Para Defensa sí hay Presupuesto

En los Presupuestos para 2018, ahora en el Congreso, el gasto en Defensa es la 2ª partida que más crece (+10,7%). Luego será realmente más, porque todos los años se acaba gastando más de lo presupuestado: 22.000 millones extras en los últimos 15 años (1.350 millones más sólo en 2017). Y el Gobierno Rajoy se ha comprometido con la OTAN a gastar 18.000 millones en Defensa en 2024, un 80% más que hoy, tras aprobar nuevos programas de armamento. Y todo ello en un mundo y una Europa que se están rearmando, que gastan más en Defensa con la excusa de “militarizar” la lucha contra el terrorismo, la inmigración ilegal y los ciberataques. La seguridad no debería suponer rearmarse sino invertir en inteligencia, policía y vigilancia, bajo un estricto control civil. Y en Defensa, España debería reformar sus Fuerzas Armadas, recortando efectivos y especializándolos, dentro de una mayor coordinación europea. Una Defensa  más barata y con costes transparentes. Otro debate que no se hace.

enrique ortega

El gasto en Defensa siempre ha tenido “mala imagen”  y los Gobiernos democráticos han tendido a “camuflarlo”, con distintos “trucos contables”: créditos extraordinarios al margen de los Presupuestos, partidas de gasto en organismos autónomos, gastos en misiones internacionales que se computan después… El resultado es que una cosa son los Presupuestos de Defensa que se aprueban cada año y otra los Presupuestos realmente ejecutados: los “gastos extras” en Defensa han sido de 21.973 millones de euros entre 2002 y 2017 (la mitad, 11.709 millones, con Rajoy), según las estadísticas anuales de ejecución presupuestaria de la Intervención General (Hacienda). Una media del 15% de desviación, el equivalente a dos años y medio de Presupuesto de Defensa.

Un acicate a este “encubrimiento” de gastos (mayor en los años de recortes) fue la aprobación por el Gobierno Aznar, en 1997, de un ambicioso Plan para modernizar las Fuerzas Armadas, los PEAS (Programas Especiales de Armamento), que comprometieron un gasto de 30.075 millones en la compra de 19 sistemas de armamento: fragatas, buques, submarinos, aviones de combate y transporte, helicópteros, tanques, misiles y artillería. Para pagarlo, se inventó un “truco contable”: Industria daba un crédito público sin interés de 14.000 millones de euros a las empresas de armamento, para que fueran fabricando el material y luego Defensa les pagaría el armamento a partir de 2011, cuando lo fueran recibiendo.


Pero llegó la crisis y el Gobierno Zapatero no hizo frente a las primeras facturas, con la excusa de recortar el déficit. Y al llegar Rajoy, se encontró con esta “herencia” de Aznar (ver aquí otras) y aprobó, en 2012, el primer crédito extraordinario para afrontar las deudas de 2010 a 2012. Y en 2013, el ministro Morenés (que venía de la industria de Defensa) renegoció los pagos de los PEAS, aprobando en agosto de 2013 un nuevo calendario: se ampliaba el plazo de pago (de 2025 hasta 2030) y a cambio se les pagaba algo más (+2.500 millones) por menos material, con plazos anuales crecientes.

Esto ha sido una hipoteca desde 2012: cada año se aprobaba un Presupuesto de Defensa y luego en verano se aprobaba un crédito extraordinario para cubrir los pagos de armamento: 1.783 millones en 2012, 877 en 2013, 884 en 2014 y 856 en 2015. En 2016 ya no hay crédito extraordinario porque lo prohíbe una sentencia del Tribunal Constitucional (7 julio 2016), al que habían recurrido en 2014 los partidos UPyD, PSOE, IU y CiU. Pero el armamento comprado por Aznar hay que pagarlo y en el Presupuesto 2017 se incluye una partida extra (1.850 millones) para pagar los compromisos de 2016 y 2017, con lo que el Presupuesto de Defensa sube un 36% (hasta 7.639 millones). Pero al final, incluso con esta partida extra, el gasto real en Defensa ha sido mayor en 2017: se ha desviado 1.349 millones más, hasta los 8.988 millones, según los recientes datos de la Intervención general (Hacienda).

Así que los Presupuestos de Defensa siempre “engordan”. Y lo mismo pasará en 2018, donde es el 2º Ministerio en el que más crece el gasto, tras Fomento, hasta los 8.453 millones, un 10,7% más que el Presupuesto (inicial) de 2017. Pero ahí, en esa cifra, faltan gastos, como las misiones internacionales, que no se presupuestan cada año (debería hacerse, según el Tribunal de Cuentas, porque están previstas) y que cuestan casi 1.000 millones anuales. Tampoco figuran gastos que hacen organismos autónomos y otros están previstos a la baja, con lo que se espera que el gasto real en Defensa ronde los 10.500 millones de euros en 2018 (+16% sobre lo ejecutado en 2017), no los 8.453 millones presupuestados.

Mientras el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas piden que el gasto en Defensa sea más transparente, son muchos los que se agarran a que España “gasta poco en Defensa”. No tan poco. En 2016, el gasto en Defensa supuso el 1,0% del PIB, según los recientes datos de Eurostat, por debajo del 1,3% que gastó la UE-28. Pero hay 10 países europeos que gastan menos en Defensa que España: Irlanda (0,3%), Luxemburgo (0,4%), Malta y Austria (0,6%), Hungría y República Checa (0,7%), Bélgica (0,8%), Eslovenia, Rumanía y Portugal (0,9% del PIB). Alemania y Eslovaquia gastan lo mismo (1% PIB) y los 15 países restantes gastan más, sobre todo Grecia (2,1%), Reino Unido (2% del PIB), Francia (1,8%), Polonia (1,6%) e Italia (1,3%). O sea, que gastamos menos en Defensa que los grandes.

Claro que hay expertos que señalan que el gasto real en Defensa en España es el cuádruple del que se dice.  Un detallado estudio de los gastos en Defensa en 2017, elaborado por el colectivo Utopía Contagiosa, eleva el gasto en Defensa de los 7.639 millones presupuestados a 34.068 millones, tras añadir una serie de partidas “ocultas” en otros Ministerios y epígrafes: 3.549 millones en clases pasivas (pensiones de militares), 1.702 millones en organismos autónomos militares (INVIED, ISFAS, INTA), gastos del Ministerio del Interior (2.707 millones) y, sobre todo deuda militar (16.386 millones más). De ser así y computarse como Defensa un gasto anual de 34.068 millones, estaríamos hablando de un gasto en Defensa del 2,92% del PIB, superior con mucho al del resto de Europa.

Mientras esperamos que “alguien” exija aclarar cuánto gastamos de verdad en Defensa, el presidente Rajoy ya se ha comprometido a gastar más: en diciembre de 2017 envió una carta al secretario general de la OTAN donde se comprometía a gastar 18.000 millones de euros en Defensa en 2014, un 80% más que ahora. Un compromiso que obligará  a que el gasto de Defensa crezca más que los demás Ministerios en los próximos años, mientras Rajoy se ha comprometido con Bruselas a recortar el peso del gasto en educación, sanidad y gastos sociales, donde España sí gasta realmente menos que Europa, no sólo en Defensa, según Eurostat. Así, en educación, España gasta el 4% (el 2º país de los 28 que menos gasta), frente al 4,7% de media en la UE-28 y el 5,4% de Francia. En sanidad, gastamos el 6% del PIB (el país UE que menos gasta), frente al 7,1% de media UE-28 y el 8,1% de Francia. Y en protección social, España gasta el 16,8% del PIB, frente al 19,1% de la UE-28 y el 24,4% de Francia. Así que vale, gastamos algo menos en Defensa, pero mucho menos en educación, sanidad y gastos sociales y Rajoy no se compromete a gastar un 80% más, como en Defensa, sino porcentualmente menos, de aquí a 2024.

El Gobierno Rajoy se suma así a la ola de “rearme militar” que recorre el mundo y Europa. Este año 2018, el gasto militar mundial será el más elevado desde el final de la guerra fría (1990), con  más de los 1,69 billones de dólares de gasto de 2016 (1,38 billones de euros), según Jane´s Defence Budgets, destacando EEUU (611.000 millones dólares), China (215.000), Rusia (69.200), Arabia Saudí (63.700) e India (55.900 millones dólares). El gasto militar crece en todo el mundo (ver mapa), pero sobre todo en Oriente Medio, norte de África y Europa oriental, según el Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI).

Y también crecerá en Europa, que el 13 de noviembre de 2017 aprobó, con el apoyo de 25 países (todos menos Reino Unido, Dinamarca y Malta) “la Europa de la Defensa”, aunque bajo un nombre que “lo esconde”: la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO), una iniciativa paralela a la OTAN por la que los 25 países europeos firmantes se comprometen a aumentar su gasto en armamento, en línea con el 2% del PIB que pide la OTAN. Además, van a poner en marcha programas europeos de armamento (para fomentar una industria europea de la Defensa), financiados en parte por un Fondo europeo para la Defensa, creado en junio de 2017, que contará con 5.000 millones anuales. Algo nuevo en la historia de la UE, donde nunca antes se había puesto dinero comunitario para financiar armamento. Es la respuesta europea a la sensación de inseguridad en Europa: “militarizar” la respuesta a los desafíos del terrorismo, la inmigración y la ciberseguridad.

En este contexto, de apoyo político europeo al gasto en Defensa, el gobierno Rajoy quiere conseguir fondos europeos para financiar nuevo armamento en España. Así, el Consejo de Ministros aprobó 7 nuevos programas de armamento, un gasto de 10.805 millones a 15 años, que ya empezamos a pagar en el Presupuesto 2018 y que España quiere “colar” en los programas de Defensa europeos. Son inversiones en 5 fragatas F-110, 350 a 400 blindados 8x8, 3 aviones cisterna, 4 drones, 3 nuevos helicópteros NH-90, modernización de los helicópteros de transporte CH-47 y un nuevo avión de entrenamiento, además de ver qué se hace con los submarinos S-80, una historia “increíble”: estaba previsto en los PEAS comprar 4 submarinos y que se entregaran en 2013, pero resultó que no flotaban (pesaban “demasiado”) y se retrasa su entrega a 2021, con un sobrecoste que hace que el dinero previsto (2.135 millones) sólo da para comprar 1 submarino, no 4… Otra “historia” que colea es la compra de 27 aviones A-400 M: ya no cumplen las características requeridas y España sólo quiere 13 de los 27 encargados. Y Airbus dice que o busca comprador para ellos o le pagan 250 millones de indemnización…

Rajoy y su ministra de Cospedal reiteran una y otra vez que España “cumplirá con su parte en la Defensa europea” y que además este gasto militar es bueno, porque crea empleo. Empezando por esto, hay que aclarar que los grandes contratos de Defensa se han hecho con multinacionales norteamericanas (tanques y munición para Santa Bárbara General Dynamics)  y europeas,  donde España apenas tiene participación, como el programa  Eurofighter (14% CASA) y el grupo Airbus (4% CASA). Sólo los submarinos S-80 (los que han “engordado) y las fragatas F-100 se fabrican 100% en España, en Navantia. Los expertos estiman que sólo 1 de cada 5 euros invertidos en armamento implican negocio y empleo en España, mientras Francia, Alemania o Reino Unido, con potentes industrias de armamento, se quedan “dentro” casi todos sus contratos de Defensa, según un informe de la Comisión Europea.

En cuanto a la Defensa europea, hay dos críticas que hacer. Una, que la situación actual es un desastre, como reconoció el anterior ministro alemán de Exteriores: “gastamos el 50% que EEUU en Defensa pero sólo tenemos un 50% de rendimiento porque todos hacemos lo mismo y no nos coordinamos”. Son 25 países comprando los mismos aviones, tanques o fragatas y cada uno defendiendo sus fronteras. El otro problema es más de fondo: ante la sensación de inseguridad entre muchos ciudadanos europeos, por el terrorismo yihadista, el aluvión de refugiados o los ciberataques propiciados por Rusia, muchos Gobiernos buscan “militarizar la solución”, poner al Ejército en la calle y en las fronteras, empujados por la industria militar y la ultraderecha. Un error, porque la solución habría que buscarla en reforzar la inteligencia civil y los medios de la policía, no en militarizar más los países europeos.

En paralelo a este debate europeo, en España debería haber otro debate interno sobre el futuro de la Defensa. Por un lado, urge imponer mayores dosis de transparencia, exigiendo unas cuentas claras y reales, donde sepamos cuánto nos gastamos en Defensa de verdad. Y por otro, un debate público sobre la Defensa que queremos tener. Hay al menos dos problemas a resolver. Uno el abultado tamaño de las Fuerzas Armadas, donde los gastos de personal se llevan el 60% del Presupuesto: hay 69.000 efectivos  y parece que sobran 20.000 (sobre todo entre los 45.000 mandos), además de resolver el tema de los militares “en la reserva” (15.000, que cobran 567 millones al año, 3.000 euros de media al mes, una larguísima “jubilación de lujo”). Y otro, la necesidad de un Ejército más operativo, basado menos en Tierra y más en Marina y Aire, con unidades más pequeñas y centradas en las nuevas amenazas (Ciberdefensa, seguridad líneas de suministros, catástrofes naturales…). Y por supuesto, dejar de presumir de ser uno de los países más presentes en costosas misiones internacionales: 17 misiones con 3.079 militares hoy, tras haber gastado más de 13.000 millones de euros en misiones desde 1990 (un dinero que es “un lujo” para un país que no puede subir las pensiones a sus jubilados).

Nadie quiere hablar de todo esto, pero el Gobierno Rajoy nos va a embarcar a todos en la nueva estrategia de Defensa europea, que habrá que pagar, mientras dicen que no hay dinero para pensiones ni para casi nada. Defensa sí, pero la justa que podamos pagar, sin presumir de potencia militar internacional cuando somos el país de Europa con más paro, más pobreza, más desigualdad y que menos gasta en educación, sanidad y protección social.  Una Defensa modesta y gastar más en policía y seguridad civil, para afrontar los temas de terrorismo y seguridad interior, que no deberíamos militarizar. A ver si algún día hay tiempo para este debate. Otro más sobre el modelo de país que queremos.

Pensiones y el órdago de los Presupuestos 2018

Mañana 3 de abril, el Gobierno presenta los Presupuestos 2018, sin apoyos para aprobarlos. Un órdago de Rajoy al PNV y al PSOE, con un chantaje claro: a ver si os atrevéis a no apoyar unos Presupuestos que dan “caramelos” a los jubilados, funcionarios, autonomías y familias. Son, una vez más, “trucos”: las ayudas a pensionistas suponen 10 euros de media al mes para 6,7 millones y los funcionarios, autonomías o familias apenas se llevan un pellizco de lo mucho que les han recortado. Y todo el gasto social, desde las pensiones a sanidad o educación, crece menos que la economía. Porque el Gobierno vuelve a recortar el déficit, hasta el 2,2% del PIB, más que Francia o Italia, aunque tengamos el doble de paro. Es un Presupuesto electoralista, con muchas “trampas”, que no consolida la recuperación ni el empleo y no corrige la desigualdad y la pobreza. Habría que recaudar 40.000 millones más (se puede) y gastar mucho más en lo necesario, no repartir “caramelos” electoralistas que a nadie engañan.

enrique ortega

El Gobierno Rajoy aprobó en diciembre la prórroga para 2018 de los Presupuestos 2017, como ya hizo en 2017, prorrogando los de 2016 antes de que aprobara, en junio de 2017, unos Presupuestos para medio 2017. Pero en enero, el ministro Montoro empezó a decir que el Gobierno quería aprobar unos Presupuestos para 2018, para dar imagen de estabilidad ante Europa y los mercados, dada la crisis de Cataluña. Y lanzó un doble chantaje al PSOE: los Presupuestos eran la garantía de una mayor subida para los funcionarios (como querían los sindicatos) y de mayores recursos para las autonomías (escasas de fondos y muchas gobernadas por el PSOE). Pero no consiguió apoyos. Y en esto, los pensionistas se lanzan a las calles y el Gobierno Rajoy ve una posibilidad de “matar dos pájaros de un tiro”: calmar a los pensionistas con algunas subidas y meter estas mejoras en los Presupuestos, para forzar a los demás partidos (sobre todo al PNV y al PSOE) a apoyarlos.

Y así, el Gobierno aprobó el viernes 27 de marzo unos Presupuestos en solitario, apoyados sólo por Ciudadanos y sin el apoyo de los grupos canarios y el PNV, imprescindibles para  sacarlos adelante (como hizo en 2017). Es un órdago en toda regla, que juega con 4 cartas marcadas incluidas en estos Presupuestos 2018: ayudas extras a los pensionistas, los funcionarios, las autonomías, las familias y los jóvenes. “Son unos Presupuestos que benefician a todo el mundo y los que no los apoyen tendrán que explicar por qué lo hacen”, señaló el ministro Montoro tras el Consejo de Ministros.

El primer “caramelo” de estos Presupuestos 2018 son las ayudas a los pensionistas. Se trata de una subida extra, con efectos desde el 1 de enero, para 6.730.000 pensionistas (dos tercios del total), que varían según su pensión: un 3% para las pensiones mínimas (2.400.000) y las no contributivas (450.000), un 2% a las viudas (500.000), un 1,5% para las pensiones de menos de 700 euros (1.500.000 pensionistas) y un 1% de aumento para las pensiones de 700 a 860 euros (1 millón). En total, el “caramelo” supone un gasto extra de 1.000 millones de euros, lo que, repartido entre los 6,73 millones de pensionistas beneficiados da… 148 euros por pensionista, o sea unos 10 euros más que van a cobrar en 14 pagas este año 2018… si se aprueban los Presupuestos. Y para casi la mitad, la subida del 1,5% o menos se la comerá la inflación prevista (1,5%). El tercio restante de pensionistas, casi 3 millones, no reciben nada nuevo, sólo la mísera subida del 0,25% aprobada antes.

El segundo “caramelo” de los Presupuestos se dirige a los 2,5 millones de funcionarios, a los que ya no les subirán el sueldo un 1%, como en 2017, sino un 1,75% en 2018, tras un pacto con los sindicatos que contempla una subida del 6,9% al 8,79% entre 2018 y 2020. Pero al final, la mayoría de los funcionarios cobrarán unos 50 euros más de media cada mes y la inflación (1,5%) se llevará la mayor parte de la subida, tras haber perdido un 14% de poder adquisitivo desde 2010. Además, el Presupuesto incluye otra extra para la Policía Nacional y los guardias civiles: en 3 años cobrarán lo mismo que los Mossos d´Escuadra, aunque este año sólo se paga una parte (500 millones) y se deja el grueso (701 millones) para 2019 y 2020.

El tercer “caramelo” son 4.230 millones más de aportación del Estado a las autonomías, no porque Montoro se sienta “espléndido”  sino porque se prevé recaudar más y las autonomías se llevan entonces más en su reparto de los impuestos. Un dinero que llevan varios meses esperando, ante la falta de un Presupuesto, y con el que el Gobierno presiona a las autonomías socialistas, muy necesitadas de estos fondos, tras 6 años de recortes y sin que Rajoy haya aprobado un nuevo sistema de financiación autonómica, como prometió en 2016.

El cuarto “caramelo” son rebajas fiscales varias y ayudas a la familia y a los jóvenes, un “caramelo” que quiere apuntarse Ciudadanos y que cuesta unos 2.000 millones de euros en el Presupuesto 2018. Por un lado, se sube el mínimo exento del IRPF de 12.000 a 14.000 euros, con lo que 3.500.000 españoles no tendrán ya que declarar IRPF (1 millón de ellos, pensionistas). Además, pagarán menos Renta los que ganan entre 12.000 y 18.000 euros. Por otro, se dan deducciones fiscales a familias  para guarderías (hasta 1.000 euros anuales) y a familias con dependientes, ampliando los permisos de paternidad de 4 a 5 semanas. Y al margen del tema fiscal, el Presupuesto 2018 incluye el pago de 430 euros a los jóvenes que trabajen y se formen, aunque esto lo pagan los Fondos europeos, no Montoro. Y también se “vende” que estos Presupuestos aumentarán el gasto en becas, Dependencia y Ciencia, un “pequeño caramelo” tras los drásticos recortes hechos entre 2012 y 2016.

En principio, estos “caramelos” del Presupuesto 2018 “suenan bien”, deberían gustar a todo el mundo, aunque sean insuficientes. El problema es que “esconden” la otra parte del Presupuesto, el resto de los gastos, que suben muy poco o nada. Y eso porque este Presupuesto 2018 es otro Presupuesto de ajuste, el 7º de Rajoy, se venda como se venda (“son los Presupuestos más sociales de la historia del PP”, dicen en Génova). Y eso porque el gran objetivo es reducir otra vez el déficit público, del 3,07% en que cerró en 2017 al 2,2% prometido a Bruselas en 2018. Eso significa, a lo claro, que la diferencia entre gastos e ingresos públicos se reducirá otros 10.000 millones en 2018.

¿Cómo se puede a la vez gastar más en “caramelos” y otras partidas y a la vez rebajar el déficit público, reducir el agujero de las cuentas públicas? Pues creciendo más , recaudando más y gastando poco. Por un lado, Rajoy ha subido el crecimiento previsto en 2018 del 2,3 (octubre) al 2,7%, con lo que espera ingresar 12.000 millones más en 2018 (algo "increíble", según los técnicos de Hacienda GESTHA). Y además, va a subir el gasto en la mayoría de las partidas menos del crecimiento nominal de la economía, menos del 4,2% (2,7% del PIB+1,5% inflación), para poder recortar el déficit.

Así, nos venderán subidas en casi todo, pero inferiores al 4,2%, con lo que en realidad esas partidas de gasto pierden peso. Un ejemplo, las pensiones: el gasto crece año tras año y en 2018, pero el peso del gasto en pensiones está cayendo: en 2013, España gastaba un 10,6% del PIB en pensiones y en 2017 gastamos un 9,9%. Menos, aunque sean más euros. Y lo mismo pasa en sanidad (baja gasto del 6% del PIB en 2017 al 5,8% en 2018), educación (baja del 3,9% al 3,8%) y gastos sociales (bajan del 16,5% del PIB en 2017 al 16,2% en 2018): llevan años creciendo el gasto menos que la economía, perdiendo peso y deteriorándose así el Estado del Bienestar en España. Otro ejemplo: en Dependencia, el Presupuesto 2018 sube sólo 46 millones (fueron +100 millones en 2017), casi los que se dejaron de gastar en 2017 (44 millones) porque las autonomías no pudieron poner su parte (ahora tendrán que poner 184 millones en seis meses y como no podrán, tampoco esos 46 millones extras se gastarán), según denuncian los Directores de Servicios Sociales.

Así que el Gobierno Rajoy no sólo echa un órdago a los demás partidos con el Presupuesto 2018 sino que hace de “trilero” con las cuentas: sube unas partidas ostensiblemente, para frenar protestas con pequeñas mejoras en vísperas de las elecciones 2019, y aumenta poco otras, para poder seguir recortando el déficit público por debajo del 3%, algo difícil y sin sentido. Difícil, porque el Banco de España no se cree que el Gobierno rebaje el déficit este año al 2,2% (creen que será del 2,5%), como tampoco Bruselas (creen que será del 2,4%). Y eso porque Montoro siempre exagera al hacer el Presupuesto y contempla más recaudación de la que luego consigue, con lo que ningún año ha cumplido el déficit (salvo en 2017). Y además, es un esfuerzo sin sentido porque, inicialmente, el tope del déficit para los países euro es del 3%. Y hay países como Francia e Italia que han hecho un Presupuesto 2018 con una previsión de déficit del 2,6%. ¿Tiene sentido que España se sacrifique en tenerlo más bajo cuando tenemos menos renta, más pobreza y desigualdad y el doble de paro? No, salvo para que Rajoy presuma “de rigor” ante los fundamentalistas del déficit de Bruselas.

El problema de fondo de estos Presupuesto 2018 no son los “caramelos” que incluye para forzar a apoyarlos. La clave es que no son los Presupuestos que necesita España. Básicamente, porque hacen falta unas cuentas públicas que consoliden la recuperación y el empleo, que permitan crecer más en un año en que no tendremos “ayuda externa” como en el pasado, porque están subiendo el petróleo, el dólar y los tipos, que juegan en nuestra contra. Lo que la economía necesita no son más recortes ni gastos “maquillados”, sino un impulso desde los Presupuestos, con más gasto en lo que nos hace falta: un Plan de choque contra el paro (5.000 millones), un Plan de empleo para los jóvenes (3.000 millones), una mayor financiación de las pensiones (25.000 millones, para tapar los 17.000 millones de déficit y permitir unas subidas dignas), una recuperación de la sanidad, la educación y la Dependencia (con 10.000 millones más de gasto mínimo), un Plan contra la pobreza (2.000 millones) un empuje a la Ciencia y a la industrialización (2.000 millones) y un programa de inversiones públicas (3.000 millones) que modernice infraestructuras y potencie la inversión privada. En total, unos 50.000 millones extras, no los pequeños “caramelos” que nos venden ahora.

Y estos gastos se pueden afrontar, en dos años, si los Presupuestos afrontaran su principal reto: recaudar más. El gran problema de España, como insisten los expertos, la Comisión Europea, la OCDE y el FMI, es que tiene muchos menos ingresos públicos que el resto de Europa: en 2018, según datos de Bruselas, recaudaremos un 38% del PIB mientras la media de la UE-27 recaudará el 44,6%. Eso se traduce en que España recaudará este año 72.000 millones de euros menos que la media europea. Una cifra que permitiría gastar mucho más. Y recaudamos menos, según la Comisión Europea, porque recaudamos menos por IVA (demasiadas excepciones al 21%), por carburantes (Montoro se niega a subir impuestos al gasóleo, por le pide Bruselas), por impuestos medioambientales, por IRPF (demasiadas deducciones) y por sociedades (demasiadas exenciones).

No se trata de subir los impuestos a la mayoría que ya pagamos (asalariados, pensionistas y familias pagan el 83% de los impuestos) sino de reducir el fraude fiscal y subir los impuestos a los que pagan poco (“legalmente”): grandes empresas, bancos, multinacionales y los más ricos. Pero de esto no quieren oír hablar el PP y Ciudadanos, que se pelean por ver “quien baja más los impuestos”. Y lo que hace falta es subir la recaudación, acercarla a niveles europeos, no bajarla. Porque sólo recaudando más se puede gastar más y hace mucha falta hacerlo para que la recuperación llegue de verdad a la mayoría. Y para que las mejoras a los pensionistas, funcionarios, jóvenes y familias sean de verdad y no "cosméticas", con reformas de fondo que no se afrontan, como la de las pensiones o la reforma fiscal. 

Ya tenemos Presupuestos 2018 y a finales de abril, cuando se voten las enmiendas a la totalidad, se verá si salen adelante (con “caramelos” de verdad para vascos y canarios: cupo, inversiones AVE, recortes tarifa eléctrica industrias, régimen especial canario, inversiones y ayudas al transporte)  o si se devuelven al Gobierno, que podría entonces aprobar las mejoras a pensionistas, funcionarios, autonomías y familias con varios Decretos-leyes, como ha hecho otras veces. Pero se habrá perdido una oportunidad  de oro para debatir y aprobar unos Presupuestos que de verdad ayuden a la economía y no busquen votos. Unas cuentas públicas que consigan más ingresos públicos y los gasten en lo que hace falta. Unos Presupuestos que consoliden la recuperación y apuesten por un país menos desigual y más justo.

El doble chantaje de los Presupuestos 2018

El Gobierno Rajoy tiene prisa en aprobar los Presupuestos 2018, para dar imagen de estabilidad ante Europa y los mercados, dada la crisis en Cataluña. Por eso, Montoro presiona al PSOE para que los apoye, con dos estrategias. Una, decirles a las autonomías que no recibirán los 4.230 millones extras que les corresponden hasta que no haya Presupuestos. Y la otra, para los sindicatos: no subirán el sueldo a los funcionarios ni convocarán nuevos empleos públicos hasta que se aprueben. Dos “chantajes” inútiles, porque el PSOE ya ha dicho que no apoyará los Presupuestos 2018 y el Gobierno tendrá que negociarlos con PNV y nacionalistas canarios, a cambio de darles más dinero, como en 2017. Todo para que sean otros Presupuestos de ajuste, cuando la economía necesita reanimarse en 2018, porque tenemos en contra las subidas del petróleo, el euro y los tipos. Y encima, quieren bajar impuestos, cuando España recauda 72.000 millones menos que Europa y por eso tenemos déficit y recortes. Intenten pactar “otro” Presupuesto.

enrique ortega

Este 2018 es el segundo año que empieza sin Presupuestos, con la prórroga de los de 2017. Ya el año pasado, las elecciones y el retraso en la formación de Gobierno (se formó el 4 de noviembre de 2016) obligaron a prorrogar el Presupuesto de 2016 y negociar después las cuentas públicas 2017 con el PNV y los nacionalistas canarios, para asegurar una mínima mayoría de 176 votos, que alumbró un Presupuesto tardío, aprobado por el Senado el 26 de junio y que estuvo en vigor sólo medio año. Y ahora, se ha prorrogado para 2018.

El Gobierno Rajoy pretende por todos los medios aprobar cuanto antes un Presupuesto para 2018, porque se lo exige Bruselas y además porque cree que puede ser necesario para dar una imagen de estabilidad y rigor en un momento de incertidumbre económica y política por la crisis en Cataluña. Por eso, el ministro Montoro está volcado en una doble estrategia de presión frente a las autonomías y los sindicatos, con el objetivo de que ambos presionen al PSOE a apoyar los Presupuestos 2018 (o al menos, abstenerse).

La primera presión, ante las autonomías, se ha manifestado bajo la forma de una carta a las autonomías, enviada por Montoro a principios de enero, donde les comunica que el dinero extra que iban a recibir en 2018, por aumento previsto de recaudación, no les llegará hasta que esté aprobado el Presupuesto. Así que las autonomías, que han elaborado sus Presupuestos 2018 contando con estos mayores ingresos, no podrán disponer de ellos hasta que se acuerden las nuevas cuentas públicas. Son en total 4.230 millones extras, que Montoro les había prometido en julio y que ahora les retiene. Las más afectadas son las autonomías más grandes, Andalucía (les retienen 805 millones), Cataluña (779 millones), Madrid (571 millones), Comunidad Valenciana (353 millones), Galicia (321 millones), Castilla y León (279 millones) y Castilla la Mancha (208 millones). Sin embargo, las más afectadas, porque el dinero retenido les supone un mayor porcentaje de su presupuesto, son Cantabria (83 millones, el 5% de su presupuesto), La Rioja (44 millones, el 4,8%), Extremadura (137 millones, el 4,7% de su presupuesto), Galicia y Castilla la Mancha (4,7%).

Las autonomías afectadas, sobre todo las gobernadas por los socialistas, ya han puesto el grito en el cielo por esta retención de fondos de Montoro y hablan de “chantaje” injustificado. Y proponen que el dinero se les vaya entregando a cuenta, haya o no Presupuestos, en los primeros meses de 2018, como estaba previsto. Además, se quejan de que Montoro no quiera abrir la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica, para aumentar sus ingresos de forma estable, hasta que se aprueben los Presupuestos 2018.

La otra vía de presión de Montoro al PSOE, para que apoye los Presupuestos 2018, es a través de los sindicatos, a los que reitera que no subirá el sueldo de los funcionarios hasta que se aprueben las cuentas públicas. Eso supone que los 2,5 millones de funcionarios públicos tendrán estos meses sus sueldos congelados, sin beneficiarse de la subida prometida en septiembre: un 1,5% en 2018, más un 0,25/0,50% variable según la marcha de la economía. Eso supone que los funcionarios no cobrarán, de media, unos50 euros más de subida cada mes que no haya Presupuestos (aunque los recuperarán cuando se aprueben). Además, mientras no haya Presupuestos no se podrán convocar nuevas plazas de funcionarios, a pesar de que Montoro se comprometió con los sindicatos a reponer del 50 al 75% de los puestos públicos a cubrir por jubilaciones. Y eso es especialmente importante cuando se han perdido 163.135 empleos públicos entre 2010 y 2017.

La falta de Presupuestos también afecta a otros ámbitos económicos, sobre todo a las pensiones y a las inversiones públicas. Es grave para las pensiones, porque este año 2018 se iba a “descargar” de las cuentas de la Seguridad Social y cargar a los Presupuestos el pago de las bonificaciones a las cotizaciones (tarifa plana de autónomos y empresas), que cuestan 3.700 millones anuales. Y sin ese “alivio”, la Seguridad Social tendrá peor sus cuentas y será más difícil reducir su déficit, que rondó los -18.000 millones en 2017. Además, sin Presupuesto, no se podrán aumentar los necesarios gastos sociales (sanidad, Dependencia, educación) ni las inversiones públicas, que han caído a niveles de hace 50 años. De hecho, todos los Ministerios han recibido una circular de Hacienda por lo que sólo podrán gastar este año el 50% de su Presupuesto mientras no se apruebe el Presupuesto 2018.

A pesar de estas presiones de Montoro, el PSOE ya ha dicho que no apoyará los Presupuestos2018, ni siquiera con su abstención. Y en consecuencia, el Gobierno tendrá que repetir la historia de los Presupuestos 2017, para conseguir por los pelos los 176 votos que necesita: pactar con el PNV (5 votos) y los nacionalistas canarios (2 votos, de Coalición Canaria y Nueva Canarias), para sumarlos a los del PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias. Eso supondrá pagar un alto precio por esos pocos votos, como pasó en 2017. El PNV obtuvo a cambio la renovación de la Ley del Cupo por 4 años más (les aporta 4.745 millones extras al año, según Fedea), inversiones en infraestructuras (la Y vasca del ferrocarril de alta velocidad), reducción de la tarifa eléctrica a la industria vasca (un “regalo” de 50 millones que pagamos con nuestro recibo de la luz) y el desbloqueo de nuevas plazas de la policía vasca. Y los nacionalistas canarios obtuvieron 1.300 millones en inversiones públicas, ayudas al transporte marítimo y aéreo (subvención billetes entre islas) y un Plan de empleo para Canarias.

Ahora, en cuanto haya Gobierno en Cataluña, Montoro volverá a negociar con vascos (ya ha habido una reunión “secreta”) y canarios para intentar fraguar un pacto en febrero. Pero el camino está despejado por un acuerdo ya alcanzado y que ha pasado desapercibido: el 22 de diciembre, el Parlamento vasco aprobó los Presupuestos autonómicos para 2018, con el apoyo del PNV y el PSE y la inestimable ayuda del PP vasco, que se abstuvo en la votación. Es la antesala del pacto presupuestario en Madrid, que nos costará a todos nuevas contrapartidas.

Y todo para sacar adelante unos Presupuestos 2018 que pueden ser los últimos de esta Legislatura, porque es probable que Rajoy no quiera seguir con un Gobierno en minoría y convoque elecciones anticipadas en junio. Así evitaría que Ciudadanos gane tiempo para seguir creciendo a su costa y que el PSOE encuentre su hueco (algo difícil con Pedro Sánchez), mientras Podemos va para atrás, tras el fracaso en Cataluña.

Mientras Rajoy se piensa si convocar o no elecciones, los Presupuestos 2018 se anuncian como “otros Presupuestos de ajuste”, dado que el Gobierno Rajoy se ha comprometido con Europa a seguir recortando el déficit, del 3,1% del PIB en que pudo acabar 2017 al 2,3% propuesto a Bruselas para 2018 (innecesariamente, porque el tope del euro es el 3% de déficit). Eso supone recortar el déficit en 0,8% del PIB, otros 9.000 millones de euros este año. Y dado que se prevé crecer menos (y en consecuencia, aumentar menos la recaudación), el recorte tendrá que venir de reducir los gastos otra vez, un poco en casi todo, desde la educación y la sanidad a la Dependencia o la Ciencia.

El problema de 2018 es que el nuevo ajuste que se quiere aprobar es más peligroso este año, porque en lugar de recibir ayuda exterior (como de 2014 a 2017), la economía va a sufrir el “viento en contra” de tres subidas muy importantes, que llevan ya varios meses: el petróleo, el euro y los tipos de interés. Tres problemas que, junto a la crisis en Cataluña, van a frenar el crecimiento, con lo que es mucho más peligroso agravarlo con más recortes. Si hay algún año en que la economía española necesita un“empujón desde dentro” es 2018. Por eso, lo que el Gobierno debería hacer es olvidarse de más ajustes y reanimar la economía, con más gasto y más inversión, para compensar los “vientos en contra” que vienen de fuera. Más gasto y más inversión en lo que hace falta, desde un Plan de empleo hasta recuperar lo perdido en sanidad, educación, Dependencia o Ciencia, junto a un Plan contra la pobreza. Inyectar unos 30.000 millones más a la economía, no restarle otros 9.000 millones.

Y este mayor gasto e inversión es posible, porque España puede y debe recaudar más, dado que tenemos un grave problema de ingresos, como ha reiterado la Comisión Europea: España recaudará en 2018 un 38% de su PIB, mientras la media de la UE-27 recaudará el 44,6%. Eso se traduce en que España recauda 72.000 millones de euros menos al año que la media europea, debido a que tenemos más fraude fiscal (en IVA y otros impuestos) y a que pagan menos impuestos (“legalmente”) las grandes empresas, las multinacionales y los más ricos. Así que el problema de que tengamos el tercer mayor déficit público de Europa (Bruselas estima que será el 2,4% en 2018, sólo por detrás del 3,9% de Rumanía y el 2,9% previsto para Francia) no está en que gastemos más (al contrario, gastamos menos: el 40,4% del PIB frente al 45,5% de media en la UE-27), sino en que ingresamos menos.

En definitiva, que si recaudáramos impuestos como los demás europeos, España ingresaría 72.000 millones más al año, no tendríamos déficit (son -34.000 millones) y podríamos gastar más en lo que hace falta, en empleo, formación, tecnología y servicios públicos. Pero en lugar de ir por este camino, haciendo que paguen más los que pagan poco, el Gobierno (y Ciudadanos) pretenden bajar la recaudación en 2018, en 2.000 millones, bajando impuestos. Algo que sólo puede hacerse a costa de recortar gastos de otro lado, algo que no deberíamos permitirnos, porque hace falta de casi todo, tras tantos años de recortes. La vía debería ser la contraria: subir impuestos, no a la mayoría que ya los pagamos, sino a las grandes empresas, multinacionales y ricos, que apenas pagan. Y por eso tenemos más déficit y nos hacen recortes año tras año. También en 2018, aunque frenen la economía y el empleo.

Este es el escenario económico en el que se plantean los Presupuestos 2018. Y salvo por puro "fundamentalismo" ideológico, nadie debería defender más austeridad: la economía necesita más que nunca reanimarse este año, porque de fuera vienen “vientos en contra” y todavía necesitamos crecer más que los demás, porque tenemos más del doble de paro (16,7% frente al 7,3% en la UE-27). Así que el Gobierno no puede pedir que le apoyen  con unos Presupuestos que van en contra de lo que España necesita. Ni con “regalos” a los nacionalistas ni con “chantajes”. Propongan otros Presupuestos, los que España necesita en 2018. Un “empujón desde dentro”, con más recaudación. No más austeridad.