Más horas extras gratis sin control

 

Este año han vuelto a aumentar las horas extras que se hacen en España, 5,8 millones cada semana, como sucede desde 2012, gracias a la reforma laboral de Rajoy. Y más de la mitad de estas horas extras no se pagan, frente a un tercio antes de la crisis. Muchas empresas afrontan el aumento de trabajo exigiendo más horas, no contratando gente. Y esto puede ir a más, después de que dos sentencias del Supremo (marzo y abril 2017) hayan establecido que las empresas no están obligadas a llevar un registro diario de jornada, hasta ahora obligatorio. Con ello, los inspectores de Trabajo se quejan de que pierden el mecanismo clave para controlar las horas extras. Y además, les faltan medios para vigilar los abusos, porque España tiene la mitad de inspectores que Europa. Urge tomar medidas para limitar las horas extras, porque quitan 156.300 empleos cada año. Y son un fraude que reduce los ingresos de la Seguridad Social y las futuras pensiones.
 


                                                                                                                  enrique ortega

España ha sido siempre “un país de horas extras”, con una tendencia a alargar la jornada laboral “haciendo horas”: el trabajador las veía como una forma de “redondear su sueldo” y la empresa como un sistema para ahorrarse en sueldos y cotizaciones, ganando en flexibilidad. Así se llegó, en los años de “vacas gordas”, a un récord de 10,2 millones de horas extras a la semana en el primer trimestre de 2008, según el INE. Pero luego vino la crisis y cayeron los pedidos, con lo que las empresas metieron un tajo a las horas extras, que bajaron a la mitad, a un mínimo de 4,5 millones de horas a la semana en el verano de 2012. Pero ese año, el Gobierno Rajoy aprobó la reforma laboral, que da más poder a los empresarios para regular la jornada de sus trabajadores. Y a medida que la economía se ha ido recuperando, han vuelto a crecer las horas, desde 2012: 6,1 millones a la semana a finales de 2013, 5,4 millones a finales de 2014, 5,9 millones a finales de 2015, 5,48 a finales de 2016 y ahora, 5.871.200 horas extras semanales en el primer trimestre de 2017, según el INE (EPA).

Junto a la recuperación de las horas extras, hay un cambio fundamental en estos años: la mayoría de estas horas extras no se pagan, el trabajador las hace gratis total. Si en 2008 sólo se hacían gratis el 37,8% de las horas extras y el 48,8% en 2011, a partir de 2012, con el elevado paro (casi 6 millones)  y la reforma laboral de Rajoy, son ya más las horas extras que se hacen gratis que las que se pagan. Y así, año tras año, hasta primer trimestre de 2017, en que un 51,4% de las horas extras (3.018.700) se hacen gratis, sin cobrar por ellas, según el INE. Y eso porque los trabajadores saben perfectamente que no pueden negarse si quieren mantener su empleo.

Este abultado número de horas extras explica en gran medida que la jornada laboral en España sea una de las más largas del mundo, según la OCDE (datos 2015): trabajamos  una media de 1.691 horas anuales (263 horas menos que en 1979), por debajo de la media de los 35 paises OCDE (1.766 horas) y de Italia (1.725 horas), pero por encima de las horas que trabajan Alemania (1.371 horas), Francia (1.482 horas) o Reino Unido (1.674 horas). Y en cómputo semanal, trabajamos 38 horas semanales (2015), sólo por detrás de Grecia (42 horas) y Portugal (39,3), más horas que Francia (37,2), Italia (36,9), Reino Unido (36,5), Irlanda (35,4), Alemania (35) y Holanda (30 horas), según los últimos datos de la OCDE.

¿Quién hace horas extras en España? Resulta curioso ver que son una minoría de trabajadores, sólo el 4,85 % de los asalariados, según los datos del INE (EPA): de 15.340.800 asalariados que trabajaban en marzo de 2017, sólo 744.500 trabajadores habían hecho horas extras la última semana, un promedio de 8,8 horas cada uno. Son unos 100.000 trabajadores más de los que hacían horas extras en 2011 (655.500 asalariados). La mayoría (230.500) hacen de 4 a 6 horas semanales, seguidos de los que hacen de 10 a 12 (147.400 trabajadores) y de 1 a 3 horas semanales (127.400). La mayoría de horas extras se hacen en la industria, la hostelería, el comercio, los transportes, la sanidad y la banca. Y otro dato curioso: los que hacen horas extras no son los trabajadores más precarios sino los que laboralmente están mejor: hombres (59%) con contrato indefinido (75% de los que hacen horas), con jornada a tiempo completo (75%) y sobre todo técnicos y directivos, trabajadores “de cuello blanco”, según un detallado estudio realizado por CCOO. Sin embargo, resulta chocante que los trabajadores a tiempo parcial sean los que han triplicado sus horas extras desde 2008, según los datos del INE. Y que teniendo media jornada hagan casi tantas horas extras como los que tienen jornada completa.

La normativa laboral vigente (Estatuto de los Trabajadores) limita a 80 horas anuales las horas extras y establece que hay un periodo de 4 meses para que el trabajador recupere con libranzas las horas extras realizadas. Pero en muchos casos, no se recuperan ni tampoco se cobran. Son “lentejas”. Los sindicatos llevan un par de años luchando contra el abuso de las horas extras, especialmente en la banca, donde cada año siguen los despidos mientras los que se quedan amplían la jornada. A raíz de esta pelea sindical en la banca, trasladada a los tribunales, la Audiencia Nacional dictó tres sentencias (en diciembre de 2015 y febrero y marzo de 2016) obligando a los bancos (y por extensión, a las demás empresas) a llevar un registro de la jornada diaria de toda la plantilla, para comprobar sus horarios y las horas extras. Y a raíz de estas tres sentencias de la Audiencia Nacional, la inspección de Trabajo aprobó en marzo de 2016 una instrucción interna para exigir a las empresas este registro diario de jornada. Y se lanzaron a inspeccionar (y multar) a muchas empresas.

Pero la banca recurrió las tres sentencias contrarias de la Audiencia nacional (contra Bankia, Sabadell y Abanca) y el Tribunal Supremo les dio la razón, en dos sentencias (23 marzo y 20 abril 2017) que establecen que las empresas no están obligadas a llevar un registro diario de jornada, sólo deben llevar un registro de las horas extras y comunicárselas cada mes a los trabajadores afectados. Al ser ya dos sentencias, el Supremo “sienta jurisprudencia” y la Inspección de Trabajo se ha visto obligada a cambiar su instrucción de marzo, aprobando otra el 25 de mayo donde ya no se exigirá a las empresas el registro diario de jornada.

Ahora, ¿qué va a pasar con las horas extras? Los inspectores de Trabajo se quejan de que las sentencias del Supremo les han quitado el instrumento más eficaz con el que contaban para detectar las horas extras, el registro diario de jornada. Y que detectar el fraude, el exceso de horas extras por las que ni se paga ni se cotiza, va a ser ahora más difícil. Sobre todo porque la mitad de las empresas computan la jornada “a mano”, sin sistema informáticos, y porque el nivel de fraude es elevado. Según los últimos datos disponibles, de 2014, la inspección de trabajo detectó irregularidades sobre horas extras en el 60% de las empresas investigadas. Y eso que sólo hizo 2.900 actuaciones (hay más de 3 millones de empresas).

Los inspectores de Trabajo creen que la normativa actual deja muchos resquicios a las horas extras sin control y que habría que aprobar una normativa ad hoc, que ayudara a controlar mejor este fraude. De hecho, las propias sentencias del Supremo admiten que “convendría una reforma legislativa que clarificara la obligación de llevar un registro horario y facilitara al trabajador el probar las horas extras que hace”. De momento, el PSOE acaba de presentar en el Congreso una proposición de Ley para obligar a las empresas a llevar un registro diario de la jornada laboral. Pero la patronal no quiere oír hablar de este registro y piden autonomía para que las empresas regulen horarios y horas extras, como les permite la reforma laboral de 2012. Y mientras, los sindicatos se quejan de que no se les informa de las horas y que los trabajadores no denuncian por miedo a perder su empleo (y por la necesidad que tienen de redondear sus ingresos con las horas que sí les pagan).

El problema del exceso de horas extras es triple. Por un lado, las empresas que fuerzan a hacer horas a sus trabajadores evitan así contratar nuevos empleados, con lo que las horas extras evitan crear 156.300 empleos, según cálculos de CCOO. Por otro, al no pagarse más de la mitad de las horas extras, tampoco se cotiza por ellas, lo que se traduce en menos ingresos para la Seguridad Social y una menor pensión futura para los trabajadores afectados. UGT estima que la SS ha dejado de ingresar 3.500 millones anuales desde 2010 por cotizaciones no pagadas por horas extras realizadas. Y en tercer lugar, los trabajadores que hacen horas sin cobrarlas dejan de percibir ingresos a los que tendrían derecho: entre  2010 y  2015 dejaron de percibir 12.500 millones de euros sólo por horas extras, según los cálculos de UGT. Y además, se les paga un sueldo más bajo del que deberían recibir porque se les compensa en parte pagándoles (menos) por las horas extras que sí cobran.

Que los trabajadores con empleo hagan tantas horas extras es un escándalo en un  país que todavía tiene 4.255.000 parados. Urge aprobar una Ley que controle con eficacia la jornada laboral y limite el uso de las horas extras, para que las empresas no se agarren a los Tribunales para aprovechar el vacío legal existente. Y urge aprobar un Plan de lucha contra el fraude en las horas extras, con una estrategia clara y más medios, sobre todo más inspectores de Trabajo: hay 1.800 inspectores y subinspectores, la mitad de funcionarios para inspección que en Europa, según datos de la OIT (hay 1 inspector de Trabajo por cada 15.000 asalariados en España frente a 1 por cada 7.300 en la Unión europea).

En definitiva, se está creando empleo (muy precario), pero se podría crear más empleo si los trabajadores ocupados  hicieran menos horas extras y las empresas afrontaran esa mayor carga de trabajo con nuevos empleos, no forzando a hacer horas gratis a los que ya trabajan. Es algo sencillo de entender y fácil de controlar, si el Gobierno aprueba unas normas claras, que no puedan “interpretar” los tribunales, y si hay inspectores suficientes para evitar el fraude. Porque una actuación decidida, con sanciones ejemplares a las empresas que abusen, reduciría en poco tiempo las horas extras al mínimo. Y aumentaría el empleo y los ingresos de la Seguridad Social, que falta nos hacen.

Pensiones: urgen más ingresos, no recortes

Las pensiones son, junto al paro, la mayor preocupación de los españoles. Y más al saber que “la hucha” se acaba y no dará para pagar la extra de Navidad de 2017. Los gastos suben más que los ingresos y el déficit de las pensiones será este año de 19.000 millones. El dilema es claro: o aumentan los ingresos o habrá más recortes. Se pueden ingresar 15.000 millones más si no se bonifican cotizaciones (tarifas planas), si cotizan más los que más ganan, si se pagan subsidios a los parados que no cobran (y así cotizan) y si la Seguridad Social deja de financiar  el Ministerio de Empleo. Además, habría que trasvasarles otros 10.000 millones del Presupuesto. Y subir en el futuro cotizaciones (más bajas que en Europa). Todo menos recortar unas pensiones que son bajas (la mitad, inferiores a 667 euros) y que serán un 50% más bajas para 2050, gracias a las “reformas” (recortes) de Zapatero (2011) y Rajoy (2013). Urge garantizar más ingresos para asegurar las pensiones.
 

enrique ortega

El problema que tienen las pensiones es que no salen las cuentas: los ingresos no cubren los gastos y el déficit crece de forma imparable. Así, si en 2010 apareció el primer “agujero” en las pensiones (-365 millones de euros), el déficit se ha multiplicado por 45, alcanzando los -16.514 millones en 2015. Y la previsión del Gobierno Rajoy, enviada a Bruselas en octubre, es que el déficit vuelva a crecer este año, hasta los 18.950 millones de euros (el 1,7% del PIB), 6.000 millones más de lo que preveían hace sólo unos meses.

¿Qué ha pasado para que las pensiones pasen de tener un superávit de +13.000 millones de euros (2008) a un déficit de casi -19.000 millones (2016) en sólo 8 años? Básicamente, que se han desplomado los ingresos mientras crecían imparables los gastos. Veamos esta  sencilla relación, que lo explica muy claro: hay 2 millones menos de españoles trabajando (y cotizando) que en 2008 y 1 millón más de pensiones (y de pensionistas). Así es imposible que salgan las cuentas.

Con todo, el problema es más de ingresos que de gastos. Porque aunque han crecido las pensiones (de 8,41 millones a 9,43) y los pensionistas (de 7,56 a 8,57 millones), el gasto en pensiones ha crecido menos del 3% hasta mayo pasado y ahora crece el 3,1 %, debido a las “reformas” (recortes) aprobados por Zapatero (2011) y  Rajoy (2013) y a que las pensiones sólo se revalorizan un mínimo 0,25% anual. Con ello, la pensión media es hoy de 907,7 euros y la de jubilación 1.047,9 euros. Pero esas son las medias y hay muchas más bajas. De hecho, el 49,9% de todas las pensiones estaban en 2015 por debajo de los 667 euros, el umbral de pobreza (menos del 60% de los ingresos medios de los españoles). Y eran “pobres” el 69% de las pensiones de viudas, el 86% de las de orfandad y el 40% de las jubilaciones.

Lo que más ha fallado en las cuentas de las pensiones son los ingresos. En 2014 subieron sólo un 1%, en 2015 un 1,3% y este año aumentan un 2,8% hasta octubre, frente al 6,7% que estaba presupuestado. Y fallan los ingresos porque apenas crecen las cotizaciones, aunque la economía crece y se crea empleo. Pero, a raíz de la reforma laboral aprobada por el Gobierno Rajoy en 2012, se trata de un empleo “precario”, temporal y por horas o días, mal pagado, con lo que cotiza menos que el empleo estable del pasado. Además, hay otras dos razones para que no crezcan más las cotizaciones, por decisiones también del Gobierno Rajoy. Una, su apuesta por bonificar cotizaciones a empresas y autónomos para incentivar el empleo (las famosas “tarifas planas”), que se han revelado poco efectivas pero que son muy costosas: estas bonificaciones (descuentos) a empresas y autónomos han rebajado los ingresos de la Seguridad Social en 3.439 millones en la pasada Legislatura (2012-2015). Y la otra, los recortes a los parados aprobados también por Rajoy, que han provocado que sólo 715.518 parados cobren un subsidio de paro contributivo, frente a 1.389.973 que lo cobraban en diciembre de 2011. Eso supone que hay 674.455 parados menos cotizando a la Seguridad Social, porque cuando un parado no cobra el subsidio contributivo (de 780 euros), deja de cotizar (aunque cobre el subsidio asistencial de 426 euros).

Así que ya sabemos por qué han caído los ingresos (cotizaciones) más que los gastos y por qué el déficit de las pensiones se va a multiplicar por 51, entre 2010 y 2016. Hasta ahora, el agujero se ha ido tapando con “la hucha” de las pensiones, creada en 2006 y alimentada con los superávits de los años buenos, hasta alcanzar un máximo de 66.815 millones en 2011. Pero desde 2012, el Gobierno Rajoy ha tirado de la hucha para pagar las extras de verano y Navidad (unos 8.500 millones cada una). Y ahora ya sólo quedan 24.207 millones, que se acabarán en 2017, no llegando ya para pagar la extra de Navidad del año que viene. Por eso, urge poner orden en las cuentas cuanto antes.

La opción es clara: o se buscan nuevos ingresos o habrá que hacer más recortes en las pensiones, ya de por sí bajas. Rajoy ha prometido reunir antes de fin de año a las fuerzas sociales, en el llamado “Pacto de Toledo”, para estudiar soluciones, con idea de aprobar medidas antes del verano próximo. Pero su propuesta es muy “simplista”: para salvar las pensiones hay que crear más empleo, llegar a los 20 millones de españoles trabajando (hoy son 18,5 millones). No es una “alternativa”. De hecho, entre 2014 y septiembre de 2016 se han creado en España 1.392.300 nuevos empleos y el déficit de las pensiones ha seguido creciendo. La otra propuesta del Gobierno, a través de la ministra Báñez, es más “una ocurrencia”: permitir que los jubilados puedan seguir trabajando y cobrando el 100% de la pensión (ahora es el 50%). Sería sólo “un parche”, que traería pocos ingresos y sin embargo dificultaría el empleo a los jóvenes, que bastante lo necesitan.

La alternativa pasa por conseguir más ingresos a corto plazo, no esperar al lento goteo de los nuevos empleos que cotizan poco. Y aquí, UGT ha hecho una propuesta muy concreta, que supondría ingresar 15.500 millones más, por 4 vías: supresión de bonificaciones en las cotizaciones a empresas y autónomos (3.700 millones más de ingresos), subida de los topes máximos de cotización (ahora están en 3.642 euros mes) para que los sueldos altos coticen por todo lo que cobran (se podrían ingresar 7.735 millones más), aumentar la cobertura del paro para que haya más desempleados cobrando subsidio y cotizando (aportarían otros 2.969 millones extras) y quitando a la Seguridad Social la obligación de costear el presupuesto del Ministerio de Empleo (4.000 millones al año), que debería financiarse con los Presupuestos, como los demás Ministerios. Aunque no se pudieran conseguir los 15.500 millones en 2017, de aquí podrían salir 10.000 millones extras al menos.

Y otros 10.000 millones deberían trasvasarse para las pensiones de los Presupuestos 2017. Se debe y se puede, porque la gran asignatura pendiente de España es recaudar más, como el resto de paises europeos. Ahora, Hacienda sólo recauda el 38,2% del PIB (2015) frente al 45% que recauda Europa y el 46,6% que recaudan los paises euro, según Eurostat. Eso significa que si España recaudara impuestos como los demás paises euro, habríamos ingresado 85.000 millones de euros más en 2015. Y ese dinero extra nos daría para los gastos extras que necesitamos (entre ellos, las pensiones) y  para bajar el déficit. Bastaría de momento con conseguir 42.000 millones más de recaudación en 2017, como proponen los técnicos de Hacienda (GESTHA). Y para ello, habría que hacer pagar más impuestos a los que pagan poco (grandes empresas, multinacionales y los más ricos), además de subir el impuesto de los carburantes, algunos IVA, introducir la tasa Tobin a las operaciones financieras y nuevos impuestos medioambientales. Y dedicar parte de estos ingresos extras a las pensiones.

Pero no basta con tapar el agujero actual con medidas a corto plazo. Hay que buscar un sistema estable y suficiente de financiación para las pensiones a medio plazo, porque el coste se va a disparar en los próximos 50 años. Básicamente, porque España envejece: si los mayores de 65 años son ahora el 18,7% de los españoles, serán el 25,6% en 2031 y más de un tercio de la población (34,6%) en 2066, según el INE. Más viejos que vivirán más años: si la esperanza de vida es hoy de 82,8 años, en 2066 superará los 90 años. O sea que habrá que asegurar la financiación para pagar pensiones durante 25 años (o aumentar la edad de jubilación hasta cerca de los 70 años). Y mientras los pensionistas casi se duplicarán, bajará la población española y se espera que haya 900.000 activos menos para 2025. En definitiva, más viejos y menos jóvenes para trabajar y pagar las pensiones en el futuro.

Este panorama exige desde ya buscar unos ingresos y una financiación estable, combinando medidas. Por un lado, habrá que pagar una parte creciente de las pensiones con impuestos (se plantea pagar las pensiones de viudedad y orfandad, 24.000 millones, un 20% de la factura total) pero también habrá que subir las cotizaciones a la Seguridad Social, que son más bajas en España (sobre todo las de los trabajadores) que en Europa: un 28,3 % (en total, entre empresas y trabajadores) frente al 28,7% en la UE-28, un 33,3% en Alemania, 37,9% en Francia o 31,5% en Italia. Si se subieran un 1% las cotizaciones de empresas y otro tanto las de los trabajadores, se ingresarían 8.000 millones más al año. Está claro que sería un esfuerzo extra, pero también lo es que muchos trabajadores tengan que pagarse hoy un Plan de pensiones privado (lo pagan casi 10 millones de españoles) mientras las pensiones públicas tienen déficit. Y un tercer frente de actuación sería emitir deuda pública para financiar las pensiones a partir de 2030 (cuando haya bajado la deuda española), como propone Funcas.

Y en paralelo, España debería tomarse en serio la natalidad y ayudar a las familias para que tengan más hijos, para evitar que caiga la población: si no se toman medidas, habrá 5.300.000 españoles menos dentro de 50 años, cuando se tripliquen los pensionistas, según el INE. Actualmente, la tasa de natalidad es de 1,32 hijos por mujer, frente a 1,58 hijos en Europa (UE-28), 1,94 en Reino Unido y 2,01 hijos en Francia. Los expertos insisten en que para conseguir los jóvenes necesarios para trabajar y pagar las pensiones, harían falta 2,01 hijos por mujer. Eso significa que debían nacer 719 niños más cada día sobre los 1.143 que nacen. Y para eso, hay que ayudar a mujeres y familias desde ahora, con políticas fiscales y medidas eficaces.

Más ingresos y más natalidad para salvar las pensiones a medio plazo, no esperar a que crezca el empleo (precario) y las salve, como parece proponer Rajoy. Pongan las cuentas encima de la mesa, sin “politiqueos”, y consigan más recursos a corto y medio plazo para evitar más recortes futuros. Y para tratar de revertir los recortes que ya están en marcha. Porque no olvidemos que, con las reformas ya aprobadas por Zapatero (2011) y Rajoy (2013), las pensiones futuras será un 35% más bajas que las actuales para 2050, según un estudio de Funcas (Fundación Cajas de Ahorros). El problema ahora es que si no se toman medidas, los pensionistas actuales tendrán problemas a partir de la Navidad de 2017. Y los españoles entre 40 y 55 años, tendrán aún más problemas para cobrar incluso esas pensiones recortadas en 2050. Unos y otros han cotizado y merecen una pensión digna. Cueste lo que cueste.