Más muertos en accidentes de trabajo

 

Con la pandemia y la menor actividad económica, han bajado los accidentes laborales, pero aumentan los muertos: 543 trabajadores murieron en el trabajo o de camino hasta septiembre, 36 más que el año pasado. Y hasta hoy, van ya 581 muertos, casi tantos como por accidentes de tráfico (640). Y eso que no se contabilizan la mayoría de muertes de sanitarios por la COVID 19. Además, las enfermedades profesionales batieron un récord histórico en 2019, aunque bajan ahora. Los expertos achacan este repunte de muertes laborales a que empresas y trabajadores han bajado la guardia, a un aumento de infartos e ictus por un menor seguimiento y a que no se invierte en seguridad, sobre todo las pymes. Los sindicatos piden un Plan de choque, con mayor control e inversiones, porque creen que 1 de cada 3 muertes serían evitables si se cumplen las normas de seguridad, algo rentable porque los accidentes tienen un alto coste. No es admisible que en pleno siglo XXI, trabajar mate.

 

Un trabajador de 35 años falleció anteayer en el Viso de San Juan (Toledo), al caer desde cinco metros de altura cuando instalaba unos adornos de Navidad. Es el penúltimo muerto por accidente laboral en España, donde van ya 581 muertos en el trabajo o de camino hasta hoy, según la estadística diaria (“El contador de la vergüenza”) que publica UGT en su web. Con ello, se confirma el aumento de muertes en accidentes de trabajo este año, a pesar de la pandemia: se han producido 543 muertes hasta finales de septiembre, 36 más que el año anterior, según la última estadística de Trabajo. Se corta así la racha de estabilización de los muertos en accidentes laborales, entre 2015 y 2017 (629 muertos anuales), superada en 2018 (708) y mantenida en 2019 (641), tras los mínimos de 2013 (558) y 2014 (580) y muy alejada de los más de 1.000 muertos anuales provocados entre 2000 (1.580) y 2008 (1.065).

España superó a comienzos de este siglo el millón de accidentes laborales (1.005.289 en el año 2000, 989.353 en los trabajos y 72.357 “in itinere”), pero luego bajaron ligeramente, aunque subieron después, hasta batir otro récord en plena “burbuja económica”: 1.022.067 accidentes laborales en 2007. Con la crisis, la menor actividad y 3,8 millones de trabajadores menos, los accidentes laborales cayeron en picado, hasta un mínimo en 2013 (468.030 accidentes, 404.284 en los trabajos y 63.746 “in itinere”). Pero después, con la recuperación iniciada en 2014 y la precariedad del empleo creado, volvieron a crecer, hasta los 596.606 accidentes laborales en 2017 y los 650.602 accidentes laborales con baja en 2019 (562.756 en las empresas y 88.846 “in itinere”), la mayor cifra de accidentes desde 2010. Este año 2020, con la pandemia y la menor actividad, los accidentes laborales se han desplomado, cayendo un -26,4% entre enero y septiembre (348.862 accidentes laborales), pero han provocado más muertos (579 en 9 meses, +36 que en 2019).

Antes de la pandemia, España era el tercer país europeo con más accidentes de trabajo (617.488), sólo por detrás de Alemania (877.501 accidentes, con más del doble de trabajadores) y Francia (771.837 accidentes), por delante de Italia (291.503), Reino Unido (220.985) y Portugal (130.434), según los últimos datos publicados por Eurostat (de 2018). Y éramos el 4º país europeo con más muertes en el trabajo (323 en 2018, sin contar los muertos “in itinere”), tras Francia (615), Italia (523) y Alemania (397), por delante de Reino Unido (249 muertes), Rumanía y Portugal, según Eurostat. Pero si relacionamos las muertes laborales con el número de trabajadores, la situación de España mejora y su siniestralidad laboral (1,96 muertes por cada 100.000 trabajadores en 2018) nos coloca como el país nº 14 de la UE-28, peor que la media europea (1,77 muertes laborales por 100.000 trabajadores), Alemania o Reino Unido (0,78 muertes/100.000 ambos), pero mejor que Francia (2,74), Italia (2,25), Portugal (2,12) y la mayoría de los paises del Este, según Eurostat (2018).

Volviendo a los últimos datos de 2020, la estadística de Trabajo indica que aunque el número de accidentes laborales haya caído drásticamente, un -26,4% (348.862 accidentes totales con baja hasta septiembre, 308.453 en las empresas y 40.409 “in itinere”), hubo 36 muertos más: 543 muertes en total, 456 durante la jornada de trabajo (+62) y 87 muertos en el camino al trabajo (-26 muertos que el año pasado, al haber menos actividad y más teletrabajo). El mayor aumento de accidentes (y muertes) se ha dado entre los hombres (+62 muertes sobre 2019, mientras morían las mismas mujeres), sobre todo entre los 45 y 59 años (más de la mitad de las muertes), en las tareas del campo (de 31 a 75 muertes este año)  y en la industria ( de 63 a 93 muertes), creciendo muy poco los accidentes y muertes en los servicios (+5,5%) y bajando en la construcción (-10,3%), según Trabajo. Y donde más han aumentado las muertes en el trabajo este año ha sido en Castilla la Mancha (+19 muertes sobre 2019), Castilla y León (+17), Asturias (+8), Extremadura (+7), País Vasco y Andalucía (+6 cada una), aunque las regiones con más muertes en el trabajo en 2020 son  Andalucía (75), Cataluña (55), Castilla y León (48), Comunidad Valencia (46), Galicia (45) y Castilla la Mancha (40 muertos hasta septiembre).

Y un dato importante, según, según denuncian los sindicatos: estas estadísticas oficiales no valoran el efecto de la COVID 19 entre los trabajadores sanitarios y socio sanitarios. De hecho, sólo recogen 2.648 accidentes de trabajo en esos dos sectores (los únicos que tienen reconocida esa contingencia profesional), de los que 7 son accidentes graves y 17 son mortales. Esto supone un grave “subregistro” de accidentes y muertes profesionales, porque las propias estadísticas de Sanidad incluyen 88.471 casos de personal sanitario contagiados por la COVID hasta el 3 de diciembre, 63 de ellos fallecidos. Además, las estadísticas de accidentes laborales sólo incluyen los accidentes con baja laboral y cada vez hay más accidentes sin baja, por miedo de los trabajadores a perder su empleo, según denuncian los sindicatos. De hecho, en 2019, hubo más accidentes sin baja (724.321) que con baja (650.602) y lo mismo en años anteriores y en 2020 (378.851 frente a 348.862, hasta septiembre), según las estadísticas de Trabajo.

¿Por qué hay más muertes en el trabajo a pesar de la pandemia? Los expertos creen que se debe a que empresas y trabajadores “han bajado la guardia” con la seguridad laboral, impactados por la COVID-19 y sus consecuencias. Otro factor es que los trabajadores están más preocupados y se cuidan menos, controlan menos su salud, se hacen menos chequeos y no van tanto al médico. Hay un dato que lo apoya: la principal causa de las muertes en el trabajo son los infartos y derrames cerebrales, que han provocado este año 171 muertes (+14%), seguida muy de lejos por atrapamientos (76 muertes), accidentes de tráfico trabajando (63 muertes), caídas (60) y choques (36 muertes), según Trabajo.

Los sindicatos añaden que, con la pandemia, las empresas han desatendido aún más sus inversiones en seguridad, que ya eran bajas y en muchos casos se subcontratan fuera (lo hacen el 88,75% de las pymes, según Asepeyo), en empresas de protección de riesgos laborales “low cost”, baratas y con pocos medios (expertos y sanitarios). Además, resaltan que el 54% de las pymes desconoce cómo funciona la prevención de riesgos, según un estudio del Colegio de Politólogos y Sociólogos. Y para completar el cuadro, 1 de cada 3 autónomos (hay 3 millones) no sabe cómo actuar si sufre un accidente laboral.

El trabajo no sólo provoca accidentes y muertes sino también enfermedades profesionales, que en muchos casos acaban incapacitando o matando al trabajador en unos años (en 2019 murieron 7 trabajadores por enfermedades profesionales notificadas a partir de 2007). En este año 2020, hasta finales de noviembre, las enfermedades profesionales han caído un -32,5% (17.182 expedientes), pero llevan creciendo año tras año desde 2007 (16.791 casos) y en 2019 alcanzaron un récord histórico: 32.589 enfermedades causadas por el trabajo: 27.292 enfermedades profesionales como tales y otras 5.277 patologías no traumáticas causadas o agravadas por el trabajo. Estas enfermedades profesionales afectan más a las mujeres (51,43% del total, aunque trabajan menos) que a los hombres y a los trabajadores mayores (entre 45 y 49 años de media, entre 50 y 54 años en el caso de las mujeres), sobre todo de la industria alimentaria, la construcción y las industrias metálicas y del automóvil, más en Navarra (3,5 veces la media), La Rioja (2,6 veces), Murcia (2,3) y País Vasco (2,2 veces), dándose poco en Ceuta, Andalucía, Madrid y Andalucía.

La mayoría de estas enfermedades profesionales se deben a esfuerzos y malas posturas (el 84,8%), seguidas de lejos por enfermedades de la piel (4,32%), agentes biológicos (3,61%), inhalación de sustancias (3,95%), agentes químicos (2,98%) y agentes cancerígenos (0,34%), una causa que está creciendo mucho: hubo 94 trabajadores con cáncer de origen laboral en 2019 (la mayoría por amianto), frente a 27 en 2018 y 50 en 2017. UGT estima que unas 9.500 muertes por cáncer cada año están relacionadas con enfermedades profesionales. Y  denuncian que tampoco afloran muchas depresiones y enfermedades psíquicas causadas por el estrés laboral. Y también muchas enfermedades profesionales de las mujeres, que quedan fuera de las enfermedades laborales que recoge el real decreto vigente. Al final, los sindicatos se quejan de que un 20% de las enfermedades profesionales reales no se contabilizan como tales, porque no quieren reconocerlas así las empresas o las Mutuas, para ahorrarse dinero al pasar la factura de estas enfermedades (“profesionales”) a la Sanidad pública: el coste extra se estima en 2.000 millones de euros anuales.

Al final, el trabajo ha matado ya este año a 579 trabajadores, en su empresas o yendo y viniendo a trabajar, casi tantos como en accidentes de tráfico (640 muertes). Una “cifra de la vergüenza” para UGT, que ha pedido al Gobierno un Plan de choque contra la siniestralidad laboral, que podría dispararse en 2021 si hay recuperación. Por un lado, pide aumentar las inspecciones de Trabajo (faltan inspectores y medios) y exigir a las empresas que cumplan escrupulosamente la Legislación vigente sobre riesgos laborales, de 1995. Y exigen al Gobierno y a las autonomías que vigilen el cumplimiento de las normas, pidiendo que se creen Delegados de prevención de riesgos laborales en las autonomías y más Juzgados especializados, porque la mayoría de los accidentes graves no acaban en los Juzgados. De hecho, en 2018, sólo se incoaron 152 causas por homicidio en accidente laboral y las sentencias se retrasan muchísimo (6 años y 4 meses de media) y son escasas y a la baja: 495 en 2018, frente a 579 en 2017 y 676 en 2014, según la última Memoria del Poder Judicial.

Los sindicatos y expertos coinciden en que el aumento de los accidentes y muertes en el trabajo tienen mucho que ver con la precariedad laboral y la baja inversión en prevención. De hecho, los trabajadores temporales han tenido el 40% de los accidentes en el trabajo (y el 42% de las muertes), cuando son el 28% de los asalariados. Y los trabajadores con menos de 1 año de antigüedad concentran el 46% de los accidentes (y el 41% de las muertes). Así que a más precariedad y menos formación, más riesgo de accidentes y muertes. Y cuanto menos se invierte en prevención o más se subcontrata con empresas poco especializadas, más riesgo para empresas y trabajadores. Y al final, más coste, no sólo en vidas (el más grave), sino también en horas perdidas y en gastos sanitarios. De hecho, la OIT estima que los accidentes laborales cuestan el 4% del PIB de los paises. En España, según este cálculo, nos costarían 50.000 millones al año. Como para que gastáramos algo en campañas públicas de prevención: se hacen campañas de Tráfico pero no contra los accidentes laborales.

Con todo, la clave es que cada empresa tenga planes de prevención de riesgos laborales y los cumplan, los trabajadores y las empresas. Porque un 31% de los accidentes laborales se producen en trabajos donde no se ha realizado la evaluación de riesgos laborales obligatoria,  según un estudio de UGT. Eso significa que 1 de cada 3 accidentes en los trabajos (no “in itinere”) se podrían evitar si las empresas cumplieran la Ley. Eso significa que, sólo este año, se podrían haber evitado 180 muertes en el trabajo. Y casi 2.000 de las 6.500 muertes por accidentes laborales en la última década. Es como para tomárselo en serio y ponerlo en la lista de prioridades del diálogo social, junto a los ERTES y la reconstrucción. Debe ser un objetivo para todos, empresas, sindicatos y Gobierno. Hay que acabar con esta otra pandemia. Porque no es de recibo que, en pleno siglo XXI, “el trabajo mate”.

Contratos a tiempo parcial : promoción 2 x 1

La medida estrella del reciente “pacto social” ha sido, junto al recorte de las pensiones, el Plan de choque para crear 100.000 empleos a tiempo parcial. Así dicho, suena bien. Pero hay un riesgo : que las empresas utilicen estos contratos a media jornada para colocar a dos parados por el precio de uno, sin pagar nada a la Seguridad Social y en contratos temporales por seis meses, con lo que pueden colocar cuatro por año. Una cosa es trabajar a media jornada porque nos viene bien y otra repartir el poco trabajo que hay, con ayudas públicas. De hecho, antes de este Plan, los contratos a tiempo parcial son los únicos que crecen con la crisis.

El pomposamente llamado Plan de choque contempla ayudas durante un año para las empresas que hagan un contrato a tiempo parcial (del 50 al 75% de la jornada habitual) a dos grupos: jóvenes menores de 30 años y parados que lleven más de un año en desempleo. Las empresas podrán hacerles un contrato fijo o temporal (de al menos 6 meses) y no pagarán cuotas a la Seguridad Social  (si la empresa tiene más de 250 trabajadores, pagará un 25% de la cuota). Y en seis meses se analizará si se prorroga o no. El objetivo es crear unos 100.000 contratos a tiempo parcial, un reto poco ambicioso si tenemos en cuenta que hay 1,5 millones de jóvenes sin empleo y 2,1 millones de parados de larga duración.

Los sindicatos han estado muy recelosos ante este Plan, porque saben que se presta a la picaresca: una empresa, en vez de contratar a alguien 8 horas, contrata a dos personas que trabajan 4 horas cada una. En vez de un sueldo de 1.000 euros, paga dos de 500 y se ahorra la Seguridad Social de ambos. Y a los 6 meses, dos contratos más. Así se han creado dos o cuatro empleos y mejoran las estadísticas del INEM. Tutti contenti. Pero sólo hemos repartido el empleo y encima, temporalmente, porque dentro de un año, ya sin bonificaciones pueden despedirlos. ”Incentivar los contratos a tiempo parcial es una fórmula que se ensayó en el pasado y tuvo un efecto nocivo”, ha declarado Toni Ferrer, de UGT. Pero lo ha firmado. Y la patronal quería que las ayudas a este contrato fueran por dos años. Sólo se ha puesto a última hora una limitación: las empresas que hagan estos contratos bonificados han de aumentar la plantilla.
                                                                                                    
De hecho, la contratación a tiempo parcial es la única que crece con la crisis. Mientras bajan mes a mes los contratos a tiempo completo (15.933.700), los contratos a tiempo parcial (2.474.500) han crecido en 102.500 el último trimestre.Y en enero de 2011, un 30% de los contratos firmados se han hecho con menos horario. En el caso de las mujeres, casi un tercio de las que trabajan lo hacen con contrato a tiempo parcial. El problema es que todos, hombres y mujeres con menos jornada, trabajan así por obligación, ya que un 45% de los que trabajan así preferirían hacerlo a jornada completa, según un estudio de AGETT.

El contrato a tiempo parcial está bien, pero es para lo que es: personas que quieren trabajar menos horas o empleos que pueden cubrirse con menos jornada. Un contrato que le puede venir muy bien a las mujeres y a los estudiantes, como sucede en  Europa, donde el contrato a tiempo parcial supone ya un 25% de la contratación (y más en Holanda, Suecia o Alemania), frente al 13,44% en España. Pero no hay que desvirtuar este contrato, como ahora se hace. Para contratar a jóvenes están los contratos en prácticas (100% bonificación cuotas SS) y formación, que no están funcionando, básicamente porque las empresas no venden y no contratan. Y para los parados de larga duración, hay que buscar una salida a los parados mayores de 45 años (380.000), un problema que el pacto social ha dejado para septiembre.

Entre tanto, se pierden 1.500 empleos diarios, el paro sigue creciendo y el Gobierno sólo habla de crear este año entre 50.000 y 100.000 empleos. No sabemos si serán los del Plan a tiempo parcial. Parece como si hubiéramos descubierto la rueda: repartir el empleo. Ya puestos, si los 18,4 millones de españoles ocupados  trabajáramos la mitad, habría 36,8 millones de empleos. Ni un parado: todos ocupados, desde los 16 a los 65 años. No demos ideas…

Ayuntamientos en bancarrota (y más en 2011)

Los 8.000 municipios españoles no saben cómo cerrar sus cuentas de 2010. Y sobre todo las grandes capitales, con Madrid a la cabeza, que llevan meses sin pagar a proveedores y adeudan 3.425 millones sólo a las empresas de limpieza. Pero el problema grave se va a dar en 2011, por la confluencia de tres factores: no van a recibir ni un euro del Plan E (que les aportó 8.000 millones en 2009 y 5.000 en 2010), les tocará  incluso devolver dinero al Estado (porque las entregas a cuenta recibidas en 2010 han sido superiores a lo recaudado) y muchos Ayuntamientos (Madrid y Valencia entre ellos) no podrán refinanciar su deuda no amortizada en 2010, con lo que tendrán que destinar liquidez a pagar a los bancos y no a los proveedores, muchos de ellos pymes que tendrán que cerrar.

ENRIQUE ORTEGA

Un panorama desolador, fruto de dos décadas de crecimiento vertiginoso del gasto municipal, derivado en buena parte del “espejismo” por  los ingresos del boom inmobiliario. Así, entre 2001 y 2008, el gasto municipal creció un 72 %, empujado no sólo por dispendios sin sentido (orquestas a 2 millones de euros para las fiestas, por ejemplo) y obras faraónicas (sólo el soterramiento de la M-30 en Madrid ha costado 6.000 millones de euros), sino también porque los Ayuntamientos han asumido servicios que deberían prestar el Estado o las autonomías y que ofrecen ellos porque sufren más de cerca “la presión del ciudadano”: ayudas sociales, equipamientos, educación, sanidad, servicios sociales… Ofrecen hasta un 35% de “servicios impropios”, según un estudio del REAF.

Con la crisis, los Ayuntamientos han visto caer en picado sus ingresos (sobre todo los del ladrillo) y les han crecido incluso los gastos, por las mayores demandas sociales. Y todos han aplicado cuatro recetas: reducir inversiones, retrasar pagos, intentar sacar más dinero a los contribuyentes y endeudarse. Con ello, la pelota de la deuda municipal ha crecido hasta 36.521 millones de euros y casi un tercio lo deben 6 grandes capitales: Madrid (7.145 millones),  Valencia (862), Barcelona (794), Zaragoza (760), Málaga (712) y Sevilla (519).  

El Gobierno ha querido atar corto a los Ayuntamientos (a los que ya la ley sólo permite endeudarse en un 110% de sus ingresos), con un real decreto por el que los más endeudados tienen que amortizar su deuda antes del 31 de diciembre y no pueden refinanciarla (algo que sí se permite a las autonomías y al Estado). Con eso quiere tranquilizar a los mercados y dar buena imagen exterior, pero la realidad es que hay muchos Ayuntamientos en bancarrota, lo que va a agravar la crisis y el desempleo. Por eso hace falta un Plan de choque realista para ajustar las cuentas de las grandes ciudades. Y eso pasará por reajustes en las cuentas a cambio de ayudas. Madrid y Valencia serían como Grecia e Irlanda y el Gobierno central tendría que hacer de Bruselas.

Pero eso no basta. En paralelo hay que reformar la financiación local, acordando los servicios que han de prestar los Ayuntamientos y cuáles las autonomías y el Estado. Los municipios tienen que poder gestionar sus ingresos, ya que ahora sólo recaudan con impuestos y tasas la mitad de sus ingresos (la otra mitad son transferencias). Una vez hecho el reparto, habrá que ajustar el mapa impositivo, para que los ciudadanos no paguemos dos veces o tres (al Estado central, a las autonomías y a los Ayuntamientos). Que sepamos de verdad  lo que nos cuesta vivir en nuestra ciudad. Y con ese dato, votaremos mejor en las municipales del 2011.