Sequía, gran consumo y robo de agua

Tras un verano muy seco, se espera un otoño con pocas lluvias, que agravará la preocupante situación de los embalses, a un tercio de su capacidad y con la mitad de agua embalsada que hace una década. Por eso, se teme una grave sequía el próximo verano. Pero 4,3 millones de españoles ya tienen falta de agua hoy: la Confederación del Guadalquivir ha decretado la alerta “por sequía extraordinaria” en 554 localidades de Andalucía,  Castilla la Mancha y Extremadura. Y Cataluña ha declarado la alerta por sequía en 22 municipios del Alt Empordá. El problema no es sólo que llueva poco: se consume demasiada agua, sobre todo la agricultura (85% consumo), por los regadíos, los mayores de Europa. Y además, roban agua de los acuíferos, con un millón de pozos ilegales. Urge reordenar el consumo, regenerando unas aguas muy contaminadas, como nos advierte la UE. Hay Planes para invertir 21.000 millones hasta 2027, con Fondos Europeos.  O cuidamos el agua o faltará en pocos años.

Enrique Ortega

Es evidente que el clima está cambiando desde hace unas décadas, con una subida de la temperatura (+0,3 grados por década en España desde los años 60) y menos lluvias: las precipitaciones medias se han ido reduciendo en los últimos 50 años y caen unos 18,7 litros menos por metro cuadrado desde 1961, lo que se traduce en una reducción de las lluvias en torno al 2,8%, según el balance de la Agencia de Meteorología (AEMET). Además, han cambiado “los patrones” y ahora España sufre “más lluvias torrenciales en un entorno de sequía meteorológica”, como bien lo saben muchas zonas de Levante y Baleares.

En el último año meteorológico (1 octubre 2020-30 septiembre 2021) ha caído una precipitación acumulada media de 606 mm, un -5% por debajo de la media de referencia (1981-2010), según el balance de la AEMET, siendo el 8º año más seco del siglo XXI. Las lluvias no han alcanzado los valores normales en el tercio sur de España y tampoco en el cuadrante norte peninsular, la mitad norte de Castilla y León, el este de Navarra y los archipiélagos de Baleares y Canarias, destacando la baja precipitación en el litoral de Cataluña, Córdoba y Jaén, los límites entre Cádiz, Sevilla y Málaga, el este de Mallorca y varias islas de Canarias (en especial Fuerteventura).

Esta falta de lluvia y el fuerte consumo de agua han llevado a vaciar la mayoría de los embalses, que están a un tercio de su capacidad (39,38% el 16 de noviembre), según Embalses.net. Un nivel de agua embalsada que es un 12% inferior al de hace un año (47.21% de ocupación) y casi la mitad del que había hace una década (62,2% de capacidad en los embalses en noviembre de 2011). La situación más preocupante se da en los embalses de  10 autonomías: Murcia (21,62% de agua embalsada), Navarra (30,03%), Andalucía (30,3%), Castilla la Mancha (35,52%), la Rioja (36,21%), Extremadura (36,90%), Cantabria (39,48%), Castilla y León (40,15%), Galicia (45,16%) y la Comunidad Valenciana (48,38%). Y mirando por Cuencas Hidrográficas, hay  8 cuyos embalses están por debajo de la mitad de su capacidad: Guadalquivir (26,35%), Guadiana (30,10%), Segura (33,51%), Mediterránea Andaluza (34,07%), Duero (40,55%), Miño-Sil (41,75%), Tajo (44,19%) y Ebro (48,75%, según los últimos datos publicados por Embalses.net. Un preocupante panorama.

Ahora, la previsión de los meteorólogos es que tengamos un otoño seco, con una gran probabilidad de que “las precipitaciones se encuentren en el tercil seco en toda España, con menores posibilidades cuanto más al Este”, según la AEMT, que espera en el 4º trimestre de este 2021 unas precipitaciones “inferiores a las normales”. Con ello, y un invierno similar, se espera que los embalses sigan muy bajos al inicio de la primavera y el próximo verano, con un serio riesgo de provocarse otra gran sequía, como las tres sufridas ya en España en las últimas tres décadas (1982-84, 1991-96 y 2005-2009).

De momento, esta sequía ya la sufren hoy 4,3 millones de españoles que viven en Andalucía (Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada), Castilla la Mancha y Extremadura, afectados todos por la alerta decretada el 2 de noviembre por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que ha establecido una “situación excepcional por sequía extraordinaria”, debido a una falta importante de agua en el 80% de la Cuenca (la 3ª mayor de España, con 49 embalses), donde no se sufría una sequía tan grave desde 2008. No se prevén de momento cortes de agua generalizados (como en los años 80 y 90) para el consumo humano (10% del consumo total), pero sí cortes puntuales de suministro de agua en algunos pueblos. Y se han aprobado restricciones de consumo para la industria (3% del consumo total) y, sobre todo, para la agricultura y los regadíos (que consumen el 87% del agua en Andalucía).

La Cuenca del Guadiana está “en prealerta” y si no llueve este otoño podría acabar también en alerta por sequía. Y en Cataluña, la Agencia del Agua ya declaró, el 28 de octubre, “la alerta por sequía” en 22 municipios del Alt Empordá, que se abastecen del acuífero Fluviá Muga. Allí se ha limitado el consumo de agua en los domicilios (a un máximo de 250 litros diarios por persona), determinados consumos urbanos (riego jardines, limpieza de calles…) y un recorte del consumo en regadíos (-25%), ganadería (-10%) e industrias (-5%).

El problema ya no es que llueva menos, sino que con el Cambio Climático va a haber menos precipitaciones cada año, sobre todo en el sur de Europa y especialmente en España. De hecho, disponemos de un 20% menos de recursos hidráulicos que en los años 90. Pero  aunque lloviera lo mismo (que no va a pasar), tendríamos problemas porque el consumo de agua crece mucho más que el agua disponible. Y así crece “el estrés hídrico”, en toda España pero especialmente en el sur, este e islas.

¿Quién consume la poca agua que tenemos? Básicamente, la agricultura, los regadíos, que se llevan el 85% del consumo (del 80 al 90%, según zonas). Y este gasto de agua por la agricultura (y ganadería, menos) ha ido en aumento en la última década, mientras se reducía el agua disponible, por el gran salto en la superficie de los regadíos: de 3.044.710 hectáreas regables en 2010 se ha pasado a 3.831.181 hectáreas en 2020, según los datos oficiales del Ministerio de Agricultura. Y podrían haber superado ya los 4 millones de hectáreas, según distintas ONGs. Eso coloca a España (el país con menos lluvias de Europa) como el país con más regadíos del continente europeo, muy por delante de Italia (2 millones de Has regadas), Francia (1,5 millones) o Grecia (1 millón Has).

El salto en los regadíos se ha dado en la última década por un crecimiento de la agricultura intensiva y, sobre todo, porque se han empezado a regar cultivos leñosos que antes eran de secano: olivos, viñas y almendros, principalmente. Y eso, para aumentar la rentabilidad de las explotaciones, aprovechando el bajo precio del agua (muy inferior al del resto de Europa). Con ello, los cereales de regadío sólo suponen el 24,7% de la superficie total regada, con un 21,78% el olivar, un 10,4% el viñedo y otro 10,24% los frutales no cítricos. Las regiones con más regadío son Murcia (15,88% de su superficie total y 38,46% de las tierras cultivadas), Andalucía (en regadío el 12,76% de su superficie total y el 31,57% de sus tierras cultivadas) y la Comunidad Valenciana (12,55% territorio se riega y el 45.74% de la superficie cultivada), aunque también destacan Canarias (el 57,36% de su superficie cultivada se riega) y Cataluña (riegan el 32,57% de su superficie cultivada), según los datos oficiales.

El segundo gran consumidor de agua (12% del total) son los hogares y el ocio, con un gasto medio de 132 litros por persona en 2020, un consumo que nos coloca como el 12º país en el ranking europeo de consumo doméstico de agua, sólo por delante de Alemania (125 litros) y con menos gasto que Italia (220 litros), Portugal (205), Francia (170), Grecia (150) y Reino Unido (140 litros por persona). Los expertos creen que los españoles gastamos demasiada agua en casa y que no se controla su uso porque la pagamos barata: a una media de 1,88 euros/m3, el 7º precio más barato en Europa, donde se paga por el agua doméstica desde 9,32 euros/m3 en Dinamarca a 4 euros en Francia, 3,50 en Reino Unido o 2 euros en Italia. El tercer consumidor  de agua son las industrias (3% del consumo total), donde hay una gran divergencia por sectores y negocios, aunque se echan de menos planes de ahorro, debido también al bajo precio del agua para consumo industrial.

Estos son los consumos “oficiales” de agua, pero las ONGs llevan años denunciando el robo de agua por muchos agricultores y ganaderos, también por algunas industrias. De hecho, en España puede haber hasta 1 millón de pozos ilegales robando agua de nuestros acuíferos, según una estimación de Greenpeace.  Y la ONG WWF acaba de publicar un informe, “El saqueo del agua”, donde ha investigado 4 grandes acuíferos (Doñana, las Tablas, Mar Menor y los Arenales) y ha descubierto que se riegan de forma ilegal 88.645 hectáreas, una superficie 1,5 veces la ciudad de Madrid, con 220 millones de m3 de agua robada. El delito más grave se da en el acuífero de las Tablas de Daimiel (Ciudad Real), donde se riegan ilegalmente 51.400 hectáreas (como 63.000 campos de fútbol) mientras la Administración tiene que acudir a aportaciones externas para salvar las lagunas. En el acuífero de Los Arenales (en el sur de Valladolid, noreste de Salamanca y noroeste de Segovia), se riegan ilegalmente otras 23.975 Has (29.000 campos de fútbol), básicamente nuevos cultivos de patata, maíz, hortícola y remolacha. En el Mar Menor (Murcia) se riegan ilegalmente 8.460 Has, contaminando aún más con nitratos y fosfatos la mayor laguna salada de Europa. Y en Doñana (Cádiz), se riegan ilegalmente 5.700 hectáreas, sobre todo fresas.

El agua en España, además de ser escasa por un consumo desatado en la agricultura, tiene mala calidad, debido a que la agricultura y la ganadería intensivas lanzan restos de fertilizantes (nitratos y fósforo)  y purines, que se transfieren a ríos y aguas subterráneas, con un serio riesgo para la salud y los ecosistemas. Por ello, la Comisión Europea acaba de alertar (en octubre 2021) a España y otros 11 paises europeos (Alemania, Bélgica y Paises Bajos entre ellos) por “registrar una mala calidad del agua en todo su territorio y un problema sistémico para gestionar la contaminación por nutrientes procedentes de la agricultura”. Y ha puesto en marcha procesos de infracción contra 10 paises, entre ellos España.

Mientras preparan esta multa por mala gestión de la calidad del agua, ya tenemos una multa importante, impuesta en 2018 por el Tribunal Europeo de Justicia a España, “por falta de depuración de las aguas residuales en 9 aglomeraciones urbanas” (donde viven 350.000 habitantes). La multa crece cada trimestre que no se remedia el problema y ahora son ya 53,4 millones de sanción (la mayor nunca impuesta por la UE a España), mientras siguen sin resolverse los problemas de depuración  en localidades de Huelva, Málaga, Cádiz, Gijón y Tenerife, habiéndose arreglado sólo en Tarifa (Cádiz). Es sólo una muestra de un problema serio: España depura menos sus aguas residuales (un 63,6% frente al 72% en Francia o el 88% en Alemania), otra vía de disponer de más agua para muchos consumos.

Visto el panorama, parece claro que tenemos un serio problema de agua, en cantidad y calidad, llueva o no. Y además, el Cambio Climático asegura que las lluvias irán a menos en los próximos años: el informe de la ONU (IPCC) estima que vamos a un recorte del -20% en las precipitaciones a medio plazo, incluso más en el sur de Europa (-30% de lluvias). Y encima, el 40% del suelo español está en proceso de desertificación. Por todo ello, España podría ser uno de los 33 paises del mundo con problemas de abastecimiento de agua en 2040, según un informe del World Resources Institute.

Para afrontar este viejo problema del agua en España, el Gobierno presentó el 21 de junio de 2021 los borradores de los Planes Hidrológicos para 2022-2027, la herramienta para gestionar el problema del agua en los próximos 6 años, ahora en periodo de consulta pública. El objetivo es reducir el consumo de agua un 5%, aumentar las desaladoras e invertir 21.000 millones de euros, la mayoría con Fondos europeos, en la restauración de los ríos (11.000 millones), saneamiento y depuración de aguas (650 millones), restaurar acuíferos y ecosistemas y mitigar riesgo inundaciones (800 millones) y facilitar la transición digital de la agricultura (250 millones). Además se va a aprobar un Decreto-ley para luchar contra “la contaminación difusa”, producida por nitratos y fosfatos de origen agrícola.

Algunas autonomías han acogido bien estos futuros Planes Hidrológicos (Castilla la Mancha y Comunidad Valenciana) pero otras no (Murcia y Andalucía), lo que indica que la política del agua va a politizarse de nuevo, como en las últimas décadas, siendo una “bandera regionalista” de enfrentamientos. Las ONGs ven bien la mayoría de las medidas, pero piden “ir más lejos”, con propuestas más radicales: reducir un 25% la superficie de regadío en 6 años (con un tope de 3 millones de Has), eliminar los regadíos ilegales y clausurar esos pozos no autorizados en 6 años, conseguir depurar el 100% de las aguas residuales de consumo humano e industriales para 2027, no subvencionar el agua desalada para riegos agrícolas y subir las tarifas de agua para fomentar un consumo responsable.

La falta de agua es una de las consecuencias más graves del Cambio Climático y todos los paises tienen que aprobar políticas para salvaguardar que haya agua suficiente y de calidad.  No hay economía sin agua. Está bien que España sea “la despensa de Europa”, pero no puede ser a costa de futuras sequías. Habría que alcanzar un gran Pacto del Agua (como con el Cambio Climático, las pensiones, la educación o la sanidad),  al margen de las batallas políticas a corto plazo. Nos jugamos el futuro más cercano. Sin agua no hay crecimiento ni empleo ni vida. La naturaleza y los embalses nos están avisando. Reaccionemos.

Tregua en las "guerras" del agua

El Gobierno ha llegado a un pacto con tres autonomías que controla (Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia) para prorrogar hasta 2027 el trasvase Tajo-Segura, una de nuestras enconadas “guerras del agua”. Y antes del verano quiere conseguir otro pacto sobre el Ebro, muy difícil. Dos treguas (hasta la próxima sequía), presionados por Bruselas, que ha llevado a España a los Tribunales comunitarios por no tener Planes para los 25 ríos españoles y porque un 17% de ciudades no depuran sus aguas residuales. Todo ello revela una desastrosa gestión del agua, en un país con sequías crecientes, agravadas por el cambio climático, y donde la mitad de las aguas están deterioradas o contaminadas. Hay que recortar el consumo (el ministro Cañete dice que da ejemplo "duchándose con agua fría"), reutilizar y depurar más, subir tarifas y hacer una gestión sostenible del agua, con solidaridad entre los que más tienen y los que menos. Porque sin agua no hay futuro.

enrique ortega

Con lluvias (como este invierno) o con sequía (como en 2011 y 2012), España tiene un serio problema de agua. Primero, porque vivimos en un clima mediterráneo donde grandes zonas reciben menos de 200 milímetros de agua dulce al año, cuando la demanda es entre tres y diez veces mayor. Y la lluvia recibida se ha reducido un 5% en los últimos 20 años. Segundo, porque somos más vulnerables al cambio climático: una subida de 2º C en las temperaturas aumenta la evaporación del agua y el consumo agrícola, causando que los ríos hayan perdido un 30% del caudal en los últimos treinta años. Y tercero, porque más de la mitad de las aguas españolas están en mal estado, según la Fundación Nueva Cultura del Agua y WWF: se han perdido el 60% de los humedales, hay 510.000 pozos ilegales y 88 acuíferos sobreexplotados, 10.000 vertidos industriales a los ríos y sólo depuramos el 83% de las aguas residuales.

Poca agua y de mala calidad, con unos ríos maltratados por el riego, las industrias, el consumo y la contaminación. Por eso, la Comisión Europea lleva pidiendo a España, desde 2009, que gestione mejor los ríos, aprobando Planes de cuenca. Pero como si nada: el Gobierno Zapatero, agobiado por las guerras entre autonomías, no lo hizo y en junio de 2011, Bruselas denunció a España ante el Tribunal de Luxemburgo, añadiendo que si 14 estados europeos se habían puesto de acuerdo sobre el Danubio, aquí debía ser más fácil. Cuando el ministro Cañete llegó al Ministerio, sólo encontró un Plan de cuenca (distrito fluvial de Cataluña) de los 25 que debían haberse aprobado. Y se puso a la tarea, empezando por los ríos menos conflictivos. En octubre de 2012, el Tribunal europeo condena a España (habrá multas) y en noviembre, el comisario europeo de Medio Ambiente visita Madrid y da otro toque: hay que aprobar los Planes de todos los ríos ya.

En enero de 2013, el ministro Cañete convoca en Toledo a los tres barones implicados en el trasvase Tajo-Segura (Cospedal, Fabra y Valcárcel) y cierra en marzo un pacto que intenta contentar a todos: aumenta el agua de reserva para Castilla la Mancha (en embalses de Entrepeñas y Buendía), mantiene el caudal del Tajo en Aranjuez Toledo y Talavera y a cambio, Murcia y Alicante (2,5 millones de personas y 70.000 regantes) se aseguran el trasvase de agua (menos) si hace falta, hasta 2027, pudiendo incluso comprar derechos de agua a los castellano-manchegos. Una componenda que funcionará mientras no haya sequía.

Ahora, tras haber aprobado en marzo el Plan del Duero, el Gobierno quiere conseguir, antes del verano, otro pacto político para el Ebro, entre Aragón y Cataluña y Levante, que no parece fácil. Por un lado, el PP gobierna en Aragón con el PAR, que es “anti trasvase”. Y por otro, también hay pelea entre Aragón y Cataluña por el uso interno de las aguas del Ebro.

El Gobierno quiere tener aprobados los 25 Planes de cuenca para fin de año, como ha prometido a Bruselas. Y luego, pactar con las autonomías un Plan Nacional del Agua, la base de un nuevo Plan Hidrológico Nacional (el último lo aprobó Aznar en 2001). Ahora lo tendrá más fácil, porque el PP controla 11 de las 17 autonomías y porque no hay sequía. Pero hacer una política de agua coherente y sostenible no será fácil, porque España tiene un grave problema  de estrés hídrico (falta agua) que se va a agravar: el caudal de los ríos  mediterráneos se reducirá un 30% de aquí a 2050. Habrá que repartir la escasez.

Lo más urgente es reducir el consumo, más quien más agua gasta: el 77,87% lo consume la agricultura (INE 2010) y el resto es para abastecimiento urbano (71% lo gastan los hogares, un 20% las industrias, turismo y comercio y el resto los municipios). Pero hay un 17,5% del agua que se pierde (un tercio del consumo hogares), por fugas, roturas y averías (en Holanda es sólo el 5%), porque las redes de abastecimiento son viejas y no se invierte.

Además, hay que aumentar la reutilización y depuración de aguas (aunque depurar dos veces el mismo litro de agua cueste hasta 40 veces su precio inicial). Y aquí, España viene incumpliendo desde 2000 la normativa europea que obliga a depurar las aguas residuales. Bruselas nos ha apercibido varias veces, nos ha llevado al Tribunal de Luxemburgo, nos ha abierto expedientes y aún hoy quedan un 17% de aguas residuales sin depurar, en 23 ciudades de más de 15.000 habitantes (entre ellas, Gijón, Santiago, Vigo o Nerja, con depuradoras en construcción que no funcionarán hasta 2015), otras 39 de más de 10.000 y 912 pueblos de más de 2.000 (300 en Andalucía). La patronal estima que habría que invertir 1.000 millones al año para depurar bien (y sólo hay recortes).

Otra fuente de agua son las desaladoras, que el Gobierno ZP lanzó en 2004, tras anular el trasvase del Ebro y para paliar la grave sequía en Levante. Hay 17 en explotación y 15 en construcción, se han invertido 1.664 millones (la mayoría, de la UE) y Bruselas nos ha dado otro préstamo de 450 millones para acabarlas. El problema es que no se usan (funcionan al 16,45% de capacidad y aportan un 3,3% del agua que consumimos), porque ahora hay menos demanda (ha pinchado la burbuja inmobiliaria en Levante) y porque su precio es caro: entre 6 y 10 veces el del resto del agua, por culpa de la fuerte subida de la luz (70% costes). Pero las desaladoras son un seguro in extremis, que ya el verano pasado evitaron un grave problema de suministro en Murcia y Alicante al averiarse el trasvase Tajo Segura.

La clave es ahorrar agua, reducir el consumo (el ministro Cañete da ejemplo y dice que "se ducha con agua fría"), con planes y ayudas para la agricultura, el turismo y la industria (muy hipotecados por el agua, porque consumen de pozos y aguas subterráneas muy agotados), junto a una subida de tarifas del agua, para disuadir el consumo y financiar inversiones. De hecho, el precio del agua a los hogares en España es la mitad que en Europa: 2,76 € por m3 frente a 5,55 € en Reino Unido, 5,92 € en Francia o 6,96 € en Alemania, según Global Water Intelligence. Y una familia española paga 80 euros por habitante al año en agua frente a  400 euros en móviles, por ejemplo.

El agua es un bien escaso en todo el mundo, más que el petróleo, y la demanda superará en 40 veces la oferta para 2030, según el Foro Económico Mundial. Y España es aún más vulnerable, por ser un país mediterráneo y por la desastrosa gestión del agua en las últimas décadas. Hay que alcanzar un Pacto del Agua (no componendas políticas) para reducir el consumo, subir tarifas, recuperar acuíferos, reutilizar y depurar, sanear las cuencas y hacer una gestión sostenible y solidaria del agua. Porque sin agua no tenemos futuro.