Repunta la inflación

Los precios llevan 3 meses subiendo (julio, agosto y septiembre), tras bajar antes, desde febrero. La culpa la tienen las subidas de los carburantes (desde junio), la electricidad (desde septiembre) y los alimentos, sobre todo el aceite, azúcar, arroz, patatas, frutas y verduras, leche, y huevos. Ahora, con el conflicto en Israel, se teme que suban más el petróleo y el gas, encareciendo carburantes y electricidad. Y que la sequía y las malas cosechas mantengan caros los alimentos. Pero lo que más preocupa es que los precios sigan altos en 2024, incluso con más inflación (por encima del 4%) que este año, por los conflictos en Ucrania e Israel y la crisis climática. Un tema clave para el futuro de la inflación en España será ver si se forma un Gobierno en noviembre y prorroga las ayudas contra la inflación (costosas es un año donde tendrá que rebajarse el déficit público). Y si hay reforma del mercado eléctrico europeo o al menos, España mantiene “la excepción ibérica”, que nos ha abaratado la luz.

                   Enrique Ortega

El INE lo confirmó el viernes: la inflación anual volvió a subir en septiembre, hasta el 3,5%. Es el tercer mes consecutivo en que sube el IPC (tras las subidas de julio, al 2,3%, y agosto, al 2,6%), después de alcanzar un mínimo anual del 1,9% en junio, que contrastaba con la disparada inflación de un año antes (más del 10% en junio, julio y agosto de 2022). Ahora, el repunte de la inflación en España tiene 3 culpables: la subida de los carburantes (la gasolina y el gasóleo suben desde el verano, aunque bajan la última semana), la electricidad (que sube desde septiembre) y los alimentos (que llevan 18 meses consecutivos subiendo por encima del 10% anual, desde abril de 2022), más los hoteles y restaurantes. Veámoslo con más detalle.

El precio de los carburantes alcanzó su mínimo a finales de mayo (1,584 euros/litro la gasolina y 1,415 euros el gasóleo), para subir después 14 semanas seguidas, por la mayor demanda en verano y el repunte del petróleo. Y aunque bajaron la semana pasada, la gasolina cuesta ahora un 8,5% más (1,719 euros/litro) y el gasóleo un +18,8% (1,682 euros litro). Por un lado, el conflicto en Israel ha provocado un nuevo alza del petróleo (por encima de los 90 dólares), tras subir desde agosto por el recorte de la producción pactado por Arabia Saudí y Rusia, aunque todavía el alto precio del crudo ahora (90,86 dólares/barril el sábado) es más barato que antes de la invasión de Ucrania (97,89 dólares por barril de Brent). Y a favor de la bajada de los carburantes juega la decisión de Putin de volver a exportar gasóleo fuera de Rusia, lo que puede destensionar el mercado internacional y los precios, aunque en invierno aumenta la demanda.

La electricidad ha subido en los últimos meses, aunque menos que el año pasado, tras unos precios mínimos de enero a mayo, por la bajada del precio del gas y el aumento de la producción renovable. Tras subir en junio y julio, el precio mayorista de la electricidad volvió a bajar en agosto (hasta un mínimo de 52,31 euros/MWh el día 27), para subir ya en septiembre (110,04 euros/MWh el 23 de septiembre) y octubre (118,64 euros/MWh el viernes13), por un aumento excepcional de las temperaturas y un mayor uso del gas natural, que está subiendo de precio (+50% en una semana), por la mayor demanda internacional, la subida de los derechos de emisión de CO2, la sospecha de un sabotaje en el gasoducto de Finlandia a Letonia y, ahora, el conflicto en Israel. Con ello, el gas natural, clave para asegurar el suministro, ha subido de 40 euros/MWh en agosto a  55,2 euros el viernes. Y ahora, con la tensión de Ucrania e Israel más el invierno, el gas seguirá caro (y la electricidad y la calefacción). 

Y los alimentos no bajan, tras subir por encima del 10% anual desde abril de 2022. En septiembre han subido un +0,5% mensual y subían ya un +10,5% anual, según el INE, lo mismo que en agosto. Los alimentos que más suben son los aceites (+41,9% anual, tras subir un +1,2% en septiembre), por las malas cosechas,  el azúcar (+40,5% el último año), por el encarecimiento del mercado mundial tras malas cosechas en India, el arroz (+18,5% anual), las patatas (+15,2%), el pan (+14,9%), las carnes de pollo (+18,1%), vaca (+14,7), cordero (+11,5%), y cerdo (+11,2%), el agua, refrescos y zumos (+12,7%), la leche (+11,9%) y los huevos (+11,5%), las legumbres (+11,6%), cereales (+10,5%), frutas (+9,2%) y lácteos (+8,9%), según el IPC de septiembre (INE).

Además de los carburantes, la electricidad y los alimentos, suben muy por encima de la media los paquetes turísticos nacionales (+15,7% anual) e internacionales (+14,6%), los hoteles (+11% anual) y los restaurantes y cafés (+5,8%).  Sube poco la ropa y el calzado (+1,2% anual), el menaje del hogar (+3,9%), los gastos médicos (+2,1%), el transporte (+3,8% anual, por la menor subida de los carburantes que el año pasado y la bajada del transporte público), las comunicaciones (+4,4%), la enseñanza (+2,2% anual), el ocio y cultura (+5%). Y nos ayudan con sus bajadas anuales los gastos de vivienda (-13,1%), por la rebaja anual del gasto en calefacción luz y agua, según el INE. 

A pesar del repunte de la inflación en los últimos 3 meses, España sigue con una menor inflación que la mayoría de Europa. En septiembre, la inflación española (dato armonizado con Europa) era del 3,2%, bastante inferior a la media de inflación homologada en la zona euro (20 paises), que era del 4,3%. Y aunque la inflación bajó en septiembre en la eurozona (del 5,2 al 4,3%) y subió en España (del 2,4 al 3,2%), todavía tenemos la 4ª menor inflación de la zona euro, sólo superior a la de Bélgica (0,7%), Grecia (2,4%) y Finlandia (3%). Y nuestra inflación es muy inferior a la de Austria (+11% anual en septiembre), Alemania (+10,9%), Italia (+9,4%), Irlanda (+8,6%) o Francia (+8,6%), según Eurostat.

Ahora, se espera un repunte de la inflación en el 4º trimestre, en Europa y en España, por la esperada subida del petróleo y el gas (por los conflictos de Israel y Ucrania, más el aumento de la demanda ante el invierno), que van a encarecer los carburantes, la electricidad y la calefacción. Además, no se espera que bajen los alimentos, porque seguiremos sufriendo los efectos de la sequía y las malas cosechas. En España, la cosecha de aceite 2023-24 se espera algo mejor (+15%) que la desastrosa cosecha pasada (2022-23), pero seguirá estando un 34% por debajo de la cosecha media  (765.000 TM frente a más de 1 millón de TM en las cuatro campañas anteriores a la de 2022). Y además, hay la mitad de remanentes (stocks) que hace un año, lo que forzará a unos precios altos. Y lo mismo pasará con las naranjas (esperan la menor cosecha en 11 años) y los cereales (con pérdidas del 70 al 80% en los cereales de invierno), las frutas y hortalizas.

Los pronósticos son que la inflación siga alta hasta diciembre y se cierre el año con una inflación media del 3,6% (cerca del 4% anual en diciembre) según el Banco de España, mientras el FMI nos acaba de pronosticar un 3,5% de inflación media este año. Ojo, es una inflación alta, pero menos de la mitad de la inflación media que sufrimos en 2022: +8,3%. El problema es que en 2024 no mejorará la inflación, sino que va a empeorar (superando incluso el 4%). En ello coinciden tanto el FMI (augura un +3,9% de inflación media, frente al +3,5% este año) como el Banco de España (que prevé una inflación media del +4,3% en 2024, frente a +3,6% este año). En ambas previsiones, el temor a una mayor inflación en 2024 se debe a una posible subida del precio del petróleo y el gas (por los conflictos geopolíticos), a la esperada subida de la electricidad (ante la falta  de una reforma del mercado eléctrico en Europa) y a la sequía y la crisis climática, que afecta negativamente a las cosechas de alimentos en todo el mundo y en España.

Hay otro factor más que tira hacia arriba de la inflación: la subida de los márgenes empresariales en muchos sectores, donde las empresas están aprovechando para recomponer beneficios tras la crisis del COVID. Lo confirman los últimos datos disponibles del Observatorio de Márgenes, una herramienta conjunta elaborada por los Ministerios de Economía y Hacienda más el Banco de España: las grandes compañías, sobre todo del sector energético, el agroalimentario y la distribución han disparado sus márgenes sobre ventas en la primera mitad de 2023. Concretamente, las empresas eléctricas y gasistas aumentaron sus márgenes sobre ventas un +26,8%, las compañías petroleras y extractivas un +16,9%, las mayores empresas agrícolas y pesqueras un +19,9%, los supermercados y grandes grupos de distribución un +10,7%, las empresas de hostelería un +16,92%, las agencias de viaje un +41,2% y el sector inmobiliario un +39,7%. Estos son los datos oficiales sobre su aumento de márgenes, aunque los sectores y empresas insisten en que ellos no repercuten los aumentos de costes en sus precios y clientes…

Mientras, los 20.735.911 trabajadores afiliados a la Seguridad Social sufren la subida de precios sin que les compense la subida de sus sueldos. Hasta septiembre, la subida media en los pocos convenios firmados (945, que afecta a 2.687.188 trabajadores) fue del +3.41%, por debajo de la inflación anual (+3,5% a septiembre) y muy por debajo de lo que han subido este año los carburantes (+8% la gasolina y + 1,2% el gasóleo) , la luz (+194%)  o los alimentos (+5,9% de enero a septiembre). Y es el tercer año en que los trabajadores pierden poder adquisitivo, tras las mínimas subidas en los convenios de 2022 (+2,99%) y 2021 (+1,45%). Así que no son los salarios los culpables de que siga subiendo la inflación, sino el aumento de costes (sobre todo energéticos) y su repercusión en los márgenes empresariales.

Ahora, además de la incertidumbre sobre el comportamiento de la energía y los alimentos, a la vista de las crisis de Israel y Ucrania y las tensiones geopolíticas internacionales (EEUU, China, Rusia, Europa y Oriente Medio), en España preocupa el futuro de las ayudas públicas aprobadas contra la inflación y que terminan el 31 de diciembre. Por un lado, la rebaja del IVA y otros impuestos, en la electricidad y la alimentación, más las ayudas al transporte profesional (5 céntimos por litro en el cuarto trimestre). Y por otro, el final de la excepción ibérica, prorrogada en marzo por la Comisión Europea hasta el 31 de diciembre. 

En cuanto a la prórroga en 2024 de las ayudas públicas contra la inflación, las tiene que aprobar un Gobierno y no es seguro que lo vayamos a tener antes de final de año. En caso de no poderse prorrogar a tiempo, los efectos serían muy perjudiciales para los consumidores, autónomos y empresas. Sólo la factura de la luz subiría un 26% en 2024 (16 euros más al mes ya en el recibo de enero) si no se prorrogan los recortes del IVA (del 21 al 5%) y del impuesto sobre la electricidad (del 5 al 0,5%) más la supresión del impuesto de generación eléctrica (7%), en vigor desde mediados de 2021 hasta diciembre de 2023. Y otro tanto pasaría con muchos alimentos y los costes de los transportistas. Pero si hay Gobierno a tiempo, tendrá un problema adicional: se ha comprometido con Bruselas a bajar el déficit al 3% en 2024 y eso puede obligar a recortar las actuales ayudas contra la inflación.

Respecto a “la excepción ibérica” en el mercado eléctrico (un tope al precio del gas en la generación de electricidad,  implantado en junio de 2022 y que ha permitido ahorrarnos 5.000 millones de euros en el recibo sólo en el primer año), no va a ser fácil que la Comisión Europea apruebe una nueva prórroga para 2024. Además, no avanza la reforma del mercado eléctrico europeo que pueda ayudar a reducir las subidas de la luz. Estaba previsto que se avanzara en este semestre de presidencia española, pero las posiciones están muy distantes. Si no hay reforma ni excepción ibérica”, veremos grandes subidas del recibo en 2024, aunque serían más “suaves” al haberse aprobado un nuevo recibo de la luz (entrará en vigor el 1 de enero), con más peso de las compras a plazo frente al mercado diario.

En definitiva, que la inflación sigue ahí, mejor que el año pasado y que en la mayoría de Europa pero peor que hace unos meses. Y con el temor de que repunte más este otoño y hasta el verano próximo, por culpa de la energía y los alimentos, muy sensibles a los conflictos geopolíticos y a la crisis climática. Así que habrá que seguir comprando con cuidado y recortando algunos gastos, ya que los salarios suben poco. Y esperar que haya nuevas medidas contra la inflación, que nos ayuden a llegar a fin de mes. Es lo que hay.

2023, un año incierto

2022 iba a ser el año de la recuperación, tras la crisis del COVID. Pero Putin invadió Ucrania en febrero y esta guerra agravó la inflación, más en Europa, encareciendo la energía y los alimentos y provocando otra crisis. Ahora, la palabra más utilizada para 2023 es incertidumbre: es difícil saber si la economía irá a peor, por la guerra, la energía y la subida de tipos, generando una recesión en Europa  (parece que no en España) o si mejorarán los escenarios y se iniciará una recuperación a partir del verano. Mientras, aparecen nuevas amenazas, como el riesgo de una nueva pandemia por los repuntes en China o el conflicto entre Serbia y Kosovo, sin olvidar los graves fenómenos climáticos y la enorme deuda mundial. España afronta 2023 con más crecimiento, más empleo y menos inflación que la mayoría de Europa. Y dos apoyos para la economía: las ayudas públicas contra la inflación y los Fondos europeos. La clave es crecer (aunque sea poco) y no perder empleo. ¡Feliz 2023!

Enrique Ortega

Al final, el año 2022 ha terminado mejor de lo esperado en otoño, sobre todo para España: la economía no ha caído en el último trimestre (crecerá un +0,3%, según la AIReF), el empleo sigue creciendo (somos el país europeo que crea más empleo) y la inflación ha bajado en los últimos 5 meses (del 10,8% en julio al 5,8% en diciembre, incluso por debajo del 6,5% de hace un año), lo que nos sitúa como el país con menos inflación de Europa. Así que en vez de hundirse la economía este año, crecerá “más del 5%”, según pronosticó la semana pasada el presidente Sánchez, un crecimiento cercano al de 2021 (+5,5%), antes de la guerra de Ucrania. E incluso se ha reducido el déficit público (no la deuda), gracias a una recaudación fiscal récord (239.789 millones hasta noviembre, más que los 223.385 millones de todo 2021), motivada por la subida de la inflación, el empleo (+471.360 en 2022) y los beneficios empresariales.

De hecho, la prestigiosa revista “The Economist” ha situado a España como “el 4º país de la OCDE que mejor ha evolucionado en 2022”, tras analizar 5 indicadores económicos claves de los 34 paises miembros. Nos coloca sólo por detrás de Grecia, Portugal e Irlanda. Resulta chocante que estos 4 paises “ejemplares” sean los que más sufrieron la crisis europea de la deuda (2010-2012) y los 4 paises que fueron rescatados por la UE (en España, la banca), a cambio de un duro ajuste y drásticos recortes que hundieron sus economías hasta 2014. Es una ironía de la historia que nos recuerda que hubo otra manera de atajar las crisis, el neoliberalismo, que no se utilizó en la crisis de la pandemia (2020-2021) ni en la actual crisis de la inflación (2022), donde han primado las ayudas públicas para reanimar las economías y salvar empleos. La diferencia es clara: en la crisis de 2008, España tardó una década en recuperar el empleo perdido y en la pandemia lo recuperó en 21 meses (septiembre 2021).

Si 2022 ha terminado mejor de lo temido, para 2023 las perspectivas parecen peores. Pero nadie se atreve a asegurarlo: la palabra más utilizada en los informes de los organismos internacionales (OCDE, FMI, Comisión Europea) es “incertidumbre”. La clave para saber cómo se comportará la economía española pasa por lo que haga la economía mundial, en especial Europa. Y todas las previsiones (OCDE y FMI) auguran un menor crecimiento en 2023, en el mundo (+2,2% frente al 3,1% en 2022 y +5,9% en 2021), en las economías avanzadas (+1,1% de crecimiento, frente a +2,4% y +5,2%), en EEUU (+0,5% de crecimiento en 2023 frente a +1,8% y +5,9% los dos años anteriores) y sobre todo en Europa: se augura un crecimiento para la zona euro de sólo un +0,5% este año 2023, frente al +3,3% en 2022 y el +5,3% que creció en 2021, tras la caída en 2020 (-6,6%) por la pandemia. Sólo China espera crecer más en 2023 (+4,6% frente al +3,1% y el +8,1%), por el fin de la política de COVID cero, aunque tiene el riesgo de haberse disparado los contagios.

Lo más preocupante para los europeos es que la locomotora económica del continente, Alemania, va a caer en recesión este año 2023: su PIB caerá un -0,5%, coinciden en la OCDE y el FMI, mientras la última previsión de la Comisión Europea (noviembre 2022) apuntaba una caída algo mayor, del -0,6%. También entrará en recesión Suecia (-0,6%) y Letonia (-0,3%), así como el Reino Unido (-0,9%), lo que retraerá sus turistas a España Y del resto de paises europeos, Dinamarca no crecerá nada (+0%) y muy poco Bélgica (+0,2), Austria (+0,3%), Italia (+0,3%) y Francia (+0,4%), junto a Portugal y Polonia (+0,7%). España será el país grande europeo que más crezca, aunque sólo un +1%, un crecimiento que el FMI sube hasta el +1,2% y la OCDE (y el Banco de España) al +1,3%, todos por debajo del Gobierno Sánchez, que apuesta por un crecimiento este año del +2,1%. La previsión de la Comisión Europea es que España crezca más a partir del verano, por el tirón del turismo y las inversiones derivadas de los Fondos europeos.

Volviendo al panorama internacional, el gran problema que seguirá en 2023 será la alta inflación. La previsión de la OCDE es que baje en Occidente del 9,4% de 2022 al +6,5% en 2023, que siga en el 5,1% en 2024 y que no regrese a la normalidad del 3% hasta 2025. En la zona euro, auguran una bajada del 8,3% al +6,8% en 2023, para bajar luego al 3,4% en 2014. Y en España, la Comisión Europea estima que el 8,5% de inflación media que tuvimos en 2022 bajará al +4,8% en 2023 y al 2,3% en 2024, menos inflación que la prevista para la Europa del euro (+6,1% en 2023 y +2,6% en 2024).

La principal medida contra la inflación, también en 2023, serán nuevas subidas de tipos de interés, después de que EEUU los haya subido 7 veces en 2022, (entre marzo y diciembre), del 0 al 4,5%, y el BCE los subiera 4 veces (entre julio y diciembre), del 0 al 2,5%. De momento, estas subidas han sido ineficaces y muy dañinas para la economía. Ineficaces porque apenas han bajado la inflación en EEUU y en Europa está más alta que al iniciarse las subidas (+10,1% en noviembre frente al 8,6% en junio). Y eso se debe a que en esta ocasión, no es una “inflación de demanda” (elevada, que hay que “enfriar” con el dinero más caro) sino ante una “inflación de costes”, donde la subida de tipos no va a bajar el precio del gas, la luz y los alimentos ni va a parar la guerra. Los bancos centrales lo saben, pero intentan bajar la inflación a cualquier precio, a costa de provocar una recesión (como han hecho otras veces).

Estas subidas de tipos, además de ineficaces provocan un gran daño a la economía, al encarecer el dinero a las empresas (crédito e inversión), familias (hipotecas y créditos personales) y Estados (deuda pública). De hecho, el Euribor ya superó el 3% a finales de 2022 (tras estar en negativo desde 2016 a abril de 2022), lo que encarece las hipotecas de todos los europeos, que ya tienen problemas para llegar a fin de mes con la inflación. En España, la revisión en enero de una hipoteca a tipo variable (hay 3,5 millones) subirá una media de 225 euros al mes. Y se ha duplicado el tipo que pagan las empresas por sus créditos, mientras España paga más por colocar su deuda: el bono a 10 años ha subido del 0,60% en enero de 2022 al 3,60% de interés que hay que pagar ahora… Y este año tenemos que colocar 70.000 millones de nueva deuda.

Como se ve, las consecuencias de la subida de tipos son muy negativas y acelerarán el riesgo de recesión en todo el mundo y más en Europa. Es como “pegarse un tiro en el pié”, forzados por la estrategia “neoliberal” de unos bancos centrales “independientes”, que nadie elige, y cuya política de ricino deberían abandonar, como se hizo con los ajustes y recortes de la crisis financiera en la pandemia y la actual crisis de la inflación. Sería más eficaz que los organismos multilaterales, desde el G-7 al G-20, y la OCDE y el FMI promovieran cambios estructurales en la economía mundial, clarificando los mercados de la energía, alimentos y materias primas para que una minoría (OPEP, operadores, multinacionales) no aproveche la crisis para hacerse de oro a costa de las familias y los presupuestos de los paises.

Además de la inflación y la subida de tipos, hay otras “amenazas” en el panorama económico internacional para 2023. La fundamental, la guerra en Ucrania, que va a cumplir un año sin verse salida. Y además, existe el riesgo de un 2º conflicto en Europa, entre Serbia y Kosovo (donde sigue una misión de la OTAN). A finales de diciembre, EEUU y la UE han tenido que intervenir para evitar un enfrentamiento entre Serbia y su antigua provincia de Kosovo, que se declaró independiente unilateralmente en 2008. Esta vez, el choque ha surgido por la crisis de las matrículas, el rechazo de la minoría serbia de Kosovo a reemplazar sus antiguas matrículas (expedidas por Belgrado) por otras del nuevo país (expedidas por Prístina). En noviembre se alcanzó un débil acuerdo, pero ha habido después enfrentamientos y barricadas cerca de la frontera que indican que la tensión sigue y podría ir a más.

Otra amenaza a la economía mundial es la evolución de los precios de la energía. Este invierno, Europa podrá superar el frío y los temidos cortes de electricidad  gracias a las enormes reservas de gas (cercanas al 90%), que han desplomado los precios, junto al mayor ahorro de energía de empresas y familias. Pero en cualquier momento puede cambiar la situación, al agravarse el frío o cambiar el clima y contar con menos energía eólica y solar (que han desplomado los precios de la luz en diciembre). El 15 de febrero empieza a funcionar el tope al gas (180 euros) que ha aprobado la UE, junto a las compras conjuntas, los planes de solidaridad entre paises y la menor burocracia para instalar renovables. Habrá que ver si surten efecto. Y si la guerra continúa, el problema será preparar el invierno de 2023.

Una quinta amenaza ha saltado la semana pasada: el riesgo de que vuelva el COVID con fuerza y el mundo sufra una nueva pandemia 3 años después, lo que hundiría a la economía mundial en otra recesión. El origen del problema vuelve a estar en China, que ha pasado de un extremo a otro, de confinamientos durísimos de ciudades y personas a abrir ahora la mano y permitir la movilidad sin cuarentenas, lo que ha provocado ya millones de contagios diarios y muertes incontables, debido a su baja tasa de vacunación (con vacunas propias, poco eficaces). Ya hay paises, como EEUU, Japón, Corea o Italia, que están controlando los vuelos desde China, algo que hace España desde el 31 de diciembre,  mientras las autoridades sanitarias de la UE sólo dicen que “se mantienen vigilantes”, sin aprobar controles conjuntos en la UE.

La sexta amenaza para la economía mundial en 2023 serán los fenómenos climáticos extremos, desde inundaciones y sequías a aumentos de temperaturas, que causarán enormes daños (como en 2022) y un encarecimiento de los alimentos. Todo ello sin que los Gobiernos, agobiados por la inflación, la guerra y quizás el COVID, tomen medidas eficaces para fomentar las energías renovables y lograr un mayor recorte de las emisiones para 2030.

Y queda una séptima amenaza en 2023 de la que apenas se habla: una crisis de deuda. Dos décadas de dinero barato, desde 2008 a 2022,  han propiciado que los paises, empresas y particulares se hayan endeudado sin miedo. Ya en 2021, el FMI estimaba que la deuda mundial era de 226 billones de euros, el 256% del PIB mundial, una cifra histórica, que supera la deuda de 2008 (195% del PIB mundial). El 40% de esta deuda es deuda pública (la que más ha crecido, por la crisis financiera y la pandemia), otro 40% es deuda empresarial (disparada en 2020) y el resto deuda de las familias. Todos tendrán que afrontar ahora esa deuda con tipos más altos, lo que puede poner en apuros a paises en desarrollo de Latinoamérica, Asia y Africa (que además deben devolverla en dólares más caros).

Centrándonos en España, además de estas amenazas globales, tenemos incertidumbres propias en 2023. La primera, mantener bajos los precios de la energía con los que cerró 2022. Y para eso, resulta clave conseguir una prórroga de la excepción ibérica, que termina en mayo y que nos ha permitido ahorrar 4.000 millones en la factura de la luz, una media de 150 euros anuales por recibo. Si el gas vuelve a subir, tendremos un argumento a nuestro favor, incluso otros paises querrán que se les extienda, como han pedido Italia, Francia o Grecia. Pero si no se consigue, volveremos al vaivén de precios y subirá la inflación.

Otro reto será mantener las ayudas públicas contra la inflación, prorrogarlas después de junio si no bajan los precios suficientemente. El coste es alto (10.000 millones por semestre), pero son imprescindibles para ayudar a familias y empresas y evitar un desplome del consumo y del crecimiento. Si las cosas se ponen “feas”, la solución pasaría por forzar la aprobación de un Plan europeo de ayudas contra la inflación, como se hizo con el COVID (Plan de Recuperación). Algunos expertos proponen un Plan de 1 billón de euros, que saldrían de emitir deuda europea (ya se rompió el tabú tras el COVID), de impuestos sobre algunos beneficios extraordinarios de empresas y de otras partidas del Presupuesto europeo. Sería mejor una respuesta común, si la inflación no amaina en 2023, a que cada país “se busque la vida”, dando más ayudas los más ricos (Alemania), como pasa ahora, lo que además de injusto, supone amparar una competencia desleal entre paises.

La clave para España en 2023 es mantener el crecimiento (aunque sea menor) y no caer en recesión. Para ello contamos con “dos empujones”, el de las ayudas públicas (que sostendrán el consumo de las familias y la actividad de las empresas) y los Fondos europeos, que deberían relanzar la inversión y la actividad en 2023 (tras un cierto parón en 2022). Y además, es clave que no caiga el consumo de las familias, lo que exige una subida razonable de los salarios, tras dos años de pérdida de poder adquisitivo. Y apoyos a la exportación, para que no reste crecimiento en 2023, un año donde apenas crecerá el comercio mundial y donde será más difícil vender en Europa, con débil crecimiento o recesión. Con todo, la clave es salvar el empleo, aumentarlo algo, porque es lo que nos permitirá aguantar la crisis, como ha pasado en 2022 (471.360 personas más trabajando, con empleos más decentes). Esta debería ser nuestra petición a 2023: que no se pierda ni un empleo. Eso exige acuerdos sociales y políticos, nada fáciles en un año electoral. Pero es lo que necesitamos.

¡Feliz 2023¡

España: las ayudas contienen la inflación

La inflación agobia a toda Europa, pero en España lleva 3 meses bajando y tenemos la 2ª menor inflación de la UE, el 7,3% (un tercio menos que en julio). Ello se debe a las ayudas aprobadas para compensar las subidas de la luz, carburantes y gas, pero sobre todo a “la excepción ibérica”: el tope al gas para producir electricidad, que cumple mañana 5 meses, nos ha ahorrado 3.000 millones en la factura de la luz. Ahora, el Gobierno estudia la prórroga de las ayudas para 2023, pero hay 3 problemas: son muy costosas (18.000 millones), alimentan las emisiones de CO2 (consumimos más carburantes y gas) y son injustas (ayudan más a los que más tienen), por lo que muchos defienden concentrarlas en los 6 millones de familias que más sufren la inflación. Mientras, Europa no aprueba un tope al gas ni extiende la excepción ibérica. Y cada país aumenta sus ayudas, más los ricos (+200.000 millones Alemania). Urge un Fondo UE contra la inflación.

Enrique Ortega

La inflación amenaza todas las economías, acercándonos a la recesión, especialmente en Europa, que apenas crecerá el año próximo (+0,3%), cayendo Alemania (-0,6%) y creciendo España sólo un +1%, según el último pronóstico de la Comisión Europea. La fuerte dependencia del gas ruso y de una energía disparada (gas y petróleo), más el repunte de la demanda y los embudos en las cadenas de producción, han provocado que la inflación lleve 16 meses consecutivos subiendo en la zona euro: pasó del 1,9% en junio 2021 al 2,2% en julio y el 5% en diciembre, para escalar al 7,4% en marzo (tras la invasión de Ucrania) y el 10,7% en octubre, la inflación más alta en los 20 años de historia del euro. En España, la inflación también se disparó, del 2,7% en junio de 2021 al 6,5% en diciembre, el 9,8% en marzo de 2022 y un máximo del 10,8% en julio, pero desde entonces lleva ya tres meses bajando, hasta el 7,3% en octubre, según el INE, algo que sólo ha pasado en otros tres países europeos (Estonia, Chipre y Eslovenia). Y tenemos la 2ª menor inflación de la zona euro, sólo algo mayor que Francia (+7,1%) y mucho menor a la de Holanda (16,8%), Bélgica (13,1%), Italia (12,8%) o Alemania (+11,6%), según Eurostat. Y menor que Reino Unido (+9,9%) o EEUU (+7,7%).

Así que nuestra inflación es muy alta (7,3%, la más alta desde 1986), pero es menor que la de la mayoría de Europa. Eso se debe a varios factores, desde una menor dependencia del gas ruso a un mayor peso de las energías renovables (somos el 2º país que genera más electricidad con renovables, tras Alemania), a la contención de los salarios (las subidas pactadas en los convenios, hasta octubre, han sido del 2,6%) y, sobre todo, a las medidas tomadas estos meses por el Gobierno para frenar la subida de los precios de la energía: bajada del IVA y los impuestos a la electricidad, supresión de cargos en el recibo de la luz, bajada del IVA del gas, bonificación de 20 céntimos a los carburantes y ayudas a distintos sectores (transportes, pesca, industria), subvenciones al transporte público y, sobre todo, la aprobación de la “excepción ibérica”, el tope al gas para producir electricidad aprobado por Bruselas.

Mañana se cumplen 5 meses de la entrada en vigor de la excepción ibérica, el 15 de junio de 2022, tras aprobarlo la Comisión Europea sólo para España y Portugal (durante un año), por su avance en las energías renovables y el escaso peso de las importaciones eléctricas (una “isla” eléctrica). La medida suponía poner un tope al precio del gas que se utiliza para producir electricidad (40 euros MWh al principio y hasta 70 euros al final, en junio de 2023), de tal manera que el resto de energías (hidráulica, carbón, térmicas de fuel y renovables) no se beneficiaban de cobrar más de ese tope (los “beneficios caídos del cielo”) y el coste de la electricidad en el mercado mayorista se abaratara drásticamente. Y aunque los consumidores tenían que compensar a las eléctricas de la diferencia en el precio del gas (precio mercado-tope), aun así la factura se abarataba.

Veamos el positivo balance de la “excepción ibérica estos 5 meses. Por un lado, el precio mayorista de la luz se ha mantenido bastante estable, al toparse el precio del gas natural  costase lo que costase en el mercado: de tener “picos” que sobresaltaban al consumidor (360 euros MWh el 22 de diciembre o 545 euros el 15 de marzo, tras la invasión de Ucrania) se ha pasado a un mercado más estabilizado (ver curva de precios), con precios en origen de 165,59 euros el 15 de junio a un máximo de 200 euros el 3 de octubre y 121,18 el viernes 11 de noviembre. Y eso se ha traducido en que la media mensual del precio mayorista de la luz ha pasado de 283,3 euros en marzo 2022 a 169,63 euros en junio y 126,68 euros en octubre de 2022, el precio en origen más bajo desde agosto de 2021.

Y aunque el consumidor ha tenido que pagar más por la luz (al sumar a este precio mayorista la compensación a las eléctricas por el tope al gas), el precio final de la factura también es menor que si no hubiera existido el tope al gas: se ha pasado de pagar 225 euros el 15 de junio (con compensación)  a 475 euros con el precio más alto del gas (30 de agosto), para bajar luego a un mínimo de 80,44 euros en octubre y 128,86 euros el viernes (con compensación al gas). Y si miramos la factura final, a los consumidores con tarifa regulada (11 millones en el sistema PVPC), el recibo ha bajado de 143 euros que pagaron de media en marzo de 2022 (tras la invasión) a 98,8 euros en mayo, para subir luego a 114 en julio, 131 euros en agosto (el 2º peor mes) y 85,63 euros en octubre 2022, la factura de la luz más baja desde agosto 2021 (78,31 euros), según la OCU.

El Gobierno estimó en octubre que “la excepción ibérica” había ahorrado a los españoles 3.000 millones en la factura de la luz, una media de 17 euros al mes por recibo. Y con ello, España está pagando la luz un 35% más barata que los franceses, un 40% más barata que los italianos y un 25% menos que los alemanes, razón por la que la mayoría de países quieren extender esta “excepción ibérica” a toda Europa. Sin embargo, el PP y Feijóo siguen hablando de “timo ibérico” y se agarran a un dato que es falso: que los consumidores españoles “estamos financiando con 1.000 millones a los consumidores franceses”. La realidad es que las “rentas de congestión” (para compensar la diferencia de precios entre dos zonas) entre el 15 de junio y el 17 de octubre han sido positivas para España, más de 700 millones, de los que 414 millones se han inyectado a las centrales, para reducir la compensación a pagar al gas. Y en octubre, la renta de congestión ha sido de 99 millones, el 50% para España, según la OMIE…

Otra medida que ha sido muy efectiva para bajar la inflación los últimos 3 meses ha sido la  subvención al transporte público, tanto la gratuidad en los servicios de cercanías, rodalies de Cataluña y media distancia (que beneficia a 2 millones de usuarios y que se va a extender a todo 2023) como la subvención al 30% en los bonos del transporte público de grandes ciudades. Y también han sido decisivos los 20 céntimos de subvención a los carburantes, que hacen que los conductores paguen ahora por la gasolina (1,51 euros, descontando la bonificación) y el gasóleo (1,76 euros de media la semana pasada) menos de lo que pagaban en marzo (1,81 euros el litro de gasolina y 1,83 el gasóleo). Y por supuesto, también han moderado las subidas de la energía la bajada de impuestos a la luz y el gas.

El problema es que aunque los precios hayan bajado un tercio estos tres últimos meses, hay muchas familias que apenas lo notan, porque sus ingresos no les permiten llegar a fin de mes: son 6 millones de familias, el 32% de los hogares, que no ingresan lo suficiente para pagar la vivienda, la energía, la educación y los alimentos, según el último informe Foessa publicado por Cáritas. Y encima, estos datos son de finales de 2021, con lo que hoy serán muchas más de 6 millones las familias vulnerables, las que están sufriendo especialmente la actual subida de precios. Son, según Cáritas, las familias con 2 hijos que ingresan menos de 2.208 euros al mes, las mujeres solas con niños con ingresos inferiores a 1.816 euros y los que viven solos con menos de 1.136 euros al mes. Es sobre estas familias más vulnerables (en alquiler, con hijos o con trabajos y sueldos precarios) sobre quien cae lo peor de esta crisis de la inflación, aunque nos afecte a todos.

Ahora, la inflación podría estar bajando o estabilizada en noviembre, dado que el gas, el petróleo, la luz y los carburantes no suben apenas, aunque sí los alimentos. Pero todo apunta a que, cuando llegue el frío, la energía, el gas y la luz volverán a subir, dificultando más los problemas de las familias vulnerables y del resto. Y por eso, el Gobierno Sánchez estudia estos días prorrogar las ayudas contra la inflación para 2023, al menos hasta abril. Una decisión que choca con tres problemas, que se están evaluando.

El primer problema es el elevado coste de las ayudas contra la inflación. El Gobierno estima que todas las ayudas aplicadas en 2022 han costado ya 38.500 millones de euros, el 3,19% del PIB. Y ampliar sólo las medidas para frenar los precios de la luz, el gas y los carburantes costaría 18.528 millones en 2023, según FEDEA. Además hay que sumar las ayudas directas a las familias más vulnerables: aumento ingreso mínimo vital, bono social, complemento de becas, ayuda 200 euros personas con bajos ingresos, rendimientos trabajo IRPF…), otra cifra que rondará otros 20.000 millones. La cuestión es que la mayoría de estos costes no están incluidos en los Presupuestos 2023, aunque el Gobierno le ha comentado a Bruselas que cuenta con un “colchón” de 20.000 millones de recaudación extra que espera ingresar en 2023. Pero la AIREF y muchos expertos alertan de que España, con su alto déficit y muchísima deuda, debe mirar mucho lo que gasta en ayudas, sobre todo porque llevamos “tirando del Presupuesto” desde 2020, primero por la pandemia y ahora por la inflación.

El segundo problema que plantea prorrogar algunas ayudas es que favorecen el consumo de energía y las emisiones de CO2, agravando el Cambio Climático. De hecho, entre abril y octubre, la bonificación a los carburantes ha aumentado su consumo, aunque todo el mundo se queje del alto precio: el consumo de gasolina ha crecido un +6,2% y el de gasóleo A un +1,77%, según CORES.Y el consumo español de gas ha crecido un +0,66% entre abril y agosto. Solo ha bajado el consumo de electricidad, un -3%, y más por el buen tiempo que porque ahorremos luz. Así que mantener la bonificación a los carburantes (costaría 4.269 millones), la bajada de impuestos y cargos a la luz (10.452 millones de coste) o la rebaja del IVA al gas (800 millones), tendría un alto coste económico y climático.

El tercer problema es más de fondo: muchas de las ayudas en vigor son injustas, socialmente regresivas, porque benefician más a los que más tienen. Sobre todo las que no son ayudas directas a las familias vulnerables, como las bonificaciones a los carburantes (benefician más a los que tienen más coches, más caros y que gastan más), la bajada de impuestos a la luz y al gas, o incluso la gratuidad y rebaja en los transportes públicos, según demuestra un estudio de la AIReF y ya habían alertado la OCDE y el FMI.

En definitiva, que hay que pensarlo bien antes de prorrogar las ayudas actuales, porque son muy costosas, contaminantes y benefician más a los que sufren menos la inflación. Por eso, la AIReF y muchos expertos, incluyendo la Comisión Europea, defienden concentrar las ayudas en las familias más vulnerables, en esos 6 millones de hogares que sufren más esta crisis, según Cáritas. FEDEA ha lanzado una propuesta concreta: si se centran las ayudas en los que ganan menos de 2.000 euros al mes, podrían recibir un cheque de 1.900 euros anuales con el mismo coste (y más eficacia) que hoy tienen las ayudas vigentes para todos. Eso tiene dos dificultades. Una técnica: perfilar estas familias y poner en marcha un sistema que sea ágil y flexible (algo difícil, como se ha visto con el ingreso mínimo vital). La otra "pega" es política: es difícil que un Gobierno, en un año electoral, prefiera concentrar las ayudas en un tercio de las familias en lugar de generalizarlas a todos los ciudadanos (y votantes).

Probablemente, la decisión del Gobierno será híbrida: más ayudas directas a los más vulnerables y mantener las ayudas generalizadas, con cambios en la subvención a los carburantes (más restrictiva). Con todo, el Presupuesto no es de chicle y habrá que ver qué pasa si la guerra se prolonga mucho y hay que mantener las ayudas todo 2023. De momento, ya vemos lo que ha pasado: que los países ricos de Europa están gastando mucho más que los pobres, según Bruegel: 264.200 millones en ayudas lleva Alemania (7,33% del PIB), 97.000 Reino Unido (3,66%), 71.600 Francia (2,86% PIB), 62.600 Italia (3,51%), 38.500 España (3,19% PIB), frente a 12.400 millones Polonia (0,47% PIB), 10.500 Grecia (5,77%), 7.000 Portugal (3,2%) o 1.800 millones Bulgaria (1,29% PIB).

Y cara al futuro, Alemania ya ha anunciado que va a gastar otros 200.000 millones en ayudas, limitando desde febrero 2023 el precio que pagan hogares e industrias por el gas, la calefacción y la electricidad (subvencionará un 40% los precios). Y mientras, en diciembre, el Gobierno alemán asumirá el 100% de la factura de gas de familias y empresas. Así que el país más rico de Europa se niega a poner un tope al precio del gas europeo y extender la “excepción ibérica” a todo el continente, pero mientras subvencionará a sus hogares y empresas, que tendrán menos costes energéticos para afrontar la recesión y ejercerán una “competencia desleal” con el resto de Europa. España y otros países se han quejado de estas anunciadas ayudas alemanas, pero no las retirarán. Así que a los demás no les queda otro camino que seguir su estela, mantener y aumentar si pueden las ayudas, aunque se carguen las cuentas públicas, salvo que quieran enfrentarse a protestas sociales y a perder las próximas elecciones.

La alternativa europea debería ser otra, por un doble camino: tomar medidas eficaces para frenar los precios de la energía (tope al gas, desechado por Alemania, Holanda y la Comisión Europea, y extender "la excepción ibérica", que nos ha funcionado) y, en paralelo, crear un Fondo europeo de ayudas contra la inflación, como se hizo con la pandemia, para homogeneizar las ayudas públicas entre los 27 y repartir su coste y financiación (problema: los países ricos pagarían más e ingresarían menos). Dos caminos en los que Europa no avanza, mientras la recesión amenaza a la vuelta de la esquina.

Temor a la inflación en invierno: más ayudas

La inflación parece darnos una tregua en octubre: los precios del gas y la luz han bajado drásticamente, aunque los carburantes suben. Todavía no hace frío y se teme que, con el invierno, los europeos tengamos más problemas para pagar calefacción y luz. Por eso, Europa ha fijado un recorte del consumo, que no afecta en España a las familias, aunque somos uno de los 4 países europeos que consume más gas y carburantes que el año pasado. El Gobierno español aprobó este martes nuevas ayudas (3.000 millones) para reducir la factura de la calefacción y ampliar los descuentos en la luz a 4 de cada 10 familias. Vale, pero la clave es atajar la subida de la energía en Europa, no sólo paliar sus consecuencias. Y los 27, reunidos hoy y mañana en otra Cumbre, no se ponen de acuerdo en extender “la excepción ibérica” y poner un tope al gas. Urge impedir más subidas este invierno, porque las ayudas públicas no pueden ser infinitas.

Enrique Ortega

Llevamos ya más de un año con alta inflación, desde que en septiembre de 2021 alcanzamos una subida de precios del +4%, que subió al +6,5% en diciembre y se disparó al +9,8% en marzo de 2022, tras la invasión de Ucrania (24-F), superando el 10% en junio (+10,2%), julio (+10,8%) y agosto (+10,5%), para moderarse en septiembre (+8,9% de inflación en España y el +10,9% en la UE-27). Hay esperanzas de que en octubre vuelva a bajar la inflación, ya que está bajando el gas y la electricidad, aunque suben el petróleo y los carburantes. Pero el frío no ha empezado y, a falta de gas ruso en Europa, se teme que el invierno relance los precios de la energía, no sólo en diciembre sino a principios de 2023.

De momento, el precio del gas natural se ha desplomado esta semana, debido a que la mayoría de países europeos tienen llenos sus depósitos (las reservas están al 92% de media) y con el temor de algunos proveedores a que Europa ponga un tope al precio del gas importado. La consecuencia es que los precios del gas han caído esta semana a un precio nunca visto este año: hoy 20 de octubre, el precio del gas en el mercado ibérico está en 28,76 euros MWh (el precio más bajo en 15 meses y muy lejos de los 230 euros que costaba a finales de agosto) y en el mercado europeo (TTF holandés) baja a 112,51 euros (mínimo desde primavera y lejos de los 346 euros que costaba en agosto). Con ello, la luz (que lleva un año encareciéndose por el gas), también veía caer drásticamente su precio mayorista en España, hasta los 86,66 euros MWh hoy, la tercera parte del precio de hace un mes (243,55 euros, incluyendo la compensación al gas y el precio más bajo de la electricidad desde octubre 2021 (recordemos que llegó a costar 544 euros MWh el 9 de marzo, antes de que entrara en vigor la “excepción ibérica”, el 15 de junio).

En paralelo, el petróleo ha remontado algo su precio en octubre (de 87,90 dólares barril el 30 de septiembre a 93,25 dólares hoy), por el acuerdo entre la OPEP y Rusia para reducir su producción (a partir de octubre). Y eso, junto a la reducción del refino en Europa (Francia) y el corte de suministro de Rusia, ha provocado una nueva subida de los carburantes en octubre: la gasolina cuesta esta semana en España 1,75663 euros litro de media (+7,5 céntimos que a finales de septiembre) y el gasóleo 1,9492  euros (+ 12,7 céntimos), según el Boletín Petrolero Europeo de hoy. Eso sí, los alimentos no bajan (subieron un +14,4% hasta septiembre) y, por efecto de la sequía, las menores cosechas y los mayores costes, parece que seguirán caros hasta fin de año.

Así que mejora la factura del gas y la electricidad, empeoran los precios de carburantes y alimentos, junto a una subida de muchísimos productos, por lo que la inflación en octubre (el dato se conocerá el día 28) podría bajar algo, pero poco. En cualquier caso, la incertidumbre sobre los próximos meses es enorme, sobre todo cuando empiece el frío en Europa y los países echen manos de sus reservas de gas y tengan que comprar más. El temor no es tanto este año, sino el repunte de precios en el primer trimestre de 2023.

Para evitar problemas de suministros y que la inflación vuelva a dispararse este invierno, la Comisión Europea aprobó el 30 de septiembre un paquete de medidas urgentes frente a la crisis energética, que corroboraron los líderes europeos en la Cumbre de Praga del 3 de octubre. La primera medida clave es conseguir un ahorro en el consumo de electricidad del 15% entre el 1 de diciembre y el 31 de marzo de 2023. Y plantean hacerlo por 2 vías: una reducción voluntaria del consumo eléctrico global del -10% y una reducción adicional del -5% en horas punta. Ahora, se trata de concretar esta rebaja por paises y definir las “horas punta”, diferentes según los países.

España ha conseguido un recorte menor, del -6,4% en el consumo eléctrico, porque somos una “isla energética” (sólo importamos el 4,1% de la electricidad consumida, según REE) y porque tenemos una alta capacidad de importar y transformar gas natural, al contar con 6 de las 20 regasificadoras europeas. Para cumplir este objetivo el Gobierno aprobó en agosto una serie de medidas de ahorro: calefacción a 19º en comercios, cines, hoteles y espacios públicos, apagado escaparates a las 10 de la noche y cierre automático de puertas en los comercios. Y ha pactado con las autonomías y Ayuntamientos la revisión del alumbrado público, para tratar de ahorrar (sobre todo ayudando a cambiar las farolas para instalar leds), aunque no parece que los municipios vayan a reducir el alumbrado de Navidad. Para los particulares, no habrá limitaciones de consumo, aunque se pedirá a las eléctricas que incluyan en la factura el consumo medio por zonas, para saber si gastamos de más.

En paralelo a estas medidas de ahorro, el Gobierno español aprobó este martes nuevas ayudas (con un coste de 3.000 millones de euros) para que las familias afronten la factura de calefacción y electricidad este invierno. La más llamativa es que los 1,7 millones de hogares con caldera colectiva (comunidades de vecinos) puedan acogerse (hasta finales de 2023) a una nueva tarifa regulada (TUR 4), con un descuento del 40% en el precio del gas que utilicen, siempre que revisen la caldera, tengan instalados contadores (o llaves) de control individual de consumo (o los instalen antes de septiembre de 2023) y que no gasten más que la media de los últimos 5 años (si gastan más, el precio se les penaliza un 25%). Además, los 1,5 millones de clientes individuales de gas con tarifas TUR (1,2 y 3) seguirán beneficiándose del tope al precio del gas (5% de subida) todo el año 2023.

Otra medida importante es que se refuerza el bono social eléctrico, el descuento en el recibo de la luz a las familias más vulnerables. Por un lado, aumenta el descuento (al 65 y al 80%, según sus ingresos) a los 1,3 millones de hogares que lo tienen hoy (los que ganan menos de 12.159 euros). Y además, se crear un nuevo bono social, con un descuento del 40% en el recibo a otro millón y medio de hogares con ingresos reducidos (familias con dos niños que ganan menos de 28.000 euros). Y se duplica el presupuesto para financiar  el bono social térmico (para pagar gastos de calefacción y agua caliente), hasta una franja de 40 a 375 euros al año (ahora son 35-350 euros).

En conjunto, el Gobierno estima que estas ayudas benefician a 4 de cada 10 familias. Y se suman a otras 9 medidas aprobadas desde junio de 2021 para rebajar el precio de la luz, básicamente la bajada de impuestos a la luz y el gas, la “excepción ibérica” (tope al precio del gas para producir electricidad) y la rebaja de costes regulados. Unas medidas con un alto coste para el Presupuesto (más de 20.000 millones de euros) pero que han servido para “reducir un 33% la factura de la luz el último año” (según la ministra Ribera) sobre el precio que tendríamos que pagar si el Gobierno no hubiera tomado medidas.

Ahora hay que esperar si estas nuevas ayudas permiten contrarrestar las esperadas subidas del gas y la luz en los próximos meses. El presidente Sánchez dijo este martes en el Senado que movilizará “los recursos públicos que sean necesarios” para doblegar la inflación. Y eso incluye renovar las ayudas actuales a la energía para 2023, una decisión que el Gobierno tomará en diciembre. Parece claro que renovará la bajada de impuestos a la luz y el gas, así como las ayudas específicas a empresas y sectores (transporte, campo, pesca). La duda es si mantendrá la bonificación de 20 céntimos a los carburantes, porque es muy costosa y beneficia más a los que más tienen (y a los turistas y vecinos portugueses y franceses), además de fomentar el consumo: en gasolinas, se ha consumido un 12,5% más entre enero y agosto y en gasóleo, un 3,5% más, según CORES.

Precisamente, España tiene un problema cara a este invierno y es cumplir los planes de ahorro a que nos obliga Europa: somos uno de los 4 países europeos que ha aumentado su consumo de gas este año (+2% de enero a septiembre) junto a Grecia, Croacia y Eslovaquia, mientras lo bajaba un -7% la Unión Europea en su conjunto, sobre todo 11 países, principalmente Finlandia (-53%), Letonia (-30%), Lituania (-25%), Estonia (-20%) y Dinamarca (-20%), con un recorte del -11% en el consumo de gas de Alemania, según Bruegel. La “culpa” de este mayor consumo de gas en España, a pesar de los precios disparados, la tiene la producción de electricidad, al haber fallado la producción hidráulica (por la sequía) y la eólica (por el clima) y por la mayor demanda de Portugal (el 25% de la demanda se la cubre España) y de Francia (por problemas en sus centrales nucleares). Así que una parte del mayor consumo de gas de España es “por solidaridad con los vecinos europeos”, como subrayó el martes la ministra Ribera, en apoyo de una mayor interconexión energética europea. Eso sí, España ha reducido el consumo eléctrico este año, pero poco: un -2,1% hasta septiembre, según REE, aunque ha bajado más la demanda doméstica.

Ahora, el Gobierno Sánchez estudia la prórroga de las ayudas contra la inflación y ya ha comunicado a Bruselas que “tiene margen presupuestario” para hacerlo, porque se ha dejado un colchón en los  Presupuestos de 2022 y 2023 de 20.500 millones “extras” de ingresos para afrontar las medidas anticrisis sin bajar la guardia en el recorte del déficit público (del -5% al 3,9% en 2023). El problema es que si la guerra sigue y los precios no se controlan, este colchón puede ser insuficiente en unos meses: recordemos que las medidas contra la inflación llevan gastadas en España 35.500 millones (más los 3.000 recién aprobados). Y más de 500.000 millones de euros en toda Europa…

El debate es doble. ¿Hasta dónde se puede gastar? ¿Cuánto gasta cada país? Y aquí, los países pobres, como España, están en clara desventaja frente a los ricos: Alemania ya ha anunciado un paquete de ayudas de 200.000 millones de euros, que ha irritado al resto. Es injusto que  los paises ricos tengan más músculo que los pobres para ayudar a sus ciudadanos y frenar la contestación social (que ya ha estallado en Francia)… Una opción sería hacer como se hizo frente a la pandemia: crear un Fondo europeo para financiar las ayudas contra la inflación, una alternativa que no gusta a los ricos (pagarían más). De momento, la Comisión Europea ha intentado “desviar este debate”, proponiendo que se deriven 40.000 millones no gastados de los Fondos de Cohesión a amortiguar la crisis energética europea… Una cifra ridícula si la comparamos con los 500.000 millones ya gastados en ayudas y los 850.000 del Fondo Next Generation frente a la COVID.

La otra parte del debate es atajar el problema de origen, las causas de la inflación, en especial la subida del gas y la electricidad: intentar frenar más los precios, para no tener que gastar tanto en ayudas para paliar sus efectos sobre empresas y ciudadanos. Y aquí, los líderes europeos han avanzado, pero lentamente. Y no son capaces de tomar medidas drásticas para una situación excepcional que nos está llevando a una recesión. Y así, por este camino, los distintos Gobiernos tendrán que exprimir al máximo sus cuentas para seguir dando ayudas y llegará un momento en que no frenarán la contestación social.

Por eso, urge avanzar en contener los precios de la energía como sea. Pero la Comisión Europea no logra aprobar medidas eficaces, como poner un tope al gas que se importa o generalizar “la excepción ibérica” (un tope al precio del gas para producir electricidad, una medida que ha rebajado un tercio la subida de la luz de españoles y portugueses frente a la del resto de europeos). España y otros 14 países europeos les han enviado una carta pidiendo un tope al precio del gas importado, pero Alemania y Holanda lo bloquean, porque temen que si se “interviene el mercado” (que no funciona, salvo para especuladores) haya problemas de suministro de gas (y de electricidad si se extiende a toda Europa la excepción ibérica”). Y entre tanto, Bruselas defiende “parches”, como la compra conjunta de gas (el 15% de las reservas estratégicas), acuerdos de solidaridad entre Estados (sólo los han firmado 9 países, del centro y norte de Europa) y un nuevo índice de precios del gas (el TTF holandés es irreal y muy especulativo), que tardaría meses en implantarse y sería “temporal”.

España y muchos países creen que estas medidas, propuestas esta semana por la Comisión Europea, son “poco ambiciosas” y apenas van a bajar los precios. Y temen que la Cumbre Europea que aborda la crisis energética, hoy y mañana en Bruselas, no tome medidas eficaces para evitar un nuevo repunte del gas y la electricidad este invierno. Ya se sabe que Europa sólo reacciona cuando se encuentra al borde del precipicio. Así que quizás habrá que esperar a enero y febrero de 2023, con facturas energéticas imposibles de pagar y una creciente contestación social en toda Europa, para que intervengan de verdad y frenen unos precios disparados del gas, la luz y muchas materias primas. Quizás entonces sea tarde para que muchos políticos se salven. Y el coste de las ayudas habrá hundido a muchos países en un gasto imposible de financiar. Ojalá me equivoque.