España tiene un problema fiscal de fondo, reiterado en este blog: recaudamos por impuestos menos que la mayoría de Europa, lo que nos obliga también a gastar menos que otros paises. En 2024, España recaudó el 42,4% de lo que produjo (PIB), frente al 46,1% que ingresó de media la UE-27, el 46,8% de su PIB que ingresó Alemania, el 46,9% de Italia y el 51,3% que recaudó Francia, según los datos de la Comisión Europea. A lo claro: que ingresamos 58.946 millones de euros menos de lo que nos correspondería según la media europea. Y 70.000 millones menos que si recaudáramos como Alemania, 71.691 millones menos que Italia y 141.789 millones menos que si recaudáramos como Francia. Y por eso, también podemos gastar menos que ellos: el 45,4% del PIB frente al 49,2% de gasto en la UE-27. ¿Por qué recaudamos menos que la mayoría de Europa? Básicamente, porque tenemos más fraude fiscal y recaudamos menos en todos los impuestos. En el IRPF, somos el tercer país europeo que menos recauda, sólo por detrás de Grecia y Portugal, según este estudio de Fedea: un 7,5% del PIB frente al 10% la UE-27, el 9% que recaudan Alemania o Francia, el 12% de Italia o el 27% en Dinamarca. Y no porque tengamos tipos más bajos, sino porque hay muchas deducciones y exenciones fiscales. En el IVA, somos también el tercer país que menos recauda, tras Irlanda e Italia: el 6,3% del PIB frente al 6,9% de media en la UE. La culpa es del exceso de productos con el IVA reducido (al 10%) o superreducido (4%). En el impuesto de Sociedades (empresas), la recaudación española está a la cola de Europa: el 2,3% del PIB, por debajo del 2,5% que recauda la zona euro. Otra vez, la culpa son las enormes exenciones y beneficios fiscales, que restan recaudación. Y en los impuestos especiales (carburantes, alcohol, tabaco), también España recauda menos: un 2,1% del PIB frente al 2,3% de media europea y el 3% en los paises nórdicos, debido a que el tabaco, el alcohol y los carburantes pagan menos impuestos en España. Y también ingresamos menos por las herencias (-3.250 millones menos cada año que la media UE), las tasas y los precios públicos.
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jueves, 8 de mayo de 2025
España y el lastre de la "economía sumergida"
Pandemia, guerra de Ucrania, inflación disparada, nevada
Filomena, volcán de la Palma, dana de Valencia, apagón eléctrico… Problemas
y catástrofes que nos han revelado la importancia de los servicios
públicos y la necesidad de que el Estado funcione. Pero eso
exige contar con medios y personal, gastar más con eficacia. Y como cada
vez tenemos más necesidades, hay que recaudar más para pagar lo que hace
falta, para tener un país más seguro. El problema de España es que recaudamos
menos que el resto de Europa, aunque parezca que nos fríen a impuestos.
Pero hay mucho fraude. Y una parte es la “economía
sumergida”, las actividades que no se declaran ni pagan impuestos.
Un reciente informe señala que España es el tercer país europeo con más “economía
sumergida, un 24% del PIB. Si aflorara y pagara impuestos, esta economía “oculta”
aportaría 57.300 millones más de recaudación, que buena falta nos
hace. Urge pactar un Plan para legalizar esta parte de la
economía y que pague impuestos.
España tiene un problema fiscal de fondo, reiterado en este blog: recaudamos por impuestos menos que la mayoría de Europa, lo que nos obliga también a gastar menos que otros paises. En 2024, España recaudó el 42,4% de lo que produjo (PIB), frente al 46,1% que ingresó de media la UE-27, el 46,8% de su PIB que ingresó Alemania, el 46,9% de Italia y el 51,3% que recaudó Francia, según los datos de la Comisión Europea. A lo claro: que ingresamos 58.946 millones de euros menos de lo que nos correspondería según la media europea. Y 70.000 millones menos que si recaudáramos como Alemania, 71.691 millones menos que Italia y 141.789 millones menos que si recaudáramos como Francia. Y por eso, también podemos gastar menos que ellos: el 45,4% del PIB frente al 49,2% de gasto en la UE-27. ¿Por qué recaudamos menos que la mayoría de Europa? Básicamente, porque tenemos más fraude fiscal y recaudamos menos en todos los impuestos. En el IRPF, somos el tercer país europeo que menos recauda, sólo por detrás de Grecia y Portugal, según este estudio de Fedea: un 7,5% del PIB frente al 10% la UE-27, el 9% que recaudan Alemania o Francia, el 12% de Italia o el 27% en Dinamarca. Y no porque tengamos tipos más bajos, sino porque hay muchas deducciones y exenciones fiscales. En el IVA, somos también el tercer país que menos recauda, tras Irlanda e Italia: el 6,3% del PIB frente al 6,9% de media en la UE. La culpa es del exceso de productos con el IVA reducido (al 10%) o superreducido (4%). En el impuesto de Sociedades (empresas), la recaudación española está a la cola de Europa: el 2,3% del PIB, por debajo del 2,5% que recauda la zona euro. Otra vez, la culpa son las enormes exenciones y beneficios fiscales, que restan recaudación. Y en los impuestos especiales (carburantes, alcohol, tabaco), también España recauda menos: un 2,1% del PIB frente al 2,3% de media europea y el 3% en los paises nórdicos, debido a que el tabaco, el alcohol y los carburantes pagan menos impuestos en España. Y también ingresamos menos por las herencias (-3.250 millones menos cada año que la media UE), las tasas y los precios públicos.
Un culpable claro de que recaudemos menos es que tenemos
mucho fraude fiscal, en todos los impuestos pero sobre todo en el IVA y sociedades
(empresas). Y una parte de ese fraude se debe a que una parte importante
de la actividad económica en España está “oculta”, no paga impuestos
ni cotizaciones. Son empresas y autónomos que no declaran todos sus
ingresos, compras y servicios que no pagan el IVA o trabajadores que
cobran “en negro” una parte de su sueldo o sus horas extras. Es la llamada “economía
sumergida”, que se estimaba en el 16,9% del PIB en 2021 (235.000
millones de euros), según los cálculos de los técnicos de Hacienda (Gestha), quienes
estiman que hay 4,3 millones de “empleos sumergidos”, que no cotizan ni pagan
impuestos.
Pero hace poco se ha publicado un informe del CEPR que
eleva el peso de la economía sumergida en España hasta el 24% del PIB,
lo que nos colocaría como el tercer país europeo con más economía sumergida,
sólo por detrás de Grecia (36% del PIB) e Italia (31%), empatados
con Portugal (24% del PIB) y por delante de Francia (14% del PIB “sumergido”),
Alemania (13%), Finlandia (10%), Suecia ()6%), Dinamarca o Austria (9%). Eso
significa que casi la cuarta parte de lo que producimos (381.990 millones en
2024) no pasa por la caja de Hacienda ni de la Seguridad Social, está “oculta”.
De ser el dato cierto (es una estimación, obtenida al comparar los ingresos por
IVA y las encuestas de consumo), son 381.990 millones que no
pagan impuestos ni cotizaciones. Sólo con que pagaran de media un 15% de
impuestos, España recaudaría 57.300 millones más… Un dinero que
nos vendría muy bien para fortalecer el Estado y los servicios públicos.
El Gobierno ha dicho en los últimos años que la
pandemia y las ayudas posteriores a trabajadores y empresas (ERTEs) y a las
familias más necesitadas (subvenciones e ingreso mínimo vital) han servido para
“aflorar” una parte de la economía sumergida, que se ha “regularizado”
para poder acceder a esas ayudas. De hecho, sus datos reflejan que entre 2020 y
2022 afloraron 285.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social
(250.000 eran asalariados y otros 35.000 autónomos que no se afiliaban). Puede
ser que las ayudas postpandemia hayan llevado a empresas y trabajadores a “legalizarse”,
pero este reciente estudio europeo del CEPR revela que España es el país
donde más creció la economía sumergida entre 1999 y 2020: +7% (del 17
al 24%), frente al 1% que creció en Italia y Alemania, el 2% que creció en
Francia y el 4% que creció en Portugal.
¿Dónde se concentra la economía sumergida? Básicamente,
en la agricultura, en los “arreglos” de la construcción, el
servicio doméstico y empresas de limpieza, la hostelería, inmobiliarias,
peluquerías, talleres y transporte según un estudio de la Universidad de Murcia, que revela un mayor porcentaje de economía sumergida en Canarias, Andalucía,
Extremadura y Murcia. En líneas generales, esta “economía sumergida” no declara trabajos hechos por empresas y autónomos, ni parte de sueldos y horas
extras, ni alquiles ni ventas (en muchos casos declaradas por debajo de su
valor). Este fraude recorta los ingresos por IVA, lo que hay que declarar por
IRPF y los impuestos a pagar por módulos y sociedades.
Hay “5 prácticas tipo” que son las más utilizadas
por la economía sumergida en España: trabajos sin contrato ni alta en SS
(el 32% de los jóvenes de 16 a 24 años han recibido dinero “en B” en los
últimos años, frente al 11% de todos los trabajadores, según InfoJobs), autónomos
que trabajan sin darse de alta ni declarar ingresos, actividades “informales”
al margen de la legalidad (venta ambulante, reparaciones, mantenimiento,
comercio “informal”…), subcontratas opacas que trabajan para empresas
legales y pagos en efectivo no declarados. Y también, una parte de los parados
hacen “chapuzas”, trabajos no declarados. Muchos de los que no declaran sus
ingresos lo justifican en la alta fiscalidad que hay en España (ojo: menor a la
de la mayoría de Europa) y a las elevadas cotizaciones sociales.
La Comisión Europea lleva años llamando la atención a
España por su baja recaudación fiscal, el elevado fraude y el gran peso de la
economía sumergida. Ya en 2018, en su discurso de investidura, Pedro Sánchez
prometió reformar la fiscalidad (no ha conseguido aprobar una reforma
fiscal, sólo “parches” y subida de impuestos a energéticas y bancos), establecer
un tipo mínimo efectivo del 15% en el impuesto de Sociedades (aprobado
por el Gobierno en junio de 2024 y aprobada
en diciembre por el Congreso) y “combatir la economía sumergida”.
Para cumplir con las exigencias de Bruselas, el Plan de
Recuperación, aprobado en abril de 2021, incluyó un apartado, el Componente27, con “medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude
fiscal”. Ahí se incluía el compromiso de aprobar una Ley contra el fraude fiscal, aprobada por el Congreso en junio de 2021, que incluyó algunas
medidas contra la economía sumergida: se limitó el pago en efectivo a 1.000
euros (desde 2.500), se prohibió el software de doble uso (programas
informáticos que permiten manipular la contabilidad y pueden usarse por las
empresas para ocultar parte de su actividad), se estableció un mayor control
sobre las criptomonedas y contra la elusión en paraísos fiscales.
En paralelo, los Planes anuales de inspección de
Hacienda están muy centrados en vigilar a empresas y autónomos inmersos en la
economía sumergida, aunque los resultados no parecen muy fructíferos. Así, en
2023, Hacienda descubrió ventas ocultas por importe de 466 millones de
euros, tras 2.317 actuaciones dirigidas a aflorar la economía sumergida,
con sanciones impuestas a 1.200 contribuyentes, según la Agencia Tributaria . Y
en 2024, el Plan de inspección de Hacienda se ha centrado en vigilar a
los profesionales que manejan mucho efectivo y los que impiden el pago con
tarjeta, además de rastrear a empresas, autónomos y profesionales de los que
hay sospechas de falseo de ventas o manipulación de existencias, junto a la
detección de facturas falsas. Otra medida importante, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, es la obligación de enviar a Hacienda las facturas digitales que emitan las empresas y autónomos que facturen menos de 6 millones de euros al año.
La lucha contra la economía sumergida no es sencilla
y exige Planes y medios. El Comité de Sabios que preparó en 2022 un informe con propuestas para una reforma fiscal (y que está en el cajón de Hacienda, por la
imposibilidad política de pactar una reforma) ya propuso la creación de una Unidad
Permanente de análisis del cumplimiento tributario, dentro del Instituto de
Estudios Fiscales, unidad que no se ha creado. Además, los técnicos de Hacienda(Gestha) insisten en que hace falta reforzar la Agencia tributaria,
porque tiene pocos inspectores para luchar contra el fraude fiscal y la
economía sumergida: son 7.198 funcionarios en funciones de auditoría,
investigación y control, frente a 12.834 en Francia o 24.533 en Alemania.
Los expertos apuestan por aprobar un Plan contra la economía sumergida, que cuente con más personal de investigación y más
herramientas digitales, entre ellas la Inteligencia Artificial (IA) y el
refuerzo de la digitalización de datos, para ser más eficientes en la detección
de la economía oculta, con incentivos a los que regularicen su situación
fiscal. Necesitamos con urgencia más recaudación fiscal (no menos,
como defienden el PP y Vox con su cantinela de “bajar impuestos”), para
afrontar las necesidades que tenemos para digitalizar y descarbonizar la
economía, mejorar la innovación y la tecnología y reforzar los servicios públicos,
la Defensa y la Seguridad, en especial los servicios de protección civil, para
afrontar con mejores resultados las futuras “emergencias” (que vendrán).
No podemos permitir que la cuarta parte de la economía (“sumergida”)
no pague y arrime el hombro, porque eso nos quita recursos necesarios y
obliga a la mayoría a pagar más impuestos de los que debería, mientras muchos
se escaquean. El debate no es subir o bajar impuestos sino quien tiene
que pagar más porque no paga (poco o nada). Y recordemos: pagar
impuestos hoy (todos, no los de siempre) es la garantía de que nos van a
atender mañana.
España tiene un problema fiscal de fondo, reiterado en este blog: recaudamos por impuestos menos que la mayoría de Europa, lo que nos obliga también a gastar menos que otros paises. En 2024, España recaudó el 42,4% de lo que produjo (PIB), frente al 46,1% que ingresó de media la UE-27, el 46,8% de su PIB que ingresó Alemania, el 46,9% de Italia y el 51,3% que recaudó Francia, según los datos de la Comisión Europea. A lo claro: que ingresamos 58.946 millones de euros menos de lo que nos correspondería según la media europea. Y 70.000 millones menos que si recaudáramos como Alemania, 71.691 millones menos que Italia y 141.789 millones menos que si recaudáramos como Francia. Y por eso, también podemos gastar menos que ellos: el 45,4% del PIB frente al 49,2% de gasto en la UE-27. ¿Por qué recaudamos menos que la mayoría de Europa? Básicamente, porque tenemos más fraude fiscal y recaudamos menos en todos los impuestos. En el IRPF, somos el tercer país europeo que menos recauda, sólo por detrás de Grecia y Portugal, según este estudio de Fedea: un 7,5% del PIB frente al 10% la UE-27, el 9% que recaudan Alemania o Francia, el 12% de Italia o el 27% en Dinamarca. Y no porque tengamos tipos más bajos, sino porque hay muchas deducciones y exenciones fiscales. En el IVA, somos también el tercer país que menos recauda, tras Irlanda e Italia: el 6,3% del PIB frente al 6,9% de media en la UE. La culpa es del exceso de productos con el IVA reducido (al 10%) o superreducido (4%). En el impuesto de Sociedades (empresas), la recaudación española está a la cola de Europa: el 2,3% del PIB, por debajo del 2,5% que recauda la zona euro. Otra vez, la culpa son las enormes exenciones y beneficios fiscales, que restan recaudación. Y en los impuestos especiales (carburantes, alcohol, tabaco), también España recauda menos: un 2,1% del PIB frente al 2,3% de media europea y el 3% en los paises nórdicos, debido a que el tabaco, el alcohol y los carburantes pagan menos impuestos en España. Y también ingresamos menos por las herencias (-3.250 millones menos cada año que la media UE), las tasas y los precios públicos.
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lunes, 15 de enero de 2018
Pensiones: la "ocurrencia" populista de Sánchez
Las pensiones
cerraron 2017 con un agujero de 18.000 millones,
similar al de 2016. Y se espera otro déficit
de 17.000 millones este año. Mientras, el secretario general del PSOE ha tenido una ocurrencia “milagrosa”:
poner dos impuestos a la banca para recaudar 1.860 millones. No sólo es “el chocolate del loro”. El problema de las pensiones es
estructural (ingresos no cubren unos gastos crecientes) y para resolverlo hay
que aumentar los ingresos por
cotizaciones e impuestos, entre 50.000
y 80.000 millones en unos años, y eso no se consigue con propuestas
simplistas y cargando contra la banca. Sánchez
debería saber que España recauda 72.000
millones menos que el resto de Europa, porque hay más fraude y porque
grandes empresas, multinacionales y los más ricos pagan poco. Y que
trabajadores y empresas cotizan también menos. Hay que recaudar más por muchas vías, no hacer demagogia populista. Y menos tras un año largo sin hacer propuestas,
ni el PSOE ni los demás, en el Pacto de Toledo. Por favor, sean serios.
Veamos, antes que nada, cuál es “el problema de las pensiones” en España. Básicamente, que los ingresos por cotizaciones crecen menos de lo que crece el gasto en pensiones. En 2017, las cotizaciones crecieron un 5% y recaudaron 109.000 millones. Y el gasto en pensiones, aunque se ha moderado tras las “reformas” (recortes) de Zapatero (2011) y Rajoy (2013), ya que creció un 3% en 2017, ascendió a 127.000 millones, con lo que ahí tenemos el “agujero”: -18.000 millones de déficit en 2017, similar al de 2016 (-18.500 millones). Y para este año 2018, los expertos creen que se mantendrá en -17.000 millones de euros, lo que ya ha obligado al Gobierno Rajoy a aprobar un crédito de 15.000 millones del Tesoro a la Seguridad Social, para asegurar el pago de las pensiones este año, porque en “la hucha” de las pensiones ya sólo quedan 8.000 millones (había 66.815 en 2011).
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| enrique ortega |
Veamos, antes que nada, cuál es “el problema de las pensiones” en España. Básicamente, que los ingresos por cotizaciones crecen menos de lo que crece el gasto en pensiones. En 2017, las cotizaciones crecieron un 5% y recaudaron 109.000 millones. Y el gasto en pensiones, aunque se ha moderado tras las “reformas” (recortes) de Zapatero (2011) y Rajoy (2013), ya que creció un 3% en 2017, ascendió a 127.000 millones, con lo que ahí tenemos el “agujero”: -18.000 millones de déficit en 2017, similar al de 2016 (-18.500 millones). Y para este año 2018, los expertos creen que se mantendrá en -17.000 millones de euros, lo que ya ha obligado al Gobierno Rajoy a aprobar un crédito de 15.000 millones del Tesoro a la Seguridad Social, para asegurar el pago de las pensiones este año, porque en “la hucha” de las pensiones ya sólo quedan 8.000 millones (había 66.815 en 2011).
El problema de este “agujero” de la Seguridad Social es
que no es coyuntural, sino estructural. Porque los ingresos por cotizaciones no crecen lo que hace falta, a pesar
de que se han recuperado 2 millones de cotizantes de los 3 millones perdidos
con la crisis. Pero los nuevos
trabajadores son precarios, muchos tienen contratos
temporales (25,7%) y a tiempo parcial (un tercio), y por tanto sus sueldos
son bajos (el sueldo medio bruto en España son 1.177 euros mensuales, según el INE) y cotizan poco. Y mientras, la Seguridad Social recauda poco (aunque
haya medio millón más de cotizantes cada año), la factura de las pensiones crece
mes a mes, porque hay más españoles que se jubilan (seremos el 2º país más envejecido del mundo, tras Japón) y además, los nuevos
jubilados han cotizado más (antes de la crisis) y su pensión es más alta (1.308
euros las nuevas en octubre 2017). Y así, cada mes nos gastamos 9.000 millones en pagar pensiones y sólo se ingresan 7.500.
Además, lo preocupante es que el problema se va a agravar con los años. Porque aunque pueda
mejorar algo más el empleo y llegarse a 20 millones de españoles trabajando, los jubilados crecerán mucho más: en 2050, un tercio de los españoles tendrán más de
65 años y el número de pensiones pasará de los 9,5 millones actuales a 15 millones. Y además, los pensionistas vivirán más años: 90 frente a los
83 años de hoy. Mientras este envejecimiento aumentará la factura de las
pensiones, bajará la población española y habrá menos gente trabajando y cotizando:
900.000 activos menos en 2025. Así que si
ahora no salen las cuentas, en las próximas décadas aún menos.
Y eso sin contar que el
sistema no permite revalorizar apenas las pensiones actuales ni subir las
mínimas, que cobran demasiados pensionistas (1.067101 pensionistas cobran menos de 600 euros al mes). Porque con la reforma impuesta por Rajoy en
2013, las pensiones actuales se
revalorizarán un 0.25% anual (2 euros al mes) hasta 2040, según el Banco de España, con lo que los pensionistas actuales perderán un 35% de poder adquisitivo. 0 sea,
que una pensión de 700 euros (son casi la mitad hoy) se quedaría en 455 euros reales en 2040. Si se quiere evitar
y revalorizarlas más, el déficit de la Seguridad Social subiría más. Así que hacen falta recursos para tapar el déficit
actual y para poder subir algo más las pensiones en los próximos años. Dos
grandes objetivos que obligan a ingresar
para las pensiones entre 50.000 y 80.000 millones más en un horizonte a 20 años. Como poco.
Y frente a este gran
reto de ingresos, el secretario general del PSOE se ha descolgado con una propuesta “milagrosa” para salvar las pensiones: aprobar dos nuevos impuestos que pagaría la
banca, uno un recargo del 8% en su impuesto de sociedades (conseguiría 1.000 millones al año) y otro un impuesto del 0,1%
sobre las transacciones financieras (que recaudaría otros 860 millones). En total, 1.860 millones para que
la banca “salvada por todos los
españoles, contribuya a salvar las pensiones”. Es como para llorar que al
primer partido de la oposición sólo se le ocurra esto para afrontar el grave
problema de las pensiones. Primero, porque es “el chocolate del loro”. Segundo, porque la propuesta acabaría
siendo pagada por los clientes de los
bancos, a los que la banca trasladaría el coste de estos nuevos impuestos
vía más comisiones, créditos más caros y menos remuneración al ahorro. Y
tercero, porque cualquier impuesto a la banca debe ser a nivel europeo, para que el dinero no se desplace a donde
paga menos. Por eso hay una propuesta europea de
implantar una tasa a las transacciones financieras (Tasa Tobin), que apoya
España (el Gobierno Rajoy) y 9 países más, una propuesta más dura que la del
PSOE (el recargo sería el 3%) y que supondría 4.500 millones extras de
recaudación para España.
Pero la mayor crítica
que puede hacerse a la propuesta de
Sánchez, además de inútil y al margen de Europa, es que es “simplista” y “populista”, al estilo Podemos
(que la aplaude ahora, porque ya la incluyó en su programa electoral de 2016).
Porque no se puede vincular el grave problema de las pensiones a la banca (aunque haya hecho muchas
cosas mal) y porque la solución al problema de las pensiones es complejo y
exige tomar muchas medidas a medio plazo, no “soluciones mágicas” aprovechando
la mala imagen de la banca. Y de paso, recordemos que el Gobierno Rajoy tampoco da soluciones, porque su reiterada
fórmula es “esperar” a que crezca más el empleo y con ello se corrijan los ingresos.
Pero es también una “falsa salida”, porque ahora hay 1.241.500 españoles más trabajando que cuando Rajoy llegó a la
Moncloa y sin embargo, el déficit de
la Seguridad Social se ha multiplicado por 36 durante su Gobierno (era de -487 millones en 2011).
Aquí estamos, con un agujero estructural en las cuentas de
las pensiones y con 8,7 millones de
pensionistas que pierden poder adquisitivo y temen por el futuro de sus
pensiones, mientras la oposición
tiene “ocurrencias” y el Gobierno Rajoy no hace nada, salvo aprobar un
crédito para tapar el agujero. ¿Qué se puede hacer? No hay soluciones mágicas sino un abanico de medidas a
tomar, a corto y medio plazo.
Por un lado, “quitar lastre” a las cuentas de la
Seguridad Social para que consiga algunos ahorros, como ya han propuesto expertos y sindicatos. Por un lado,
quitar las bonificaciones de cuotas a
empresas y autónomos, las llamadas “tarifas planas” (3.700 millones de pérdida
de cotizaciones), que no son útiles para crear empleo, o costearlas a cargo de
los Presupuestos, no de la SS. Por otra, quitar del Presupuesto de las
pensiones el coste del Ministerio de Empleo (4.000 millones), un anacronismo que debería
pagar el Presupuesto del Estado, como los demás Ministerios. En tercer lugar, pagar el subsidio a más parados (el 53%
no cobran nada), con lo que la SS ingresaría cotizaciones por ellos que
ahora pierde (otros 3.000 millones). Y por último, subir la cotización de los sueldos más altos (hoy tienen un tope de 3.751 euros: lo que se
gane de más no cotiza), haciendo que los
sueldos altos coticen por todo lo que ganan, con lo que se podrían
ingresar 7.500 millones más. Entre estas 4 medidas, posibles a corto plazo, son
18.200 millones más para las pensiones.
Aún harían falta entre 32.000 y 62.000 millones más para
estabilizar las cuentas a medio plazo y subir algo más las pensiones actuales.
Y si no se quieren aprobar más recortes,
sólo puede conseguirse con más ingresos,
por dos vías: cotizaciones e impuestos.
La primera vía, subir
las cotizaciones a empresas y trabajadores es viable porque en España se
pagan menos cotizaciones sociales que en Europa: los ingresos netos suponen el
12,3% del PIB, frente al 13,2% en Europa y el 15,3% en la eurozona, muy por
debajo del peso de las cotizaciones sociales en Alemania (16,5% del PIB),
Francia (18,9%), Italia (13,3%) o Portugal (11,6%) y sólo por debajo de Reino
Unido (7,8%), según Eurostat. Eso significa que si en España se cotizara como en la eurozona, la Seguridad Social podría ingresar 34.000
millones más cada año. Pensemos en una subida paulatina y menor, para no
penalizar en exceso el empleo, por ejemplo 20.000
millones más de cotizaciones en 4 años. Posible. Sobre todo cuando se
fomenta fiscalmente que esos mismos trabajadores se paguen una pensión privada con los Planes.
Mejor que se lo paguen a la Seguridad
Social.
Y entonces queda recaudar entre 12.000 y 42.000 millones extras por la otra vía, los impuestos. Y se puede hacer, porque,
como debería saber Sánchez, España
recauda mucho menos ingresos fiscales que el resto de Europa.
Concretamente, en 2018, está previsto recaudar un 38% del PIB en España mientras la media UE-27 recaudará el 44,6% del PIB, según la Comisión Europea. Traducido, esto significa que si recaudáramos como el resto de
Europa, Hacienda debería ingresar 72.000 millones más al año, lo que
daría para no tener déficit, pagar parte de las pensiones (25.000 millones) y
gastar en lo que hace falta, desde educación y sanidad a industria, tecnología
y digitalización. Pero, por desgracia, esto no se lo oímos a Sánchez: es un
mensaje “complejo” y poco populista.
No da “titulares”.
Así que, buena parte del futuro de las pensiones pasa por
hacer una reforma fiscal que reduzca
el fraude y mejore la recaudación. ¿Cómo?
La Comisión Europea y la OCDE se lo han dicho
al Gobierno Rajoy en varias ocasiones, sin éxito. Primero, deberían subir el IVA al 21% a productos y servicios que ahora pagan el 10% (como
hoteles, bares y restaurantes) y reducir el fraude en el IVA, dos medidas con las que se recaudarían 16.000
millones más. Otra es subir el impuesto
al gasóleo y la gasolina (más bajos que en Europa), que reportarían otros 2.000 millones. Y subir los impuestos medioambientales,
como ha pedido la OCDE, otros 2.000 millones más. En total, 18.000 millones más, que la mitad podría
ir a las pensiones.
Y todavía queda el grueso de mejora de la recaudación, que
paguen más impuestos tres
colectivos que pagan hoy poco “legalmente”: grandes empresas (bancos incluidos), multinacionales y los más ricos. Las grandes empresas pagan el
7,3% de su resultado contable, según Hacienda (2015), cuando las pymes pagan el 12,2% y los
ciudadanos de a pié el 14,9% de sus
ingresos con el IRPF. El impuesto de
sociedades tiene tantas deducciones y exenciones que el Corte Inglés lleva 5 años sin pagar un euro y Hacienda devolvió al Banco Santander 1.236 millones por el impuesto de sociedades en 2013 y 2014. Tienen que pagar lo que deben, como todos, no “ir a por ellos” porque les hemos rescatado.
Y lo mismo las multinacionales,
que utilizan trucos y paraísos fiscales para evadir “legalmente impuestos (como Inditex) y que tributan a un tipo efectivo del 6%, según los
técnicos de Hacienda (Gestha). Y lo mismo las grandes fortunas, con las SICAV
(tributan al 1%). Si se modifica la
legislación y se dota a Hacienda de más inspectores contra el fraude (hay 1.928 contribuyentes por inspector frente a 860 en Francia o 729 en Alemania), podríamos
recaudar unos 30.000 millones más a
medio plazo y destinar la mitad a las pensiones.
No son “las cuentas de
la lechera”, sino una propuesta que resume las propuestas de muchos expertos
para asegurar el futuro de las pensiones.
Se puede conseguir, pero no con medidas “simplistas” y demagógicas (PSOE y
Podemos) ni “sentándose a esperar” que mejoren las cotizaciones (PP) y mucho
menos bajando los impuestos (Ciudadanos).
Hay que sentarse, echar cuentas y arañar ahorros e ingresos de aquí y de allá,
con realismo y pensando a 20 años vista al menos. Y en paralelo, hay que aprobar ayudas a la familia, para que aumente la natalidad y los cotizantes futuros. Y poner en marcha una “cruzada” contra el empleo precario,
incentivando el empleo fijo a tiempo completo y sancionando duramente con la
inspección de trabajo el falso empleo temporal y por horas, que hunde las
cotizaciones.
Pero, sobre todo, hay que moverse. La Comisión del Pacto de Toledo lleva más
de un año de reuniones en el Congreso, sin aportar soluciones, ni por la izquierda ni por la derecha. Y mientras,
cada mes hay que pagar más pensiones y se mantiene el agujero de la Seguridad
Social, en medio de la inquietud de los españoles. Hagan algo sensato, por
favor. Por los pensionistas actuales pero, sobre todo, por los pensionistas futuros.
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lunes, 4 de diciembre de 2017
Pensiones: muchos Planes y ninguna reforma
Diciembre es el mes de los Planes de pensiones privados: bancos, financieras y aseguradoras nos bombardean con campañas,
aprovechando el temor por las pensiones públicas. Pero los Planes están de capa caída : han bajado las aportaciones, han
subido los rescates (de parados) y se han perdido un millón largo de partícipes
mientras los que quedan (8 millones) aportan
cada año menos (400 euros de media y
dos tercios nada). Todo porque es un
dinero "cautivo" y los Planes son poco rentables y pagan altas comisiones, El
Gobierno Rajoy ha tratado de reanimar
a los Planes, aprobando medidas para
hacerlos más atractivos, “un parche” según la OCDE. Entre
tanto, Gobierno y “oposición” llevan más
de un año debatiendo la reforma de las pensiones públicas, sin alumbrar ninguna
medida. El parto se retrasa,
mientras los pensionistas pierden poder adquisitivo, sigue el déficit (-17.500 millones) y se agota la “hucha” de las pensiones, obligando a pedir un crédito para pagar la extra de Navidad. Urge tomar medidas para garantizar las pensiones públicas.
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| enrique ortega |
Los Planes de pensiones privados cumplieron este verano 30 años, al aprobar el gobierno de Felipe González, en junio de 1987, la Ley de Planes de pensiones, que ya existían en toda Europa. Entre 1998 y 2006 fue la época dorada de los Planes, triplicándose los partícipes y el dinero aportado. En 2007, el empuje aflojó, al suprimirse algunas ventajas fiscales, y empezó el declive a partir de 2008, con la crisis, hasta hoy: se han perdido 1.100.000 partícipes (hay 8 millones de españoles, 3 de cada 10 personas entre 25 y 65 años), se han reducido las aportaciones (de 8.093 millones en 2008 a 4.972 en 2016) y han subido los rescates (de 3.301 a 4.728 millones, por los parados que han pedido su Plan), con lo que en 2017, por primera vez en 30 años de Planes, el saldo será negativo: los rescates superarán a las aportaciones. Y los partícipes aportan cada año menos dinero a sus Planes: de los 800 euros de media en 2004 se ha pasado a 400 aportados en 2016. Y dos tercios de los partícipes (64,6%) no aportaron nada el año pasado, mientras otro 22% aportaba menos de 900 euros.
Como se ve, los Planes
de pensiones privados están de capa caída, por muchas campañas
que hagan los bancos, financieras y aseguradoras, campañas que son “engañosas”: ofrecen un regalo
(del 2 al 4% de lo aportado o traspasado), pero la mayoría exigen una
aportación mínima de 3.000 euros, aportación que sólo hacen una minoría, el 4%
de los partícipes. Actualmente, hay 35
entidades que venden un rosario de Planes (más de 2.700),
aunque es un negocio controlado mayoritariamente por los tres grandes bancos, CaixaBank (23,6% del mercado), BBVA
(20%) y Santander (13,3 % si le
sumamos los Planes de Allianz Popular),
a los que añadir Bankia (6,2%), Ibercaja (5,7%), Mapfre (4,8%), Fonditel (3,5%)
y Sabadell (3,3%), para totalizar el 80% del mercado. Los Planes tienen
un patrimonio de 109.244 millones, sólo un
5,5% del ahorro de los españoles, colocado en depósitos (860.562 millones, el 40% del ahorro), Bolsa (450.000 millones, el 21%), Fondos de inversión (302.000 millones,
el 14%) y seguros (243.000 millones,
el 11,4%), según los datos de INVERCO (2017).
Los Planes de
pensiones han tocado fondo porque los trabajadores
(hay 7,5 millones de planes individuales, el 40% de los empleados) no
los ven atractivos: supone inmovilizar
un dinero durante muchos años (que sólo se puede rescatar en caso de paro
de larga duración, enfermedad grave o desahucio) y saben que recuperarlo luego
supone pagar un buen pico a Hacienda
en impuestos. Además, hay que pagar altas comisiones anuales (el 1,50% y más), mayores que en el resto de Europa,
y los Planes tienen una baja rentabilidad (2,04% de media en 2016), inferior a la de la Bolsa o los
Fondos de Inversión. Y tampoco ven claros los Planes de pensiones las empresas (sólo un 0,4% de empresas
los tienen, con 2 millones de trabajadores incluidos en planes de empleo), que han recortado sus aportaciones y ya no
incluyen en los Planes, en muchos casos, a los nuevos contratados.
Las entidades que
venden Planes de pensiones (bancos) han lanzado un SOS al Gobierno, pidiendo ayuda para insuflar oxígeno a un
producto de ahorro que languidece. Y además, han tenido la peregrina
idea de proponer una aportación
“cuasi obligatoria” a Planes
privados de pensiones: un 2% de los
sueldos lo aportarían las empresas y otro 2% los trabajadores… Así tendrían un negocio “cautivo” y
“redondo”. Y nadie les dice que sería mucho más sensato subir las cotizaciones de empresas y trabajadores a la Seguridad Social, que
son más bajas en España que en otros paises, para consolidar así las pensiones
públicas y reducir su déficit, en lugar de alimentar
un negocio privado plagado de comisiones.
Pero el Gobierno
Rajoy ha recogido de alguna manera el
guante de salvar los Planes de pensiones y ha aprobado por decreto, el 13 de noviembre, dos medidas, para reanimar la campaña
de Planes de la banca. Una, rebajar
la comisión máxima de los Planes del 1,75 al 1,45% (a partir de mayo de
2018). Y la otra, permitir que los partícipes de un Plan recuperen el dinero a los 10 años, no al jubilarse. La OCDE ha calificado este “reforma
de urgencia” del Gobierno como “un parche”, porque las comisiones siguen siendo más altas que en Europa (en Reino Unido tienen un
tope del 0,9%) y, sobre todo, porque “desvirtúan”
lo que es un Plan de pensiones (ahorrar para la jubilación),
transformándolos en “Planes de ahorro” sin más.
Eso sí, Planes de
ahorro con desgravación fiscal,
algo muy injusto y que la Comisión Europea ha calificado en varias ocasiones de
“fiscalmente regresivo”. Porque todos los españoles costeamos que una parte, los que
tienen Planes, se desgraven en el IRPF por ellos. En 2015, la desgravación por
Planes costó 5.000 millones de euros y benefició sólo a 2,8 millones de contribuyentes, 1 de cada 6 españoles que declaran a Hacienda. Y los que más se benefician de esta desgravación
son los que más ganan: 1,23 millones
de contribuyentes, el 44% de los que desgravan por Planes, ganan más de 30.000 euros al año. Y cuanto más ganan, más aportan (el límite
son 8.000 euros anuales) y más desgravan. Así que tenemos unos Planes
en claro declive que sólo sobreviven gracias a una desgravación costosa que
beneficia sobre todo a los más ricos. Urge cambiarlo.
Mientras el Gobierno
Rajoy auxilia a los Planes de pensiones privados, deja languidecer la reforma de
las pensiones públicas. La Comisión del Pacto de Toledo, que estudia en el Congreso las medidas a tomar,
lleva ya más de un año de reuniones (desde el 22 de noviembre de 2016), sin
avances, mientras el Gobierno no ha vuelto a reunir desde marzo a
sindicatos y patronal para hablar de las pensiones. Y todo apunta a que, con el
problema de Cataluña, no habrá
avances hasta 2018. Incluso se habla de que las posturas entre PP, PSOE, Podemos y C´s están muy encontradas y que la reforma de las pensiones podría retrasarse
sine die, máxime si Rajoy convoca elecciones
en junio de 2018, como es posible.
La reforma de las
pensiones públicas está atascada y eso es especialmente grave
porque se mantiene la asfixia financiera
de la Seguridad Social, cuyo déficit
previsto en 2017 será de -17.299
millones de euros (según las cuentas enviadas por el Gobierno a Bruselas), tras cerrar 2016 con un “agujero” de -18.500 millones, porque los
ingresos no alcanzan a cubrir los gastos, debido a la mala calidad del
empleo (más empleados que cotizan menos). Y ahora , la Seguridad
Social ha casi agotado la “hucha” de las pensiones (quedan 8.095 millones, tras haber
tenido 66.815 millones en 2011), con lo que ha tenido que recurrir a un crédito del Estado para pagar la extra de diciembre y la pension del mes (17.400 millones de desembolso total). Y cada mes aumentan
los pensionistas (ya hay 8.679.378 pensionistas), que se jubilan con
pensiones más altas (1.308 euros de media las altas en octubre).
Además, 2017 será el primer año desde 2012 en el que los pensionistas vuelven a perder poder adquisitivo, porque la pensión les subió un 0,25% y la inflación media subirá un 2%. Y lo mismo pasará en 2018: la pensión les subirá 0,25% (2,3 euros al mes la pensión media, 925 euros) y los precios el 1,6%. Eso pasa porque España es el único país europeo que, desde 2013, no liga la subida de las pensiones a la evolución de los precios o de los salarios, como hacen todos los demás paises de la UE, salvo Irlanda, según un reciente informe de la Comisión Europea.
Además, 2017 será el primer año desde 2012 en el que los pensionistas vuelven a perder poder adquisitivo, porque la pensión les subió un 0,25% y la inflación media subirá un 2%. Y lo mismo pasará en 2018: la pensión les subirá 0,25% (2,3 euros al mes la pensión media, 925 euros) y los precios el 1,6%. Eso pasa porque España es el único país europeo que, desde 2013, no liga la subida de las pensiones a la evolución de los precios o de los salarios, como hacen todos los demás paises de la UE, salvo Irlanda, según un reciente informe de la Comisión Europea.
Las pensiones públicas exigen una reforma urgente para hacer frente a dos problemas.
Uno, la falta de recursos para revalorizar
las pensiones actuales, lo que llevó a Rajoy a aprobar en 2013 un ajuste (el “Factor de Sostenibilidad”) para que las pensiones
sólo suban un 0,25% anual hasta que las cuentas mejoren. Y eso no pasará hasta 2040, según el Banco de España, con lo que estos 25 años, las
pensiones perderán hasta un 35% de poder adquisitivo. O sea, que una
pensión de 700 euros hoy (son la mitad) quedaría en 455 euros reales en 2040. Y si se quiere evitar,
subiendo las pensiones como los precios, el déficit de la SS subiría a 70.000
millones anuales, según FEDEA. El otro problema, más grave, es demográfico:
en 2050, España será el país más envejecido de Europa y un
tercio de los españoles tendrán más de 65 años, con lo que el número de pensiones pasará de los 9,5
millones actuales a 15 millones. Y además, los
pensionistas vivirán más años (90 frente a 83 hoy). Y mientras este
envejecimiento aumentará el coste de las pensiones, bajará la población española y habrá menos gente trabajando (900.000 activos menos en 2025). En
definitiva, más jubilados viviendo más años y menos jóvenes para trabajar y pagar
las pensiones. Oscuro panorama.
Para hacer frente a estos dos grandes retos, revalorizar las pensiones actuales y pagar las
futuras, hace falta una cosa: más
ingresos, entre 50.000 y 80.000 millones más de aquí a 20 años. Y hay que conseguir este dinero extra por dos
razones. Una, por justicia, porque
se
debe, ya que España gasta en
pensiones menos que el resto de Europa:
un
10,6% del PIB en 2016, inferior
al 11,6% de la UE-28 y muy por
debajo de ocho paises europeos menos envejecidos como Italia (15,8%), Grecia
(14,5%), Francia (13,8%), Austria (13,2%), Portugal (13%), Eslovenia (11,4%),
Polonia (10,8%) y Alemania (10,6%), según la OCDE. Y la otra, porque se puede: España ingresa menos que la mayoría de Europa tanto por cotizaciones sociales como por impuestos.
Hay pues dos vías para conseguir esos ingresos extras que necesitan las
pensiones. Una, subir las cotizaciones
sociales, aunque no le guste a nadie porque puede penalizar el empleo
(según se haga). Pero hay margen para subirlas: los ingresos
por cotizaciones netas suponen en España el 12,3% del PIB, frente al 13,2% en
Europa y el 15,3% en la eurozona, muy por debajo del peso de las cotizaciones
en Alemania (16,5% del PIB), Francia (18,9%), Italia (13,3%) o Portugal (11,6%)
y sólo por debajo de Reino Unido (7,8%), según Eurostat. Eso significa que si en España se cotizara como en la eurozona, la Seguridad Social podría ingresar 34.000
millones más cada año. Y otro tanto pasa con los impuestos: la recaudación fiscal en España supone el 38,2% del PIB
(2016) frente al 46,1% del PIB que recaudan los paises euro y el 44,8% del PIB
que ingresa la UE-28. Eso significa que si recaudáramos como la eurozona, España ingresaría 86.900 millones más en impuestos cada año.
Así que se pueden salvar las pensiones, con
más ingresos, siempre que se acuerde subir
las cotizaciones (a empresas y trabajadores, que ya gastan dinero extra en
contratar Planes de pensiones poco rentables) y se suban los impuestos, no a los trabajadores y pensionistas que ya
pagamos, sino a las grandes empresas, multinacionales
y los más ricos, que pagan legalmente menos y que defraudan más (en España y
en los paraísos fiscales). Además,
habría que hacer algunos ahorros en la
Seguridad Social, como quitar las bonificaciones de cotizaciones a empresas y autónomos (3.700 millones
de ingresos anuales que pierde la SS), porque son poco eficaces. Y quitar del
presupuesto de la SS el coste del Ministerio de Empleo (4.000 millones), un anacronismo que
debería pagar el Presupuesto del Estado, como los demás Ministerios. Y por
último, tomar medidas serias para fomentar la natalidad (para aumentar los cotizantes futuros) y mejorar la calidad del empleo, porque los contratos temporales y por horas son un torpedo letal para las cotizaciones y
las pensiones.
La prioridad debería ser salvar el sistema público de pensiones, no
los Planes privados. Es una
irresponsabilidad, del Gobierno y la “oposición”, haber perdido más de un año sin aprobar la reforma. Cataluña es importante
pero no más que asegurar las pensiones actuales y futuras. Hay que acelerar la reforma, porque las medidas tardan décadas en hacer
efecto. Hay soluciones, pero no sin
subir cotizaciones e impuestos. Los trabajadores
tendrán que pagar algo más para asegurarse una pensión digna. Y una minoría de españoles, las empresas y
contribuyentes más privilegiados, tendrán que ayudar pagando más impuestos. Así que si oye al PP y a Ciudadanos que
van a bajar los impuestos en 2018,
sepa que están poniendo en peligro sus pensiones, además de la sanidad,
la educación y el resto del Estado del Bienestar. No se pueden salvar las pensiones sin más ingresos, salvo que haya más recortes,
como los aprobados en 2011 (ZP) y 2013 (Rajoy). Si es así, que lo digan.
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