Aumenta el empleo de los mayores

Nos han vendido que hay casi 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, otro máximo histórico. Pero no destacan que el empleo que más crece es el de los mayores de 60 años: de los 2,47 millones de nuevos afiliados desde 2019, la tercera parte (+783.037) son afiliados con más de 60 años, la franja de edad que más crece. Y el empleo de los mayores se ha triplicado desde 2005 (entre 60 a 64 años) y cuadruplicado (entre 65 y 69 años), gracias sobre todo a la mayor ocupación de las mujeres, el envejecimiento de la población y porque los mayores buscan complementar los ingresos familiares, en sanidad, cuidados, inmobiliarias, educación, comercio y servicios públicos, los trabajos con más mayores. Pero a la vez, los mayores tienen más paro de larga duración, porque las empresas no contratan mayores, sin poder jubilarse anticipadamente. De hecho, en España hay menos ocupados mayores que en Europa. Hay que aprovechar el talento “senior” y facilitar su relevo a los jóvenes.

                            Enrique Ortega

La población envejece en toda Europa y más en España, porque tenemos más esperanza de vida. Los mayores de 60 años llevan décadas creciendo y en el último Censo del INE (1 enero 2026) eran ya 13.836.095 personas, el 27,91% de la población total de España (49.570.725 habitantes). De ellos, 3.397.543 tienen entre 60 y 64 años, 2.939.512 tienen entre 65 y 69 años y los 7.499.040 restantes tienen 70 años y más años (18.751 con 100 años o más). Esta cifra de “mayores” supone un fuerte aumento desde principios de siglo, por el progresivo envejecimiento de la población en España: en el año 2000 había 8.766.511 españoles “mayores” (60 años y más), el 21,64% de la población, pasando a 11.079.928 mayores en 2015 (el 23,76%) y a los 13.836.095 mayores de 60 años ahora (27,91% del total). Así que tenemos 5 millones de mayores más (+5.069.584) que a principios de siglo.

De estos 13,8 millones de “mayores” (60 años y más), la mayoría son “inactivos” (ni trabajan ni buscan trabajo): son 11.082.300 mayores “inactivos”, según la EPA de 2025, básicamente personas mayores de 65 años (los inactivos de 60 a 64 años son solo 1.343.500 personas), especialmente los que tienen 70 años y más (7.170.400 son “inactivos”).

Lo que ha pasado estos últimos años es que han aumentado los mayores “activos”, los que se han puesto a buscar trabajo y trabajan o están en paro. Con ello, los mayores de 60 a 64 años han alcanzado un récord histórico de actividad: en diciembre de 2025 había más de 2 millones activos (2.030.300), +44% que en 2019 (1.409.000 activos). Y la mayoría de ese aumento de actividad se debe a las mujeres (+331.600 activas desde la pandemia), más que a los hombres (+290.000 activos), en muchos casos porque se han lanzado al mercado de trabajo tras cuidar a hijos y padres. Pero donde más se ha disparado la actividad es entre los mayores de 65 a 69 años: hay ahora 413.400 activos, +138% más que en 2019 (173.300 activos), otro máximo histórico, dándose la circunstancia de que las mujeres activas de 65 a 69 años (207.000) superan a los hombres (206.400).

Hay más mayores que nunca buscando trabajo y más mayores trabajando. En marzo de 2026, había 2.297.471 mayores de 60 años afiliados a la Seguridad Social (el 10,5% del total, de los 21.882.146 afiliados medios, una cifra récord). Pero lo más llamativo es que la afiliación de los mayores de 60 años es la que más crece desde la pandemia: de los 2.473.609 afiliados nuevos (+12,47% de aumento desde 2019), 783.037 afiliados nuevos son mayores de 60 años (+51,6%, cuatro veces la subida total de afiliados). De hecho la afiliación de los mayores de 60 a 64 años crece desde la pandemia un +41,8% y la de los mayores de 64 años crece un +107%, frente al +15% que crece la afiliación entre 25 y 29 años, el +10,4% que crece entre 45 y 49 años o el +24,6% que crece entre 55 y 59 años, según la SS. Y lo que más crece, otra vez, es la afiliación de las mujeres mayores (+56%) frente a los hombres (+48%).

Otra estadística que confirma el aumento del trabajo de los mayores es la última EPA del INE (diciembre 2025). Ahí se confirma que en España trabajan 2.349.500 mayores (algunos más de los afiliados: 2.297.471 mayores) y que son 903.800 empleados mayores más que en 2019, lo que indica que más de un tercio (el 36,2%) de todo el empleo creado desde la pandemia (2.496.400 nuevos empleos) ha sido para los mayores. El empleo de los mayores es el máximo de la serie histórica y  crece en todas las franjas de mayores desde 2005, pero sobre todo entre los que tienen de 65 a 69 años: se triplica en la franja de 60 a 64 años (de 697.200 empleados en 2005 a 1.820.200 en 2025), se cuadruplica en la franja de 65 a 69 años (saltando de 93.300 ocupados a 390.300 en 2025) y crece menos entre los de 70 y más años (de 53.700 empleados en 2005 a 69.500 en 2025).

Los datos de la EPA revelan que la mayoría del trabajo de los mayores de 60 años se concentra en el sector servicios (ahí trabajan el 76,2% de los ocupados con más de 55 años), seguidos muy de lejos por los que trabajan en la industria (12,2%), la construcción (7%) y el campo (donde trabajan el 4,6% de mayores restante). Por ocupaciones, según el SEPE, la mayoría de estos trabajadores “mayores” se concentra en sanidad, servicios sociales y residencias de ancianos, actividades inmobiliarias y financieras, educación, consultoría, transporte y logística, administración y gestión, comercio y ventas, además del sector público (el 16,4% de los empleados públicos tienen entre 60 y 64 años).

Lo llamativo es que una buena parte de estos trabajadores “mayores”, sobre todo los que han conseguido trabajo tras la pandemia, son mujeres, con muchos contratos a tiempo parcial (el 27% de las ocupadas de 65 a 69 años) y un aumento de los autónomos (un tercio de las mujeres que tienen 65 años o más), porque muchos de estos trabajadores mayores (básicamente las mujeres) buscan aumentar sus años de cotización (truncados por los cuidados a hijos y padres), para poder mejorar su futura jubilación.

El empleo de los mayores de 60 años se ha disparado en las dos últimas décadas (y sobre todo tras la pandemia) por el envejecimiento de la población (por la mayor esperanza de vida), la mayor incorporación de las mujeres al trabajo y el retraso de la edad de jubilación, tanto por imperativo legal (66 años y 10 meses en 2026 y será de 67 años en 2027) como porque muchos “mayores” de 66 años se encuentran con fuerza y salud para seguir trabajando (máximo si les corresponde una pensión baja, que tratan de mejorar). Todo ello explica que la tasa de empleo de los mayores (% de los que trabajan sobre el total) haya alcanzado un récord en 2025 (el máximo desde 1970), según este estudio de Funcas: son el 53% de los que tienen entre 60 y 64 años (58,3% los hombres y 48,1% las mujeres)  y el 14% (13,7% los hombres y 11% las mujeres) entre los que tienen entre 65 y 69 años.

Un gran salto en el empleo de los mayores, pero todavía trabajan menos en España que en la media de Europa, según el estudio de Funcas. Así, el porcentaje de varones de 60 a 64 años que trabajan en España (58%) nos sitúa en el puesto 19 de los 27 paises UE, donde en 7 paises trabajan más del 70% de los mayores de 60 a 64 años (Paises Bajos, Chipre, Dinamarca, Hungría, Chequia, Alemania y Suecia). Y el porcentaje de mujeres de 60 a 64 años que trabajan en España (47,8%) nos coloca en el puesto 15ª de la UE, donde hay 3 paises que superan el 70% (Estonia, Suecia y Letonia), siendo el 65% en Alemania. Y en el tramo de 65 a 69 años, los varones que trabajan (13,5%) nos sitúa en el puesto 23 de la UE-27, donde hay 5 paises que superan el 35% (Dinamarca, Estonia, Irlanda, Paises Bajos y Suecia). Y el porcentaje de mujeres con trabajo (11% entre 65 y 69 años) sitúa a España en el puesto 19 de la UE-27, donde hay 4 paises que superan el 25% (los 3 bálticos y Suecia).

En definitiva, que el porcentaje de mayores españoles que trabajan es el más alto desde 1970, pero todavía tenemos un margen de mejora, dado que estamos muy por debajo del empleo de los mayores en la mayoría de Europa. Y eso se debe a una menor formación de muchos mayores(el 53,8% de los parados mayores de 55 años no tienen la ESO) y a sus dificultades para adaptarse a la digitalización y las nuevas tecnologías. Pero además, las empresas sufren un alto nivel de “edadismo”, de rechazo a contratar mayores de 55 años (y con más de 60 es “imposible”), con lo que 7 de cada 10 parados mayores de 55 años piensan que no volverán nunca a trabajar”, según una Encuesta de Adecco.

El resultado es que los mayores de 60 años tienen en España una alta tasa de paro (9,24% en diciembre 2025 los mayores de 55 años, según el INE), algo menos que la tasa de paro general (9,93%), pero mucho mayor en las mujeres mayores (10,72%), bajando mucho en los hombres mayores de 55 años (7,92% de paro). Lo peor es que los parados mayores ha crecido mucho desde la pandemia: son 237.100 parados (diciembre 2025), el 9,5% de todos los parados y un 23,7% más que en 2019, cuando el total de parados bajó. El paro de 60 a 65 años ha subido de 181.500 a 210.100 (+28.600) y el paro de 65 a 69 años se ha duplicado desde la pandemia (de 10.100 a 23.100 parados), más otros 3.900 parados de 70 años y más. Y lo peor es que la mayoría de estos parados “mayores” no encuentran empleo y engrosan el paro de larga duración (más de 1 año sin trabajar): hay 126.600 parados más de 1 año entre los de 60 a 64 años (el 60,2% del total), 13.100 entre los parados de 65 a 69 años (el 56,7%) y otros 1.800 parados mayores de 70 años (el 46%, todos hombres). En total, 141.500 parados de larga duración con más de 60 años, la mayoría “sin salida”.

Muchos de estos mayores en paro y que no encuentran empleo (a pasar del aumento del trabajo de los mayores) tienen que acogerse al paro de los mayores de 52 años (si cumplen los requisitos) y esperar cobrando este paro asistencial (480 euros mensuales) hasta que puedan jubilarse legalmente (a los 67 años y 10 meses este año o a los 65 años si han cotizado 38 años y 3 meses). En 2025, un tercio de todos los parados que cobraban subsidio asistencial eran mayores de 60 años: 265.514 parados mayores subsidiados, el doble de los que cobraban esta ayuda en 2013 (125.647 parados mayores).

Además, en los últimos años se han aprobado cambios legales (en 2021 y 2022) para penalizar a los mayores que se jubilan anticipadamente, incentivando a la vez a los que retrasan su jubilación. Eso dificulta la situación de los parados mayores, que han de esperar más tiempo para jubilarse (hasta los 65 años si han cotizado suficiente o hasta los 66 años y 10 meses este año). La reforma penaliza a los mayores sin empleo pero ha mejorado las cuentas de la Seguridad Social, porque tiene a más mayores cotizando y menos cobrando pensión. De hecho, las jubilaciones anticipadas han caído drásticamente: de ser 123.498 en 2021 (el 39% de las nuevas jubilaciones) han bajado a 104.655 en 2025 (el 27,9% del total). Y la edad media real de jubilación ha subido de 64,4 años (2019) a 65,3 años en 2025.

Ahora, el objetivo de la Seguridad Social es que haya más mayores que retrasen su jubilación, lo que servirá para que haya más mayores que trabajen. La nueva normativa, pactada entre Gobierno, sindicatos y patronal, entró en vigor el 1 de abril de 2025 y se centra en 3 tipos de jubilaciones. Una, la jubilación demorada: se aumentan los incentivos para que un trabajador retrase su jubilación. Ya había un incentivo, aprobado en 2022, para aumentar un 4% cada año la pensión de quien la retrase. Ahora, se mejora este incentivo: se cobrará el extra por cada 6 meses de demora, sin esperar al año. El 2º cambio afecta a la jubilación activa, a quienes compatibilizan pensión y trabajo un tiempo. Esto ya se podía hacer, pero se introduce una mejora clave: se elimina el requisito de tener una carrera cotizada completa (38 años y 3 meses) y se permite compatibilizar pensión y trabajo a los que hayan cotizado 15 años. El tercer cambio afecta a la jubilación parcial, que permite compatibilizar la jubilación anticipada (a los 63 años si ha cotizado suficiente) con un trabajo por cuenta ajena con reducción de jornada: ahora se permite una reducción del 25 al 50% de la jornada, pero puede llegar al 75% de reducción si se contrata a un joven como relevo (y además, en este caso, se permite la jubilación parcial a los 62 años). La pensión que cobrará el jubilado parcialmente será en función de lo que recorte su jornada como trabajador.

En definitiva, se busca aumentar los mayores que trabajan, ahora que una persona no es viejo a los 65-67 años y necesitamos más gente que trabaje y reducir el gasto en pensiones. Sobre todo porque en 2050, el 30,4% de la población tendrá más de 65 años (ahora son el 21%). Hay que facilitar que estos mayores tengan menos paro y trabajen más años, para que aporten su experiencia y talento. Pero, en paralelo, hay que facilitar su relevo por jóvenes, que los mayores trabajen menos horas para dar entrada a jóvenes y formarles. Un contrato de relevo que no funciona ahora, por el exceso de requisitos y el desinterés empresarial, pero que resulta imprescindible para repartir mejor el crecimiento y el empleo entre mayores y jóvenes. Un pacto generacional imprescindible.  

Jubilaciones duras y blandas

En diciembre, la industria del automóvil recibió un regalo de Reyes anticipado: el Gobierno Sánchez les permitió seguir rejuveneciendo sus plantillas, facilitando la jubilación parcial de sus trabajadores mayores a cambio de contratar a un joven. Suena bien. El problema es que sólo la industria puede hacerlo. El resto de españoles tienen que esperar a jubilarse a los 65 años y 8 meses en 2019, dos meses más tarde que en 2018. Y también suben 3 meses los años de cotización exigidos para cobrar el 100%. Pero como hay muchos mayores en paro y otros no se fían de lo que pase, siguen creciendo  los que se jubilan anticipadamente, aún perdiendo parte de pensión, sin los privilegios del automóvil: serán 146.000 los que se jubilen en 2018 con menos de 65 años, el 42,7% del total. Urge facilitar la jubilación a los parados mayores de 60 años (154.300) y fomentar el rejuvenecimiento de todas las plantillas. Pero antes, hay que asegurar más ingresos para las pensiones, porque su factura alcanzó un récord histórico en diciembre y ya cuestan un 35% más que en 2010.

enrique ortega

La mayoría de españoles con más de 50 años siguen muy preocupados por lo que va a pasar con su pensión. Y por eso, en cuanto pueden se jubilan, sin esperar a los 65 años, aunque pierdan dinero por anticipar su retiro. Es lo que viene pasando desde 2012, cuando el total de jubilaciones saltó a 308.400, tras la “reforma” (recortes) de Zapatero en 2011 (año con sólo 286.143 jubilaciones). Y luego dieron otro salto en 2013 (314.204, el récord), a raíz de la “nueva reforma” (más recortes) aprobada por Rajoy. Y así ha seguido, rondando las 300.000 jubilaciones anuales hasta 2017, año en que alcanzaron la segunda mayor cifra de la década: 309.709 jubilaciones. Y todo apunta a que este año 2018 se batirá el récord de jubilaciones, unas 330.000, a la vista de que van 309.472 jubilaciones hasta noviembre, según los últimos datos de la Seguridad Social. 

Crecen las jubilaciones pero sobre todo porque casi la mitad son jubilaciones anticipadas, hechas antes de los 65 años: concretamente 132.275 jubilaciones hasta noviembre, el 42,74% de las jubilaciones hechas en 2018, un porcentaje que ha crecido en los últimos años (eran el 41% de las jubilaciones en 2014, llegaron al 44,3% en 2016 y se mantuvieron en el 43,13% en 2017). El grueso de prejubilaciones se da a los 61 años (55.084 hasta octubre), 63 años (41.675) y 64 años (20.621), pero también las hay antes (3.225 personas se han jubilado en 2018 con menos de 60 años), por trabajadores despedidos por EREs. Con ello, la edad media de jubilación en España está en 64,2 años (igual que en 2014), por debajo de la media de los 35 paises industrializados de la OCDE, que se jubilan de media a los 64,3 años. Así que nos jubilamos antes y como además vivimos más años que el resto de occidentales (salvo Japón), nos crece más el gasto en pensiones año tras año.

Las causas de este aumento de las jubilaciones son básicamente tres. Una, el envejecimiento de la población: los mayores de 65 años han aumentado del 16,6% de los españoles en 2007 al 19,2% de la población en 2018. La segunda, que muchos mayores están sin trabajo y sin perspectiva de que les contraten por su edad, con lo que se jubilan en cuanto pueden. En septiembre de 2018 había en España 838.900 mayores de 50 años en paro, según la EPA, el triple que antes de la crisis (281.600 parados mayores de 50 años en 2007). Y de ellos, hay 154.300 parados con 60 a 64 años, muchos de ellos sin cobrar el paro (algunos parados con más de 55 años pueden cobrar 430 euros al mes hasta jubilarse), que son los primeros que buscan jubilarse anticipadamente como sea.

Pero hay una tercera razón que dispara las jubilaciones: el miedo a lo que pueda pasar con las pensiones, a la vista de lo que se comenta y de la entrada en vigor de las reformas de 2011 y 2013. En 2018 han crecido más las jubilaciones porque se sabía que el 1 de enero de 2019 entraba en vigor un nuevo sistema de cálculo, el llamado “factor de sostenibilidad”, aprobado por Rajoy en 2013: se vincularán las nuevas pensiones a la esperanza de vida de cada generación, que crece cada año, con lo que la pensión inicial bajará año tras año (“menos pensión durante más años”). Este “factor de sostenibilidad” iba a recortar ya las nuevas pensiones en 2019 un 0,5%, según los expertos del BBVA. Y otro tanto en 2020 y 2021, para recortarlas entre un 4 y un 6% hasta 2029. Al final, en abril de 2018, Rajoy firmó un pacto de pensiones con el PNV y se acordó retrasar este recorte hasta 2023. Pero no impidió que las jubilaciones crecieran un 22,7% en abril (el miedo previo al acuerdo) y luego un 10,3% en octubre y un 14,43% en noviembre.

Lo que no se ha cambiado es el endurecimiento de las jubilaciones en 2019, otro acicate más a que haya habido récord de jubilaciones en 2018, para evitarlo. A partir de enero, se amplía en 2 meses la edad de jubilación, hasta los 65 años y 8 meses, que irá aumentando paulatinamente hasta los 67 años en 2027. Y se endurece también en 3 meses el periodo de cotización exigible para cobrar el 100% de la pensión: 36 años y 9 meses. Esto repercute en los que se quieran jubilar anticipadamente, porque este año tendrán que tener 63 años y 8 meses (2 meses más que en 2018), además del requisito de haber cotizado un mínimo de 35 años y de ellos 2 al menos en los últimos 15 años. Y por supuesto, los que se jubilen anticipadamente deben saber que pierden entre un 6,50% y un 8% de pensión (según los años cotizados) por cada año que anticipen su jubilación (ver requisitos exigidos).

Estas son las condiciones de las jubilaciones y prejubilaciones de la gran mayoría de españoles, que se van a endurecer año tras año con las reformas de 2011 y 2013 (jubilarse más tarde y con menos pensión). Pero hay dos excepciones. Una, los afectados por los ERES de la pasada década (empleados de Telefónica, banca y grandes empresas), que han  estado cobrando el paro estos años y que se pueden jubilar este año 2019 sin los recortes aprobados por Rajoy en 2013, gracias a un decreto-ley que ha aprobado el Gobierno Sánchez a finales de diciembre para darles un año de prórroga. Algo que no convence a los afectados, porque fueron despedidos con unas condiciones de paro y jubilación (muy beneficiosas) que se les cambiaron después, con la reforma de Rajoy de 2013: se fueron pensando en poder jubilarse a los 63 años, por ejemplo, y de no haberlo cambiado ahora el Gobierno, tendrían que esperar a tener 66 años en 2021… Pero sufrirán el problema en 2020.

La otra excepción, menos justificable, es el regalo que hizo en diciembre el Gobierno Sánchez a la industria del automóvil: otro decreto ley  les permite seguir 4 años más con los contratos de relevo, una modalidad que se terminaba el 1 de enero de 2019 y por la que pueden seguir rejuveneciendo plantillas a costa de la Seguridad Social. Estos contratos de relevo eran muy habituales en España y suponen que un trabajador mayor reduzca su jornada y a cambio entre a trabajar uno joven al que forma antes de jubilarse. Lo normal es que el trabajador mayor coja una jubilación parcial, por la que cobra un 25% de sueldo y el 75% restante como pensión. El “truco” es que, a raíz de una sentencia del Supremo, podrían concentrar las horas en unos meses o años, con lo que el trabajador mayor se acababa jubilando antes, como si fuera una jubilación anticipada, sin ninguna penalización (con el 100% de pensión) y sin tener que formar al joven que le “releva”. Y con ello, muchas industrias utilizaban este sistema para cubrir con esos jóvenes vacaciones y picos de producción.

Al plantearse la reforma de las pensiones de 2011 y 2013, se acordó acabar con esta jubilación parcial encubierta porque era muy costosa. Baste decir que se han acogido a ella unos 340.000 trabajadores entre 2003 y 2018 (el 70% en los servicios, no sólo en la industria), con un coste para la Seguridad Social de 30.000 millones de euros, según un estudio de FEDEA. Por ello, se dio a las empresas una prórroga para acabar con estas jubilaciones parciales el 1 de enero de 2019. Y así ha sido, con una excepción: la industria y principalmente la industria del automóvil, a la que un decreto ley aprobado el 7 de diciembre permite seguir con estas jubilaciones parciales 4 años más, hasta enero de 2023. El resto de empresas españolas ya no pueden hacer estas jubilaciones anticipadas sin penalización.

La industria del automóvil llevaba meses pidiendo esta excepción, siempre con el mismo argumento: la necesidad de rejuvenecer las plantillas para que “no se ponga en riesgo la competitividad futura de las plantas de fabricación y montaje”, como hace suyo el propio texto del decreto-ley. En realidad es “un chantaje” en toda regla: o nos dejáis cambiar mayores por jóvenes a costa de que la SS pague un 75% de sus horas o nos podemos llevar la fabricación de los nuevos modelos a Europa del Este, Asia o México. Y lo pueden hacer. Además, es un “detalle” del Gobierno Sánchez ante una industria que se siente amenazada por el fin del diesel y la gasolina en 2040. La medida, que salió adelante en la convalidación del Congreso gracias a la abstención del PP, Ciudadanos y Podemos, podría beneficiar a 24.015 trabajadores jóvenes hasta 2026 y costará 1.778 millones a la Seguridad Social, aunque otros cálculos estiman que será más (sólo en 2017, el contrato de relevo en el automóvil costó a la SS unos 2.200 millones de euros).

Los sindicatos apoyan este contrato de relevo, pero critican que rompe la equidad de trato con el resto de empresas y han pedido por carta al presidente Sánchez que se extienda a todas las empresas del país, como herramienta para luchar contra el elevado paro juvenil (hay 934.500 parados con menos de 30 años, el 28% del total). Está claro que rejuvenecer plantillas y cambiar empleados mayores por jóvenes en paro bien formados sería una buena medida para mejorar la competitividad de la economía y reducir el paro juvenil de España, el 2º mayor de Europa. Y no sólo en la industria, sino en sectores muy envejecidos, como la sanidad, la educación y las plantillas públicas (los Ayuntamientos tienen un personal con 60 años de media), así como en el transporte, el comercio, la hostelería, las oficinas y los trabajadores de la limpieza, sectores donde la mayoría de trabajadores tienen más de 50 años.

Pero hay un gran problema para generalizar este contrato de relevo: su elevadísimo coste. Se estima en 120.000 euros de media por jubilado, lo que significa que relevar a 100.000 trabajadores mayores costaría a la Seguridad Social 12.000 millones de euros. Y probablemente, si se abriera la mano, se querrían ir más de un millón, lo que haría quebrar a la Seguridad Social. Así que la medida es buena, pero no se puede pagar y menos con una SS que tiene un déficit crónico (será de -17.000 millones de euros en 2018). Así que lo lógico sería no hacer excepciones (automóvil) y si se hacen sea con un Plan para todos los sectores, estableciendo prioridades y haciendo que las empresas beneficiadas paguen una parte. Y en paralelo, dar una salida a los españoles que necesitan jubilarse anticipadamente, en especial a los parados de 60 a 65 años (154.300 en septiembre, según la EPA).

Y no olvidarse de los parados de 52 a 55 años, que siguen sin poder cobrar un subsidio de paro desde que se lo quitó Rajoy en 2013. Ya hay un acuerdo, incluido en el pacto del Gobierno y Podemos, para que esos 114.000 parados puedan cobrar un subsidio asistencial (430 euros al mes) hasta que se jubilen, como hacen los parados mayores de 55 años, y para que se cotice por ellos el 120% de la base mínima hasta que se jubilen (Rajoy lo bajó al 100%), dos medidas que cuestan 323 millones al año. Pero el problema es que para aplicarlo, al Gobierno Sánchez no le vale un decreto Ley sino que necesita incluirlo en el Presupuesto para 2019, cuya aprobación es casi imposible.

Recopilando, vemos que las jubilaciones siguen creciendo y que casi la mitad se anticipan, antes de los 65 años y 8 meses legales, porque la gente tiene miedo de esperar y mañana jubilarse peor. Y mientras, la industria del automóvil se beneficia en solitario de unas ayudas para jubilar parcialmente a sus trabajadores mayores que vendrían bien a todas las empresas e instituciones del país, pero no se puede pagar. Por eso, rejuvenecer plantillas y dar empleo a los jóvenes exige aumentar los ingresos de la Seguridad Social, no sólo para pagar unas pensiones dignas y asegurar las futuras sino para que más trabajadores mayores, empleados o en paro, puedan jubilarse. Está todo unido y pasa por aumentar cotizaciones (empresas y trabajadores pagan menos que la media europea) y por transferir más ingresos públicos a la SS, lo que exige una reforma fiscal, no para que paguemos más la mayoría, sino para que paguen más los que pagan poco: grandes empresas, bancos, multinacionales y ricos.

Pero iniciamos nuevo año, con la factura de las pensiones en máximos históricos (9.317 millones en diciembre 2018, un 35,6% más que en diciembre de 2010) y sin que nadie aporte soluciones ni se aborde una reforma de las pensiones, sólo “parches” como la subida del 1,6% o la “paguilla” para compensar la deviación del IPC en 2018 (3.000 millones más de gasto extra en pensiones para 2019). Es irresponsable dejar pasar los meses sin abordar la reforma de las pensiones, mientras los españoles “se buscan la vida”, jubilándose en cuanto pueden por lo que pueda pasar. Si hay elecciones, 2019 será otro año perdido para las pensiones. Y si no las hay, el ambiente de enfrentamiento político constante impide cualquier pacto, la única salida posible. Hagan algo, por favor.