Ojo a hacer demagogia con los parados

Hay un viejo tópico: muchos parados no quieren trabajar y prefieren cobrar el desempleo. Un estereotipo alimentado por la patronal y algunos “expertos”. Hace unas semanas, se les sumó  el líder de UGT: “los parados que no acepten un  trabajo deberían no cobrar”. Pura demagogia. Primero, porque ya se hace así. Y segundo, porque no dice que un 36% de los parados registrados no cobran nada ni que las oficinas de empleo (SEPE) no les ayudan a trabajar: sólo gestionan el 2% de los contratos. Y sólo 1 de cada 38 parados que cobran el paro llegan a recibir una oferta de trabajo. Encima, España, líder de paro en Europa, es el 2º país con menos “vacantes” de empleo, con menos ofertas: 4,9 por cada 100 parados, frente a 50 en la UE-28. Así que los 3 millones de parados españoles lo tienen muy difícil, como para atacarles. Antes del verano, se debe crear la nueva Agencia Estatal de Empleo, que pretende ayudarles a recolocarse. Pero sin medios.

Enrique Ortega

Los que nos hemos quedado alguna vez en paro sabemos bien que no es una situación fácil, sino angustiosa, que nos hunde en la desesperación y la impotencia, aunque cobremos el paro. Y la gran mayoría de los parados, lo que quieren es trabajar. Pero hay un viejo tópico, alimentado por la patronal y algunos “expertos” económicos: muchos parados no quieren trabajar y prefieren “vivir del paro”. Un estereotipo que perpetúan en los últimos años con quejas de que no encuentran trabajadores, sobre todo en la hostelería, el transporte, la construcción o el campo, los sectores más duros y peor pagados. “Páguenles más”, les contestó el presidente Biden en EEUU y la ministra Díaz en España.

Ahora, lo grave es que hasta el líder de la UGT se ha sumado a esta insidia contra los parados. A principios de marzo, Pepe Álvarez sugirió (en un  acto organizado por El Mundo…)  que “los parados que rechacen una oferta de trabajo deben dejar de cobrar la prestación”, reconociendo después que su posicionamiento “no es normal”. Y tanto: es pura demagogia. Primero, porque el líder sindical sabe (o debería saber) que ya hay una norma para evitar los abusos, un régimen sancionador: si un parado rechaza una oferta adecuada, se le abre una infracción y está 3 meses sin cobrar el paro. Y si rechaza un 2º trabajo, se le sanciona con 6 meses más sin cobrar el desempleo. Y a la tercera, se le quita el subsidio. Pero además, Pepe Álvarez debería saber que el problema hoy no está en los parados, sino en las oficinas de empleo (SEPE), que son un desastre y no ayudan a los parados a recolocarse.

Una vez más, los datos replican a la demagogia. Por un lado, un tercio de los parados registrados en el SEPE no cobran ninguna ayuda: en diciembre de 2022, cobraban algún subsidio 1.838.199 parados, el 64% de los registrados (2.873.653). Así que un 36% de los parados registrados no recibía ninguna ayuda. Y de los dos tercios restantes, la mayoría (casi 1 millón de parados) cobraba una miseria, un subsidio asistencial  de 463,21 euros, que reciben algunos parados a los que se les han acabado los dos años de paro o que no han cotizado lo suficiente (6 años para cobrar 2 de paro). En su mayoría son parados mayores de 45 años, mujeres y jóvenes, la mayoría de los que cobran ese subsidio asistencial y de los que no cobran nada. No es casualidad que los parados lideren la tasa de pobreza en España: el 58,6% son, estadísticamente, "pobres", según la Red Europea de lucha contra la pobreza (EAPN).

Además, por otro lado, los parados registrados no reciben casi ninguna ayuda de las oficinas de empleo (SEPE), razón por la que muchos no se registran: en diciembre de 2022 había 3.024.000 personas que se declaraban “parados” en la EPA (cuando les preguntaba el INE), pero en esa fecha sólo había 2.873.653 registrados en el SEPE (150.347 se consideraban parados pero no les compensaba registrarse). Y eso pasa porque los parados saben que las oficinas de empleo no les sirven para encontrar empleo. Los datos confirman esa sensación. En enero de 2023, el SEPE solo gestionó 27.806 colocaciones, el 1,99% de las colocaciones registradas en España. Y esto lleva pasando muchos años. Así, en julio de 2022, las oficinas de empleo sólo gestionaron el 2,23% de todas las colocaciones hechas en el país. Y entre 2012 y julio de 2022, las oficinas públicas de empleo (SEPE) intermediaron 4,2 millones de contratos, el 2% de todos los contratos hechos en la última década (las ETTs privadas intermediaron el 16,4%).

Así que las empresas españolas no confían en las oficinas públicas de empleo para contratar y utilizan las ETTs más los portales de empleo privados, las redes sociales y los contactos de conocidos y trabajadores. Y el 96% de los parados registrados que encuentran trabajo lo hacen por su cuenta, multiplicando los contactos, currículos y visitas. Otro dato, que debería conocer el líder de UGT: en enero de 2023, sólo 1 de cada 38 personas que cobraban el paro llegaron a recibir una oferta de trabajo de su oficina pública de empleo, según las propias estadísticas del SEPE. Así que quizás haya quien rechace un empleo, pero la mayoría tiene el problema de no recibir ofertas.

Precisamente, el problema de España, que lidera la tasa de paro en Europa (13% en enero, frente al 6,1% en la UE-28 y el 3% en Alemania, según Eurostat), es que es el 2º país europeo con menos ofertas “vacantes” de empleo: a finales de 2022 había 140.517 “vacantes” sin cubrir, el 0,9% de los empleos existentes, sólo un porcentaje menor de vacantes que Rumanía, Bulgaria y Polonia (0,8% de los empleos), según Eurostat. Eso significa que, aunque España tiene mucho paro, los nuevos empleos (pocos) se ocupan mayoritariamente, no se rechazan. De hecho, por cada 1.000 empleos existentes, en España hay 9 vacantes, frente a 28 de media en la UE-28, 44 en Alemania, 24 en Francia y 19 en Italia.

Hay otra forma de medirlo, la proporción de puestos vacantes y parados. En España hay 4,9 empleos vacantes por cada 100 parados, la cifra más baja de toda la OCDE, salvo Grecia (4,1 vacantes por cada 10 parados). Y la media en Europa es de 50 vacantes por cada 100 parados y 32 empleos vacantes por cada 100 parados en Alemania, Paises Bajos y República Checa, según Eurostat. Así que, ya no es sólo que las oficinas de empleo (SEPE) funcionen mal y no ayuden a recolocarse, es que, además, los parados españoles tienen menos oportunidades de encontrar empleo, por el tipo de economía que tenemos (menos productiva y más basada en los servicios). De hecho, las estadísticas europeas reflejan que la oportunidad de un parado español de encontrar empleo es 26,2 veces inferior a la de un alemán, 35 veces inferior a un checo y 10 veces inferior a la media europea.

Con estos datos, queda claro que los parados españoles tienen muy difícil recolocarse, no sólo por las peculiaridades de nuestra economía sino por lo poco que les ayudan las oficinas de empleo, el SEPE, que sólo les sirven para “sellar” periódicamente su demanda y cobrar (dos tercios, el 36% nada). ¿Por qué falla el SEPE? Primero, porque no está dirigido a “recolocar” a los parados, sino a gestionar burocráticamente su desempleo. Basta con ver su web, “Empléate”: sólo incluía 63.853 puestos de trabajo  y 22.209 ofertas a finales de marzo, prácticamente las mismas que hace un año, con sólo 63.965 empresas registradas (de las 3 millones existentes) y 783.785 trabajadores registrados (de 3 millones de parados y 17,3 millones de asalariados). Datos que reflejan que el empleo no pasa por la web del SEPE, mientras el portal de empleo de Francia registra un millón de ofertas…

El problema de fondo de las oficinas de empleo (SEPE) es que no buscan la recolocación de los parados y no están preparadas para ayudarles: su sistema informático es obsoleto, su plantilla es insuficiente (los sindicatos piden ampliarla de 8.100 a 12.000 personas), muy envejecida (la mitad tienen más de 50 años), con contratos precarios (la cuarta parte son interinos y más de 1.000 personal laboral)  y no está especializada en recolocaciones. Además, las 4.000 oficinas de empleo repartidas por España funcionan de forma diferente, porque la política de empleo la gestionan las autonomías. Y pasa como con la sanidad, la educación o la dependencia: unas regiones gestionan mejor que otras el desempleo, aunque ahora todas dispongan de más recursos, porque se han duplicado los recursos aportados por el Estado (y la UE) para políticas activas de empleo: 2.798 millones del Estado y los Fondos Europeos repartidos en 2022. Según los datos del SEPE, las regiones que consiguen más recolocaciones son Extremadura, Andalucía y Canarias. Y las que menos recolocan (el 1% o menos) son Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid.

Otra asignatura pendiente es mejorar la formación de los parados, ya que está demostrado que hay más paro y menos recolocaciones entre los parados menos formados. Pero aquí también han fallado las oficinas de empleo (SEPE), porque sólo un 2% de los parados asisten a cursos de formación (sólo 65.389 desempleados en 2021, según el SEPE). Una parte puede ser por “dejadez” de los parados, pero otra parte se debe a la falta de atractivo (y exceso de burocracia) de muchos de los cursos ofertados. Y al desinterés de las empresas españolas por mejorar la formación de los parados, para así conseguir trabajadores mejores formados. De hecho, una buena parte de la cuota de formación que pagan empresas y trabajadores no se gasta, por falta de demanda de empresas (que racanean permisos y fondos), trabajadores y parados: hay un remanente no gastado entre 2015 y 2020 de 2.635 millones…

Para tratar de buscar alternativas a los parados, en febrero de 2023 se aprobó en el Congreso la Ley de Empleo, otra exigencia de Bruselas, para tratar de mejorar la política de empleo y la recolocación de los parados. Para los sindicatos y algunos expertos, es una Ley demasiado vaga y falta de medios, por lo que están pendientes de ver el Reglamento que la desarrolle, donde debería concretarse la obligación de las empresas de comunicar todas sus ofertas de empleo a las oficinas públicas, como se hace en Francia. Y queda por ver cómo se hace el cambio de la actual SEPE a la nueva Agencia Estatal de Empleo, que se quiere poner en funcionamiento antes del verano.

El objetivo de todo el cambio legal y de nombre es ofrecer un asesoramiento individual y personalizado a los parados, tras hacerles uno a uno una entrevista y contar con un tutor de la Agencia Estatal de Empleo que elaborará su perfil y un expediente personalizado, para facilitar su recolocación, lo que exigirá que el parado se comprometa a participar en las acciones necesarias para mejorar su empleabilidad. En paralelo, se pretende agilizar y modernizar el portal público de empleo, para que incluya todas las ofertas de trabajo y asegure que lleguen a todos los parados y trabajadores. Una tarea ingente, si se quiere ayudar de verdad a 3 millones de parados, para la que hará falta mucho personal especializado (funcionarios y empresas colaboradoras) y, sobre todo, muchos recursos. Dinero y personal que no se ha asegurado con la Ley y la futura Agencia de Empleo. Y cuya ejecución va a tener mucho que ver con los Gobiernos autonómicos que se elijan el 28-M…

En resumen, que nadie debería hacer más demagogia con los parados, porque bastante mal están, un tercio sin ningún ingreso y la mayoría solos a la hora de buscar trabajo, sin casi ayuda pública. Es hora de afrontar la grave situación que arrastramos desde hace décadas, dedicando más personal y más recursos públicos a formarlos y ayudarlos en su recolocación, con más implicación de las empresas. Darles una salida, ya que casi la mitad de los parados actuales (42,4%) llevan más de 1 año sin trabajo y la sexta parte (medio millón) llevan más de cuatro años en paro y sin esperanzas. Así que dejen de hacer demagogia con los parados y ayúdenles a recomponer su trabajo y su vida.

Reconstrucción: España depende de sí misma

Los contagios se han duplicado la última semana y Sanidad  habla de “una 2ª oleada” de la pandemia cuando no ha empezado agosto, el mes más peligroso. Y cada autonomía va “a su aire”, evitando confinamientos duros por su coste económico y político, mientras la atención primaria sanitaria no tiene medios ni rastreadores. La temporada turística y la incipiente recuperación peligran por los rebrotes, pero urge avanzar en la reconstrucción, tras la euforia (injustificada) por los Fondos europeos: no llegarán hasta dentro de un año y ahora sólo contamos con 14.000 millones (el 10%), que poco nos ayudarán. España depende de sí misma y de pactar unos Presupuestos 2021 que prioricen gastos y recauden más, subiendo algunos impuestos. Y urgen reformas en la contratación (25% de empleos son temporales) y las pensiones, no porque lo exija Europa sino para sobrevivir. Hay que modernizar la economía, invertir en sectores con futuro y dejar de ser un país de servicios. Ser menos vulnerables en la próxima crisis.

enrique ortega

El coronavirus cumple esta semana los 7 meses de vida oficial (31 de julio) y sigue con más fuerza cada día, marcando nuevos récords de contagios en el mundo: 282.700 nuevos contagiados el jueves 23 de julio, tras 280.600 contagiados el miércoles 22. Son 25 veces los contagios que había el 14 de marzo (11.100 diarios). Hoy se contabilizan ya 16.262.481 contagiados en 188 paises, según los datos de la Universidad Jhons Hopkins.

El epicentro de la pandemia sigue en América, tanto en Estados Unidos (4.234.020 contagiados) como en Latinoamérica (que ha superado también los 4 millones de contagiados), destacando Brasil (2.419.091 contagiados), México (390.516), Perú (375.961), Chile (345.790), Colombia (248.976), Argentina (162.526), Ecuador (80.694) y Bolivia (69.429). Y crece cada día en Asia y Oriente Medio, sobre todo en India (1.435.616 contagiados), Irán (291.172), Pakistán (274.289), Arabia Saudí (266.941), Turquía (226.100), Bangladesh (223.453), Iraq (110.032), Qatar (109.305) e Indonesia (98.778 contagiados). Y sigue propagándose por África (850.000 contagios), especialmente en Sudáfrica (445.433 contagiados) y Egipto (92.062). En Europa hay nuevos rebrotes y rondan los 3 millones de contagios (2.973.382), especialmente en Rusia (811.073 contagiados), Reino Unido (301.020), España (272.421), Italia (246.118), Francia (217.801) y Alemania (206.667).

Las muertes por coronavirus se han disparado en el mundo, multiplicándose por 120 desde el 14 de marzo (5.407 muertes) a hoy, cuando se contabilizan ya 648.937 muertes, casi la cuarta parte en Estados Unidos (146.935 muertes, ahora 1.078 diarias), seguido de Brasil (87.004 muertes, 1.367 diarias), Reino Unido (45.837), México (43.680). Italia (35.107), India (32.771 muertes, 1.129 diarias). Francia (30.195), España (28.432 muertes, frente a 136 fallecidos hasta el 14 de marzo), Perú (17.843), Irán (15.700), Rusia (13.249), Bélgica (9.821) y Alemania (9.124 fallecidos), según la Universidad Jhons Hopkins.

En España, se han vuelto a disparar los contagios la última semana: se han detectado +12.166 nuevos contagiados, el doble que la semana anterior (+6.346) y 4 veces los contagios de la primera semana de julio (+3.363), según los datos de Sanidad. El salto de contagios se ha dado día a día, de +685 nuevos el lunes a +730 el miércoles, +971 el jueves y +922 el viernes, último dato oficial de Sanidad (que no reporta los datos del fin de semana hasta la tarde del lunes). Hemos vuelto al nivel de contagios de principios de mayo, en pleno estado de alarma, con especial incidencia en Aragón (237 contagiados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, más que los 171 de Brasil), Cataluña (111 contagiados/100.000), Navarra (110/100.000) y País Vasco (50/100.000), todas por encima de la media española de contagios (38/100.000), la 2ª más alta de Europa, tras Rusia (51), lo que ha llevado a Francia a recomendar “vivamente” no viajar a Cataluña y al Reino Unido a imponer una cuarentena a los viajeros que lleguen de España .

Los nuevos contagios se han más que duplicado por la aparición de casi 300 rebrotes en 30 provincias, especialmente en Cataluña (+4.846 contagiados  la última semana), Aragón (+2.113 contagiados),  País Vasco (+813 casos), Madrid (+789), Andalucía (+597), Navarra (+518 casos) y Comunidad Valencia (+472 nuevos casos). Y aunque la mayoría afectan a gente joven y de mediana edad (la mayoría asintomáticos y que se curan en casa), también han aumentado los contagiados hospitalizados (de 237 semanales el lunes a 327 el viernes, sobre todo en Aragón, Madrid y Cataluña), aunque se estabilizan los ingresos semanales en UCIs (15 el lunes, 11 el miércoles y 14 el viernes). Y también se estabilizan las muertes: 12 más en la última semana, con un total de 28.432 fallecidos oficiales por COVID 19.

Sanidad ha reconocido que podemos estar ante “una 2ª oleada de la pandemia”, ya que en muchos focos hay “transmisión comunitaria”, no controlada, provocada por reuniones de familiares y amigos, ocio nocturno ligado a los jóvenes y algunos casos de temporeros. El problema es que cada autonomía ha reaccionado “a su aire” ante los rebrotes, con medidas (suavizadas) de recorte de actividades y confinamientos muy “light”, que apenas funcionan porque los ciudadanos no los toman en serio. En muchos casos, las autonomías y Ayuntamientos se sienten “presionados” por la hostelería y el turismo (otra vez el viejo dilema de “la bolsa o la vida”) y por tomar medidas “impopulares”. Y también hay una “carrera de imagen”: Galicia implantará esta semana un “control” a los visitantes de otras autonomías (tendrán que informar en los hoteles de donde proceden) mientras Madrid se resiste (con Canarias) a implantar la mascarilla obligatoria para no asustar a los visitantes.

El problema de fondo es que tenemos un virus único que no distingue de pueblos ni autonomías y 17 políticas distintas para combatirlo (¿se imaginan si hubiéramos hecho esto de marzo a junio?). Y que ahora, la primera línea de esta guerra no está en los hospitales y las UCIs sino en los centros de salud, en la atención primaria, que es el eslabón más débil de nuestro sistema sanitario, falto de medios y personal tras años de recortes, que no se han compensado en estos meses a pesar de lo que se diga. Unos centros de salud que están ya saturados (por los rebrotes y las vacaciones del personal, a los que se ha obligado a tomarlas en previsión de una oleada de contagios en otoño). Y que podrían estar peor en agosto, si los españoles y turistas aumentan en zonas de costa y hay más rebrotes.

Los Centros de salud (colapsados) son claves para las dos tareas que hay que realizar frente a los rebrotes: detectar los contagios, aislarlos y multiplicar las pruebas PCR a sus contactos. En España se han multiplicado los test PCR (4.347.022 hechos a 23 de julio, 1,1 millones más que hace un mes), pero son todavía pocos y estamos a la cola de Europa en test PCR por caso detectado: 38 en España frente a 169 de media en Europa, 218 en Italia, 203 en Alemania, 174 en Holanda o 91 en Francia, según la Universidad de Oxford. Y eso, porque no sólo hay que tener test y reactivos, sino personal para hacer las pruebas y laboratorios para analizarlas. En cuanto a los rastreadores, harían falta el doble o el triple, según los expertos,  sobre todo en 12 autonomías que tienen menos de 1 rastreador por 5.000 habitantes: sólo se salvan Andalucía (5 rastreadores por cada 5.000 habitantes), Castilla la Mancha y Comunidad Valenciana (1 rastreados por cada 5.000 habitantes). Los mayores déficits de rastreadores se dan en Cataluña (había 220), Madrid (142) y Aragón (105 rastreadores).

La pandemia se ha descontrolado en sólo un mes de “nueva normalidad” y ahora, en agosto, podrían dispararse los rebrotes, al multiplicarse la movilidad de los españoles que cogen vacaciones más la llegada de nuevos turistas extranjeros (la patronal Exceltur espera 4,1 millones en agosto), lo que hace temer nuevos rebrotes en zonas turísticas, hasta ahora poco afectadas por los nuevos contagios y sin medios en los Centros de salud locales. De confirmarse esta  “2ª oleada de la pandemia”, supondría no sólo un peligro sanitario sino que interrumpiría la actividad económica y turística. De hecho, la cuarentena británica y el aviso francés (más los "avisos" de Alemania, Bélgica y Noruega sobre España) son "la puntilla" para un verano desastroso para el turismo. Y además, un rebrote generalizado y nuevas medidas de confinamiento agravarían la recesión y dificultarían más la recuperación. Por eso hay que evitarlo como sea, con medidas públicas más drásticas y más conciencia ciudadana (sobre todo los jóvenes).

Mientras media España se coge las vacaciones más raras de su vida, el Gobierno trabaja para tener listo a finales de septiembre el Presupuesto 2021, que debe ser el motor de la reconstrucción económica y social del país. Y por mucha euforia y “propaganda” con el éxito de la última Cumbre Europea (ojo: se ha aprobado un Fondo de 750.000 millones en 4 años, frente a los 1,5 billones que pedían inicialmente España e Italia y los 2 billones que propuso el Parlamento europeo), España tendrá que salir del agujero básicamente por sus propios medios. Y eso, porque el dinero europeo (ojo, de los 140.000 millones para España, 66.900 son créditos que habrá que devolver a partir de 2027) no llegará a España hasta dentro de un año, según ha confirmado el Comisario europeo Gentiloni. Y sólo podremos disponer ahora del 10%, o sea de 14.000 millones  (7.200 en ayudas a fondo perdido), cuando la factura extra que tiene España por el coronavirus superará los 100.000 millones.

La primera decisión que tiene que tomar el Gobierno español es qué déficit le propone a Bruselas para 2021. Este año 2020, el déficit estimado por la Comisión Europea para España era en mayo del -10,1% del PIB, lo que traducido supone un “agujero” en las cuentas públicas de -112.000 millones (frente a -32.879 en 2019). Pero hoy, la Autoridad Fiscal independiente (AIReF) sube este déficit fiscal, entre el -11,9% (-132.041 millones) y -14,4% si hay rebrotes (-159.780 millones). Pongamos un punto medio, un agujero fiscal de -145.000 millones de euros, que habrá que “tapar” con deuda (+110.000 millones sobre la prevista inicialmente). Ahora, el debate es ¿Qué déficit estimamos para 2021? Podemos ofrecer a Bruselas bajarlo algo, al 10% del PIB (-117.616 millones), muy difícil, porque obligaría a ajustes que pondrían en peligro la recuperación necesaria de la economía en 2021, o intentar mantenerlo en el 12% con que podría acabar el año, lo que sería un déficit de -140.000 millones para 2021. Tremendo, pero bajarlo más con una economía débil podría llevar a asfixiar la ansiada recuperación.

Así que lo primero será que Nadia Calviño negocie con Bruselas ese déficit  “permitido” para 2021, entre el 12 y el 10% del PIB (menos saben los europeos que es imposible). Y una vez negociado, hay que hacer dos cuentas: cuánto es lo mínimo que necesitamos gastar y de dónde lo sacamos, cómo podemos ingresarlo. Y aquí está lo difícil de los Presupuestos. Primero, en priorizar el gasto. Porque en 2019, sin coronavirus, el gasto presupuestario fue de 492,812 millones, el 41,9% del PIB, un gasto muy inferior al del resto de Europa (46,7% del PIB). Ahora, con las ayudas que hacen falta a empresas, parados y familias, más las inversiones necesarias para la reconstrucción, habría que gastar al menos 100.000 millones más, en torno a 600.000 millones. Pero si gastamos eso, habría que recaudar 460.000 millones para que el déficit no sea más de -140.000 millones (“si nos dejan” el 12%).

Y aquí está el 2º gran problema, tras el gasto: cómo ingresamos esos 460.000 millones, que es justo lo ingresado en 2019, un año sin recesión. Una recaudación difícil de repetir, con las empresas, los sueldos y el consumo muy “tocados”. Y con un PIB menor en 2021 (1.176.163 millones) que en 2019 (1.245.331), el esfuerzo para recaudar los mismos 460.000 millones  tendrá que ser mayor. Así que sólo hay dos opciones: o se mejora la recaudación, subiendo algunos impuestos, o se gasta menos, en ayudas o inversiones para la reconstrucción. Y sabiendo que el dinero de Europa llegará, pero tarde (entre 2021 y 2023) y sólo la mitad será de ayudas, pero muy dirigidas a inversiones en medio ambiente, digitalización y formación, no para muchas otras cosas que necesitamos.

Así que, les guste o no al PP y a Ciudadanos, no queda otra opción que subir algunos impuestos para pagar la reconstrucción, como han propuesto la Comisión Europea, el Banco de España y muchos expertos. Bruselas lleva años diciéndonos que recaudamos menos en todo (88.000 millones menos cada año que la media UE-27, según los últimos datos de Eurostat), sobre todo en IRPF, IVA e impuestos verdes. El Banco de España ha propuesto subir el IVA, sociedades y los impuestos medioambientales. FEDEA ha propuesto un recargo temporal en el IRPF (recargo COVID), como el que impuso Rajoy en 2012. Y la AIReF recuerda que se pierden 60.000 millones anuales de recaudación por beneficios fiscales, con lo que se podrían ingresar 35.000 millones más subiendo los tipos reducidos del IVA y suprimiendo exenciones no justificadas en el IRPF y sociedades.

Algo habrá que hacer para cuadrar las cuentas. Lo ideal sería pactar esos Presupuestos 2021, para que los gastos e ingresos sean respaldados por la mayoría, la mejor baza para que los apruebe Bruselas. No será fácil, pero sin un pacto de Presupuestos no hay reconstrucción (ni Gobierno). Y en paralelo, habría que pactar las reformas necesarias para modernizar la economía, al margen de esos 5 Pactos de Estado propuestos por la Comisión de Reconstrucción: pacto por la Sanidad, la Industria, la igualdad de género, la Ciencia y la Cultura. Sobre todo dos, no porque nos lo pida Europa, sino porque son las 2 reformas más urgentes: la reforma de la contratación (es insostenible que un 25% de los contratos sean temporales, lo que nos hace muy vulnerables) y la reforma de las pensiones (porque si no, las cuentas públicas no se pueden ajustar a medio plazo).

Además, habrá que modernizar la economía española, hacerla más eficiente, con empresas más grandes y más peso de la industria, la tecnología y la digitalización, para aumentar la baja productividad del país. Eso pasa por cambiar el modelo productivo, dejar de ser un país de bares, hoteles y tiendas que nos ha hecho tan vulnerables en esta pandemia, como en la crisis de 2008. Conseguir un cambio radical en nuestra economía, para que cree más empleo estable y dejemos de tener el doble de paro que Europa y menos renta. Esto no se hace de un día para otro, harán falta una o dos décadas. Podría ser lo único positivo que saquemos de esta pandemia: una catarsis de la economía para ser menos vulnerables en la próxima crisis. Para conseguirlo, necesitamos dinero, tiempo y remar todos en la misma dirección. A ello. Pero sin olvidar al “bicho”. ¡Cuidado¡

EPA junio 2018: empleo histórico pero precario e insuficiente

Los datos de la EPA conocidos hoy han sorprendido: se crearon 469.900 empleos en el 2º trimestre,  un récord histórico, aunque la Semana Santa cayó en marzo. Y la tercera parte, entre mayores de 50 años. Dos buenas noticias que ocultan que sólo el 6,15% de los nuevos contratos hechos en 2018 han sido “decentes”, fijos y a tiempo completo. Y que todavía tenemos más del doble de paro que Europa y el triple de paro juvenil. Ahora, se espera que el empleo crezca algo menos en los próximos meses, como la economía. Y que no se recupere el empleo de 2008 hasta el año 2021 o 2022. Por eso es importante reanimar la economía y el empleo, con algo más gasto y déficit, aunque PP y Ciudadanos no lo apoyan. Y en paralelo, urge aprobar dos Planes de choque. Uno para los parados, porque la mitad no cobran nada. Y otro contra el empleo precario. El Gobierno anuncia que en agosto pondrá en marcha un Plan para inspeccionar a las empresas que subcontratan y el abuso de becarios, falsos autónomos, docentes, economía colaborativa y brecha salarial. Falta hace.

enrique ortega

El segundo trimestre suele ser bueno para el empleo, por el turismo y las tareas agrícolas, aunque este año era diferente porque la Semana Santa cayó en marzo. Pero se han roto todas las previsiones: esta primavera se crearon 469.900 empleos, según la EPA conocida hoy, la mejor cifra de la historia, muy superior a los empleos creados en los últimos años (+375.000 en 2º trimestre 2017 y +271.400 en 2016). El nuevo empleo se ha creado sobre todo en los servicios (+ 371.400), por el turismo y la hostelería, aunque también aumentó en la construcción (+63.400) y la industria (+46.400), cayendo en el campo (-10.200). Se ha creado más empleo entre los hombres (+ 244.300) que entre las mujeres (+225.500). Y lo más chocante: se ha creado sobre todo entre los mayores de 50 años (+160.300) y los de 30 a 40 años (+98.100 empleos. Por autonomías, ha crecido el empleo en todas, pero sobre todo en Baleares (+ 85.400), Andalucía (+64.700) y Cataluña (+57.200).

El problema, un trimestre más, es que el empleo creado es muy precario, aunque menos que en 2017: de los 10.829.878 contratos firmados entre enero y junio (una barbaridad, porque se hacen muchos para cada empleo), el 89,6% fueron temporales y un 10,4 % indefinidos (frente al 9,88% en todo 2017), según datos de Empleo. Y un 34,7% fueron a tiempo parcial, por horas, mientras el 65,3 % restante eran contratos a jornada completa. Con ello, sólo el 6,15% de todos los contratos firmados en 2018 han sido “normales”, fijos y a jornada completa, una precariedad que se arrastra desde 2009. Y ahora, un 26,8% de todos los trabajadores asalariados tienen un contrato temporal (la cuarta parte de los nuevos, por menos de 7 días), el porcentaje más alto de Europa, donde hay un 14,5% de trabajadores temporales. Y un 15 % de trabajadores tienen un empleo a tiempo parcial, el 60% porque no encuentran otro mejor.

La mejora del empleo ha permitido reducir el paro estimado en el segundo trimestre, en 306.000 personas, una rebaja algo menor a la de 2017 (-340.700 parados en primavera), porque han aumentado las personas que buscan trabajo (+163.900 activos).  Con ello, el número de parados baja a  3.490.100, según la EPA de hoy, y la tasa de paro se reduce al  15,28 %, la más baja en una década. A pesar de la mejoría, somos el 2º país de Europa con más paro (tras el 20,1% de Grecia) y tenemos más del doble de paro que el continente (7% de paro en mayo en la UE-28) y cinco veces el paro de Alemania (3,4%), según los últimos datos de Eurostat. Y lo peor es el paro juvenil, el de los menores de 25 años: en España afecta al 34,68 % de los jóvenes, frente al 15,1% en Europa (UE-28), el 31,9% en Italia, el 20,4% en Francia, el 11,5% en Reino Unido  o el 6,1% en Alemania.

El paro en España se concentra en las mujeres (son más de la mitad de los parados:1.816.200 , con una tasa del  17,08 %, frente al  13,72% de los hombres), los jóvenes (34,38 % de paro entre los menores de 29 años), los inmigrantes (22,3 % de paro) y los mayores de 50 años (el 13,2 % de paro, el triple que en 2007), donde ya hay  909.500  españoles mayores sin trabajo (y sin posibilidad de tenerlo la mayoría), según la EPA de hoy. Además, el paro se concentra también en 5 autonomías, que mantienen una tasa de paro “insoportable” superior al 20%: Ceuta ( 29,46 %), Melilla (27,96 %), Extremadura ( 23,85%),  Andalucía ( 23,09 %), y Canarias ( 20,06%), casi la media España pobre, que contrasta con el paro “casi europeo” de la España rica, Navarra ( 9,93% de paro), País Vasco ( 10,12% ) y la Rioja (10,68%). Y un dato esperanzador: se han reducido (-128.700) los hogares donde no trabaja nadie: son 1.113.000 hogares los que tienen a todos sus miembros en paro.

Pero quizás el dato más preocupante es que el paro se enquista y la mitad de los parados llevan más de 1 año sin trabajar, los llamados “parados de larga duración”: en junio de 2018 eran 1.780.100 personas, el  51% de todos los parados, según la EPA del segundo trimestre (en la UE-28 son el 43% de los parados). Y de ellos, 1.274.600 llevan ya parados más de 2 años y un millón largo más de 4 años sin trabajo, según un estudio de Fedea. De hecho, en las oficinas de empleo (SEPE) hay 668.432 parados apuntados desde hace más de 4 años, según los datos aportados por UGT. Son una enorme bolsa de “parados crónicos”, que tienen muy difícil volver a trabajar, porque están “fuera del mercado”. Y no sólo por su edad (un 70% de los que llevan parados más de 4 años superan los 50 años y dos tercios son mujeres) sino porque tienen poca formación: un 63% de estos parados de larga duración sólo tienen la ESO (o incluso menos) y eso les aleja aún más de poder ser contratados.

Mientras ven difícil recolocarse, el mayor problema de muchos de estos “parados viejos” es sobrevivir, porque tras tantos meses en el paro, se les ha agotado el subsidio en muchos casos. Y así nos encontramos con que más de la mitad de los parados EPA no cobran ya ningún subsidio de paro: en mayo de 2018, según los últimos datos de Empleo, sólo cobraban alguna ayuda 1.716.471 parados, el  49,18 % de los parados estimados (EPA). Y encima, de los parados que cobran, sólo algo más de un tercio (658.106 parados) cobran el subsidio contributivo de 810 euros al mes y los dos tercios restantes cobran un subsidio asistencial (de 6 a 12 meses) de sólo 430 euros mensuales. Los 1.773.629 parados restantes (el  50,82 % del total) no cobraban nada, ningún subsidio: cuando Rajoy llegó a la Moncloa, a finales de 2011, los que no cobraban ningún subsidio eran el 44,5% de los parados).

Esta rebaja en el número de parados que cobran alguna ayuda es algo buscado, tras los recortes aplicados en 2012 y después a las prestaciones por desempleo, para recortar el gasto y el déficit público. Así, el gasto en desempleo ha pasado de un máximo de 32.366 millones en 2009 a 17.397 millones que se gastaron en 2017, según la liquidación del Presupuesto. Y esa caída del gasto (-46,26%) no se corresponde con la caída del paro EPA en esos años (-559.800), que ha sido menor (-12,93%), con lo que ha caído el porcentaje de parados que no cobran y los que cobran reciben menos (810 euros mensuales  frente a 864 euros en 2011) y de forma muy desigual: en Baleares, los parados cobran 984,60 euros de subsidio frente a 696,30 en Extremadura y 784,60 euros en Canarias.

Esta baja cobertura de parados que cobran el desempleo provoca que casi la mitad de los parados españoles sean pobres: si en el conjunto de España, un 21,6% de las personas son “pobres” (ingresan menos del 60% de la media: ganan menos de 6.664 euros al año), entre los parados son pobres el 44,6% (ingresan menos de esos 6.664 euros anuales), según la última Encuesta de Condiciones de Vida 2017 del INE. Y además, el hecho de que la mitad de los parados estimados (EPA) no cobre ayudas les supone también que el Estado no cotiza por ellos a la Seguridad Social, lo que afecta muy negativamente a su futura pensión.

El Gobierno Rajoy preparó antes de irse una reforma para refundir las tres ayudas asistenciales a los parados (Renta activa de inserción, Plan Prepara y Programa de Activación para el Empleo) en una sola (Renta complementaria de Desempleo, RED), un cambio que perjudica al 75% de los parados, según los sindicatos. El nuevo subsidio a los parados de larga duración con cargas familiares se ha retrasado, con el Presupuesto 2018, hasta el 5 de julio y los sindicatos critican que es muy “restrictivo”, porque la familia del parado necesita ingresar menos de 1.060 euros al mes para que él pueda recibirlo (y sólo durante 6 meses). Además, UGT y CCOO denuncian que el nuevo subsidio deja fuera a 42.000 parados de larga duración que ahora no pueden recibirlo. El nuevo Gobierno Sánchez está negociando con autonomías y agentes sociales una solución para que estos parados sigan cobrando y aprobarla el 3 de agosto.

Tras los datos de primavera, se espera un verano bueno para el empleo y que crezca menos  en otoño, para cerrar 2018 con una menor creación de empleo que en 2017, dado que la economía también va a crecer menos (2,7% frente a 3,1% en 2017). Así, frente a los 490.300 empleos creados en 2017, la previsión del nuevo Gobierno Sánchez es crear 456.000 nuevos empleos en 2018 y 439.000 empleos más en 2019. Eso significa que España no recuperaría el empleo de antes de la crisis (20.646.000 ocupados en junio de 2008) hasta dentro de tres años, hasta diciembre de 2021 (20.653.000 ocupados), según la última previsión del Gobierno Sánchez. Habrán sido, pues, 13 años perdidos para el empleo. Y algunas otras previsiones, como la del profesor Josep Oliver, retrasan esa recuperación del empleo de 2008 un año más, hasta 2022.

Todo va a depender del panorama internacional en los próximos años, de si estalla o no otra crisis, motivada por el proteccionismo y la guerra comercial desatada por Trump, la subida del petróleo y, sobre todo, el impacto de la subida de los tipos de interés en Europa a partir de 2019, una medida que puede frenar drásticamente el crecimiento de países como España, con el Estado, las empresas y familias muy endeudados. Por todo ello, sería clave para recuperar más empleo el que España creciera más, que el Gobierno consiguiera reanimar la economía con más gasto y más inversión en 2019, algo que hoy parece imposible por el veto del PP y Ciudadanos a un mayor gasto, a esos 5.300 millones más de déficit que nos deja Bruselas. Y que España necesita para crear más empleo y reducir la brecha de paro con Europa.

Pero, al margen de que la “pelea política” deje o no gastar más en los próximos meses, el Gobierno y las fuerzas políticas deberían pactar dos Planes urgentes que necesita la economía española. El primero, un Plan de choque contra el paro, asentado en tres patas. Una, aumentar la cobertura de ayudas a los parados, mejorando las ayudas actuales y recuperando las ayudas a los parados de 52 a 55 años que quitó Rajoy en 2013, al margen de los ingresos de su familia. Dos, poner en marcha una estrategia de formación e incentivos a la contratación de los parados de larga duración, en especial los mayores de 50 años, las mujeres y los jóvenes. Y tres, una reforma a fondo de las oficinas de empleo (SEPE), dado que el 91% de los parados no recibe ningún servicio (sólo el 4,12% hace cursos) y ayudan a buscar trabajo al 2% de los parados, según un reciente informe de CCOO. Y eso implica no sólo tener más recursos y más medios (herramientas informáticas para ayudar a los parados), sino también más personal: cada empleado del SEPE atiende a 211 parados, frente a 105 en la UE-28, 73 en Francia, 48 en Alemania y 24 en Reino Unido.

La otra gran prioridad es un Plan contra la precariedad laboral, en dos frentes: lucha contra los abusos en la contratación temporal y combate al empleo a tiempo parcial injustificado (excesos de jornada y horas extras no justificadas). Hay que poner a la inspección de Trabajo a vigilar para combatir el empleo precario ilegal y no justificado, lo que requiere antes que nada aumentar la plantilla de funcionarios, que, tras los recortes hechos por el Gobierno Rajoy es hoy la más baja desde 2009: 1.800 inspectores y subinspectores, lo que da una media de 1 funcionario por 15.000 asalariados, el doble de trabajo que en Europa (donde hay un inspector por cada 7.300 asalariados). De momento, el Gobierno Sánchez ha dado un paso, al anunciar que en agosto pondrá en marcha un Plan de inspección que vigilará las subcontratas (las camareras de piso, las “Kellys”, y los vigilantes de seguridad), los falsos autónomos y becarios, la economía colaborativa (plataformas de Internet, como Glovo), los docentes que pierden el empleo en verano y los re-contratan en septiembre y la brecha salarial entre hombres y mujeres. Es un buen comienzo y no se entendería que políticos o empresas torpedearán este Plan por un empleo “más decente”.

Otro trimestre más, la EPA nos indica que se sigue creando empleo pero con mucha precariedad. Y que, con más del doble de paro que Europa, deberíamos volcarnos como país en crear más empleo y reducir el número de parados y su pobreza. Sigue siendo la primera preocupación de los españoles, según el Barómetro del CIS, aunque no de los políticos. Pero hay que avanzar en la lucha contra el paro, sin esperar a nuevas elecciones y Gobiernos. Tomar medidas ya, para que más parados cobren, para que más parados vuelvan a trabajar, para que la economía crezca más y haya más empleos. Esto es lo realmente importante, no las peleas políticas sin salida.