Elecciones 28-A : lo que queda por hacer

Muchos españoles se quedan sin ayudas y se perderán inversiones al no aprobarse los Presupuestos 2019. Y 31 Leyes quedan sin aprobarse. Pero el Gobierno Sánchez quiere aprobar en su último Consejo varios decretos Leyes : subsidio para 114.000 parados mayores de 52 años, pago de cotizaciones a 180.000 cuidadoras de dependientes o ampliación del permiso de paternidad de 5 a 8 semanas. Y medidas de igualdad laboral entre hombres y mujeres, más algunos cambios urgentes en la reforma laboral. E incluso, la revalorización de pensiones con el IPC o reformas en alquileres. También pretende aprobar algunas Leyes antes del cierre del Parlamento (5 marzo). Pero como ha aprobado gastos y no más ingresos, deja como “herencia” un agujero de 8.000 millones (mínimo). Así que el futuro Gobierno, o consigue más ingresos o tendrá que hacer más recortes. Y tanto PP como Ciudadanos prometen bajar impuestos, con lo que la tijera sería mayor. Mientras, quedan pendientes los grandes problemas: paro, pensiones, sanidad, educación, vivienda, cambio climático, pobreza y desigualdad, tecnología o modernización del país. Retos mucho más importantes que Cataluña. 

enrique ortega

El Gobierno Sánchez, con sólo 84 diputados, ha echado mano del decreto-ley para gobernar estos 8 meses: han sido 25 decretos-leyes aprobados en Consejo de ministros y luego todos convalidados en el Congreso, salvo el de alquileres, rechazado por Podemos. El decreto-ley está limitado por la Constitución a casos de “extrema y urgente necesidad”, pero ha sido un instrumento muy utilizado en los últimos años, más por Aznar y Rajoy que por Sánchez. Primero fue José María Aznar, que en su primera Legislatura (1996-2000), sin mayoría absoluta, aprobó 85 decretos-leyes, un 32,95% de sus 173 Leyes. Pero le ganó Mariano Rajoy, que en su primera Legislatura (2012-2016), aprobó el 33,8% de sus Leyes por decreto-Ley (y eso que tenía mayoría absoluta): fueron en total 76 decretos-leyes, entre ellos 15 de las 16 primeras Leyes que aprobó (143 en total). Sólo en julio de 2014, el Gobierno Rajoy aprobó un “macrodecreto” Ley que modificó 26 importantes Leyes, entre ellas el IRPF o la Ley de Empleo. En su segunda Legislatura (octubre 2016-mayo 2018), Rajoy sólo aprobó 16 decretos-Leyes y otros 9 proyectos de Ley, la mayoría por obligada trasposición de Directivas europeas.

El Gobierno Sánchez ha justificado su apelación a gobernar por decreto-Ley al “filibusterismo” parlamentario del PP y Ciudadanos, que han utilizado su mayoría en la Mesa del Congreso (5 de 9 miembros) para torpedear la aprobación de las Leyes enviadas al Parlamento. La estrategia, denuncian, ha sido la ampliación sistemática e indefinida de los plazos para presentar enmiendas. Un ejemplo es la Ley para reformar el Código Penal, para reducir las penas a los piquetes de huelga (como exigen los sindicatos): no se aprueba porque PP y Ciudadanos han conseguido ampliar los plazos de enmiendas… hasta 59 veces. Con este sistema y otras maniobras en las Comisiones, la oposición de PP y Ciudadanos ha bloqueado muchas de las 13 Leyes aprobadas por el Gobierno Sánchez y sus 25 decretos-leyes, convalidados por el Congreso pero luego muchos tramitados como proyectos de Ley.

Ahora, el Gobierno Sánchez intenta que algunas de estas 31 Leyes pendientes (ver listado) se aprueben en el Congreso antes del 5 de marzo, fecha de disolución de las Cortes. El pasado jueves 21 de febrero, el Pleno aprobó la Ley Hipotecaria, una trasposición de una Directiva Europea que debería haberse aprobado hace casi 3 años, en marzo de 2016. Pero el Gobierno Rajoy fue retrasando su aprobación, que incluye nuevas obligaciones para la banca y mayor protección para los hipotecados (en materia de reclamaciones, embargos y desahucios), además de una nueva regulación de las clausulas suelo y la asunción por la banca de todos los gastos hipotecarios (salvo la tasación), dos cambios introducidos por el Gobierno. De no aprobarse in extremis, Bruselas podría multar a España con 100.000 euros diarios.

Otras tres Leyes aprobadas en el Pleno del pasado jueves fueron la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual (incluye más control de las sociedades de gestión, como la SGAE, y más medidas contra la piratería y cierre de Webs), otra Ley obligada para trasponer una Directiva europea, la mejora de la situación de orfandad de los hijos de mujeres víctimas de violencia de género (pasarán de cobrar 140 euros a 600) y  una Ley para mejorar las condiciones de los profesores en la enseñanza no universitaria (volver a los alumnos por clase y régimen de sustituciones anteriores a los recortes de la Ley Wert). Y también se aprobó la convalidación de decreto-ley de medidas urgentes para paliar los daños de inundaciones y catástrofes.

Para el próximo jueves 28 de febrero, el último Pleno del Congreso, el Gobierno Sánchez quiere llevar otros proyectos de Ley que estaban a punto de aprobarse, algo que intentarán torpedear  PP y Ciudadanos. Quizás acepten incluir la aprobación de un paquete de medidas urgentes para la Ciencia, destinadas a eliminar trabas burocráticas y que el Gobierno aprobó el 8 de febrero. Y quizás el Gobierno Sánchez intente convalidar algunas de las 5 medidas pactadas con las asociaciones de autónomos el 26 de diciembre de 2018, que necesitan ser aprobadas por el Congreso para que beneficien a 3,3 millones de autónomos: mejorar el paro y las bajas de los autónomos, cotizaciones por ingresos reales, que no paguen el IVA hasta que cobren las facturas, acabar con los falsos autónomos y mejorar sus pensiones. El Gobierno Sánchez sólo enviará al Pleno temas que cuenten con el apoyo seguro de Podemos y nacionalistas.

Pero la mayoría de las 31 Leyes pendientes (casi todas aprobadas por el Gobierno Sánchez) se quedarán sin aprobar en el Congreso, a la espera del nuevo Parlamento. Y muchas son importantes y afectan a muchos españoles. Como la Ley de Seguridad Ciudadana (o “Ley Mordaza”) o la Ley del voto rogado (para facilitar el voto emigrante), la Ley de Eutanasia (bloqueada por PP y Ciudadanos, que han aprobado 23 prorrogas para presentar enmiendas), la Ley de Cuidados paliativos (pendiente del Senado), la Ley de prevención del suicidio, la Ley contra las “pseudociencias”, la nueva regulación de las especialidades médicas, la nueva Ley de Industria, la regulación del contrato de relevo, la creación de la Autoridad de protección del cliente financiero o la Autoridad de supervisión macro prudencial, el organismo que debe vigilar y avisarnos si viene otra crisis. O el proyecto de nueva Ley de Educación aprobado por el Gobierno Sánchez el 15 de febrero. Y dos Leyes que ha aprobado el último Consejo de Ministros del 22 de febrero, porque las exigía Europa antes de finales de 2018: una Ley de Cambio Climático y un Plan Nacional de Energía y Clima (España ha sido el último país UE en aprobarlo). 

En paralelo, el Gobierno Sánchez no se resiste a aprobar antes de irse algunas medidas que iban en los Presupuestos 2019 y que benefician a muchos españoles. Tratará de aprobarlas  por decreto-ley, en los Consejos del 22 de febrero y el 1 de marzo. La primera, el seguro de paro para los que tienen entre 52 y 55 años (que les quitó Rajoy en 2013), unos 114.000 personas beneficiadas (la medida cuesta 700 millones). La segunda, el pago de la cotización a la Seguridad Social  (que les quitó Rajoy en 2012) a los cuidadores familiares de los dependientes, 180.000 beneficiarios, en su mayoría mujeres (315 millones). La tercera medida, la ampliación del permiso de paternidad de 5 a 8 semanas, que podría beneficiar a 18.000 padres (cuesta 302 millones). 


Y además, mañana martes 26 de febrero, negociará con sindicatos y patronal un consenso laboral para aprobar, en el próximo Consejo de Ministros, un decreto-ley para anular algunas medidas de la reforma laboral aprobada por Rajoy en 2012 y que exigen los sindicatos: la prórroga automática indefinida de los convenios (ultraactividad), suprimir la prevalencia del convenio de empresa sobre el de sector y la prohibición de la subcontratación, así como el control horario de jornada, para evitar el abuso de las horas extras (la mayoría, sin cobrar).  Incluso, el presidente Sánchez anunció el sábado que va a aprobar, en el Consejo de este viernes 1 de marzo, un decreto-ley de medidas urgentes sobre igualdad laboral entre hombres y mujeres, incluyendo la obligación a las empresas de llevar un registro salarial. Y el Gobierno no descarta negociar otro decreto de alquileres con Podemos y aprobarlo como decreto-ley antes de las elecciones. 

Si finalmente el Gobierno Sánchez aprueba “in extremis” estas medidas (u otras, como la revalorización de las pensiones con el IPC), por decreto-ley, luego tendrá que conseguir convalidarlas en el Congreso, bien en el último Pleno o en la Diputación Permanente, el organismo que sigue abierto, "de guardia", tras el cierre de las Cortes el 5 de marzo, donde hay 64 miembros y la presidenta del Congreso (24 del PP, más Ana Pastor, y 6 de Ciudadanos, lo que dejaría la convalidación en manos del PSOE, 15 votos, Podemos, con 12, Grupo mixto, 4, Ezquerra con 2 y PNV con 1). A ver quien “se retrata” y vota en contra del seguro de paro a los mayores de 52 años, la cotización a las cuidadoras, aumentar el permiso de paternidad o la revalorización de las pensiones.

Y queda otra importante tarea pendiente: la reforma de las pensiones. La Comisión del Pacto de Toledo, integrada por 48 diputados de todos los partidos, lleva reuniéndose más de 2 años, desde noviembre de 2016, sin ser capaces de pactar medidas para asegurar el futuro de las pensiones. El 19 de febrero, cuando parecía que tenían unas recomendaciones medio pactadas, se rompió el posible acuerdo, por Podemos y el PP. Y eso cuando había consenso sobre varias recomendaciones para eliminar el déficit en 2025: revalorizar las pensiones con el IPC real, pagar las prestaciones asistenciales con impuestos, que el jubilado pueda escoger sus mejores años de cotización (15 ahora y 25 en 2022) y limitar la jubilación parcial. No es mucho para afrontar una reforma que exige conseguir más recursos (vía cotizaciones e impuestos) y ver cómo repartirlos para que haya para los pensionistas actuales y futuros. Así que 7 años perdidos para afrontar una reforma clave que también queda para la próxima Legislatura. 

Ahora, tras estas dos semanas contra reloj para aprobar las medidas más urgentes, el Gobierno entra en funciones y el país se paraliza durante 2 meses de larga campaña electoral. Y hasta junio o julio no habrá nuevo Gobierno, con lo que habremos perdido medio año para afrontar los graves problemas del país, mucho más preocupantes para los ciudadanos que Cataluña: el empleo, las pensiones, la sanidad, la educación, la dependencia, la pobreza y la desigualdad, los impuestos, la vivienda, la situación de las mujeres y los autónomos,  la Ciencia, la crisis de la industria, la energía y el cambio climático, la digitalización y la modernización de la economía, en una Europa que apenas crece y con Brexit. Esos deberían ser los temas centrales de la campaña electoral, no sólo el 155.

Y por encima de todo, una cuestión clave: los impuestos. Porque la no aprobación de los Presupuestos 2019 nos ha creado un problema serio: hay una serie de gastos que van a seguir adelante (subida de las pensiones y sueldos de los funcionarios, algunos gastos sociales e inversiones), pero no se van a aprobar los nuevos ingresos que contemplaba el Presupuesto (subida impuestos sucesiones empresas, subida patrimonio, tasa Google, impuesto transacciones financieras), con los que el Gobierno Sánchez esperaba ingresar 5.600 millones extras. Y por ello, el déficit público va a ser mayor del previsto: entre el 2 y el 2,4% del PIB, no el 1,8% previsto ni el 1,3% inicial impuesto por el techo de gasto. Eso supone que el próximo Gobierno, sea el que sea, sólo tiene 2 opciones: o subir esos impuestos (u otros) o no tocar los ingresos, aplicar la tijera y recortar 8.000 millones de euros o más. Es “la herencia” que deja Sánchez por no haberle aprobado los Presupuestos. Lo preocupante es que, tanto PP como Ciudadanos se presentan a las elecciones con la bandera de “bajar impuestos”: si lo hacen, el ajuste tendrá que ser todavía mayor.

Así que lo serio sería plantear en la campaña electoral los retos que tenemos, lo que queda por hacer: las necesidades que hay que cubrir (en empleo decente, pensiones, Estado del Bienestar, ayudas sociales, igualdad, vivienda, tecnología, industrialización, infraestructuras, modernización de la economía…) y decirles a los españoles que todo esto no se puede hacer sin aumentar los ingresos públicos, porque España recauda menos que Europa (82.000 millones menos cada año). Y por eso, es obligatorio subir los impuestos, no a la mayoría, que ya pagamos bastante (trabajadores y jubilados), sino a los que pagan menos de lo que deben: grandes empresas, multinacionales, bancos y los más ricos. Y si alguien le vende que “se puede hacer todo bajando impuestos”, no le crea: no salen las cuentas y antes o después hará nuevos recortes y le echará la culpa a “la herencia de Sánchez”. ¿Les suena?

El doble chantaje de los Presupuestos 2018

El Gobierno Rajoy tiene prisa en aprobar los Presupuestos 2018, para dar imagen de estabilidad ante Europa y los mercados, dada la crisis en Cataluña. Por eso, Montoro presiona al PSOE para que los apoye, con dos estrategias. Una, decirles a las autonomías que no recibirán los 4.230 millones extras que les corresponden hasta que no haya Presupuestos. Y la otra, para los sindicatos: no subirán el sueldo a los funcionarios ni convocarán nuevos empleos públicos hasta que se aprueben. Dos “chantajes” inútiles, porque el PSOE ya ha dicho que no apoyará los Presupuestos 2018 y el Gobierno tendrá que negociarlos con PNV y nacionalistas canarios, a cambio de darles más dinero, como en 2017. Todo para que sean otros Presupuestos de ajuste, cuando la economía necesita reanimarse en 2018, porque tenemos en contra las subidas del petróleo, el euro y los tipos. Y encima, quieren bajar impuestos, cuando España recauda 72.000 millones menos que Europa y por eso tenemos déficit y recortes. Intenten pactar “otro” Presupuesto.

enrique ortega

Este 2018 es el segundo año que empieza sin Presupuestos, con la prórroga de los de 2017. Ya el año pasado, las elecciones y el retraso en la formación de Gobierno (se formó el 4 de noviembre de 2016) obligaron a prorrogar el Presupuesto de 2016 y negociar después las cuentas públicas 2017 con el PNV y los nacionalistas canarios, para asegurar una mínima mayoría de 176 votos, que alumbró un Presupuesto tardío, aprobado por el Senado el 26 de junio y que estuvo en vigor sólo medio año. Y ahora, se ha prorrogado para 2018.

El Gobierno Rajoy pretende por todos los medios aprobar cuanto antes un Presupuesto para 2018, porque se lo exige Bruselas y además porque cree que puede ser necesario para dar una imagen de estabilidad y rigor en un momento de incertidumbre económica y política por la crisis en Cataluña. Por eso, el ministro Montoro está volcado en una doble estrategia de presión frente a las autonomías y los sindicatos, con el objetivo de que ambos presionen al PSOE a apoyar los Presupuestos 2018 (o al menos, abstenerse).

La primera presión, ante las autonomías, se ha manifestado bajo la forma de una carta a las autonomías, enviada por Montoro a principios de enero, donde les comunica que el dinero extra que iban a recibir en 2018, por aumento previsto de recaudación, no les llegará hasta que esté aprobado el Presupuesto. Así que las autonomías, que han elaborado sus Presupuestos 2018 contando con estos mayores ingresos, no podrán disponer de ellos hasta que se acuerden las nuevas cuentas públicas. Son en total 4.230 millones extras, que Montoro les había prometido en julio y que ahora les retiene. Las más afectadas son las autonomías más grandes, Andalucía (les retienen 805 millones), Cataluña (779 millones), Madrid (571 millones), Comunidad Valenciana (353 millones), Galicia (321 millones), Castilla y León (279 millones) y Castilla la Mancha (208 millones). Sin embargo, las más afectadas, porque el dinero retenido les supone un mayor porcentaje de su presupuesto, son Cantabria (83 millones, el 5% de su presupuesto), La Rioja (44 millones, el 4,8%), Extremadura (137 millones, el 4,7% de su presupuesto), Galicia y Castilla la Mancha (4,7%).

Las autonomías afectadas, sobre todo las gobernadas por los socialistas, ya han puesto el grito en el cielo por esta retención de fondos de Montoro y hablan de “chantaje” injustificado. Y proponen que el dinero se les vaya entregando a cuenta, haya o no Presupuestos, en los primeros meses de 2018, como estaba previsto. Además, se quejan de que Montoro no quiera abrir la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica, para aumentar sus ingresos de forma estable, hasta que se aprueben los Presupuestos 2018.

La otra vía de presión de Montoro al PSOE, para que apoye los Presupuestos 2018, es a través de los sindicatos, a los que reitera que no subirá el sueldo de los funcionarios hasta que se aprueben las cuentas públicas. Eso supone que los 2,5 millones de funcionarios públicos tendrán estos meses sus sueldos congelados, sin beneficiarse de la subida prometida en septiembre: un 1,5% en 2018, más un 0,25/0,50% variable según la marcha de la economía. Eso supone que los funcionarios no cobrarán, de media, unos50 euros más de subida cada mes que no haya Presupuestos (aunque los recuperarán cuando se aprueben). Además, mientras no haya Presupuestos no se podrán convocar nuevas plazas de funcionarios, a pesar de que Montoro se comprometió con los sindicatos a reponer del 50 al 75% de los puestos públicos a cubrir por jubilaciones. Y eso es especialmente importante cuando se han perdido 163.135 empleos públicos entre 2010 y 2017.

La falta de Presupuestos también afecta a otros ámbitos económicos, sobre todo a las pensiones y a las inversiones públicas. Es grave para las pensiones, porque este año 2018 se iba a “descargar” de las cuentas de la Seguridad Social y cargar a los Presupuestos el pago de las bonificaciones a las cotizaciones (tarifa plana de autónomos y empresas), que cuestan 3.700 millones anuales. Y sin ese “alivio”, la Seguridad Social tendrá peor sus cuentas y será más difícil reducir su déficit, que rondó los -18.000 millones en 2017. Además, sin Presupuesto, no se podrán aumentar los necesarios gastos sociales (sanidad, Dependencia, educación) ni las inversiones públicas, que han caído a niveles de hace 50 años. De hecho, todos los Ministerios han recibido una circular de Hacienda por lo que sólo podrán gastar este año el 50% de su Presupuesto mientras no se apruebe el Presupuesto 2018.

A pesar de estas presiones de Montoro, el PSOE ya ha dicho que no apoyará los Presupuestos2018, ni siquiera con su abstención. Y en consecuencia, el Gobierno tendrá que repetir la historia de los Presupuestos 2017, para conseguir por los pelos los 176 votos que necesita: pactar con el PNV (5 votos) y los nacionalistas canarios (2 votos, de Coalición Canaria y Nueva Canarias), para sumarlos a los del PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias. Eso supondrá pagar un alto precio por esos pocos votos, como pasó en 2017. El PNV obtuvo a cambio la renovación de la Ley del Cupo por 4 años más (les aporta 4.745 millones extras al año, según Fedea), inversiones en infraestructuras (la Y vasca del ferrocarril de alta velocidad), reducción de la tarifa eléctrica a la industria vasca (un “regalo” de 50 millones que pagamos con nuestro recibo de la luz) y el desbloqueo de nuevas plazas de la policía vasca. Y los nacionalistas canarios obtuvieron 1.300 millones en inversiones públicas, ayudas al transporte marítimo y aéreo (subvención billetes entre islas) y un Plan de empleo para Canarias.

Ahora, en cuanto haya Gobierno en Cataluña, Montoro volverá a negociar con vascos (ya ha habido una reunión “secreta”) y canarios para intentar fraguar un pacto en febrero. Pero el camino está despejado por un acuerdo ya alcanzado y que ha pasado desapercibido: el 22 de diciembre, el Parlamento vasco aprobó los Presupuestos autonómicos para 2018, con el apoyo del PNV y el PSE y la inestimable ayuda del PP vasco, que se abstuvo en la votación. Es la antesala del pacto presupuestario en Madrid, que nos costará a todos nuevas contrapartidas.

Y todo para sacar adelante unos Presupuestos 2018 que pueden ser los últimos de esta Legislatura, porque es probable que Rajoy no quiera seguir con un Gobierno en minoría y convoque elecciones anticipadas en junio. Así evitaría que Ciudadanos gane tiempo para seguir creciendo a su costa y que el PSOE encuentre su hueco (algo difícil con Pedro Sánchez), mientras Podemos va para atrás, tras el fracaso en Cataluña.

Mientras Rajoy se piensa si convocar o no elecciones, los Presupuestos 2018 se anuncian como “otros Presupuestos de ajuste”, dado que el Gobierno Rajoy se ha comprometido con Europa a seguir recortando el déficit, del 3,1% del PIB en que pudo acabar 2017 al 2,3% propuesto a Bruselas para 2018 (innecesariamente, porque el tope del euro es el 3% de déficit). Eso supone recortar el déficit en 0,8% del PIB, otros 9.000 millones de euros este año. Y dado que se prevé crecer menos (y en consecuencia, aumentar menos la recaudación), el recorte tendrá que venir de reducir los gastos otra vez, un poco en casi todo, desde la educación y la sanidad a la Dependencia o la Ciencia.

El problema de 2018 es que el nuevo ajuste que se quiere aprobar es más peligroso este año, porque en lugar de recibir ayuda exterior (como de 2014 a 2017), la economía va a sufrir el “viento en contra” de tres subidas muy importantes, que llevan ya varios meses: el petróleo, el euro y los tipos de interés. Tres problemas que, junto a la crisis en Cataluña, van a frenar el crecimiento, con lo que es mucho más peligroso agravarlo con más recortes. Si hay algún año en que la economía española necesita un“empujón desde dentro” es 2018. Por eso, lo que el Gobierno debería hacer es olvidarse de más ajustes y reanimar la economía, con más gasto y más inversión, para compensar los “vientos en contra” que vienen de fuera. Más gasto y más inversión en lo que hace falta, desde un Plan de empleo hasta recuperar lo perdido en sanidad, educación, Dependencia o Ciencia, junto a un Plan contra la pobreza. Inyectar unos 30.000 millones más a la economía, no restarle otros 9.000 millones.

Y este mayor gasto e inversión es posible, porque España puede y debe recaudar más, dado que tenemos un grave problema de ingresos, como ha reiterado la Comisión Europea: España recaudará en 2018 un 38% de su PIB, mientras la media de la UE-27 recaudará el 44,6%. Eso se traduce en que España recauda 72.000 millones de euros menos al año que la media europea, debido a que tenemos más fraude fiscal (en IVA y otros impuestos) y a que pagan menos impuestos (“legalmente”) las grandes empresas, las multinacionales y los más ricos. Así que el problema de que tengamos el tercer mayor déficit público de Europa (Bruselas estima que será el 2,4% en 2018, sólo por detrás del 3,9% de Rumanía y el 2,9% previsto para Francia) no está en que gastemos más (al contrario, gastamos menos: el 40,4% del PIB frente al 45,5% de media en la UE-27), sino en que ingresamos menos.

En definitiva, que si recaudáramos impuestos como los demás europeos, España ingresaría 72.000 millones más al año, no tendríamos déficit (son -34.000 millones) y podríamos gastar más en lo que hace falta, en empleo, formación, tecnología y servicios públicos. Pero en lugar de ir por este camino, haciendo que paguen más los que pagan poco, el Gobierno (y Ciudadanos) pretenden bajar la recaudación en 2018, en 2.000 millones, bajando impuestos. Algo que sólo puede hacerse a costa de recortar gastos de otro lado, algo que no deberíamos permitirnos, porque hace falta de casi todo, tras tantos años de recortes. La vía debería ser la contraria: subir impuestos, no a la mayoría que ya los pagamos, sino a las grandes empresas, multinacionales y ricos, que apenas pagan. Y por eso tenemos más déficit y nos hacen recortes año tras año. También en 2018, aunque frenen la economía y el empleo.

Este es el escenario económico en el que se plantean los Presupuestos 2018. Y salvo por puro "fundamentalismo" ideológico, nadie debería defender más austeridad: la economía necesita más que nunca reanimarse este año, porque de fuera vienen “vientos en contra” y todavía necesitamos crecer más que los demás, porque tenemos más del doble de paro (16,7% frente al 7,3% en la UE-27). Así que el Gobierno no puede pedir que le apoyen  con unos Presupuestos que van en contra de lo que España necesita. Ni con “regalos” a los nacionalistas ni con “chantajes”. Propongan otros Presupuestos, los que España necesita en 2018. Un “empujón desde dentro”, con más recaudación. No más austeridad.

Presupuesto 2017: un parche tardío e insuficiente

Había prisa por investir presidente a Rajoy, para aprobar el Presupuesto 2017. Pero acabaremos el año sin él, con un Presupuesto prorrogado. Y no se espera aprobarlo hasta finales de marzo. Además de tardío, el Presupuesto 2017 será un parche insuficiente: los recortes y subidas de impuestos anunciados no bastarán para recortar los 16.500 millones de déficit que exige Bruselas. Y tampoco este año 2016 se cumplirá el déficit prometido. Por eso, Rajoy exigirá más recortes en primavera y si no tiene apoyos, convocará elecciones. Pero ese nuevo ajuste se podría evitar si  hiciéramos una reforma fiscal de verdad, que consiga recaudar como Europa: España ingresa 50.000 millones menos en impuestos y por eso tenemos déficit y menos gastos sociales. Hay que conseguir que paguen más los que pagan poco (grandes empresas, multinacionales y ricos), reducir el fraude y poner nuevos impuestos, ambientales y financieros (tasa Tobin). Urge un acuerdo político para ingresar más, no para hacer recortes que hunden la economía y el empleo. Pacten los impuestos.
 

enrique ortega

Normalmente, los Gobiernos aprobaban los Presupuestos del año siguiente el 1 de octubre, para que pasaran el trámite del Congreso y Senado a finales de diciembre. Pero esta vez, el retraso en la investidura de Rajoy (que juró como presidente el 31 de octubre) ha trastocado el calendario. Y el Gobierno se verá obligado a aprobar, a mediados de diciembre, una prórroga de los Presupuestos 2016 para el año que viene, porque no espera tener un borrador de los Presupuestos 2017 hasta finales de enero, como pronto. Y con ello, su previsión es que el Parlamento apruebe los Presupuestos 2017 a finales de marzo o primeros de abril. Eso si Rajoy consigue sacarlos adelante, para lo que necesita el apoyo de Ciudadanos, Coalición Canaria y el PNV, algo nada fácil.

De momento, conocemos las líneas básicas del Presupuesto 2017, aprobadas por el Gobierno el 2 de diciembre, a golpe de decreto ley. Y se ve claramente que la gran prioridad de Rajoy no es el empleo, como dijo en su investidura, sino bajar drásticamente el déficit público, como le exige la Comisión Europea. Para cumplirlo, recortará o congelará gastos y aumentará algunos impuestos. Con ello, se recortará en 2017 el gasto y el consumo del Estado, las autonomías, las empresas y los ciudadanos. Y, en consecuencia, la economía crecerá menos (+2,3%) y se creará menos empleo (+400.000), lo contrario de lo que dice Rajoy. No hace falta ser economista para entenderlo.

Veamos las cifras del ajuste. El gran objetivo es recortar el déficit público del 4,6% del PIB en 2016 (el déficit prometido a Bruselas) al 3,1% en 2017. Eso, calculadora en mano, supone un ajuste de 16.500 millones, que tiene que hacerse por dos caminos a la vez: recortando gastos y subiendo ingresos. La mayor parte de este ajuste corresponde al Estado central, que tendrá que reducir su déficit del 2,2% al 1,1 % (-12.100 millones) y el de la Seguridad Social, del 1,7% al 1,4% (-3.300 millones). El resto del ajuste lo han de hacer las autonomías, que han de bajar su déficit del 0,7 al 0,6% del PIB (-1.100 millones).

Profundicemos en cómo plantea el Gobierno hacer este ajuste en 2017. En sus cuentas, las del Estado, mantendrá los recortes ya aprobados este verano, cuando estaba en funciones, para 2016: 2.000 millones de inversiones que no se van a hacer tampoco en 2017 (sobre todo infraestructuras e inversiones de Fomento), otros 1.000 millones de gastos congelados en julio, (que seguirán parados en los cajones) y 2.000 millones menos de pago de intereses de la deuda (por la bajada de tipos). En total, 5.000 millones de recortes de 2016 que se prorrogan para 2017, con lo que se fija el mismo “techo de gasto” de este año para 2017: 118.337 millones de euros. Eso significa que el Gobierno renuncia a  gastar más en partidas necesarias, como una mayor subida de las pensiones (todos los grupos habían pedido una subida del 1,2%, en vez del 0,25% previsto, pero el Gobierno lo ha vetado, apoyado por el PP y Ciudadanos), una mayor subida a los funcionarios (será un 1%), mayor gasto en políticas de empleo o más gasto en sanidad, educación, dependencia o inversiones públicas.

Y por el otro camino, el Gobierno prevé ingresar 5.500 millones más con 5 subidas de impuestos muy limitadas (no toca un IVA lleno de excepciones ni los carburantes, que tienen los impuestos más bajos de Europa). Una es la subida del impuesto de sociedades a las empresas, quitándoles exenciones y bonificaciones que les reducían el pago, medida con la que esperan recaudar 4.650 millones, sobre todo de las grandes empresas. Otros 100 millones vendrán de subir un 5% los impuestos al tabaco (desde el 3 de diciembre) y 50 millones más de subir un 5% los impuestos al alcohol (no al vino ni a la cerveza). Y 200 millones más se recaudarán cuando apruebe, en 2017, un nuevo impuesto a las bebidas azucaradas. También aprobará en 2017 impuestos medioambientales por otros 500 millones de euros (una subida mínima: recaudamos por "impuestos verdes" la mitad que Europa, a pesar de que España ha aumentado las emisiones de CO2). Además, Hacienda aprobará un plan de lucha contra el fraude para recaudar 2.000 millones más, obligando a las grandes empresas (60.000) a comunicar todas su ventas con IVA, prohibiendo pagos en metálico de más de 1.000 euros (ahora son 2.500) y restringiendo el aplazamiento de pagos a contribuyentes (un sistema para “financiarse” a costa de Hacienda).

En total, 5.000 millones menos de gastos y 7.500 millones más de ingresos (algunos “inseguros”: los 2.000 prometidos de la batalla contra el fraude fiscal son “un brindis al sol”) dan un ajuste de 12.500 millones de euros, en línea con los 12.100 millones que ha de recortar el Estado. Pero no pasa lo mismo en la Seguridad Social: la única medida aprobada es subir las cotizaciones a los sueldos más altos (las bases máximas pasan de 3.642 a 3.751 euros) y subir el salario mínimo, que ahora cotizará más (de 655,20 euros a 707, 60), lo que reportará un ingreso extra de 400 millones en 2017, claramente insuficiente para el recorte del déficit de la SS en 3.300 millones prometido a Bruselas.

El tercer responsable de recortar el déficit son las autonomías, que tendrán que bajar su déficit sólo en 1.100 millones para 2017, gracias al pacto entre el PP y el PSOE, que gobierna en 7 autonomías, y que con este acuerdo (que supondrá apoyar el techo de gasto, o sea los recortes propuestos por Rajoy) ha conseguido reducir a la mitad el recorte inicial de las autonomías que el Gobierno envió en octubre a Bruselas (-2.200 millones). Aun así, y a pesar de que Hacienda les permite aplicar el impuesto del Patrimonio y subir el IBI (unos 500 millones de recaudación extra en 2017), las autonomías tendrán que hacer otro ajuste más el año que viene, unos 600 millones, recortando gastos o subiendo impuestos propios.

En definitiva, que a pesar de los recortes de gastos y la subida de impuestos (a algunas grandes empresas y al “vicio”), las medidas de Rajoy se quedan cortas, son insuficientes: prevén un ajuste total (Estado, SS y autonomías) de 13.500 millones, frente a los 16.500 millones que hay que bajar el déficit para cumplir con Bruselas. Otro Presupuesto más que el Gobierno Rajoy se hace “trampas a sí mismo”, proponiendo un Presupuesto que sabe de antemano que no va a cumplir con el déficit. Faltan 3.000 millones de ajuste para 2017.

El problema es que va a pasar lo mismo este año 2016, donde no vamos a acabar con el 4,6% de déficit prometido, porque está fallando la recaudación. Y serán ya cinco años consecutivos en que el Gobierno Rajoy no cumple con sus cuentas, porque de 2012 a 2015 tampoco cumplió lo presupuestado: se recaudaron 18.000 millones menos (2% del PIB) y de ahí el exceso de déficit. Hasta octubre, estaba fallando la recaudación del IRPF, impuestos especiales y cotizaciones de la Seguridad Social, con lo que, si todo fuera igual en el último trimestre, la recaudación total sería 9.000 millones menos de lo previsto en 2016. Y con suerte, el déficit quedaría en el 5% del PIB en vez del 4,6% previsto. Serían 4.400 millones más a recortar en 2017, a partir de que se cierren las cuentas (febrero o marzo). Eso obligaría a un ajuste extra, por la desviación de 2016 y el ajuste insuficiente de 2017, de 7.400 millones más. Un recorte extra que Rajoy propondría en primavera. Y si no tiene apoyos suficientes, no dudaría en convocar elecciones, a la vista de su subida en las encuestas.

Esta es la fría realidad de los Presupuesto 2017 que anuncia el Gobierno: un parche tardío e insuficiente. Un “parche” porque no entra en el fondo del problema fiscal que tiene España desde hace décadas: recaudamos mucho menos por impuestos que el resto de Europa, según Eurostat: en 2015, España recaudó por impuestos el 22,3% del PIB, frente al 26,1% que recaudaron los 19 paises del euro y el 26,8% de la UE-28. Eso significa que si España tuviera la misma presión fiscal que la media europea, deberíamos haber recaudado 48.700 millones más. “Spain is different” y por eso tenemos más déficit, no porque gastemos más. De hecho, gastamos bastante menos: en España, el gasto público es del 43,8% del PIB, frente al 48,5% en la zona euro y el 47,3% en la UE-28, según Eurostat. Así que también gastamos 51.000 millones de euros menos al año que la media de los europeos.

O sea, que nuestro problema de fondo es que España recauda poco con los impuestos, menos que Europa. Y la estadística europea (Eurostat) nos ha dicho hace dos semanas en qué impuestos fallamos. Donde más, en la Renta (IRPF): si recaudáramos como la UE-28 (9,4% del PIB) o como Alemania (9,1%) en vez de como lo hacemos (7,4% del PIB), ingresaríamos 20.500 millones más al año. Para eso, tendríamos que quitar, dicen los expertos fiscales, muchas deducciones y exenciones (que benefician sobre todo a las rentas media y altas) y suprimir el sistema de módulos a los autónomos. El otro impuesto con “agujeros” es el IVA, donde somos el tercer país que menos recauda en Europa, tras Irlanda e Italia: un 6,5% del PIB frente al 7% de media en la UE-28 o en Alemania. Son otros 5.500 millones más que se podrían ingresar, haciendo que más artículos y servicios paguen el 21% general. El tercer impuesto donde también recaudamos menos es Sociedades: un 2,4% del PIB frente al 2,5% en Europa o Reino Unido aunque Suecia recauda más (3% PIB). Son otros 1.100 millones más que podríamos recaudar si nos homologáramos con Europa. Y lo mismo en los impuestos especiales (recaudamos 2.200 millones menos, porque tenemos unos impuestos al alcohol, al tabaco y a los carburantes de los más bajos de Europa) y en Sucesiones y Donaciones (las herencias, por las que España recauda 3.250 millones menos que Europa).

Así que Rajoy y los políticos ya saben lo que habría que hacer: pactar una reforma fiscal en profundidad, para que los españoles paguemos impuestos como los demás europeos. Y eso nos permitiría ingresar casi 50.000 millones más, sin que la mayoría paguemos más, sólo reduciendo el fraude (con más inspectores : Hacienda tiene un funcionario por 1.928 personas frente a 1 por 712 en Alemania) y haciendo que paguen más los que pagan poco, las grandes empresas, las multinacionales y los más ricos, además de subir los impuestos medioambientales y financieros (Tasa Tobin) Así, podrían salir las cuentas del Presupuesto. Por un lado, gastar 30.000 millones más en lo que nos hace falta para crear empleo, reanimar la economía y salvar el Estado del Bienestar: 4.000 millones en luchar contra el paro, 10.000 para las pensiones, 6.000 millones para paliar  la pobreza, 2.000 para la sanidad, otros 2.000 para la educación, 1.000 para la Dependencia y 5.000 para inversiones urgentes, desde tecnología e infraestructuras a industrialización y digitalización de la economía. Y destinar otros 10.000 millones a reducir el déficit. Son 40.000 millones en total, mucho dinero extra, pero puede ingresarse con una reforma fiscal a fondo.

Si no se hace y se sigue con los parches, antes o después se verá que la recaudación no alcanza y habrá que hacer nuevos recortes, forzados por Bruselas. Así que la única esperanza de verdad contra futuros ajustes es mejorar la recaudación, reformar los impuestos para recaudar como europeos, que haya menos fraude y que paguen más los que hoy pagan poco (grandes empresas, multinacionales y los más ricos). Pero hacer esto supone enfrentarse a grupos poderosos, que van a intentar que no les toquen el bolsillo. Aunque eso lleve a que nos lo toquen a la mayoría, con más impuestos indirectos y más recortes, que sólo pueden hacerse en los grandes gastos (sanidad, educación, pensiones, Dependencia, paro e inversiones públicas), a costa de frenar el crecimiento. Y con ello, la recaudación. Así que si hay más recortes, será imposible bajar más el déficit. Es el círculo vicioso de la austeridad, lo que ha pasado en España (y en la Europa del sur) desde 2010.

En resumen, lo que está en juego no es aprobar contra reloj los Presupuestos 2017, sino ver qué Presupuestos necesita nuestra economía. Y con el Brexit, el triunfo de Trump, la crisis en Italia  y el estancamiento de Europa, el año 2017 se presenta problemático. Y España necesita seguir creciendo más, porque tenemos el doble de paro que Europa. Para conseguirlo hay que reanimar la economía, gastar más en lo que hace falta, no más recortes. Pero eso sólo se consigue si recaudamos más. Europa nos ha dicho cómo hacerlo. Tomen nota y actúen en consecuencia, aunque eso suponga tocar el bolsillo de los poderosos. Ellos o la mayoría, ese es el dilema de estos Presupuestos. No lo olviden