. Pues bien, las tres cuartas partes de este trabajo de cuidado, el 76,2%, lo hacen las mujeres, según el informe “Care work and care Jobs for the future of work”, recién publicado por la OIT. Las mujeres dedican al cuidado de los hijos y ancianos una media diaria de 4 horas y 25 minutos, frente a 1 hora y 23 minutos los hombres.

La mayor parte de este trabajo, el cuidado diario de niños y mayores, se hace gratis y hay que sumarlo a las tareas domésticas, que también hacen mayoritariamente las mujeres. Al final, cada día se dedican 16.400 millones de horas al trabajo no remunerado en casa, lo que supone el trabajo de 2.000 millones de personas trabajando 8 horas diarias. Si ese trabajo doméstico y del cuidado de niños y mayores se pagara, supondría 11.000 millones de dólares, con lo que esta actividad supondría el 9% del PIB mundial, según la OIT. Una actividad no remunerada, que recae sobre las mujeres y niñas del mundo, más en países de ingresos medios y bajos, en mujeres casadas adultas, con niños pequeños, poca educación y que viven en zonas rurales de países en desarrollo. Y un trabajo que recae más entre las más pobres: las mujeres ricas pagan porque les cuiden a niños y padres.

Esta actividad, el trabajo de cuidados no remunerado, es “el principal obstáculo” para que la mujer trabaje fuera de casa, según el informe de la OIT. En 2018, hay 647 millones de personas en el mundo que no pueden trabajar fuera de casa por “responsabilidades familiares”, por tener que cuidar a niños y ancianos. Y de ellos, 606 millones son mujeres, el 41% de todas las mujeres inactivas del mundo. Las mujeres más “penalizadas” con los cuidados de niños y ancianos son las madres de niños pequeños (tienen una tasa de empleo del 47,6% frente al 87,9% los hombres), sobre todo en los países árabes, Asia Pacífico y países de ingresos medios, según el informe de la OIT, siendo menores las diferencias de empleo para las madres con niños pequeños en países ricos y en África.

Hay otras mujeres que además de cuidar su casa, a sus niños y ancianos, consiguen sacar unas horas para trabajar fuera de casa. Estas mujeres consiguen empleos peores, más precarios y mal pagados, según la OIT, porque se ven obligadas a trabajar menos horas o en actividades marginales. Así, las mujeres sin hijos trabajan de media 46,1 horas a la semana pero cuando tienen un hijo trabajan ya solo 41,5 y cuando tienen tres hijos o más, trabajan sólo 38,1 horas a la semana (frente a 45 horas los hombres). La mayor brecha de horas trabajadas se da entre las madres con hijos y sin hijos de Europa y Asia central, según la OIT. Y además de trabajar menos (y ganar menos), las mujeres con hijos o ancianos a su cargo trabajan más por cuenta propia, como autónomas, para sobrevivir, muchas de ellas en la economía sumergida (62%), sin cotizar (el 53%) y sin derechos laborales.

En España, la economía del cuidado atiende a 10 millones de personas: 7 millones de niños pequeños y 3 millones de mayores dependientes, según los datos de la OIT, que estima que este colectivo será de 8,8 millones de españoles para 2030 (5,6 millones de niños pequeños y 3,2 millones de ancianos). El trabajo de cuidado no remunerado supone unas 130 millones de horas diarias, lo que supone el trabajo de 16 millones de personas. Si se pagara, sólo con el salario mínimo, serían 168.000 millones de euros, que no están contabilizados pero que suponen el 14,9% del PIB español, con lo que la economía de los cuidados sería la primera actividad económica en España, como lo es en el resto del mundo.

Y dos tercios de estos cuidados no remunerados, el 68%, los hacen las mujeres españolas, según el informe de la OIT: las mujeres dedican 4 horas y 23 minutos diarios a los cuidados no remunerados, más del doble que los hombres (2 horas y 6 minutos). Esto se traduce en que muchas mujeres no pueden pensar en trabajar porque tienen que cuidar a sus hijos y padres dependientes. La OIT estima que hay 2,5 millones de españolas que no pueden acceder por eso al mercado laboral y se quedan en casa. De hecho, hay 9.374.800 mujeres en España que son inactivas (ni trabajan ni buscan trabajo), frente a 6.734.700 hombres. Y el tener que cuidar a hijos y padres también es un hándicap para trabajar, las que lo intentan: de hecho, hay 8.590.200 mujeres trabajando frente a 10.284.000 hombres, según la EPA. La tasa de empleo de los hombres es del 67,55% y la de las mujeres del 56,59%. Menos mujeres activas y ocupadas, en gran parte porque tienen que cuidar la casa y a su familia (gratis). Y a más hijos pequeños, menos porcentaje de mujeres trabajando. Y más en los hogares con bajos ingresos, según la Encuesta de condiciones de vida del INE.

Hay otras mujeres españolas que cuidan cobrando, pero como pasa en el resto del mundo, su trabajo es más precario. En España, hay unos 3,8 millones de personas trabajando en el cuidado remunerado, entre la educación, la sanidad, el trabajo social y la dependencia (hay 390.000 cuidadores profesionales, el 89% mujeres) y el trabajo doméstico (612.000, la mayoría mujeres e inmigrantes), según la OIT. En líneas generales, este empleo ligado al cuidado de niños, ancianos y hogares es más precario (temporal y por horas) y peor pagado que el resto, incluso mucho no legalizado y vinculado a la economía sumergida.

El informe de la OIT propone aumentar el gasto público en la economía del cuidado, para liberar a las mujeres del trabajo no remunerado y mejorar el que cobran. Actualmente, existen enormes diferencias por países en el gasto público en políticas de cuidado: los más preocupados son los países nórdicos (que gastan en cuidados del 8,8% del PIB en Suecia al 7% en Finlandia), seguidos de lejos por otros países europeos (del 4,2% del PIB en Francia y el 4% de España y Alemania al 3% de Italia) a porcentajes ínfimos en países en desarrollo (0,5% en México o Turquía y el 2% del PIB en China), según la OIT.

La OIT propone que los Estados (y los hombres) se hagan cargo de parte de las tareas de cuidado que hoy hacen las mujeres, en su mayoría gratis. Y eso supondría duplicar el gasto público mundial en cuidados, pasando el gasto del 8,7% del PIB (2015) al 18,3% para 2030, lo que permitiría crear 149 millones de empleos remunerados nuevos en el sector del cuidado, uno de los sectores de trabajo con más futuro. El mayor esfuerzo, señala la OIT, habría que hacerlo en las zonas del mundo con menos atención pública al cuidado de niños y ancianos: África, Asia-Pacífico, estados árabes y algunos países de Latinoamérica. Además, plantean extender la protección a la maternidad (de 184 países, 107 no cumplen el convenio de protección de la maternidad de la OIT), los servicios de cuidado de niños menores de 3 años (sólo los tienen el 18,3% de los niños del mundo) y la atención a los ancianos y discapacitados graves (sólo el 27,8% tienen atención pública en el mundo).

En definitiva, que el trabajo de cuidados (hijos, padres, hogar) no remunerados es el principal obstáculo para la liberación de la mujer, en el mundo y en España. Y lo será aún más en las próximas décadas, porque aunque habrá menos niños aumentará el número de ancianos (un tercio de los españoles tendrán más de 65 años en 2066, según el INE). Así que hay que buscar una solución, que, según la OIT, pasa por “las tres R”: reconocer el valor del trabajo de cuidados, reducir su precariedad y redistribuir los cuidados no remunerados que hoy hacen las mujeres entre el Estado (servicios y ayudas públicas) y los hombres. Los datos de Eurostat (2016) son impactantes. Primero, el 95% de las mujeres españolas (25-49 años) cuida y educa a los hijos diariamente (el 92% en la UE-28), frente al 68% de hombres (igual que en Europa, aunque en Suecia son el 90% y en Grecia el 53%). Segundo, el 84% de las mujeres españolas cocinan y hacen diariamente las tareas domésticas frente al 42% de hombres (en la UE-28 son el 34%, en Suecia el 56% y en Grecia el 16%). Y tercero, las mujeres en España trabajan una media de 26,5 horas a la semana en casa, frente a 14 horas los hombres, según el INE. Eso sí, la igualdad llega con los nietos: hombres y mujeres dedican 16 horas semanales (las mismas) a cuidarles.

Se trata de actuar en dos frentes a la vez. Por un lado, tomar medidas para “repartir” el cuidado de los hijos, entre mujeres, hombres y el Estado: fomento de las guarderías públicas e incentivos y ayudas a las guarderías privadas (extendiéndolas en las empresas), aumento de los permisos de paternidad, más ayudas fiscales a la familia y una política decidida de conciliación familiar en los trabajos, con horarios más razonables. Por otro, actuar para mejorar la situación de los ancianos y jóvenes dependientes, un colectivo potencial de 3 millones de personas que deberían ser atendidos más en el ámbito público que en el privado. O si se les atiende en casa, que los cuidadores familiares tengan más ayudas (el Gobierno Rajoy dejó de cotizar por ellos en 2012 y les rebajó la ayuda) y un mejor trato fiscal (en Francia, el 50% de los gastos privados en cuidados se deducen del IRPF). Y junto a estas actuaciones, habría que aprobar un Plan de empleo para mujeres con hijos, facilitando su vuelta al trabajo y mejorando sus contratos y sueldos, hoy muy precarios.

Mucho se habla de la discriminación de la mujer, de que ganan menos que los hombres   (-22,3% de brecha salarial, según el INE), pero se habla poco de que su mayor discriminación es que trabajan menos que los hombres, porque muchas son “esclavas” de su casa, sus hijos pequeños y sus padres ancianos. Sólo quitándoles parte de este trabajo de cuidados, que además hacen gratis, se podrán dedicar a trabajar como el resto y ser independientes de verdad. La solución es que muchas de sus tareas las cubra el Estado, con nuestros impuestos, y otras las repartan con los hombres. Claro que para eso, tenemos que cambiar de mentalidad: el 44% de los europeos (44% de las mujeres y 43% de los hombres) piensan que “el rol más importante de la mujer es el cuidado del hogar”, según el Eurobarómetro de noviembre 2017. Así no hay forma de avanzar.

Guarderías más caras y más privadas

Las parejas con niños menores de 6 años han vuelto a tener problemas para encontrar una guardería donde dejar a sus niños en septiembre. Las guarderías públicas han subido mucho sus precios por los recortes  y faltan en muchas ciudades, mientras se privatiza su gestión dejándola en manos de empresas de servicios. Y las privadas, que ganan terreno por las ayudas que reciben (cheque guardería), son más caras y ofrecen unos servicios de menos calidad, para rebajar costes. El mayor problema son los niños de 0 a 3 años, donde sólo uno de cada cuatro va a guardería (menos en la España pobre). Además, hay una gran diferencia de precios en las guarderías públicas: en Madrid se paga más del doble que en Andalucía o Cataluña. Faltan unas 300.000 plazas de guarderías en España, algo necesario  para que las mujeres puedan trabajar y las parejas tengan más hijos, algo urgente para un país envejecido.

enrique ortega

En España, la enseñanza de los niños de 0 a 6 años no es obligatoria ni gratuita. El curso pasado, 1.884.886 niños menores de 6 años iban a guarderías y escuelas infantiles (443.489 eran menores de 3 años y 1.441.397 de 3 a 6 años), una cifra que baja cada año por la caída de la natalidad desde 2009.  Con ello, la tasa de escolarización en los niños de 0 a 6 años ha bajado con la crisis y está en el 26,73%, por debajo del objetivo europeo (33%).

El problema está en la baja escolarización de los más pequeños, los de 0 a 3 años, ya que entre 3 y 6 años España tiene escolarizados al 99,1% de los niños, por encima de la media europea (77,2%) y de Reino Unido (79%) o Alemania (88%), aunque no de Francia (100%). Sin embargo, en la franja de 0 a 3 años, se ha dado un gran salto (de 88.926 en 1999 a 443.000 el curso pasado) pero estamos por debajo de Europa: 7,6% van a guardería con menos de un año, 27,8% entre 1 y 2 años y 44,8% entre 2 y 3 años. Y además, hay grandes disparidades por autonomías, con menos bebés escolarizados en la España pobre y rural.

Precisamente, el mayor problema de los padres es encontrar una guardería para estos niños menores de 3 años, porque en los de 3 a 6 hay más plazas en los colegios, aunque caras. En las guarderías públicas (dos tercios dependientes de los Ayuntamientos), se llevan sufriendo cuatro años de recortes (autonómicos y municipales), que han obligado a subir las tarifas a los padres, entre un 25% y un 175% (Madrid) en  los últimos años. Además, existe una gran disparidad de precios por autonomías. Así, el precio de una guardería pública para un niño menor de un año es en Madrid de 336 euros al mes y de 300 euros en Barcelona mientras cuesta la mitad en Andalucía (167 euros) y aún menos en Extremadura (155 euros) o Castilla y León (121 euros). Y si la familia gana el salario mínimo, no paga nada por la guardería (si encuentra plaza) en Andalucía, Aragón, Asturias o Canarias, poco en Galicia (16,86€) Castilla la Mancha (30€), Castilla y León (35€), Extremadura (47€)  o Murcia (47€) y bastante en Madrid (208 €), La Rioja (202€), Navarra (125€), País vasco (118€) o Barcelona (90 €).

Con ello, muchas familias han tenido que sacar a sus hijos de las guarderías públicas para dejarlos con sus abuelos, su madre (a quien no compensa trabajar para pagar guardería y transportes) o su padre en paro. Y así, en muchas guarderías públicas ya no hay listas de espera y se reducen plazas, mientras los Ayuntamientos temen por su futuro. Además, muchas guarderías públicas han pasado a tener una gestión privada, por ideología de Ayuntamientos y autonomías y como fórmula para reducir costes: se ha subastado la gestión, con una rebaja de costes del 24% y eso ha atraído a empresas privadas de servicios (como Eulen, Kidsco o Clece), que han ganado muchos concursos frente a cooperativas de profesores que denuncian que a esos precios no pueden ofrecer un servicio profesional. Y así, han empeorado los estándares (más niños por clase, menos espacio y menos medios) y se ha deteriorado la educación infantil, con profesores peor formados y con contratos precarios.

Mientras se deterioran las guarderías públicas, muchas autonomías, sobre todo las dirigidas por el PP (Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Galicia…) han multiplicado las ayudas a las guarderías privadas, con convenios y el pago de un “cheque guardería” a los padres (de 100 a 160 euros al mes en Madrid). Con ello y el continuado recorte de costes, hay guarderías privadas que ya les salen a los padres más baratas que las públicas, lo que está provocando un trasvase de niños a las privadas. De hecho, el curso pasado, el 48,66% de los niños de 0 a 3 años acudían a guarderías privadas y todo apunta a que este año igualarán a las públicas. Pero ya hay cuatro autonomías donde hay más niños de 0 a 3 años en las guarderías privadas que en las públicas: Comunidad valenciana (60,12% niños en privadas), Madrid (54,9%), la Rioja (50,2%) y, curiosamente, en Andalucía (59,99%).

El problema guarderías públicas-privadas no es ideológico sino educativo: si se abre una guardería como un negocio, las empresas buscan reducir costes y eso se traduce en peores instalaciones (1,5 y 2,5 m2 por niño frente a los 7,6 recomendables), niños hacinados y poco personal (España, con 27-28 niños en el segundo ciclo de infantil, 20 niños en 2-3 años, 14 en 1-2 años y 8 bebés por profesor, no cumple las exigencias europeas), con profesores poco formados. Y con horarios excesivos (de 7 a 19 horas), una deficiente programación educativa (niños viendo la tele o saliendo al patio con los mayores), que convierte a muchos centros en lugares de “aparcamiento de niños” (“guarderías”) en vez de escuelas de educación infantil. Y además, se estima que hay un 10% de “guarderías piratas”, sin control oficial.

Lo más grave, según la Plataforma estatal en defensa de la educación 0-6 años, son las grandes diferencias normativas y de funcionamiento (ayudas, precios, infraestructuras) entre autonomías, al no existir una legislación estatal. Y así, hay guarderías que educativamente funcionan muy bien (Baleares) y otras bastante mal (Madrid). Y critican además el trasvase de ayudas y niños a las guarderías privadas, el deterioro de los centros públicos y la creciente precariedad de los profesores de educación infantil, cada vez más mujeres. Y plantean que hacen falta 300.000 nuevas plazas en educación infantil (0-3 años) en España.

Pero el Gobierno Rajoy no va por ahí. En 2012 ya eliminó del Presupuesto el Plan Educa-3, puesto en marcha por Zapatero en 2008 para crear 300.000 nuevas plazas hasta 2012, con una inversión de 1.087 millones financiados a medias por el Estado y las autonomías (se crearon sólo 71.000 hasta 2010). Y año tras año sigue forzando a autonomías y Ayuntamientos a recortar el gasto en guarderías, para cumplir el déficit. Ahora, con la reforma local aprobada en solitario por el PP, los Ayuntamientos, dejarán de ofrecer guarderías municipales, un servicio que pasará a las autonomías (y no se sabe qué harán con ellas, asfixiadas como están por los recortes, actuales y futuros).

Fomentar unas escuelas infantiles de calidad y a precios asequibles es una necesidad, no sólo para que las mujeres puedan trabajar (el 23% dejan su empleo para atender a sus hijos menores de 5 años), en un país donde el 48% de las mujeres (9,2 millones) son inactivas  (frente al 42% en Europa), sino también para que haya una mayor igualdad social desde la cuna, al margen de la situación económica de los padres: los niños que han ido a preescolar obtienen mejores notas de mayores, según un informe de la OCDE.

Habría que volcarse en un Plan de guarderías, para conseguir a medio plazo la escolarización total de los niños de 0 a 3 años, a un coste asumible por las familias. Con ello, se mejoraría el rendimiento académico de estos niños después y se facilitaría que más mujeres pudieran trabajar, como en otros países. Pero sobre todo, fomentar las guarderías ayudaría a mejorar la natalidad en España, el segundo país más envejecido del mundo (tras Japón). Algo clave para poder crecer y pagar las pensiones futuras. Por todo ello, no apoyar la educación infantil (como hace el Gobierno y muchas autonomías) es un suicidio económico y social. Lo pagaremos.