Se prorrogan las ayudas contra la inflación

Hoy hemos sabido que los precios bajaron mucho en junio, hasta el 1,9% anual, la inflación más baja desde marzo de 2021. España tiene así un tercio de la inflación de la zona euro (6,1% en mayo) y somos el tercer país europeo con los precios más bajos. Un buen dato que se debe a la bajada del petróleo, gas y materias primas, pero también a las medidas contra la inflación que lleva aplicando 2 años el Gobierno Sánchez: rebaja del IVA a la luz y el gas, bonificación a los carburantes, excepción ibérica y bajada del IVA alimentos. El martes, el Gobierno prorrogó muchas de estas ayudas hasta diciembre. En total, los 7 paquetes contra la inflación han costado 47.000 millones de euros. Ahora preocupa un repunte de precios este invierno, por la energía y la guerra. Mientras, el BCE, la OCDE y el FMI reconocen que la culpa de la inflación no la tienen sólo la guerra y la energía, sino los disparados márgenes empresariales (beneficios): nadie los frena y lo pagamos caro los consumidores.

Enrique Ortega

Parece que la inflación ha dejado de ser el grave problema que arrastramos desde hace dos veranos, cuando en agosto de 2021 superó el 3% y empezó a subir sin freno hasta marzo de 2022, alcanzando el 9,8% tras la invasión de Ucrania, para superar incluso el 10% de subida el verano pasado (+10,8% en julio 2022). A partir de ahí, la inflación empezó a bajar, cerrando el año 2022 en el +5,7%, y tras un ligero repunte en enero y febrero (por la subida de los alimentos), vuelve a bajar el IPC anual, hasta el +3,2% en mayo, el último dato completo del INE. Y hoy se ha publicado el IPC anticipado de junio de 2023, que refleja una fuerte caída de la inflación en España: +1,9% anual, el nivel más bajo desde marzo de 2021 (+1,3%).

A falta de conocerse el dato anticipado de Europa en junio, España tenía ya una inflación armonizada (homologada con las estadísticas europeas)  del 1,6% en junio, que puede ser un tercio de la inflación media europea. Con los datos de toda Europa, en mayo, España ya tenía ya tenía menos de la mitad de inflación (homologada) que la zona euro: un +2,9% de inflación armonizada en España (el dato homologable con Europa, inferior al 3,2% del IPC), frente al +6,1% de inflación en los 20 paises de la zona euro. Frente a los grandes paises, la inflación anual en España era también menos de la mitad que en Italia (8%), Alemania (+6,3%), Francia (6%), según Eurostat. Y éramos el tercer país con menos inflación de la UE-27, junto a Dinamarca (+2,9%), sólo por detrás de Luxemburgo (2%) y Bélgica (2,7%), con 7 paises europeos donde los precios suben más del 10% (+21,9% en Hungría, 12,5% en Polonia y Chequia).

En resumen, España ha bajado su inflación anual del 10,8% máximo (agosto 2022) al 1,9% actual, mientras la zona euro la ha reducido menos, del 10,6% máximo (octubre 2022) al 6,1% de mayo (último dato). Eso se debe a que España dependía menos del gas ruso que los paises del centro y norte de Europa (tenemos muchas regasificadoras), a un mayor peso de las energías renovables en la generación de electricidad y a un menor consumo de petróleo y gas, ayudado por un invierno suave. Incluso los alimentos, que suben un +12% en España, se encarecen menos que en Europa (+12,5%), según Eurostat. Pero hay otro motivo que explica la mayor caída de la inflación en España: las medidas contra la inflación tomadas desde hace dos años por el Gobierno Sánchez.

Las primeras medidas se aprobaron el 24 de junio de 2021, antes de la guerra de Ucrania: la bajada del IVA de la electricidad del 21 al 10% y  la suspensión del impuesto del sobre la generación eléctrica (7%). En septiembre de 2021, se redujo del 5,11 al 0,5% el impuesto especial sobre la electricidad. En diciembre de 2021, el Gobierno prorrogó hasta el 30 de abril de 2022 estas tres medidas fiscales para reducir el precio de la electricidad. Tras la invasión de Ucrania, el Gobierno aprobó el 29 de marzo de 2022 un Plan Nacional de respuesta a la guerra, con medidas contra la inflación y ayudas a sectores y colectivos más afectados: extensión hasta el 30 de junio de la rebaja del IVA al 10% para la electricidad (más rebaja al 0,5% impuesto electricidad y supresión del impuesto de generación del 7%), bonificación de 20 céntimos en los precios de los carburantes (desde el 1 de abril de 2022) y ayudas a transportistas, agricultores y pescadores, así como a industrias muy consumidoras de energía. Y una bonificación del 30% al transporte público (con otro 20% las autonomías).

El 25 de junio de 2022, el Gobierno Sánchez aprobó otro paquete de medidas contra la inflación, hasta fin de año, donde destaca una nueva bajada del IVA para la electricidad, del 10 al 5% (y al gas), además de mantener la rebaja del impuesto eléctrico y la supresión del impuesto de generación (con lo que se reducían un 80% los impuestos a la factura de la luz). También se amplió el pago de los 20 céntimos a los carburantes, hasta el 31 de diciembre. Y se aprobó un pago único de 200 euros para trabajadores, autónomos y parados con ingresos anuales inferiores a 14.000 euros, que podían recibir 2,7 millones de españoles.

En paralelo, el Gobierno español negoció en Europa, con Portugal, la excepción ibérica, un sistema para poder rebajar el precio de la electricidad en el mercado mayorista, al fijar un tope al precio del gas que se utiliza para generar electricidad (de tal manera que no contagia al precio del resto de energías). Esta “excepción ibérica” ha sido clave para rebajar el precio de la electricidad en España y podría haber reducido un 2% la inflación anual. Se empezó a aplicar el 15 de junio de 2022 y pronto se notó en el precio mayorista de la electricidad: pasó de costar 165 euros/MWh  a 109,66 euros en noviembre y 36,41 euros el 24 de diciembre. Y el 29 de diciembre, el precio mayorista (con compensación) costaba 16,15 euros MWh. El Gobierno Sánchez estima que los usuarios de tarifa regulada nos hemos ahorrado con la “excepción ibérica”, prorrogada hasta diciembre de 2023, 5.106 millones de euros hasta finales de febrero.  Y estiman que en el recibo final de la luz, cada español habrá ahorrado una media de 100 euros por hogar en los primeros 8 meses del nuevo sistema.

El 27 de diciembre de 2022, el Gobierno aprobó otra prórroga de las medidas contra la inflación, hasta mediados de 2023: se mantuvo la bajada del IVA y de los impuestos a la luz y el gas, el tope al precio del butano, las ayudas al transporte público y el tope a los alquileres (2%). Y se suprimió la bonificación de 20 céntimos a los carburantes, manteniéndola para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. Pero la medida más importante fue la rebaja del IVA a los alimentos desde el 1 de enero de 2023 : se bajó del 4% al 0% el IVA de los alimentos básicos (pan, harinas, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales). Y bajó del 10 al 5%,  el IVA de aceites y pastas.

Esta rebaja del IVA tardó en surtir efecto y transmitirse a los 7.000 alimentos afectados, en 24.000 establecimientos. De hecho, los alimentos subieron, del 15,7% anual de diciembre y el 15,5% de enero al 16,6% en febrero y el 16,5% en marzo, empujados por las malas cosechas de algunos productos (aceites, azúcar, cereales) y el retraso en el efecto de la bajada del IVA. Pero los alimentos bajaron en abril (12,9%) y mayo (12%). El efecto global de la bajada del IVA en los alimentos beneficia más a las rentas altas: 70 euros de ahorro (en 6 meses) a las familias que ganan más de 215.000 euros y sólo 27 euros a las familias más humildes (que ganan menos de 16.000 euros), según FEDEA. Pero porcentualmente sobre sus ingresos, el ahorro es mayor entre los que menos ganan.

Este martes 27 de junio,  el Gobierno Sánchez (en funciones) aprobó una nueva prórroga de las medidas contra la inflación, hasta finales de 2023. Mantiene la rebaja del IVA en los alimentos. Mantiene la bonificación de los transportes públicos, un 30% (si las autonomías bonifican otro 20%). Mantiene la subvención al combustible de transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, pero será de 10 céntimos hasta septiembre y 5 céntimos después. Mantiene el IVA del 5% y los impuestos rebajados a la luz y el gas, así como el tope máximo al precio de la bombona de butano. Y mantiene la prohibición de desahucios a familias vulnerables, aunque no mantiene el tope del 2% en la renovación de alquileres (algo que sí hace la Ley de Vivienda). Como novedades, incluye 2 nuevas ayudas: una a la compra de coches eléctricos o la instalación de postes de recarga (que contarán con un 15% de desgravación fiscal en el IRPF) y la otra, un aval del ICO para que los jóvenes y familias con niños puedan acceder a la compra de una vivienda.

Con este último paquete, el Gobierno Sánchez ha aprobado 7 paquetes de medidas contra la inflación, destinando 47.000 millones de ayudas públicas en dos años. A finales de mayo, la Comisión Europea pidió a España y al resto de paises europeos que comenzaran a reducir las ayudas contra la inflación y por la guerra de Ucrania, para poder destinar esos ahorros a reducir los déficits públicos, disparados en toda Europa por las necesarias ayudas aprobadas estos años. De hecho, España y otros 13 paises europeos (Bélgica, Bulgaria, Chequia, Estonia, Letonia, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia) van a cerrar 2023 con un déficit superior al 3% del PIB (España prevé un 3,9% de déficit). Y la Comisión ya ha dicho que obligará a todos a cumplir con el Pacto de Estabilidad en 2024, no superando el 3% de déficit, para lo que pide ir haciendo ajustes.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha justificado este 7º paquete de ayudas en que la inflación no está controlada y que la guerra en Ucrania sigue provocando incertidumbre sobre el futuro. Y a la vez, ha prometido a Bruselas que España cumplirá, que rebajará su déficit al 3% del PIB en 2024, gracias al mayor crecimiento económico (España crece al 4,2% anual, cuatro veces la media de la UE) y a la fuerte creación de empleo (2 millones más de afiliados a la SS en los últimos 5 años), lo que permitirá aumentar la recaudación y reducir el déficit,  aunque se mantengan las ayudas este año. En  cualquier caso, el ajuste de las cuentas públicas, para no superar ese déficit del 3% en 2024, será uno de los retos del próximo Gobierno español. Y si gana las elecciones el PP (y Vox), podría haber recortes. Sobre todo si persisten en su política de bajar impuestos.

Entre tanto, la inflación se ha moderado pero no está controlada. Preocupa sobre todo en el resto de Europa, donde la inflación sube el doble que en España. De hecho, el BCE insiste en que está “demasiado” alta y que eso “le va a obligar” a subir los tipos otra vez en julio y quizás de nuevo antes de fin de año (hasta el 4,5%). Y que los tipos seguirán altos hasta 2025, año en que la inflación podría bajar del 2% en otoño: el BCE prevé un 5,4% de inflación en la zona euro en 2023, un 3% en 2024 y un 2,2% en 2025. Mientras, el Banco de España estima que España tendrá menos inflación: 3,2% en 2023, 3,6% en 2024 y 1,8% en 2025.

Con todo, hay mucha incertidumbre sobre el futuro de la inflación. Los precios de los alimentos (que han subido menos en junio) podrían repuntar este verano, sobre todo en España, por la mayor demanda (29 millones de turistas entre julio y septiembre) y los efectos negativos de la sequía y la ola de calor en aceites, cereales, frutas y hortalizas. Y luego, en invierno, podrían dispararse los precios del petróleo y gas natural, presionando la factura de la luz, la calefacción y los carburantes. El cambio climático y la mayor demanda de los paises en desarrollo disparan los precios de alimentos y materias primas. Y, sobre todo, se mantiene la guerra en Ucrania y los choques geopolíticos entre EEUU y China, que no favorecen la mejora de expectativas .Por todo ello, hay temor de que la inflación alta de mantenga.

El debate está en quien es culpable de esta alta inflación. Hasta ahora, se culpaba a la guerra de Ucrania, a los mercados del petróleo y gas, a los mercados de alimentos y materias primas. Pero hay otras causas. El propio BCE lo reconoció a finales de marzo: dos tercios de la subida de la inflación en Europa ha sido por la subida de los márgenes empresariales (beneficios) sobre todo en la energía, agricultura, industria, construcción, hostelería y restauración. Algo que contrasta con las subidas de precios entre 1.999 y 2022, cuando sólo en una tercera parte se debieron a subidas de los beneficios.

Esta misma tesis la defienden estos días la OCDE y el FMI. En su último informe, del 7 de junio, la OCDE advertía que las empresas y sus márgenes son los principales culpables de la inflación en Europa y sobre todo en Francia, Italia y España. Concretamente, estiman que de la subida de precios en España en 2022 (+8,4%), las tres cuartas partes (+6%) es responsabilidad de las empresas y sus márgenes y sólo un 1,5% se debe a los salarios. La OCDE lo llama “Greed-flation” o “inflación de la codicia”. Y se explica porque algunas grandes empresas (energéticas, bancos, materias primas) tienen un gran “poder de mercado” e imponen sus márgenes y precios, sin que haya competencia, en perjuicio de los consumidores. Y otro estudio posterior, del FMI, va en la misma línea: los beneficios empresariales fueron responsables del 45% de la inflación en Europa en 2022.

En definitiva, que si tenemos una alta inflación no es sólo por la guerra de Ucrania, el petróleo, el gas y las malas cosechas, sino sobre todo porque algunos sectores y empresas han hecho su agosto, disparando precios, márgenes y beneficios. Y sólo hay dos salidas: o se hacen  transparentes costes y márgenes, (la vicepresidenta Calviño ha propuesto crear un Observatorio de márgenes empresariales y la patronal la plantó en la reunión), pactando beneficios y salarios (el famoso “pacto de rentas”), o se imponen impuestos extraordinarios a beneficios  extraordinarios, conseguidos a costa de la alta inflación (algo que rechaza también la patronal y el PP, que estudia suprimir los impuestos aprobados a las eléctricas, energéticas y bancos). O pacto o más impuestos. Pero no quieren tomar medidas, sólo aprovecharse de la situación para elevar precios y márgenes. Así nos va.

La inflación cambia los hábitos de consumo

La guerra de Ucrania continúa y con ella los precios disparados, sobre todo de la energía (luz y carburantes) y los alimentos, que han subido un +11% el último año, el mayor alza en los últimos 28 años. Es doblemente preocupante, porque los alimentos son el 2º mayor gasto de las familias (tras la vivienda) y porque la subida afecta más a los hogares con menos recursos, que gastan porcentualmente más en alimentación. Por eso, está aumentando la pobreza alimentaria, que alcanza a 6 millones de españoles, con 2 millones recibiendo comida de los bancos de alimentos. Entre tanto, el campo se queja de que ellos no suben los precios, que aumentan por el camino, entre las industrias alimentarias, distribuidores y supermercados. Las familias han cambiado sus hábitos de consumo, recortando la cesta de la compra y buscando promociones y marcas blancas, que han aumentado su cuota. Urge controlar márgenes y precios de los alimentos, para frenar una especulación que aumenta la pobreza.

Enrique Ortega

La inflación en España sigue por las nubes, con una subida anual del +8,7% en mayo, la más alta desde 1986 (+9,3% en octubre). El IPC anual estuvo por debajo del 3% hasta el verano pasado, en que subió al 3,3% en agosto y al 5,4% en octubre, por la mayor demanda tras el paréntesis de la pandemia, los atascos en el comercio mundial y la subida de la energía, cerrando 2021 con una inflación anual del +6,5%. Pero el 24 de febrero, Putin invadió Ucrania y los precios se dispararon, hasta un máximo de +9,8% en marzo, que luego ha bajado algo en abril (+8,3%) y mayo (+8,7%). Los “culpables” de esta inflación disparada son, según el INE, los precios de la energía (el gasóleo ha subido un +33,9% el último año, la electricidad un +30,2% y la gasolina un 23,5%) y los alimentos (han subido un +11% el último año, la mayor subida conocida en España desde 1994, cuando empezó a publicarse el IPC).

La subida de los alimentos (+11%) es muy llamativa porque suben casi todos, pero sobre todo hay 14 alimentos básicos cuyo precio ha aumentado más del 10%: aceites y grasas (+44,7%: +36,5% el aceite de oliva y +95,4% otros aceites, sobre todo el de girasol), huevos (+25,3%), mantequilla (+17,6%), leche (+16,5%), cereales (+16,3%), yogures (+14,8%), pollo (+13,6%), pan (+12,6%), cordero (+12,6%), carne de vacuno (+12,3%), café (+11%), pescado fresco (+11,7%) y arroz (+10,2%), según el IPC de mayo.

La subida de estos alimentos es desigual por autonomías, según el INE: han subido más (del 11%) en algunas de las autonomías más pobres, como Melilla (14,5%), Extremadura (+12,9%), Murcia (+12,4%), Castilla y León (+11,9%), Canarias (+11,8%), Castilla la Mancha (+11,7%) y Andalucía (+11,6%), donde el peso de la alimentación es mayor en el gasto que en las autonomías más ricas (en el País Vasco, los alimentos han subido un 4,1%, en Cataluña un 9,3% y en Baleares un 9,5%). Y la subida ha sido también desigual por supermercados: los precios han subido más en las cadenas que eran más baratas y tenían algo más de margen para subirlos (+12,1% en Carrefour y +11,4% en Mercadona), subiendo algo menos en el resto (+9,5% en Eroski, +9,2% en Alcampo, +8,5% en Día, +8,4% en Caprabo y Condis y +7,7% en Hipercor), según un primer sondeo hecho en marzo por la OCU.

¿Por qué han subido tanto los alimentos? Ya estaban subiendo mucho a finales de 2021 (+5% en diciembre de 2021, frente a sólo un +1,1% un año antes), pero ahora su precio se ha duplicado por el impacto de la guerra de Ucrania, que ha recortado drásticamente la oferta de aceite (Ucrania y Rusia producen el 52% del aceite de girasol del mundo) y cereales (ambos paises exportan un tercio de los cereales mundiales), agravando la subida mundial de los alimentos, desatada por una mayor demanda y una menor producción por problemas climáticos y en el comercio mundial. Pero además, la subida de la energía y la guerra han agravado los costes de la energía y el transporte, aumentando los costes de la producción y distribución de alimentos. Y las empresas y supermercados han trasladado estos mayores costes a los precios al consumidor, aprovechando que los alimentos no pueden dejar de comprarse.

En el origen de la cadena alimentaria, agricultores y ganaderos se quejan de que ellos no son los culpables del aumento de precios, porque no han podido subirlos a pesar de que les han subido la energía, los piensos y los fertilizantes. Y los datos les dan la razón. En mayo, apenas cobraban un poco más por la mayoría de alimentos, mientras habían subido mucho más al consumidor, según el IPOD que publica mensualmente COAG. Vemos algunos ejemplos. El aceite de oliva, por el que les pagaban 3,38 euros/kilo (3,24 euros en enero) se cobraba al consumidor a 5,10 euros (+51%). La patata, por la que cobran 0,20 euros kilo (igual que en enero) se vende a 1,31 euros (+555%). La naranja, que ahora les pagan a 0,17 euros kilo (0,14 en enero) nos cuesta al consumidor 1,47 euros (+765%). La ternera la cobran a 4,91 euros el kilo (4,45 en enero) y nos cuesta 17,20 euros (+250%). El cerdo, de 1,57 euros que les pagan por kilo a 6,18 euros que nos cuesta (+294%).Y la leche, de 0,39 euros litro que cobran (0,35 en enero) a 0,80 que nos cuesta (+105%). En conjunto, el IPOD revela que pagamos los productos agrícolas 4,62 veces más caros de lo que cobran los agricultores y las carnes, leche y huevos, 2,79 veces más caros de lo que reciben los ganaderos.

A partir de ahí, los alimentos empiezan a sumar márgenes, desde el transporte, la industria agroalimentaria, la distribución y la venta final en tiendas y supermercados, eslabones que han aprovechado la coyuntura de la guerra de Ucrania y la subida de costes para aumentar los precios, cada uno los suyos. Y en otros casos, la industria agroalimentaria ha utilizado un truco: vender menos producto por el mismo precio (o por más). Lo llaman “reduflación”, una táctica comercial que ya denunció la OCU en abril, con una enorme cantidad de alimentos (ver ejemplos) a los que se ha quitado peso (desde yogures a pasta o botes de Cola-Cao) para venderlos al precio de antes o incluso un poco más caros. Es una manera “camuflada” (y legal) de subir los precios de los alimentos sin que lo notemos.

Esta subida generalizada de los alimentos ha forzado a los consumidores a “cambiar de hábitos” de consumo, según señalan los expertos. Por un lado, las familias han tratado de comprar menos, como revela el dato de que las compras de alimentos con tarjeta han caído un -2,4% entre enero y mayo, según los datos de BBVA Research. Lo que ha hecho la mayoría es ir más veces al Super y comprar menos cada vez, bajando el ticket medio. La otra tendencia ha sido dejar de comprar “caprichos” y centrarse más en los alimentos imprescindibles, buscando más promociones y descuentos: 4 de cada 10 hogares buscan ahora promociones en productos de gran consumo, según la consultora Kantar. Y el tercer cambio de hábitos es apostar más por las marcas blancas.

Precisamente, la inflación disparada ha conseguido que las marcas blancas consigan este año la mayor cuota de mercado de la historia: suponen ya el 43% de las ventas en el primer trimestre de 2022, frente al 38,4% hace un año, el 30,1% en 2010 y el 19,72% en 2002. Y las marcas de fabricantes, que se habían recuperado tras la pandemia (61,6% hace un año), bajan al 57% de las ventas. Eso también tiene que ver con la estrategia comercial: las marcas de fabricantes fueron las primeras en subir sus precios en marzo, mientras las marcas blancas aguantaron más y los subieron después, en abril y mayo, bastante más: un +18% de subida en las marcas blancas este año frente al +10% las marcas de fabricantes.

Esta ganancia de cuota de mercado de las marcas blancas ha permitido que ganen terreno este año los supermercados que se apoyan más en ellas, en especial Mercadona, el súper ganador de esta crisis: tiene ya un 26,3% de cuota de mercado (primer trimestre 2022), un +1,7% que a finales de 2021 (24,6%), gracias a que su marca blanca representa el 72% de sus ventas (68,3% en 2021), según la consultora Kantar. También gana cuota Carrefour (9,8%, un +0,5% que en diciembre), aunque su marca blanca solo supone el 28,4% de sus ventas. Se estancan Lidl (5,5% de cuota), Día (4,6%) y Consum (3,1%) y pierden cuota de mercado Eroski (baja del 4,5 al 4,2%) y Alcampo (baja del 3,2 al 3%).

La elevada subida de los alimentos (+11%) es doblemente preocupante, porque resulta un gasto clave en los hogares y les resulta muy difícil recortarlo. Así, en 2020 (último dato del INE), la alimentación supuso el 16,96% del gasto total de los hogares: 4.578,87 euros al año (381,54 euros al mes de media), sólo por detrás del gasto en vivienda (9.621 euros anuales, el 35,64% del total) y muy por encima de lo que gastan las familias en transportes (2.741 euros, el 10,16% del total) y en hostelería (1.752 euros, el 6,42%), según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE. Eso supone que si los alimentos suben un 10% este año, cada familia pagará 460 euros más, de media, al hacer la compra.

La otra razón de que la subida de los alimentos sea muy preocupante es que afecta más a las familias con menos recursos, porque porcentualmente gastan más en su alimentación. Así, los hogares con menos renta (hasta 12.000 euros anuales) gastan un 13% en alimentación, frente al 10% que gastan los que más ganan. Y gastan otro 20% en vivienda, gas, electricidad y calefacción, frente a sólo el 5% los que tienen ingresos altos. En total, los productos de primera necesidad, que son los que más suben ahora, suponen un 33% del gasto de las familias con menos ingresos y el 15% del gasto de las más ricas.

Eso está provocando un aumento de la pobreza alimentaria: en España hay 2,5 millones de hogares (el 13,3% del total), más de 6 millones de personas, que no tienen una dieta alimenticia adecuada, en cantidad y calidad,  según un estudio de la Universidad de Barcelona presentado en febrero, antes de la guerra de Ucrania. Y casi la mitad (975.000 hogares) sufren una inseguridad alimentaria moderada o grave, lo que significa que han reducido el consumo de alimentos por falta de recursos. La mayoría son familias de rentas bajas y poco empleo, que han sufrido más la subida de los alimentos, pero el estudio revela que también se ven afectados hogares de clase media, sobre todo donde hay niños y discapacitados. Y el Banco de Alimentos alerta que si cerró 2021 ayudando a alimentarse a 1,5 millones de españoles, este año 2022 espera 450.000 peticiones más de ayuda alimentaria.

Además, la altísima inflación en general, al afectar más a las familias más desfavorecidas, está aumentando la desigualdad y la pobreza en España. Un estudio de la semana pasada, del IERMB, revelaba que la subida del coste de la vida, mayor en algunas regiones y grandes ciudades,  ha aumentado la pobreza un +37% en la Comunidad de Madrid (+434.000 pobres más) y un +35% en Cataluña (+150.000 pobres más). Y también ha subido la pobreza más de un 10% en  Bilbao, Cádiz, Girona, Santander, Sevilla y Vigo.

Ahora, si la guerra de Ucrania continúa, se espera una alta inflación durante todo el verano, por un alto consumo de energía (seguirán caros los carburantes, al aumentar la demanda por las vacaciones) y, sobre todo, por un alto consumo de alimentos, tanto por los españoles como por los extranjeros: si este verano se superan los turistas de 2019 (28,9 millones), será mucha más gente a comprar y consumir alimentos, lo que mantendrá muy altos sus precios (sobre todo, frutas y carnes). Y después, en otoño, los precios seguirán altos, tanto por la menor oferta de energía (Rusia) como por la esperada subida de los alimentos y materias primas: el Banco Mundial cree que subirán hasta 2024.

Así que si la inflación es un grave problema hoy, lo seguirá siendo el resto del año, aunque el Banco de España cree que la inflación actual (8,7%) bajará un poco, al +7,2% de media en todo 2022. Pero como los salarios y las pensiones suben mucho menos, seguiremos perdiendo poder adquisitivo, sobre todo las familias con menos ingresos. Y lo más preocupante son los precios de los alimentos, que seguirán altos hasta el otoño, agobiando a muchas familias. Por eso, urge tomar medidas, en dos frentes. Por un lado, frenar la escalada de subidas, con controles en los márgenes desde el campo al súper: es algo que debía vigilar el Gobierno, a través de Agricultura, Comercio y la Comisión de la Competencia. Por otro lado, hay que volcarse en ayudar a las familias más desfavorecidas, apoyando a las organizaciones que distribuyen alimentos. Y, sobre todo, ampliando el ingreso mínimo vital, que sigue sin funcionar: lo reciben 461.788 hogares (1.176.000 beneficiados), la cuarta parte de los que lo han solicitado y la mitad de lo prometido (llegar a 2 millones de beneficiados).

En resumen, que a todos nos preocupa la inflación, pero no nos afecta a todos por igual. Y es muy preocupante la subida de los alimentos, porque está muy  generalizada y porque ha disparado la pobreza alimentaria, “las colas del hambre”, una vergüenza para todos que hay que atajar con controles en los precios y ayudas eficaces que lleguen a más familias. Porque en el río revuelto de la inflación, unos ganan mucho y otros pierden mucho.

Carburantes sin competencia y precios récord

Los precios de los carburantes siguen altos y han subido aprovechando la Semana Santa.El Gobierno se ha decidido a  tomar medidas para frenar las subidas, impuestas por tres petroleras (Repsol, Cepsa y BP)  que controlan el 73% de las ventas. Un triopolio que domina el negocio del petróleo, desde la compra y el refino hasta la distribución y venta (controlan el 80% de gasolineras). Ahora, se facilita que otras empresas pongan gasolineras en centros comerciales para intentar bajar precios, ya que los carburantes sin impuestos son aquí más caros que en Europa. Pero los efectos tardarán tiempo y como mucho servirán para bajar los precios unos céntimos: es el chocolate del loro, mientras subirán los precios internacionales de la energía y Bruselas presiona al Gobierno español a subir los impuestos de los carburantes, más bajos que en Europa. De momento, lo mejor será ahorrar combustible y cambiar (si se puede) a otro coche que gaste menos.
 

enrique ortega

El primer susto nos lo llevamos el verano pasado, entre agosto y septiembre, cuando los carburantes alcanzaron un máximo histórico (1,522 € la gasolina y 1,45 € el gasóleo), desbaratando el IPC. El Gobierno, preocupado por tener que subir las pensiones, amenazó a las petroleras con tomar medidas y la presión surtió algo de efecto en octubre y noviembre. Pero a finales de diciembre, con el mayor consumo navideño, los carburantes volvieron a las andadas, con nuevos récords en enero y febrero (1,509 € la gasolina y 1,40 € el gasóleo), que contrastan con la bajada de los precios internacionales de la energía, según denuncia el último informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNC). Y  esta Semana Santa, han vuelto a subir dos céntimos por litro aprovechado la Operación salida (habrá que ver lo que suben para la vuelta).

El problema es que en el sector petrolero español, liberalizado hace quince años, hay poca competencia y está dominado por tres empresas: Repsol, Cepsa (controlada por IPIC, la empresa estatal de Abu Dabi) y la británica BP. Un triopolio que controla todo el proceso del negocio, desde la compra internacional de crudo y carburantes, el refino (las 9 refinerías que hay en España son suyas, mientras en otros países hay entre 5 y 10 operadores refinando), el almacenaje, transporte y distribución (tienen el 29,15 % de CLH, la antigua CAMPSA, y controlan la logística) y, sobre todo, la venta en gasolineras: controlan el 73% de la venta de carburantes (45% Repsol, 16% Cepsa y 12% BP), aunque en la mayoría de provincias (Madrid entre ellas) superan el 80%, con gasolineras propias o abanderadas. Un poder que contrasta  con el 50% de ventas de las grandes petroleras en Francia o el 31% en Italia.

Con este poder, son capaces de adelantar o retrasar compras de carburantes, establecer cuellos de botella en la logística que perjudiquen a la competencia y, sobre todo, forzar a las gasolineras a pactar precios, a cambio de comisiones, como denuncia un detallado informe de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que ya les puso en 2009 una multa de 7,9 millones por pactar precios (multa confirmada en 2012 por la Audiencia Nacional). Además, la Comisión nacional de la Energía (CNE) les ha abierto en marzo un expediente informativo por el efecto lunes: acordar bajar precios el lunes (el día que se envían a Europa) y subirlos luego el martes, una práctica comprobada desde el verano.

El precio de los carburantes se compone de tres partes: coste del petróleo o carburantes en el mercado internacional (para España, en Rotterdam y Génova), los impuestos  y el margen bruto, que incluye los costes del transporte, almacenamiento, distribución y comercialización (venta en gasolineras). Pues bien, el coste de los carburantes sin impuestos es más alto en España que en la media de Europa (diciembre 2012): 0,754 € litro para el gasóleo (frente a 0,752€ en la UE-27, 0,752 en Alemania, 0,732 en Reino Unido o 0,718 en Francia) y 0,685 € litro para la gasolina (frente a 0,679€ en la UE-27, 0,678 en Alemania, 0,658 en Francia o 0,649 en Reino Unido). Y eso se debe a que las petroleras en España tienen más margen, o bien porque tienen más costes (menos eficiencia) o más beneficio (o las dos cosas).

De hecho, España es el país donde las petroleras aumentaron más sus márgenes brutos (todos los costes sin la energía más el beneficio) entre 2007 y 2010: un 21% en el gasóleo (80% ventas), frente al 16% en Francia, el 9% en Italia, el 7% en Reino Unido o el 5% en Alemania, según la CNC. Baste un dato: en 2006, el margen bruto en los carburantes era 16 pesetas litro (9,68 céntimos euro), que se repartían a medias entre petroleras y gasolineras, y en 2012 es 27 pesetas (16,22 céntimos euro), que van un tercio a la gasolinera y dos tercios a las petroleras, aunque ellas dicen que la mayor parte son costes y sólo ganan entre 1 y 1,5 céntimos por litro.

Al final, aunque el margen de las petroleras es mayor en España, los usuarios pagamos los carburantes más baratos que la mayoría de europeos (el 8º país con el gasóleo más barato de UE-27 y el 9º en gasolinas) porque pagamos menos impuestos, aunque ya suponen la mitad del precio de la gasolina (50,7%) y casi la mitad en el gasóleo (44,5%). Unos impuestos que han subido mucho en los últimos tres años (18 céntimos por litro), por la subida de impuestos especiales (2009), dos subidas del IVA y el céntimo sanitario que cobran ya 11 autonomías, además de la última subida (3 céntimos litro, en enero 2013) por la supresión de exenciones fiscales (ayudas) a los biocarburantes que se mezclan con los combustibles.

Ante este panorama, el Gobierno aprobó en febrero un paquete de medidas en dos frentes. Por un lado, limitar el poder de las grandes petroleras: les prohíben recomendar precios a las gasolineras, con las que tendrán que revisar contratos (de 5 años o más a 1), no podrán abrir gasolineras donde tengan más del 30% del mercado y se supervisará el funcionamiento de CLH y el mercado mayorista. Por otro, se busca introducir más competencia, facilitando que otras empresas abran gasolineras en centros comerciales (sólo un 3% de ventas en España, frente a un 60% en Francia), polígonos industriales y cooperativas, obligando a los Ayuntamientos a dar licencias en menos de 8 meses. Lo que no se hace es facilitar nuevas refinerías (no se abre una desde 1970) ni forzar a una mayor transparencia en carreteras y ciudades, divulgando mejor las gasolineras más baratas.

Las medidas son correctas  (salvo reducir el porcentaje de biocarburantes en los combustibles, una barbaridad para el aire que respiramos), pero tardarán en surtir efecto, mientras hay dos nubarrones en el horizonte. Uno, que el petróleo (y más el gasóleo: importamos un 38%, frente al 10% Europa) va a seguir caro, con una previsión de 200 dólares barril para 2030 (está en 111 $), según la AEI. Y el otro, que Bruselas ya ha pedido al Gobierno que suba los impuestos a los carburantes y  eso podría hacerse en septiembre o para enero 2014. Con ello, los carburantes seguirán caros muchos años, aunque las petroleras bajen sus márgenes (5 céntimos por litro como mucho).

Por eso, se impone una política de ahorro de carburantes (el consumo ha caído otro -6,3% en 2012, pero por la recesión), como país, por el mayor peso del transporte de mercancías por camión (83% en España, frente al 45% en la UE-27) y como usuarios, porque tenemos coches más viejos (el 40% tienen más de 10 años y consumen un 15% más). Hay que fomentar el transporte por tren y barco, el cambio de coche y el transporte público (que no deja de subir para tapar los agujeros municipales). Porque está bien recortar los márgenes de las petroleras, pero es el chocolate del loro. Apenas lo notaremos.

Carburantes en máximos: se buscan culpables

Los carburantes, el gasóleo y la gasolina, están en precios máximos, tras un agosto de fuertes subidas y el aumento del IVA en septiembre. El Gobierno está preocupado porque los carburantes han desbaratado el IPC y ha lanzado una cruzada contra las petroleras, acusándolas de tener altos márgenes. Pero es una ofensiva demagógica, ya que el margen es de céntimo y medio por litro, mientras los impuestos suponen casi la mitad del precio de los carburantes y volverán a subir en enero. Eso sí, a las petroleras hay que culparlas de poca competencia y de que retrasan las bajadas de precios. Pero el problema de fondo es que España consume e importa el doble de gasóleo que Europa y somos muy dependientes de un carburante que va a seguir subiendo. Hay que hacer otra política energética.

enrique ortega

Con las vacaciones subieron los carburantes, entre un 12% y un 16% este verano. Y la subida del IVA en septiembre, del 18 al 21%, fue la puntilla: +3,50 céntimos cada litro de gasóleo y +3,60 céntimos las gasolinas. Con ello, septiembre empezó con máximos históricos en los carburantes: más de 1,522 € litro la gasolina y 1,444 el gasóleo, que siguen altos esta semana (1,518 la gasolina y 1,441 el gasóleo). Precios que suponen pagar 10 euros más por llenar el depósito que hace un año.

Las alarmas han saltado en el Gobierno, tras conocer que los carburantes fueron culpables de más de la mitad de la subida del IPC de agosto (0,33 del +0,6 %), que subió la inflación anual al 2,7% (lo que obligará, si no se corrige, a gastar unos 4.000 millones en revisar pensiones). Y se han lanzado a una cruzada para bajar precios (unos días después de subir el IVA), echando la culpa a los márgenes de las petroleras, a las que han pedido que contengan precios y les amenazan con tomar medidas: facilitar la apertura de más gasolineras y ponerles más impuestos.

Lo de los márgenes elevados suena popular, pero no es verdad: las petroleras ganan un céntimo y medio por litro, el chocolate del loro en estas subidas. Los culpables hay que buscarlos en otros sitios, tras analizar los tres principales componentes (ver gráfico) del coste de los carburantes: los precios de la energía, los impuestos y los costes y márgenes.

Casi la mitad del precio de los carburantes (44,6% en gasolinas y 48,5% en gasóleos) lo determina el precio de la energía, pero no el petróleo, sino la cotización de los gasóleos y las gasolinas en dos mercados, el de Marsella (70% del precio) y el de Rotterdam (30%). Este verano, el petróleo Brent subió de 90 a 114 dólares (11 cts. por litro), pero subieron más los precios internacionales del gasóleo (12 cts.) y la gasolina (13 cts.), por la mayor demanda ante las vacaciones, el embargo a Irak y la crisis de Siria, la paralización de algunas refinerías en Estados Unidos y Venezuela, las bajas existencias de carburantes en EEUU y la bajada del euro (-7% de mayo a agosto), que encarece unos carburantes que se pagan en dólares.

Pero casi la mitad del precio de los carburantes en España son impuestos ( 47,7 % en gasolinas y 42,7% en gasóleo), que no han parado de subir : +2,9 céntimos de impuestos especiales en junio 2009, aumento del céntimo sanitario que cobran 11 autonomías (+4,80 céntimos por litro y + 7,20 céntimos en Cataluña, Comunidad Valenciana, Cantabria y Castilla y León), más dos subidas del IVA, una en julio 2010 (del 16 al 18%) y otra ahora (al 21%). En total, 18 céntimos por litro en tres años, una subida del 42% en gasóleos (y 34% gasolinas).

Y queda el tercer bloque, otros costes y margen (7,6% del precio en gasolinas y 8,6% en gasóleos). Aquí, las petroleras incluyen los costes de transporte, almacenamiento, reservas estratégicas (92 días), comercialización, gastos financieros, incorporación obligatoria de biocarburantes, margen de la gasolinera y margen de la petrolera, que estiman en un 1%, un céntimo y medio por litro. O sea, que pagamos menos de un euro (82,5 céntimos) de beneficio bruto a la petrolera cada vez que llenamos el depósito (55 litros, unos 80 euros), mientras pagamos 38 euros por el combustible, 35 euros de impuestos y 6 euros por otros costes.

Aclarado el escandallo, sí hay que achacar a las petroleras dos culpas. Una, que tienen mucho poder (entre Repsol, Cepsa y BP tienen el 64% del mercado) y hay poca competencia entre ellas: incluso, en 2009, la Comisión de la Competencia (CNC) les puso una multa de 7,9 millones por acuerdos para fijar precios. Y la otra, que en ocasiones retrasan el traslado a los conductores de las bajadas de los precios internacionales (“los precios suben como cohetes y bajan como plumas”), algo que niegan. Ahora, el Gobierno ha encargado a la CNC que haga un nuevo informe para ver si hay competencia y transparencia.

Con todo, los carburantes en España tienen un precio en la media europea. Antes de impuestos, la gasolina es la 4ª más barata de la zona euro (tras Francia, Irlanda y Austria) y el gasóleo el 7º más barato, siendo más caro en Alemania, Finlandia, Italia, Grecia y Portugal, por ejemplo. Y si contamos los impuestos, menores que en la mayoría de Europa, la gasolina es la 2ª más barata de la zona euro  (tras Luxemburgo) y el gasóleo, el 3º más barato en los paises euro (tras Luxemburgo y Francia).

El problema es que, aunque los carburantes estén “a precio europeo”, consumimos e importamos más, con lo que España es muy dependiente: importamos el 38% del gasóleo, frente al 10% en Europa. Y eso porque tenemos un mayor consumo de gasóleo (80% de los carburantes frente al 55% en Europa), por nuestro mayor parque de diesel (52% frente al 37%  UE), por el mayor peso del transporte de mercancías por camión (83% en España frente al 45% en UE-27). O sea, somos más vulnerables a las subidas de precios, que van a continuar este otoño (por la mayor demanda del gasóleo de calefacción) y a las subidas de impuestos: en enero, los carburantes subirán entre 3,5 céntimos por litro (gasolina) y 4,5 (gasóleo), al desaparecer las exenciones fiscales a los biocombustibles.

Frente a cruzadas mediáticas contra las petroleras, el Gobierno debía cambiar la política energética: reducir el consumo y la importación de gasóleo (acelerando la reconversión de nuestras refinerías),ayudar a renovar el parque de vehículos (el 40% tienen más de 10 años y consumen un 15% más que los nuevos) y fomentar de verdad el coche híbrido y eléctrico (testimonial) y la utilización del transporte público (que sube sin parar). Sólo así podremos reducir de verdad nuestra carburodependencia, que se lleva cada mes más parte del sueldo. Es urgente.