La sanidad es ya la
tercera preocupación de los españoles, tras el paro y la economía. Los recortes
de gastos (10.000 millones) y plantillas (41.000 médicos y
enfermeras) la han colapsado, con más
las listas de espera, urgencias saturadas y deterioro del servicio, plantillas precarias, instalaciones viejas y tecnología ya
obsoleta. Y lo peor: la atención sanitaria es muy desigual por autonomías, porque unas gastan más que otras: es mala en Valencia, Canarias, Murcia y Cataluña
y buena en Navarra, Aragón y País Vasco.
Quien se beneficia de la saturación de la pública es la sanidad privada, donde se desvían pacientes y recursos públicos
(un 12%), mientras 11 millones de
españoles pagan un seguro médico.
Urge poner más dinero en apuntalar
la sanidad pública, para renovar plantillas, instalaciones y tecnología, y reformarla a fondo para que se pueda pagar: hoy se lleva un tercio
del presupuesto autonómico y si no se hace nada, se llevará todo en 2040. Reformas y gestión eficiente, no más
recortes.
Este 2017 será el tercer año en el que sube el presupuesto de Sanidad de las autonomías, pero todavía poco como para contrarrestar el duro ajuste
que sufrió el Sistema nacional de Salud (SNS) entre 2009 y 2013: el gasto sanitario se redujo en 9.787 millones de euros (-13,4%), 1 de cada 7 euros
perdidos, según datos de Hacienda. Y entre 2010 y 2014 se
perdieron 41.000 puestos de trabajo en la sanidad (11.000 médicos y 30.000
enfermeras), de los que sólo se han recuperado 4.000 empleos entre 2015 y 2016.
Estos recortes de gasto y de personal
han deteriorado mucho la oferta de
servicios mientras ha seguido aumentando
la demanda, por el crecimiento de la población y su envejecimiento. La consecuencia es que la sanidad pública está al borde del colapso y cuando hay epidemia de gripe o es fin de
semana, saltan las alarmas, provocando protestas de pacientes y profesionales
(las “mareas blancas”), como se ha
visto recientemente en Cataluña
o Andalucía.
Uno de los mayores problemas
estructurales de la sanidad pública es la precariedad de sus plantillas: un
tercio de sus empleados (480.626 en 2016) son eventuales (con
contratos temporales), de ellos la tercera parte interinos (169.828),
personal sanitario que ocupa temporalmente el puesto de otro. Y sólo la mitad de los médicos (50,7%) que trabajan en el
Sistema nacional de Salud (SNS) tienen
una plaza en propiedad, según una encuesta de la CESM. De la otra mitad, un 19,2% son contratados fijos y el 30,8%
restante son médicos
contratados,
muchos desde hace una década y la
tercera parte con contratos de menos de 6 meses, que se renuevan una y otra
vez. Y aún hay más precariedad entre
enfermeras y enfermeros. Todos ellos se ven afectados por las recientes sentencias del Tribunal Europeo de Justicia (TJUE), que dictaminan que “el
encadenamiento de contratos temporales
para un puesto que es fijo incumple el derecho comunitario” y que la normativa debe poner límites a estos contratos. La
legislación española lo hace (los contratos temporales deben tener una duración
máxima de 2 años, ampliables a 12 meses más por convenio), pero la sanidad pública se rige por un Estatuto
que sí permite encadenar contratos sin límite (el Estatuto Marco del
Personal de los Servicios de Salud españoles, en vigor desde 2003).
La precariedad
laboral del personal sanitario más
el recorte de medios han tensionado la atención sanitaria, lo
que se traduce en el aumento de las listas de espera
y la consiguiente saturación de las urgencias: los
pacientes tardan meses en operarse o ir
al especialista y si tienen un problema, optan por ir a urgencias, donde los enfermos se agolpan en los pasillos.
Y mucho tienen que ver las listas de
espera: había 549.424 pacientes esperando para operarse a finales de
2015 (últimos datos de Sanidad), 89 días de media, con un 10,6% de ellos esperando ya más
de 6 meses para operarse. Y en lista de espera para ir al especialista había 1.650.000 pacientes (43,35 por 1.000 habitantes)
y aunque su espera ha bajado a 58 días, el
42,4% de ellos llevan más de 6 meses esperando para ir al especialista. Y
también se ha deteriorado la atención
primaria, con más pacientes y menos tiempo por médico.
Otro grave problema de la sanidad pública, aunque se ve menos, es que se está quedando obsoleta, porque lleva 7 años sin invertirse apenas en equipos y tecnología. De hecho, el 28% del equipamiento de los
hospitales públicos supera los 10 años de vida, según un estudio de Esade y Antares. Y así, 1 de cada 3 resonancias magnéticas y 1 de cada 4 TAC tienen más de 10 años, los
ecógrafos y sistemas de monitorización están anticuados y los equipos de
radiología son antiguos e irradian demasiado a los pacientes, con riesgo de
provocar cáncer, según denuncia la patronal de tecnología sanitaria Fenin. Para comprender el retraso tecnológico de la sanidad pública,
basta compararla con la privada: los
hospitales privados sólo tienen un 33% de las camas del país pero disponen del
56% de todos los equipos de resonancia magnética, del 59% de los dispositivos
LIT por ondas de choque, el 55% de los densitómetros óseos, el 47% de los
aparatos de tomografía y el 41% de los mamógrafos, según los últimos datos (2016) de la Fundación ISIS.
Pero no es sólo que
los aparatos estén viejos, es que los
hospitales tienen ya muchos años y apenas se ha gastado en mantenimiento y reparaciones. Y por
eso, en febrero se derrumbó el falso techo sobre 2 pacientes en el hospital La Paz (tiene 52 años), un mes después de otro derrumbamiento en
el hospital Gregorio Marañón de Madrid y
de la inundación por rotura de una tubería la planta de oncología del Hospital 12
de Octubre. La propia presidenta de la Comunidad de Madrid ha reconocido que “algunos hospitales de Madrid están obsoletos”. Lo que no dice es
que para mantener las infraestructuras y la tecnología de 35 hospitales y 400
centros de Salud en Madrid se gastaron en 2016 sólo 100 millones de euros… Y en
otros lugares, como las zonas turísticas y grandes ciudades, el problema es que
los hospitales
se han quedado pequeños y no se construyen otros nuevos.
Esta mayor presión sobre la sanidad pública,
muy deteriorada por los recortes, se ha aliviado desviando pacientes a la sanidad privada, que ha duplicado su negocio (factura más de 10.000 millones al año), gracias
sobre todo a los “conciertos” con la sanidad pública, de donde proceden ya el 23% de sus ingresos anuales. Son miles
de pacientes derivados cada día de centros y hospitales públicos a centros
privados, para realizar pruebas, análisis y operaciones, más la gestión privada de 9 hospitales “públicos” (5 en Madrid y 4 en Valencia). En 2015,
la sanidad pública pagó a la privada por estos “conciertos” 7.623 millones, un 11,6% del presupuesto del SNS. Y en 2016, habrá “desviado” más del 12% del presupuesto público a la sanidad privada,
un porcentaje que sube al 25% en
Cataluña (hay 32 hospitales privados integrados en el sistema sanitario
“público”), el 10,6% en Madrid, el 10,5% en Canarias y el 9,6% en Baleares.
Además, las listas de
espera y los problemas en la sanidad pública alimentan el negocio de la sanidad privada por otra vía: los seguros médicos privados, el tipo de seguro que más ha crecido
con la crisis. Ya son 11,14 millones los españoles que tienen contratado
un seguro médico privado, pagando entre 100 y 300 euros al mes por familia,
básicamente para ir al especialista o para operaciones no graves, un negocio
que ya factura 7.975 millones anuales y que aporta un 62% de los ingresos de la
sanidad privada (el 23% son los conciertos con la sanidad pública y el 15%
restante lo aportan los pacientes privados que pagan directamente sus
tratamientos y operaciones).
Junto a estos problemas estructurales, la sanidad pública tiene un problema que
quizás sea el más grave: la desigual atención sanitaria por autonomías. Los recortes han sido para todas,
pero hay autonomías que consiguen gastar más en sanidad que otras y tienen más camas, más médicos y más
enfermeras por habitante. Las que
más gastaron en sanidad en 2016 fueron Asturias (1.587 euros por
habitante), País Vasco (1581 euros), Navarra (1.551), Extremadura (1.395) y
Cantabria (1379 euros). Y las que menos,
Andalucía (1.048 euros por habitante, un
50% menos que asturianos y vascos), Cataluña (1.179), Comunidad valenciana
(1.170), Murcia (1.197) y Madrid (1.210 euros), según el informe 2016 de la Fundación en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Y las que tienen más camas, médicos y
enfermeras por habitante son Navarra y el País Vasco y las que menos
Andalucía y Cataluña, según otro estudio del Círculo de Sanidad.
Al final, gastar menos en sanidad y disponer de más o menos camas y profesionales se nota en la atención
sanitaria, muy diferente según la ciudad donde uno enferme. Así, en 2016, la mejor sanidad la tenían Navarra (83 puntos sobre 106), Aragón (82), País Vasco (82), Castilla y
León (73) y Asturias (69), según
la valoración profesional de la FADSP, que puntúa como mala o deficiente a la sanidad de la Comunidad Valenciana (46 puntos), Canarias (49), Murcia
(55), Cataluña (55) y Andalucía (97). Lo peor es que la Comunidad Valenciana y Canarias son “el
farolillo rojo” de la sanidad pública en estos estudios desde 2009.
Con todo este panorama,
se comprende que la sanidad sea ya el
tercer motivo de preocupación de los españoles, sólo por detrás del
paro y la situación económica y por delante de la corrupción y la educación,
según el Barómetro del CIS de enero 2017. Eso sí, los españoles todavía aprueban a la sanidad pública (le dan una nota de 6,55, similar a los
6,55 puntos de 2011) y es la que eligen cuando tienen un problema serio de
salud, según el último Barómetro sanitario (2015). Pero un tercio cree
que necesita cambios de fondo.
La sanidad pública necesita cambios no sólo porque esté saturada sino porque el gasto sanitario se va a disparar en los
próximos años, por varias razones. La primera y fundamental, por el envejecimiento de la población: va a haber más
mayores (serán el 25% en 2029) que vivirán más años (90 años de esperanza de
vida en 2066, frente a 82,8 hoy), pacientes que supondrán más gasto. Y aumentarán los enfermos crónicos (hoy ya 4 de cada 10 españoles) y las enfermedades complejas (ELA), más
costosas de tratar. Además, seguirá
aumentando el gasto farmacéutico (hoy ya supone 20.000 millones anuales, el 30% de
todo el gasto sanitario), con nuevos tratamientos más costosos. Y se avanzará
en la detección de enfermedades, con una tecnología sanitaria también más costosa. Por todo ello, algunas estimaciones,
como Esade y Antares, apuntan que el gasto sanitario
español (66.000 millones en 2016) podría
duplicarse en 2025, aumentando más de 5.000 millones al año. Y si hoy la sanidad se lleva un tercio del Presupuesto de las autonomías, en 2040 podría
llevarse ya todo el Presupuesto público si no se toman medidas, según la OCDE.
La primera medida
a tomar es, evidentemente, aportar más
recursos a la sanidad, los que se recortaron con la crisis y más. ¿Cuánto? Una pista puede ser que España
gaste en sanidad lo que el resto de Europa, cosa que ahora no pasa: el gasto sanitario en España supone el 6,2% del PIB (2015), frente al 7,2% de la UE-28, Alemania o Italia, el 8,2% de Francia, el 7,6% de Reino
Unido y el 8,6% de Dinamarca, según los recientes datos de Eurostat. Así que gastar en
sanidad como los europeos supondría gastar 11.000 millones más al año. Una
cifra que apuntalaría el futuro de la sanidad pública y que es asumible
si España recaudara impuestos como el resto de Europa, porque ingresa 85.000 millones menos que la media, por el mayor fraude y porque pagan menos
grandes empresas, multinacionales y ricos.
Algunos expertos y el último informe del FMI sobre España proponen establecer copagos en la sanidad
pública, como un pago por acudir a urgencias o al especialista o por día de
hospitalización, para reducir la demanda y conseguir más ingresos. Sería una medida injusta (los pacientes ya pagan la sanidad con los impuestos),
que afectaría más a los más pobres y
que podría provocar problemas sanitarios
posteriores, porque habría personas que cuidarían menos su salud (para no
pagar), como ha pasado con el copago farmacéutico (un 7% de
jubilados han dejado de medicarse, según un estudio en Valencia). Y al final, acabarían en urgencias o
hospitalizados, con más coste para el sistema.
Además de aportar más recursos a la sanidad, hay que reducir su precariedad, convocando oposiciones y ampliando plantillas, primero para cubrir los puestos perdidos o eventualizados
(CCOO pide una convocatoria especial de 94.000 plazas) y luego para cubrir los desfases con la sanidad europea
(tenemos 5,1 enfermeras/os por 1.000 habitantes frente a 8,4 en Europa: igualarnos
supondría contratar 153.450 enfermeras/os más). Y renovar la tecnología, con nuevos aparatos, a la vez que se gasta
más en mantenimiento y se construyen
nuevos centros de salud y hospitales
en las zonas sanitariamente más colapsadas.
Pero además, hay que reformar a fondo la sanidad, para que el gasto no crezca como una bola de nieve
que sea imposible de financiar en unas décadas. Y para ello, hay que apostar por la prevención, por gastar más en la atención primaria para
poder gastar menos en los hospitales (lo más caro). Y, sobre todo, trabajar en
la detección y tratamiento preventivo de
las enfermedades crónicas, como las cardiovasculares y la diabetes, que
tienen mucho que ver con malos hábitos de vida. También es clave separar la atención a los ancianos de los hospitales, hoy colapsados por los mayores: los expertos creen que una mejor
atención a los ancianos en residencias, geriátricos, centros de día y en sus hogares
reduciría enormemente el gasto hospitalario y sanitario futuro.
Tenemos una sanidad
que sigue siendo una de las mejores del mundo, a pesar de todos los problemas
causados por los recortes y la mala gestión. Pero estamos en un momento crucial: o
se apuntala con más recursos y reformas de fondo, o puede estallar en unos
años, asfixiada por el gasto y la demanda de los pacientes. Hay que planificar la sanidad que queremos a 20
años vista, como las pensiones o la educación, no ir saliendo al paso como
se puede cada año. No retrasen más la
reforma. Nuestra salud es demasiado importante.
