1º Mayo: el papel de sindicatos y patronal

España es uno de los pocos paises europeos donde apenas ha habido conflictos laborales por la inflación, frente a las protestas en Francia, Italia, Alemania, Portugal o Reino Unido. Pero ahora, coincidiendo con el 1º de Mayo, los sindicatos lanzan un ultimátum: o la patronal  negocia las subidas de salarios o habrá movilizaciones. Se quejan de que los trabajadores pierden poder adquisitivo mientras las empresas aumentan márgenes y beneficios. En el fondo del enfrentamiento está la ruptura de años de concertación social, con unos sindicatos “razonables” pero más débiles (sólo 1 de cada 7 trabajadores está sindicalizado) y una patronal más fuerte y más politizada, con militantes del PP en puestos clave. Ahora, tras los desacuerdos en la reforma de pensiones y el salario mínimo, la pelea está en retomar o no la negociación colectiva. Y en avanzar en “democratizar” las empresas. Porque el 40% de los trabajadores (y el 54% de los jóvenes) están descontentos con su empleo y querrían dejarlo. Algo pasa.

Enrique Ortega

En todo el mundo, los sindicatos han perdido fuerza en las últimas décadas. La mayor caída en la afiliación se ha dado en Europa, donde los sindicatos pasaron de tener un 40% de trabajadores afiliados en el 2000 al 25% en 2016, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En Norteamérica, la afiliación, que era mucho más baja, cayó del 14 al 12%, en Asia del 20 al 13% y en Africa, del 28 al 21%. En España, la caída de la sindicación ha seguido la senda de los paises occidentales, aunque mantenemos una afiliación sindical menor. Según los últimos datos publicados por la OCDE, la tasa de afiliación en Occidente cayó del 20,9% en el año 2000 al 15,8% en 2020.En España, cayó del 17,5% (2000) al 12, 5% (2020), una tasa de afiliación sindical muy inferior a la de Italia (32,5%), Reino Unido (23,5%) y Alemania (16,3%) pero superior a la de Francia (10,8%) y Estados Unidos (10,3%), muy lejos todos de la tasa de afiliación sindical de Dinamarca (67%) y Suecia (65,2%).

En España, la reforma laboral de Rajoy (2012) fue la puntilla a los sindicatos, que habían aumentado su sindicación a un máximo del 18,2% en 2011. Por un lado, se fomentaban los convenios de empresa, donde hay menos presencia sindical, frente a los de sector. Y por otro, se flexibilizaba la contratación, lo que precarizaba el empleo y desalentaba a los trabajadores más vulnerables a sindicarse. Y en paralelo, las empresas han ido reduciendo el número de convenios a negociar, lo que ha debilitado aún más a los sindicatos: si en 2013 se firmaron 2.502 convenios colectivos (que afectaron a 5,2 millones de trabajadores), en 2019 fueron  1.725 convenios (3 millones de trabajadores), 928 convenios en 2020 (1,6 millones de trabajadores) y 1.024 convenios firmados en 2022 (cubriendo sólo a 2.762.887 trabajadores, de 20,4 millones), según las estadísticas de Trabajo.

Esta reforma laboral y las sucesivas crisis han debilitado a los sindicatos en España (y en toda Europa): Comisiones Obreras (CCOO) dice tener algo más de 1 millón de afiliados, UGT otros 983.521 afiliados, CSIF (funcionarios) unos 200.000 y USO otros 125.000, lo que da un total de afiliados (contando el resto de sindicatos) que ronda los 2,5 millones de trabajadores, frente a un total de 17.371.000 asalariados. O sea, que están afiliados a un sindicato 1 de cada 7 trabajadores, una minoría. Y muchos están concentrados en grandes empresas (de la industria y la construcción) y en la Administración pública, generalmente mayores de 40 años. CCOO es el sindicato con más delegados desde los años 90: en 2019 ganó las elecciones sindicales por 7ª vez, con 97.086 delegados (35,43%), seguido de UGT (87.663 delegados, el 31,99%) y, a muchísima distancia, están USO (11.557 delegados, el 4,21%), CSIF (10.605 delegados, el 3,87%) y la CGT (5.557 delegados, el 2% del total).

Los sindicatos españoles, aparte de ser más débiles, tienen problemas económicos, les cuesta sobrevivir con las cuotas de los afiliados (13,70 euros al mes de media pagan en UGT). En 2013, el gobierno Rajoy congeló las subvenciones a los sindicatos, hasta 2020 en 8,88 millones anuales. En 2021, el nuevo Gobierno subió la subvención a 13 millones (a repartir entre 162 sindicatos, aunque los 10 grandes se llevan el 94%). Y en 2022, la subvención estatal subió otra vez, a 17 millones, los mismos concedidos para 2023, según un reparto que se hace por representatividad :CCOO se lleva 5,28 millones, UGT 2,7 millones, USO 611.000 euros, CSIF 570.000, el vasco ELA-STV 480.000 y la CGT 308.000). Pero además de esta subvención anual, los sindicatos reciben otras subvenciones públicas que son “menos transparentes”: por cursos de formación, por asistir a reuniones de organismos públicos donde participan, Fondos UE para digitalización, etc.

Los sindicatos se enfrentan a tres problemas para crecer y sobrevivir. Uno, que el 99% de las empresas españolas son pymes y les resulta más difícil conseguir afiliados y negociar convenios y condiciones laborales: en la gran mayoría no existen ni delegados de personal ni Comités de empresa. El 2º problema es que un 76% de la economía y el empleo en España están en los servicios, en el turismo, la hostelería, el comercio y las plataformas de Internet, con los trabajadores muy dispersos y empleos más precarios, poco proclives a sindicalizarse. Y el tercer problema, el más serio, es que los jóvenes se afilian mucho menos que sus padres: lo ven poco útil e incluso “peligroso” para mantener su precario empleo. Y, además, no está valorado socialmente. De ahí que tanto UGT como CCOO lleven años haciendo campaña entre los trabajadores más jóvenes y de plataformas (“riders, por ejemplo).

Enfrente, los sindicatos españoles tienen una patronal, la CEOE, cada vez más fuerte. Según sus datos, la integran “voluntariamente” 2 millones de empresas y autónomos, de los 3,3 millones afiliados a la Seguridad Social. Participan a través de las organizaciones provinciales o sectoriales en las que se integran, que son las que les cobran las cuotas y transfieren una parte a la CEOE central. Se estima que la cuota de una  patronal autonómica ronda los 3.000 euros al año. Con estas cuotas de las organizaciones, más las aportaciones de grandes empresas, la patronal se financia y presta servicios. En 2022, su Presupuesto público refleja unos ingresos de 14.649 millones y unos gastos de 14.548 millones  La patronal no recibe subvenciones presupuestarias como los sindicatos, pero la realidad es que también ingresan dinero público por impartir cursos de formación, asistencia a reuniones de órganos consultivos y Fondos UE para digitalización.

En los últimos años, la patronal CEOE, presidida por Antonio Garamendi (elegido en 2018 y reelegido en noviembre de 2022) se ha lanzado a una agresiva campaña de captación de nuevos socios, con el doble objetivo de ganar fortaleza (económica y empresarial) y reforzar su labor de “lobby” (grupo de presión) ante el Gobierno, el Parlamento español, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Ha pasado de integrar a 373 organizaciones en 2018 (174 empresas y 199 organizaciones) a 510 en marzo de 2023 (263 empresas y 247 organizaciones), aumentando su representatividad  y sus actividades.

Este fortalecimiento institucional de la patronal CEOE coincide con una mayor politización de su directiva, con fuertes críticas al Gobierno Sánchez y un cambio de actitud ante la concertación social: apoyaron la reforma laboral en 2021 pero estuvieron en contra de las últimas subidas del Salario Mínimo y de la reforma de las pensiones, que el Gobierno ha aprobado en 2023 sólo con el apoyo sindical. Y la dirección de la CEOE defiende posturas socioeconómicas más a favor del PP y de Feijóo (tras un cierto distanciamiento con Casado). De hecho, Garamendi se ha rodeado de múltiples dirigentes del PP, que ocupan cargos importantes en la patronal CEOE: en plena pandemia fichó a Fátima Báñez (ex ministra de empleo de Rajoy) como presidenta de la Fundación CEOE, Iñigo Fernández de Mesa (ex Secretario de empleo con Rajoy) fue fichado en 2019 como presidente del Centro de Estudios de la CEOE, Pilar González de Frutos (ex directora general de Seguros con Rajoy) es vicepresidenta de la patronal, Gregorio Izquierdo (ex director general del INE con Rajoy) es Director del Departamento de Economía de la CEOE, y Rosa Santos (ex senadora del PP) es Directora de Relaciones Laborales de CEOE. El último “fichaje” de Garamendi, a principios de 2023: José Luis Ayllón (ex jefe de gabinete de Rajoy) como Director del Departamento de Asuntos Públicos y Relaciones con las Cortes de la CEOE, la cabeza del lobby…

Este mayor poder institucional de la CEOE y su creciente “derechización” han provocado que España pierda un gran activo, la concertación social entre sindicatos y patronal, que se mantuvo en las crisis de 2008 y durante la pandemia. En mayo de 2022, la patronal CEOE se levantó de la mesa donde negociaba con los sindicatos las subidas salariales de los próximos años. Su argumento fue que los sindicatos querían “saltarse una línea roja”, al pretender incluir en los futuros convenios una cláusula de revisión salarial ante posibles desviaciones de la inflación. La postura de los sindicatos era que la patronal había aprovechado la reforma laboral de Rajoy y las crisis para privar a los trabajadores de esta cláusula de defensa del poder adquisitivo, que antes era habitual: en 2008 la tenían el 70% de los trabajadores con convenio y en 2022 la tenían sólo el 21% (1,9 millones de trabajadores). Ahora, sólo 11 de cada 100 asalariados tienen cláusula de revisión salarial.

El Gobierno Sánchez pidió en varias ocasiones a la patronal, a lo largo de 2022, que se sentara de nuevo a negociar “un pacto de rentas”, para acordar un reparto equitativo de salarios y márgenes empresariales. Y los sindicatos pidieron lo mismo, infructuosamente, lo que se ha traducido en muchos convenios estancados y trabajadores que no revisan su sueldo desde 2021. Este desacuerdo contrasta con años de concertación social entre sindicatos y patronal, que han sido “un ejemplo en Europa: el primer acuerdo salarial se firmó en 2010 (para 2010-2012) y después se han firmado tres acuerdos salariales más, el último el IV AENC en julio de 2018 (para 2018.2020). Pero en 2021 no se pudo (por la pandemia) y en 2022, la CEOE rompió la negociación.

Ahora, coincidiendo con el 1º de mayo, los sindicatos han perdido la paciencia y dan un ultimátum a la CEOE: o se sientan a negociar antes del verano las futuras subidas salariales o convocarán movilizaciones. Los sindicatos proponen unas subidas salariales que parecen bastante “razonables”: +5% de subida en 2022 (frente al 8,4% que subió la inflación), +4,5% en 2023 (frente al 4,3% de inflación que prevé el FMI) y +4,75% en 2024 (frente al 3,2% de inflación prevista). En total, una subida de +14,25% en tres años, incluso por debajo de la inflación real y prevista (+15,8%). Eso sí, en todos los casos defienden clausulas de revisión que compensen subidas extras de la inflación (en todo o en parte). Y están dispuestos a reajustar las subidas según los resultados de las empresas.

Los sindicatos creen que son subidas “justas”, dado que los trabajadores llevan dos años perdiendo poder adquisitivo: en 2021, la inflación media subió un +3,08%, mientras los sueldos en convenio subieron un +1,5%. Y en 2022, la inflación media subió un 8,4%, frente al +2,78% que han subido los convenios firmados. Así que los trabajadores han perdido un -7,2% de poder adquisitivo entre 2021 y 2022. Mientras, las empresas están aumentando su cifra de negocio (+41,3% en 2022) y sus beneficios (crecieron un +91,3%), según los datos del Banco de España, que atestigua que la rentabilidad de los activos empresariales creció un 5,5% en 2022 y otro 4% en 2021.

El resultado es que, con esta nueva crisis, provocada por la inflación y la guerra de Ucrania, las empresas han mejorado su trozo de pastel en el reparto de la renta, en perjuicio de los trabajadores: los excedentes empresariales se llevaron en 2022 el 43,20% del PIB (frente al 40,91% en 2021 y el 41,08% en 2020) y los salarios se llevaron el 46,87% (frente al 48,48% en 2021 y el 49,79% en 2020), llevándose  el resto los impuestos (9,93%), según la Contabilidad Nacional del INE. Eso indica claramente, según los sindicatos, que las empresas han mejorado sus resultados a costa de los sueldos de los trabajadores. Y quieren corregirlo.

La patronal no ha respondido al ultimátum de los sindicatos ni dice si quiere volver a negociar. Lo que sí ha reiterado es que no acepta las cláusulas de revisión y que no quiere subir mucho los salarios con la excusa de que “eso alimentaría la inflación”. Pero eso contrasta con numerosos estudios (incluido el BCE), que culpan de la inflación actual a la subida de los márgenes empresariales y no a los salarios, que están estancados. Además, los economistas del FMI señalaron en enero que “se pueden subir los salarios sin que eso alimente la inflación”, lo que desmonta un viejo mito económico. Estos economistas han estudiado 79 periodos históricos, en 38 paises (incluida España) para analizar la relación salarios/precios en un contexto de inflación de costes como el actual. Y concluyen que la subida de salarios “no provocó una espiral de inflación”.

Ahora, se trata de recomponer la concertación social y pactar unas subidas de salarios razonables, que son necesarias por justicia y por economía. Por justicia, porque los sueldos españoles son mucho más bajos que en Europa: 17,5 euros la hora, un 31% menos que en la zona euro (25,5 euros), un 42% más bajos que en Alemania (30,3 euros), un 37% menos que en Francia y un 17,5% menos que en Italia (21,2 euros), según Eurostat. Y por economía, porque hace falta subir los sueldos (sobre todo los más bajos: el 30% gana menos de 1.366 euros brutos al mes) para reanimar el consumo de las familias (lleva cayendo 6 meses, según el INE) y ayudar al débil crecimiento previsto para 2023 (+1,5%). Así que la patronal debe negociar y repartir parte de sus beneficios.

Además, las empresas españolas deberían reformar la organización laboral, mejorando la “democratización del trabajo”, otra de las prioridades de los sindicatos para el 2º semestre europeo que dirigirá España. Se trata de conseguir unas empresas más sostenibles y donde se tenga más en cuenta la voz y la participación de los trabajadores, según los principios de una Directiva europea de Diligencia debida, aprobada por Bruselas el 23 de febrero de 2022 y que los sindicatos quieren que ratifique una Cumbre Europea este 2023. Se trata de cambiar el sistema de “gestión personalista”, del “ordeno y mando” empresarial por más trabajo en equipo y escuchando a los trabajadores. Algo cada vez más necesario, dado que un 40% de los trabajadores españoles (y el 54% de los jóvenes) manifiestan un descontento generalizado en su puesto de trabajo y estarían dispuestos a irse, por estrés, ansiedad, frustración o desmotivación, según la Encuesta realizada por Alan. Algo pasa en los trabajos: es hora de cambiar las viejas estructuras, mejorando condiciones y trato, no sólo el sueldo. Debería ser una reflexión para todos este 1º de mayo.

Queja patronal: les faltan trabajadores

El reelegido presidente de la patronal ha dicho que la falta de trabajadores será   “el principal problema para las empresas en 2023”. No la inflación, la energía, la subida de tipos o la temida recesión…: la falta de trabajadores, sobre todo cualificados. Y se queja de que las empresas tienen que “gastar más para retener el talento”. Oculta Garamendi que España es el país europeo con menos empleos “vacantes”. Y olvida decir que las empresas apenas gastan en formación, que cada año queda sin gastar la mitad del dinero para formar trabajadores y parados y que apenas hay empresas que impartan formación dual en FP. Tampoco dice que un tercio de asalariados están “sobrecalificados”, trabajan en puestos donde les sobra formación porque no les ofrecen otros. Menos “culpar” a los trabajadores y más aumentar el gasto empresarial en formación, reformar las oficinas de empleo y los cursos de formación y colaborar con la FP y la Universidad para una enseñanza dirigida al empleo. Ganarían ellos y todos.

Enrique Ortega

La queja de Garamendi se produjo en la presentación de un informe, elaborado por la patronal CEOE y Randstad, sobre cómo ven las empresas españolas 2023. Y lo primero que sorprende, ante el pesimismo económico reinante, es cómo se ven esas empresas hoy: casi 8 de cada 10 empresas encuestadas se ven “recuperadas” respecto a 2019 (15% plenamente recuperadas y otro 64% en buena situación, quedando sólo un 21% sin recuperar todavía). De cara a 2023, un año muy difícil en toda Europa, el 48% de las empresas creen que la situación española empeorará. A pesar de ello, 2 de cada 3 empresas contratarán nuevos trabajadores el próximo año. Y para contratar, lo que más preocupa a la mayoría  (53% empresas) es “el déficit de talento”, la falta de trabajadores, sobre todo cualificados, y el esfuerzo que tendrán que hacer para evitar que los mejores trabajadores se vayan (rotación). Esto es lo que hace decir al presidente de la patronal que “en España no hay trabajadores y muchas pymes están en riesgo de desaparecer” por ello y por el gasto que exige retener trabajadores.

El empleo lleva creciendo 28 meses, desde junio de 2020 (+1.928.500 empleos), tras lo peor de la pandemia, pero la patronal lleva todo este tiempo quejándose de que “no encuentran trabajadores”: el sector de la construcción habla de un déficit de 700.000 trabajadores, los empresarios del campo indican que les faltan entre 50.000 y 100.000 temporeros,  la patronal del transporte señala un déficit de 10.000 a 15.000 camioneros y los empresarios del turismo y la hostelería reiteran que no encuentran personal formado para cubrir unos 50.000 empleos. Y sobre todo, se quejan de que faltan “trabajadores cualificados”: hay 120.000 empleos digitales sin cubrir, según la Asociación Digital ES.

Sin embargo, este presunto déficit de empleos apenas se registra en las estadísticas: sólo había 145.053 empleos “vacantes” en junio de 2022 (el último dato del INE), pocos más que antes de la pandemia (101.009 empleos vacantes). Y de ellos, sólo se contabilizan 5.252 vacantes en la construcción (1.055 menos que a finales de 2021), 9.653 en la industria y 130.147 en los servicios (18.888 en la sanidad, donde las vacantes se han duplicado), 14.153 en el comercio, 9.257 en la hostelería y 3.382 en el transporte), según la EPA, que no recoge las vacantes en el campo. Las vacantes se dan más en las empresas pequeñas y medianas, especialmente en Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana.

Sorprenden las reiteradas quejas de la patronal sobre la falta de trabajadores cuando España es el país europeo con menos porcentaje de empleos vacantes, lo que parece lógico dado que tenemos el doble de paro que el resto del continente: tenemos un 0,9% de empleos por cubrir (145.053), igual que Rumanía y Bulgaria, muy lejos del porcentaje de empleos vacantes de la UE-27 (el 3%), de Holanda (5,1%), Bélgica (5%), Alemania (4,9%), Suecia (3,6%), Francia (2,4%) e Italia (2,3%), según los datos de Eurostat. Y EEUU tiene el 6,2% de empleos vacantes, por la enorme rotación y su bajísimo desempleo (3,7%).

¿Por qué  hay empleos sin cubrir? “La falta de trabajadores tiene mucho que ver tanto con la aptitud como con la actitud”, señaló hace unos días Antonio Garamendi, presidente de la patronal CEOE, “culpando” así a los trabajadores de estar poco formados (“aptitud”) y de estar poco dispuestos a trabajar (“actitud”). Pero sindicatos y expertos creen que hay otras causas. La  primera y fundamental, los bajos salarios y las pésimas condiciones laborales en algunos empleos, que disuaden a los trabajadores. No es casualidad que los sectores donde dicen que faltan trabajadores sean los que cobran sueldos inferiores a la media (25.165 euros brutos anuales): hostelería (14.136 euros), construcción (23.104 euros) y transporte (25.033 euros), según la última estadística de salarios del INE (2021). Y que estos trabajos tengan además horarios más largos y se hagan muchas horas extras sin cobrarlas (11% trabajadores en hostelería, 9% en construcción y transporte, según un informe de CCOO), sin olvidar las penosas condiciones de trabajo de los temporeros del campo. Y también influye el elevadísimo coste de los alquileres, que hace que sea muy difícil encontrar trabajadores en  Baleares, Barcelona, Madrid y Comunidad Valenciana. También influye, en la construcción, la práctica de la subcontratación en cascada, que deja a las empresas en manos de subcontratas que no cuidan su oferta laboral.

Lo que sí resulta un problema evidente es la falta de algunos empleos cualificados: analistas de datos, expertos en ciberseguridad e inteligencia artificial, digitalización y robótica, desarrolladores de software, consultores TIC, especialistas en redes, diseñadores de producto, analistas y todos los expertos en energías alternativas y medio ambiente, empleos donde 6 de cada 10 empresas tienen problemas para encontrar trabajadores, según Manpower. Y aquí se plantea el 2º gran problema señalado por la patronal para 2023: las empresas tendrán que gastar más para retener el talento, para evitar que los trabajadores se vayan. Ya se lo dijo Biden hace meses a sus empresarios: “Páguenles más” (“Pay more them”). Es lo mismo que les ha dicho en España la ministra Yolanda Díaz y los sindicatos.

Sobre todo porque España tiene unos bajos salarios, que dificultan “atraer y retener talento”: el coste laboral es de 22,9 euros por hora, un -21,3% inferior a la media de la UE-27 (29,1 euros), un  -30,2% inferior a la zona euro, y un -38% inferior al coste laboral en Alemania (37,2 euros) y Francia (37,9 euros), quedando también por debajo de Italia (29,3 euros por hora), según los datos de Eurostat (2021). Y esa son medias, porque 4 de cada 10 trabajadores ganan menos de 1.000 euros al mes, según la Agencia Tributaria.

Pero la solución para encontrar trabajadores cualificados no es sólo pagarlos más: es que hay pocos. España tiene un problema estructural e histórico de baja formación de los adultos: un 36,1 % de los españoles (25 a 64 años) tienen “baja formación” (ESO o menos), el doble que la media europea (16,4% de los adultos) y casi el triple que Alemania (sólo 14,7% adultos poco formados), según el Informe de la Educación OCDE 2022. Y si nos fijamos sólo en los jóvenes (25 a 34 años), persiste este problema de baja formación: tenemos un 27,7% de jóvenes con la ESO o menos, frente al 11,8% en Europa. Ambos datos indican que tenemos un problema de baja formación laboral, fruto de muchos años de abandono escolar. Y además, en España hay pocos jóvenes matriculados en Formación Profesional (12% frente al 25% en la UE-27 y el 40% en Alemania), estudios que son los más demandados por las empresas.

Y junto a este déficit de formación, vinculado a fallos en el sistema educativo, España tiene el problema contrario: un mayor porcentaje de universitarios que el resto de Europa (40,7% de los adultos frente al 38,3% en la UE y el 31,3% en Alemania. Y como la economía española está más centrada en los servicios (turismo, hostelería y comercio) y menos en la industria y las actividades innovadoras, la mayoría de nuestros universitarios (sobre todo los jóvenes) no trabajan en empleos cualificados, sino en  “lo que encuentran”. Y así, tenemos un país donde faltan trabajadores cualificados y a la vez, el 29,2 % de todos los asalariados del sector privado (ojo: 3.925.951 trabajadores)  están “subempleados”, están “sobrecalificados” para el trabajo que hacen (universitarios en un bar, un comercio o un supermercado). Y somos el tercer país europeo con este problema, que afecta al 38,8% de los jóvenes universitarios, frente al 24,1% de media en la UE y el 18,7% en Alemania.

Así que faltan trabajadores cualificados y sobran empleos poco especializados ocupados por personal cualificado. Un desajuste que sólo se puede corregir con la formación, desde la escuela y la Universidad a las empresas. Pero aquí chocamos con dos problemas. Uno, que la educación ha estado al margen de las necesidades de las empresas durante demasiados años. Y el otro, que las empresas españolas (que ahora se quejan) no se han preocupado por la formación de sus trabajadores. Primero, porque gastan en la formación de sus empleados la mitad que en Europa y la tercera parte que en EEUU, según la consultora Élogos. Y además, la mayor parte de esta formación la hacen las grandes empresas, mientras las pymes (el 99%) sólo hacen el 10% del total. Y segundo, porque las empresas españolas han reducido a la mitad su gasto en formación en la última década: gastaron un máximo de 110,95 euros por trabajador en 2011, bajaron a 99,88 euros en 2014 y ha seguido cayendo hasta los 60,51 euros en 2021, según la última encuesta de coste laboral del INE. Y esa caída es más llamativa si la vemos en porcentaje del coste de un trabajador: si en 2011, las empresas dedicaban a formación el 0,35% del coste laboral, ahora es el 0,18%.

El problema no es sólo que las empresas gasten poco en formación. Es que además, el sistema vigente para formar a los trabajadores y parados no funciona. Existe una cuota de formación que pagan cada año las empresas (0,6% de las nóminas) y los trabajadores (0,1%), para destinar estos recursos (2.200 millones de euros) a formar parados (la mitad del dinero, que gestionan las autonomías y sus oficinas de empleo) y trabajadores ocupados (una parte a través de las autonomías y la SEPE, y la mayor parte gestionado por la Fundae, una Fundación tripartita (patronal, sindicatos y Estado), que ofrece cursos gratuitos y financia cursos que hacen las empresas. El problema es que la mitad del dinero que gestiona la Fundae no se gasta en formación (sólo 513 millones de los 968 asignados en 2021), bien porque las empresas no solicitan cursos (son desconocidos y muchos son muy generalistas y poco atractivos), bien porque tienen que adelantar el 40% del importe y tardan en recuperarlo, o bien por no dar permisos retribuidos para hacerlos a sus empleados.

El problema es tal que sólo entre 2015 y 2020 se han quedado sin gastar 2.635 millones de las cuotas pagadas por empresas y trabajadores para formación, según datos del Ministerio de Trabajo. No pasa  sólo con los cursos de la Fundae, sino que tampoco la SEPE y las autonomías gastan lo que tienen para formar a los parados. Y las empresas muestran tan poco interés como que en 2021, sólo 322.767 empresas hicieron cursos subvencionados, el 10% de las existentes. Y se formaron 4.841.385 trabajadores, un tercio del total de asalariados del sector privado. 

Así que las empresas se quejan de que no encuentran trabajadores cualificados y no se quejan del desastre de la formación con sus cuotas (el sistema lo reformó el PP, en 2015, pero sigue sin funcionar). Y tampoco funcionan los cursos para parados que hace el SEPE: solo 65.389 desempleados (el 2%) hicieron cursos en 2021, según el SEPE. Urge reformar el sistema y las oficinas de empleo (SEPE), para que trabajadores y parados hagan los cursos ligados a los empleos para los que no se encuentran trabajadores (construcción, transporte, hostelería y turismo) y para mejorar la cualificación de los trabajadores que han de reciclarse.

En paralelo, hay que volcar la enseñanza, de la escuela a la Universidad, y sobre todo la Formación Profesional, hacia los empleos del futuro, lo que exige dotar de medios, centros y profesores (este curso, ha habido una falta de más de 50.000 plazas en Centros públicos de FP, sobre todo en  Madrid y Cataluña). Y ahora que existe una Ley para promover la Formación Profesional (entró en vigor el 20 de abril de 2022), es fundamental que las empresas colaboren, porque se ha puesto en marcha la FP dual, que supone derivar a las empresas una parte de la formación de los alumnos (entre un 25 y un 35% a nivel general y del 35 al 50% en los cursos intensivos). Eso exige que las empresas organicen programas de formación y tutores, lo que les supone medios, costes y tiempo (que recuperarán si contratan luego a los alumnos formados). El problema que se está dando este curso, el primero con la nueva Ley de FP, es que los Centros no encuentran empresas colaboradoras. Un ejemplo: en Aragón hay apuntadas a la formación dual 252 empresas, de un censo de 88.000. Y luego se quejan de falta de trabajadores cualificados…

Además de mejorar la formación, para conseguir los trabajadores formados que hacen falta, hay que mejorar las relaciones laborales, no sólo los salarios y condiciones de trabajo, sino también “el trato” y la consideración al trabajador, que muchas veces se siente “poco integrado”.  Porque todavía hay demasiadas empresas con una gran rigidez y escasa flexibilidad laboral, donde los trabajadores no se sienten cómodos y eso facilita que se vayan a otra empresa, no siempre por dinero. De hecho, más de la mitad de los trabajadores (un 54%) se sienten “desmotivados” en su trabajo, según el último informe Hays 2022. El primer motivo de descontento es el sueldo (que lleva años perdiendo poder adquisitivo, un -4,6% este año, el doble que la media en la OCDE), pero también se señalan otros factores: tipo de contrato, horario, falta de flexibilidad y conciliación laboral, tener un jefe "tóxico", no poder tener una carrera laboral en la empresa o sentirse discriminado laboralmente. Razones que están detrás de los cambios de trabajo y del “pasotismo” del que se queja Garamendi.

En definitiva, no tenemos tanto un problema de empleos vacantes como de empleos que muchos no quieren por su baja remuneración y su dureza. Y sí tenemos un problema grave de falta de trabajadores cualificados, que exige modificar el sistema educativo, potenciar la FP y, sobre todo, apostar por la formación y cualificación permanente de empleados y parados. Una tarea en la que las empresas necesitan gastar más en formar a sus trabajadores ante las nuevas exigencias tecnológicas. Menos "culpar” a los trabajadores y más arrimar el hombro para conseguir una mano de obra preparada y competitiva. Ganarían ellos y todos.