Los parados, abandonados a su suerte

Los parados no salen a la calle a protestar, como los pensionistas, pero motivos les sobran: la mitad de los parados no cobran ningún subsidio y entre la mitad que si cobra, el 60% recibe una ayuda asistencial de 426 euros, sólo por 6 meses. Por ello, la mitad de los parados españoles son pobres. Y además, la mitad de los parados (1.902.000) llevan más de un año sin trabajar y tienen pocas posibilidades de hacerlo, por su elevada edad y baja formación. En consecuencia, muchos ni se apuntan a las oficinas de empleo, por ineficaces: no les asesoran, no les dan formación (sólo hacen cursos el 4,12% de parados) y no les encuentran trabajo (sólo al 2%). El Gobierno Rajoy se ha desentendido de los parados y los ha utilizado para reducir el déficit público, gastando en ellos la mitad que en 2009, con un paro casi similar. Urge dar ayudas a 1 millón de parados más y aprobar Planes de choque para formarles y recolocarlos. No les abandonen a su suerte.

enrique ortega

El paro en España se ha reducido bastante con la recuperación, pasando de los 6 millones de parados EPA a finales de 2012 a 3.766.700 a finales de 2017. Pero ojo, las cifras no permiten hacer triunfalismo, como hacen repetidamente Rajoy y su Gobierno. Primero, porque todavía tenemos más del doble de paro que Europa (16,55%, 1 de cada 6 españoles en edad de trabajar, frente al 8,1% de la UE-28) y cuatro veces más paro que Alemania (3,8%). Y, sobre todo, porque todavía tenemos hoy una tasa de paro (16,55%) doble que antes de la crisis (8,60% en diciembre 2007), cuando Europa está casi igual (7.7% frente a 7,2% en 2007) y muchos países europeos tienen ya menos paro que en 2007: Alemania (3,8% frente a 8,5%), Reino Unido (4,4% frente a 5,8%), Portugal (8,6 frente a 9,1%) o Polonia (4,9% frente a 9,6%), así como EEUU (4,4% frente a 4,6%) o Japón (2,8% frente a 3,8%), con la excepción de Francia, Italia e Irlanda, que también tienen más paro que en 2007.

Pero, por encima de las cifras, lo más preocupante es la situación de los parados españoles. Sí, 2,3 millones de personas han salido de las listas del paro en los últimos 5 años, pero los que han quedado lo ven cada vez más negro, porque pasan los meses y no encuentran posibilidades de trabajar. De hecho, el paro se ha enquistado y la mitad de los parados estimados por la EPA (el 50,5%, a finales de 2017), 1.902.183 parados, llevan más de 1 año sin trabajar (y de ellos, 1.365.500 llevan más de dos años parados). Eso reduce mucho sus posibilidades de encontrar trabajo, según los expertos, y más si tenemos en cuenta que la mayoría de parados de larga duración tienen más de 45 años y poca formación.

La consecuencia inmediata de que la mitad de los parados lleven más de un año sin trabajar (y la tercera parte, más de 2 años) es que muchos ya no cobran el subsidio de paro, un drama para ellos y sus familias. A finales de 2017, sólo cobraban alguna ayuda 1.894.209 parados, según los datos oficiales del SEPE (oficinas de empleo). Si lo comparamos con el número de parados estimados, el paro EPA (la estadística más real y homologada en Europa), que era de 3.766.700 parados, resulta que sólo cobraban un subsidio la mitad de los parados españoles, el 50,28% para ser exactos. Y la otra mitad, 1.872.491 parados (y sus familias) no cobran nada. Incluso si lo comparamos con  los parados registrados, apuntados en el SEPE (3.412.781 parados en diciembre 2017), la cobertura es preocupante: un 55,5%.

Pero este es el dato global, de toda España. Hay 9 autonomías, más de la mitad del país, donde la cobertura baja y hay más parados que no cobran que los que cobran: es el caso de Madrid (cobran sólo el 36,74% de los parados EPA), Melilla (cobran el 30,43%), Castilla la Mancha (42,93%), Canarias (42,08%), País Vasco (43,29%), Comunidad Valenciana (45,85%), Murcia (46,03%), Ceuta (47%), Aragón (48,19%), Asturias (48,87%) y Castilla y León (48,94% parados EPA cobran), según los datos del SEPE. En las 8 autonomías restantes hay más parados que cobran de los que no, encabezadas por Extremadura (65,11% parados EPA cobran), Baleares (60%), Andalucía (56,8%) y Navarra (54,18%).

Esta cobertura de parados que cobran se ha desplomado en los últimos años, con la crisis, pero sobre todo desde que Rajoy llegó al Gobierno. Así, en 2008, con 3.206.800 parados ya (560.000 menos que hoy), cobraban algún subsidio el 72,3% de los parados EPA, casi tres de cada cuatro. El paro se disparó y a finales de 2011, cuando Rajoy llegó a la Moncloa, había ya 5.287.300 parados, pero todavía cobraban más de la mitad, el 55,36%. A partir de ahí, el paro llegó al máximo de 6 millones en diciembre de 2012 y luego bajó hasta hoy, pero el porcentaje de parados que cobran ayudas ha estado cinco años por debajo del 50% (sobre el 44% en 2014 y 2015), quedando en ese 50,28% a finales de 2017.

No es sólo que con el Gobierno Rajoy cobren subsidio la mitad de los parados. Es que, además, de esa mitad que cobra, la mayoría no recibe un subsidio contributivo, en función del sueldo por el que ha cotizado (un subsidio de 828 euros al mes de media), sino que ese subsidio lo agotó y ahora recibe un subsidio asistencial, de 426 euros. Si en 2011, sólo el 53,5% de los parados cobraban este subsidio asistencial, con Rajoy lo han cobrado en torno al 60% de los parados que cobran algo (el 59,41% en 2017). Y el problema de este subsidio “asistencial” no es sólo que sea más bajo, es que se paga sólo durante 6 meses.

Otro problema de los subsidios de paro, en este caso los contributivos, es que cada año son más bajos, por el deterioro de los salarios sobre los que se cotiza al desempleo: la cuantía media de la prestación contributiva ha caído un 4,2%, de los 864,70 euros por parado que se pagaban en 2011 a 828,10 euros en diciembre de 2017, 36.60 euros menos al mes. Y si tenemos en cuenta la subida de la inflación en estos años (+8,1% la inflación media, según el INE), la pérdida de poder adquisitivo de los parados es del -12,3% desde que llegó Rajoy al Gobierno. Y además, no es sólo que los parados cobren  menos, es que cobran también durante menos tiempo: la duración media de la prestación contributiva era de 15,8 meses en 2009, subió a 17,9 meses en 2013 y ahora, a finales de 2017, se ha quedado en 15,1 meses, casi tres meses menos cobrando que hace cuatro años.

Con todos estos datos, no sorprende que la mitad de los parados españoles estén en situación de pobreza, porque ingresan menos del 60% de la renta media española, según los datos publicados por Eurostat hace dos semanas: son pobres el 49,4% de los parados españoles, frente al 48,7% de los parados europeos. Con ello, somos el 9º país europeo con más porcentaje de parados pobres, por detrás de Alemania (el 70,8% de sus parados son “pobres”), Suecia (el 50,3%) y 6 países del Este,  pero por delante de Francia (38,4% parados son pobres), Reino Unido (45,9%), Italia (46%), Grecia (46,9%) o Portugal (41,6%).

Todo esto, que la mitad de los parados no cobren nada y que los que reciben subsidios cobren cada año menos y la mitad estén en la pobreza, no es casualidad. Por un lado, lógicamente, es culpa de la subida del paro con la crisis. Pero otra razón básica es que el Gobierno Rajoy ha utilizado a los parados para recortar el déficit público, aprobando en julio de 2012 un amplio paquete de recortes a los parados: redujo la prestación a partir del 6º mes (del 60% del último salario al 50%), eliminó el subsidio para mayores de 45 años, elevó de 52 a 55 años la edad del subsidio asistencial previo a la jubilación, recortó los subsidios a partir de los 61 años (para forzar las jubilaciones anticipadas),endureció los criterios para conceder subsidios asistenciales y redujo la cotización a la SS de los parados con cargo al Estado.

El resultado de estas medidas es lo que hemos visto: menos parados que cobran y menos subsidio. Y estos recortes se han reflejado en la factura del paro: si en 2012 se gastó un máximo de 31.730 millones de euros en los parados, en el Presupuesto de 2017 se destinaron casi la mitad, 17.474 millones (como este año 2018). Y si el Gobierno gasta casi la mitad en paro no es porque haya la mitad de parados. Baste ver este dato: en 2016 teníamos casi la misma tasa de paro (18,63%) que en 2009 (18,66%) y sin embargo, el Gobierno Rajoy gastó en los parados 18.640 millones frente a los 31.462 millones gastados por ZP en 2009. No se gasta casi la mitad en paro porque haya menos parados, sino porque la mitad no cobran nada y la mayor parte de los que cobran reciben 426 euros y sólo por 6 meses.

Pero el problema de los parados no es sólo de pobreza, de que no tienen ingresos. Es que, además, no tienen esperanza en el futuro, porque llevan muchos meses o años en paro y nadie les ayuda, sobre todo las oficinas de empleo (SEPE). Los datos son demoledores. Uno, los parados tardan 9 meses y medio (de media) en recibir la primera atención personalizada en la oficina del SEPE y un tercio de ellos la reciben cuando llevan ya más de un año parados, según un detallado estudio de Fedea. Dos, el 91,3% de los parados registrados no recibe ninguna orientación personalizada para encontrar trabajo. Y el 8,7% que sí reciben orientación son precisamente los que menos la necesitan: los parados que tienen más formación, los que cobran el subsidio y los más jóvenes, no los parados mayores y menos formados. Y tres, sólo el 2% de los parados encuentran trabajo gracias a las oficinas de empleo, frente al 10% de media en Europa y en Alemania. El resto lo encuentra gracias a las ETTs privadas (el 17%) y sobre todo por su cuenta (81%), a través de amigos y familiares y sembrando currículos.

Las oficinas de empleo no ayudan a colocarse, pero tampoco forman a los parados. El dinero de la formación (que sale de las cuotas de empresas y trabajadores) se dedica casi en su totalidad a formar a los que están trabajando (3.766.997 en 2016) y poco va a formar a los parados, mientras la patronal CEOE quiere que aún sea menos: en 2016, sólo 152.544 parados recibieron cursos de formación, un 4,12% de los parados registrados, según las últimas estadísticas del SEPE. Y encima, la mayoría de los parados que hacen cursos son los jóvenes con más formación, mientras sólo van a cursos menos del 1% de los parados que llevan más de un año en paro y el 0,29% de los parados de larga duración sin estudios, según el estudio de Fedea. Además, los cursos disponibles son demasiado largos (el 35% tienen más de 300 horas), muy “clásicos” y sin ligazón con lo que buscan las empresas.

La consecuencia de esta inoperancia de las oficinas de empleo es que los parados sólo las utilizan para solicitar el cobro del paro y “sellar” periódicamente su demanda (online), pero no para buscar trabajo: sólo el 27,5% de los parados españoles buscan empleo en el SEPE, frente al 48,5% de media que lo hacen en Europa y el 80% en Alemania, según datos de la Comisión Europea. Y así pasa, que cuando los parados ya no cobran subsidio, se borran de las oficinas de empleo, porque no les aporta nada (y el Gobierno Rajoy dice que “baja el paro”). Las empresas también “pasan” de las oficinas de empleo y buscan trabajadores por su cuenta, a través de ETTs, mientras en Alemania, por ejemplo, las empresas están obligadas legalmente a registrar sus vacantes en las oficinas de empleo y toda esa información está en Internet. En España, el registro de las ofertas es voluntario y la web oficial del SEPE (¡creada en 2014¡) sólo tiene 20.175 empresas registradas y 46.740 ofertas de empleo (6 marzo).

¿Por qué funcionan tan mal las oficinas de empleo en España? La primera razón es que se han visto muy afectadas por los recortes (Rajoy rescindió en 2012 la contratación de 1.200 orientadores laborales que iban a ir a las autonomías) y la falta de medios. Actualmente, cada empleado del SEPE tiene a su cargo 450 parados mientras en Alemania, cada funcionario atiende a 47 parados y en Reino Unido a 22. Pero no sólo falta personal. Lo fundamental es que falta presupuesto para hacer políticas activas de empleo, dado que también aquí Rajoy hizo drásticos recortes mientras se duplicaban los parados. Así, si España gastaba 7.400 millones de euros en políticas activas de empleo en 2011 (5,28 millones de parados) y se rebajó a 4.300 millones en 2013 (5,93 millones de parados), el mayor recorte en toda Europa, según datos de la Comisión Europea. Y aunque ha subido en los dos últimos años, hasta los 5.575 millones en políticas de empleo en 2017, todavía el gasto es ridículo: supone el 0,48% del PIB frente al 0,90% del PIB que gasta Francia o el 0,64% que gasta Alemania (con la cuarta parte de paro que España), según datos de la OCDE.

Y ya no es sólo que gastemos menos, es que además gastamos mal, según puso de manifiesto, por segunda vez, el último informe del Consejo de Europa, presentado en enero de 2017: calificó de “ineficientes” los servicios de empleo españoles y reprochó al Gobierno Rajoy que no publique indicadores de rendimiento de la gestión del desempleo. En paralelo, los organismos internacionales (FMI, OCDE, Comisión Europea) llevan años pidiendo al Gobierno español “que se vuelque en políticas activas de empleo”, sin conseguirlo. Y encima, hay un problema añadido a la falta de medios y políticas activas de empleo: que la gestión se reparte entre el Gobierno central y las autonomías, responsables de las 711 oficinas del SEPE. Y como pasa en sanidad o educación, cada autonomía tiene su gestión y su presupuesto adicional para políticas de empleo, así que mucho depende de dónde esté uno parado. Y en los últimos años, las autonomías se han enfrentado al Gobierno Rajoy por retrasos en las transferencias para políticas de empleo o los criterios para aplicar el Sistema de garantía juvenil europeo.

España es el segundo país con más paro de Occidente y el paro es el problema que más preocupa a los españoles, según los Barómetros del CIS. Pero el paro no es la prioridad del Gobierno ni de la oposición, mientras a los parados se les acaba el desempleo y se quedan sin ayudas y abocados a la pobreza. No es de recibo que 1.902.000 españoles estén parados y no cobren nada, como tampoco que haya 3.766.700 españoles sin trabajo a los que no se les forme ni se les asesore para encontrar trabajo. Urge tomar medidas antes que la situación explote, como la de los jubilados o las mujeres.

Por un lado, hay que aprobar un Plan de choque para que al menos 1 millón de parados que no cobran nada reciban alguna ayuda, lo que costaría 4.800 millones al año. Y por otro, hay que aprobar una reforma a fondo de las oficinas de empleo (SEPE), con más personal y más medios, dentro de una política activa de empleo, que cuente con más recursos (al menos 2.000 millones más) para fomentar la formación y la contratación de los parados con más dificultades, en especial mujeres, mayores de 45 años y jóvenes con menos formación. En total, serían unos 6.800 millones extras para luchar contra el paro y reducir la pobreza de los desempleados. No es tanto (nacionalizar las autopistas costará la tercera parte y la Comisión Europea acaba de decir a Rajoy que podría recaudar 5.000 millones de euros equiparando los impuestos al gasóleo).Y su efecto puede ser rápido y eficaz sobre los parados.

Los parados son los grandes olvidados, del Gobierno, de los políticos de todo signo y hasta de los sindicatos. Y muchos se han quedado al margen de la sociedad, tras perder el tren de la recuperación. Pero son demasiados (1 de cada 6 españoles en edad de trabajar) como para olvidarles y dejarles a su suerte, como “los grandes perdedores de la crisis” y “carne de cañón” de los peligrosos populismos. Hay que recuperarles como sea.

Urge aprobar un Plan de empleo

Rajoy y su Gobierno se fueron de vacaciones eufóricos con el empleo, por la EPA y los contratos de julio. Pero al volver, el jarro de agua fría: agosto sufrió el mayor aumento del paro desde 2008. El empleo es un tobogán, con millones de contratos que se firman y luego se rescinden a la semana o al mes. Crece el empleo, pero es inestable y precario. Mientras, más de la mitad  de los parados no cobran nada y el 15 de agosto se suspendió el Plan Prepara, las ayudas a los parados “viejos” con familia. Urge aprobar un Plan de empleo con 4 patas: más ayudas a los parados, formación e incentivos a la contratación de jóvenes, mujeres y mayores de 45 años, reforma de las oficinas de empleo y medidas contra el empleo precario y el fraude en los contratos. Con más dinero para políticas de empleo, tras los recortes impuestos desde 2012. No podemos seguir con el doble de paro y el empleo más precario de Europa.



                                                                                                                                  enrique ortega

A finales de julio, el Gobierno Rajoy reiteró su habitual triunfalismo sobre el mucho empleo que estaban creando: 375.000 empleos en el segundo trimestre (EPA), más que el año anterior (+271.400), aunque eran menos que los empleos creados en la primavera de 2015 (+411.800) y 2014 (+402.400). Y luego mostraron su euforia con los contratos firmados en julio, al calor del récord turístico: 222.862 altas netas a la Seguridad Social. El jarro de agua fría vino con el final de agosto: el 31 de agosto se perdieron 313.141 contratos, el día con más pérdida de empleo de nuestra historia. Y con ello, el número de parados registrados creció en 46.000 personas, la mayor subida en agosto desde 2008.

¿Qué pasa? Pues que se crea empleo pero es muy inestable y vulnerable, porque el 92,5% del empleo que se crea es temporal, muy ligado a la temporada turística, a las rebajas, las tareas agrícolas o al calendario escolar. Y así, un mes se firman muchos contratos que se rescinden a la semana, al mes o al final de temporada. Y se hacen hasta 36 contratos por cada empleo. De hecho, la cuarta parte de los empleos temporales son por una semana o menos, según las oficinas de empleo (SEPE). Así que los datos de empleo son un tobogán: suben mucho unos meses y bajan mucho otros, generando enorme precariedad en las personas contratadas.

El Gobierno Rajoy presume de que lleva cuatro años creando empleo, más que en el resto de Europa. Y es verdad. Pero hay dos cosas que no dice. Una, que es uno de los pocos paises europeos que aún está lejos de recuperar el empleo perdido (también más que en el resto de Europa). Así, España perdió 3.802.800 empleos entre septiembre de 2007 y marzo de 2014. Y sólo se han creado1.678.100 nuevos empleos entre la primavera de 2014 y junio de 2017, así que quedan pendientes de recuperar 2.124.700 empleos, el 55,8% del empleo perdido. Y la otra cuestión que no dice es que la mayoría del empleo creado es precario: sólo el 5,6% de los contratos firmados en 2017, hasta agosto, son fijos y a jornada completa. Y lo mismo entre 2014 y 2016: el 95% de los contratos fueron temporales o a tiempo parcial.

De hecho, España es el segundo país europeo donde hay más asalariados con contratos temporales: un 26,8% en 2017 (4.206.100 trabajadores), tras Polonia (27,5% de trabajadores temporales), muy por encima de la media europea (14,2%) y de paises como Alemania (13,2% temporalidad), Francia (16,1%), Italia (14%) o Portugal (22,3%), según Eurostat. Pero además, la mayoría de estos trabajadores tienen un empleo temporal de forma forzosa, porque no encuentran un trabajo fijo. España es el 2º país europeo con más empleo temporal no deseado: un 91,4% de los trabajadores temporales, tras el 92,2% de Chipre y muy por encima del 62% de media en Europa. Y si hablamos de trabajos a tiempo parcial, por horas, los tienen el 15,25% de los trabajadores, menos que la media en Europa (19,5%), pero hay dos datos preocupantes. Uno, que España es el país europeo donde más ha crecido el trabajo a tiempo parcial durante la crisis. Y el otro, que el 60% de los españoles que trabajan a media jornada o por horas preferirían trabajar a jornada completa, frente a sólo un 27,5% de trabajadores europeos que trabajan forzosamente por horas, según la OIT.

Esta enorme precariedad se traduce además en salarios muy bajos: los trabajadores temporales cobran un 36,6% menos que los indefinidos (15.680 euros frente a 24.746) y los que trabajan a tiempo parcial ganan un 63,7% menos que los empleados a jornada completa (9.794 euros brutos anuales frente a 26.965), según la Encuesta de estructura salarial del INE. El resultado es que han aumentado los “trabajadores pobres: tenemos un 12,5% de trabajadores pobres (2.196.137 empleados, 1 de cada 8 asalariados), un porcentaje superior al de trabajadores pobres en Europa (9,5%), según la OIT.

La enorme precariedad laboral acarrea también otros graves problemas. Aumenta la incertidumbre sobre el futuro, lo que está reduciendo las familias y la natalidad (España lleva 5 años perdiendo población), así como la independencia de los jóvenes (el 80,3% sigue viviendo con sus padres, frente al 70% en Europa) y su capacidad para consumir y alquilar o comprar una vivienda. Pero, sobre todo, la precariedad laboral merma la recaudación de impuestos y recorta las cotizaciones de la Seguridad Social, provocando un enorme déficit de las pensiones (-18.898 millones en 2016) y ensombreciendo su futuro. Y para los trabajadores precarios, se reduce su seguro de desempleo y su futura pensión.

Pero no sólo el empleo es mucho más precario en España. El paro español es el segundo más elevado en Europa: 17,22% de la población activa, tras el 21,7% de Grecia y muy por encima del 7,7% de la UE-28 y del 9,1% de la zona euro, por no hablar del 3,7% de Alemania, el 4,4% de Reino Unido, el 9,8% de Francia, el 11,3% de Italia o el 9,1% de Portugal, según Eurostat (julio 2017).Y tenemos otro problema: más parados “de larga duración”, que llevan mucho tiempo sin trabajar, lo que les aleja más de la posibilidad de ser contratados. De hecho, 2.135.600 parados, el 54,5% de los parados EPA, llevan más de un año sin trabajo (en la UE-28, son el 44%). Y de ellos, 1.593.000 llevan parados más de 2 años y casi 1,2 millones llevan más de 4 años, según un estudio de Fedea. Son una enorme bolsa de “parados crónicos”, que tienen muy difícil volver a trabajar algún día. Y más si tienen poca formación: el 63% de estos parados de larga duración sólo tienen la ESO o incluso menos.

Esta enorme bolsa de parados que llevan más de un año sin trabajo lleva a otro problema: a muchos se les ha acabado el paro y no cobran ningún subsidio. De hecho, en julio de 2017, había 2.063.125 parados que no cobraban nada, el 52,7% de los parados EPA (junio). Y de los 1.851.175 parados que sí cobraban algo, sólo un 41% tenían un subsidio contributivo, de 776 euros al mes (42 euros menos que en enero) y la mayoría tenían un subsidio asistencial de 426 euros. Este porcentaje de parados que no cobran (recordemos, el 52,7%) ha ido aumentando mes a mes desde 2012, ya que al llegar Rajoy a la Moncloa cobraban subsidio el 55,4% de los parados EPA y hoy lo cobran sólo el 47,3% de los parados estimados.

Y la situación ha empeorado en agosto, al paralizarse las ayudas del Plan Prepara, un programa creado en febrero de 2011 por el Gobierno Zapatero para los parados de larga duración con cargas familiares y del que se han beneficiado (400/450 euros al mes) 952.000 parados en estos años. Pero el 27 de julio, una sentencia del Tribunal Constitucional daba la razón a un recurso del Gobierno vasco, estimando que son las autonomías quienes han de gestionar el Plan, lo que ha llevado al Gobierno Rajoy a paralizarlo el 15 de agosto, con lo que ningún parado puede ahora solicitar esta ayuda (sí cobrarla los que la tenían, los 6 meses que les corresponde). Los sindicatos han  pedido al Gobierno que resuelva el problema y Empleo propone que las autonomías firmen una autorización para que las oficinas de Empleo (SEPE) lo gestionen hasta el 30 de abril y estos meses se aprueben nuevos Planes de ayudas, legalmente aceptables. Pero de momento, las ayudas del Plan Prepara están paralizadas.

La cuestión de fondo es que el Gobierno Rajoy ha recortado drásticamente las ayudas a los parados y a las políticas de empleo. Si en 2010 España gastaba 38.717 millones de euros, en 2017 gasta sólo 23.806 millones de euros, un 38,5% menos, a pesar de que sólo hay un 14,7% menos de parados (600.000 menos), según UGT. La mayor parte de esta factura se destina a prestaciones a parados, que han caído de 30.974 millones que se pagaban en 2010 a 18.318 millones que pagarán en 2017 (un 40,8% menos). Y también ha caído  mucho el dinero para  políticas activas de empleo (orientación a parados, formación, bonificación cotizaciones y SEPE), que ha pasado de 7.742 millones en 2010 a 5.487 millones este año, un 29,12% de caída (el doble de lo que cayó el paro). Comparado con otros paises, España gasta en desempleo un 2% del PIB, lo mismo que Francia (con el 9,8% de paro) y casi lo mismo que la zona euro y Alemania (gastan el 1,7% del PIB), cuando tienen la mitad y la quinta parte de paro. Y en políticas activas de empleo, en fomentarlo, España gasta el 0,5% del PIB, menos que Francia (0,9%), Alemania (0,64%) o Dinamarca (1,81), según datos de la OCDE.

Así que tenemos un doble problema: se crea un empleo mucho más precario que en Europa y tenemos el doble de paro, con unos parados que en su mayoría no cobra y a los que destinamos menos recursos, tanto en ayudas como en políticas de empleo para colocarlos. Habría que dejarse de triunfalismos y aprobar con urgencia un Plan de empleo con cuatro patas: aumentar el número de parados que cobran ayudas, mejorar las políticas de empleo para colocar a los parados que lo tienen más difícil (jóvenes, mujeres y mayores de 45 años), reformar a fondo las oficinas de empleo y luchar contra la precariedad laboral.

El primer objetivo del Plan, que cobren más parados, exige unificar los distintos programas de ayuda que hoy existen (Prepara, Programa de activación en el empleo, Renta activa de inserción) y ampliar las ayudas a muchos parados que hoy no las cobran, al menos a 1 millón de parados de los 2.063.125 parados EPA  que hoy no cobran nada.  Eso supone un gasto adicional de 5.000 millones anuales, para que haya menos “parados pobres”. Eso debería complementarse con la segunda pata del Plan, más políticas activas de empleo para ayudar a que los parados consigan un empleo: más formación y orientación profesional, incentivos a la contratación y coordinación con las empresas y entre autonomías. Eso exigiría gastar unos 2.500 millones más en promover mejor el empleo, sobre todo de jóvenes, mujeres y mayores de 45 años, especialmente en las 5 autonomías con más del 22% de paro (Melilla, Extremadura, Andalucía, Canarias y Castilla la Mancha).

La tercera pata del Plan sería la reforma a fondo de las oficinas de empleo (SEPE). No funcionan (sólo encuentran trabajo al 1,8% de parados, frente al 10% en Europa), no asesoran ni orientan (sólo al 8,7% de parados), no dan formación (sólo el 5% de parados dan cursos) y además no tienen medios: cada empleado atiende a 473 parados cuando en Alemania atienden a 47 y a 22 parados en Reino Unido. Haría falta ampliar plantilla y modernizar su gestión, con al menos 1.000 millones más al año. Y la cuarta pata del Plan debería ser luchar contra la precariedad laboral, con el palo y la zanahoria. El palo de la inspección de Trabajo, para frenar los abusos en la contratación, acabar con esos contratos temporales que son para puestos fijos o contratos por 4 horas donde se acaba trabajando 10 y cobrando 8. Eso exige también reforzar la Inspección de trabajo, donde hay 1 inspector por cada 15.000 asalariados, la mitad que en Europa (1 inspector por cada 7.300 trabajadores). Y la zanahoria serían incentivos (fiscales y de cotización) para fomentar la contratación estable.

En total, habría que gastar unos 10.000 millones más en este Plan de empleo. Y en paralelo, reanimar la economía para crecer más y crear más empleo, porque al ritmo actual harían falta todavía 50 meses para recuperar el empleo perdido con la crisis, hasta el otoño de 2021. Demasiado tiempo. Por eso, además de aprobar un urgente Plan de empleo, Gobierno y oposición deberían pactar un Plan para reanimar la economía, no seguir con el ajuste previsto por Rajoy para 2018 (recortando el déficit al 2,2%, por debajo incluso del 3% que es el tope de Bruselas). Eso obliga a gastar más en lo que hace falta (infraestructuras, tecnología, educación y formación, industrialización y medio ambiente), para reanimar la inversión pública y privada y que tiren más del empleo. Y subir más los salarios, por encima del 2%, para reanimar el consumo y el empleo.

Este Plan de empleo y esta política para reanimar la economía tienen un coste, unos 30.000 millones de euros extras, pero se pueden financiar si España recauda mejor, como el resto de Europa: hoy recaudamos el 37,5% del PIB, frente a 46,1% Europa, según Eurostat. O sea, que Hacienda ingresa 94.000 millones de euros menos cada año que el resto de europeos. Se podrían recaudar 40.000 millones más cada año, para gastar en crecer más y recuperar el empleo, sólo con reducir el fraude fiscal y conseguir que paguen más los que pagan poco (multinacionales, grandes empresas y los más ricos), sin subir los impuestos a la mayoría.

El empleo y el paro son la primera preocupación de los españoles, no Cataluña ni el terrorismo yihadista. En ello deberían volcarse el Gobierno y la oposición. No se puede seguir con el triunfalismo de unos y la parálisis de los otros, mientras España es el segundo país europeo con empleo más precario y con más paro, a pesar de la cacareada recuperación. La precariedad de los que trabajan y  la angustia de los parados (que en su mayoría no cobran) piden a gritos soluciones, aprobar un urgente Plan de empleo con dinero y medidas eficaces. Es la gran tarea pendiente de este otoño.  

6 millones de parados, la mitad sin futuro

Llegó el lobo de los 6 millones de parados (a falta de 34.600, que habrán caido este mes). La dramática factura de cinco años de crisis, donde más de 4 millones de españoles han perdido su empleo. De ellos, 1,4 millones son “la cosecha de los recortes”, sembrados desde mayo de 2010. Y el paro todavía crecerá este año, en medio millón más. Lo más grave es que la mitad de los parados no cobra nada y que más de la mitad llevan más de un año en paro, con lo que tienen más difícil recolocarse. Por eso, habría que aumentar las ayudas al desempleo  y dedicar más recursos a formar y reciclar parados, porque más de la mitad tienen escasa formación. Pero el Gobierno Rajoy hace lo contrario: recortó en 2012 las ayudas a los parados (aunque prorrogue los 400 euros)  y desmantela las políticas activas de empleo, con un Servicio Público de Empleo que no funciona. Así, condenan a la mitad de los parados a no volver a trabajar nunca.

enrique ortega

La cifra de los 6 millones, como casi todo lo malo, vino primero de Bruselas: Eurostat informó, dos días después de Reyes, que España había superado los 6 millones de parados en octubre, alcanzando en noviembre los 6.157.000 parados, el 26,6% de españoles en edad de trabajar. Uno de cada cuatro parados europeos (26 millones) es español. Y tenemos la mayor tasa de paro de los 27, más del doble de la media (11,8%) y cinco veces la de Alemania (5,4%).

Esta semana, la Encuesta de Población Activa (EPA) confirmó a la baja la estimación europea, por el aumento de “desanimados”, personas que ya ni buscan trabajo (sobre todo, jóvenes que vuelven a estudiar o se van fuera): 5.965.400 parados a finales de 2012, una tasa de paro del 26,02%. El paro se ha triplicado con la crisis (1.927.600 parados a finales de 2007), que se ha llevado por delante el empleo de 3,5 millones de españoles. De ellos, 1.400.000 se han perdido con los recortes, iniciados por Zapatero en mayo de 2010 y acrecentados por Rajoy desde diciembre de 2011. Y queda ver un aumento del paro en 2013, otro año de recesión en el que la Comisión Europea estima que España perderá 457.000 empleos más, llevando el paro a los 6,5 millones.

En la maraña de datos dramáticos del paro, destaco dos especialmente preocupantes: la mitad de los parados no cobra nada (49,70%) y más de la mitad (55,14%) llevan sin trabajo un año o más.

A finales de 2012, sólo 3.001.078 parados registrados (SEPE) cobraban algún subsidio: casi la mitad (1.411.729), el seguro de paro que les corresponde por haber cotizado (862,20 euros al mes de media) y el resto subsidios por tener más de 45 años o cargas familiares (426 euros mensuales). Y estos que cobran, cobrarán menos en 2013, porque en julio el Gobierno les recortó las prestaciones (del 60 al 50% de la base imponible a partir del sexto mes), que además se les acaban este año a muchos, con lo que, en unos meses, serán ya más de la mitad los parados que no cobran. Ya hoy, hay siete autonomías donde hay más parados que no cobran de los que cobran: Murcia (60,09 % parados EPA no cobran), Ceuta (56,04%), Canarias (55,53%), Comunidad Valenciana (55,36%), Madrid (53,89%),Castilla la Mancha (51,83%) y Cataluña (50,10%).

El otro dato dramático es que más de la mitad de los parados (55,14%) llevan sin encontrar trabajo un año o más: son 3.289.400 parados, la mayoría con más de dos años en paro (1.924.100) y los demás (1.365.300) entre uno y dos años. Este paro de larga duración se ha multiplicado por 7,5 veces con la crisis (eran 437.300, un 22,6% de los parados a finales de 2007). Y España es el país europeo con más porcentaje de paro de larga duración (53%), tras Eslovaquia, muy por delante de la media europea (43%). El problema es que cuanto más tiempo se lleva en paro, menos posibilidades hay de encontrar empleo: del 54,5% de probabilidades a los 3 meses se pasa al 19,5% al año y a sólo el 11,7% pasados dos años. O sea, que los parados largo tiempo tienen casi imposible encontrar trabajo. Sobre todo los mayores de 45 años, las mujeres y los jóvenes sin experiencia (hay un 55% de paro juvenil).

¿Qué se puede hacer? Primero, acabar con los recortes, reanimar la economía y  poner a España a trabajar, lo contrario de lo que defienden Bruselas y Rajoy y que nos ha llevado a los 6 millones de parados. Y entre tanto, tomar dos medidas urgentes: aumentar la ayuda a los parados (para que no caigan en la pobreza y la desesperación) y ayudarles más activamente a formarse y reciclarse, para que encuentren trabajo cuando empiece a haberlo (a partir de 2014). Pues bien, el Gobierno Rajoy hace justamente lo contrario: recortó en julio de 2012 las ayudas a los parados (aunque ahora prorrogue los 400 euros del Plan Prepara) y lleva dos años con fuertes recortes a las políticas activas de empleo (formación, reciclaje e incentivos a la contratación). Así nos va.

Para 2013, España se gastará 32.566 millones en los parados, 7.500 millones menos que en 2011 (con 1,3 millones de parados más). De ellos, 8 de cada 10 euros se gastarán en pagar subsidios y sólo 2 en formar y ayudar a los parados a encontrar trabajo. El Gobierno Rajoy ha recortado 3.000 millones en el seguro de desempleo entre 2012 y 2013, pero ha recortado más, 4.000 millones, en políticas activas de empleo: sólo va a gastar este año 3.771 millones (-34,6%) y otros 1.802 millones en formación (un gasto cuatro años estancado). Cuando el paro destroza a 6 millones de españoles, el Gobierno sólo dedica 5.573 millones a reciclarles, formarles e incentivar su contratación (la quinta parte del dinero público para salvar a Bankia). Un suicidio económico y social.

Y hay más. Los recortes llegan también al Servicio Público de Empleo, el SEPE (antiguo INEM): en diciembre se ha despedido a 1.500 de los 3.000 promotores contratados para tutelar a los parados a encontrar empleo. Y eso que tenemos la tercera parte de personal en las oficinas públicas de empleo que en Europa (1 funcionario por cada 190 parados frente a 1 por 59 en la UE). Con menos Presupuesto y menos personal, resulta difícil conseguir que el SEPE funcione: sólo encuentra trabajo a un 3% de parados. Y más si tiene un catálogo de cursos demasiado largos (un tercio duran más de 200 horas) y obsoleto. Y si las pocas empresas que contratan, utilizan sus contactos y las ETTs privadas, no el SEPE.

Hay que cambiar drásticamente los servicios públicos de empleo, con ayuda de las empresas y ETTs privadas, que ya colaboran con el SEPE. Pero hacen falta más recursos y más medios, del Estado y de las autonomías, que prestan este servicio en medio de drásticos  recortes. Y lo primero es apostar por la formación: casi 3 de cada 4 nuevos parados desde 2008 tienen sólo estudios primarios o secundaria incompleta. Más de la mitad de los parados no tienen formación y así es doblemente difícil que encuentren trabajo cuando llegue la recuperación. Hay que reciclarles y formarles en lo que las empresas van a necesitar. A los jóvenes, ayudarles a coger experiencia con contratos de aprendizaje. Y a los que tienen formación, hay que tutelarles como un head hunter privado desde el SEPE. Además, hay que bajar cotizaciones e impuestos a las empresas que contraten, fomentando el autoempleo.

Con 6 millones de parados, hay que gastar lo que haga falta en formarles y ayudarles activamente a encontrar empleo, mejor que en pagarles sólo un subsidio para que subsistan (y que hace falta mantener). Es el dinero mejor gastado. Aquí no puede haber recortes, si no queremos condenar a 3 millones de españoles a no volver a trabajar nunca más. Recapaciten.