La luz subió en
octubre, por 7º mes este año, y cuesta ya un 12,18% más que en 2016. La culpa la tienen la sequía y el clima, que recortan la energía hidráulica y eólica,
aumentando el uso del carbón y el gas, más caros y contaminantes. También funciona mal el mercado eléctrico, con
muchos vaivenes de precios. Pero este mayor coste de la luz sólo cuenta para un
35% del recibo: el resto son impuestos (25%) y una parte regulada (40%) donde el Gobierno nos carga costes que debería
pagar el Presupuesto, como las ayudas a renovables, nucleares, centrales de
gas, empresas e islas. Y por eso pagamos
la luz más cara que el resto de Europa. Este alto precio hace que muchas familias
no puedan pagar la luz y se la corten. Acaba de estrenarse el nuevo bono social, con muchas “trampas”:
sólo se librarán del corte los “pobres” a quienes paguen la mitad del recibo
los Ayuntamientos. Urge reformar el
mercado eléctrico, una asignatura pendiente desde la transición.
enrique ortega
enrique ortega
El recibo de la luz
volvió a subir en octubre, un 7,48%,
según la Comisión de la Competencia (CNMC), la mayor subida este año desde la de
enero (+9%). Con ello, son ya 7 meses en que ha subido la luz este
año y el usuario medio paga 76 euros más de factura (682,89 euros) que
en los diez primeros meses de 2016, un 12,6% de subida anual. La causa
principal de estas subidas está en el
clima, sobre todo en la sequía y la falta de viento, que han recortado la electricidad producida
por centrales hidroeléctricas y molinos eólicos (más barata), aumentando la luz
generada por centrales térmicas de fuel y gas natural (más cara). Además, en enero se disparó el precio de la luz por el parón de algunas centrales nucleares francesas, que
aumentó la exportación de electricidad a Francia y los precios en España.
Pero si sube la luz no
sólo es culpa del clima. El mercado eléctrico ibérico (MIBEL),
que funciona desde enero de 1998, es un mercado estrecho (un “mercadillo”) y con precios muy
volátiles, donde muy pocas empresas (Iberdrola, Endesa y Gas natural) tienen un
gran poder y se benefician de un sistema de precios “de locos” que les permitió Aznar con la Ley eléctrica de 1997.En esencia, es un mercado donde cada tipo de electricidad
se ofrece a su precio y cada hora se
fija un precio que es el de la electricidad más cara. Así, por ejemplo, si
hay poca agua o viento, las eléctricas ofrecen electricidad de sus centrales de
gas (las más caras), a 90 euros el kilowatio. Y eso es lo que paga el mercado
por el kilowatio de las centrales hidroeléctricas (que cuesta producir 10
euros) o nucleares (22 euros). Un negocio redondo para estas centrales, que
además están ya amortizadas. Es como si
compráramos carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y la
pagáramos a precio de chuletón. De hecho, el experto Jorge Fabra estima que los consumidores
hemos pagado 20.000 millones de más a las eléctricas, sólo entre 2005 y
2015, por este injustificable sistema de precios.
Además de engordar los precios del mercado eléctrico, este sistema incentiva el fraude. En
la gran subida de la luz de diciembre de
2013, la Comisión de la Competencia
(CNMC) ya detectó que Iberdrola había parado la producción de
sus centrales hidroeléctricas del Duero, Tajo y Sil, provocando una falta de oferta que disparó los precios del mercado
(en beneficio de sus centrales térmicas y nucleares), actuación por la que Iberdrola
fue multada con 25 millones de euros. En la fuerte subida de enero de 2017, algunos expertos denunciaron que varias eléctricas
habían vuelto a “manipular el mercado”, retrasando la entrada de las
centrales de gas (porque no tenían gas almacenado y estaba muy caro), lo que
llevó luego a que estas centrales marcaran un precio muy alto, en beneficio (otra
vez) de las centrales hidroeléctricas y nucleares. Y ahora, en la fuerte subida de octubre, se ha detectado otro
problema adicional: existe un algoritmo en el mercado eléctrico (introducido en 2013) que hace entrar
en juego los mercados secundarios y que funciona mal, elevando artificialmente los precios, como ya denunció la
CNMC en 2014. Y ese algoritmo nos ha
costado una subida extra de la luz en octubre de más de 4 millones de
euros, según algunos expertos.
Ahora, los expertos temen que el precio de la luz en el mercado eléctrico siga subiendo este otoño e invierno,
ante la perspectiva de una falta de
lluvias y de un aumento de la
demanda, por el frío. Y lo mismo para los primeros meses de 2018, donde los precios de los futuros de la
electricidad marcan ya subidas por encima del 10%. Y no sólo tenemos y vamos a
tener una luz más cara, sino también
más sucia, con más emisiones de CO2, porque se
produce más electricidad en las centrales de carbón (muy contaminante), fuel y
gas (también contamina, aunque menos). De hecho, la generación de electricidad
ha producido ya hasta septiembre 52,99 millones de toneladas de CO2, un 28,15% más que el año pasado, según Red Eléctrica. Y eso porque se genera con carbón un 16,6% de la electricidad (14,5% en 2016) y un 15,7% con fuel y gas (13,9% en 2016), mientras
que sólo el 33,7% de la electricidad viene de fuentes
renovables (el 38,9% en 2016 y más del 40% en 2013 y 2014). Es llamativo que las 5 grandes eléctricas (Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola, EDP y Viesgo) emitieran el 17% de todos los gases de efecto invernadero emitidos en España en 2016, según el Observatorio de la Sostenibilidad.
Como hemos visto, el
precio base de la luz se fija en
un mercado estrecho, poco transparente y sujeto a factores descontrolados que
suben artificialmente los precios en
beneficio de las eléctricas y en perjuicio de los usuarios. Pero este precio
de origen de la luz sólo afecta a una parte de nuestro recibo, al 35%, que tiene que ver con lo que cuesta producir la electricidad.
Y además, este precio de mercado no afecta
a todos los consumidores, sólo a los que tienen un precio “regulado”, a 12 millones de españoles. Los 17 millones de clientes restantes tienen una tarifa
“libre”, que han pactado con las eléctricas y se revisa cada año, no cada
mes y cada día, según el precio del mercado eléctrico, como la tarifa
“regulada”. Pero ojo, la subida de
precios de la luz acabará también trasladándose a estos clientes con tarifas “libres”, cuando las revisen. Y además, tienen que
saber que las tarifas “libres” son
32 euros anuales más caras que las
reguladas, según un estudio de la CNMC. Y es “normal”: al ser tarifas planas, las
eléctricas se cubren de los vaivenes
de precios con tarifas más altas. Eso sí, ahora, con las nuevas subidas de luz
de este año, volverán a utilizarlas como “argumento
comercial”, para convencer a más clientes para que se pasen a tarifas libres, insistiendo que así se libran de las subidas de
precios. No es verdad, antes o después se
las cargarán también.
Decíamos que los vaivenes
de precios, las subidas de la luz que se han producido en 7 meses de este
año, sólo afectan a un 35% de nuestro
recibo, si tenemos “tarifa regulada”. Hay una
segunda parte del recibo, el 40%, en la que todos los consumidores (con tarifa
“regulada” y libre”) pagamos por una serie de conceptos que fija
el Gobierno, los llamados “peajes”. Un “cajón de sastre” donde pagamos el
coste de transportar la electricidad
(1.710 millones en 2016, el 2,96% del recibo) y distribuirla (5.123 millones, el 10,04% del recibo), dos conceptos
justificables pero en los que pagamos de
más, en beneficio del monopolio de red Eléctrica y las comercializadoras,
según muchos expertos. Pero también muchas otros conceptos que se cargan a nuestro recibo en vez de al Presupuesto: ayudas a las renovables (6.403
millones, 17,22% del recibo), ayudas por el parón nuclear (155 millones, el 0,41% del recibo), amortización de la deuda eléctrica (2.838
millones en 2016, el 2,84% del recibo), compensación a Endesa por producir luz en las islas (740 millones, el 4,2%
del recibo), ayudas a las centrales de
gas para que estén “disponibles” cuando no haya viento (525 millones, el 3% del
recibo), ayudas a las grandes empresas para compensarles de que las eléctricas puedan
cortarles la luz si hace falta , algo que no ha pasado nunca (otros 525
millones, el 3% del recibo)…Pagos que vigila la Comisión Europea, porque considera que son “subvenciones encubiertas
a eléctricas y empresas” (a costa de nuestro recibo).
Como se ve, en esta segunda parte del recibo (el 40%), nos cargan una serie de costes que nada tienen que ver con el coste directo
de producir electricidad, una serie de extracostes
que se han ido sumando desde 1997 y que sirven para engordar los beneficios de las eléctricas, de los más altos de
Europa (5.794 millones en 2016 sólo las 3 grandes). El último “coste nuevo”, incluido por el Gobierno Rajoy en nuestro recibo para
2017, es el coste de un proyecto para que el operador del mercado eléctrico OMIE (una
empresa privada) participe en la gestión de la futura plataforma de negociación
eléctrica europea. A costa de nuestro recibo.
Y queda la tercera
parte del recibo, el 25% final,
que destinamos a pagar impuestos, un
dinero que no va a las eléctricas sino a
Hacienda. Y aquí también pagamos de
más, al menos más que los demás europeos. La luz paga dos impuestos, un impuesto especial eléctrico (del 5,113% sobre la potencia contratada y el
consumo, 1.300 millones que se destinan a las autonomías) y el IVA sobre la factura total (incluido
el impuesto eléctrico, con lo que se paga un impuesto sobre otro impuesto), que
es del 21%. Y este IVA eléctrico es de los más altos de Europa, ya que en Reino Unido se paga
el 5%, en Italia el 10%, en Grecia el 13%, en Irlanda el 13,5%, en Francia el
16,7% y en Alemania el 19%.
Recapitulando, vemos que en las tres partes del recibo de la luz pagamos costes de más: en el 35% que
se paga por el precio de producir la electricidad (un mercado mal regulado y
muy volátil), en el 40% de los peajes
(lleno de “extracostes” que deberían quitarse o pasarse al Presupuesto) y en el 25% de impuestos (mayores que en Europa).
Así no debería extrañarnos que la luz en
España sea de las más caras de Europa. Para el usuario doméstico, el precio medio en junio 2017 era de 0,1805 euros/kilowatio (sin impuestos), un
37% más cara que la media europea (0,1315 euros/kilowatio) y la tercera
luz más cara de Europa, sólo por detrás de Bélgica e Irlanda (una isla) y un
65% más cara que en Francia (0,1089 €/kWh) y un 30% más costosa que en Italia
(0,1332 €/kWh), Reino Unido (0,1344 €/kWh) o Alemania (0,1389 €/kWh), según Eurostat. Y las empresas pagan
en España 0,086 €/kWh (sin impuestos), un 28,3% más
que las alemanas (0,067 €/kWh) y un 30,3%
más que las francesas (0,066 €/kWh), según datos de Industria (2016). Es un gran hándicap para competir, tan
importante o más que el coste salarial
del que siempre se quejan nuestras empresas (muy inferior al europeo).
Al final, tenemos un sistema eléctrico “de locos”,
que es una fuente de extracostes y
que provoca subidas continuadas de
la luz, nada menos que un 52% de
2008 a 2014, casi el doble que en Europa (+34%). Y por ello, cada vez hay más españoles que tienen graves problemas para pagar el recibo de la luz, dado que
hay más de 5 millones de españoles en
situación de pobreza
energética. De hecho, hay 625.000
hogares a los que se cortó la luz por impago en 2015, según datos de la CNMC. La última ola de frío y la muerte de Rosa (una jubilada de 81 años que murió asfixiada en su casa
de Reus en noviembre de 2016, a causa de un incendio provocado por una vela con
la que se alumbraba, tras haberle costado la luz Gas Natural por impago de los
recibos), provocaron que el Gobierno,
PSOE y Ciudadanos pactaran en diciembre de 2016 un nuevo bono eléctrico, que se aprobó en enero de 2017 pero cuyo Reglamento para ponerlo en marcha no se ha aprobado hasta el 6 de octubre.
El bono social eléctrico es un descuento que se hace en el
recibo a las familias con bajos ingresos, desde un 25% (consumidores vulnerables: matrimonios con menos de 9.681 euros anuales o hasta 16.135 si
tienen 2 hijos menores, jubilados y familias numerosas, ganen lo que ganen) a
un 40% de descuento (consumidores
vulnerables severos: matrimonios que ingresen menos de 4.840 euros y o
hasta 8.067 euros con 2 menores, jubilados con menos de 6.454 euros de pensión
y familias numerosas que ingresen menos de 8.067 euros anuales). Actualmente se
benefician de este bono social eléctrico 2,5 millones de españoles.
La novedad ahora
es que se ponen más cautelas para evitar
el corte de la luz, pero sólo a los
consumidores “vulnerables severos”, unos 916.486 consumidores: las eléctricas no les cortarán la luz si los
servicios sociales les pagan durante 5 meses la mitad del recibo (otro 40% es
el descuento del bono social y el 10% restante lo asumen las eléctricas). Así
que el Gobierno, el PSOE y Ciudadanos “se
han hecho la foto” de que evitan más cortes de luz, pero el acuerdo tiene "trampa": el
coste lo tendrán que asumir los servicios sociales, de los Ayuntamientos.
Una decisión que puede costarles entre 286 y 330 millones de euros extras al
año, cuando están sin fondos para atender a los 8 millones de españoles que les
piden ayuda para todo. Y si los
servicios sociales no pagan la mitad del recibo, la eléctrica cortará la luz
a estos consumidores pobres, según advierten los Directores de Servicios Sociales. Y otra “trampa”: el Gobierno dice que
el coste del bono social (230 millones en 2017) lo pagarán las eléctricas, pero
ellas aseguran que “lo
repercutirán al consumidor”. Y si alguien pretende evitarlo, irán a los
Tribunales y lo ganarán, como ha pasado desde 2009 (el Gobierno está obligado a devolverles 503 millones por ello). O sea, que también lo pagaremos nosotros.
La situación del sector
eléctrico no puede ser más caótica, al amparo de que la mayoría de españoles no entiende lo que
pasa, que en realidad es muy sencillo:
estamos pagando la luz más cara de Europa porque pagamos costes de más, desde que se produce hasta que llega a los hogares o
empresas. La solución pasa por aprobar una auditoría de costes, como ya ha pedido varias veces la oposición, para
que paguemos la luz por lo que realmente cuesta, entre un 20 y un 30% menos de lo que nos están
cobrando. El problema es que el sector
eléctrico tiene mucho poder
económico, político y mediático y hasta ahora ningún Gobierno, ni ZP ni
Rajoy, se ha atrevido a desmontar los privilegios que les otorgó Aznar en 1997 y después. Pero urge reformar el sistema eléctrico, porque atenta contra nuestro bolsillo y resta
eficacia a nuestra economía. Y provoca pobreza energética y hasta muertes. Es una de las grandes reformas económicas pendientes
desde la transición. Luz y
taquígrafos y cambios de fondo: no
más parches como el bono social.
