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| Enrique Ortega |
La rehabilitación energética de viviendas y edificios es una de las prioridades de la Comisión Europea para las próximas tres décadas, porque los edificios europeos son responsables del 40% del consumo energético y del 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso, su gran objetivo, dentro de la estrategia UE contra el Cambio Climático es que los edificios y viviendas de toda Europa “estén libres de emisiones (0 emisiones netas) en 2050”. Para lograrlo, han incluido la rehabilitación energética de los edificios como una de las prioridades del Plan de recuperación europeo, el programa Next Generation UE, que invertirá 750.000 millones entre 2021 y 2024, de los que 140.000 millones serán para España (70.000 millones como subvenciones a Fondo perdido).
A partir de aquí, España
ha establecido la rehabilitación
energética de edificios y viviendas como la
2ª prioridad del Plan de Recuperación
español, enviado a Bruselas en octubre y autorizado por la Comisión
Europea el
pasado 13 de julio. En concreto, se destinarán 6.820 millones de euros entre 2021 y 2023 al “Plan de rehabilitación de
vivienda y regeneración urbana”, la
2ª mayor partida de gasto del Plan de Recuperación, tras la dedicada “a la movilidad
sostenible” (13.203 millones de inversión). Su objetivo es muy ambicioso: rehabilitar energéticamente 510.000 viviendas en los
próximos 3 años y 1,2 millones hasta 2030. Y con esta demanda potencial,
poner en marcha “una verdadera industria” de rehabilitación de viviendas,
apoyada por un esfuerzo inversor privado, con otro objetivo aún más ambicioso: rehabilitar una media de 300.000 viviendas anuales a partir del
año 2030, lo que permitiría rehabilitar
7,2 millones de edificios y viviendas para el año objetivo 2050.
Para España, este objetivo rehabilitador suena “desmesurado”, si se tiene en cuenta que en 2019 se rehabilitaron sólo 31.110 viviendas, el 0,12% del parque residencial, con lo que somos el país europeo que menos viviendas rehabilita: Francia rehabilita anualmente el 2,01% de sus viviendas, Alemania el 1,49%, Italia el 0,77% y la media de la UE-27 está en una rehabilitación del 1,5% de sus edificios. Sin embargo, tenemos un parque de viviendas bastante deteriorado, que pide una rehabilitación urgente, tanto para mejorar su habitabilidad (1 millón de viviendas están en estado deficiente, malo o ruinoso) como para reducir su alto consumo energético (las viviendas particulares consumen en España el 11,7% de toda la energía, según el IDAE). De hecho, tenemos un parque de 25,7 millones de viviendas, de las que 19 millones son viviendas principales. Y más de la mitad (9,7 millones) se construyeron antes de 1980, cuando se aprobaron las primeras normas energéticas de edificación, por lo que esas 9,7 millones son las viviendas candidatas a rehabilitarse.
El programa de rehabilitación energética 2021-2023 aprobado por el Gobierno (y ratificado por la Comisión Europea) contempla 4 grandes Planes donde se invertirán esos 6.820 millones de Fondos europeos previstos. El primero y fundamental (3.420 millones) se refiere a la rehabilitación de viviendas y edificios particulares y tiene tres frentes de actuación: subvenciones directas para la rehabilitación de edificios enteros y viviendas individuales (1.994 millones) y de barrios enteros (976 millones), además de deducciones fiscales en el IRPF a los particulares que rehabiliten. El 2º Plan del programa de rehabilitación (1.000 millones) busca la regeneración de viviendas en pueblos de menos de 5.000 habitantes (hay 6.815 localidades donde el 30% de las viviendas fueron construidas antes de 1960 y el 10% están en estado deficiente o ruinoso), para frenar la huída de población de la España vaciada. El tercer Plan contempla la rehabilitación de edificios públicos de la Administración central, autonómica y municipal, desde centros educativos y sanitarios a deportivos, culturales o asistenciales, con 1.080 millones de inversión. Y el cuarto Plan incluido en el programa (1.000 millones de inversión restante) contempla construir 20.000 viviendas de promoción pública para alquiler, energéticamente eficientes, entre 2022 y 2023.
El Plan de Recuperación de España donde se incluyen estos 4 programas de rehabilitación fue aprobado por la Comisión Europea el pasado 13 de julio. Y ese mismo día, el Consejo de Ministros liberó la primera partida de dinero público para rehabilitación: 1.631 millones (de los 2.036 millones previstos gastar en 2021): 1.151 millones para la rehabilitación de viviendas y barrios y otros 480 millones para rehabilitar edificios públicos. Y como había prisa, unos días después, el 21 de julio, Gobierno y autonomías pactaban el reparto de este primer gasto en rehabilitación por autonomías, que son las que gestionarán el Plan y abrirán con los Ayuntamientos la ventanilla de solicitudes de ayudas. El reparto (ver cuadro) se ha hecho teniendo en cuenta el número de hogares de cada autonomía, con lo que 4 regiones van a recibir más de 100 millones de ayudas para rehabilitar: Andalucía (199,9 para particulares y 85,6 para edificios públicos), Cataluña (186+78,7), Madrid (161,2+68,5) y Comunidad Valenciana (124,6+51,15). Para futuras entregas, hasta 2023, el Gobierno está pensando en primar la buena gestión de las ayudas, con lo que podrían recibir más dinero las autonomías que mejor gestionen los programas de rehabilitación.
Con este primer dinero ya repartido para la rehabilitación energética, las autonomías trabajan ahora en poner en marcha en sus territorios toda la operativa para que particulares y comunidades de propietarios soliciten las ayudas para rehabilitar viviendas y edificios. El programa incluye la creación de Oficinas específicas, “ventanillas únicas” en autonomías y Ayuntamientos para facilitar los trámites a los vecinos interesados. Además, el Gobierno está promoviendo la creación de empresas para facilitar la rehabilitación “llave en mano” (que elaboren el proyecto técnico, busquen las ayudas y la financiación y se encarguen de ejecutarlo), algo que parece interesar ya a empresas constructoras, energéticas y bancos. Además, el ejecutivo ha pedido a la banca que colabore ofreciendo “créditos para rehabilitación”.
Mientras las autonomías saben ya el primer dinero con el que
van a contar y preparan su intendencia, el
Gobierno acaba de aprobar el marco
normativo de las ayudas a la rehabilitación, un Real
decreto (853/2021) y un Real decreto Ley (19/2021) aprobados el pasado 5 de
octubre. El primero establece los tres
tipos de subvenciones directas (a fondo perdido) que se van a conceder para rehabilitar energéticamente viviendas (aislamientos, ventanas, fachadas...). Y no sólo a los propietarios de su
vivienda habitual, también a los que viven en alquiler: el Gobierno contempla
que los inquilinos puedan recibir ayudas
para la rehabilitación de la
vivienda donde viven si acuerdan con su
casero costear a su cargo la obra de rehabilitación a cambio del pago de la
renta. Lean con atención el abanico de ayudas.
Las mayores subvenciones se dan para rehabilitar energéticamente barrios enteros. Se fija una exigencia mínima de que la rehabilitación ahorre un 30% de energía y a partir de ahí la subvención varía según el ahorro, con un máximo de 21.400 euros por vivienda para la rehabilitación que ahorre el 80% de energía (y hasta el 100% del gasto hecho si el propietario es una familia vulnerable). El 2º mayor nivel de ayudas se da para rehabilitar energéticamente edificios enteros y viviendas unifamiliares. Aquí también se exige un ahorro energético mínimo del 30% y la ayuda varía según el alcance de la rehabilitación, con un máximo de 18.800 euros por vivienda para la rehabilitación que ahorre un 80%. Y el tercer nivel de ayudas es para rehabilitar viviendas aisladas, que solicite un particular para su domicilio “habitual y permanente”: se le subvenciona el 40% de la rehabilitación (que ha de cumplir una exigencias de ahorro energético o sustitución de elementos constructivos) con un límite de 3.000 euros por vivienda (el gasto mínimo ha de ser 1.000 euros por vivienda).
Además de estas subvenciones (ayudas a fondo perdido), se han aprobado nuevas deducciones en el IRPF a los particulares que hagan obras de rehabilitación para la mejora energética de su vivienda o edificio. Se establecen 3 deducciones fiscales. Una del 20% del importe de la rehabilitación (con un tope de 5.000 euros por vivienda) a los que reduzcan el consumo de calefacción un 7%. Otra del 40% (con un tope de gasto de 7.500 euros por vivienda) para los que reduzcan un 30% su consumo o alcancen la calificación energética A o B para su vivienda habitual. Y una deducción máxima del 60% (con un gasto máximo de 15.000 euros por vivienda) para los particulares que vivan en edificios residenciales donde se reduzca un 30% su consumo energético, alcancen la calificación energética A o B y hayan hecho actuaciones de mejora que afecten al conjunto del edificio.
Además, el Gobierno ha aprobado una línea de avales del ICO por importe de 1.000 millones de euros para que las comunidades de propietarios puedan financiar con créditos la rehabilitación de edificios enteros. Y para facilitarlo, el Real Decreto Ley incluye una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, con objeto de que una comunidad de propietarios pueda aprobar por mayoría simple la solicitud de un crédito para rehabilitar el edificio (una decisión que hasta ahora exigía la unanimidad). Así que ahora, el crédito para rehabilitar el edificio lo podrá pedir la comunidad (no cada propietario), con el aval del ICO, y su pago se incluirá dentro de los gastos generales del inmueble.
La mayor cuantía de las subvenciones y de las deducciones fiscales hace que lo más interesante para rehabilitar una vivienda es que esté incluida en un Plan para rehabilitar el barrio completo y si no, que la comunidad de vecinos contemple rehabilitar todo el edificio, un camino más rentable que rehabilitar uno sólo su casa (salvo que viva en una vivienda unifamiliar). Además, las comunidades de propietarios tienen ahora dos ayudas más. Una, de hasta 3.500 euros de subvención, para elaborar un Libro del edificio (una especie de auditoría energética) donde se refleja su situación actual y sus carencias. Y la otra ayuda, hasta 30.000 euros, para pagar un Proyecto de rehabilitación que elabore una empresa especializada y que será la base para solicitar las ayudas públicas y hacer las obras de rehabilitación energética.
En líneas generales, el programa de rehabilitación “suena” bastante bien y debería llevar a muchas comunidades de vecinos a estudiarlo y decidirse a rehabilitar energéticamente su edificio, aprovechando los Fondos europeos, que se van a traducir en subvenciones (hasta 18.000 euros por vivienda si se rehabilita un edificio) y deducciones fiscales en el IRPF (hasta el 60% del gasto de un propietario si se ha rehabilitado su edificio), más créditos para pagar las obras avalados por el ICO ( por lo que los bancos deberían concederlos). Los problemas pueden encontrarse, como siempre, en el papeleo y la burocracia (autonomías y Ayuntamientos) y en que el exceso de demanda colapse la rehabilitación, porque hacen falta empresas y trabajadores suficientes para atender esta ola de rehabilitación. Además, hace falta agilidad en la puesta en marcha del programa, porque la entrega de Fondos europeos en 2022, 2023 y 2024 está ligada a que se gasten los fondos entregados. Y que se gasten bien: si hay “picaresca” y corruptelas, Bruselas nos exigirá el dinero mal gastado.
Estamos ante “una oportunidad histórica” para remozar parte de nuestro parque de edificios y viviendas, consiguiendo unas casas más confortables y energéticamente eficientes con muchas ayudas públicas y poco gasto de las familias. Un Plan de rehabilitación energética que “mata 3 pájaros de un tiro”: consigue mejores viviendas, reduce el consumo español de energía (-40% de energías fósiles) y nuestras emisiones de CO2 (-650.000 Tm. anuales) y crea empleo adicional (188.000 nuevos empleos) y más crecimiento (aporta +13.500 millones al PIB español en tres años). Por todo ello es clave que el Plan de rehabilitación salga bien, lo que exige colaboración institucional (que no haya peleas “políticas” entre el Gobierno, las autonomías y Ayuntamientos: rehabilitar debe ser una prioridad de todos) y un decidido apoyo de empresas y autónomos de la construcción, bancos, administradores de fincas y comunidades de propietarios, así como un esfuerzo informativo para que el Plan y sus ayudas sean conocidos por todos los propietarios. A rehabilitar tocan.
