Ley Concursal: tercer intento de salvar empresas

En el último Pleno de la Legislatura, el Congreso aprobó la nueva Ley Concursal, la tercera norma en los últimos 7 años que intenta impedir que empresas con deudas se liquiden. Hasta ahora, la crisis ha disparado los concursos de acreedores (antigua suspensión de pagos), aunque las empresas recurren a ellos mucho menos que en otros países, porque son poco útiles para sobrevivir. Ahora, la nueva Ley busca favorecer los acuerdos con acreedores (sobre todo bancos y Cajas)  y acortar plazos y costes. Pero se retrasa seis meses aprobar una norma para regular el pago de deudas de particulares, que ha disparado los embargos por impago de hipotecas .

                                                 Ilustración: Enrique Ortega

Con la crisis se dispararon los concursos de acreedores, a partir del otoño de 2008: de una media de 1.000 concursos anuales entre 2005 y 2007 se saltó a 6.197 en 2009 y se espera batir el record este año 2011, con unos 7.000 concursos. El concurso es el último recurso de una empresa agobiada por las deudas, aunque también se ha abusado y hay empresarios que lo han utilizado para escapar de pagar a sus acreedores. El problema es que las dos normas anteriores (Ley Concursal de 1993 y real decreto 3/2009) no han servido y el 90 % de las empresas en concurso acaban liquidándose.

Por eso, la mayoría de empresas con problemas no utilizan el concurso, sobre todo las grandes: el 68,4 % de las concursadas son pymes, empresas con menos de 2 millones de negocio y menos de 10 empleados, aunque los casos más sonados hayan sido grandes inmobiliarias (Martinsa Fadesa, el mayor concurso de la historia, con 7.000 millones de pasivo, Habitat, Nozar, Tremon, Sacresa, Aifos, Llanera, Labaro…), agencias de viajes (Marsans), aerolíneas (Air Comet, Futura,Gadair, Quantum), textiles (Musgo, Coronel Tapioca, Torero, Festa), Nueva Rumasa y hasta 23 equipos de fútbol (12 están en concurso esta temporada). Con todo, España es el país de Europa con menos concursos de acreedores, por su escasa eficacia: frente a los 7.000 esperados este año, en Francia habrá 50.000, en Alemania 30.000 y en Gran Bretaña 18.000, muchos de particulares (aquí sólo hay 1.000 al año).

La nueva Ley Concursal, que entra en vigor en enero de 2012, intenta facilitar la renegociación de las deudas y agilizar el proceso, para evitar la liquidación de la empresa. La mayor novedad es que fomenta acuerdos entre la empresa y una mayoría de sus acreedores (60%), cuando ahora sólo se admitían si aceptaba el 100%. La medida puede evitar que una empresa llegue al concurso, aunque se critica que favorece a bancos y Cajas, que van a imponerse al resto de acreedores. También se facilita a las entidades financieras que aporten dinero fresco a las empresas con problemas, ya que esta financiación tendrá prioridad de cobro. Y se acortan plazos y costes en los concursos sencillos, para que no duren 3 ó 4 años como ahora. Además, los Clubs de fútbol que tengan deudas con jugadores y otros Clubs al 31 de julio de 2012 bajarán automáticamente de categoría.

Otro cambio importante es que en vez de tres administradores concursales habrá uno (economista, abogado, titulado mercantil o auditor), con más poder y más medios, aunque se abre este campo a las sociedades, a los grandes bufetes y auditoras, algo que se ha criticado por tema de incompatibilidades: suelen tener como clientes a bancos y posibles acreedores y acabarían siendo juez y parte. Otro tema polémico es la elección de administrador, que está en manos del juez. En la mayoría de concursos, el administrador cobra poco o nada, pero en los grandes hay una elevada minuta en juego (5 millones de euros en Martinsa o 2,1 millones en Habitat). Y ya se ha denunciado connivencia entre jueces y algunos administradores, que pululan por los juzgados ofreciendo sus servicios (como los visitadores médicos...), con lobbies de economistas y abogados que ofrecen conferencias pagadas a jueces que les nombran como administradores. Por eso, se pedía clarificar el proceso y hacer oposiciones.

Para muchos, esta tercera reforma legal llega tarde, cuando la mayoría de empresas con problemas ya han caído. Y habrá que ver si dura: el PP (que no consiguió incluir muchas enmiendas) ya dijo el mismo día que se aprobada que “probablemente haya que reordenarla”…Con todo, el mayor problema es que no resuelve las deudas de los particulares y familias, a los que sigue tratando como a empresas (el juez tiene que autorizar, por ejemplo, el pago del colegio o el cobro de la pensión del concursado). El Congreso ha aprobado que el futuro Gobierno apruebe una norma en 6 meses, para hacer frente a un problema peliagudo: los impagos de las familias (hay 400.000 hipotecas con morosidad) y los embargos  por impago de hipotecas (que han crecido un 36 % este año).

La Ley es un avance, pero será insuficiente si no se reforma la Justicia, ya que los juzgados mercantiles están colapsados, con pocos medios y pocos jueces, algo que busca arreglar la modernización de la Justicia aprobada también en el último Pleno. Pero sobre todo, para evitar la quiebra de empresas, hace falta que consigan vender, que tengan financiación, que les baje la morosidad para que ellos también puedan pagar y no entren en concurso. Y con la economía estancada, creciendo menos del 1 por 100, sin consumo y con la exportación más difícil por la crisis europea, muchas empresas seguirán siendo carne de concurso también en 2012. Por eso, hace falta que la Ley funcione y las salve del cierre.

Hipotecas: el drama de los desahucios

Una de cada tres familias está pagando una hipoteca. Y con  la crisis, un 20% ha tenido que retrasar sus pagos. Otros, sencillamente no han podido pagar y se han quedado sin piso: son ya casi 300.000 embargos en los tres últimos años. Y 200.000 hipotecados más están tan apurados que pueden ser desahuciados en los próximos meses. Un drama para medio millón de personas y para otro medio millón de familias que les ha avalado. En muchos casos, no sólo se quedan sin piso, sino que tienen que seguir pagando su deuda a bancos y Cajas. Algunos jueces lo han puesto en duda, pero las leyes, el Gobierno y el PP están en contra, ya que encarecería las hipotecas y crearía inseguridad en los mercados de deuda. Pero algo hay que hacer para frenar los desahucios que, con el paro, los tipos al alza y los pisos a la baja, van a seguir creciendo.

En 2010 han saltado todas las alarmas: se ejecutaron 118.000 embargos de viviendas por impago de hipotecas, cuatro veces los embargos de 2007 (25.943) y el doble que en 2008 (58.686).Y ya van 278.000 embargos en los últimos tres años. Tres autonomías concentran casi la mitad de los embargos: Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía. Cara al futuro, el problema es que dos de cada tres familias dedican a pagos financieros más del 40% de sus ingresos y con el paro y la crisis, un 20% ha retrasado sus pagos en los últimos 6 meses (la mitad hasta tres veces) , según la Agencia Negociadora. Con ello, se estima que unas 200.000 familias con hipotecas están muy apuradas para pagar y pueden acabar desahuciadas en los próximos meses.

Este drama es el fruto de la burbuja inmobiliaria y de la barra libre del crédito en los años noventa:” Pida, pida, que el dinero es casi gratis. Y con el piso, le damos para amueblarlo y de paso, cambia de coche”. Con la crisis, las familias pierden uno o dos sueldos y no pueden pagar. Y su piso ha perdido entre un 20% y un 40% de su valor. Tal es así, que 320.000 familias deben al banco más de lo que vale su piso. Si no paga la hipoteca, la Ley obliga a subastarlo y si nadie puja, el banco se lo queda por el 50% del valor de tasación. Así que el moroso, está sin piso y tiene que seguir pagando al banco para liquidar su deuda.

En Gran Bretaña y EEUU, basta con que el hipotecado entregue el piso para cancelar su deuda (30 millones de norteamericanos han perdido así su casa desde 2007).Pero en España, la Ley Hipotecaria y el Código Civil establecen que el hipotecado tiene que saldar su deuda y si no llega con la casa, ha de responder con sueldos, bienes o avales. Pero en enero, una sentencia judicial de Navarra aceptó que la entrega del piso saldaba la hipoteca. Luego ha habido cinco sentencias en contra (también en Navarra) y otras tres a favor (Ciudad Real, Sabadell y Barcelona) y el tema está en el Supremo. Pero los afectados se han organizado y buscan 500.000 firmas para cambiar la Ley, algo que no ha conseguido una proposición de ICV-IU, rechazada por PSOE y PP, que por una vez se han puesto de acuerdo. 

El argumento para no cambiar es que la normativa española ha permitido tener hipotecas más accesibles. Y que si se acepta que el piso salde la deuda, bancos y Cajas darían menos hipotecas, de menos importe (50% del valor), más caras y con más exigencias (seguros y avales, con lo que no bastaría tampoco con entregar el piso).Y además, el cambio caería como una bomba en los mercados, donde los inversores tienen 524.000 millones en títulos hipotecarios, lo que agravaría los problemas de financiación de España y de bancos y Cajas.

Al final, el que presta manda. Pero el Estado algo ha de hacer para frenar la carrera de desahucios. Por un lado, hay que crear organismos de mediación, en autonomías y ayuntamientos (como se ha hecho en Cataluña), para ayudar a los afectados a negociar con bancos y Cajas, que no quieren convertirse en inmobiliarias y más cuando ahora se les obliga a provisionar  un 30 % los inmuebles que llevan más de dos años en su balance. Un tercio de los embargos se podrían evitar, según la Agencia Negociadora, ampliando plazos y renegociando tipos. O realizando nuevas tasaciones y que las entidades se las adjudiquen por el 100% de este valor. Para el resto, habría que buscar soluciones institucionales: mayor dinamismo en las subastas para elevar las pujas (muchas quedan desiertas o en manos de mafias, porque hay que adelantar el 30% del valor), renovar las ayudas a los parados con hipotecas (las que han estado vigentes dos años, hasta febrero, no han funcionado) y crear Agencias públicas que se hicieran cargo de las hipotecas impagadas y alquilaran el piso al propietario moroso.

El drama de los desahucios no puede dejarse en manos de los tribunales. Hay que paliar los efectos de las hipotecas basura, sobre todo entre los más débiles, los que han perdido su empleo y no tienen ingresos. Y más cuando la reforma de las Cajas, la subida de tipos (revisar la hipoteca ha subido ya  636 euros al año) y la bajada de los pisos (otro 20% al menos) van a seguir disparando los embargos. No podemos dejarles en la calle.