La sequía, una pandemia sin vacuna

España entró en diciembre en una sequía de larga duración, de la que no saldrá hasta otoño (si llueve). Después del primer cuatrimestre más seco de nuestra historia, todo apunta a un verano cálido y seco, que tendrá un alto coste económico y social: restricciones de agua en media España, pérdida de cosechas y un encarecimiento adicional de los alimentos, sobre todo este verano, con otro récord de turistas. La situación es preocupante, sobre todo en Andalucía, Cataluña y Levante, e irá a peor en el futuro, porque el Cambio Climático afectará más al sur de Europa y al Mediterráneo. Estamos ante una sequía que no es puntual y que se va a agravar, según alerta la ONU. Sufrimos una nueva pandemia, para la que no hay vacuna. La clave es afrontar juntos este reto, desde el Gobierno y las autonomías y Ayuntamientos a agricultores, industrias y consumidores, ahorrando agua, gestionándola mejor y gastando más en infraestructuras y desaladoras. El agua es clave en nuestro futuro económico y vital. Hay que salvarla.

Enrique Ortega

El calor extremo y la sequía asolan a medio mundo, como consecuencia del Cambio Climático. Y más a Europa, el continente que más se calienta: su temperatura media aumenta a una velocidad que duplica la media global. Ya en el verano de 2022, Europa sufrió el verano más caluroso desde que hay registros, según Copernicus. Y en el último quinquenio, la temperatura media europea ha subido 2,2 grados por encima de la era pre-industrial (1850-1900), generalizándose una sequía que los europeos sufren desde 2018. Y ahora, el invierno y la primavera en Europa están siendo más cálidos de lo habitual, con lo que los europeos sufriremos otro verano cálido y seco, acompañado de lluvias torrenciales.

En España, como en el resto de la Europa del sur, la situación es aún peor. Por un lado, 2022 fue el año más cálido desde que hay registros (1961), según la AEMET, y terminó con temperaturas entre 5 y 10º superiores a las habituales. Y en 2023 hemos sufrido el mes de abril más cálido de nuestra historia, según la AEMET, tras un 5º invierno consecutivo muy cálido y el 2º marzo con mayores temperaturas del siglo. Y junto a las altas temperaturas, apenas ha llovido: hemos sufrido el primer cuatrimestre más seco de la serie histórica, con 112 litros por metro cuadrado entre enero y abril, un 54% por debajo de lo normal. Y con ello, las precipitaciones en lo que llevamos de año hidrológico (desde el 1 de octubre a mediados de mayo) han caído un -27,5% sobre el año pasado.

Resultado: España entró en diciembre en una sequía de larga duración, de la que no saldrá hasta otoño (si llueve), según la AEMET. Y eso porque los meteorólogos prevén que este verano sea “más cálido de lo normal” (otro año más), sobre todo en el este peninsular, Baleares y Canarias. Y que apenas llueva, agravando la sequía actual. Estos 2 fenómenos, el calor y la sequía, volverán a provocar más incendios forestales, ya iniciados en abril y mayo en muchas zonas de España. Con más virulencia, junto a fenómenos climáticos extremos, como el granizo y las lluvias torrenciales que han sufrido zonas del este y sur de España.

El indicador de la gravedad de la sequía la dan los pantanos, que tienen menos agua que nunca en casi 30 años (desde 1994). La semana pasada, los embalses estaban a menos de la mitad de su capacidad, al 48,2%, por debajo del 50,4% de hace un año, del 62,5% de hace 5 y del 69% de hace 10 años, según embalses.net. Pero la situación es más grave en algunas regiones: Andalucía (embalses al 27,8%, con la Cuenca del Guadalquivir al 24,18%, la del Guadalete-Barbate al 26,11%, la del Guadiana al 32,1% y la cuenca Mediterránea Andaluza al 34,41%), Murcia (embalses al 28,36%, con la cuenca del Segura al 33,3%), Castilla la Mancha (embalses al 37,5%, con la cuenca del Tajo al 59,85%), Cataluña (con los embalses al 39,69%), Cantabria (embalses al 42,96%), Aragón (embalses al 47,36%, con la cuenca del Ebro al 49,68%) y Extremadura (embalses al 49,82%).

Si los datos globales de los embalses son malos, son peores los de los embalses cuya agua se destina al uso humano y a la agricultura: están al 39,9% de su capacidad, frente al 48,3% de hace un año, el 57,4% de hace 5 y el 64,9% de capacidad hace 10 años, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica. Esto ha provocado ya restricciones en el suministro de agua en Andalucía y Cataluña, la región donde algunos Ayuntamientos han tenido que acudir a camiones para abastecer de agua a pequeños municipios de Barcelona y Lleida. De momento, las restricciones no afectan al consumo humano y sí a la utilización de piscinas y al riego de jardines, así como a los agricultores que usan canales de riego. Pero como no se espera que llueva y sí un verano muy caluroso, el temor es lo que puede pasar en julio y agosto, en las zonas de interior y de costa de Cataluña, Andalucía y levante, más Baleares y Canarias, ante la afluencia de turismo español y un nuevo récord de turistas extranjeros, como en 2019 (llegaron 20 millones de turistas foráneos entre julio y agosto).

El calor y la sequía no sólo ponen en riesgo el abastecimiento de agua este verano (lo sufrirán  un 10% de la población, sobre todo en zonas rurales, según los expertos), sino que aumentan también la contaminación, especialmente en las grandes ciudades, porque no hay lluvia que arrastre partículas y pólenes. España está sufriendo ya una de las primaveras más secas de las últimas décadas y eso tiene efectos negativos sobre nuestra salud: más concentración de NO2 y partículas, más riesgo de neumonías y enfermedades crónicas y más alergias (que sufren la mitad de la población), además de daños a la piel (la sequía aumenta las dermatitis). Y no olvidemos las muertes que provocan las olas de calor: en 2022 hubo 5.876 muertes provocadas por las altas temperaturas, según el Instituto de Salud Carlos III. España se ha convertido en el país europeo con más riesgo de muerte por calor extremo: 30 por cada millón de habitantes, el doble que la media UE (15), según The Lancet.

Otra grave consecuencia del calor extremo y la sequía persistente son los daños al campo, a las cosechas y a la ganadería. Ya en 2022, las pérdidas por la sequía superaron los 8.000 millones de euros, según los Jóvenes Agricultores. Y todo apunta a que las pérdidas en 2023 serán superiores, superando los 10.000 millones de euros,  después de que las indemnizaciones pagadas a los agricultores por los seguros agrarios batieran su récord histórico en 2022: 769 millones de euros (frente a una media de 534 millones pagados entre 2007 y 2016 y 695 millones anuales entre 2017 y 2021) Incluso el ministro Planas cree que la situación en el campo es ahora “más dura que en los años 90, por las elevadas temperaturas”. De momento, y pendientes de que llueva o no en mayo y junio, la situación en el campo español es muy grave: “la sequía asfixia ya al 80% del campo español y produce pérdidas irreversibles en más de 5 millones de hectáreas de cereales de secano”, dice el informe de la organización agraria COAG (11 mayo).

El informe de COAG da por perdidas las cosechas de trigo y cebada en Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha, Murcia, Aragón, Madrid, Cataluña y Castilla y León, con el riesgo de que 3,5 millones de hectáreas queden improductivas. Están en riesgo los frutales de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña, porque a la sequía se unen las restricciones al regadío. Y creen que será imposible el cultivo de arroz en Andalucía, mientras la cosecha de aceite y frutos secos en la mitad sur de España será sólo un 20% de la normal. Y la falta de pastos obliga a comprar pienso y forraje a los ganaderos, lo que agravará la situación de la cría de ovejas, cabras y vacas. Y para completar el panorama, los apicultores sufrirán su 3ª mala cosecha de miel, por falta de vegetación y floración.

Estos daños de la sequía, que se pueden agravar si no llueve en los próximos meses o si se repiten las olas de calor, nos anticipan que los alimentos se van a encarecer en los próximos meses, tras estar ya muy caros (suben un +12,9% anual, el triple que el IPC general, un +4,1%): subirán cereales, harina, patatas, arroz, aceite, frutos secos, frutas de fuera de temporada, verduras, carnes, huevos y lácteos… Y sobre todo este verano, cuando se reduzca la oferta de alimentos (por las malas cosechas) y se dispare la demanda, por el récord de turistas. Así que será difícil que baje más la inflación y los alimentos, porque la mitad de su subida se debe a la crisis climática.

También la sequía puede provocar una subida del recibo de la luz. Todavía la luz sigue “barata” (60,27 euros/kwh el viernes, frente a 145 euros el 3 de enero y 327 euros en septiembre de 2022), gracias a la mayor producción de energía renovable (eólica y solar) y a la drástica caída del precio del gas que se utiliza en las centrales térmicas (ha caído de 215,64  euros en septiembre a 25,67 euros el viernes). Pero si cambia el clima (se reduce el viento o las horas de sol) y sube el precio internacional del gas, ahora tenemos poca agua en los pantanos para producir electricidad hidroeléctrica. Los embalses de uso hidroeléctrico están mejor que los de uso humano y agrícola, pero están bajos: al 66,6% de capacidad, mejor que hace un año (55%) pero mucho peor que hace 5 años (72,7%), según la estadística de Transición Ecológica. Las cuencas que concentran las mayores centrales están mal (Ebro y Tajo) o regular (Duero), pero si persiste la sequía, se notará también en estas centrales y en la producción hidroeléctrica. En abril, el agua ha aportado sólo el 8,1% de toda la electricidad producida, según REE,  menos del 11,1% que aportó en el primer cuatrimestre, más que en 2022 (6,47%) y menos que en 2021 (11,4%). Ahora se espera un aumento del consumo eléctrico este verano (sobre todo si es caluroso y “tiramos” del aire acondicionado”), lo que podría encarecer el recibo de la luz, sobre todo se sube el precio del gas.

Como hemos visto, el calor extremo y la sequía tienen un alto coste, en el suministro de agua, las muertes, los daños a las cosechas, la subida de los alimentos y la factura de la luz. Para paliar estos daños, el Gobierno aprobó el 11 de mayo un paquete de medidas extraordinarias contra la sequía, con 2.190 millones. Una parte (784 millones) son ayudas directas a agricultores y ganaderos, más ayudas fiscales y una ampliación de la subvención a los seguros agrarios: habrá 358 millones para subvencionar entre el 50 y el 70% del coste, aunque agricultores y ganaderos aseguran poco sus negocios (sólo un 32% de la producción final agraria está asegurada). El resto del Plan (casi 1.400 millones) son inversiones en las cuencas, en desaladoras y en plantas de reciclaje de agua, además de subvenciones (57 millones) para el pago del canon del agua de los regantes.

La organización agraria COAG cree que estas ayudas son “insuficientes” y piden que se entreguen ya a los agricultores de cereal, los más afectados. Y los ecologistas de Greenpeace también las consideran “insuficientes”, además de “ir en la mala dirección”, porque refuerzan las infraestructuras hidráulicas en lugar de reducir la agricultura industrial, que es el origen del problema: es insostenible porque consume más agua de la que tenemos.

Los ecologistas culpan de los problemas del agua a una agricultura industrial sobredimensionada e insostenible medioambientalmente. Y dan un dato: el 85% del consumo total de agua en España se lo llevan los regadíos, quedando el 15% restante para el consumo particular (10%) y la industria (5%). La realidad es que el regadío no ha parado de crecer en las últimas décadas: se ha pasado de 3 millones de hectáreas en 2010 a 3.877.901 en 2021 y a 4 millones de hectáreas actualmente. Según Ecologistas en Acción, el regadío ha crecido un +64,7% en Castilla la Mancha en los últimos 25 años, un +44% en Andalucía y un +30% en Extremadura, debido al crecimiento de la agricultura “intensiva” y a que ahora se riegan cultivos “leñosos”, que antes eran de secano (olivos, viñas, frutas y cítricos). Actualmente, España (el país más seco del continente) es el país con más hectáreas de regadíos de Europa (4 millones), por delante de  Italia (2 millones), Francia (1,5 millones) y Grecia (1 millón de hectáreas).

Lo que pasa es que España se ha convertido en “la despensa de Europa”, aumentando drásticamente la producción agrícola (y ganadera), con la ayuda del regadío: naranjas, frutas, tomates, cerdos, aceite o vino son “nuestro petróleo” y vendemos fuera el doble de alimentos que de coches. Las exportaciones españolas de alimentos han saltado de 31.497 millones de euros en 2011 a 53.304 millones en 2020 y 62.248 millones en 2022, el doble que hace una década. De hecho, somos el 4º exportador agroalimentario europeo y el 7º del mundo, lo que mantiene 2,5 millones de empleos en España, a costa de un regadío que consume mucha agua, aunque sea cada vez más eficiente. Y a costa de la existencia de 1 millón de pozos ilegales, según Greenpeace, que riegan de forma ilegal 88.645 hectáreas (1,5 veces la superficie de Madrid capital), destruyendo los acuíferos.

El 2º gran consumidor de agua es el consumo humano (10%), que bajó en los últimos años (de 165 litros por habitante y día en 2001 a 127 en 2019), pero que ahora está aumentando (de 128 a 131 litros en 2022, según AEAS-AGA), debido a un cierto “relajo” y a los bajos precios del agua para consumo (1,97 euros m3), de los más baratos de Europa. Y también tiene mucho que ver el récord de turistas: gastan entre 450 y 800 litros por día, según algunos estudios, entre 4 y 6 veces más que un consumidor habitual en España. Eso crea un grave problema de consumo, sobre todo en verano, en Canarias, Baleares, Levante, Costa del Sol y Cataluña, región donde 8 millones de turistas pernoctan en hoteles. Queda el consumo industrial (5%), un porcentaje bajo pero importante, con determinadas industrias más consumidoras de agua (químicas, textiles, industria agroalimentaria, minerales y metales, disolventes y gestión de residuos), que en general carecen de planes de reducción de consumo, también porque pagan precios bajos.  Y no olvidemos otro consumidor oculto: las pérdidas de agua en las instalaciones: cada año se pierden 700.000 litros de agua por fugas y averías (cubrirían el consumo anual de 14 millones de personas), un 20% del consumo total de agua en España, lo que exige importantes inversiones en las viejas redes de abastecimiento.

Al final, la sequía es una pandemia que está aquí, pero contra la que no tenemos “vacuna” como con la COVID-19. Y va a ir a más, según el último informe de la OMM (ONU), por la crisis climática. Eso exigiría un gran Pacto del Agua, para actuar en muchos frentes: frenar el deterioro de ríos y acuíferos, mejorar la calidad del agua, ahorrar consumos innecesarios y frenar las fugas, racionalizar los regadíos y la producción agraria, subir tarifas para reducir el consumo humano e industrial, invertir en infraestructuras, canales y desaladoras, aumentar el peso del agua reciclada y conseguir un turismo sostenible. No hay una solución mágica contra la sequía, sino miles de actuaciones y un objetivo común: salvar el agua, cada vez más escasa pero clave para la economía y la vida. A ello.

La sequía agrava la inflación

Aunque esta semana llueve algo, no soluciona el grave problema de la sequía, en Europa (sufre la peor sequía en 500 años) y en España, con los embalses al nivel más bajo desde hace 27 años. Las olas de calor y la falta de lluvia están afectando seriamente a la economía, provocando una mayor subida de la luz (la energía hidroeléctrica aporta la mitad que en 2021) y de los alimentos, al haber caído la cosecha de cereales, aceite, vino y frutas, obligando a los ganaderos a encarecer leche, huevos y carnes por la falta de forraje. Una sequía que incluye restricciones de agua en media España. Tenemos un serio problema de agua, no sólo porque cada vez llueva menos sino porque se dispara su consumo, sobre todo para la agricultura (85%), para que España sea “la despensa de Europa”. Hay que ahorrar agua, recuperar ríos y acuíferos y usarla mejor, porque el agua es clave también para la economía. Y ahora, la sequía agrava la inflación.

Enrique Ortega

El Cambio Climático se ha acelerado este verano, con olas de calor y falta de lluvia en toda Europa, que sufre la peor sequía en 500 años, según alertó en agosto del Observatorio Europeo de Sequía: el 17% de la UE está en situación de alerta y otro 47% en aviso por sequía (dos tercios del continente sufre el problema), con 340 millones de europeos afectados. Y eso se traduce en un alto coste económico para Europa, por la caída de la energía hidroeléctrica, los problemas en el transporte fluvial (en centro Europa, han cambiado barcazas fluviales por camiones), el mayor consumo de aire acondicionado, el coste de los incendios (660.000 hectáreas quemadas en la UE, un tercio en España) y, sobre todo, la caída de las cosechas, con el consiguiente subida extra de los alimentos.

En España, como en todo el sur de Europa, la situación es más preocupante. Por un lado, el verano 2022 ha sido el más caluroso de la serie histórica (desde 1961), con una temperatura media en agosto de 24,7grados, 0,4 grados más que el anterior verano récord (2003) y 2 grados por encima de la media de temperatura de 1981 a 2010, con 42 días de “olas de calor” entre junio y agosto. Y a este calor inusual se ha sumado la falta de lluvia: ha llovido un 26% menos de los valores normales entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de agosto de 2022, según la AEMET, con un enero y febrero muy secos, un marzo y abril con más lluvias de lo habitual y un verano muy seco. Y ahora, a pesar de las tormentas de esta semana, la AEMET prevé un otoño más seco (y cálido) de lo habitual.

La falta de lluvias y el calor excesivo han  provocado una caída drástica del agua embalsada: este martes 13 de septiembre, cuando llovía en casi toda España, los embalses estaban al 34,22% de su capacidad, frente al 40,74% hace un año y el 51,88% hace 10 años, según embalses.net. Es el menor porcentaje de agua embalsada desde el año 1.995 (31,03%). Y están por debajo de ese 34,22% los embalses vitales de Andalucía y Extremadura, las cuencas del Guadalquivir (al 20,95% capacidad), Guadiana (23,91%) y Guadalete-Barbate (23,99%), estando muy bajos en la cuenca del Duero (33,04%), Segura (35,18%), Tajo (36,66%), Cataluña interior (38,26%), Ebro (39,48%) y Miño-Sil (46,67%).

La primera consecuencia de este “nivel rojo” en los embalses es que media España ha sufrido restricciones de agua, sobre todo en agosto (al haber más población en el sur y este de España, por el turismo): en unos casos (Galicia, Cataluña, Andalucía, Extremadura, Castilla y León) ha habido que llevar agua a muchos pueblos con camiones cisternas y con barcos (Euskadi). Y en muchos municipios se ha prohibido regar jardines, ducharse en las playas o llenar piscinas. Y si no llueve este otoño, pueden agravarse las restricciones, sobre todo en Andalucía, Extremadura, Cataluña y Galicia.

La segunda consecuencia de la sequía y la falta de agua en los embalses es la mayor subida de la luz, derivada de la caída de la energía hidroeléctrica, que se ha desplomado al nivel más bajo en 30 años. Este año, de enero al 15 de agosto, las centrales hidroeléctricas han aportado la mitad de energía eléctrica que en 2021, obligando que funcionaran muchas más horas las centrales de gas y disparando así el precio de la electricidad (la luz ha subido un +60,6% en el último año, según el INE). Y mucho tiene que ver, además de la guerra de Ucrania y el precio del gas, la sequía y la falta de agua en los embalses: la energía hidráulica sólo aporta en septiembre el 4% de la energía eléctrica, cuando en 2021 aportó el 11,4% y en 2018 (con los embalses al 82%) aportaba el 13,8% de la electricidad.

La tercera consecuencia de la actual sequía es que ha dañado muy seriamente las cosechas y la ganadería, encareciendo los alimentos y disparando aún más la inflación. Según las organizaciones agrarias COAG y ASAJA, la sequía ya ha dañado de forma irreversible la cosecha de cereales (trigo, cebada, avena y centeno), recortándola un -23% sobre la media de los últimos tres años. En maíz se espera recoger un 25% menos  y en girasol, las olas de calor y la falta de lluvia reducirán el rendimiento a la mitad. En el viñedo, el clima ha obligado a adelantar una vendimia que espera recoger entre un 15 y un 20% menos de uva. En el olivar, ha afectado muy seriamente a las 900.000 has de regadío (de un total de 2,7 millones) y se espera recoger un 20% menos de cosecha (tras la caída de 2021). En arroz, frutas y hortalizas, el calor y la sequía (más las heladas y pedrisco) ha deteriorado las cosechas. Y para terminar, la falta de pastos ha obligado a los ganaderos a gastar más en piensos y forrajes, reduciendo producción y encareciendo leche, huevos y carnes.

Todo ello ha desembocado en una fuerte subida de los alimentos este año, no sólo por la guerra de Ucrania y la energía (que suben los costes de agricultores y ganaderos) sino también por la sequía y las olas de calor, por su desastroso efecto sobre las cosechas y la ganadería. Basta ver los datos del INE, sobre la inflación en agosto, con una subida anual de los alimentos del +13,8%, la mayor desde 1994. Y lo que más sube son los cultivos más afectados por la sequía: cereales (+21,7%), mantequilla (+31,8%) y leche (+25,6%), aceites y grasas (+24%), huevos (+22,4%), carne de pollo (+17,6%) y vaca (+15,2%), patatas (+15,9%),  lácteos (+15,8%), pan (+15,2%), legumbres y hortalizas (+14,8%) o las frutas (+12,1%). Subidas que tienen mucho que ver con el aumento de costes y la subida de márgenes de los intermediarios, pero también con el clima y la sequía, con las malas cosechas.

Este problema, la subida de los alimentos, está muy ligado al Cambio Climático y por eso irá a más en el futuro, cuando se resuelva el conflicto de Ucrania y la crisis de la energía. El problema se agravará más en España, porque sufriremos más la falta de agua (los recursos hídricos podrían disminuir un 11%),  debido a dos causas: el 75% de la superficie está en riesgo de desertificación, con un “estrés hídrico” alto o severo, y el 25% de los acuíferos están en riesgo de agotarse. Así que se espera que llueva menos y eso nos afectará más porque tenemos un terreno que capta peor el agua y unas reservas subterráneas (acuíferos y pozos) muy agotadas. Pero el mayor problema no es sólo que vaya a llover menos en el futuro sino que ya hoy consumimos demasiada agua.

¿Quién consume la poca agua que tenemos? Básicamente, la agricultura, los regadíos, que se llevan el 85% del consumo (del 80 al 90%, según zonas). Y además, el gasto de agua de la agricultura y ganadería se ha disparado, mientras se reducía el agua disponible: se ha pasado de 3.044.710 hectáreas regadas en 2010 a 3.877.901 hectáreas en 2021, según los datos del Ministerio de Agricultura. Y en realidad, superan los 4 millones has, por el aumento de los riegos ilegales, según diversas ONGs. Eso coloca a España (el país con menos lluvias de Europa) como el país con más regadíos del continente, muy por delante de Italia (2 millones has regadas), Francia (1,5 millones) y Grecia (1 millón has). Es el precio (en agua) que pagamos por ser “la despensa de Europa”: naranjas, frutas, tomates, cerdo, aceite o vino son nuestro “petróleo” y vendemos fuera el doble de alimentos que de coches. Somos el 4º exportador agroalimentario europeo y el 7º del mundo, lo que mantiene 2,5 millones de empleos en España, a costa de un regadío que esquilma el agua.

El gran salto en los regadíos se ha dado en la última década, por el crecimiento de la agricultura intensiva y, sobre todo, porque se riegan ahora cultivos leñosos que antes eran de secano: olivos (suponen ya un 22,58% de la superficie regada), viñas (10,25%), frutales (10,56%) y cítricos (7,40% de la superficie regada), aunque la mayor superficie de regadío siguen siendo los cereales (24,06% del total regado), según los datos de Agricultura (2021). Andalucía (1,1 millones de has regadas), Castilla la Mancha (582.767 has), Castilla y León (472.113 has) y Aragón (420.527 has), regiones muy secas, se llevan más de la mitad del agua para la agricultura, aunque las regiones con más peso del regadío son Canarias (el 58% de la superficie cultivable se riega), Comunidad Valenciana (45,7%), Murcia (39,19%), Navarra (31,27%) y Andalucía (31,84%), todas más que la media (22,94% cultivos).

El segundo gran consumidor de agua en España (12% del total) son los hogares y el ocio, con un gasto medio de 132 litros por persona, que está en la media europea, sólo por encima del consumo doméstico en Alemania (125 litros habitante) y con menos gasto de agua que en Italia (220 litros), Portugal (205), Francia (170), Grecia (150) y reino Unido (140 litros por persona). Pero los expertos creen que aún gastamos demasiada agua en casa, debido a que la pagamos más barata: una media de 1,88 euros/m3, el 7º precio más barato de Europa, donde se paga de tarifa doméstica desde los 9,32 euros/m3 en Dinamarca a 4 euros en Francia, 3,50 en Reino Unido o 2 euros en Italia. Y el tercer gran consumidor de agua son las industrias (3% del total), donde hay una gran divergencia por sectores y negocios, aunque se echan en falta planes de ahorro, también por las bajas tarifas del agua para las industrias.

Esos son los consumos “oficiales” de agua, pero las ONGs llevan años denunciando “el robo de agua” por muchos agricultores y ganaderos, también por algunas industrias. En España puede haber hasta 1 millón de pozos ilegales robando agua de nuestros acuíferos, según una estimación de Greenpeace. Y la ONG WWF ha publicado un informe (“El saqueo del agua”) donde investigó 4 grandes acuíferos (Doñana, las Tablas, Mar Menor y los Arenales) y descubrió que riegan de forma ilegal 88.645 hectáreas (1,5 veces la superficie de Madrid capital), con 220 millones de m3 de agua robada. A primeros de septiembre se secó la laguna de Santa Olalla, la última laguna de Doñana, por la sequía y la sobreexplotación de acuíferos (por el turismo y los cultivos regados).

El agua en España, además de ser escasa, por la sequía y el consumo disparado en la agricultura, tiene mala calidad, debido a que la agricultura y la ganadería intensivas lanzan restos de fertilizantes (nitratos y fósforo) y purines, que se transfieren a ríos y aguas subterráneas, con un serio peligro para la salud y los ecosistemas. Por ello, la Comisión Europea, en octubre de 2021, alertó a España y otros 11 países europeos (Alemania, Bélgica y Países Bajos entre ellos) por “registrar una mala calidad del agua en todo su territorio y un problema sistémico para gestionar la contaminación por nutrientes de la agricultura”. Y ha puesto en marcha un proceso de infracción, que puede acarrear multas a los países. Además, España ya paga (desde 2018) una multa importante “por falta de depuración de aguas residuales en 9 aglomeraciones urbanas” (donde viven 350.000 personas). Y este mes de abril, la Comisión ha vuelto a llevar a España ante la Justicia europea por incumplir el tratamiento de las aguas residuales en otras 133 poblaciones…

Visto el panorama, es evidente que España tiene un serio problema de agua, en cantidad y calidad, llueva o no (con sequía más, claro). E irá a peor con el Cambio Climático, porque España será uno de los 33 países del mundo con problemas serios de desabastecimiento de agua en 2040, según un informe del Word Resources Institute. Eso obliga a plantearse la política del agua como una prioridad de futuro. Para afrontarla, el Gobierno presentó en junio de 2021 los borradores de Planes Hidrológicos para 2022-27, reformulando el actual Plan Hidrológico de 2001. Su objetivo es reducir el consumo de agua un 5%, aumentar las desaladoras e invertir 21.000 millones de euros (la mayoría con Fondos europeos) en la restauración de ríos (11.000 millones), saneamiento y depuración de aguas (650 millones), restaurar acuíferos y mitigar el riesgo de inundaciones (800 millones) y facilitar la transición digital de la agricultura (250 millones), junto a un Decreto-ley para reducir la contaminación del agua de origen agrícola-ganadero. Ahora, las autonomías están preparando los Planes de Cuencas, pero con el riesgo de enfrentamientos regionales y “politización” de la política del agua, que exige un gran Pacto político y regional para repartir la escasez.

Las ONGs piden “ir más lejos” en la política del agua, con propuestas más radicales: reducir un 25% la superficie de regadío en 6 años (con un tope de 3 millones de has), eliminar los regadíos ilegales y clausurar esos pozos no autorizados en 6 años, depurar el 100% de las aguas residuales de consumo humano e industrial para 2027, no subvencionar el agua desalada para riegos agrícolas y subir las tarifas de agua para fomentar un consumo responsable de los usuarios. Otros expertos  piden trasvases interterritoriales (polémicos pero necesarios), reducir pérdidas agua en los suministros, recuperar las aguas de lluvia y, sobre todo, modernizar los sistemas de regadío para que sean más eficientes.

Como siempre, no hay atajos ni soluciones fáciles, sino que urge tomar múltiples medidas a corto y medio plazo para afrontar la falta de agua, llueva o no. Porque el agua es clave, no sólo para la vida sino para asegurar el crecimiento y la economía. Ya lo vemos ahora, con el calor y la sequía agravando la inflación. Hay que luchar con firmeza contra el Cambio Climático y por el agua, un bien más escaso cada año.

Sequía, gran consumo y robo de agua

Tras un verano muy seco, se espera un otoño con pocas lluvias, que agravará la preocupante situación de los embalses, a un tercio de su capacidad y con la mitad de agua embalsada que hace una década. Por eso, se teme una grave sequía el próximo verano. Pero 4,3 millones de españoles ya tienen falta de agua hoy: la Confederación del Guadalquivir ha decretado la alerta “por sequía extraordinaria” en 554 localidades de Andalucía,  Castilla la Mancha y Extremadura. Y Cataluña ha declarado la alerta por sequía en 22 municipios del Alt Empordá. El problema no es sólo que llueva poco: se consume demasiada agua, sobre todo la agricultura (85% consumo), por los regadíos, los mayores de Europa. Y además, roban agua de los acuíferos, con un millón de pozos ilegales. Urge reordenar el consumo, regenerando unas aguas muy contaminadas, como nos advierte la UE. Hay Planes para invertir 21.000 millones hasta 2027, con Fondos Europeos.  O cuidamos el agua o faltará en pocos años.

Enrique Ortega

Es evidente que el clima está cambiando desde hace unas décadas, con una subida de la temperatura (+0,3 grados por década en España desde los años 60) y menos lluvias: las precipitaciones medias se han ido reduciendo en los últimos 50 años y caen unos 18,7 litros menos por metro cuadrado desde 1961, lo que se traduce en una reducción de las lluvias en torno al 2,8%, según el balance de la Agencia de Meteorología (AEMET). Además, han cambiado “los patrones” y ahora España sufre “más lluvias torrenciales en un entorno de sequía meteorológica”, como bien lo saben muchas zonas de Levante y Baleares.

En el último año meteorológico (1 octubre 2020-30 septiembre 2021) ha caído una precipitación acumulada media de 606 mm, un -5% por debajo de la media de referencia (1981-2010), según el balance de la AEMET, siendo el 8º año más seco del siglo XXI. Las lluvias no han alcanzado los valores normales en el tercio sur de España y tampoco en el cuadrante norte peninsular, la mitad norte de Castilla y León, el este de Navarra y los archipiélagos de Baleares y Canarias, destacando la baja precipitación en el litoral de Cataluña, Córdoba y Jaén, los límites entre Cádiz, Sevilla y Málaga, el este de Mallorca y varias islas de Canarias (en especial Fuerteventura).

Esta falta de lluvia y el fuerte consumo de agua han llevado a vaciar la mayoría de los embalses, que están a un tercio de su capacidad (39,38% el 16 de noviembre), según Embalses.net. Un nivel de agua embalsada que es un 12% inferior al de hace un año (47.21% de ocupación) y casi la mitad del que había hace una década (62,2% de capacidad en los embalses en noviembre de 2011). La situación más preocupante se da en los embalses de  10 autonomías: Murcia (21,62% de agua embalsada), Navarra (30,03%), Andalucía (30,3%), Castilla la Mancha (35,52%), la Rioja (36,21%), Extremadura (36,90%), Cantabria (39,48%), Castilla y León (40,15%), Galicia (45,16%) y la Comunidad Valenciana (48,38%). Y mirando por Cuencas Hidrográficas, hay  8 cuyos embalses están por debajo de la mitad de su capacidad: Guadalquivir (26,35%), Guadiana (30,10%), Segura (33,51%), Mediterránea Andaluza (34,07%), Duero (40,55%), Miño-Sil (41,75%), Tajo (44,19%) y Ebro (48,75%, según los últimos datos publicados por Embalses.net. Un preocupante panorama.

Ahora, la previsión de los meteorólogos es que tengamos un otoño seco, con una gran probabilidad de que “las precipitaciones se encuentren en el tercil seco en toda España, con menores posibilidades cuanto más al Este”, según la AEMT, que espera en el 4º trimestre de este 2021 unas precipitaciones “inferiores a las normales”. Con ello, y un invierno similar, se espera que los embalses sigan muy bajos al inicio de la primavera y el próximo verano, con un serio riesgo de provocarse otra gran sequía, como las tres sufridas ya en España en las últimas tres décadas (1982-84, 1991-96 y 2005-2009).

De momento, esta sequía ya la sufren hoy 4,3 millones de españoles que viven en Andalucía (Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada), Castilla la Mancha y Extremadura, afectados todos por la alerta decretada el 2 de noviembre por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que ha establecido una “situación excepcional por sequía extraordinaria”, debido a una falta importante de agua en el 80% de la Cuenca (la 3ª mayor de España, con 49 embalses), donde no se sufría una sequía tan grave desde 2008. No se prevén de momento cortes de agua generalizados (como en los años 80 y 90) para el consumo humano (10% del consumo total), pero sí cortes puntuales de suministro de agua en algunos pueblos. Y se han aprobado restricciones de consumo para la industria (3% del consumo total) y, sobre todo, para la agricultura y los regadíos (que consumen el 87% del agua en Andalucía).

La Cuenca del Guadiana está “en prealerta” y si no llueve este otoño podría acabar también en alerta por sequía. Y en Cataluña, la Agencia del Agua ya declaró, el 28 de octubre, “la alerta por sequía” en 22 municipios del Alt Empordá, que se abastecen del acuífero Fluviá Muga. Allí se ha limitado el consumo de agua en los domicilios (a un máximo de 250 litros diarios por persona), determinados consumos urbanos (riego jardines, limpieza de calles…) y un recorte del consumo en regadíos (-25%), ganadería (-10%) e industrias (-5%).

El problema ya no es que llueva menos, sino que con el Cambio Climático va a haber menos precipitaciones cada año, sobre todo en el sur de Europa y especialmente en España. De hecho, disponemos de un 20% menos de recursos hidráulicos que en los años 90. Pero  aunque lloviera lo mismo (que no va a pasar), tendríamos problemas porque el consumo de agua crece mucho más que el agua disponible. Y así crece “el estrés hídrico”, en toda España pero especialmente en el sur, este e islas.

¿Quién consume la poca agua que tenemos? Básicamente, la agricultura, los regadíos, que se llevan el 85% del consumo (del 80 al 90%, según zonas). Y este gasto de agua por la agricultura (y ganadería, menos) ha ido en aumento en la última década, mientras se reducía el agua disponible, por el gran salto en la superficie de los regadíos: de 3.044.710 hectáreas regables en 2010 se ha pasado a 3.831.181 hectáreas en 2020, según los datos oficiales del Ministerio de Agricultura. Y podrían haber superado ya los 4 millones de hectáreas, según distintas ONGs. Eso coloca a España (el país con menos lluvias de Europa) como el país con más regadíos del continente europeo, muy por delante de Italia (2 millones de Has regadas), Francia (1,5 millones) o Grecia (1 millón Has).

El salto en los regadíos se ha dado en la última década por un crecimiento de la agricultura intensiva y, sobre todo, porque se han empezado a regar cultivos leñosos que antes eran de secano: olivos, viñas y almendros, principalmente. Y eso, para aumentar la rentabilidad de las explotaciones, aprovechando el bajo precio del agua (muy inferior al del resto de Europa). Con ello, los cereales de regadío sólo suponen el 24,7% de la superficie total regada, con un 21,78% el olivar, un 10,4% el viñedo y otro 10,24% los frutales no cítricos. Las regiones con más regadío son Murcia (15,88% de su superficie total y 38,46% de las tierras cultivadas), Andalucía (en regadío el 12,76% de su superficie total y el 31,57% de sus tierras cultivadas) y la Comunidad Valenciana (12,55% territorio se riega y el 45.74% de la superficie cultivada), aunque también destacan Canarias (el 57,36% de su superficie cultivada se riega) y Cataluña (riegan el 32,57% de su superficie cultivada), según los datos oficiales.

El segundo gran consumidor de agua (12% del total) son los hogares y el ocio, con un gasto medio de 132 litros por persona en 2020, un consumo que nos coloca como el 12º país en el ranking europeo de consumo doméstico de agua, sólo por delante de Alemania (125 litros) y con menos gasto que Italia (220 litros), Portugal (205), Francia (170), Grecia (150) y Reino Unido (140 litros por persona). Los expertos creen que los españoles gastamos demasiada agua en casa y que no se controla su uso porque la pagamos barata: a una media de 1,88 euros/m3, el 7º precio más barato en Europa, donde se paga por el agua doméstica desde 9,32 euros/m3 en Dinamarca a 4 euros en Francia, 3,50 en Reino Unido o 2 euros en Italia. El tercer consumidor  de agua son las industrias (3% del consumo total), donde hay una gran divergencia por sectores y negocios, aunque se echan de menos planes de ahorro, debido también al bajo precio del agua para consumo industrial.

Estos son los consumos “oficiales” de agua, pero las ONGs llevan años denunciando el robo de agua por muchos agricultores y ganaderos, también por algunas industrias. De hecho, en España puede haber hasta 1 millón de pozos ilegales robando agua de nuestros acuíferos, según una estimación de Greenpeace.  Y la ONG WWF acaba de publicar un informe, “El saqueo del agua”, donde ha investigado 4 grandes acuíferos (Doñana, las Tablas, Mar Menor y los Arenales) y ha descubierto que se riegan de forma ilegal 88.645 hectáreas, una superficie 1,5 veces la ciudad de Madrid, con 220 millones de m3 de agua robada. El delito más grave se da en el acuífero de las Tablas de Daimiel (Ciudad Real), donde se riegan ilegalmente 51.400 hectáreas (como 63.000 campos de fútbol) mientras la Administración tiene que acudir a aportaciones externas para salvar las lagunas. En el acuífero de Los Arenales (en el sur de Valladolid, noreste de Salamanca y noroeste de Segovia), se riegan ilegalmente otras 23.975 Has (29.000 campos de fútbol), básicamente nuevos cultivos de patata, maíz, hortícola y remolacha. En el Mar Menor (Murcia) se riegan ilegalmente 8.460 Has, contaminando aún más con nitratos y fosfatos la mayor laguna salada de Europa. Y en Doñana (Cádiz), se riegan ilegalmente 5.700 hectáreas, sobre todo fresas.

El agua en España, además de ser escasa por un consumo desatado en la agricultura, tiene mala calidad, debido a que la agricultura y la ganadería intensivas lanzan restos de fertilizantes (nitratos y fósforo)  y purines, que se transfieren a ríos y aguas subterráneas, con un serio riesgo para la salud y los ecosistemas. Por ello, la Comisión Europea acaba de alertar (en octubre 2021) a España y otros 11 paises europeos (Alemania, Bélgica y Paises Bajos entre ellos) por “registrar una mala calidad del agua en todo su territorio y un problema sistémico para gestionar la contaminación por nutrientes procedentes de la agricultura”. Y ha puesto en marcha procesos de infracción contra 10 paises, entre ellos España.

Mientras preparan esta multa por mala gestión de la calidad del agua, ya tenemos una multa importante, impuesta en 2018 por el Tribunal Europeo de Justicia a España, “por falta de depuración de las aguas residuales en 9 aglomeraciones urbanas” (donde viven 350.000 habitantes). La multa crece cada trimestre que no se remedia el problema y ahora son ya 53,4 millones de sanción (la mayor nunca impuesta por la UE a España), mientras siguen sin resolverse los problemas de depuración  en localidades de Huelva, Málaga, Cádiz, Gijón y Tenerife, habiéndose arreglado sólo en Tarifa (Cádiz). Es sólo una muestra de un problema serio: España depura menos sus aguas residuales (un 63,6% frente al 72% en Francia o el 88% en Alemania), otra vía de disponer de más agua para muchos consumos.

Visto el panorama, parece claro que tenemos un serio problema de agua, en cantidad y calidad, llueva o no. Y además, el Cambio Climático asegura que las lluvias irán a menos en los próximos años: el informe de la ONU (IPCC) estima que vamos a un recorte del -20% en las precipitaciones a medio plazo, incluso más en el sur de Europa (-30% de lluvias). Y encima, el 40% del suelo español está en proceso de desertificación. Por todo ello, España podría ser uno de los 33 paises del mundo con problemas de abastecimiento de agua en 2040, según un informe del World Resources Institute.

Para afrontar este viejo problema del agua en España, el Gobierno presentó el 21 de junio de 2021 los borradores de los Planes Hidrológicos para 2022-2027, la herramienta para gestionar el problema del agua en los próximos 6 años, ahora en periodo de consulta pública. El objetivo es reducir el consumo de agua un 5%, aumentar las desaladoras e invertir 21.000 millones de euros, la mayoría con Fondos europeos, en la restauración de los ríos (11.000 millones), saneamiento y depuración de aguas (650 millones), restaurar acuíferos y ecosistemas y mitigar riesgo inundaciones (800 millones) y facilitar la transición digital de la agricultura (250 millones). Además se va a aprobar un Decreto-ley para luchar contra “la contaminación difusa”, producida por nitratos y fosfatos de origen agrícola.

Algunas autonomías han acogido bien estos futuros Planes Hidrológicos (Castilla la Mancha y Comunidad Valenciana) pero otras no (Murcia y Andalucía), lo que indica que la política del agua va a politizarse de nuevo, como en las últimas décadas, siendo una “bandera regionalista” de enfrentamientos. Las ONGs ven bien la mayoría de las medidas, pero piden “ir más lejos”, con propuestas más radicales: reducir un 25% la superficie de regadío en 6 años (con un tope de 3 millones de Has), eliminar los regadíos ilegales y clausurar esos pozos no autorizados en 6 años, conseguir depurar el 100% de las aguas residuales de consumo humano e industriales para 2027, no subvencionar el agua desalada para riegos agrícolas y subir las tarifas de agua para fomentar un consumo responsable.

La falta de agua es una de las consecuencias más graves del Cambio Climático y todos los paises tienen que aprobar políticas para salvaguardar que haya agua suficiente y de calidad.  No hay economía sin agua. Está bien que España sea “la despensa de Europa”, pero no puede ser a costa de futuras sequías. Habría que alcanzar un gran Pacto del Agua (como con el Cambio Climático, las pensiones, la educación o la sanidad),  al margen de las batallas políticas a corto plazo. Nos jugamos el futuro más cercano. Sin agua no hay crecimiento ni empleo ni vida. La naturaleza y los embalses nos están avisando. Reaccionemos.

Sequía: urge tomar medidas para tener agua

Ha llovido algo este mes, pero insuficiente para resolver la grave sequía que padecemos: los pantanos están al 37,7% de capacidad, el nivel más bajo desde 1994.Y no estamos ante un problema coyuntural: por culpa del Cambio Climático, cada vez lloverá menos y hará más calor, con lo que las sequías serán más frecuentes y más agudas. Urge tomar medidas, no sólo para garantizar el suministro de agua la próxima primavera y verano sino dentro de 20 años, cuando España tenga un angustioso problema de agua. Las soluciones pasan por ahorrar agua (sobre todo en la agricultura, que consume el 82%), recuperar acuíferos, desaladoras y aguas residuales, reducir fugas en los suministros (se pierden 1 de cada 5 litros) y mejorar la calidad del agua, que provoca un consumo de 120 litros al año de agua embotellada. Y además, hacer fuertes inversiones hidráulicas y subir las tarifas del agua, las octavas más bajas de toda Europa. Sin  garantizar el agua, no hay futuro.

enrique ortega

Estamos sufriendo la primera gran sequía del siglo XXI, tan grave como la que sufrió España a finales del siglo XX (1.991-1995). Ya entre 2014 y 2016 llovió un 6% menos que la media. Pero la falta de lluvias se ha agravado en 2017: entre enero y octubre llovió un 24,33% menos que la media de esos meses entre 1.981 y 2000, según la AEMET. Y mientras 2017 será el año más seco del siglo, será también el más caluroso, con un aumento de la temperatura media de 1,4 grados sobre la media 1981-2010. Pero además de sufrir los efectos del Cambio Climático (menos lluvias y más calor), la sequía se agrava en España por factores propios: erosión y desertificación de los suelos, sobre explotación de acuíferos, contaminación de las aguas, escasa depuración de aguas residuales y poca utilización de las desalinizadoras, junto a un consumo excesivo y creciente de agua, sobre todo por los regadíos, las industrias, las urbanizaciones en la costa y el turismo récord.

El agua disponible es ahora un 20% inferior a los caudales de hace 30 años, según Ecologistas en Acción, y el resultado se ve en los pantanos, que están al 37,72% de su capacidad (18 diciembre), según los datos del Ministerio de Medio Ambiente, el nivel más bajo de los últimos 23 años (desde 1994). Las lluvias de diciembre apenas han subido los niveles unas centésimas y hay tres cuencas hidrográficas bajo mínimos: Segura (embalses al 13,85% de capacidad), Júcar (25,02%) y Duero (30,22%), a las que siguen la Mediterránea andaluza (30,66%), Guadalquivir (31,67%), Tajo (37,35%) y Guadalete (39,01%).

Con este nivel de agua embalsada, si no llueve bastante este invierno, podría haber problemas para garantizar el suministro de agua la próxima primavera y el verano, sobre todo en Levante (Comunidad Valenciana y Murcia), Andalucía y sur de Aragón. Pero además, la grave sequía que sufrimos ya nos está pasando otras facturas. La primera, encarecer el recibo de la luz un 11,7% este año (hasta noviembre), debido a que se produce más electricidad con carbón, gas y fuel, que son más caros (y más contaminantes). Además, la falta de agua y el calor excesivo han hundido muchas cosechas y agostado los pastos para el ganado, con lo que se han encarecido los alimentos: son lo que más sube en el IPC (+2,2% frente al 1,6% de subida anual hasta noviembre), especialmente aceites (+9%), frutas (+8%), legumbres y hortalizas (+7,5%),  cordero (+4%) y cerdo (+2,7%).

El Gobierno Rajoy aprobó el 9 de junio un real decreto Ley para paliar los daños de la sequía en el campo, con medidas específicas para las cuencas del Segura, Júcar y Duero, donde los agricultores tendrán exenciones en las tasas de riego, ayudas para compensar pérdidas, moratoria en el pago de cuotas a la Seguridad Social y crédito preferencial hasta 1.000 millones de euros. Las medidas se debaten ahora en el Senado y no se aprobarán hasta febrero, pero toda la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) ha pedido que se incluyan también a los agricultores de otras zonas afectadas, como el Guadiana, cabecera del Tajo, la Rioja y Teruel. Y muchos expertos critican este decreto-Ley de sequía (como los de años anteriores) porque suponen una “socialización de costes”: las ayudas no van a los agricultores más vulnerables sino a todos y benefician más a los grandes usuarios del agua, los regantes con más recursos, del Tajo-Segura y Taibilla (Cartagena).

Y, sobre todo, los expertos critican que el Gobierno Rajoy actúe con medidas de urgencia sólo para el campo y no aproveche la grave sequía para planificar la política del agua a medio plazo, mientras España carece de un Plan Hidrológico Nacional (el último, de 2001, fue parcialmente anulado en 2005). Y eso que la OCDE ha alertado al Gobierno, en su último informe sobre España (marzo 2017), que somos el tercer país occidental con más “tensión hídrica”, porque consumimos un alto porcentaje de agua sobre los recursos disponibles: un 34% frente al 10% de media en los 35 países OCDE, sólo superados por Italia e Israel (46%) y muy alejados de Francia (15,5%) o Portugal (13%). Y 7 de las 10 cuencas hidrográficas con más sequía en Europa están en España. Además, la OCDE desvela otros graves problemas del agua en España: sobreexplotación de las aguas subterráneas, contaminación de aguas superficiales y profundas, bajo nivel de depuración de aguas residuales (la Comisión Europea nos abrió varios expedientes por no depurar bien en 800 localidades donde viven 6 millones de españoles) y un escaso uso de las desaladoras (pagadas con fondos europeos y que sólo se usan un 17% en el Mediterráneo).

Si el agua es un problema serio hoy en España, lo va a ser más en los próximos años, porque vamos a sufrir más que el resto de Europa los efectos del Cambio Climático, según los expertos. Así, el estrés hídrico se va a duplicar, del 34% actual al 65% en 2040, según la previsión del World Resources Institute (WRI). Y eso provocará mayores riesgos para el suministro de agua, sobre todo en Levante y Andalucía, afectando seriamente a la agricultura, la industria, el turismo y el consumo de las familias. Ya antes, para 2021, habrá en España un 20% menos de agua que en 1990 y el consumo crecerá otro 10%, con lo que el déficit de agua actual crecerá un 30% dentro de sólo cuatro años, según las estimaciones de Ecologistas en Acción. Como para preocuparse en serio y tomar medidas.

¿Qué se puede hacer? Hay que actuar en varios frentes a la vez. El primero, reducir el consumo de agua, ahorrar. Y eso pasa, sobre todo, por reducir el consumo de los regadíos, que gastan el 82,1% del agua total. Para lograrlo, hay que reducir las hectáreas actuales de regadío y no aprobar más: Ecologistas en Acción propone reducir las 4 millones de hectáreas actuales a 3/3,2 millones, mientras los Planes de cuenca aprobados por el Gobierno en 2016 autorizaron 750.000 hectáreas más. Y en paralelo, forzar a los agricultores a que tengan regadíos más eficientes, que gasten menos agua, ayudándoles con créditos baratos y subidas de tarifas del agua de riego (para que la gasten mejor). También deben reducir su consumo de agua el turismo y las urbanizaciones de costa (8% consumo de agua), sobre todo en la zona mediterránea: un turista consume entre 3 y 4 veces más agua que un habitante de la zona, según un estudio de IMDEA. Y lo mismo las grandes industrias (2,25% del consumo total de agua), que deben ahorrar y pagar más por el agua.

Y quedan los particulares, las familias, que no consumen mucha agua (4,8% del total), pero cuyo ahorro es muy importante, sobre todo en las grandes ciudades de Levante y el sur. La medida más eficaz sería subir las tarifas del agua, porque son las octavas más baratas de Europa: 2,18 euros por m3, un 35,3% menos que la tarifa media europea, 3,37 euros por m3. Y muy lejos del coste del agua en Dinamarca (7,32 euros/m3), Alemania (5,20 euros/m3), Reino Unido (4,36 euros/m3) o Francia (3,60 euros/m3), aunque por encima del coste en Portugal (2,15 euros), Polonia (2,05) o Italia (1,10 euros/m3), según datos de International Water Association. Los expertos creen que el agua para usos domésticos debería subir en España entre un 20% y un 30% (entre 0,48 y 0,65 euros/m3), para fomentar el ahorro y permitir invertir más en las redes de abastecimiento y saneamiento, viejas y bastante deterioradas. Y piensan que esa subida es asumible, porque pagar el agua no supera el 2% del gasto de una familia mientras la luz o el gas pueden llegar al 8%.

Otra vía de ahorro de agua sería reducir las fugas y pérdidas en el abastecimiento de agua, que son escandalosamente elevadas: 972 hectómetros cúbicos, el equivalente al caudal del río Ebro y un 19% del agua que se consume en España. Corregirlo pasa por invertir más en las infraestructuras de abastecimiento, viejas y bastante abandonadas. De los 224.000 kilómetros de la red de distribución de agua, el 41% tiene más de 30 años y sólo se renueva el 0,9% cada año. Y de la red de alcantarillado, 165.000 kilómetros, el 40% tiene más de 30 años y sólo se renueva el O,6% cada año, según iAgua.

El segundo frente a actuación, tras el ahorro, es conseguir más agua, por tres vías: recuperación de aguas subterráneas (acuíferos), desaladoras y recuperación de aguas residuales. En España hay un gran potencial en las aguas subterráneas (debajo de Madrid, por ejemplo, hay un acuífero de 2.600 km2 y hasta 3.000 metros de profundidad en algunos lugares), pero están sobreexplotadas en muchas zonas y contaminadas, lo que exigiría regenerarlas y cerrar los pozos ilegales. En cuanto a las desaladoras, pueden ser claves para asegurar el abastecimiento en Levante y sur de España, pero hoy apenas se utilizan porque su agua es muy cara, por el alto coste de la luz. Haría falta reconvertir estas desaladoras con energía solar y los nuevos avances químicos en el tratamiento de aguas. Una tercera vía para aumentar la oferta de agua (para la agricultura, la industria y el turismo) es la reutilización de aguas residuales, que hoy es mínima: sólo se reutiliza el 8,8% del agua depurada (varía del 1,3% en Cataluña, 2,2% en Madrid, 11,7% en Baleares, 44,8% en Valencia y 64,7% en Murcia), según AEAS, frente al 70% en California o Israel, por ejemplo. Y España incumple la Directiva europea de saneamiento en un 16% del territorio.

Un tercer frente de actuación pasa por mejorar la calidad del agua, porque está muy contaminada en algunas cuencas (Tajo, Segura, Guadiana), por escasez de caudal y falta de vigilancia en los vertidos. Luego, una vez tratada, el agua para consumo humano es apta para la salud, aunque en algunas zonas no tiene un buen sabor, por exceso de cloro o porque son aguas duras con sabor (en zonas con terrenos calizos), lo que está disparando el consumo de agua embotellada: somos el 5º país consumidor, por detrás de Italia, Alemania, Portugal y Bélgica, con 120 litros de agua embotellada al año por español, un gran negocio (más de 1.000 millones de facturación) para marcas blancas y multinacionales. Un agua cara (1 euro por botella, el coste de 1.000 litros de agua corriente en Madrid), cuyo consumo crece sobre todo en las regiones donde la calidad (sabor) del agua es peor, según un estudio de 2003: Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y Canarias. Y se vende menos en País Vasco, Galicia, Navarra y Madrid, donde el agua del grifo es mejor.

Un factor clave en la gestión del agua es quien la hace. En el mundo, el 90% del abastecimiento de agua es de gestión pública, mientras en España está repartido casi a medias entre la gestión pública (51%) y la privada (49%, que llega al 80% en Cataluña, Galicia y Murcia), liderada por Aqualia, ASGBAR, Acciona, FCC y Sacyr, según AEOPAS. Y eso porque desde 2007, con la crisis, muchos Ayuntamientos quisieron tapar agujeros con los ingresos de privatizar los servicios de agua, mientras en Europa se hacía lo contrario (París lo remunicipalizó en 2008 y Berlín en 2013). A partir de las elecciones municipales de mayo de 2015, con la llegada al poder de la izquierda en muchos Ayuntamientos, se está tratando de dar marcha atrás y “remunicipalizar” el agua en muchas ciudades, que chocan con problemas con Hacienda y con la oposición judicial de las concesionarias. Pero el hecho es que en muchas ciudades, la gestión privada del agua ha llevado a tarifas muy elevadas y a escasas inversiones en las infraestructuras, muy deterioradas.

Al final, asegurar el suministro futuro de agua exige tomar muchas medidas, que tardan décadas en ser eficaces, por lo que urge ponerlas en marcha. Y exige invertir en agua, desde mejora de regadíos a obras hidráulicas en cuencas, redes, desaladoras o depuradoras de agua. Sólo cumplir con la Directiva europea de depuración de agua costaría más de 5.000 millones de euros en 390 instalaciones. Y la patronal SEOPAN tiene identificadas obras hidráulicas necesarias por 12.000 millones de euros. Y faltarían otros 10.000 millones para acuíferos, redes y depuradoras. ¿De dónde puede salir tanto dinero? Del Presupuesto y de los usuarios, que deben pagar tarifas más altas, desde el agricultor y las industrias a las familias. Hay que conseguir más recursos para invertir en agua, porque España es el segundo país europeo que menos invierte en agua (el 0,11% del PIB, frente al 0,27% en la UE-28), tras Suecia, cuando somos el país europeo con más sequía. Así nos va.

Falta que todo esto, medidas, tarifas e inversiones, se refleje en un Plan Hidrológico Nacional, planificar una política de agua para toda España y no cuenca a cuenca, como ha hecho estos años el Gobierno de Rajoy. Y eso pasa por conseguir un Pacto del Agua, donde Gobierno, partidos, regiones, regantes, industrias y consumidores pacten medidas, inversiones y tarifas a 20 años vista. Pensando que la sequía que sufrimos ahora no es coyuntural: ha venido para quedarse e irá a más en las próximas décadas, por el Cambio Climático. Urge tomar medidas ya, sin esperar a posibles restricciones en primavera. El agua es otra batalla pendiente de la transición y hay que afrontarla con realismo y dinero, sin politiqueos. Porque sin agua no hay futuro.