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jueves, 8 de mayo de 2025

España y el lastre de la "economía sumergida"

Pandemia, guerra de Ucrania, inflación disparada, nevada Filomena, volcán de la Palma, dana de Valencia, apagón eléctrico… Problemas y catástrofes que nos han revelado la importancia de los servicios públicos y la necesidad de que el Estado funcione. Pero eso exige contar con medios y personal, gastar más con eficacia. Y como cada vez tenemos más necesidades, hay que recaudar más para pagar lo que hace falta, para tener un país más seguro. El problema de España es que recaudamos menos que el resto de Europa, aunque parezca que nos fríen a impuestos. Pero hay mucho fraude. Y una parte es la “economía sumergida”, las actividades que no se declaran ni pagan impuestos. Un reciente informe señala que España es el tercer país europeo con más “economía sumergida, un 24% del PIB. Si aflorara y pagara impuestos, esta economía “oculta” aportaría 57.300 millones más de recaudación, que buena falta nos hace. Urge pactar un Plan para legalizar esta parte de la economía y que pague impuestos.


España tiene un problema fiscal de fondo, reiterado en este blog: recaudamos por impuestos menos que la mayoría de Europa, lo que nos obliga también a gastar menos que otros paises. En 2024, España recaudó el 42,4% de lo que produjo (PIB), frente al 46,1% que ingresó de media la UE-27, el 46,8% de su PIB que ingresó Alemania, el 46,9% de Italia y el 51,3% que recaudó Francia, según los datos de la Comisión Europea. A lo claro: que ingresamos 58.946 millones de euros menos de lo que nos correspondería según la media europea. Y 70.000 millones menos que si recaudáramos como  Alemania, 71.691 millones menos que Italia y 141.789 millones menos que si recaudáramos como Francia. Y por eso, también podemos gastar menos que ellos: el 45,4% del PIB frente al 49,2% de gasto en la UE-27.

¿Por qué recaudamos menos que la mayoría de Europa?  Básicamente, porque tenemos más fraude fiscal y recaudamos menos en todos los impuestos. En el IRPF, somos el tercer país europeo que menos recauda, sólo por detrás de Grecia y Portugal, según este estudio de Fedea: un 7,5% del PIB frente al 10% la UE-27, el 9% que recaudan Alemania o Francia, el 12% de Italia o el 27% en Dinamarca. Y no porque tengamos tipos más bajos, sino porque hay muchas deducciones y exenciones fiscales. En el IVA, somos también el tercer país que menos recauda, tras Irlanda e Italia: el 6,3% del PIB frente al 6,9% de media en la UE. La culpa es del exceso de productos con el IVA reducido (al 10%) o superreducido (4%). En el impuesto de Sociedades (empresas), la recaudación española está a la cola de Europa: el 2,3% del PIB, por debajo del 2,5% que recauda la zona euro. Otra vez, la culpa son las enormes exenciones y beneficios fiscales, que restan recaudación. Y en los impuestos especiales (carburantes, alcohol, tabaco), también España recauda menos: un 2,1% del PIB frente al 2,3% de media europea y el 3% en los paises nórdicos, debido a que el tabaco, el alcohol y los carburantes pagan menos impuestos en España. Y también ingresamos menos por las herencias (-3.250 millones menos cada año que la media UE), las tasas y los precios públicos.

Un culpable claro de que recaudemos menos es que tenemos mucho fraude fiscal, en todos los impuestos pero sobre todo en el IVA y sociedades (empresas). Y una parte de ese fraude se debe a que una parte importante de la actividad económica en España está “oculta”, no paga impuestos ni cotizaciones. Son empresas y autónomos que no declaran todos sus ingresos, compras y servicios que no pagan el IVA o trabajadores que cobran “en negro” una parte de su sueldo o sus horas extras. Es la llamada “economía sumergida”, que se estimaba en el 16,9% del PIB en 2021 (235.000 millones de euros), según los cálculos de los técnicos de Hacienda (Gestha), quienes estiman que hay 4,3 millones de “empleos sumergidos”, que no cotizan ni pagan impuestos.

Pero hace poco se ha publicado un informe del CEPR que eleva el peso de la economía sumergida en España hasta el 24% del PIB, lo que nos colocaría como el tercer país europeo con más economía sumergida, sólo por detrás de Grecia (36% del PIB) e Italia (31%), empatados con Portugal (24% del PIB) y por delante de Francia (14% del PIB “sumergido”), Alemania (13%), Finlandia (10%), Suecia ()6%), Dinamarca o Austria (9%). Eso significa que casi la cuarta parte de lo que producimos (381.990 millones en 2024) no pasa por la caja de Hacienda ni de la Seguridad Social, está “oculta”. De ser el dato cierto (es una estimación, obtenida al comparar los ingresos por IVA y las encuestas de consumo), son 381.990 millones que no pagan impuestos ni cotizaciones. Sólo con que pagaran de media un 15% de impuestos, España recaudaría 57.300 millones más… Un dinero que nos vendría muy bien para fortalecer el Estado y los servicios públicos.

El Gobierno ha dicho en los últimos años que la pandemia y las ayudas posteriores a trabajadores y empresas (ERTEs) y a las familias más necesitadas (subvenciones e ingreso mínimo vital) han servido para “aflorar” una parte de la economía sumergida, que se ha “regularizado” para poder acceder a esas ayudas. De hecho, sus datos reflejan que entre 2020 y 2022 afloraron 285.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social (250.000 eran asalariados y otros 35.000 autónomos que no se afiliaban). Puede ser que las ayudas postpandemia hayan llevado a empresas y trabajadores a “legalizarse”, pero este reciente estudio europeo del CEPR revela que España es el país donde más creció la economía sumergida entre 1999 y 2020: +7% (del 17 al 24%), frente al 1% que creció en Italia y Alemania, el 2% que creció en Francia y el 4% que creció en Portugal.

¿Dónde se concentra la economía sumergida? Básicamente, en la agricultura, en los “arreglos” de la construcción, el servicio doméstico y empresas de limpieza, la hostelería, inmobiliarias, peluquerías, talleres y transporte según un estudio de la Universidad de Murcia, que revela un mayor porcentaje de economía sumergida en Canarias, Andalucía, Extremadura y Murcia. En líneas generales, esta “economía sumergida” no declara trabajos hechos por empresas y autónomos, ni parte de sueldos y horas extras, ni alquiles ni ventas (en muchos casos declaradas por debajo de su valor). Este fraude recorta los ingresos por IVA, lo que hay que declarar por IRPF y los impuestos a pagar por módulos y sociedades.

Hay “5 prácticas tipo que son las más utilizadas por la economía sumergida en España: trabajos sin contrato ni alta en SS (el 32% de los jóvenes de 16 a 24 años han recibido dinero “en B” en los últimos años, frente al 11% de todos los trabajadores, según InfoJobs), autónomos que trabajan sin darse de alta ni declarar ingresos, actividades “informales” al margen de la legalidad (venta ambulante, reparaciones, mantenimiento, comercio “informal”…), subcontratas opacas que trabajan para empresas legales y pagos en efectivo no declarados. Y también, una parte de los parados hacen “chapuzas”, trabajos no declarados. Muchos de los que no declaran sus ingresos lo justifican en la alta fiscalidad que hay en España (ojo: menor a la de la mayoría de Europa) y a las elevadas cotizaciones sociales.

La Comisión Europea lleva años llamando la atención a España por su baja recaudación fiscal, el elevado fraude y el gran peso de la economía sumergida. Ya en 2018, en su discurso de investidura, Pedro Sánchez prometió reformar la fiscalidad (no ha conseguido aprobar una reforma fiscal, sólo “parches” y subida de impuestos a energéticas y bancos), establecer un tipo mínimo efectivo del 15% en el impuesto de Sociedades (aprobado por el Gobierno en junio de 2024 y aprobada en diciembre por el Congreso) y “combatir la economía sumergida”.

Para cumplir con las exigencias de Bruselas, el Plan de Recuperación, aprobado en abril de 2021, incluyó un apartado, el Componente27, con “medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal”. Ahí se incluía el compromiso de aprobar una Ley contra el fraude fiscal, aprobada por el Congreso en junio de 2021, que incluyó algunas medidas contra la economía sumergida: se limitó el pago en efectivo a 1.000 euros (desde 2.500), se prohibió el software de doble uso (programas informáticos que permiten manipular la contabilidad y pueden usarse por las empresas para ocultar parte de su actividad), se estableció un mayor control sobre las criptomonedas y contra la elusión en paraísos fiscales.

En paralelo, los Planes anuales de inspección de Hacienda están muy centrados en vigilar a empresas y autónomos inmersos en la economía sumergida, aunque los resultados no parecen muy fructíferos. Así, en 2023, Hacienda descubrió ventas ocultas por importe de 466 millones de euros, tras 2.317 actuaciones dirigidas a aflorar la economía sumergida, con sanciones impuestas a 1.200 contribuyentes, según la Agencia Tributaria . Y en 2024, el Plan de inspección de Hacienda se ha centrado en vigilar a los profesionales que manejan mucho efectivo y los que impiden el pago con tarjeta, además de rastrear a empresas, autónomos y profesionales de los que hay sospechas de falseo de ventas o manipulación de existencias, junto a la detección de facturas falsas. Otra medida importante, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, es la obligación de enviar a Hacienda las facturas digitales que emitan las empresas y autónomos que facturen menos de 6 millones de euros al año.

La lucha contra la economía sumergida no es sencilla y exige Planes y medios. El Comité de Sabios que preparó en 2022 un informe con propuestas para una reforma fiscal (y que está en el cajón de Hacienda, por la imposibilidad política de pactar una reforma) ya propuso la creación de una Unidad Permanente de análisis del cumplimiento tributario, dentro del Instituto de Estudios Fiscales, unidad que no se ha creado. Además, los técnicos de Hacienda(Gestha) insisten en que hace falta reforzar la Agencia tributaria, porque tiene pocos inspectores para luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida: son 7.198 funcionarios en funciones de auditoría, investigación y control, frente a 12.834 en Francia o 24.533 en Alemania.

Los expertos apuestan por aprobar un Plan contra la economía sumergida, que cuente con más personal de investigación y más herramientas digitales, entre ellas la Inteligencia Artificial (IA) y el refuerzo de la digitalización de datos, para ser más eficientes en la detección de la economía oculta, con incentivos a los que regularicen su situación fiscal. Necesitamos con urgencia más recaudación fiscal (no menos, como defienden el PP y Vox con su cantinela de “bajar impuestos”), para afrontar las necesidades que tenemos para digitalizar y descarbonizar la economía, mejorar la innovación y la tecnología y reforzar los servicios públicos, la Defensa y la Seguridad, en especial los servicios de protección civil, para afrontar con mejores resultados las futuras “emergencias” (que vendrán).

No podemos permitir que la cuarta parte de la economía (“sumergida”) no pague y arrime el hombro, porque eso nos quita recursos necesarios y obliga a la mayoría a pagar más impuestos de los que debería, mientras muchos se escaquean. El debate no es subir o bajar impuestos sino quien tiene que pagar más porque no paga (poco o nada). Y recordemos: pagar impuestos hoy (todos, no los de siempre) es la garantía de que nos van a atender mañana.

lunes, 15 de enero de 2018

Pensiones: la "ocurrencia" populista de Sánchez


Las pensiones cerraron 2017 con un agujero de 18.000 millones, similar al de 2016. Y se espera otro déficit de 17.000 millones este año. Mientras, el secretario general del PSOE ha tenido una ocurrencia “milagrosa”: poner dos impuestos a la banca para recaudar 1.860 millones. No sólo es “el chocolate del loro”. El problema de las pensiones es estructural (ingresos no cubren unos gastos crecientes) y para resolverlo hay que aumentar los ingresos por cotizaciones e impuestos, entre 50.000 y 80.000 millones en unos años, y eso no se consigue con propuestas simplistas y cargando contra la banca. Sánchez debería saber que España recauda 72.000 millones menos que el resto de Europa, porque hay más fraude y porque grandes empresas, multinacionales y los más ricos pagan poco. Y que trabajadores y empresas cotizan también menos. Hay que recaudar más por muchas vías, no hacer demagogia populista. Y menos tras un año largo sin hacer propuestas, ni el PSOE ni los demás, en el Pacto de Toledo. Por favor, sean serios.


enrique ortega

Veamos, antes que nada, cuál es “el problema de las pensiones en España. Básicamente, que los ingresos por cotizaciones crecen menos de lo que crece el gasto en pensiones. En 2017, las cotizaciones crecieron un 5% y recaudaron 109.000 millones. Y el gasto en pensiones, aunque se ha moderado tras las “reformas” (recortes) de Zapatero (2011) y Rajoy (2013), ya que creció un 3% en 2017, ascendió a 127.000 millones, con lo que ahí tenemos el “agujero”: -18.000 millones de déficit en 2017, similar al de 2016 (-18.500 millones). Y para este año 2018, los expertos creen que se mantendrá en -17.000 millones de euros, lo que ya ha obligado al Gobierno Rajoy a aprobar un crédito de 15.000 millones del Tesoro a la Seguridad Social, para asegurar el pago de las pensiones este año, porque en “la hucha” de las pensiones ya sólo quedan 8.000 millones (había 66.815 en 2011).

El problema de este “agujero” de la Seguridad Social es que no es coyuntural, sino estructural. Porque los ingresos por cotizaciones no crecen lo que hace falta, a pesar de que se han recuperado 2 millones de cotizantes de los 3 millones perdidos con la crisis. Pero los nuevos trabajadores son precarios, muchos tienen contratos temporales (25,7%) y a tiempo parcial (un tercio), y por tanto sus sueldos son bajos (el sueldo medio bruto en España son 1.177 euros mensuales, según el INE) y cotizan poco. Y mientras, la Seguridad Social recauda poco (aunque haya medio millón más de cotizantes cada año), la factura de las pensiones crece mes a mes, porque hay más españoles que se jubilan (seremos el 2º país más envejecido del mundo, tras Japón) y además, los nuevos jubilados han cotizado más (antes de la crisis) y su pensión es más alta (1.308 euros las nuevas en octubre 2017). Y así, cada mes nos gastamos 9.000 millones en pagar pensiones y sólo se ingresan 7.500.

Además, lo preocupante es que el problema se va a agravar con los años. Porque aunque pueda mejorar algo más el empleo y llegarse a 20 millones de españoles trabajando, los jubilados crecerán mucho más: en 2050, un tercio de los españoles tendrán más de 65 años y el número de pensiones pasará de los 9,5 millones actuales a 15 millones. Y además, los pensionistas vivirán más años: 90 frente a los 83 años de hoy. Mientras este envejecimiento aumentará la factura de las pensiones, bajará la población española y habrá menos gente trabajando y cotizando: 900.000 activos menos en 2025. Así que si ahora no salen las cuentas, en las próximas décadas aún menos.

Y eso sin contar que el sistema no permite revalorizar apenas las pensiones actuales ni subir las mínimas, que cobran demasiados pensionistas (1.067101 pensionistas cobran menos de 600 euros al mes). Porque con la reforma impuesta por Rajoy en 2013, las pensiones actuales se revalorizarán un 0.25% anual (2 euros al mes) hasta 2040, según el Banco de España, con lo que los pensionistas actuales perderán un 35% de poder adquisitivo. 0 sea, que una pensión de 700 euros (son casi la mitad hoy) se quedaría en 455 euros reales en 2040. Si se quiere evitar y revalorizarlas más, el déficit de la Seguridad Social subiría más. Así que hacen falta recursos para tapar el déficit actual y para poder subir algo más las pensiones en los próximos años. Dos grandes objetivos que obligan a ingresar para las pensiones entre 50.000 y 80.000 millones más en un horizonte a 20 años. Como poco.

Y frente a este gran reto de ingresos, el secretario general del PSOE se ha descolgado con una propuesta “milagrosa” para salvar las pensiones: aprobar dos nuevos impuestos que pagaría la banca, uno un recargo del 8% en su impuesto de sociedades (conseguiría 1.000 millones al año) y otro un impuesto del 0,1% sobre las transacciones financieras (que recaudaría otros 860 millones). En total, 1.860 millones para que la banca “salvada por todos los españoles, contribuya a salvar las pensiones”. Es como para llorar que al primer partido de la oposición sólo se le ocurra esto para afrontar el grave problema de las pensiones. Primero, porque es “el chocolate del loro”. Segundo, porque la propuesta acabaría siendo pagada por los clientes de los bancos, a los que la banca trasladaría el coste de estos nuevos impuestos vía más comisiones, créditos más caros y menos remuneración al ahorro. Y tercero, porque cualquier impuesto a la banca debe ser a nivel europeo, para que el dinero no se desplace a donde paga menos. Por eso hay una propuesta europea de implantar una tasa a las transacciones financieras (Tasa Tobin), que apoya España (el Gobierno Rajoy) y 9 países más, una propuesta más dura que la del PSOE (el recargo sería el 3%) y que supondría 4.500 millones extras de recaudación para España.

Pero la mayor crítica que puede hacerse a la propuesta de Sánchez, además de inútil y al margen de Europa, es que es “simplista” y “populista”, al estilo Podemos (que la aplaude ahora, porque ya la incluyó en su programa electoral de 2016). Porque no se puede vincular el grave problema de las pensiones a la banca (aunque haya hecho muchas cosas mal) y porque la solución al problema de las pensiones es complejo y exige tomar muchas medidas a medio plazo, no “soluciones mágicas” aprovechando la mala imagen de la banca. Y de paso, recordemos que el Gobierno Rajoy tampoco da soluciones, porque su reiterada fórmula es “esperar” a que crezca más el empleo y con ello se corrijan los ingresos. Pero es también una “falsa salida”, porque ahora hay 1.241.500 españoles más trabajando que cuando Rajoy llegó a la Moncloa y sin embargo, el déficit de la Seguridad Social se ha multiplicado por 36 durante su Gobierno (era de -487 millones en 2011).

Aquí estamos, con un agujero estructural en las cuentas de las pensiones y con 8,7 millones de pensionistas que pierden poder adquisitivo y temen por el futuro de sus pensiones, mientras la oposición tiene “ocurrencias” y el Gobierno Rajoy no hace nada, salvo aprobar un crédito para tapar el agujero. ¿Qué se puede hacer? No hay soluciones mágicas sino un abanico de medidas a tomar, a corto y medio plazo.

Por un lado, “quitar lastre” a las cuentas de la Seguridad Social para que consiga algunos ahorros, como ya han propuesto expertos y sindicatos. Por un lado, quitar las bonificaciones de cuotas a empresas y autónomos, las llamadas “tarifas planas” (3.700 millones de pérdida de cotizaciones), que no son útiles para crear empleo, o costearlas a cargo de los Presupuestos, no de la SS. Por otra, quitar del Presupuesto de las pensiones el coste del Ministerio de Empleo (4.000 millones), un anacronismo que debería pagar el Presupuesto del Estado, como los demás Ministerios.  En tercer lugar, pagar el subsidio a más parados (el 53% no cobran nada), con lo que la SS ingresaría cotizaciones por ellos que ahora pierde (otros 3.000 millones). Y por último, subir la cotización de los sueldos más altos (hoy tienen un tope de 3.751 euros: lo que se gane de más no cotiza), haciendo que los  sueldos altos coticen por todo lo que ganan, con lo que se podrían ingresar 7.500 millones más. Entre estas 4 medidas, posibles a corto plazo, son 18.200 millones más para las pensiones.

Aún harían falta entre 32.000 y 62.000 millones más para estabilizar las cuentas a medio plazo y subir algo más las pensiones actuales. Y si no se quieren aprobar más recortes, sólo puede conseguirse con más ingresos, por dos vías: cotizaciones e impuestos.

La primera vía, subir las cotizaciones a empresas y trabajadores es viable porque en España se pagan menos cotizaciones sociales que en Europa: los ingresos netos suponen el 12,3% del PIB, frente al 13,2% en Europa y el 15,3% en la eurozona, muy por debajo del peso de las cotizaciones sociales en Alemania (16,5% del PIB), Francia (18,9%), Italia (13,3%) o Portugal (11,6%) y sólo por debajo de Reino Unido (7,8%), según Eurostat. Eso significa que si en España se cotizara como en la eurozona, la Seguridad Social podría ingresar 34.000 millones más cada año. Pensemos en una subida paulatina y menor, para no penalizar en exceso el empleo, por ejemplo 20.000 millones más de cotizaciones en 4 años. Posible. Sobre todo cuando se fomenta fiscalmente que esos mismos trabajadores se paguen una pensión privada con los Planes. Mejor que se lo paguen a la Seguridad Social.

Y entonces queda recaudar entre 12.000 y 42.000 millones extras por la otra vía, los impuestos. Y se puede hacer, porque, como debería saber Sánchez, España recauda mucho menos ingresos fiscales que el resto de Europa. Concretamente, en 2018, está previsto recaudar un 38% del PIB en España mientras la media UE-27 recaudará el 44,6% del PIB, según la Comisión Europea. Traducido, esto significa que si recaudáramos como el resto de Europa, Hacienda debería ingresar 72.000 millones más al año, lo que daría para no tener déficit, pagar parte de las pensiones (25.000 millones) y gastar en lo que hace falta, desde educación y sanidad a industria, tecnología y digitalización. Pero, por desgracia, esto no se lo oímos a Sánchez: es un mensaje “complejo” y poco populista. No da “titulares”.

Así que, buena parte del futuro de las pensiones pasa por hacer una reforma fiscal que reduzca el fraude y mejore la recaudación. ¿Cómo? La Comisión Europea y la OCDE se lo han dicho al Gobierno Rajoy en varias ocasiones, sin éxito. Primero, deberían subir el IVA al 21% a productos y servicios que ahora pagan el 10% (como hoteles, bares y restaurantes) y reducir el fraude en el IVA, dos medidas con las que se recaudarían 16.000 millones más. Otra es subir el impuesto al gasóleo y la gasolina (más bajos que en Europa), que reportarían otros 2.000 millones. Y subir los impuestos medioambientales, como ha pedido la OCDE, otros 2.000 millones más. En total, 18.000 millones más, que la mitad podría ir a las pensiones.

Y todavía queda el grueso de mejora de la recaudación, que paguen más impuestos tres colectivos que pagan hoy poco “legalmente”: grandes empresas (bancos incluidos), multinacionales y los más ricos. Las grandes empresas pagan el 7,3% de su resultado contable, según Hacienda (2015), cuando las pymes pagan el 12,2% y los ciudadanos de a pié el 14,9% de sus ingresos con el IRPF. El impuesto de sociedades tiene tantas deducciones y exenciones que el Corte Inglés lleva 5 años sin pagar un euro y Hacienda devolvió al Banco Santander 1.236 millones por el impuesto de sociedades en 2013 y 2014. Tienen que pagar lo que deben, como todos,  no “ir a por ellos” porque les hemos rescatado. Y lo mismo las multinacionales, que utilizan trucos y paraísos fiscales para evadir “legalmente impuestos (como Inditex) y que tributan a un tipo efectivo del 6%, según los técnicos de Hacienda (Gestha). Y lo mismo las grandes fortunas, con las SICAV (tributan al 1%). Si se modifica la legislación y se dota a Hacienda de más inspectores contra el fraude (hay 1.928 contribuyentes por inspector frente a 860 en Francia o 729 en Alemania), podríamos recaudar unos 30.000 millones más a medio plazo y destinar la mitad a las pensiones.

No son “las cuentas de la lechera”, sino una propuesta que resume las propuestas de muchos expertos para asegurar el futuro de las pensiones. Se puede conseguir, pero no con medidas “simplistas” y demagógicas (PSOE y Podemos) ni “sentándose a esperar” que mejoren las cotizaciones (PP) y mucho menos bajando los impuestos (Ciudadanos). Hay que sentarse, echar cuentas y arañar ahorros e ingresos de aquí y de allá, con realismo y pensando a 20 años vista al menos. Y en paralelo, hay que aprobar ayudas a la familia, para que aumente la natalidad y los cotizantes futuros. Y poner en marcha una cruzada” contra el empleo precario, incentivando el empleo fijo a tiempo completo y sancionando duramente con la inspección de trabajo el falso empleo temporal y por horas, que hunde las cotizaciones.

Pero, sobre todo, hay que moverse. La Comisión del Pacto de Toledo lleva más de un año de reuniones en el Congreso, sin aportar soluciones, ni por la izquierda ni por la derecha. Y mientras, cada mes hay que pagar más pensiones y se mantiene el agujero de la Seguridad Social, en medio de la inquietud de los españoles. Hagan algo sensato, por favor. Por los pensionistas actuales pero, sobre todo, por los pensionistas futuros.

lunes, 4 de diciembre de 2017

Pensiones: muchos Planes y ninguna reforma


Diciembre es el mes de los Planes de pensiones privados: bancos, financieras y aseguradoras nos bombardean con campañas, aprovechando el temor por las pensiones públicas. Pero los Planes están de capa caída : han bajado las aportaciones, han subido los rescates (de parados) y se han perdido un millón largo de partícipes mientras los que quedan (8 millones) aportan cada año menos (400 euros de media y dos tercios nada). Todo porque es un dinero "cautivo" y los Planes son poco rentables y pagan altas comisiones, El Gobierno Rajoy ha tratado de reanimar a los Planes, aprobando medidas para hacerlos más atractivos, “un parche” según la OCDE. Entre tanto, Gobierno y “oposición” llevan más de un año debatiendo la reforma de las pensiones públicas, sin alumbrar ninguna medidaEl parto se retrasa, mientras los pensionistas pierden poder adquisitivo, sigue el déficit (-17.500 millones) y se agota la “hucha” de las pensiones, obligando a pedir un crédito para pagar la extra de Navidad. Urge tomar medidas para garantizar las pensiones públicas. 


enrique ortega

Los Planes de pensiones privados cumplieron este verano 30 años, al aprobar el gobierno de Felipe González, en junio de 1987, la Ley de Planes de pensiones, que ya existían en toda Europa. Entre 1998 y 2006 fue la época dorada de los Planes, triplicándose los partícipes y el dinero aportado. En 2007, el empuje aflojó, al suprimirse algunas ventajas fiscales, y empezó el declive a partir de 2008, con la crisis, hasta hoy: se han perdido 1.100.000 partícipes (hay 8 millones de españoles, 3 de cada 10 personas entre 25 y 65 años), se han reducido las aportaciones (de 8.093 millones en 2008 a 4.972 en 2016) y han subido los rescates (de 3.301 a 4.728 millones, por los parados que han pedido su Plan), con lo que en 2017, por primera vez en 30 años de Planes, el saldo será negativo: los rescates superarán a las aportaciones. Y los partícipes aportan cada año menos dinero a sus Planes: de los 800 euros de media en 2004 se ha pasado a 400 aportados en 2016. Y dos tercios de los partícipes (64,6%) no aportaron nada el año pasado, mientras otro 22% aportaba menos de 900 euros.

Como se ve, los Planes de pensiones privados están de capa caída, por muchas campañas que hagan los bancos, financieras y aseguradoras, campañas que son “engañosas”: ofrecen un regalo (del 2 al 4% de lo aportado o traspasado), pero la mayoría exigen una aportación mínima de 3.000 euros, aportación que sólo hacen una minoría, el 4% de los partícipes. Actualmente, hay 35 entidades que venden un rosario de Planes (más de 2.700), aunque es un negocio controlado mayoritariamente por los tres grandes bancos, CaixaBank (23,6% del mercado), BBVA (20%) y Santander (13,3 % si le sumamos los Planes de Allianz Popular), a los que añadir Bankia (6,2%), Ibercaja (5,7%), Mapfre (4,8%), Fonditel (3,5%) y Sabadell (3,3%), para totalizar el 80% del mercado. Los Planes tienen un patrimonio de 109.244 millones, sólo un 5,5% del ahorro de los españoles, colocado en depósitos (860.562 millones, el 40% del ahorro), Bolsa (450.000 millones, el 21%), Fondos de inversión (302.000 millones, el 14%) y seguros (243.000 millones, el 11,4%), según los datos de INVERCO (2017).

Los Planes de pensiones han tocado fondo porque los trabajadores (hay 7,5 millones de planes individuales, el 40% de los empleados) no los ven atractivos: supone inmovilizar un dinero durante muchos años (que sólo se puede rescatar en caso de paro de larga duración, enfermedad grave o desahucio) y saben que recuperarlo luego supone pagar un buen pico a Hacienda en impuestos. Además, hay que pagar altas comisiones anuales (el 1,50% y más), mayores que en el resto de Europa, y los Planes tienen una baja rentabilidad (2,04% de media en 2016), inferior a la de la Bolsa o los Fondos de Inversión. Y tampoco ven claros los Planes de pensiones las empresas (sólo un 0,4% de empresas los tienen, con 2 millones de trabajadores incluidos en planes de empleo), que han recortado sus aportaciones y ya no incluyen en los Planes, en muchos casos, a los nuevos contratados.

Las entidades que venden Planes de pensiones (bancos) han lanzado un SOS al Gobierno, pidiendo ayuda para insuflar oxígeno a un producto de ahorro que languidece. Y además, han tenido la peregrina idea de proponer una aportación “cuasi obligatoria”  a Planes privados de pensiones: un 2% de los sueldos lo aportarían las empresas y otro 2% los trabajadores… Así tendrían un negocio “cautivo” y “redondo”. Y nadie les dice que sería mucho más sensato subir las cotizaciones de empresas y trabajadores a la Seguridad Social, que son más bajas en España que en otros paises, para consolidar así las pensiones públicas y reducir su déficit, en lugar de alimentar un negocio privado plagado de comisiones.

Pero el Gobierno Rajoy ha recogido de alguna manera el guante de salvar los Planes de pensiones y ha aprobado por decreto, el 13 de noviembre, dos medidas, para reanimar la campaña de Planes de la banca. Una, rebajar la comisión máxima de los Planes del 1,75 al 1,45% (a partir de mayo de 2018). Y la otra, permitir que los partícipes de un Plan recuperen el dinero a los 10 años, no al jubilarse. La OCDE ha calificado este “reforma de urgencia” del Gobierno como “un parche”, porque las comisiones siguen siendo más altas que en Europa (en Reino Unido tienen un tope del 0,9%) y, sobre todo, porque “desvirtúan” lo que es un Plan de pensiones (ahorrar para la jubilación), transformándolos en “Planes de ahorro” sin más.

Eso sí, Planes de ahorro con desgravación fiscal, algo muy injusto y que la Comisión Europea ha calificado en varias ocasiones de “fiscalmente regresivo”. Porque todos los españoles costeamos que una parte, los que tienen Planes, se desgraven en el IRPF por ellos. En 2015, la desgravación por Planes costó 5.000 millones de euros y benefició sólo a 2,8 millones de contribuyentes, 1 de cada 6 españoles que declaran a Hacienda. Y los que más se benefician de esta desgravación son los que más ganan: 1,23 millones de contribuyentes, el 44% de los que desgravan por Planes, ganan más de 30.000 euros al año. Y cuanto más ganan, más aportan (el límite son 8.000 euros anuales) y  más desgravan. Así que tenemos  unos Planes en claro declive que sólo sobreviven gracias a una desgravación costosa que beneficia sobre todo a los más ricos. Urge cambiarlo.

Mientras el Gobierno Rajoy auxilia a los Planes de pensiones privados, deja languidecer la reforma de las pensiones públicas. La Comisión del Pacto de Toledo, que estudia en el Congreso las medidas a tomar, lleva ya más de un año de reuniones (desde el 22 de noviembre de 2016), sin avances, mientras el Gobierno no ha vuelto a reunir desde marzo a sindicatos y patronal para hablar de las pensiones. Y todo apunta a que, con el problema de Cataluña, no habrá avances hasta 2018. Incluso se habla de que las posturas entre PP, PSOE, Podemos y C´s están muy encontradas y que la reforma de las pensiones podría retrasarse sine die, máxime si Rajoy convoca elecciones en junio de 2018, como es posible.

La reforma de las pensiones públicas está atascada y eso es especialmente grave porque se mantiene la asfixia financiera de la Seguridad Social, cuyo déficit previsto en 2017 será de  -17.299 millones de euros (según las cuentas enviadas por el Gobierno a Bruselas), tras cerrar 2016 con un “agujero” de -18.500 millones, porque los ingresos no alcanzan a cubrir los gastos, debido a la mala calidad del empleo (más empleados que cotizan menos). Y ahora , la Seguridad Social ha casi agotado la “hucha” de las pensiones (quedan 8.095 millones, tras haber tenido 66.815 millones en 2011), con lo que ha tenido que recurrir a un crédito del Estado para pagar la extra de diciembre y la pension del mes (17.400 millones de desembolso total). Y cada mes aumentan los pensionistas (ya hay 8.679.378 pensionistas), que se jubilan con pensiones más altas (1.308 euros de media las altas en octubre).

Además, 2017 será el primer año desde 2012 en el que los pensionistas vuelven a perder poder adquisitivo, porque la pensión les subió un 0,25% y la inflación media subirá un 2%. Y lo mismo pasará en 2018: la pensión les subirá 0,25% (2,3 euros al mes la pensión media, 925 euros) y los precios el 1,6%. Eso pasa porque España es el único país europeo que, desde 2013, no liga la subida de las pensiones a la evolución de los precios o de los salarios, como hacen todos los demás paises de la UE, salvo Irlanda, según un reciente informe de la Comisión Europea.

Las pensiones públicas exigen una reforma urgente para hacer frente a dos problemas. Uno, la falta de recursos para revalorizar las pensiones actuales, lo que llevó a Rajoy a aprobar en 2013 un ajuste (el “Factor de Sostenibilidad”) para que las pensiones sólo suban un 0,25% anual hasta que las cuentas mejoren. Y eso no pasará hasta 2040, según el Banco de España, con lo que estos 25 años, las pensiones perderán hasta un 35% de poder adquisitivo. O sea, que una pensión de 700 euros hoy (son la mitad) quedaría en 455 euros reales en 2040. Y si se quiere evitar, subiendo las pensiones como los precios, el déficit de la SS subiría a 70.000 millones anuales, según FEDEA. El otro problema, más grave, es demográfico: en 2050, España será el país más envejecido de Europa y un tercio de los españoles tendrán más de 65 años, con lo que el número de pensiones pasará de los 9,5 millones actuales a 15 millones. Y además, los pensionistas vivirán más años (90 frente a 83 hoy). Y mientras este envejecimiento aumentará el coste de las pensiones, bajará la población española y habrá menos gente trabajando (900.000 activos menos en 2025). En definitiva, más jubilados viviendo más años y menos jóvenes para trabajar y pagar las pensiones. Oscuro panorama.

Para hacer frente a estos dos grandes retos, revalorizar las pensiones actuales y pagar las futuras, hace falta una cosa: más ingresos, entre 50.000 y 80.000 millones más de aquí a 20 años. Y hay que conseguir este dinero extra por dos razones. Una, por justicia, porque se debe, ya que España gasta en pensiones menos que el resto de Europa: un 10,6% del PIB en 2016, inferior al 11,6% de la UE-28 y muy por debajo de ocho paises europeos menos envejecidos como Italia (15,8%), Grecia (14,5%), Francia (13,8%), Austria (13,2%), Portugal (13%), Eslovenia (11,4%), Polonia (10,8%) y Alemania (10,6%), según la OCDE. Y la otra, porque se puede: España ingresa menos que la mayoría de Europa tanto por cotizaciones sociales como por impuestos.

Hay pues dos vías para conseguir esos ingresos extras que necesitan las pensiones. Una, subir las cotizaciones sociales, aunque no le guste a nadie porque puede penalizar el empleo (según  se haga). Pero hay margen para subirlas: los ingresos por cotizaciones netas suponen en España el 12,3% del PIB, frente al 13,2% en Europa y el 15,3% en la eurozona, muy por debajo del peso de las cotizaciones en Alemania (16,5% del PIB), Francia (18,9%), Italia (13,3%) o Portugal (11,6%) y sólo por debajo de Reino Unido (7,8%), según Eurostat. Eso significa que si en España se cotizara como en la eurozona, la Seguridad Social podría ingresar 34.000 millones más cada año. Y otro tanto pasa con los impuestos: la recaudación fiscal en España supone el 38,2% del PIB (2016) frente al 46,1% del PIB que recaudan los paises euro y el 44,8% del PIB que ingresa la UE-28. Eso significa que si recaudáramos como la eurozona, España ingresaría 86.900 millones más en impuestos cada año.

Así que se pueden salvar las pensiones, con más ingresos, siempre que se acuerde subir las cotizaciones (a empresas y trabajadores, que ya gastan dinero extra en contratar Planes de pensiones poco rentables) y se suban los impuestos, no a los trabajadores y pensionistas que ya pagamos, sino a las grandes empresas, multinacionales y los más ricos, que pagan legalmente menos y que defraudan más (en España y en los paraísos fiscales). Además, habría que hacer algunos ahorros en la Seguridad Social, como quitar las bonificaciones de cotizaciones a empresas y autónomos (3.700 millones de ingresos anuales que pierde la SS), porque son poco eficaces. Y quitar del presupuesto de la SS el coste del Ministerio de Empleo (4.000 millones), un anacronismo que debería pagar el Presupuesto del Estado, como los demás Ministerios. Y por último, tomar medidas serias para fomentar la natalidad (para aumentar los cotizantes futuros) y mejorar la calidad del empleo, porque los contratos temporales y por horas son un torpedo letal para las cotizaciones y las pensiones.

La prioridad debería ser salvar el sistema público de pensiones, no los Planes privados. Es una irresponsabilidad, del Gobierno y la “oposición”, haber perdido más de un año sin aprobar la reforma. Cataluña es importante pero no más que asegurar las pensiones actuales y futuras. Hay que acelerar la reforma, porque las medidas tardan décadas en hacer efecto. Hay soluciones, pero no sin subir cotizaciones e impuestos. Los trabajadores tendrán que pagar algo más para asegurarse una pensión digna. Y una minoría de españoles, las empresas y contribuyentes más privilegiados, tendrán que ayudar pagando más impuestos. Así que si oye al PP y a Ciudadanos que van a bajar los impuestos en 2018, sepa que están poniendo en peligro sus pensiones, además de la sanidad, la educación y el resto del Estado del Bienestar. No se pueden salvar las pensiones sin más ingresos, salvo que haya más recortes, como los aprobados en 2011 (ZP) y 2013 (Rajoy). Si es así, que lo digan.