Tenemos una sanidad cada vez más privada

Cada día, mil españoles contratan un seguro médico privado. Ya lo tienen 12,4 millones de personas, 1,8 millones más que antes de la pandemia. Y se contrata más en Madrid, Cataluña y Baleares, curiosamente 3 autonomías con la sanidad “deficiente”. Estos seguros médicos, que nos cuestan 10.711 millones, son “la gasolina” de la sanidad privada, que no deja de crecer: somos el 2º país UE (tras Portugal) donde tiene más peso, el 28,4% de todo el gasto sanitario. Su otra fuente de ingresos son los conciertos de la sanidad pública, que destina un 10,2% de su presupuesto a financiar pruebas y operaciones en la sanidad privada. Con todo ello, la privatización sanitaria no deja de crecer desde 2009, sobre todo en Madrid, Baleares, Cataluña y Andalucía, precisamente las autonomías con peor sanidad pública. Urge reducir las listas de espera, que alimentan los seguros privados. Mientras, el Gobierno propone una Ley para limitar la privatización de la sanidad, aunque la gestión está en manos de las autonomías.

                    Enrique Ortega

España es uno de los paises europeos que menos gasta en sanidad y donde el peso de la sanidad pública se reduce mientras aumenta año tras año el porcentaje de la sanidad privada. El gasto total en sanidad suponía en España el 10,7% de la riqueza (PIB), en 2021, por debajo del peso del gasto sanitario en la OCDE (10,9%), Francia (12,3%), Reino Unido (12,4%) o Alemania (12,9% de su PIB). Pero no sólo gastamos menos en sanidad, sino que gastamos aún menos (comparativamente) en la sanidad pública: un 7,7% del PIB, frente al 8,7% de media en la OCDE, el 10,4% en Francia, el 10,3% en Reino Unido y el 11,1% en Alemania (y el 7,1% en Italia). A cambio, somos el 2º país de la UE con más gasto sanitario privado: el 3,1% del PIB en 2021, tras Portugal (4,1% del PIB), frente al 2,3% en la OCDE, el 1,9% en Francia, el 2,1% en Reino Unido y el 1,9% en Alemania y el 2,3% en Italia.

A lo claro: gastamos mucho menos en la sanidad pública que la mayoría mientras somos casi líderes en el gasto en sanidad privada. De hecho, en 2021. España gastó 36.805 millones en la sanidad privada, un 28,4% de todo el gasto sanitario (129.615 millones), sólo superados por Portugal (36,8% de su gasto fue privado) y Suiza (30,8%) y muy alejados del peso del gasto sanitario privado en Italia (24,5%), Bélgica (22,4%), OCDE (17,1%), Reino Unido (17%), Francia (15,2%), Paises Bajos (15,1%), Dinamarca (14,8%), Alemania (14,5%) y Suecia (14,1%), según el informe 2024 de la Fundación IDIS (sanidad privada).

¿Qué incluye el gasto sanitario privado? Básicamente dos cosas. Una, el “dinero de bolsillo” que gastamos los españoles (27.215 millones en 2021) en atención sanitaria privada (dentista, oculista, fisioterapeutas…), en medicamentos no financiados y en el copago de las recetas (los trabajadores pagan entre el 40 y el 50%, los pensionistas el 10%, los más ricos el 60% y algunos nada). La otra, los seguros médicos que contratamos (9.091 millones pagados en primas en 2021). Y quedan otros 499 millones que gastan en sanidad instituciones benéficas.

El gasto sanitario privado se ha disparado porque han subido las consultas privadas y la gente cuida más su boca, sus ojos o su cuerpo, al margen de la sanidad pública. Pero el gran salto se ha dado en los seguros médicos privados, según la Fundación IDIS: en 2023 había ya 12.422.000 españoles cubiertos por un seguro médico privado, 360.000 más que en 2022 y 1.836.000 asegurados más que en 2019, antes de la pandemia. De ellos, 1.988.000 son empleados públicos (funcionarios de MUFACE, personal de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil integrados en ISFAS y personal judicial de MUGEJU), a los que la Administración les paga un seguro médico privado (porque el 78% de los funcionarios lo eligen frente a la sanidad pública). Y el resto, 10.681.200 españoles son personas que pagan cada mes un seguro médico privado (casi 2 millones más que en 2019).

Eso supone que uno de cada cuatro españoles tiene un seguro médico privado (25,9% de penetración media), aunque resulta mucho mayor en 3 autonomías: Madrid (el 38,7% de la población tiene seguro médico), Cataluña (32,4%) y Baleares (30,9%), según el informe IDIS. Curiosamente, son 3 autonomías que tienen una sanidad pública “deficiente”, según el informe 2023 de la Fundación en Defensa de la Sanidad Pública (FDSP), que valora la sanidad de cada autonomía” (Madrid ocupa el puesto 13º, Barcelona el 12º y Baleares el 10%). En el otro extremo, las autonomías con menos peso de los seguros médicos están Navarra (11,2% de la población los tiene), Cantabria (11,8%), Murcia (13,2%), Extremadura (13,2%) y Galicia (16,5%). Y Navarra es la autonomía con la mejor sanidad pública, según el ranking 2023 de la FADSP, Extremadura es la 3ª mejor, Galicia la 6ª y Cantabria la 9ª mejor (sólo Murcia rompe la tendencia, ocupando el puesto 16º, sólo por delante de Andalucía, el “farolillo rojo”).

Las primas que pagan los que tienen un seguro médico privado también se han disparado, hasta los 10.711 millones en 2023 (frente a 8.923 millones en 2019). Los seguros médicos llevan cinco años siendo los seguros que más crecen, por encima del seguro de hogar, del automóvil o los seguros de vida. El negocio está muy concentrado y las 3 primeras aseguradoras controlan más de la mitad del mercado: SegurCaixa Adeslas (3.244 millones en primas, el 28,6% de cuota), Sanitas (1.831 millones, el 16,9%) y Asisa (1.459 millones, el 12,9%). Les siguen DKV Seguros (7,5% cuota), Mapfre (6,8%), Axa (2,6%), IMQ (2%), Asistencia Médica Colegial (1,9%) y FIATC (1,8%). Estas 9 controlan el 80,4% de las primas.

Entre “el gasto de bolsillo” (sanidad, medicinas y copagos) y los seguros médicos, cada español paga 699 euros al año en sanidad privada (503 euros en gasto de bolsillo y 195 euros en seguros médicos), según el Informe IDIS 2024. Pero hay 8 autonomías donde los ciudadanos pagan mucho más. Por un lado, Cataluña (854 euros per cápita en gasto sanitario, 560 de bolsillo y 294 euros en seguros médicos), Madrid (851 euros por persona, 489 en gasto sanitario y 362 euros per cápita en seguros médicos, el pago más alto en España) y Baleares (803 euros de gasto privado per cápita, 491 en sanidad y copagos y 312 euros en seguros médicos, el 2º mayor pago), las tres autonomías con sanidad pública “deficiente”, según la FADSP. Les siguen La Rioja (748 euros: 594 en sanidad y 154 en seguros), Aragón (741: 550 y 191), Comunidad Valenciana (736: 575 y 161), País Vasco (715: 524 y 191) y Castilla y León (701 euros per cápita: 542 en sanidad y 195 en seguros).

La otra gran fuente de ingresos de la sanidad privada, junto a los “gastos de bolsillo” y los seguros médicos son los “conciertos” que les paga la sanidad pública, para que atiendan y operen en hospitales privados a pacientes de la sanidad pública o en pago por la gestión privada de hospitales públicos. Estos conciertos se han disparado en la última década, sobre todo en las autonomías gobernadas por el PP, y en 2022 supusieron 9.521 millones de ingresos extras para la sanidad privada (que se llevó el 10,2% del Presupuesto sanitario público). El 63% de los hospitales privados tienen algún tipo de concierto y hay 8 hospitales públicos de gestión privada (4 en Madrid, 3 en la Comunidad Valenciana y 1 en la Rioja). El peso de los conciertos es mayor en Cataluña (el sector privado sanitario se lleva 3.299 millones, el 22,7% del gasto sanitario público, porque hay 98 hospitales privados de utilización pública), en Madrid (1.377 millones, el 12,4% del presupuesto público en sanidad) y en Canarias (296 millones, el 7,2% del presupuesto sanitario público allí), precisamente tres autonomías con la sanidad “deficiente” (Madrid y Cataluña) o “peor” (Canarias), según el ranking de la FADSP. Otras tienen un menor porcentaje de conciertos (6,5% Navarra, 6,1% Baleares y 6% en Asturias y País Vasco, siendo menor lo que ingresan el resto.

El “gasto de bolsillo”, los seguros médicos y los conciertos son las tres fuentes de ingresos de la sanidad privada y los tres motores que la han impulsado, hasta suponer casi el 40% del gasto sanitario total (28,4% más 10,2% los conciertos). Gracias a esta “gasolina”, la sanidad privada cuenta con 438 hospitales (el 57% del total) y 50.574 camas (el 32% del total), donde trabajan 300.226 profesionales (69.052 médicos). Una sanidad privada que ya gestiona el 29% de las altas, el 31,2% de las estancias hospitalarias, el 29,7% de las consultas, el 31% de las urgencias y el 41,3% de las intervenciones quirúrgicas, un trabajo creciente apoyado por la derivación de pacientes, consultas (6,3%), urgencias (el 5,8%) e intervenciones (el 8,7%) desde la sanidad pública. Eso sí, según diversos estudios, la sanidad privada absorbe los casos menos complejos y las estancias e intervenciones más cortas y menos costosas.

La sanidad privada está cada vez más concentrada y en manos de inversores extranjeros, con 13 Grupos sanitarios que concentran el 47% de los hospitales y el 55% de las camas privadas, según el informe IDIS. Encabeza el ranking, el grupo Quirón Salud (propiedad del grupo alemán Fresenius), con 45 hospitales y 6.139 camas, seguido de los Hermanos de San Juan de Dios (29 hospitales y 6.110 camas), HM Hospitales (propiedad familia Abarca Cidón), con 21 hospitales y 1883 camas, el grupo Vithas (80% familia Gallardo y 20% Criteria Caixa), con 20 hospitales y 2.189 camas, el grupo HLA (de Asisa), con 16 hospitales y 1.310 camas, el grupo Viamer (propiedad del fondo australiano MAM), con 14 hospitales y 946 camas, las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón, con 13 hospitales y 3.326 camas, el grupo Hestia Alliance (propiedad del gigante alemán Median Kliniken), con 10 hospitales y 1.932 camas, el grupo Ribera Salud (vendido al Fondo francés Vivalto Partners), con 10 hospitales y 1.112 camas, el grupo vallisoletano Recoletas, con 7 hospitales y 830 camas y el grupo canario Hospiten, con 7 hospitales y 1.219 camas, agrupando el resto de hospitales independientes 15.200 camas privadas.

El negocio de los hospitales privados facturó 12.400 millones de euros en 2022, que obtuvieron de las aseguradoras (6.865 millones, un 55,3% más que en 2021), de los conciertos con la sanidad pública (4.325 millones, +34,88%) y de su actividad sanitaria puramente privada (1.210 millones), según la Fundación IDIS. Más de un tercio del negocio total (4.441 millones) lo facturó el gigante del sector, el grupo Quirón, seguido muy lejos de Vithas (699 millones), Ribera Salud (585 millones), grupo HLA (576 millones), HM hospitales (575 millones), Hospitales Católicos de Madrid (410 millones), Hospiten (360 millones), Sanitas (350 millones), Clínica Universitaria de Navarra (300) y grupo IMED (hospitales Levante), 180 millones.

La sanidad privada crece, pero a costa de la sanidad pública, que pierde peso desde 2009 y sobre todo desde 2022, según un reciente estudio de la Federación en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que destaca el fuerte aumento del “gasto de bolsillo” en España (21% del gasto total, frente al 18% en la OCDE) y los conciertos, crecientes en las autonomías gobernadas por el PP y nacionalistas, sobre todo durante los años de recortes. El estudio analiza 10 variables del avance de la privatización sanitaria por autonomías, desde el gasto en seguros privados a los conciertos y las derivaciones de pacientes, los modelos de colaboración público-privada y la dedicación exclusiva entre los sanitarios. Y analizando estas variables, distinguen 3 grupos de autonomías, con más y menos privatización sanitaria.

El primer grupo lo integran las 4 autonomías con mayor grado de privatización de la sanidad: Madrid (28 puntos), Baleares (27 puntos), Cataluña (26) y Andalucía (25), cuatro regiones que tienen una sanidad “deficiente” (Madrid, Baleares y Cataluña) o “pobre” (Andalucía, la autonomía con la peor sanidad pública, según el ranking de la FADSP). En el 2º grupo, con un grado “intermedio” de privatización están Aragón y Comunidad Valenciana (24 puntos), Asturias y Canarias (23), Murcia (22), Castilla y León (21), Cantabria y Galicia (20 puntos), País Vasco y la Rioja (19 puntos). Y en el tercer grupo, con el menor grado de privatización sanitaria, están Castilla la Mancha (18 puntos), Extremadura y Navarra (16 puntos), las dos autonomías con la sanidad menos privatizada y, curiosamente, dos de las autonomías con mejor sanidad pública (Navarra la nº1 y Extremadura la 3ª).

Los expertos dela FADSP critican la creciente privatización de la sanidad porque incrementa costes y "mercantiliza" un derecho fundamental de las personas. Pero creen que no puede reducirse esta elevada privatización mientras no se resuelva el grave problema de las listas de espera (849.535 españoles en lista de espera quirúrgica y 3.917.485 en espera de una primera consulta) , que explican el auge de los seguros médicos y de los conciertos con la privada. Y denuncian que “no se está haciendo nada” para reducirlas, ni desde Sanidad ni desde las autonomías, por lo que piden reforzar los medios y personal de la sanidad pública. Y en paralelo, piden unas políticas públicas que refuercen la sanidad pública y frenen el ascenso de la privada.

Precisamente, el lunes pasado, la ministra de Sanidad inició la consulta pública de la futura Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que decayó en la pasada Legislatura por el adelanto electoral. La Ley pretende, según el Gobierno, “asegurar la gestión pública de los servicios sanitarios y cerrar el paso a las empresas privadas con ánimo de lucro”, sustituyendo a la Ley 15/1997 aprobada por Aznar, que “ha deteriorado la sanidad”, según la ministra Mónica García. La futura Ley, sometida a consulta, pretende limitar la gestión privada de la sanidad, mejorar la auditoría y transparencia de los modelos de gestión privada existentes, facilitar la reversión de servicios ahora privatizados y fijar nuevos criterios para la gestión futura del sistema sanitario público. El proyecto ya ha despertado recelos en la sanidad privada, pero tiene un problema de partida: por mucho que se cambie la Ley, el día a día de la gestión sanitaria lo controlan las autonomías, 11 en manos del PP (y VOX). Y no parece que quieran dar marcha atrás en la privatización que han alentado estos años.

En cualquier caso, algo habrá que hacer, porque la sanidad es “la 2ª mayor preocupación de los españoles” (tras la economía y el empleo), según el CIS. Y no parece lógico que sigamos afrontando los problemas de atención y listas de espera a golpe de seguros privados y más conciertos con la privada. Una cosa es que la sanidad privada cubra vacíos y complemente la oferta y otra que cope el 40% del gasto sanitario y deje fuera a los que no puedan pagarlo. Urge reforzar la sanidad pública y no hundirla para que crezca la privada.

Autonomías: el cuarto recorte en tres años

En medio de las noticias sobre la huelga del 14-N, los desahucios y las elecciones catalanas, ha pasado desapercibido que 13 autonomías (todas salvo Asturias, Galicia, País Vasco y Cataluña) han presentado ya sus Presupuestos para 2013. Y con ellos, habrá otro recorte de 9.500 millones, que se suma a los 23.000 millones recortados entre 2011 y  2012 (dos veces). El ajuste se hará en gastos de personal (con la pérdida de hasta 50.000 empleos públicos), en menos subvenciones a familias, empresas y Ayuntamientos, en no hacer inversiones y en nuevos ajustes en educación, sanidad,  gastos sociales y Dependencia.  Estos recortes afectarán más a los ciudadanos que los del Estado central, porque vuelven a recortar el Estado del Bienestar y agudizan la recesión y el paro. Y además, son inútiles: las autonomías no consiguen tapar sus agujeros y se prorroga su Fondo de rescate para 2013.

enrique ortega

Recortes sobre recortes. Las autonomías empezaron a reducir sus Presupuestos en 2011 (-5%) y luego en 2012 (-8%), este año dos veces (con el Presupuesto y en abril, con el requeterecorte de 10.000 millones en sanidad y educación impuesto por el Gobierno. En total, 23.000 millones, a los que se sumarán otros 9.500 millones en los Presupuestos 2013 (-6%). Los mayores recortes los harán Madrid (-1.424 millones, -7,7%), Andalucía (-1.314, -4,1%), Comunidad Valenciana (-1.048, -9%) y Castilla la Mancha (-860 millones, -10,2%), aunque se esperan otros importantes en Cataluña (-1.500 millones) y País Vasco (-1.000 millones).

Los principales recortes llegarán por tres vías. La primera, metiendo la tijera en los gastos de personal (40% Presupuestos): supresión complementos, aumento horas, no reposición jubilaciones, no oposiciones y despidos en empresas públicas (se podrían perder 50.000 empleos públicos autonómicos, al amparo de la reforma laboral, empezando por los 5.000 que ya ha anunciado la Comunidad Valenciana). La segunda, reduciendo las transferencias a familias (menos ayudas), transportes (subirán metro y autobuses), empresas y Ayuntamientos (más asfixiados en 2013). Y la tercera, recortando drásticamente las inversiones: no se harán obras, aunque lo suframos en incendios forestales, inundaciones, barracones escolares o falta de servicios en hospitales y residencias de ancianos.

Además, se vuelven a recortar (del 5 al 9%) los presupuestos de sanidad, educación, ayudas a servicios sociales y a la Dependencia (se reduce de 481 a 199 euros la prestación mensual a los cuidadores familiares, que han de pagar además toda su Seguridad Social) . Y se avanza en privatizar la gestión de la sanidad (hospitales y centros de salud) en ocho autonomías gobernadas por el PP: Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha, Galicia, Extremadura, Baleares, Castilla y León y La Rioja.

Por el lado de los ingresos, las autonomías no son tan decididas, aunque nos subirán impuestos y tasas. Todas, salvo Madrid, aplicarán en 2013 el impuesto sobre el patrimonio (con el que recaudaron 581 millones en 2011), tras recular en su negativa a aplicarlo Baleares y Comunidad Valenciana. Además, subirán el impuesto de sucesiones, que recupera Castilla y León. Y también los impuestos de transmisiones y el de actos jurídicos documentados (por los que  ingresan 6.500 millones). Y rebajarán las deducciones autonómicas en el IRPF. Baleares estrenará dos nuevos impuestos “ecológicos”, sobre los envases no retornables (copiado también por Canarias para 2013) y las grandes superficies, además de un impuesto turístico (a los coches de alquiler), como Cataluña (por estancias en hoteles). Y todas suben tasas (se notan menos), desde el agua a las tasas universitarias (+66%): Cospedal, en Castilla la Mancha, ha creado 320 tasas.

La mayoría de las autonomías han incluido una partida de ingresos que parece el cuento de la lechera: venta de inmuebles (742 millones en Madrid) y empresas públicas. Y Madrid se apunta al euro por receta de Cataluña (¿inconstitucional?), para ingresar 83 millones: es revelador que el Gobierno conservador madrileño quiera hacer pagar 72 € a los pensionistas y rechace cobrar el impuesto sobre el patrimonio a los que tienen más de 700.000 € (ingresaría 310 millones anuales).

Como los ingresos no llegan (la recesión hunde también su recaudación), las autonomías optan por una tercera vía: retrasar pagos. A 31 de diciembre de 2011 se pudo el contador a cero, con el primer rescate del Gobierno para que pagaran facturas atrasadas (pagaron 17.718 millones). Pero a finales de septiembre ya habían acumulado nuevas facturas por 10.000 millones, la mitad de autónomos y la otra mitad de laboratorios (2.300) y suministradores sanitarios (2.750 millones). Y ahí no se incluyen las deudas a las farmacias (sólo Valencia debe 450 millones), a colegios y hospitales concertados, a residencias y entidades sociales.

Parte de estas deudas deben cubrirse con el segundo rescate del Gobierno, el Fondo de liquidez de 18.000 millones que empezó a llegarles en octubre. Lo han solicitado 9 autonomías: Cataluña (5.433 millones), Comunidad Valenciana (3.500), Andalucía (4.906), Castilla la Mancha (848), Murcia (641), Canarias (757), Asturias (261,7), Baleares (355) y Cantabria (137), cuyas peticiones suman el 93,5% del Fondo. Pero el ministro Montoro se lo está dando con cuentagotas (del 37 al 70%), como hace Merkel con Grecia: quiere asegurarse que hacen los recortes comprometidos antes de soltarles todo el dinero.

El problema de fondo es que el sistema de financiación de las autonomías hace agua por todas partes. Y por eso, necesitarán otro rescate en 2013, con una prórroga del Fondo de liquidez, como ha prometido el Gobierno. Al margen de despilfarros (que los hay), la cuestión clave es que las cuentas de las autonomías no salen: un 80% del gasto es difícil de recortar (sanidad, educación y servicios sociales) y les cae la recaudación y no les llega con los ingresos que les transfiere el Estado central. O se les quitan competencias (difícil a estas alturas) o se les da más recursos, reduciendo los del Presupuesto estatal. Hay que sentarse, repartir competencias, evitar duplicidades y buscar ingresos suficientes. Pero esa reforma se ha dejado sine die, “para cuando salgamos de la crisis”.

En consecuencia, con las exigencias de Bruselas, las autonomías están abocadas a los recortes y a los impagos, en perjuicio de los ciudadanos, ya que ellas son las que prestan el 93% de la sanidad, educación y servicios sociales, que no dejan de deteriorarse. Basten dos datos: las listas de espera para operarse han pasado de 32 a 72 días en año y medio. Y hay 3,3 millones de españoles necesitados que acuden a Cáritas y a la Cruz Roja porque no les atienden en los servicios sociales públicos. Además, estos recortes agravan más la recesión y el paro y, encima, no sirven para recortar suficiente el déficit, como acaba de decirnos Bruselas.

En definitiva, nos esperan en 2013 más recortes autonómicos y más subidas de impuestos que agravarán la crisis y perjudicarán la vida de la mayoría de españoles. Hay que buscar otro camino, suavizar los recortes de las autonomías y buscarles vías de financiación que no hundan del todo el Estado del Bienestar. Ahora, no cuando salgamos de la crisis: sería tarde.