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jueves, 6 de noviembre de 2025

Teletrabajo, el último "gancho" laboral

Dicen que los lunes ya no hay tantos atascos de tráfico en Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades porque ahora bastante gente teletrabaja viernes y lunes. Quizás mucha gente que sigue yendo a trabajar todos los días no lo vea, pero el teletrabajo sigue creciendo, aunque lentamente y con menor peso que en la mayoría de Europa, porque muchas empresas evitan pagar parte de los costes o temen que sus trabajadores “se escaqueen”. Pero también hay empresas, las más dinámicas, que han comprobado que muchos trabajadores (sobre todo los jóvenes) ven el teletrabajo como un  incentivo y lo ofrecen para captar talento o evitar fugas. Eso sí, los empleados públicos apenas teletrabajan y la mayoría de sectores con más empleo tampoco, porque no pueden (turismo, hostelería, comercio, construcción, transporte …).Cara al futuro, es clave ir incluyendo el teletrabajo en más convenios colectivos (hoy son la minoría), para facilitar la conciliación laboral y el mayor reparto de hijos y tareas en el hogar entre hombres y mujeres. Trabajemos más a golpe de click.

                              Enrique Ortega

La pandemia marcó un antes y un después en el teletrabajo, que era marginal en 2009 (sólo trabajaban 1,12 millones de trabajadores, el 5,9% de los ocupados) y poco significativo en 2019 (teletrabajaban 1,64 millones, el 8,3% de la mano de obra, según el INE), para dar un tremendo salto en 2020, con el confinamiento (3.015.200 trabajadores, 1 de cada 6, trabajaron desde casa entre abril y junio de 2020, según la EPA), aunque perdió peso tras el final del estado de alarma y al final del año (2,87 millones teletrabajaron de media en 2020, el 15% de los ocupados en España . Y aunque se recuperó algo el porcentaje en 2021 (15,3%), cayó después en 2022 (13,7% ocupados teletrabajaron) y 2023 (14,1%), al querer recuperar la normalidad y el lugar de trabajo. Pero en 2024, el teletrabajo ha vuelto a subir en España y más de 3,3 millones de empleados teletrabajaron, el 15,4% del total.

A pesar de esta lenta recuperación del teletrabajo, el porcentaje en España es muy inferior a los que teletrabajan en el resto de Europa, donde lo hacen el  22,6% de los ocupados, según la última estadística de Eurostat (datos 2024), un porcentaje mayor que antes de la pandemia (teletrabajaban el 14,4% de los europeos en 2019) y que en 2020 (20,7%), aunque algo inferior al de 2021, el año récord en Europa (24% teletrabajaron). Actualmente, hay grandes diferencias en el teletrabajo por paises. En cabeza están los Paises Bajos (52% de los ocupados teletrabajan) y los paises nórdicos (Suecia, con el 45,6% de teletrabajo, Noruega con el 42,5%, Dinamarca con el 41,1% y Finlandia con el 39,4% teletrabajando), seguidos de cerca por Irlanda (36,5%), Bélgica (36%) y Francia (33,9%). Y están en cabeza, pero más rezagados Austria (28,1%) y Alemania (24% teletrabajan). España (15,4%) está en un grupo retrasado, con Portugal (20,8%), Eslovenia (19%), Chequia (16,5%), Polonia (15,3%), Eslovaquia (13,6%) y Croacia (13,3%), aunque no estamos en el vagón de cola, donde están  Italia (10,3% teletrabajan), Hungría (9%), Grecia (7,8%), Rumanía(3,5%) y Bulgaria (3%).

Lo llamativo en Europa, es que el teletrabajo ocasional (uno o varios días a la semana) sigue ganando terreno al teletrabajo habitual, según los datos de Eurostat. En 2024, el 13,7% de los empleados teletrabajaba ocasionalmente y sólo  el 8,9% de los ocupados lo hacían habitualmente, algo que también pasa en la mayoría de paises con más peso del teletrabajo, como Paises Bajos (el 39,8% trabajan ocasionalmente y sólo el 12,2% habitualmente), Suecia (32,2 ocasionalmente y 11,34% habitual), Finlandia (19,8% ocasionalmente y 19,6% habitual) o Francia (22,8% ocasionalmente y 11,1% habitual). El caso de España es una excepción, ya que teletrabajan más ocupados de forma habitual (el 7,8%) que ocasionalmente (7,6%), algo sólo pasa en Irlanda (20,6% habitualmente y 15,9% ocasionalmente) y en Alemania (12,9% habitual y 11,3% ocasional).

Así que en España vamos rezagados en teletrabajo, pero en el modelo “híbrido” que funciona en toda Europa se impone el teletrabajo habitual, aunque crecen tanto el ocasional como el habitual. Y hay datos de alguna ETT, como InfoJobs, que sitúan ya el teletrabajo en el 25% de los trabajadores ocupados, aunque en su estudio ganan los que trabajan en remoto uno o dos días a la semana (el 19%) sobre los que teletrabajan siempre. La sensación que tienen los expertos en recursos humanos es que está creciendo sobre todo el modelo “híbrido”, que apuesta por permitir el teletrabajo un día a la semana (viernes o lunes) o dos (viernes y lunes), lo que se notaría ya en menores atascos estos dos días de la semana, que siempre han sido “negros” para el tráfico en las grandes ciudades.

Todo indica que sigue habiendo muchas empresas reticentes al teletrabajo, sobre todo a teletrabajar más de 1 o dos días a la semana, porque no quieren superar el 30% del trabajo en remoto, el porcentaje que, según la Ley que regula el Teletrabajo (que entró en vigor el 13 de octubre de 2021), las obliga a dotar a sus empleados del personal necesarios para teletrabajar y pagarles los gastos acarreados (equipos, wifi, electricidad), gastos que son menores y se pueden pactar en caso de teletrabajo ocasional. Además, el teletrabajo se ha convertido en una fuente de recursos y demandas de empleados ante los Tribunales de lo social, lo que disuade a muchas empresas a seguir por ese camino. Y otras, simplemente, no quieren que sus trabajadores teletrabajen porque piensan que es difícil “controlarlos” y porque puede bajar su productividad (hay una cultura de “presentismo en el trabajo”), así como dificultarse el trabajo en equipo.

A pesar de todas estas reticencias, el mayor problema para el teletrabajo es que hay muchas empresas y trabajadores que no pueden teletrabajar, sencillamente, por la actividad y el trabajo que realizan. Y esto es especialmente importante en España, donde hay un gran peso de empleos en actividades y servicios que no permiten el teletrabajo: gran parte del turismo y la hostelería, el campo y la ganadería, la construcción, los cuidados y el servicio doméstico, sanidad, comercio al por menor, transporte, logística, la mayoría de la industria,  actividades artísticas y recreativas. En realidad, nuestra estructura económica sólo permite teletrabajar a 1 de cada 3 ocupados, como mucho, según este estudio de CaixaBank Research.

Las últimas estadísticas del INE sobre teletrabajo (noviembre de 2024) señalan que un 15,1% de los trabajadores preguntados habían teletrabajado en la semana anterior a la entrevista. Y el 17,6% de los ocupados han teletrabajado, más mujeres (18,1%) que hombres, sobre todo las personas de 25 a 54 años  (las que más teletrabajaron, un 16,5% fueron los empleados de 35 a 44 años) y especialmente los trabajadores con estudios universitarios (el 33,4% trabajaron, frente al 12,4% de los que sólo terminaron Secundaria), los autónomos (19,8%) más que los asalariados (17,5%) y más los que trabajan con contrato indefinido y a jornada completa (18,7% teletrabajaron) y los que ganan más (entre los que tienen de 2.500 a 3.000 euros de sueldo, teletrabajaron el 27,1% de los encuestados, y de los que ganan más de 3.000 euros, lo hizo la tercera parte). Y teletrabajan mucho más los ocupados en Melilla (26,7% empleados), Madrid (26,7%) y Cataluña (21,5%) que los de Ceuta (1%), Murcia (5%), Castilla la Mancha (6,3%), Extremadura (7,3%), Asturias (8,1%), Canarias (9,1%) y La Rioja (9,7%).

Cuando el INE les pregunta a los trabajadores cuyo empleo les permite hacerlo por qué no teletrabajan, más de la mitad (58,5%) responden que porque prefieren el trabajo “presencial”, mientras otros responden que no teletrabajan porque su empresa “no tiene voluntad de implantarlo” (dicen el 35,8% de los trabajadores encuestados) o “no dispone de los medios disponibles” (otro 16,5%) o el domicilio del trabajador no está preparado (10,8% respuestas). Las personas que sí han teletrabajado lo han hecho una media de 3,5 días a la semana y lo valoran muy positivamente, con 8,7 puntos sobre 10. Ventajas que señalan: poder autogestionar el tiempo de trabajo (el 87,3%), conciliación de la vida laboral y familiar (87,2%), ahorro de tiempo (86,6%) y de dinero(68,7%), pero sobre todo “evitar desplazamientos” (la principal ventaja para el 95,4% de los encuestados). Como desventajas: falta de contacto con los compañeros (para el 82,2%), desconexión laboral (60,8%), sobrecarga laboral (47%)y falta de recursos técnicos (28,8%) e incomodidad de trabajar en casa (24%).

Los expertos laborales aseguran que cada vez son más las empresas que ofrecen teletrabajar en sus ofertas de empleo : el 12% de todas las ofertas de empleo hechas entre enero y agosto de 2025 ofrecían teletrabajar, según InfoJobs, un porcentaje mucho mayor que en 2019 (sólo el 2% de las ofertas), inferior al de 2022 y 2023 (del 18 al 19% de las ofertas) y algo menor al de 2024 (14% ofertas). Pero sobre todo, según un estudio de InfoJobs siguen aumentando las empresas que permiten teletrabajar: en 2025, son el 46% de las empresas que buscan empleados (11% trabajo remoto y 25% teletrabajo híbrido). Y el sindicato UGT señala que en los convenios firmados en 2024, un 20% incluían cláusulas de teletrabajo, aún pocas pero 5 veces más que en los convenios de 2019 (sólo el 4% con teletrabajo).

La realidad es que aunque todavía son una minoría las empresas que ofrecen y permiten teletrabajar, depende mucho del tipo de empresa, su tamaño y, sobre todo del sector. Así, hay tres sectores donde más de la mitad de los anuncios de empleo que ponen en InfoJobs permiten teletrabajar: informática y telecomunicaciones (lo ofrecían el 68% de los anuncios publicados en agosto), Legal (58% de las ofertas para abogados) y finanzas y banca (52%). Y también destacan las ofertas hechas en educación (39% incluyen poder teletrabajar) y recursos humanos (27%), quedando por encima de la media del total de anuncios que incluyen  el teletrabajo (el 12%) las ofertas de empleos para comercial y ventas (16% anuncios lo permiten), ingenieros y técnicos (14%), atención al cliente (14%), calidad, producción e I+D (14%) y marketing y consumo (13%). A la cola del teletrabajo están los anuncios de empleo en turismo y restauración (sólo el 1% incluyen teletrabajar), profesiones, artes y oficios (1%), sanidad y salud (1%), venta al detalle (2%), logística y almacén (2%).

Una novedad en los últimos años es que muchas empresas, sobre todo grandes y dinámicas, están utilizando el teletrabajo como “un gancho” para atraer trabajadores, como un incentivo para captar talento, en España e incluso en el extranjero (permite vivir en un país con un buen clima, alta calidad de vida, relativamente barato y con y excelentes comunicaciones). Eso coincide con una generación de jóvenes que cada vez valoran más el tiempo libre y la libertad para organizarse, por encima incluso de su sueldo. De ahí que, en muchos casos, ofrecer teletrabajar dos días a la semana (o incluso tres) o uno o dos meses al año es una oferta imbatible que permite captar nuevos empleados y evitar que otros se vayan. De hecho, cuando el INE pregunta a los que teletrabajan, el 43% responde que buscarían otro empleo si su empresa vuelve al trabajo 100% presencial. Otro 30% seguirían pero “desmotivados” y el 27% seguirían "pidiendo más sueldo"…

Así que el teletrabajo se ha convertido ya en un incentivo para atraer trabajadores y tener más contentos y motivados a los que ya tienes. Esto es algo que deberían comprender también los gestores públicos, porque los funcionarios y empleados de las distintas Administraciones se quejan de que no pueden teletrabajar, aunque a muchos se les obligó durante la pandemia y algo después, suprimiendo esta posibilidad actualmente en la mayoría de los trabajos públicos, desde la Administración central a las autonomías y Ayuntamientos, donde cada una va a su aire, peleando y negociando con sus trabajadores. Las estadísticas oficiales dicen que la mitad de los funcionarios teletrabajan, pero se refiere sólo a los funcionarios y cuando lo hacen es normalmente un día o algunas horas. Precisamente, los sindicatos de la Administración llevan 5 años pidiendo una norma que desarrolle el teletrabajo en todo el sector público, conciliando la atención al público con el teletrabajo que ofrecen muchas empresas privadas.

En otra década más, el teletrabajo revolucionará el trabajo en España y en toda Europa, por el auge de la digitalización y la inteligencia artificial, empujado por unas nuevas generaciones que se han formado en Internet y que valoran poder teletrabajar tanto o más que el sueldo. Además, puede ser una forma de recuperar el interés por el trabajo de unas nuevas generaciones poco motivadas por contratos precarios, sueldos mileuristas y una organización del trabajo todavía bastante asentada en el “ordeno y mando”. Y encima, el teletrabajo puede ayudar a las mujeres en la equiparación en el hogar: dicen que los hombres teletrabajadores ponen más lavadoras y recogen más a los niños... Pero hace falta preparar al país y a las empresas para un mayor aumento del teletrabajo, con Planes específicos, ayudas e inversiones, para que aumente la productividad y el teletrabajo no sólo sea más cómodo sino más eficaz. Hay que apostar de verdad, en el sector privado y público, por trabajar más a golpe de click.

jueves, 27 de junio de 2024

Empleados públicos: insuficientes y precarios

El Gobierno aprobará el 2 de julio convocar 40.000 nuevos empleos públicos en el Estado, que se suman a las 600.000 plazas convocadas desde 2018 en el Estado, autonomías y Ayuntamientos (aunque sólo un tercio se han cubierto). Pero sólo hay 277.500 empleados públicos más que en 2011, por los recortes de Rajoy, lo que provoca escasez de personal en muchos organismos, desde el DNI a Tráfico o las oficinas de empleo y de la SS. Aunque persiste el mito de que “tenemos muchos funcionarios”, los datos indican que España está en linea con Europa y tenemos menos empleo público que Francia o los nórdicos aunque más que Alemania e Italia. El otro problema es que un 30% de los empleados públicos tienen contratos temporales o son interinos, casi la mitad en sanidad o educación, lo que ha motivado varias sentencias del Tribunal Europeo de Justicia para que los hagan fijos. Urge una reforma a fondo de la Función Pública, para conseguir más personal, bien formado y con contratos decentes.

                   Oposición para cubrir oferta de empleo público

En mayo se superaron los 3 millones de empleados públicos cotizando a la Seguridad Social, exactamente 3.023.133 afiliados, un 60% trabajando en las autonomías (1.840.990 empleados públicos), otro 24,5% empleados en los Ayuntamientos y Diputaciones (741.683) y sólo un 14,5% trabajando en la Administración General del Estado (440.760 empleados públicos afiliados a la SS). Aunque estos 3 millones de empleados públicos son un récord histórico, sólo suponen 310.000 más que los afiliados públicos en 2011, el anterior máximo (2.690.099 en julio de 2011).

El empleo público todavía trata de recuperarse de los recortes impuestos por el Gobierno Rajoy en 2012, siguiendo los ajustes de Bruselas. Así, los empleados públicos cayeron del máximo de 2.690.099 ocupados en julio de 2011 a 2.583.504 empleados en julio de 2018, a poco de irse Rajoy de la Moncloa. Un recorte de -52.677 empleados públicos entre 2011 y 2018, según el Boletín Estadístico de Personal público, al no sustituirse las jubilaciones y despedirse a personal contratado. Pero este ajuste de personal recayó en exclusiva en el Estado (-67.315 ocupados), porque en estos años duros aumentaron las plantillas de las autonomías (+6.713 empleados) y los Ayuntamientos (+5.582 empleados).

En la segunda mitad de 2018, el nuevo Gobierno Sánchez empezó a reponer parte de las jubilaciones de empleados públicos, convocando nuevas plazas de empleo público hasta 2023 (160.000 en la Administración del Estado), abriendo también la mano autonomías y Ayuntamientos. Con ello, en julio de 2023 había en España 2.967.578 empleados públicos, +384.074 ocupados que en el mínimo de 2018, según el Boletín Estadístico de Hacienda. El mayor aumento de personal se ha vuelto a dar en las autonomías (trabajan 347.113 personas más que en 2018), siendo mucho menor el aumento de plantillas públicas en los Ayuntamientos (+21.348) y en el Estado central (+15.613, un tercio sólo de los empleos perdidos entre 2012 y 2018).

¿Tenemos muchos funcionarios, como señala un mito popular? La respuesta corta es no. Los datos revelan que hay 3,5 millones de ocupados en el sector público, según la última EPA (marzo 2024), los que dicen que trabajan para la administración (aunque sólo 3 millones coticen a la SS). Y estos 3,5 millones suponen un 16,71% de todos los ocupados en España (21.250.000), un porcentaje que se ha mantenido estable desde 2018 (el empleo público suponía el 16,45% del total), a pesar del aumento de las plantillas públicas. La media europea (UE-27) de empleados públicos estaba en el 17% del total en 2020 (último dato de Eurostat). Y tenían más porcentaje de empleados públicos que España los paises nórdicos (29% de los ocupados en Suecia, 28% en Dinamarca, 25% en Finlandia). Estonia y Croacia (23%), Lituania (22,5%) y Francia (22%), siendo menor su peso en Alemania (el 11% del empleo es público), Paises Bajos (12%), Italia (14%) o Portugal (15%).

Así que no tenemos “un exceso” de personal público. Y basta intentar renovar el DNI o el carnet de conducir, ir a una oficina de empleo o intentar arreglar los papeles de la jubilación para comprobar la falta de personal (y las consiguientes “colas”), por no hablar de la falta de personal en la sanidad, la educación y los servicios sociales, así como en muchos Ayuntamientos. Y hay un dato impactante que relativiza el aumento (pequeño) del empleo público: entre 2011 y 2023 se crearon en España 3.439.400 nuevos empleos y el empleo público creció estos años sólo en +277.479 ocupados. A lo claro: sólo 1 de cada 12 nuevos empleos creados en España desde 2011 han sido en el sector público (+277.479), los 11 restantes se han creado en el sector privado (3.161.921 nuevos empleos).

Para afrontar este “déficit” de empleos públicos, por jubilaciones que no se han cubierto y mayores necesidades en los servicios públicos (hay casi 1,5 millones de habitantes censados más), los Gobiernos de Sánchez han ido aprobando convocatorias de plazas de empleos públicos: 160.000 entre 2018 y 2023, sólo en la Administración General del Estado. Y lo mismo han hecho las autonomías y Ayuntamientos. En conjunto, se estima que las tres administraciones han convocado unas 600.000 nuevas plazas de empleo público entre 2018 y 2023. Pero sólo un tercio se han cubierto (225.000), según datos del CSIF. En unos casos, por retrasos entre la convocatoria de plazas y la adjudicación (todavía están pendientes plazas del empleo público ofertado en 2023). Y en otros, por problemas burocráticos en las convocatorias (hay puestos que no se cubren porque no hay suficientes candidatos que aprueben), que impiden cubrir las plazas. De hecho, la Función Pública reconoce que hay miles de plazas de estas convocatorias públicas que han caducado por mala gestión y no volverán a convocarse…

Ahora, el Gobierno Sánchez aprobará  una nueva convocatoria de plazas públicas en la Administración central del Estado para 2024, la mayor hasta ahora: 40.121 plazas, 10.600 de promoción libre (cualquiera puede presentarse a la oposición), 10.600 de promoción interna (para interinos) y otras 8.681 plazas para Fuerzas Armadas y cuerpos de Seguridad (6.260 abiertas y 2.161 de promoción interna). Los sindicatos apoyan esta convocatoria pero creen que es “insuficiente”, aunque valoran que se concentre en los servicios de atención pública más faltos de personal, como el SEPE, la Seguridad Social o Tráfico.

El primer gran problema estructural de la Función Pública es que muchos servicios están “cortos de personal” y necesitan ampliar plantillas. Pero el problema quizás más grave es la enorme precariedad del empleo público: casi un millón de los que trabajan para la administración tienen un empleo temporal, algunos durante décadas. Dos ejemplos. En Canarias, un funcionario de Justicia lleva 27 años trabajando como “interino” (cubriendo el puesto de un funcionario). En el Hospital de la Princesa, en Madrid, un médico de urgencias lleva con un contrato temporal desde 2005 (como el 83% de médicos del centro)… 

Lo que ha pasado en los últimos 12 años, además del recorte de personal, es el aumento de la precariedad del empleo público, para contrarrestar la prohibición de contratar. En principio, el ajuste de Rajoy de 2012 prohibía sustituir a los jubilados (“tasa de reposición” cero de 2012 a 2014, el 50% en 2015 y menos del 100% después) y hacer nuevas contrataciones de personal. Pero como los servicios públicos no podían parar, el Estado y sobre todo las autonomías y Ayuntamientos se buscaron subterfugios” para contratar, cubriendo con  personal laboral (“interinos”) los puestos que habían dejado libres los funcionarios jubilados y contratando a personal temporal para cubrir otros puestos.

Las cifras evidencian otra vez lo que ha pasado: la precariedad se ha disparado en las administraciones desde los ajustes. En 2011, el 61,45% de todos los empleados públicos (2.690.099) eran funcionarios por oposición (1.653.246), repartiéndose el resto entre personal laboral (690.278, el 25,65%) y “otros” (básicamente interinos que ocupaban puestos de funcionarios), 346.323 ocupados ( 12,87% del total). En sólo 12 años, en 2023, la proporción de los funcionarios de carrera ha caído a menos de la mitad de las plantillas (1.472.277, el 49,6% de todos los empleados públicos), mientras ha seguido aumentando el personal laboral (ahora son 853.703, el 28,7%) y, sobre todo, se ha casi duplicado el peso de los “interinos”: son ya 641.599 empleados públicos, el 21,6%.

El problema de la mayoría del personal laboral y de los interinos es que su trabajo es “temporal”, no tienen fijeza y pueden perder su empleo si se recortan costes y servicios o si el puesto lo acaba cubriendo un funcionario. De hecho, la estadística oficial señala que el sector público en España tenía una “tasa de temporalidad” del 29,58% a finales de 2023, más del doble de la tasa de temporalidad del sector privado (que ha bajado al 13,2%, gracias a la reforma laboral). Se estima que casi 1 millón de empleados públicos tienen un contrato temporal, más en las autonomías (44% de los empleados públicos son temporales) que en los Ayuntamientos  (20%) y que en la Administración central (sólo 5% son temporales). Y esta mayor temporalidad autonómica se concentra en Canarias (59% empleados públicos), País Vasco (57%), Comunidad Valenciana (51%), Murcia o Baleares (47%), Asturias o Aragón (46%) y Madrid (44%), sobre todo en Sanidad (más del 50% en 10 regiones) y Educación.

El Gobierno Sánchez sacó adelante en el Parlamento, en diciembre de 2021, la Ley 20/2021, para reducir esta disparada temporalidad del sector público, del 30% al 8% a finales de 2024. Y para ello, la Ley permitía que el Estado, las autonomías y los Ayuntamientos convocaran concursos de estabilización (reducidas), para sacar plazas de interinos y que puedan optar a ellas los que trabajan ahí temporalmente. Pero además de aprobarlas, los interinos aportan puntos por los años de experiencia, con lo que se las quedan los que llevan más años y las aprueban. En otros casos, muchas plazas de reposición (abiertas) no se acaban de cubrir y por ello siguen en sus puestos los interinos. Así que apenas ha bajado la tasa de temporalidad, porque sólo se han cubierta 225.000 de las 600.000 plazas ofertadas (las que se aprueban ahora en 2024 no se cubrirán hasta 2025, como pronto). Y con ello, parece evidente que el objetivo de rebajar la temporalidad el 8% tardará años en conseguirse.

Por eso, muchos temporales e interinos recurren a los tribunales, cuando pierden su puesto o antes, para que les reconozcan la fijeza tras décadas trabajando en la administración. La tendencia de los tribunales españoles ha sido no aceptar la fijeza o dictar bajas indemnizaciones. Sólo en los últimos años, los tribunales y el Supremo han empezado a admitir la conversión de algunos temporales de la administración en indefinidos no fijos”, un invento laboral : es una figura intermedia entre funcionario y personal temporal, que no es fijo (su contrato puede finalizar cuando un funcionario ocupe su puesto”) y no tiene tampoco la protección de los funcionarios (sólo se les puede despedir por motivos disciplinarios). La única ventaja de ser “indefinidos no fijos” es que si les despiden, tienen una indemnización de 20 días por año y un máximo de 12 meses (los temporales tienen 12 días).

Los empleados públicos españoles y los propios tribunales han acudido en  varias ocasiones al Tribunal Europeo de Justicia (TJUE) para que se pronuncie sobre contratados e interinos. Y hay dos sentencias recientes. Una del 22 de febrero de 2024, relacionada con los 360.500 trabajadores públicos temporales, en la que el TJUE) dictamina que los procesos de estabilización en marcha en España (ofertas públicas de empleo) y las mayores indemnizaciones no son suficientes y que sólo cabe hacer fijos a estos empleados públicos que llevan más de 3 años (y décadas) trabajando como temporales. El 13 de junio, el Tribunal europeo de Justicia ha emitido otra sentencia, relacionada esta vez con los 800.000 interinos estimados, en la que vuelve a dictaminar que se les haga “indefinidos: esta vez no habla de “fijos” sino de hacerles “indefinidos”, pero no acepta esa fórmula del Supremo de “indefinidos no fijos” y defiende que tengan la protección de un trabajador indefinido (que puede ser despedido por distintos motivos y tienen menos protección que un funcionario).

Ahora, tras estas 2 sentencias del TJUE, el Gobierno dice que la pelota de los temporales e interinos de las distintas administraciones la tiene el Tribunal Supremo, que debe fijar jurisprudencia para el resto de tribunales. Y sólo después, según lo que decida, pensarán si promueven algún cambio legal sobre la contratación pública. Mientras, el nuevo ministro de la Función Pública, José Luis Escrivá, está estudiando abordar una reforma a fondo de la Administración Púbica y sus políticas de contratación. Por un lado, ya ha anunciado que va a suprimir en 2025 las actuales tasas de reposición (sustituir al 100% de los jubilados y el 120% en algunos organismos más necesitados), que son un corsé que limita la planificación de las plantillas públicas. Su idea es hacer una previsión de necesidades a medio plazo y estudiar cómo cubrirlas, mejorando los procesos de selección de personal y tratando de incorporar talento joven (y digital) a las distintas administraciones públicas.

El reto es enorme, porque hay que reforzar los servicios públicos, tanto por la mayor demanda de servicios de más calidad como para sustituir a los muchos empleados públicos que se van  a jubilar en dos décadas, porque tenemos unas plantillas muy envejecidas (el 59% de los empleados públicos tienen 50 años o más). Y habrá que encajar esta nueva política de personal con la urgente digitalización de muchos servicios públicos. Todo ello exige planificar a medio plazo necesidades, personal (cuántos de ellos funcionarios y cuantos con contratos “decentes”, no temporales), horarios (más amplios y diversificados), sueldos, promoción y consideración (no puede ser que los mejores cerebros acaben en el sector privado) y, sobre todo, el reparto entre el Estado, las autonomías y las entidades locales, que ahora crecen “cada una a su aire” . Y en paralelo, mejorar la formación, profesionalidad y eficiencia de los empleados públicos, con una mayor conciencia de que trabajan para los ciudadanos, que somos los que pagamos su sueldo. El objetivo debe ser reformar a fondo una Administración anclada en el siglo XIX y prepararla mejor para este siglo XXI.

domingo, 15 de abril de 2012

Bajas laborales: ojo a ponerse enfermo


Uno de los puntos más polémicos de la reforma laboral es la posibilidad de despedir a un trabajador si falta al trabajo, aún con baja médica, diez días en dos meses. Hasta ahora, ese despido no era procedente si la plantilla tenía una tasa baja de absentismo, con lo que los jetas podían salvarse si tenían compañeros cumplidores. Los sindicatos dicen que el absentismo es más bajo que en Europa y que el cambio va a ser utilizado para “limpiar plantillas”. Además, se va a permitir a las Mutuas, controladas por las empresas, que den altas y bajas, en vez de los médicos. Y eso cuando  crecen los españoles que van enfermos a trabajar, por miedo a perder su empleo. Y el 85% de trabajadores hacen más horas de las que deben.
enrique ortega

Hasta esta reforma laboral, para despedir a un trabajador por faltas justificadas, hacía falta que la plantilla tuviera un índice de absentismo superior al 2,5%. Ahora, se quita esta cautela, con lo que los trabajadores jetas no se pueden aprovechar de tener compañeros cumplidores. Si faltan al trabajo, aun con bajas justificadas, más del 20% de las jornadas hábiles en dos meses (más de 9 días) o el 25% en cuatro meses (discontinuos, en un año), pueden ser despedidos con 20 días por año (máximo 12 meses). Se excluyen las bajas de más de 20 días, con lo que la diana de la reforma son las bajas cortas, que son las que pagan las empresas (del 4º al 15º día). Un catarro o un esguince mal curado que vuelven, por ejemplo.

Esta norma se puede aplicar ahora a los empleados públicos, donde el absentismo es mayor. Las autonomías ya han empezado a aplicar Planes, al margen de la reforma. Así, el País Vasco paga menos a los funcionarios de baja (75% entre el 4º y el 20º día, 85% entre el 21º y el 44º y el 100% sólo a partir del día 45) y también Madrid (60% entre el 4º y el 20º día y el 75% si se prolonga más de 3 meses). Ahora, además, podrán despedir a algunos.

Los sindicatos aceptan medidas contra el absentismo (las pactaron en los acuerdos sociales de 2011), pero critican que la patronal haya hecho del absentismo una bandera ideológica, queriendo cargar a los trabajadores el sambenito de vagos, con datos falsos. Porque la realidad es que el absentismo en España es más bajo que en Europa: 2,1% de jornadas perdidas por incapacidad temporal (IT) frente al 2,2 % en Europa. Y se ha reducido con la crisis: de 29,9 bajas por 1000 trabajadores (2007) se ha pasado a 24 (2010). Y de 1,7 horas perdidas por trabajador en 2007 a 0,9 en 2011. Y con ello, ha bajado el gasto en IT: de 7.533 millones (2008) a 6.295 (2011).

La patronal dice que la reforma laboral podría reducir el absentismo un 20% y quieren pagar menos en cotizaciones por contingencias comunes, para lo que han conseguido del Gobierno que sean las Mutuas las que en 6 meses den las altas y bajas laborales también en las enfermedades comunes. Sin embargo, los empresarios apenas pagan las bajas: se estima que sólo cargan con 1.000 millones y que el resto lo financia la Seguridad Social. Y  recordemos que si las empresas pagan las bajas laborales (del 4º al 15º día) es porque se acordó en 1994 a cambio de una bajada en las cotizaciones empresariales.

Las Mutuas, controladas ahora por las empresas, gestionan las altas y bajas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, pero no las de enfermedad común, que deciden los médicos de la SS. Sin embargo, a partir del día 16 de baja, pueden requerir al trabajador para hacerle reconocimientos e incluso pueden hacer propuestas de altas médicas, lo que los sindicatos critican como un elemento de presión sobre el trabajador. En 6 meses, el Gobierno les permitirá que controlen las bajas de menos de 15 días y den las altas, para rebajar la factura de las empresas, lo que puede multiplicar los conflictos.

Las Mutuas, 20 ahora (tras una enorme concentración) son un gigantesco entramado, que maneja más de 12.500 millones y tienen un fondo de reserva de 6.000, a costa, según muchos expertos, de cargar costes a la sanidad pública. De hecho, camuflan muchas enfermedades laborales como enfermedades normales, para no cargar con su coste: un 33% de gasto sanitario público vasco y un 20% de las bajas comunes en Cataluña son bajas por enfermedades profesionales, según distintos estudios. Los sindicatos critican este fraude, que engorda los excedentes de las Mutuas a costa del déficit de la sanidad y piden protocolos claros, unidades específicas en los hospitales y que España reconozca el catálogo de enfermedades profesionales de la OIT.

Mientras la patronal hace bandera del absentismo, los españoles van cada vez más a trabajar enfermos, por miedo a perder su empleo, según distintos estudios.  Y de las enfermedades profesionales detectadas en 2011 (18.121), más de la mitad fueron sin baja, el triple que antes de la crisis (y con baja, la mitad que en 2006).

Además, el 85% de los trabajadores pasan en el trabajo más horas de las que deben, cuando en 2010 eran el 45%, según un estudio de Randstad: dos tercios lo hacen por miedo a perder el empleo y el otro tercio por falta de personal. Y eso, recuerdan, cuando España es el cuarto país de Europa que más horas trabaja (por detrás de Austria, Portugal y Suecia), un 20% más que Alemania, por ejemplo.

El problema no es el absentismo ni trabajar más o menos horas, sino ser productivo y eso no se arregla persiguiendo las bajas laborales. La productividad tiene que ver con una buena  organización del trabajo, con la eficiencia en los procesos, con la tecnología y la innovación, con la formación, con un buen clima laboral. Y vamos por el camino contrario.