Decreto "antiapagón" y luz más cara

Unos días antes de cumplirse los 2  meses del apagón (28 de abril), se han hecho públicos tres informes que aclaran poco lo que pasó. Uno del Gobierno, que reparte culpas entre Red eléctrica (REE) y las compañías. Otro de REE que culpa a las eléctricas y un tercero de las eléctricas que culpa a Red Eléctrica. Al final, seguimos sin saber quien tuvo la culpa y quien debe indemnizar a empresas y consumidores. Mientras, el Gobierno aprobó este martes un Decreto para reforzar la seguridad del sistema eléctrico, multiplicando los controles y las exigencias a las compañías, que tardarán meses en ser efectivas y podrían encarecer el precio de la electricidad. Y en paralelo, incluye medidas para potenciar las renovables, mejorando su seguridad y facilitando que almacenen su energía. De momento, el precio mayorista de la electricidad se ha multiplicado por 4 en junio, por la mayor demanda y la menor producción hidroeléctrica. Y todo apunta a que el recibo medio subirá entre 5 y 6 euros este mes.

                                          Más vigilancia y control para evitar apagones                                        REE

Hay tres informes por falta de uno sobre “el gran apagón” del 28 de abril. El primero, del Gobierno, que lo ha presentado a los 49 días del corte de suministro, aunque tenía de plazo hasta agosto. Es “salomónico”: reparte las culpas entre Red Eléctrica (REE, la empresa que gestiona el sistema eléctrico) y las eléctricas. A REE le achaca un error de planificación: el día anterior, una de las 10 centrales convencionales preparadas para completar la oferta señaló a REE que no iba a estar disponible. Y Red Eléctrica no la sustituyó por otra. A las eléctricas, el informe del Gobierno les achaca dos errores. Uno, que las 9 centrales de refuerzo no absorbieron la tensión extra que se generó en el sistema. Y el otro, que se desconectaron instalaciones (en Granada, Badajoz, Segovia, Huelva y Cáceres) “de forma indebida”, aumentando la tensión en el sistema y llevando al apagón. Y además, cuando REE, ante las oscilaciones previas al apagón (cuyo origen se desconoce), ordenó la entrada de una nueva planta (ciclo combinado de gas), no entró en funcionamiento hasta las 2 de la tarde, hora y media después del apagón.

El segundo informe, presentado un día después (el 18 de junio) es el de Red Eléctrica: niega que su programación para el 28 de abril fuera incorrecta y culpa a las eléctricas de no haber regulado tensión con sus 9 centrales de apoyo (6 térmicas de gas y 3 nucleares), como era su obligación (y por lo que cobran). REE les achaca, como el Gobierno, dos errores: no ayudar a regular la tensión con estas plantas “de apoyo” y realizar “desconexiones injustificadas” de algunas plantas, que aumentaron la tensión y aceleraron el apagón. Eso sí, ni el informe de REE ni el del Gobierno dan nombres de instalaciones y empresas, porque así lo han exigido las eléctricas en cumplimiento de la Ley (en los informes están “tachados”).

Cinco días después, el 23 de junio, las eléctricas presentaron su propio informe, elaborado por dos consultoras. Ahí se señala como “responsable único” del apagón a Red Eléctrica, por “falta de planificación” (la generación programada era ·escasa”, sobre todo en el sur de España) y “mala gestión” (critican que no se dispusiera de toda la generación hidráulica disponible). Además, rechazan que sus plantas de apoyo no regularan correctamente la tensión y añaden que todas las instalaciones que se desconectaron “cumplieron los protocolos”.

Así que entre todos la mataron y el sistema se apagó…Los informes hablan del cómo pero no del porqué del apagón. No hay responsabilidades claras ni ceses o dimisiones. Ahora falta conocer el 4º informe, el de la Comisión Europea, que podría conocerse después del verano. Y el informe de la Comisión de la Competencia (CNMC), que tardará meses y que podría acabar en expedientes con inhabilitaciones y fuertes multas para REE o para las eléctricas. Y en paralelo, hay empresas y particulares que ya están pensando en ir a los tribunales para exigir indemnizaciones por el gran apagón”.

Mientras, el 12 de junio se tomó la primera medida para evitar nuevos apagones: la CNMC aprobó la revisión de las normas técnicas que regulan los “servicios de ajuste” del sistema eléctrico, el mecanismo que permite disponer de centrales de apoyo (normalmente térmicas de gas) frente a posibles tensiones en el sistema, algo que no funcionó el 28 de abril. Lo más llamativo es que Red Eléctrica ya había pedido esta nueva norma… en 2021, a la vista de que la norma actual es del año 2000 y por la necesidad de dar más seguridad al sistema por la entrada de renovables. La CNMC ha tardado pues 4 años en aprobar este nuevo procedimiento de control de tensión que, según muchos expertos, habría evitado el gran apagón si hubiera estado vigente. 

Ahora, se va a modernizar y dotar de un marco retributivo al control de tensión, incluyendo también a las energías renovables. Pero este nuevo modelo de operaciones no estará listo hasta la primavera de 2026, con lo que hasta entonces, lo que hace Red Eléctrica es curarse en salud y tener más centrales convencionales disponibles, aunque esa medida esté encareciendo el coste de la luz, para pagar estos “servicios de ajuste”.

Tras su informe sobre el apagón, el Gobierno ha aprobado este martes 24 de junio un Decreto-ley para reforzar la supervisión y resiliencia del sistema eléctrico. Incluye medidas para controlar mejor el cumplimiento de las obligaciones de los distintos agentes del sistema, la inclusión de nuevas herramientas para reforzarlo (como la norma aprobada por la CNMC), además de medidas para impulsar el almacenamiento y la electrificación. Por un lado, refuerza la vigilancia y la supervisión del sistema eléctrico, con más poder de la CNMC y REE, que deben hacer informes periódicos de funcionamiento y control de tensión, modificando procedimientos y regulación. Por otro, se fomenta el almacenamiento de las energías renovables (baterías) y la electrificación de la economía, para sustituir el uso de combustibles fósiles (petróleo, fuel, gas) por electricidad renovable. Para ello, se bajará la luz a las industrias más consumidoras, se facilitará la instalación de postes de recarga de vehículos eléctricos y se fomentará fiscalmente que los edificios tengan climatización por aerotermia.

Este “Decreto antiapagones” , además de multiplicar la vigilancia y los controles sobre el sistema eléctrico (para evitar “sustos futuros”, tiene otro objetivo: dar un empujón a las energías renovables, que antes del apagón pasaban por un momento “delicado”: los precios de la luz habían bajado mucho (reduciendo su rentabilidad), sufrían muchas dificultades burocráticas (retrasos en los permisos y recursos en los tribunales) , falta de regulación, aumento de costes y problemas de financiación (por dudas de los inversores). Ahora, este Decreto flexibiliza y agiliza los plazos para instalar nuevos proyectos renovables, incentiva el almacenamiento (ayudas a las baterías) y facilita que las renovables participen en el control de tensión del sistema (cobrando por ello). El objetivo es avanzar en los proyectos renovables, donde el sector debe invertir 200.000 millones para cumplir el gran objetivo: que el 81% de la electricidad sea renovable en 2030 (ahora es el 64%).

Parece que, tras el apagón, el Gobierno, la CNMC y Red Eléctrica “se han puesto las pilas”, con más control de la operativa y cambios legales para tener un sistema eléctrico (decenas de operadores, cientos de intermediarios y 700.000 kilómetros de Red) más regulado y más seguro. Pero ahora queda convalidar este Decreto antiapagones en el Parlamento, algo que será complicado por los enfrentamientos políticos. Y luego, queda que las eléctricas colaboren y operen con más transparencia, algo que no suelen hacer. Basta recordar las multas que les han impuesto los reguladores en el pasado: en noviembre de 2015, la CNMC impuso una multa de 25 millones a Iberdrola,  por reducir la producción de algunas centrales hidroeléctricas `para “manipular” al alza el precio. En julio de 2022, la CNMC multó a Endesa con 4,9 millones por dos infracciones de “abuso de posición dominante” en dos nudos de acceso a la red de transporte de energía. Y en julio de 2023, la CNM multó a Naturgy con 6 millones por “manipular” el precio en el mercado eléctrico…

Mientras se sacan conclusiones del apagón para reformar el sistema eléctrico, los consumidores asistimos a una fuerte subida de la luz en junio: el precio medio en el mercado eléctrico mayorista (en origen) ha sido de 69,65 euros por MWh entre el 1 y el 25 de junio, lo que supone cuadruplicar el precio medio mayorista de mayo (16,97 euros/MWh, el 2º más bajo de la historia) y duplicar con creces el de abril (26,81 euros/MWh), antes del apagón. En este caso, la subida del precio de la luz en origen no se ha debido a que REE se cubra en salud y tenga disponibles más centrales de gas (luz más cara), que fue lo que pasó en mayo, sino que este encarecimiento de la luz en origen se debe a 2 causas: un fuerte aumento de la demanda, por el calor (+7%, frente al -2,1% y el -0,8% que cayó en abril y mayo) y una menor generación eléctrica hidráulica (pocas lluvias), además de la subida del gas (por los ataques a Irán) en las centrales térmicas. Mientras, la aportación de las renovables fue similar (62% de la electricidad en junio).

Con esta fuerte subida de la luz en origen, nos subirá también el recibo de junio, entre 5 y 6 euros de media : de los 60,44 euros que pagamos en mayo (según la OCU) podría subir a unos 66 o 67 euros en junio. Y el recibo también subirá en julio y agosto, por la mayor demanda de electricidad en verano, la falta de lluvias y el mayor uso de las centrales de gas (más caro) para que REE se asegure de que no tendremos nuevos apagones. El “sobrecoste” por este mayor uso de centrales de reserva( los “servicios de ajuste”) se mantendrá todo el año y hasta que las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno y la CNMC entren en vigor. Ese “extracoste” se traslada directamente al recibo de los consumidores que tienen tarifa regulada (PVPC), que son 8,3 millones de clientes, pero no deberían pagarlo los consumidores que tienen una “tarifa libre” (24,1 millones), al menos hasta que llegue la revisión anual de su contrato, según ha advertido ya la CNMC a las eléctricas y comercializadoras. Pero algunas ya han anticipado que van a subir las tarifas un 7% por estos costes extras…

Cara a los próximos meses, la luz en el mercado mayorista subirá en verano (hasta los 100 euros/MWh)  y bajará en octubre y noviembre  (hasta los 85 euros), para bajar en 2026, año en que los futuros auguran un precio mayorista de 65 euros/MWh, según OMIE. Y a partir de ahí, los precios mayoristas seguirían bajando en 2027 (58,30 euros) y en 2030 (57,70 euros), gracias a la mayor producción de electricidad renovable (81% previsto en 2030), lo que permitirá un menor coste del recibo a los usuarios y una ventaja competitiva a la industria española. Pero para que esto sea posible, hay que asegurar que el sistema eléctrico funciona como un reloj, que se hacen los ajustes e inversiones necesarias, que los que tienen que vigilar vigilen y que los que producen y transportan electricidad cumplan los protocolos y no hagan trampas. Sólo así, con vigilancia, normas y responsabilidad se evitará otro gran apagón.