La Iglesia, cortina de humo del catastrazo

En plenos recortes y subida de impuestos, la Iglesia se ha convertido en chivo expiatorio por no pagar el IBI a los Ayuntamientos. Como tampoco lo pagan miles de instituciones, desde colegios y embajadas a Renfe, Fundaciones, mezquitas, Cruz Roja, la duquesa de Alba o el hotel Palace. Unos 1.000 millones que se dejan de ingresar, sólo 50 de la Iglesia. Que también disfruta de exenciones en muchos impuestos, desde sociedades a sucesiones o plusvalías, como otras instituciones. Al final, la revisión de estos privilegios, que hay que hacer, encubre el catastrazo: la subida del IBI, entre 90 y 120 euros, que nos van a hacer los Ayuntamientos en 2012 y 2013. Y tampoco se habla de otros privilegios: 38.102 millones que se van en exenciones fiscales (muchos a grandes empresas) y 13.700 millones en subvenciones, al Hipódromo de Madrid (2,27 millones), el Teatro Real (13,15 millones) o la Federación de Fútbol (3 millones). Sin ellos, no habría déficit ni recortes.  

enrique ortega

Los privilegios fiscales de la Iglesia, el segundo patrimonio de España tras el Estado (100.000 inmuebles, miles de tierras y 3.700 monumentos), se remontan a hace siglos y se concretan en el Concordato firmado con Franco en 1953 y renovado en los Acuerdos con la Santa Sede de 1979. Pero en 2002, el PP aprueba la Ley de Mecenazgo, donde incluye los beneficios fiscales de la Iglesia y los amplía a otras instituciones sin fines de lucro, que tampoco pagan el IBI a los Ayuntamientos: locales públicos (colegios, comisarias, cuarteles…), colegios concertados, Cruz Roja y ONGs, Federaciones Deportivas, mezquitas y otras religiones, Fundaciones, Renfe y edificios históricos, desde el Palacio de Liria al Hotel Palace o la SGAE. Partidos y sindicatos dicen que sí pagan.

Ahora, los Ayuntamientos le han echado el ojo a los bienes de la Iglesia, para intentar tapar sus agujeros. Y ya hay varios, incluso del PP (Zamora, Valladolid, León) que preparan un censo de locales, mientras el PSOE ha ordenado a sus concejales que presenten mociones en los Ayuntamientos para cobrar el IBI, al menos de los edificios que no se dedican al culto (aparcamientos, restaurantes, hospederías, viviendas…), un pago que el PP ha ordenado que rechacen sus concejales. El antiguo alcalde, Ruíz Gallardón, estimó que la Iglesia dejaba de pagar en Madrid 4,8 millones por el IBI. Dado que Madrid ingresa la novena parte del IBI de toda España, podría estimarse en 43,2 millones el IBI de los inmuebles de la Iglesia que sumados a sus bienes de naturaleza rústica (pagan un IBI muy bajo) sumarían 50 millones. Un 5% de los 1.000 millones que dejan de ingresar los Ayuntamientos por el IBI de los que no lo pagan.

Pero los privilegios fiscales no son sólo en el IBI. La Iglesia y demás entidades sin ánimo de lucro tienen importantes exenciones en varios impuestos más: plusvalías, sucesiones, transmisiones patrimoniales y sucesiones. El único impuesto del que está exenta la Iglesia y no los demás es el de licencia de obras municipales (ICIO), por el que los Ayuntamientos recaudan 1.500 millones (como mucho, la Iglesia debería pagar 15). Y desde 2007, la Iglesia paga también el IVA (se ahorraba unos 30 millones), por imposición de Bruselas.

En paralelo a la polémica del IBI ha saltado el tema de la financiación de la Iglesia en España, donde recibe unos 5.800 millones al año del Presupuesto. Una parte (250 millones) es dinero de los contribuyentes católicos (7,5 millones), que marcan su casilla en el IRPF, algo que no pueden hacer los creyentes de otras religiones. Otros 700 millones es dinero público que paga a unos 18.000 profesores de religión. Luego está el pago de capellanes en instituciones públicas (25 millones), ayudas a ONGs (91,3 millones a Cáritas y Manos Unidas), el coste de la sanidad a los religiosos (700 millones), la rehabilitación del patrimonio de la Iglesia (13 millones) y, sobre todo, los 4.000 millones destinados a financiar la enseñanza religiosa concertada (1.400.000 alumnos), que si no tendría que impartir la enseñanza pública.

La polémica es si todo este dinero tiene que salir del Presupuesto o si la Iglesia debería autofinanciarse con sus fieles, como hace en Alemania y muchos países. Es lo que planteaban a medio plazo los Acuerdos de 1979 (“lograr por sí misma los recursos suficientes”) y lo que proponía  una moción de IU, apoyada por Grupo Mixto y PSOE (que no resolvió la financiación de la Iglesia en casi 8 años de Gobierno) y rechazada por PP, CiU y UPyD.

Al margen de la financiación de la Iglesia, que paguen el IBI (ellos y otros) no es algo que puedan decidir los Ayuntamientos, ya que les exime una Ley (de Mecenazgo), que habría que cambiar (y entonces estarían detrás los acuerdos con la Santa Sede). Y mientras se habla de la Iglesia, nos olvidamos del catastrazo, la subida del IBI a particulares y empresas por partida doble. Por un lado, este año se ha revisado el catastro de muchas ciudades (Zaragoza, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Oviedo, la Coruña y Murcia), después que el verano pasado se revisara el de Madrid y 215 municipios más. Y por otro, a todos se les sube el tipo del IBI, entre el 10% (en más de la mitad de los Ayuntamientos) y el 4%, según el año de revisión catastral. Una subida del recibo entre 90 y 120 euros, en 2012 y 2013.

Y hablando de privilegios fiscales, no sólo están los que no pagan el IBI. En 2012, hay 38.102 millones en desgravaciones fiscales, que el Estado no ingresará y beneficiará a particulares (6.000 millones a los compradores de pisos)  y sobre todo empresas (6.046 millones en sociedades). Y otros 13.700 millones en subvenciones a una lista de 500 entidades, desde el Hipódromo de Madrid (2,27 millones) al Teatro Real (13,15), la Opera de Bilbao (1,75 millones), la Federación Española de Fútbol (3 millones) o la Maestranza (2,12). En total, 51.802 millones, vez y media los recortes, que se reparten sin transparencia y con el desconocimiento de la mayoría de españoles. Eso sí tiene morbo, más que el IBI de la Iglesia.

El carrito de la compra, más caro

En los últimos meses, muchos alimentos han subido de precio: azúcar, frutas, zumos, arroz, café, cereales, cerveza…El último estudio de la OCU es concluyente: se ha acabado la guerra de precios, incluidas las marcas blancas, que copan el mercado. El problema es doble. Por un lado, están subiendo los alimentos en el mercado internacional, por la mayor demanda, las malas cosechas y la especulación. Por otro, la enorme concentración de los distribuidores (cuatro marcas venden el 58% de los alimentos) está empezando a ser negativa para la competencia. Y mientras, los agricultores y ganaderos se llevan la quinta parte del precio que pagamos. Cara al futuro, todo apunta a que comer será cada vez más caro.

enrique ortega

Comer es el mayor gasto de los españoles (14,4% del presupuesto familiar), tras la vivienda (29,4%) y por encima del transporte (12%). En alimentación nos gastamos 1.460 euros por persona en 2010, un 2,3% menos, en una tendencia a la baja que empezó con la crisis y que se da en toda Europa, aunque España es el país donde más ha bajado el gasto alimenticio, junto a Italia (-7,6%): -5,5% entre 2007 y 2010, frente al -0,4% en Francia, el -2,7% en Gran Bretaña o el -2,8 % en Alemania. Para 2011, la OCU estima que el gasto de alimentación de una familia media será 6.804 euros (567 al mes), unos 400 euros menos que el año pasado, por la crisis y la caída de precios.

Pero los precios están repuntando en los últimos meses y ya hay fabricantes que reconocen estar subiendo los zumos (por la subida de las frutas y el azúcar), el arroz, el café, los cereales y pastas o la cerveza. Y la OCU señala, en su última encuesta, que ha finalizado la guerra de precios de 2009 y 2010 y que la mayoría de cadenas están subiendo precios. De momento, el propio IPC ya lo refleja: los alimentos han subido un 2,3 % en el último año (la inflación, el 3,1), con fuertes subidas en el azúcar (+26,9%), el café (+12,5%), el pollo (+6,9%), los cereales (+6,9%), el pescado (+4,9%) o los lácteos(+4,8%), mientras subían poco la leche(+0,3%) y el aceite(+1,8%),dos “productos escaparate” en los supermercados y con excedentes.

La causa inmediata de estas subidas es el aumento del precio internacional de muchos alimentos, sobre todo cereales, azúcar, arroz, lácteos y café, que han subido más del 40% en el último año, según la FAO. De hecho, desde 2008 asistimos a una gran volatilidad de los precios de los alimentos, por tres causas. La primera, la mayor demanda de alimentos de los países en desarrollo y el aumento de población (80 millones de bocas más cada año), mientras  los cultivos apenas crecen, caen las existencias y cualquier sequía o inundación provoca sobresaltos de precios. La segunda, el aumento de los precios de la energía y la apuesta por los biocombustibles( subvencionados), que fuerza la subida del maíz, trigo, azúcar y aceites. Y la tercera, la especulación pura y dura: los alimentos se han convertido en activos para invertir, que mueven billones de dólares, amplificando la volatilidad de precios.

Pero también hay otras causas de la subida de los alimentos. La concentración de los distribuidores y el auge de las marcas blancas (42% ventas), que fue positiva al principio para bajar precios, puede haber llevado ya a echar del mercado a muchos fabricantes y  a una menor competencia de los que han quedado por producto, uno o dos fabricantes de marca y la marca blanca del distribuidor. Así lo refleja el reciente estudio de la Comisión de la Competencia, donde se indica que cuatro grandes distribuidores (Mercadona, Carrefour, Eroski y Auchan) controlan ya el 58 % del mercado alimenticio, empleando prácticas restrictivas de la competencia: cláusulas con fabricantes, pagos comerciales, información sobre productos…

Las marcas blancas están aquí para quedarse y ya las compran el 87 % de los consumidores (habitualmente en conservas, pastas, legumbres, arroz, leche, lácteos y congelados), sobre todo los menores de 45 años, especialmente en Aragón, Andalucía y Madrid. Y aunque son más baratas (-31,7%), parece que los precios han tocado suelo y ahora que están asentadas, los distribuidores van a tratar de subirlas, poco a poco. Y mientras, tratan de seguir ganando márgenes a costa de agricultores y ganaderos. De hecho, estamos pagando casi cinco veces más caros los alimentos que el precio que recibe el campo, según el observatorio de COAG: casi el doble por el aceite, cinco veces por los tomates o las acelgas, siete veces más por el plátano, el doble por el pollo  o la leche y cuatro veces más por la ternera…

El Gobierno se despide sin haber aprobado la Ley que prometió al campo para regular (como hace Francia) los contratos entre productores y distribuidores de alimentos, que imponen su ley, controlando las ventas (un 63% en supermercados e híper, frente al 27% de la tienda tradicional, en extinción). Un poder que puede imponer ahora subidas de precios, forzado por unos mercados internacionales al alza, donde los alimentos van a duplicar su precio en los próximos 20 años, según Intermón Oxfam. Y eso porque la demografía (2.000 millones de bocas más que alimentar para 2030) y el cambio climático son una bomba de relojería sobre una agricultura mundial que no avanza (las hectáreas cultivables se han reducido a la mitad desde 1960), donde faltan tecnología e inversión y donde los precios los fijan pocos países (EEUU, China y Rusia) y 500 multinacionales (3 en cereales).

La alternativa, intentada por la FAO y el G-20, es promover la inversión en la agricultura, reduciendo el proteccionismo y la especulación. Y en Europa, ayudar a agricultores y ganaderos, para asegurarnos los alimentos. Pero eso cuesta enormes subvenciones, que Bruselas quiere recortar ahora, con lo que España recibiría 5.000 millones en vez de los 7.000 actuales. Eso volverá a echar a más gente del campo. Y comer será aún más caro.

Los Ayuntamientos, a un paso de la quiebra

La mayoría de los Ayuntamientos españoles tiene problemas para llegar a fin de mes y pagar las nóminas, la luz, el teléfono o la recogida de basuras. Los ingresos les han caído en picado, por la crisis del ladrillo, y tienen que mantener un tinglado de gastos, servicios y organismos creados con el “boom” pero que ahora no pueden sostener. Por eso están haciendo recortes, no pagan sus facturas a miles de empresas y tratan de subir tasas e impuestos. El mayor problema lo tendrán en 2012, porque  tendrán que recortar 5.000 millones más para cumplir lo acordado con Bruselas. Ello va a obligar a reformar la financiación local, con más ingresos (a costa de las autonomías y de nuestros bolsillos), menos gastos y menos Ayuntamientos.

enrique ortega

Los Ayuntamientos son la administración que menos gasta (13% del gasto público, frente al 36% las autonomías y el 51% la administración central), pero el gasto municipal se disparó con el boom inmobiliario (+72 % entre 2001 y 2008), en obras faraónicas y dispendios sin control. Y ahora, con la crisis, les han caído en picado los ingresos (la cuarta parte y más), que en un 54% venían del ladrillo. Con ello, los Ayuntamientos tendrán este año un déficit de 8.719 millones de euros, un 27% más que en 2010 (aunque su agujero es la cuarta parte del de las autonomías). Y como ahora el Gobierno les ha prohibido endeudarse más (ya tienen una deuda de 29.503 millones de euros, casi la cuarta parte sólo Madrid), no les queda más remedio que recortar gastos y tratar de ingresar más.

Para darles la puntilla, la mayor parte de las autonomías (Cataluña y Asturias entre ellas) les han recortado transferencias este año. Además, tendrán que devolver al Estado, en 2011 y 2012, unos 6.200 millones en anticipos que cobraron de más en 2008 y 2009. Y para colmo, otros 1.022 municipios no cobrarán la transferencia de Hacienda en octubre (13,5 millones) como castigo por no haber presentado sus cuentas de 2010. En suma, menos ingresos.

Así que toca hacer recortes. Lo primero que están haciendo los Ayuntamientos es no pagar las facturas: luz (Valencia debe 12 millones), teléfono (León tiene 800.000 € sin pagar), recogida de basuras (Madrid paga con 9 meses de retraso) y miles de servicios. Se estima que los Ayuntamientos deben unos 35.000 millones de euros a proveedores y que tardan una media de 296 días en pagar (la Ley de Morosidad marca 50 días), lo que ha provocado ya algunos cortes de luz y teléfono. Lo segundo que hace la mayoría es recortar gastos corrientes, un tercio del presupuesto municipal: menos alumbrado, menos alquileres, gastos en fiestas, coches oficiales, móviles, tarjetas, viajes, publicidad… Y lo tercero, reducir subvenciones y ayudas: actos culturales, eventos deportivos y clubs, asociaciones, ayudas a comedores y transporte, a familias y colectivos desfavorecidos y recorte de gastos sociales.

Otro capítulo de recorte es el de personal, que se lleva otro tercio del gasto municipal, con 660.000 empleados públicos (un 60% contratados). Aquí las medidas van desde reducir sueldos de alcaldes y concejales a reducir horas extras e incluso sueldos, llegando a no renovar eventuales ni jubilados y hasta despidos de funcionarios. El problema es que los Ayuntamientos han creado una administración municipal paralela, una maraña de organismos autónomos (1.751) y empresas, Fundaciones y consorcios municipales (otros 1.602), para eludir controles y gastar más libremente en los años de “vacas gordas”:  sociedades de gestión de urbanismo, teatros, auditorios, polideportivos, zoos, parques de atracciones, campos de golf, RTV locales, hasta hoteles… Y ahora hay que ver cómo se desmonta el tinglado. Y mientras, no hay un duro para inversiones nuevas ni para mantenimiento (desde calles a instalaciones).

No basta con los recortes y no pagar las facturas: hay que ingresar más. Por eso, la mayoría de los Ayuntamientos están subiendo las tasas, desde las basuras al pago por bodas, los vados, el agua, la tasa de circulación, la cuota de los polideportivos, la tasa de incendios, la expedición de documentos o una tasa por tener perro (Benidorm o Coslada)...  Y algunos el impuesto sobre la vivienda, el IBI, tras la revisión del catastro, que la mayoría hará en 2012. Pero no pueden subir mucho sus ingresos, ya que los impuestos propios sólo son la mitad del presupuesto y los de vehículos, obras, terrenos y sobre la actividad económica (IAE) están de capa caída por la crisis.  

Con ello, la vía obligada es el recorte de gastos, en muchos casos gastos sociales que les han crecido con la crisis. Y lo peor será el año 2012, ya que el Gobierno y los Ayuntamientos se han comprometido con Bruselas a recortar su déficit del 0,8 % del PIB (2011) al 0,3%. Y eso supone recortar 5.000 millones más, algo imposible para los Ayuntamientos si no se reforma su financiación, con una nueva Ley que lleva años esperando. Y también habrá que reducir el número de Ayuntamientos (8.116), para compartir servicios y ahorrar costes, como acaban de hacer ya Italia y Grecia: en España, el 85% de los municipios tienen menos de 5.000 habitantes (945 menos de 1.000), lo que encarece su gestión.

Pasado el 20-N, una de las tareas urgentes debía ser conseguir un gran pacto municipal, que fijara dos cosas: las competencias que deben tener los Ayuntamientos y cómo financiarlas. Y es que un 26% de los servicios que prestan los municipios (y que les cuestan 9.000 millones al año) son “gastos impropios”, que deberían hacer las autonomías (o el Estado central): seguridad y protección civil, cultura, protección social y servicios sociales (vivienda, educación, sanidad, bienestar comunitario, ayudas). Si lo siguen haciendo (España es el país europeo con menos peso del gasto local), hay que darles más ingresos y quitarlos de otro lado. No duplicar y triplicar servicios en distintas administraciones, cada una con su chiringuito, para que al final nos cueste más a los contribuyentes. Y ya puestos a elegir, menos autonomías y más Ayuntamientos. Pero saneados.

El derroche de las TV autonómicas y locales

Cada día, los habitantes de 13 autonomías y más de 100 grandes ciudades españoles pueden ver los programas de sus televisiones regionales o municipales, junto a TVE y las privadas. Pero no les sale gratis: ver la televisión propia les cuesta más de 120 euros al año por familia. Las TV autonómicas y locales tienen unos 2.000 millones de Presupuesto, el 70% del gasto del Ministerio de Educación. Y la mayoría son subvenciones de autonomías y Ayuntamientos, que no evitan unas pérdidas acumuladas de 1.500 millones de euros. Unas televisiones caras y muy politizadas, cuyo futuro se debate en estas elecciones. Unos quieren privatizarlas, otros quitarles la publicidad y otros cerrarlas. Algo habrá que hacer con ellas.

Con las autonomías, en los ochenta llegaron las primeras TV regionales (la vasca ETB en 1982, la catalana TV-3 en 1983, Tele Madrid  y la andaluza Canal Sur en 1989), que no han parado de aumentar (las últimas, en 2005, Canal Extremadura y la balear IB3). Hoy, 13 autonomías tienen TV propia, con 34 canales en total, más las correspondientes radios autonómicas. Y las cuatro autonomías sin TV institucional (Cantabria, Castilla y León, Navarra y La Rioja) subvencionan programas de TV privadas.

En 2010, el presupuesto de estas 13 TV autonómicas ascendió a 1.860 millones de euros, de los que la publicidad sólo cubre el 15%. El resto son subvenciones (813 millones) y pérdidas (775 millones), que acaban saliendo del presupuesto autonómico, del bolsillo de los ciudadanos. En 2009, las televisiones autonómicas costaban una media de 110 euros por hogar, según un estudio de Deloitte. Las más caras eran las TV de Baleares (219 euros por familia), Euskadi (191 €), Aragón (145€), Andalucía (121 €) y C. Valenciana (117 €).El problema es que tienen un alto coste, están sobredimensionadas de personal (10.000 personas, cuatro veces la plantilla de las TV privadas) y tienen poca publicidad (les ha caído un 39% desde 2006) por su baja audiencia, que además está cayendo con la TDT: sólo superan el 10% de share TV-3 (14,8%), Canal Sur(12,7%) y la TV de Galicia(12,3%). En consecuencia, viven de las subvenciones y acumulando unas pérdidas de 1.480 millones de euros.

En paralelo, unas 100 grandes ciudades españolas mantienen TV municipales, con más de 100 millones de presupuesto, en su mayoría con cargo a los Ayuntamientos, que cubren sus pérdidas. La mayoría están en Andalucía (más de 30 TV municipales, destacando Giralda TV en Sevilla, con 4 millones de presupuesto, Málaga o Cádiz con más de 2 y Jerez con 1,3 millones) y en Cataluña (con más de 18 TV municipales, la principal la barcelonesa BTV, con 18 millones de presupuesto y 1,6 millones de deuda). Son TV con más de 600 trabajadores, elevados costes y  una escasa audiencia (1,3% para todas las locales, incluyendo privadas) y con una publicidad que cayó un 40% en 2010.

Ante este panorama, la receta de las TV privadas es la misma que se aplicó a RTVE: quitarlas la publicidad y financiarlas con el presupuesto autonómico/ municipal o con un canon. Una mala solución a la vista de lo que ha pasado con RTVE: ha tenido que prejubilar a 4.000 empleados, ha recortado costes y aun así ha cerrado 2010 con un déficit de 47,1 millones porque no ha funcionado el sistema de financiación aprobado: las operadoras de telecomunicaciones y las TV privadas (junto a la tasa radioeléctrica) han aportado 142 millones menos de los previstos. Y además, una parte de estos ingresos están recurridos por Bruselas ante el Tribunal de Luxemburgo, con lo que el próximo Gobierno se puede encontrar con que ha de buscar otra vez como financiar a RTVE o hacer más recortes. Eso sí, los 500 millones de euros que facturaba RTVE por  publicidad  (que ahora se cubren con una subvención del Presupuesto de 579 millones) se los han repartido entre Telecinco (200 millones) y Antena 3 (104 millones), dos cadenas que han disparado sus beneficios en 2010 (+ 79,6 T5 y + 45,6% A3), gracias al desmantelamiento financiero de RTVE, un logro más en el balance de ZP.

Ahora, no debería repetirse este error estratégico (¿intencionado?) con las TV autonómicas y municipales. Está claro que algo hay que hacer, porque no es de recibo que Cataluña, por ejemplo, tenga un presupuesto de 481 millones para su RTV autonómica y tenga que cerrar los quirófanos por la tarde o tener los institutos a media luz  por su agujero presupuestario. O que un Ayuntamiento se gaste más en RTV que en servicios sociales. Son televisiones caras, poco independientes y muy politizadas, y con una programación discutible, más comercial que de servicio público, que puja por programas como la Fórmula 1 (Canal Nou) o la Champions (TV-3 o Canal Extremadura). El PP dice en esta campaña electoral que quiere cerrarlas o privatizarlas, pero está por ver que lo hagan, ya que son “un juguete” muy tentador. Otra opción (peligrosa) es externalizar los servicios, en manos de productoras de “amiguetes”. Pero algo hay que hacer tras el 22-M: sanearlas, dimensionarlas, hacer una programación sensata y centrada en la región o la ciudad. Y buscar un modelo de financiación realista y estable. Si no, la pelota de las pérdidas las abocará a la subasta o al cierre.

Suben los alimentos y el campo en apuros

Si el petróleo ha subido un 50%, los cereales se han encarecido un 80% en menos de un año. La mayor demanda de alimentos y las malas cosechas han disparado los precios de los alimentos en el mundo, asfixiando a los ganaderos españoles, que pagan los piensos un 30% más caros mientras les bajan la leche y las carnes. Entre tanto, los agricultores ven bajar o apenas subir los precios que cobran, aunque en los supermercados sólo vemos alimentos más caros. Al final, el campo no despega, la renta agraria se estanca y los jóvenes huyen del campo. Y para colmo, Bruselas va a reformar la política agraria y nos recortarán subvenciones. El campo ve negro su futuro y comer será cada vez más caro.

Los precios de los alimentos, sobre todo los cereales (trigo, maíz, cebada, soja) y el azúcar, se han disparado en los mercados internacionales por cuatro factores: un mayor consumo de los países emergentes (China, África, Oriente Medio) , malas cosechas provocadas por sequías (Rusia, Brasil) o inundaciones (India,Pakistán,Australia), la crisis del petróleo (que ha derivado alimentos, como el maíz o la caña de azúcar, a producir etanol y biocarburantes) y la pura especulación (los alimentos y materias primas como alternativa de inversión). La FAO considera que los alimentos seguirán subiendo hasta 2015, por el aumento del consumo y porque el cambio climático (ya se ha dado un récord de temperatura en un tercio del planeta en 2010) va a seguir trastocando las cosechas. Y más cuando la población mundial crecerá de 6.000 a 9.000 millones de personas para el año 2050.Luego comer será cada vez más caro y difícil (por eso China está comprando tierras en Africa).

En España, el primer efecto de la subida de los cereales es que los piensos para el ganado han subido un 30%. Además, a los ganaderos les ha subido un 63% el gasóleo y un 9,8% la luz. Y no han podido repercutirlo en los precios que reciben, que incluso han bajado en 2010, según datos oficiales: cordero (-21,2 %), huevos (-17%),  aves (-5,2%), vacuno (-4,5%) y leche (-0,6%). Sólo subió el cerdo (+4,2%). En consecuencia, han caído la producción y la renta de los ganaderos en 2010, se han endeudado más y muchos han tirado la toalla (50.000 en los últimos 3 años). Tras un rosario de manifestaciones, Bruselas ha accedido a importar cereales sin arancel hasta junio y el Gobierno español acaba de aprobar un Plan de choque que incluye créditos blandos, ayudas fiscales y el adelanto del cobro de 1.700 millones de ayudas europeas para 800.000 beneficiarios, medidas que el sector considera insuficientes.

El resto del campo, los agricultores, no lo tienen mejor. Les han subido los costes (la luz, el gasóleo, un 45 % los fertilizantes) y no han podido trasladarlo a los precios. Por un lado, por la competencia de importaciones de terceros países, desde el tomate marroquí a la carne brasileña (81 euros/100 kilos de peso vivo frente a 240 € en España). Por otro, por la presión de la industria agroalimentaria y la distribución, que les imponen sus precios. Así, en aceite o en leche, se está vendiendo en hipermercados por debajo de coste. Y en el caso del azúcar, por ejemplo, las importaciones a precios desorbitados tienen que paliar el recorte de cuotas aprobado hace años por Bruselas (también para leche, carnes o aceite)  y que provoca que España sólo produzca medio millón de toneladas mientras consume 1,3 millones.De hecho, Portugal, también con recorte de cuotas, ya tuvo que racionar en diciembre la venta de azúcar a dos kilos por persona.

El campo no consigue subir precios y los consumidores pagamos más cara la comida. La razón hay que buscarla en la distribución, que multiplica por 4,3 los precios en origen, según estudios de los consumidores. Las organizaciones agrarias llevan años pidiendo contratos con industrias y distribuidores, para fijar precios y condiciones, y el Gobierno ha prometido sacar en abril un Decreto para empezar a negociarlo con la leche. Pero el sector agrario tiene que organizarse y crear centrales de venta, a través de las 4.000 cooperativas existentes, para conseguir que las tres cuartas partes del precio que pagamos no se lo lleven otros.

Con todo, el mayor problema del campo está en la reforma de la política agraria europea (la PAC) para 2014-2020, que se negocia en Bruselas y se espera aprobar en julio de 2011. El objetivo, sobre todo de Alemania, es gastar menos (ahora, las ayudas al campo se llevan el 40% del presupuesto de la UE), gastarlo de otra manera (que reciban más ayudas los nuevos países) y liberalizar los mercados (menos precios de garantía, menos cuotas y más importaciones de terceros países). España, el segundo país que recibe más ayudas (7.400 millones de euros), tras Francia, tiene mucho que perder. Y también nuestros agricultores, para los que estas subvenciones son un tercio de sus ingresos anuales.

Pero el futuro pasa por ahí: menos subvenciones, más importaciones, más competencia. El millón de explotaciones agrícolas y ganaderas tendrán que reconvertirse, profesionalizarse, concentrarse, modernizarse, organizar grupos potentes para comprar y vender. Será la reconversión del campo, un sector cuya renta se ha estancado en los últimos quince años, con la mitad de ingresos que en las ciudades y menos equipamientos. Y donde uno de cada tres agricultores tiene más de 65 años. Hay que defender su futuro, porque nos jugamos la comida, en un mundo donde los alimentos van a ser cada vez más caros y escasos.