Protestas del campo: razones y sinrazones

Los agricultores han sacado sus tractores por toda España y media Europa para protestar por su difícil situación y pedir ayudas y cambios. Tienen muchos motivos razonables para quejarse: bajos ingresos, producir a pérdidas mientras los precios engordan camino del súper, importaciones masivas de alimentos más baratos y con menos controles, daños por la sequía y competencia de grandes empresas. Otras quejas son menos razonables: exigencias medioambientales y de bienestar animal, abandono de Europa y los Gobiernos (la PAC gasta en el campo un tercio del Presupuesto UE), exceso de burocracia (las ayudas hay que controlarlas) y negativa a acuerdos comerciales con terceros paises (que facilitan exportaciones europeas). El problema de fondo es que el campo necesita una profunda reconversión, que exige incorporar jóvenes, inversiones, tecnología y cambios en los cultivos y la gestión, agrupándose en cooperativas fuertes que negocien precios. Y, además, que agricultores y ganaderos se sientan valorados y no abandonados por la cultura urbana dominante. Los móviles no se comen. 

              Protesta agricultores febrero 2024

En los últimos 70 años, España ha pasado de ser un país agrícola a uno de servicios, con el campo perdiendo peso en la economía y el empleo. Basten tres datos. Uno, la caída drástica de la aportación de la agricultura al PIB español: de suponer el 29,9% de la economía en 1950 cayó al 11,3% en 1970, al 5% en 1990, al 4% en el año 2000 y al 2,34% en 2022. Dos, otra caída drástica en el número de explotaciones agrarias: de tener 2.690.000 en 1976 se pasó a 1.420.300 en 1990, a 1.289.451 en 1999, a 989.796 en 2009 y a 914.871 explotaciones agrarias en 2020. Y tres, la caída del empleo en el campo, incluso en este siglo: de 813.200 ocupados en 2008 (de ellos, 432.300 asalariados) se pasó a 793.900 en 2019 (499.300 asalariados) y a 770.700 ocupados en el campo en 2023 (477.000 asalariados).

Aunque los agricultores paralicen carreteras y ciudades con sus tractores y protestas, su poder real en la economía es cada vez menor y lo saben, mientras el resto de españoles no valoran suficiente que nos den de comer cada día. Pero, sobre todo, los agricultores y ganaderos saben que trabajan 365 días, sin horarios ni vacaciones, y que sus ingresos son más bajos que los del resto del país. Por un lado, la renta agraria es un 40% inferior a la media española. Y por otro, hay una gran desigualdad (en toda Europa) entre la renta de la población rural (el 75% de la media) y la renta de los que viven en las ciudades (125% de la renta media). Así que el campo sufre “un agravio de ingresos”. Pero además, sienten “un agravio subjetivo” frente a la ciudad, se sienten “abandonados” por la sociedad y los políticos, por unas élites urbanas que no valoran su papel económico y social. Dos agravios, económico y vital, que están detrás de estas protestas del campo.

Pero, además, hay problemas concretos que sufren en su trabajo y que han sacado a las calles en pancartas y declaraciones: sus “razones” para la protesta, unas más justificadas que otras, según analiza este excelente artículo de Eduardo Moyano, ingeniero agrónomo y profesor del CSIC. Repasémoslas.

La primera razón de las protestas agrarias es que las cuentas del campo se han deteriorado en los dos últimos años, con la guerra de Ucrania y la inflación disparada. Los datos revelan que los costes (energía, fertilizantes, forraje, financiación, sueldos…) les han subido mucho más (un 20% de media) que los ingresos, porque apenas han podido repercutirlos en los precios que cobran y además han producido mucho menos, por la sequía y las malas cosechas. La producción agraria cayó un -5,5% en 2022 y ha crecido un +11% en 2023, gracias a que los costes se han moderado y han subido algunos precios. Pero sigue habiendo agricultores y ganaderos que producen “a pérdidas” o con una mínima rentabilidad. Y mientras, los consumidores pagamos los alimentos en los súper mucho más caros.

Los que tienen ganado o un cultivo protestan con razón de que los alimentos suben y ellos no reciben más por su trabajo, porque el beneficio se queda por el camino, entre los grandes distribuidores, el transporte, las fábricas de alimentos y los súper. Por eso piden que se aplique la Ley de la Cadena Alimentaria, aprobada en diciembre de 2021 para regular el proceso e impedir que agricultores y ganaderos vendan a pérdidas. Se quejan de que no se cumple y que la Agencia de Información y Control alimentario no publica datos de costes y precios ni inspecciona suficiente ni pone multas ejemplares. Quien publica datos mensuales es la organización agraria COAG, cuyo Observatorio de Precios revela que, este enero, los precios agrícolas que pagamos en el súper fueron 4,17 veces los que cobraban los agricultores. Y 3 veces los productos ganaderos. Hace un año, en enero de 2023, pasaba algo parecido: pagábamos los alimentos 4,50 veces más y las carnes 2,93 veces más que pagan al campo. Hay ejemplos escandalosos: el limón (nos cuesta 9,8 veces lo que cobra el productor), el plátano (8,33 veces), la patata (5,72 veces), el tomate (3,92 veces), la ternera (3,86 veces), el cerdo (3,89 veces), el pollo (2,76 veces), la leche (1,77 veces) o los huevos (1,47 veces).

El segundo motivo de las protestas es la competencia “desleal” de los alimentos que se importan de fuera de Europa “sin control”, una pancarta con “razones” y “sinrazones”. Por un lado, es verdad que las importaciones agrícolas se han disparado (de 28.700 millones en 2013 a 54.100 millones en 2022, un +88,5%), pero la mayoría son alimentos que vienen de Francia (4.734 millones), Paises Bajos (3.583 millones), Alemania (3.185 millones), Portugal (3.007 millones) e Italia (2.407 millones) y son menores las compras a Brasil (3.973 millones), China (2.130 millones), EE. UU. (2.033 millones), Marruecos (2.108 millones) y Ucrania (1.890 millones). Y no dicen que, en paralelo, España se ha convertido en el 4º mayor exportador de alimentos de Europa: hemos pasado de vender fuera 37.600 millones en 2013 a 68.000 millones de euros en 2022, un +80,85%), alimentos producidos en el campo español y que se venden en Europa, pero también en USA, China y Marruecos (1.063 millones).

Además, no es verdad que estos alimentos extranjeros entren en España “sin control”: Agricultura controla las importaciones, el origen, la calidad y los productos fitosanitarios que contienen, que han de cumplir las normas europeas. Concretamente, en el puerto de Algeciras, donde llegan un tercio de los alimentos importados, se controlan cada día contenedores y camiones (ver noticia TVE). Una crítica justificada es que este control es menor en Europa, donde apenas se controlan las entradas masivas por Holanda y donde la mayoría hacen controles a los alimentos importados en los mercados, no en frontera como España.

Otra petición de los agricultores estos días es que Europa no firme acuerdos de libre comercio con terceros paises, porque perjudican a los agricultores al facilitar (bajando o suprimiendo aranceles) la llegada de alimentos extranjeros. Las organizaciones agrarias europeas presionan para que la Comisión no firme el Tratado de libre Comercio con Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela), tras haberse ratificado en diciembre el Tratado con Nueva Zelanda y mientras se negocian otros Tratados de la UE con Chile, México, Kenia, India o Australia. Y critican el Acuerdo de Asociación con Marruecos, que entró en vigor en 2020, y las facilidades de entrada a los productos de Ucrania, tras la invasión rusa.

Aquí, las pretensiones agrarias de volver al proteccionismo alimentario no son razonables. Primero, porque la producción agrícola europea no alcanza para alimentarnos y necesitamos importaciones. Y en el caso de Ucrania, ha sido otra forma de ayudarles. Segundo, porque esos Acuerdos comerciales que firma la UE con terceros paises permiten a las empresas europeas invertir y vender fuera, manteniendo empleos europeos no agrarios, desde la industria a los servicios. Y tercero, porque cuando hablan de “competencia desleal”, están hablando de alimentos que son más baratos, básicamente, porque los sueldos en el campo en esos paises son mucho más bajos: un trabajador en Marruecos, por ejemplo, gana 300 euros (los niños, que allí trabajan, menos) y en España 1.134 euros de SMI .Y el 70% del coste de un tomate es mano de obra. Se puede intentar poner “clausulas espejo”, obligar a que los fertilizantes, pesticidas y las condiciones laborales de paises terceros sean similares (algo difícil de conseguir), una medida que apoyan España, Francia y paises del Este, pero no la mayoría de Europa (priorizan el abastecimiento) ni la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Otra queja de los agricultores es que Europa y los Gobiernos “les abandonan”, no les ayudan. Tampoco es razonable. Si hay un sector “mimado” por los Presupuestos europeos es el campo, desde que en 1962 se puso en marcha la PAC (ver historia y objetivos), para asegurar el suministro alimentario y consolidar las zonas rurales. En 2021, la PAC aportó al campo europeo 98.107 millones de euros en ayudas directas (55.713 millones) e indirectas, el 33% de todo el Presupuesto UE. España fue el 2º país receptor (ver reparto por paises) de todas estas ayudas agrícolas europeas (11.871 millones, el 12,1% del total), tras Francia (16.092 millones, el 17,1%) y por delante de Alemania (11,2%), Italia (10,5%) y Polonia (8,8%). Para el periodo 2021-2027, la PAC aportará al campo europeo 386.602 millones de euros (45.000 para España), un 31% del Presupuesto UE.

Así que no están abandonados. De hecho, un tercio de los ingresos que obtienen los agricultores europeos (y españoles) vienen de la PAC. Otra cosa es que esta ayuda básica haya estado mal repartida: hasta 2022, en España, el 20% de agricultores más ricos se han llevado el 80% de las ayudas PAC. Y el 2% de agricultores se llevan las ayudas más altas (entre 50.000 y más de 500.000 euros), mientras el 70% de agricultores y ganaderos reciben menos de 5.000 euros. Algo que se pretende cambiar desde 2023, con una reforma de la PAC, que vincula más las ayudas a los rendimientos y características de las explotaciones agrarias.

Una queja generalizada en estas protestas agrarias ha sido la crítica a las “exigencias medioambientales” desmedidas que se imponen al campo europeo: restricciones al uso de fertilizantes y fitosanitarios, rotación de cultivos, 4% de tierras en barbecho, obligación de dejar pastos permanentes, no quema de rastrojos, protección de humedales, bienestar animal… En general, muchos agricultores se quejan (apoyados por VOX y parte de la derecha “negacionista climática”) del papel que les obligan a tomar en la defensa del medio ambiente (a cambio de las ayudas de la PAC), exigencias que consideran “exageradas” y que les obliga a dedicar tiempo a tareas burocráticas, como el llevar al día un “cuaderno digital de la explotación”, para facilitar el seguimiento de la PAC (y controlar las ayudas).

Veamos por qué algunas de estas posturas no son “razonables”. En primer lugar, los agricultores deberían ser los primeros interesados en cuidar el medio ambiente, porque el campo europeo está muy deteriorado, por la desertificación y la falta de lluvias: entre el 60 y 70% del suelo europeo está muy deteriorado, según la Agencia Europea del medio Ambiente, y la aridez ha aumentado un 84% en España, con un tercio de los suelos desérticos en Murcia y Almería. Se están perdiendo cultivos y especies y la falta de agua es un mal endémico en todo el sur de Europa. Por ello, parece razonable reducir el uso de productos químicos y fertilizantes, apostar por cultivos que utilicen menos agua y cuidar al máximo los ecosistemas, sobre todo ante la imparable crisis climática. Y para ello, agricultores y ganaderos deben ser protagonistas claves, los primeros “agentes ecológicos”. Otra cosa es ayudarles en su tarea, flexibilizando exigencias y tareas burocráticas, para lo que deberían agruparse. Y en el caso de la sequía, modificar el sistema de seguros agrarios, para que abarquen a más cultivos y a más explotaciones, con ayudas públicas y reconversión de cultivos.

Y luego hay un tema que el campo no destaca en sus protestas, la necesaria reconversión y modernización del campo español (y europeo). De las 914.871 explotaciones existentes, el 51,5% son muy pequeñas, de menos de 5 hectáreas, y les resulta muy difícil competir con grandes explotaciones agrícolas y ganaderas (las “macrogranjas), que tienen cada día más poder en la elección de cultivos y en la fijación de precios. Además, 7 de cada 10 explotaciones tienen al frente a un hombre, en su mayoría mayor (el 41% de los agricultores y ganaderos tienen más de 65 años), con lo que hay pocas mujeres y jóvenes. Urge una renovación generacional del campo, que modernice explotaciones y aporte las ventajas de la digitalización y las nuevas tecnologías, mejorando la baja productividad de las explotaciones (1.183 euros por Ha., 400 euros menos que en Francia o Alemania). Un “nuevo agricultor”, más profesionalizado y que invierta más, con ayuda de otros: el cooperativismo, la agrupación de productores es clave para competir mejor con los grandes y con los intermediarios.

Hasta aquí el análisis de las razones y sinrazones de las protestas del campo. Pero no olvidemos que es una protesta “patronal”, de empresarios y autónomos, no de los trabajadores del campo, que están mucho peor que los dueños para los que trabajan. En España hay 477.800 asalariados del campo, una cuarta parte extranjeros (22,9%) o con doble nacionalidad (2,9%), que trabajan en condiciones muy precarias: muchas horas (39,6 frente a 36,7 el resto trabajadores), con más contratos temporales (37,6% frente al 16,5% de media), peores sueldos (1.477 euros de media, los terceros más bajos tras la hostelería y las empleadas del hogar) y más muertes (72 en 2023). Y muchos inmigrantes trabajan en el campo, como temporeros, en condiciones penosas y sin contrato, denunciadas por la ONU.

En resumen, muchas de las protestas del campo pueden y deben ser atendidas, con las propuestas que España llevará al Consejo de Agricultura europeo del 26 de febrero: más información de precios y costes, más control importaciones y más flexibilidad con “el cuaderno digital de explotación” y algunas exigencias medioambientales de la PAC. Pero cuando vuelvan con sus tractores a casa, agricultores y ganaderos tendrán que afrontar el problema de fondo: rejuvenecer y modernizar sus explotaciones, agruparse más en cooperativas, renovar cultivos y producciones, adaptándose a la sequía y el medio ambiente. No podemos seguir cultivando aguacates en el país con menos lluvia de Europa. Hay que profesionalizar más las tareas agrícolas, con más tamaño e inversión, para aumentar la productividad y mejorar la calidad de los alimentos, que necesariamente tendremos que pagar más caros. No es de recibo que dos tomates cuesten menos que un café o una cerveza. Habrá que pagar la comida por algo más de lo que valga producirla con calidad y ecología. Hagámonos a la idea.  

Así ha cambiado nuestra cesta de la compra

En los últimos diez años, hemos pasado de comprar en los mercados y tiendas tradicionales a comprar en el súper de las grandes cadenas, casi dos tercios del total. Ahora gastamos menos en alimentación y compramos menos cantidad, porque los precios han subido más que el IPC. Y  1 de cada 4 euros lo gastamos en Mercadona. Además, compramos cada vez más productos envasados (más “marcas blancas”), menos frescos y más comida preparada. Cara al futuro, seguirán las “guerras de precios” en los súper, a costa de pagar poco a los agricultores y ganaderos españoles y de inundarnos de comida importada: el 80% de las frutas y hortalizas españolas se exportan, las mejores, porque fuera las pagan más. Es hora de exigir a la Administración que vigile los precios del súper y asegure mayor transparencia sobre lo que comemos, con etiquetas del origen, fomentando los productos locales, sanos y de calidad, aunque nos cuesten algo más. No ahorremos con la comida.

enrique ortega

En 2019, los españoles volvimos  a gastar más en la cesta de la compra, por 5º año consecutivo: gastamos 89.060 millones de euros, un 2,4% más, en alimentación, bebidas, droguería y limpieza, perfumería e higiene y comida para mascotas, según el último Informe Nielsen. Eso supone una media de 4.800 euros de gasto por hogar al año. La mayor parte de este gasto familiar, unos 4.234 euros anuales se va en alimentación, que supone el tercer mayor gasto de los españoles (un 14,1% del presupuesto total), tras la vivienda (24,8%) y los transportes (14,7%), según la última Encuesta de Presupuestos Familiares del INE (2018). Un gasto en alimentación que ha bajado tras la crisis, ya que era de 4.543 euros por hogar en 2007, un 14,20% del presupuesto familiar. Básicamente, ahora gastamos menos en productos frescos y más en envasados y compramos menos cantidad, aunque gastemos casi igual porque los precios han subido mucho: un +15% los alimentos frente al +13,9% que subió el IPC general entre 2010 y 2019, según el INE.


Volviendo a la cesta de la compra 2019, el gasto en alimentación se repartió entre los productos envasados (68% de las compras), los únicos que aumentaron ventas (+0,8%) y los productos frescos (que suponen el 32% de nuestra compra), cuyas ventas cayeron un 2,6%, porque estamos cambiando los hábitos de comida (más envasado y menos frescos) y, sobre todo, porque los frescos son los alimentos más caros y que más subieron de precio: +12,7% las verduras, +3,6% las frutas, +3,3% los pescados y mariscos, +2,2% el pan y +1,5% los huevos, según el informe 2019 de Nielsen. Mientras, los alimentos envasados subieron sólo un +1,8%, encareciéndose más las bebidas (+2,4%) y los envasados perecederos (+2,1%). Al margen de la comida, subieron un +2,3% los artículos de droguería y limpieza y un +1,3% los productos de higiene y perfumería. En conjunto, la cesta de la compra subió un +2,7%, más del doble que la subida anual del IPC (+1,1%).


Al margen de lo sucedido en 2019, hay que resaltar los grandes cambios en la cesta de la compra de los españoles en la última década, señalados por Kantar Worldpanel. El primero, ya apuntado, que gastamos algo menos en alimentación, básicamente porque compramos menos cantidad (sobre todo productos frescos) aunque a precios más caros. Y también influye que la población crece poco, que somos sólo 600.000 habitantes más que en 2010. Además, ahora vamos menos a comprar que antes: hacemos 246 visitas anuales a la tienda, 35 visitas menos que en 2010, según el informe de Kantar Worldpanel 2019. Y eso porque antes íbamos a varias tiendas para comprar y ahora concentramos las compras en el súper.


Precisamente, el segundo gran cambio es el auge del súper de las grandes cadenas, que han desplazado a los mercados y las tiendas tradicionales. Si en 2001, los súper vendían el 46,3% de los productos perecederos y la tienda tradicional vendía el 43,5%, en 2019 el súper tiene ya el 61% de cuota y la tienda tradicional sólo el 30,7%, según el último informe de Kantar Worldpanel. Y si analizamos el mercado de productos envasados, los súper ganan con mayor distancia: copan el 74,7% de las ventas, seguidos del 13,3% los híper, un 5,9% las perfumerías, sólo un 4,7% las tiendas tradicionales y un 1,3% que venden las gasolineras, según el último Informe 2019 de Nielsen.


No sólo compramos más en los súper sino que las grandes cadenas ganan cuota de mercado año tras año, según Kantar Worldpanel, afianzándose el liderazgo de Mercadona: volvió a crecer en 2019 (+0,6%) y ya acapara el 25,5% de las ventas de gran consumo, 1 de cada 4 euros que los españoles nos gastamos en la cesta de la compra. Y un 91,7% de los españoles han visitado sus tiendas en el último año. Crece en todo, pero sobre todo en los frescos y comida preparada, en el País Vasco (donde menos tiempo lleva) y en Portugal (donde entró en 2019). Le siguen, muy lejos, Carrefour (8,7% de cuota y un 62% de visitas de compradores), que está apostando por abrir tiendas de proximidad y la venta online, el Grupo DIA (6,4% de cuota y un 62 % de hogares visitándoles), cuyo mayor parque de tiendas sufre una dura crisis de gestión financiera, el grupo alemán Lidl (5,6% de cuota), el súper que más crece y la segunda cadena más visitada (69% hogares), Eroski (4,9% de cuota y cayendo) y Auchan/Alcampo (3,5% de cuota), que apuesta también por pequeñas tiendas de cercanía. Y luego están los supermercados regionales (12% de cuota), que visitan el 72,4% de familias y que tienen mucho éxito (Consum, Ahorramás, Gadisa, Condis, Covirán, Bonpreu), por proximidad, precios y su oferta de frescos.


El tercer gran cambio en nuestra cesta de la compra es que compramos menos productos frescos y más envasados y comida cocinada. Y que cargamos más en el carro con otros productos, desde artículos de higiene, limpieza o cosméticos a comida para mascotas, que antes apenas de compraban en los súper. Las prisas y los precios altos han llevado a los españoles a comprar menos frutas y verduras, menos carnes y pescados, y más productos envasados y comida semipreparada o precocinada, en perjuicio de la salud y a favor del sobrepeso y la obesidad, origen de múltiples enfermedades.


Este auge de la comida envasada nos lleva al cuarto gran cambio en nuestros hábitos de consumo: el auge de las “marcas blancas”, las que ofrecen los súper, generalmente más baratas que las marcas de los fabricantes. España es el país de Europa con más peso de las marcas blancas en volumen, con un 51% de cuota de mercado, tras el 49% en Suiza, el 47% en Reino Unido, el 45% en Alemania, el 31% en Francia o el 20% en Italia, según el Anuario 2019 de la PLMA. Y en precio, acaparan el 37,7%% de las ventas de gran consumo, según EAE Business School, con un 40% en alimentación, un 16% en bebidas, un 33% en droguería, un 14% en cosmética y un 23% en alimentos para mascotas. Las marcas blancas son el gran motor del crecimiento de Mercadona, Día y Lidl, aunque han frenado algo su auge, gracias a la bajada de precios, la innovación y la publicidad de las marcas de fabricantes.


Un quinto cambio, aún en ciernes, es el inicio de las ventas por Internet en gran consumo, desde leche y productos envasados a droguería y productos para mascotas. Las ventas online son todavía “testimoniales”, pero ha mejorado en 2019 (del 0,3 al 1,9% de las ventas) y ya han ganado a 4 millones de compradores online desde 2010. Es la gran “asignatura pendiente” de los súper, sobre todo de Mercadona, que ya ha iniciado la venta online en Valencia y se prepara para dar el salto este año en Madrid y Barcelona.


Vistos los cambios en la última década, los expertos auguran que el gasto en la cesta de la compra volverá a crecer en 2020, aunque menos (sobre un +1,5%), mientras se consolidan otros cambios en nuestras compras, según Kantar Worldpanel. El primero, que Mercadona y los demás están empeñados en crecer gracias a vender más alimentos frescos, insistiendo en la “moda” de productos “ecológicos” y “bio” (más caros). También aumentarán la oferta de comida para llevar, que ya supone el 3% de las ventas (una media de 6 comidas preparadas al mes), junto al resto de productos “limpios” (ensaladas, verduras) y pre-cocinados. Y por supuesto, seguirán en la batalla de las “marcas blancas”, aunque combinada con la oferta de productos “más sofisticados” (cervezas artesanas, panes diferentes, salsas…).


Y además, se trata de vender en el súper muchas más cosas que comida, profundizando en los artículos de limpieza, higiene y cosmética (con cremas millonarias en ventas, algunas de dudosa eficacia). Y en la comida para mascotas, un “filón”, dado que el 42% de los hogares tienen un perro o un gato y su comida mueve un mercado de 1.218 millones de euros al año, similar a la venta de cervezas. Y dos tercios de esta comida para mascotas se venden ya en los súper, incluso a través de marcas blancas. Otro nicho para ampliar las ventas es la ropa (Lidl ya vende textiles) y el crear una zona de “bazar” (cocina, bricolaje, decoración, jardín), donde se pueda comprar desde un robot de cocina a un set de herramientas o una planta. Es una de las razones del crecimiento de Lidl, que aprovecha su presencia en 30 paises para hacer ofertas de 30/40 nuevos artículos por semana. La idea es que vayas al súper para comprar comida y acabes comprando de todo.


Los súper se están enfrentando a cambios en los hábitos del consumidor y va a haber muchos más. El último informe Nielsen adelanta 3 grandes cambios en el consumo futuro. Uno, que  seremos cada vez “más caseros” (me gusta más que el anglicismo de “cocooning”), lo que implica que comeremos y beberemos más en casa y menos fuera, con lo que los súper tenderán a ofrecernos más “caprichos”, desde la ginebra sofisticada al pan artesano o el queso o vino premiados, intentarán que hagamos una “compra emocional” (y que así gastemos más). El segundo cambio, por la falta de tiempo y la reducción del tamaño de las familias, llevará a que acumulemos menos compra, que compremos más veces y menos cantidad, evitando el coche y buscando la proximidad. Eso ya ha provocado que grandes hipermercados, como Carrefour a Alcampo abran pequeñas tiendas de barrio con lo más imprescindible. Y el auge de las ventas en gasolineras (han crecido un 8%), que han convertido a Repsol en el primer vendedor de pan en España…


El tercer cambio en nuestros hábitos de consumo futuros, según Nielsen, será la deslealtad del consumidor español, mucho más abierto que el europeo a probar nuevas marcas (el 49% frente al 40% en la UE) y a probar cosas nuevas (el 36% frente a 33% en Europa). Así que somos un consumidor poco fiel a las marcas (sólo el 8%, frente al 12% en la UE), lo que convierte el negocio de los súper en una “guerra abierta por el cliente”. Y aunque decimos en las encuestas que nos preocupa la calidad, la mayoría compran por el precio.


Así que en 2020 seguirá la “guerra de precios” y ofertas en la alimentación y la cesta de la compra. Y los consumidores tenemos las de perder. Porque si no aceptamos que nos ofrezcan alimentos y productos más caros, los súper tratarán de contener precios a costa de la calidad, de pagar poco a los agricultores y ganaderos y de importar alimentos más baratos. Es lo que ya pasa hoy. En frutas y verduras, por ejemplo,el 80% de la cosecha española se exporta. Así que las mejores naranjas y los mejores tomates españoles se venden en Hamburgo o el Londres (mucho más caros), no en Madrid. Y los súper dicen que sólo venden un 7% de frutas y verduras españolas. ¿De dónde sacan el resto? Pues la mayoría de importación, desde naranjas sudafricanas a tomates marroquíes, más baratos pero de peor calidad. De hecho, en  2019 (enero-noviembre), España importó alimentos por valor de 29.485 millones de euros (6.482 millones de pescado, 5.258 millones de frutas y hortalizas, 2723 de azúcar, café y cacao, 2.228 de aceites, 2.045 millones de carnes, 1.892 millones de lácteos y 8.850 millones de otros alimentos), según los datos de Comercio. 


Al final, los súper pelean con los agricultores y ganaderos, con los distribuidores y mercas y con la industria alimentaria para que les bajen precios y poder así mantener sus precios sin deteriorar sus márgenes. Y eso incluye promociones y ventas a pérdidas de “productos escaparate” (leche, aceite, pollo), para captar clientes. Ellos dicen que su rentabilidad en la cadena es sólo del 2 o 3%, pero el hecho es que los consumidores pagamos por la comida mucho más de lo que reciben los agricultores (4,43 veces) y ganaderos (3,10 veces), según el índice IPod de enero 2020 que publica mensualmente COAG. Significa que pagamos 7,35 veces más que cobra el agricultor por la patata, 6,32 veces por la naranja, 4,25 veces por el tomate, 3,62 veces por el tomate, 4 veces por la ternera, 3,85 veces por el cerdo, 3 veces por el pollo y 2,52 veces por la leche.


El beneficio se queda por el camino. Un ejemplo, con la patata, que pasa de 0,17 céntimos en el campo a 1,25 euros en el súper. El agricultor se lleva el 28% del precio final, el comercializador en origen el 7%, el envasador el 39%, el comercializador de destino el 9% y la tienda o súper que la vende el 17% restante. Así que un 72% del precio de la patata se ha quedado por el camino entre el campo y nosotros. En el conjunto de frutas y hortalizas, los datos de Agricultura indican que los agricultores se llevan del 16 al 25% del precio final, los mayoristas en origen del 20 al 49%, los comercializadores en destino del 4 al 25% y los supermercados, del 26 al 51% del precio final (ver aquí los datos del margen que se lleva cada uno en las principales frutas y verduras).


Es urgente que la Administración ponga orden en los precios, sobre todo de los alimentos, vigilando que la cadena de intermediarios se reduzca y los márgenes sean razonables. Y prohibir prácticas fraudulentas, como las ventas a pérdidas, publicando las multas  por malas prácticas al consumo (algo que ahora no hacen las autonomías). También es clave que agricultores y ganaderos unan esfuerzos, para comercializar sus productos más directamente (cooperativas más fuertes) y con menos intermediarios. Y que los alimentos tengan un mejor etiquetado, informando claramente de su origen, para que sepamos si los tomates son marroquíes o los ajos y la miel chinos. Y  también su composición, con códigos de colores que nos informen con claridad de los alimentos altos en grasas, azúcares y sal, para que sepamos lo que atenta contra nuestra salud. Y controlar mejor las etiquetas de alimentos ecológicos y bio, muchas de ellas hoy “dudosas”. En definitiva, que podamos hacer una compra más informada y transparente, aunque acabe siendo más cara, porque la calidad y el producto autóctono hay que pagarlo. No ahorremos con la comida.