Autonomías: menos peso del gasto social

Las autonomías, empujadas por el PP, llevan meses pidiendo más recursos al Gobierno y quejándose de falta de financiación. Pero incurren en 3 contradicciones. La primera, piden más dinero y a la vez vetan el nuevo techo de gasto y los Presupuestos 2025, que les aportarían 12.000 millones más. La segunda, exigen más ingresos del Estado, pero mientras rebajan impuestos (más a los más ricos) y pierden 6.500 millones de recaudación (Madrid, -60.000 millones desde 2004). Y la tercera, piden más recursos para ofrecer más servicios, pero los datos revelan que gastan menos cada año (porcentualmente) en gastos sociales (sanidad, educación y servicios sociales) y más en pagar deuda y “otros gastos”. Un escándalo. Y Madrid, la autonomía más peleona y pionera en bajar impuestos, es la que menos gasta por habitante en sanidad y educación. No hagan “demagogia” y piensen en “la gente”: urge reformar la financiación autonómica y tener más recursos, pero para gastarlos mejor en lo que hace falta.

                             Enrique Ortega

La penúltima pelea política del PP contra el Gobierno se centra en pedir más dinero para las autonomías y vetar el techo de gasto y los Presupuestos de 2025. Veamos el trasfondo de este debate. Por un lado, es cierto que urge reformar el sistema de financiación autonómica (aprobado en 2009), como prometió Rajoy ya en 2014. El sistema actual penaliza a las autonomías con población mayor y más dispersa (España vaciada) y a las que atienden a  más población necesitada de ayudas y servicios (inmigrantes y familias con bajas rentas). En concreto, hay 5 autonomías “infra financiadas”, que reciben menos recursos por habitante que la media en España (3.365 euros), según el último estudio de FEDEA: Murcia (3.056 euros por habitante), Comunidad Valenciana (3.089), Andalucía (3.182) y Castilla la Mancha (3.193), más Madrid (que recibe 3.364 euros, 1€ menos que la media).

Pero la realidad es que, en los últimos años, todas las autonomías han recibido más dinero que nunca del Estado central, gracias al fuerte crecimiento y a la inflación, que han permitido a Hacienda récords de recaudación: 271.935 millones en 2023, un +6,4% (tras aumentos del +15% en 2021 y +14% en 2022). Por eso, el Gobierno Sánchez ha podido aportar a las autonomías unas cantidades récord: 147.412 millones de euros en 2024 (+9,5%, un máximo histórico), que les han permitido cubrir sus gastos y compensar la infrafinanciación. Y gracias al crecimiento, el aumento del empleo y la recaudación récord, las autonomías recibirán  estos casi 7 años de Gobiernos de Sánchez (2018-2024) unos 300.000 millones más del Estado de lo que recibieron durante los casi 7 años de Gobiernos de Rajoy (2012-2018). 

Ahora, el Gobierno Sánchez quiere aprobar un Presupuesto para 2025, tras no poder aprobar el de 2024 (por la falta de apoyo de ERC y Junts, tras el adelanto electoral en Cataluña) y prorrogar este año el de 2023. Pero el Gobierno tiene que aprobar antes, por exigencia de la Constitución (se aprobó un añadido en 2011, obligado por Bruselas) y de la Comisión Europea, un “techo de gasto” y una “senda de déficit”, dos cimientos previos a  todos los Presupuestos. El Consejo de Ministros aprobó ambos el 16 de julio. Pero el PP (y Vox), con el apoyo de Junts, lo vetaron a finales de julio. El Gobierno volvió a aprobar lo mismo (techo de gasto y senda de deuda) el 10 de septiembre, pero finalmente no lo ha llevado al Congreso, para no perder una 2ª votación, dado que Junts sigue con su veto (con  PP y Vox ).

Estos dos puntos de partida de los Presupuestos 2025 no debían ser tan polémicos. Por un lado, el “techo de gasto” es un tope que se pone a todo el gasto del Estado, contando con lo que se espera crezca la economía (y la recaudación) y la obligación (impuesta por la Comisión Europea) de rebajar el déficit público (del 3% del PIB en 2024 al 2,5% prometido para 2025). Así sale que España no puede gastar más de 195.353 millones en 2025, un +3,2% (sin contar los Fondos europeos). Eso supone poder gastar 6.138 millones de euros más en 2025. Algo que beneficiará a todos los españoles y también a las autonomías, que se llevan casi la mitad del gasto total. Pero el PP (y Vox), que gobiernan 11 autonomías, vetan este “techo de gasto”, no tanto porque les parezca alto (es el que admite la Comisión Europea) sino como “arma de ataque político” al Gobierno.

El otro documento que también se veta es “la senda de déficit” . En este caso, el Gobierno reparte el tope de déficit prometido a Bruselas para 2025 (2,5% del PIB, unos 37.500 millones de euros) entre el Estado central, la Seguridad Social, las autonomías y los Ayuntamientos. La idea es “repartir el ajuste”. Pero este año, el Gobierno ha propuesto un cambio: la Administración central reducirá más su déficit (al -2,2% del PIB frente al -2,8% inicialmente previsto: tendrá que “ajustar” sus cuentas en 9.000 millones más)  para que las autonomías tengan más margen de gasto y puedan tener déficit (antes se les ponía como objetivo un superávit del +0,1% del PIB y ahora se les permite un déficit de -0,1%). Eso se traduce en que podrán gastar 3.000 millones más de lo previsto en 2025 (y otro tanto en 2026). Y también mejora “la senda de déficit” para los Ayuntamientos: si antes debían tener un superávit del +0.1% del PIB en 2025, ahora, el Gobierno les propone que no tengan superávit (cuantas equilibradas), con lo que podrán gastar 1.500 millones más (y 3.000 en 2026, cuando se les permite también un equilibrio en vez del +2% de superávit).

Esto es lo que significa, a lo claro, la “senda del déficit” propuesta por el Gobierno: que las autonomías puedan gastar 3.000 millones más en 2025 (y otros 3.000 extras en 2026) y que los Ayuntamientos gasten 1.500 millones más en 2025 (y 3.000 en 2026), a cambio de que la Administración central gaste menos (-9.000 millones). Y el PP (y Vox), que gobierna en 11 autonomías y la mayoría de los Ayuntamientos, ha votado en contra… No se entiende, salvo que se anteponga la “pelea política frontal” a los intereses de regiones y ciudades.

Pero hay más. Si no hay  Presupuestos para 2025, por no aprobarse previamente ni “el techo de gasto” ni la “senda del déficit”, las autonomías van a tener menos recursos, porque recibirán con retraso las aportaciones del Estado. Vean por qué. El grueso de los ingresos de las autonomías son “las entregas a cuenta” que les hace el Estado central (el Gobierno) a cuenta de la parte que les corresponde por los impuestos que ingresa (la mitad del IRPF y del IVA y el 58% de los impuestos especiales). Cada año se presupuesta lo que les corresponde y se les da un anticipo: para 2025, Hacienda tiene previsto entregarles 147.320 millones. Y además, cada año se les entrega la liquidación de dos años antes (la diferencia entre lo presupuestado y el ingreso real). En 2025, está previsto liquidarles 11.692 millones, por la diferencia de 2023 (recaudación real-entrega a cuenta).

Con ello, el proyecto del Gobierno es entregarles a las autonomías 159.104 millones en 2025 (+2,6%), de los que 147.320 millones son a cuenta de la recaudación prevista, que son 12.743 millones más que en 2024. Pero si no hay Presupuestos, esta aportación se retrasa legalmente y dependerá de un Real Decreto que debe aprobar el Gobierno en 2025. Eso ya pasó en 2024, cuando las autonomías recibieron sus aportaciones a cuenta (son pagos quincenales) a partir de junio. Así que si no hay Presupuestos, las autonomías no recibirán estos 12.743 millones extras de 2025 hasta el próximo verano, no desde el 1 de enero.

Como se ve, las autonomías (y Ayuntamientos) perderán recursos si no hay Presupuestos por una triple vía: habrá menos gasto público en toda España (-6.138 millones), podrán gastar menos por no aprobarse su nuevo techo de déficit (-6.000 millones en 2025 y otros tantos en 2016) y les llegará medio año más tarde la parte extra que les corresponde de la mayor recaudación de impuestos (12.743 millones). Quizás los ciudadanos que viven en las autonomías no lo sepan, pero sus gobernantes sí lo saben. Pero no han presionado al PP (ni a Vox) para que apoyen el techo de gasto y la senda de déficit, aunque les cueste dinero.

En el caso de Junts, han suavizado su veto inicial a la senda de déficit y quieren pactar, para “sacar tajada”: ahora buscan aumentar el gasto autonómico, pelean porque el déficit de las autonomías en 2025 sea mayor. Que en vez del -0,1% del PIB que propone el Gobierno aumente: incluso proponen subirlo a un máximo del -0,8%.  A lo claro, eso significaría que las autonomías podrían gastar 10.500 millones adicionales en 2025. Y como a Cataluña le puede corresponder un 25% (por su peso económico y fiscal), les “tocaría” un gasto extra de +2.625 millones, que Junts vendería como “un triunfo político propio”. El Gobierno está viendo cuánto puede ceder, ya que como el déficit total es inamovible (no debería superar el -2,5%, para que lo acepte Bruselas), lo que gasten de más las autonomías lo gastaría de menos el Estado central (en servicios públicos, ayudas e inversiones).

La primera contradicción de las autonomías, al pedir más dinero y vetar el techo de gasto y la senda de déficit , es evidente. La segunda es aún más clara: las autonomías piden más recursos y a la vez, las gobernadas por el PP (y Vox) reducen su recaudación porque rebajan impuestos, desde hace años. Una rebaja fiscal que beneficia más a los que más tienen y reduce sus ingresos de forma clara. Así, en 2022, las autonomías renunciaron a 5.710 millones de ingresos por sus rebajas fiscales, según un estudio de la Fundación Alternativas, CES, Intermón Oxfam y CCOO. Concretamente, hubo 10 autonomías que redujeron su recaudación, encabezadas por Madrid (-6.255 millones, el 2,4% de su PIB) y Andalucía (-703 millones), Canarias (-363), Castilla y León (-353), Castilla la Mancha (-238), Cantabria (-201) y Galicia (-147 millones), mientras la aumentaban Cataluña (+1.199), Comunidad Valenciana (+683), Baleares (+550), Extremadura(+207) y Asturias (+46).

En general, la mayoría de autonomías han aumentado sus deducciones en el IRPF y han “deflactado la tarifa” (descontado la inflación de los ingresos), además de reducir los tipos en sucesiones y donaciones (una carrera por bajar impuestos a las herencias) y bonificado el impuesto del patrimonio. Con ello, en los Presupuestos autonómicos de 2024 se contemplan rebajas fiscales de -2.856 millones de euros, según la AIReF, de los que -624 millones son de la Comunidad Valenciana, -453 millones de Madrid, -169 de Baleares, -148 de Galicia y -124 de Navarra. Y para 2025, la mayoría de autonomías gobernadas por el PP siguen con rebajas fiscales: otros -180 millones Madrid, una autonomía que ha renunciado a ingresar 65.000 millones desde 2004… Y mientras, es la región que menos gasta en sanidad (1.280 euros por habitante frente a 1.635 de media y 2.129 en Asturias) y en educación (858 euros frente a 1.081 de media y 1.522 euros en el País Vasco).

Pero la contradicción más flagrante de las autonomías es que piden más recursos al Estado y luego cada año gastan menos en lo que necesitamos, en sanidad, educación y servicios sociales. Así, entre 2010 y 2023, las autonomías han reducido el porcentaje de gasto que dedican al gasto social (aunque gastan más millones): de suponer dos terceras partes de su Presupuesto (el 67,4% en 2010) ha bajado a ser poco más de la mitad (el 58,9% en 2023), según denuncia un informe de los Directores de Servicios Sociales. Un escándalo: piden más dinero y cada año pesa menos lo que se gastan en sanidad, educación y servicios sociales, los servicios públicos que gestionan. A cambio, ha aumentado drásticamente los intereses que pagan por su deuda  (era el 5,3% del gasto en 2010 y supuso el 20,1% en 2023) y los “otros gastos” (desde personal, compras e inversiones a gastos varios como inversiones megalómanas o la Formula 1…).

Y aunque cada año aumentan los Presupuestos autonómicos, la mayor parte del aumento no va al gasto social. Así, en 2023, según el informe, sólo 1 de cada 10 euros de aumento de los Presupuestos autonómicos fueron a aumentar el gasto social (sanidad, educación o servicios sociales). Y en Sanidad, por ejemplo, el gasto por habitante de las autonomías en 2023 (1.635 euros) es inferior al de 2020 (1.657) y 2021 (1.678), a pesar de las listas de espera y el deterioro de la sanidad pública. Además, hay una gran diferencia en el gasto social: en 2023, están a la cola Madrid (2.464 euros por habitante), Cataluña (2.942), Murcia (3.008) y Andalucía (3.035), todas por debajo del gasto social autonómico medio (3.124 euros por habitante), la mayoría gobernadas por el PP y bajando impuestos.

En el caso del gasto en Dependencia, los datos son más escandalosos, según otro informe de los Directores de Servicios Sociales: hay 3 autonomías que han aprovechado la mayor aportación del Estado para gastar ellos menos en Dependencia, en 2023 sobre el 2.020. Las autonomías que han “hecho caja” son Castilla y León (ha gastado -34,7 millones, -6,3%), Galicia (-6,4 millones, -2,1%) y Aragón (-3,2 millones, -1,6%). En conjunto, todas gastaron sólo un 9% más en Dependencia (2020-2023), mientras el Estado central aportaba un +138% estos 3 años. Y eso, a pesar de que los dependientes crecen cada año y 292.792 están en espera de ayuda o trámites. Con el agravante de que, como muchos son octogenarios, 40.000 dependientes mueren cada año sin recibir la ayuda a la que tienen derecho (mientras las autonomías reducen o medio congelan su gasto).

Tras este “panorama”, quizás tengamos “otra idea” sobre las peticiones de más recursos y el gasto que hacen las autonomías. Y entendamos la demagogia que se hace cada día con el debate de la financiación autonómica. Está claro que hay que reformar el sistema, para que las regiones tengan más recursos, repartidos de forma más justa. Pero también es evidente que hay que acabar con el sistema actual de rebajas fiscales autonómicas, porque eso perjudica a la mayoría de los ciudadanos: una minoría paga menos pero la mayoría sufre que su autonomía acabe gastando porcentualmente menos en sanidad y educación (Madrid) o servicios sociales (Canarias). Debería haber unos mínimos comunes, que aseguren unos servicios públicos homogéneos en toda España, desde el tratamiento del cáncer a las guarderías o la FP. Unas leyes que incluyan Fondos de nivelación para igualar los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos, vivan donde vivan. Debates que casi nadie plantea.

La economía bien, la política mal

Tras las vacaciones, España afronta un otoño muy complicado, más en los temas políticos que en la economía. Los datos oficiales revelan que hemos superado la triple crisis de la pandemia, la guerra der Ucrania y la hiperinflación, con mejor nota que la mayoría de Europa: crecemos el triple, creamos más empleo (1,7 millones desde 2019) y la inflación ha bajado al 2,2%. Pero mucha gente no nota esta mejora de la economía, porque sus salarios apenas crecen y todo es más caro. Y les agobia pagar un alquiler, el colegio o la universidad y una sanidad privada o una residencia. Y las autonomías piden más recursos, mientras se enquista una reforma de su financiación. Además, persiste el problema de la inmigración ilegal (manipulada por la ultraderecha) y parece imposible que el Gobierno apruebe un Presupuesto para 2025. Al final, la polarización y el enfrentamiento político impiden mejorar la economía y los problemas que preocupan a los españoles. Estamos ante el riesgo de una “Legislatura fallida”. 

  

                            Enrique Ortega

Tras cuatro años y medio de continuas crisis, desde la pandemia a la guerra de Ucrania y la hiperinflación, la economía española parece asentar su recuperación, a juzgar por los datos oficiales. Por un lado, somos el país europeo grande que más crece: +0,8% en el 1º y 2º trimestre de 2024, casi el triple que la zona euro y que la UE-27 (+0,3% de crecimiento los dos primeros trimestres) y también por encima de Francia (+0,3%) o Italia (+0,3% en el primer trimestre y +0,2% en el 2º) y mucho mejor que Alemania (su PIB creció un +0,2% en el primer trimestre y cayó un -0,1% en el 2º), según Eurostat. Y lo mismo pasó en 2021 (España creció un 6,4% y la UE-27 un 6%), en 2022 (+5,8% frente al 3,4%) y en 2023 (un +2,4%, cuatro veces más que el +0,6% UE-27), compensando con creces la mayor caída que sufrimos en 2020 con la pandemia (-11,2% frente a -5,6% de caída en la UE-27). 

Así que ahora (2º trimestre 2024), España crece a una media anual del 2,9%, cuando Europa está estancada y Alemania roza la recesión. La clave del “éxito” económico español está en un fuerte tirón del turismo (que superará este año los 90 millones de visitantes, con un gasto récord de 128.000 millones de euros), en el mantenimiento del consumo de las familias (por la fuerte creación de empleo: +1,7 millones desde 2019, más estable y mejor pagado), en el pulso de las exportaciones, que se mantienen fuertes en los últimos años, a pesar de la caída en 2024 (-2,4%, en España, menos del -3,2% que caen en UE-27) y por el empuje de los Fondos europeos: España ha adjudicado ya el 55% del total asignado (38.604 millones de euros) y puede adjudicar el resto hasta finales 2026.

Además de crecer más que la mayoría, España ha superado también, como el resto de Europa, el grave problema de la hiperinflación: la inflación anual ha bajado al 2,2% en agosto de 2024, según el INE, como la eurozona (2,2%) y muy lejos del 10,5% que subían los precios en agosto de 2022 (tras la guerra de Ucrania y el tirón de los precios de la energía, las materias primas y los alimentos).Y eso, a pesar de unos tipos de interés récord impuestos por el BCE (en el 4,50%, aunque los bajó en junio al 4,25%, todavía el tipo más alto desde 2008), que han encarecido hipotecas y préstamos, debilitando la recuperación más que la inflación.

A pesar de que “la economía va bien”, la mayoría de los españoles “no lo notan”, según las encuestas del CIS. La razón es evidente: tras dos años de fuerte subida de precios (2022 y 2023), todo es mucho más caro ahora. Y a muchas familias les cuesta más llegar a fin de mes, porque sus sueldos han subido menos que la inflación. Es lo que pasa incluso este año: la inflación anual media sube un +3,2% hasta agosto y la subida salarial en los convenios firmados (hasta julio) es del +2,9%. Así que los trabajadores con convenio pierden poder adquisitivo (-0,3%) y los que no tienen convenio más. Y eso ha pasado también en 2022 y en 2021. De hecho, los trabajadores españoles han perdido un -5,16% de poder adquisitivo entre 2020 y agosto de 2024, según los datos del INE y Trabajo.

Eso explica que muchas familias no noten en sus bolsillos “la mejora de la economía”. Eso contrasta con la situación de las empresas, que han mejorado sensiblemente su facturación, márgenes y beneficios en estos últimos cuatro años y medio. El margen bruto sobre ventas se ha disparado: es el 13,5% entre abril y junio, según el Observatorio de Márgenes Empresariales, lo que augura un tercer año récord de márgenes, tras un +12,9% en 2023 y 12,1% en 2021, por encima del 10% de 2020 y 11% de margen en 2019. Así que mientras las familias pierden poder adquisitivo, las empresas suben márgenes (a pesar del aumento de costes), subiendo precios. Y eso les ha permitido aumentar sus beneficios estos años. En 2024, de enero a junio, las empresas cotizadas ganaron 32.099 millones, un +15,22% de aumento, sobre todo las energéticas, eléctricas, bancos y distribución.

Las familias españolas tampoco notan que “la economía va bien” porque siguen con problemas económicos preocupantes en su día a día. Por un lado, los servicios públicos esenciales se han deteriorado y les siguen costando dinero. Es el caso de la Sanidad, donde crecen las listas de espera, no sólo para el especialista, sino para ver al médico de familia, lo que se traduce en que contratan cada vez más un seguro médico privado: 12,4 millones de españoles lo pagan cada mes, 1 de cada 4 personas (un 38,7% en Madrid y un  32,4% en Barcelona). Y también es costosa (y complicada) la educación de los hijos, desde la guardería y el colegio (con gastos crecientes en los concertados) a la Universidad y la FP (cada vez más privada). Y lo mismo el atender a los dependientes (mayores), muchos en espera de ayuda (331 días de media y 130.643 con derecho reconocido y en “lista de espera”)  y otros sin atención y obligados a pagar caras residencias (la mayoría privadas).

Así que tres servicios claves, Sanidad, Educación y Dependencia funcionan “tensionados”, faltos de recursos y personal, lo que obliga a las familias a gastarse dinero en cubrir sus necesidades sanitarias, educativas y dependencia. Y estos servicios los gestionan las autonomías, que se quejan de falta de recursos de la Administración Central. Pero el Gobierno asegura que les anticipará 147.412 millones de euros en 2025, a cuenta de los ingresos que les corresponden por impuestos, un +9,5% sobre 2024 y la mayor aportación de la historia. Y recuerdan que han transferido a las autonomías 178.750 millones más (+40%) durante los Gobiernos de Sánchez (entre 2019 y 2023) que los recibidos con los Gobiernos de Rajoy (2013-2017).

Este otoño volverá con fuerza el tema de la reforma de la financiación autonómica, la petición urgente de todos los Gobiernos regionales para contar con más recursos para atender a los servicios públicos que gestionan (sanidad, educación, dependencia, ayudas y servicios sociales, vivienda…). Una petición justificada porque el actual sistema de financiación se aprobó en 2009 y debía haber sido reformado en 2014. El Gobierno Sánchez promete presentar una reforma a las autonomías este año, pero el problema es la falta de acuerdo político entre el PP (que gobierna en 11 autonomías, más Ceuta y Melilla, aunque no tienen todas una postura común) y el Gobierno. Y eso, porque lo que está en juego son los criterios de reparto de los ingresos que corresponden a cada autonomía.

En el sistema de financiación actual, lo que prima es la población de cada comunidad: las más pobladas reciben más ingresos en el reparto de la recaudación total (también las autonomías más ricas contribuyen con más ingresos). Y eso perjudica a autonomías con menos población, que piden ahora un nuevo sistema de reparto de la financiación que prime más el porcentaje de población mayor o la diseminación de la población y el peso de la España vaciada. Según los criterios que ser fijen, habrá autonomías que reciban comparativamente más dinero que ahora y otras menos (aunque todas ingresarán más).

Con la financiación autonómica actual, hay 5 autonomías “infra financiadas”, que reciben menos recursos por habitante que la media en España (3.365 euros), según el último estudio de FEDEA: Murcia (3.056 euros por habitante), Comunidad Valenciana (3.089), Andalucía (3.182) y Castilla la Mancha (3.193), más Madrid (que recibe 3.364 euros, 1€ menos que la media). Estas autonomías son las que más se quejan de falta de recursos, porque llevan 10 años ya recibiendo menos de lo que les correspondería con un sistema “más justo”. Las 10 autonomías restantes están “sobre financiadas”, reciben más que la media (3.365 euros por habitante). Las 4 regiones que se benefician más del actual sistema son La Rioja (recibe 3.954 euros por habitante, 898 euros más que Murcia), Cantabria (3.944 euros), Baleares (3.877 euros) y Extremadura (3.809 euros por habitante), seguidas de lejos por Canarias (3.696 euros), Castilla y León (3.573 euros), Aragón (3.529 euros), Asturias (3.584), Galicia (3.448) y Cataluña (3.396 euros).

Otro problema clave de este otoño, que afectará a las autonomías y a todos nosotros, será la aprobación de los Presupuestos para 2025. El Gobierno promete presentar un proyecto este mes de septiembre, pero no cuenta con mayoría para sacarlo adelante, a la vista de que Junts (el partido de Puigdemont) ya votó en contra del techo de gasto que aprobó el Gobierno en julio (y amenaza con sumarse al PP y Vox en el veto a los Presupuestos de 2025). Si el Gobierno no consigue el apoyo de Junts (y de ERC, el PNV, Bildu o Podemos), tendrá que prorrogar los Presupuestos actuales de 2024 (que ya prorrogaron los de 2023) para 2025, al igual que se prorrogaron los de 2018 (en 2019 y 2020). El problema es que la prórroga obligaría a gastar menos (-22.288 millones), porque el techo de gasto sería el de 2023 (173.065 millones) y no el propuesto para 2025 (195.353 millones). Así que no aprobar el Presupuesto para 2025 supone gastar 22.288 millones menos, que se traduce en menos recursos públicos para sanidad, educación, Dependencia o inversiones que tanta falta hacen…

Con todo, la pelea más “sonora” de este otoño será la inmigración, no porque sea lo que más preocupa a los españoles sino porque la derecha y la ultraderecha creen que es la bandera que les da más votos. Hay un dato preocupante: la inmigración ilegal hacia España se ha disparado: 56.852 inmigrantes ilegales entraron en España en 2023 (39.910 por Canarias), un 82% más que en 2022. Y en la primera mitad del año 2024 han llegado 26.585 inmigrantes ilegales, un 90% más que en 2023. Está claro que hay que frenar este ritmo de llegadas, sobre todo con acuerdos con los paises de salida (ahora Mauritania, Senegal, Mali y Gambia, muchos con conflictos bélicos) y con medidas internas (el Gobierno expulsó a 2.515 inmigrantes irregulares en el primer trimestre).

Pero no se puede hacer demagogia, porque la mayoría de la inmigración se hace por cauces controlados: en 2023, España recibió 639.000 inmigrantes netos, lo que permitió aumentar la población y proveer de mano de obra a muchos sectores (el 40% del nuevo empleo lo consiguen extranjeros). Y en España viven (censados) 4.394.900 extranjeros de fuera de la UE, el 6,4% de la población total (en Europa, los extranjeros no comunitarios son el 9,1%).

Está claro que hay que regular la inmigración, facilitando la llegada de extranjeros de forma legal y limitando la vía de la inmigración ilegal (que no parará). De hecho, España necesita la llegada de  200.000 extranjeros cada año para cubrir trabajos claves, en el campo, el turismo,  la construcción y muchas industrias y servicios. Y para pagar impuestos, cotizar y financiar las pensiones y los servicios públicos, algo de lo que no se habla cuando se identifica a la inmigración con inseguridad y costes. Un debate que debería no ser político y sectario, para  primar la humanidad, los derechos humanos y la economía.

Otro debate clave, más prioritario, es la grave situación de la vivienda en España, que no sólo afecta a los que buscan un techo (jóvenes y nuevas familias) sino a toda la economía, porque hay muchas actividades muy afectadas por la falta de vivienda para sus trabajadores (turismo, industrias, sanidad, colegios y Universidades, servicios…). El problema de fondo está claro: faltan viviendas para vender y alquilar y eso está disparando los precios. Sobre todo del alquiler. Su precio se ha disparado un 30% desde 2019 y cuesta 1.206 euros de media (13,4 euros/m2 en junio), según Idealista, llegando a 1.800 euros en Barcelona y 1.782 euros en Madrid. Cantidades imposibles de pagar para muchos sueldos y que revelan el problema de fondo: la falta de oferta (se ha reducido un 41% desde 2019, por el trasvase a pisos turísticos y de temporada, más ventas) y el tirón de la demanda (se ha duplicado con creces estos años).

La solución pasa por aumentar la oferta de viviendas, aumentando la promoción de viviendas nuevas (se terminaron 80.473 viviendas “libres” en 2023, frente a 356.000 en 2009) y facilitando a los propietarios que pongan su vivienda en alquiler (no “asustándoles” con controles). Y sobre todo, alcanzar un gran Pacto entre Gobierno, Ayuntamientos, autonomías, promotores y bancos para promover 150.000 nuevas viviendas al año, la mayoría para alquilar.

En resumen, “la economía va bien”, pero las familias españolas lo podrían notar más si la política se preocupara de resolver sus problemas cotidianos, desde la mejora de los salarios y el empleo de los jóvenes a la sanidad, la educación a la vivienda y la lucha contra el cambio climático. Pero estamos metidos en una política de “polarización” y enfrentamientos constantes que perjudican a la economía, como la  peligrosa deslegitimación del Gobierno y las instituciones democráticas. Y así resulta imposible sentarse y tratar de buscar una solución a la sanidad, la vivienda, la financiación autonómica o la inmigración, aprobar medidas entre todos que mejoren la vida de la gente. Todo apunta a que, si no hay Presupuestos 2025 ni acuerdos en los problemas básicos, estamos ante “una Legislatura fallida”. Y ante un “parón” político que acabará dañando la economía.