Más horas extras gratis sin control

 

Este año han vuelto a aumentar las horas extras que se hacen en España, 5,8 millones cada semana, como sucede desde 2012, gracias a la reforma laboral de Rajoy. Y más de la mitad de estas horas extras no se pagan, frente a un tercio antes de la crisis. Muchas empresas afrontan el aumento de trabajo exigiendo más horas, no contratando gente. Y esto puede ir a más, después de que dos sentencias del Supremo (marzo y abril 2017) hayan establecido que las empresas no están obligadas a llevar un registro diario de jornada, hasta ahora obligatorio. Con ello, los inspectores de Trabajo se quejan de que pierden el mecanismo clave para controlar las horas extras. Y además, les faltan medios para vigilar los abusos, porque España tiene la mitad de inspectores que Europa. Urge tomar medidas para limitar las horas extras, porque quitan 156.300 empleos cada año. Y son un fraude que reduce los ingresos de la Seguridad Social y las futuras pensiones.
 


                                                                                                                  enrique ortega

España ha sido siempre “un país de horas extras”, con una tendencia a alargar la jornada laboral “haciendo horas”: el trabajador las veía como una forma de “redondear su sueldo” y la empresa como un sistema para ahorrarse en sueldos y cotizaciones, ganando en flexibilidad. Así se llegó, en los años de “vacas gordas”, a un récord de 10,2 millones de horas extras a la semana en el primer trimestre de 2008, según el INE. Pero luego vino la crisis y cayeron los pedidos, con lo que las empresas metieron un tajo a las horas extras, que bajaron a la mitad, a un mínimo de 4,5 millones de horas a la semana en el verano de 2012. Pero ese año, el Gobierno Rajoy aprobó la reforma laboral, que da más poder a los empresarios para regular la jornada de sus trabajadores. Y a medida que la economía se ha ido recuperando, han vuelto a crecer las horas, desde 2012: 6,1 millones a la semana a finales de 2013, 5,4 millones a finales de 2014, 5,9 millones a finales de 2015, 5,48 a finales de 2016 y ahora, 5.871.200 horas extras semanales en el primer trimestre de 2017, según el INE (EPA).

Junto a la recuperación de las horas extras, hay un cambio fundamental en estos años: la mayoría de estas horas extras no se pagan, el trabajador las hace gratis total. Si en 2008 sólo se hacían gratis el 37,8% de las horas extras y el 48,8% en 2011, a partir de 2012, con el elevado paro (casi 6 millones)  y la reforma laboral de Rajoy, son ya más las horas extras que se hacen gratis que las que se pagan. Y así, año tras año, hasta primer trimestre de 2017, en que un 51,4% de las horas extras (3.018.700) se hacen gratis, sin cobrar por ellas, según el INE. Y eso porque los trabajadores saben perfectamente que no pueden negarse si quieren mantener su empleo.

Este abultado número de horas extras explica en gran medida que la jornada laboral en España sea una de las más largas del mundo, según la OCDE (datos 2015): trabajamos  una media de 1.691 horas anuales (263 horas menos que en 1979), por debajo de la media de los 35 paises OCDE (1.766 horas) y de Italia (1.725 horas), pero por encima de las horas que trabajan Alemania (1.371 horas), Francia (1.482 horas) o Reino Unido (1.674 horas). Y en cómputo semanal, trabajamos 38 horas semanales (2015), sólo por detrás de Grecia (42 horas) y Portugal (39,3), más horas que Francia (37,2), Italia (36,9), Reino Unido (36,5), Irlanda (35,4), Alemania (35) y Holanda (30 horas), según los últimos datos de la OCDE.

¿Quién hace horas extras en España? Resulta curioso ver que son una minoría de trabajadores, sólo el 4,85 % de los asalariados, según los datos del INE (EPA): de 15.340.800 asalariados que trabajaban en marzo de 2017, sólo 744.500 trabajadores habían hecho horas extras la última semana, un promedio de 8,8 horas cada uno. Son unos 100.000 trabajadores más de los que hacían horas extras en 2011 (655.500 asalariados). La mayoría (230.500) hacen de 4 a 6 horas semanales, seguidos de los que hacen de 10 a 12 (147.400 trabajadores) y de 1 a 3 horas semanales (127.400). La mayoría de horas extras se hacen en la industria, la hostelería, el comercio, los transportes, la sanidad y la banca. Y otro dato curioso: los que hacen horas extras no son los trabajadores más precarios sino los que laboralmente están mejor: hombres (59%) con contrato indefinido (75% de los que hacen horas), con jornada a tiempo completo (75%) y sobre todo técnicos y directivos, trabajadores “de cuello blanco”, según un detallado estudio realizado por CCOO. Sin embargo, resulta chocante que los trabajadores a tiempo parcial sean los que han triplicado sus horas extras desde 2008, según los datos del INE. Y que teniendo media jornada hagan casi tantas horas extras como los que tienen jornada completa.

La normativa laboral vigente (Estatuto de los Trabajadores) limita a 80 horas anuales las horas extras y establece que hay un periodo de 4 meses para que el trabajador recupere con libranzas las horas extras realizadas. Pero en muchos casos, no se recuperan ni tampoco se cobran. Son “lentejas”. Los sindicatos llevan un par de años luchando contra el abuso de las horas extras, especialmente en la banca, donde cada año siguen los despidos mientras los que se quedan amplían la jornada. A raíz de esta pelea sindical en la banca, trasladada a los tribunales, la Audiencia Nacional dictó tres sentencias (en diciembre de 2015 y febrero y marzo de 2016) obligando a los bancos (y por extensión, a las demás empresas) a llevar un registro de la jornada diaria de toda la plantilla, para comprobar sus horarios y las horas extras. Y a raíz de estas tres sentencias de la Audiencia Nacional, la inspección de Trabajo aprobó en marzo de 2016 una instrucción interna para exigir a las empresas este registro diario de jornada. Y se lanzaron a inspeccionar (y multar) a muchas empresas.

Pero la banca recurrió las tres sentencias contrarias de la Audiencia nacional (contra Bankia, Sabadell y Abanca) y el Tribunal Supremo les dio la razón, en dos sentencias (23 marzo y 20 abril 2017) que establecen que las empresas no están obligadas a llevar un registro diario de jornada, sólo deben llevar un registro de las horas extras y comunicárselas cada mes a los trabajadores afectados. Al ser ya dos sentencias, el Supremo “sienta jurisprudencia” y la Inspección de Trabajo se ha visto obligada a cambiar su instrucción de marzo, aprobando otra el 25 de mayo donde ya no se exigirá a las empresas el registro diario de jornada.

Ahora, ¿qué va a pasar con las horas extras? Los inspectores de Trabajo se quejan de que las sentencias del Supremo les han quitado el instrumento más eficaz con el que contaban para detectar las horas extras, el registro diario de jornada. Y que detectar el fraude, el exceso de horas extras por las que ni se paga ni se cotiza, va a ser ahora más difícil. Sobre todo porque la mitad de las empresas computan la jornada “a mano”, sin sistema informáticos, y porque el nivel de fraude es elevado. Según los últimos datos disponibles, de 2014, la inspección de trabajo detectó irregularidades sobre horas extras en el 60% de las empresas investigadas. Y eso que sólo hizo 2.900 actuaciones (hay más de 3 millones de empresas).

Los inspectores de Trabajo creen que la normativa actual deja muchos resquicios a las horas extras sin control y que habría que aprobar una normativa ad hoc, que ayudara a controlar mejor este fraude. De hecho, las propias sentencias del Supremo admiten que “convendría una reforma legislativa que clarificara la obligación de llevar un registro horario y facilitara al trabajador el probar las horas extras que hace”. De momento, el PSOE acaba de presentar en el Congreso una proposición de Ley para obligar a las empresas a llevar un registro diario de la jornada laboral. Pero la patronal no quiere oír hablar de este registro y piden autonomía para que las empresas regulen horarios y horas extras, como les permite la reforma laboral de 2012. Y mientras, los sindicatos se quejan de que no se les informa de las horas y que los trabajadores no denuncian por miedo a perder su empleo (y por la necesidad que tienen de redondear sus ingresos con las horas que sí les pagan).

El problema del exceso de horas extras es triple. Por un lado, las empresas que fuerzan a hacer horas a sus trabajadores evitan así contratar nuevos empleados, con lo que las horas extras evitan crear 156.300 empleos, según cálculos de CCOO. Por otro, al no pagarse más de la mitad de las horas extras, tampoco se cotiza por ellas, lo que se traduce en menos ingresos para la Seguridad Social y una menor pensión futura para los trabajadores afectados. UGT estima que la SS ha dejado de ingresar 3.500 millones anuales desde 2010 por cotizaciones no pagadas por horas extras realizadas. Y en tercer lugar, los trabajadores que hacen horas sin cobrarlas dejan de percibir ingresos a los que tendrían derecho: entre  2010 y  2015 dejaron de percibir 12.500 millones de euros sólo por horas extras, según los cálculos de UGT. Y además, se les paga un sueldo más bajo del que deberían recibir porque se les compensa en parte pagándoles (menos) por las horas extras que sí cobran.

Que los trabajadores con empleo hagan tantas horas extras es un escándalo en un  país que todavía tiene 4.255.000 parados. Urge aprobar una Ley que controle con eficacia la jornada laboral y limite el uso de las horas extras, para que las empresas no se agarren a los Tribunales para aprovechar el vacío legal existente. Y urge aprobar un Plan de lucha contra el fraude en las horas extras, con una estrategia clara y más medios, sobre todo más inspectores de Trabajo: hay 1.800 inspectores y subinspectores, la mitad de funcionarios para inspección que en Europa, según datos de la OIT (hay 1 inspector de Trabajo por cada 15.000 asalariados en España frente a 1 por cada 7.300 en la Unión europea).

En definitiva, se está creando empleo (muy precario), pero se podría crear más empleo si los trabajadores ocupados  hicieran menos horas extras y las empresas afrontaran esa mayor carga de trabajo con nuevos empleos, no forzando a hacer horas gratis a los que ya trabajan. Es algo sencillo de entender y fácil de controlar, si el Gobierno aprueba unas normas claras, que no puedan “interpretar” los tribunales, y si hay inspectores suficientes para evitar el fraude. Porque una actuación decidida, con sanciones ejemplares a las empresas que abusen, reduciría en poco tiempo las horas extras al mínimo. Y aumentaría el empleo y los ingresos de la Seguridad Social, que falta nos hacen.

Trabajo precario: alerta UE y pocos inspectores

La Comisión Europea alertó en  mayo sobre la precariedad laboral en España. Antes lo hicieron la OCDE y el FMI, preocupados por la dualidad del mercado de trabajo: un 27,5% de trabajadores tienen contrato temporal (el 2º país de Europa con más temporales) y un 15,1% contratos a tiempo parcial, el 60% de ellos forzados porque no encuentran otros. Esta precariedad, que sufren más las mujeres y los jóvenes, lleva a sueldos muy bajos y a la pobreza, además de hundir las cotizaciones (y las pensiones) y la recaudación, empeorar la formación y la productividad de España (la 34ª del mundo). Bruselas, la OCDE y el FMI han pedido al Gobierno que fomente los contratos fijos y a jornada completa, pero Rajoy no hace nada, aunque se comprometió a ello en 2014, en el Acuerdo con sindicatos y patronal. Urge mejorar la calidad del empleo, con incentivos y persiguiendo el fraude laboral, algo difícil porque España tiene la mitad de inspectores de trabajo que Europa. ¡ Trabajo decente ya !



                                                                                   enrique ortega

España lleva tres años creando empleo, pero un empleo muy precario. Así, de los 1.372.900 empleos creados entre 2014 y 2016, sólo el 5% son “contratos de calidad”, empleos fijos y a jornada completa. Y la casi totalidad de los nuevos empleos son empleos muy precarios. Un 92% son contratos temporales, cada vez por menos tiempo: la duración media de los contratos está en 51 días de media (81 antes de la crisis), aunque una cuarta parte de los contratos (el 26%) duran ya menos de 1 semana. Y más de un tercio (36%) de los nuevos contratos son a tiempo parcial, por horas. Ello es fruto sobre todo de la reforma laboral aprobada por Rajoy en 2012, que ha facilitado el auge de los contratos precarios.

Con ello, España se sitúa a la cabeza de la precariedad laboral en Europa, como acaba de resaltar el informe de la Comisión Europea (22 mayo 2017). En 2016, el 26,1% de los trabajadores españoles tenía un contrato temporal, lo que nos convertía en el 2º país europeo con más temporalidad, tras Polonia (27,5%), según Eurostat, casi el doble de temporalidad que la media europea (14,2%) y muy por encima de la de Alemania (13,2%), Francia (16,1%), Italia (14%) o Portugal (22,3%). Y lo peor es que este aumento de los contratos temporales es algo forzoso, no buscado por los trabajadores: un 90% de los españoles con contrato temporal preferirían tener un contrato fijo (el porcentaje más alto en Europa, tras Chipre, según la OIT), frente al 62,1% de temporales “forzosos” en la Unión Europea.

Pero quizás el dato más preocupante, según resalta la Comisión Europea en su informe (y antes la OCDE), es que España es uno de los paises de Europa donde un menor número de contratos temporales se transforman en fijos: sólo un 10%, frente al 22% de media en la UE-28 y el 10,5% en Francia, el 59% en Gran Bretaña, el 30% en Alemania o el 20% en Italia, según Eurostat. O sea, no es que las empresas ofrezcan primero un contrato temporal para luego hacer fijo al trabajador, sino que el 90% de los contratos temporales se mantienen así o se cancelan, lo que hace que estos trabajadores sean especialmente vulnerables.

El otro tipo de contrato precario, los contratos a tiempo parcial, suponen ya el 15,1% de todos los contratos en España (2016), todavía por debajo de la media europea (19,5%) y de muchos paises donde hay tradición de trabajos a media jornada o por horas, como Holanda (49,7% de los contratos), Alemania (26,7%), Austria (27,8%), Reino Unido (25,2%), Suecia (23,9%), Francia (18,3%) o Italia (18,5%), según Eurostat. Pero hay dos datos españoles preocupantes. Uno, que España es el país europeo donde más ha crecido el trabajo a tiempo parcial (part time) durante la crisis. Y segundo y fundamental, que el 60% de los que trabajan a media jornada o por horas preferirían trabajar a jornada completa, frente a sólo un 27,5% de trabajadores europeos que trabajan forzosamente por horas, según la OIT.

La precariedad en los contratos la sufren especialmente dos colectivos en España: las mujeres y los jóvenes. En los contratos temporales, las mujeres tienen un porcentaje ligeramente mayor que los hombres (26,5% frente a 25,8%), pero son muchas más con  contrato a tiempo parcial : trabajan por horas un 31,9% de las mujeres españolas (35,9% en la UE-28) frente a un 8,8% de los hombres (9,3% en la UE-28), según Eurostat (2016). Y donde realmente se ceba la precariedad laboral es en los jóvenes españoles, los más temporales de Europa: el 56,5% de los menores de 29 años tiene un contrato temporal (el 32,4% en Europa) y sube al 72,9% entre los jóvenes de 15 a 24 años (43,8% con contrato temporal en la UE-28), según los datos de Eurostat (2016). Y también tenemos muchos más jóvenes que Europa con contrato a tiempo parcial, por horas: un 27,5% de los menores de 29 años (23,7% en la UE-28) y un 38,7% de los jóvenes entre 15 y 24 años (32,4% en la UE-28, según Eurostat (2016).

Pero la precariedad laboral no sólo se manifiesta en el tipo de contrato. También es un signo de precariedad que haya muchos españoles trabajando en empleos muy por debajo de su formación, los trabajadores “sobrecualificados”: en España hay 9,5 millones, el 52,8% de los empleados (en 2007 eran el 46,3%), según datos de Afi-Asempleo a partir de la EPA. Con la crisis, esta “sobrecualificación” ha crecido entre los mayores de 45 años y sobre todo entre los más jóvenes: dos tercios de los jóvenes entre 16 y 24 años trabajan en empleos inferiores a su cualificación, por ejemplo universitarios trabajando de teleoperadores, camareros o cajeras de supermercado. Este problema se concentra en la hostelería (71,4% de los empleos están sobrecualificados) y el comercio, sobre todo en el País Vasco, Cantabria, Levante e islas.

Un tercer indicador de precariedad es el aumento de las horas extras “forzadas”, que han aumentado tras la reforma laboral de 2012, al dar más poder al empresario para fijar horarios y jornada, con lo que muchos optaron por hacer contratos de media jornada y luego obligar a la plantilla a hacer horas extras, a veces sin pagárselas. Así, a finales de 2016 había 7.778.000 trabajadores que hacían horas extras (el 50,5% de los asalariados), de media 5,48 millones de horas extras a la semana. Y según los últimos datos disponibles (2015), más de la mitad de esas horas no se pagaban. Otra muestra de precariedad laboral que además tiene una grave consecuencia: esas horas extras impiden crear 150.000 nuevos empleos cada año.

La primera consecuencia de toda esta precariedad laboral es que se traduce en salarios muy bajos, menores que los de un trabajador con contrato estable: los trabajadores temporales cobran un 36,6% menos que los indefinidos (15.680 euros frente a 24.746) y los que trabajan a tiempo parcial ganan un 63,7% menos que los que trabajan a jornada completa (9.794 euros brutos anuales frente a 26.965), según la Encuesta de estructura salarial del INE. El resultado es que en los últimos años han aumentado los “trabajadores pobres”, españoles que tienen un trabajo pero “malviven” (ganan menos del 60% de la media): tenemos un 12,5% de trabajadores pobres (2.196.137 empleados, 1 de cada 8 asalariados), un porcentaje superior al de trabajadores pobres en Europa (9,5%), según la OIT. Y además, el enorme paro (4.255.000 parados EPA en marzo 2017) y esta precariedad tiran a la baja de todos los salarios, con lo que el sueldo más habitual en España son 16.490 euros brutos anuales (últimos datos oficiales del INE para 2014), lo que se traduce en 950 euros netos al mes en 14 pagas. O sea, que el español medio es un “mileurista”.

Pero la precariedad laboral acarrea también otros graves problemas, además de los bajos salarios y la mayor vulnerabilidad del trabajador. Aumenta su incertidumbre sobre el futuro, lo que está reduciendo las familias y la natalidad (España lleva 5 años perdiendo población), así como la independencia de los jóvenes (el 80,3% de los jóvenes españoles, 5.233.406, siguen viviendo con sus padres, frente al 70% de media en Europa, según el Observatorio del Instituto de la Juventud) y su capacidad para consumir y comprar una vivienda. Pero sobre todo, la precariedad laboral merma la recaudación de impuestos y recorta los ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social, hundiendo las cuentas de las pensiones. Y para el trabajador, reducen su posible seguro de desempleo y su pensión futura. Además, los trabajadores precarios son menos productivos, porque tienen menos incentivos para serlo y porque las empresas les forman menos (“se van a ir”). Y eso agudiza uno de los problemas estructurales de España, la menor productividad y competitividad: España ocupa el puesto 34 en el ranking mundial de competitividad, elaborado por la escuela de negocios IMD.

Por todo ello, la Comisión Europea acaba de reiterar, en su informe sobre España del 22 de mayo, que uno de nuestros mayores problemas es la precariedad laboral y la dualidad en el mercado de trabajo (2 tipos de españoles, según su contrato laboral). Lo mismo dijo en marzo la OCDE, en su informe sobre España, y la delegación del FMI que visitó España en diciembre: el Gobierno español debe tomar medidas para mejorar la calidad del empleo, incentivando los contratos fijos y luchando contra la precariedad laboral. Eso sí, tanto la OCDE como el FMI dan además una receta “neoliberal” para reducir la temporalidad: reducir las indemnizaciones a los contratos fijos (para que no compensen tanto los temporales) y dar más poder a las empresas y menos a los tribunales en los despidos. En definitiva, la OCDE y el FMI proponen dar una “vuelta de tuerca” a la reforma laboral, con más flexibilidad, cuando precisamente la reforma laboral de 2012 es la que ha agravado esta precariedad.

De momento, el Gobierno Rajoy no hace nada: ni rebaja las indemnizaciones ni toma medidas para favorecer los contratos fijos y penalizar los temporales. Y eso que se comprometió a hacerlo en diciembre de 2014, cuando firmó con los sindicatos y la patronal un Acuerdo tripartito que incluía, en su punto 2.4, tomar medidas para luchar contra la dualidad en el mercado de trabajo: intensificar la lucha contra el fraude en la contratación e incentivar los contratos fijos. Palabras Ahora, tras la última alerta de la Comisión Europea, los sindicatos y la oposición deberían presionar al Gobierno para que tomara medidas urgentes y eficaces contra la precariedad laboral. Se trataría de actuar frente a las empresas con el palo y la zanahoria: el palo de la inspección de Trabajo, para detectar y multar a las empresas que tengan trabajadores temporales o por horas cubriendo puestos que son fijos y a jornada completa, y la zanahoria, para incentivar fiscalmente y con cotizaciones más bajas a las empresas a que transformen contratos temporales en fijos y mejoren la calidad de sus empleos. Lo primero que hay que hacer es garantizar que se cumple la Ley, que no se utiliza el mucho paro existente para contratar con fraude. Y luego, ayudar a que se hagan contratos de más calidad.

Pero “para el palo”, un requisito clave es aumentar los medios de la inspección de Trabajo, porque tras los recortes está menguada: hay 1.800 funcionarios (960 inspectores y 840 subinspectores), la cifra más baja desde 2009. Y tenemos la mitad de funcionarios para inspección que Europa, según datos de la OIT: hay 1 inspector por cada 15.000 asalariados en España frente a 1 por cada 7.300 en la Unión europea. Y además, la propia Asociación de inspectores denuncia que la mitad de su trabajo está orientado a vigilar si los parados hacen fraude al cobrar el subsidio o si los trabajadores están dados o no de alta, no en vigilar si el contrato temporal o a tiempo parcial está justificado. Y cada vez hay más abusos laborales, españoles con contratos de 4 horas trabajando 10 y cobrando 8, sobre todo en hostelería, limpieza, tiendas, teleoperadores y servicios. Y no hay inspectores para detectar tanto fraude, que se ampara en que los afectados no lo denuncian (para no perder su “medio empleo”) y en que la mayoría de empresas son pymes donde no hay sindicatos que controlen.

Al final, la precariedad laboral es un cáncer para los trabajadores (incertidumbre, bajos salarios, vulnerabilidad) y para la recuperación de la economía, porque reduce el consumo y la competitividad, en definitiva el crecimiento y el empleo futuros. Así que además de injusta, la precariedad es antieconómica, un mal negocio. Y somos líderes en Europa. Algo hay que hacer, con urgencia y eficacia. Nos lo dicen desde Bruselas y lo sufrimos dentro, sobre todo los jóvenes, las mujeres y los mayores de 45 años. ¡Empleo decente ya ¡

Empleo sí, pero muy precario (19 de cada 20)

En enero y febrero se ha seguido creando empleo, poco y muy precario: sólo 1 de cada 20 contratos firmados son fijos y a jornada completa. El resto (94,35%) son  temporales o a tiempo parcial. Así pasa desde 2012, cuando Rajoy aprobó la reforma laboral: las empresas contratan por semanas o meses y con jornadas menores de 8 horas, aunque luego, con horas (sin pagar) acaban trabajando igual. Y la patronal CEOE pide aún más facilidades para los contratos temporales. Algunos, como Ciudadanos, proponen resolverlo con el contrato único, pero sólo “camuflaría” el problema. La solución es vigilar que las empresas cumplan la Ley y sólo contraten temporalmente o por horas cuando esté justificado, no para ahorrar costes. Pero el Gobierno sólo dedica a vigilarlo el 1,13% del tiempo de los inspectores de Trabajo, que son la mitad que en Europa. Ahora, promete duplicar los medios, con una Ley de inspección que aprobó el viernes. Veremos. De momento, la mitad de los asalariados tienen ya contratos precarios. Entre los trabajadores, también tenemos dos Españas.
 

enrique ortega

El Gobierno echa las campanas al vuelo cada mes: baja el paro y se crea empleo. Pero no dice que casi todo el empleo que se crea es muy precario. Veamos las cifras oficiales: en enero y febrero de 2015 se han firmado 2.594.745 contratos de trabajo, de los que 2,35 millones eran temporales (90,7%) y otros 93.902 (3,6%) eran indefinidos a tiempo parcial. Y sólo 146.618 contratos (el 5,65%) eran indefinidos y a tiempo completo. O sea que sólo 1 de cada 20 empleos nuevos o contratos era de trabajos teóricamente estables.

Algo parecido sucedió en todo el año 2014, el primero en que se creó empleo neto (+433.900)      desde 2007. El año pasado se firmaron 16.727.089 contratos, de los que la gran mayoría fueron temporales (15.376.758 contratos, el 91,2%), una pequeña parte indefinidos a tiempo parcial (588.338, el 3,51%) y sólo 761.993 (el 4,55%) fueron contratos fijos a jornada completa. Y el 35%, más de un tercio de los nuevos contratos, fueron a tiempo parcial. O sea, que también en 2014, sólo 1 de cada 20 nuevos contratos fueron “estables”.

Y así viene pasando desde febrero de 2012, cuando el Gobierno Rajoy aprobó la vigente reforma laboral, que facilita enormemente la contratación temporal y a tiempo parcial. Las empresas se han agarrado a ello y muchas cometen fraude por una doble vía: haciendo contratos temporales para empleos que son estables y antes de que tengan que hacer fijo al trabajador (dos años) lo despiden. Con ello, hay mucha rotación de personas en los trabajos: en el último año, cada asalariado temporal ha firmado una media de 4,5 contratos, según datos de Empleo.  Las empresas también utilizan los contratos a tiempo parcial para trabajos que son a tiempo completo, acogiéndose a la realización de horas complementarias (sin pagarlas muchas veces) para llegar a una jornada casi normal. Ejemplo, un camarero contratado por cuatro o seis horas y que acaba trabajando diez o doce, cotizando por la mitad.

El resultado de este aumento de la precariedad, por la crisis y las facilidades laborales del Gobierno Rajoy, es dramático: ya son menos de la mitad los trabajadores españoles que tienen un empleo estable. Así, en febrero de 2015, por primera vez en nuestra historia, el 51% de los asalariados del régimen general de la Seguridad Social tenían un contrato temporal o un contrato a tiempo parcial no deseado, según un informe de CCOO. Y sólo el 49% de los asalariados tenían un empleo fijo y a tiempo completo, “de los de antes”.

Vayamos por partes, empezando por el tirón de los contratos temporales. Los tienen ya el 24,24% del total de asalariados, un porcentaje que es el mayor de Europa, muy superior a la media de la UE-28 (14,1% de contratos temporales), a Holanda y Portugal (22%), Francia (16,5%), Italia (14,5%) o Alemania (13%), según Eurostat. La mayoría de los contratos temporales son por menos de 3 meses (40%) y menos de una semana (23,9%), aunque crecen también los contratos por días. La media de contratación es de 45,8 días por trabajador, mucho más baja que antes de la crisis  (68,7 días), según el SEPE.  Los más afectados son los jóvenes, que sufren un 70% de contratos temporales (45% en la UE), seguidos de las mujeres (30% con contratos temporales). Los mayores porcentajes de contratos temporales los tienen los jóvenes y mujeres con menos cualificación, sobre todo en turismo y hostelería, comercio y enseñanza.

Veamos ahora los contratos a tiempo parcial. Los tienen el 16% de los ocupados, un porcentaje inferior todavía al de otros países europeos (19,5% de media en la UE-28), que utilizan este contrato por horas desde hace mucho tiempo. Pero aquí la situación es peor, por varias razones. Una, porque han crecido más con la crisis que en ningún país europeo: en 2014, el 35% de los contratos firmados eran ya a tiempo parcial. Dos, que a diferencia con Europa, el 40% de los contratos a tiempo parcial son temporales. Y sobre todo, mientras en otros países “se elige”  trabajar menos horas (para cuidar a los hijos o estudiar), aquí se trabaja a tiempo parcial “porque no hay un trabajo a tiempo completo”. Así, el 62% de los españoles que trabajan menos horas lo hacen porque no encuentran un trabajo a jornada completa, según el INE, cuando en 2007 sólo lo hacían “obligados” el 32%.

El trabajo a tiempo parcial es muy acusado entre las mujeres: de los 2,82 millones de ocupados con estos contratos a finales de 2014, tres de cada cuatro eran mujeres (2.092.200, el 74,11%) y más de la cuarta parte trabajan ya a tiempo parcial (27%).

Ligado a los contratos a tiempo parcial está el brusco aumento de las horas extras, legales e ilegales, para complementar la media jornada por la que se cotiza. En España se hacen hoy unas 10 millones de horas extras ilegales a la semana, según estimaciones del PSOE, que ha pedido una Ley para reducirlas, porque suponen “robar” 273.315 empleos. Pero también se hacen más horas “legales”, aunque luego muchas no se pagan. Según el INE, en España se hacen 5.860.500 horas extras “legales”, pero sólo un 42% se pagan. Y según un estudio de UGT, de los 600.000 asalariados que hacen horas extras ahora, más de la mitad no las cobran (el 56 %, cuando en 2008, eran el 35%). Y no protestan, para no perder el empleo.

Empleo precario es igual a empleo peor pagado, según datos oficiales del INE. Así, un trabajador con contrato temporal gana un 37% menos que uno con contrato fijo: 1.282 euros de sueldo bruto (en 12 pagas) frente a 2.048 euros de media los contratos indefinidos. Y un trabajador a tiempo parcial gana la tercera parte que uno que trabaje a jornada completa: 697 euros brutos de media frente a 2.121,3 euros en jornada completa. Así se explica luego que se haya disparado la cifra de “trabajadores pobres”, mujeres y hombres que malviven a pesar de tener un trabajo: son 2.271.130 asalariados, el 13,4% de los trabajadores españoles, según el INE. Y todos, porque tienen contratos precarios.

La precariedad afecta muy duramente al trabajador y su familia: no sólo gana menos, sino que esa “inseguridad laboral” le afecta a su vida, desde pensar en casarse o tener hijos hasta emanciparse del hogar materno o comprar un coche. Y, por supuesto, le afecta al desempleo (cobrará menos si cotizan menos por él, aunque realmente trabaje más horas) y a su futura pensión (no sólo porque no llegue al mínimo de años, sino por lo bajo que le cotizan). Y la precariedad también es mala para la economía: los trabajadores precarios consumen menos (se vende y se crece menos), son menos productivos (los empleados descontentos y sin perspectivas trabajan peor, lógicamente) y no se forman (no da tiempo y a la empresa no le “compensa”), lo que reduce la competitividad de sus empresas y de toda la economía.

¿Qué se puede hacer? Algunos economistas, UPYD y Ciudadanos ofrecen la alternativa del contrato único: que sólo haya un tipo de contrato, fijo, con indemnización baja que sube con los años en el trabajo. Así no habrá dualidad entre trabajadores estables y precarios. Suena bien, pero la realidad es que el contrato único sólo serviría para legalizar y “enmascarar” la  realidad actual, como señalan Economistas contra la crisis: “el contrato único incrementaría de facto la dualidad, al convertir en legal y hacer más fácil y barato tratar a todos los contratos como ahora se hace ilegalmente a los temporales”, argumentan.

Entre tanto, los empresarios piden más precariedad. La patronal CEOE ha enviado al Gobierno un documento en el que piden ampliar el uso de los contratos temporales: que los contratos puedan encadenarse más de 24 meses (ahora, tras ese tiempo, hay que hacer un contrato fijo o echarle) y refundir el contrato por obra con el eventual, en un “contrato temporal sin causa”, con una duración máxima de 2 años (en 30 meses), similar al que ya autorizó  este Gobierno para los menores de 30 años. Contratos temporales por más años y un contrato “cajón de sastre”, con  el que se pueda contratar temporalmente para casi todo. Y en paralelo, insisten en pedir los “contratos basura” para jóvenes, con un sueldo inferior al mínimo y 12 días de indemnización por año trabajado. O sea, que haya aún más precariedad.

Al final, lo que habría que hacer es algo tan simple como aplicar la Ley: que no se firmen contratos temporales o por horas para trabajos indefinidos y de jornada normal. Los inspectores de trabajo, en una encuesta interna, han revelado que este fraude es el cuarto más habitual que detectan en su trabajo, tras los impagos de salarios y cotizaciones y los trabajadores no dados de alta. Pero denuncian que el Gobierno Rajoy no dedica medios a vigilar la precariedad: en 2013, sólo el 1,13 % de la inspección se dedicó a vigilarla, mientras el 58% de los recursos se dedicaron a descubrir la economía sumergida. Y eso a pesar de que, con tan pocos medios, la inspección transformó 39.385 contratos temporales fraudulentos en indefinidos. Una inspección que también reporta muchos ingresos extras a la SS, porque suben las cotizaciones por salarios y horas. Además, los inspectores de Trabajo se quejan de falta de personal: en España hay 1.878 funcionarios, la mitad por ocupado que en Europa (y sólo los inspectores de Trabajo, 964, se dedican a investigar los contratos temporales). El Gobierno aprobó el pasado viernes 13 de marzo una nueva Ley de Inspección de Trabajo , que permitirá destinar más medios (los 836 subinspectores de Trabajo también vigilarán ahora y habrá  colaboración de policía y guardia civil) para luchar contra el fraude en los contratos temporales. Ojalá se note.

En resumen, la precariedad es un cáncer que se ha adueñado del empleo y deteriora la productividad de nuestra economía. No podemos seguir compitiendo a base de empresas que hacen trampas para rebajar sus costes laborales, empobreciendo a los trabajadores. Hay que poner en marcha un nuevo modelo económico donde las empresas ganen dinero y compitan con empleos más estables y mejor pagados, en línea con Europa. Y eso se consigue con palo y zanahoria: palo (más inspecciones y más multas) a las empresas que abusen de la precariedad y ayudas (fiscales y en cotizaciones) a las que contraten estable. La “esclavitud laboral” del siglo XXI debe acabarse. Es un ataque a la moralidad social y a la economía.