Más dependientes en lista de espera

Si hay un problema en España que “clama al Cielo” es que haya multitud de dependientes (mayores) que tienen reconocida legalmente una ayuda y no la reciben porque las autonomías no tienen dinero. Así , estaban en “lista de espera” 269.854 dependientes a finales de 2019, 19.817 más que un año antes. Y lo más grave: como muchos son ancianos, 85 de estos dependientes “en espera” se mueren cada día sin que les llegue la ayuda a la que tienen derecho. Una situación que se arrastra desde hace más de una década pero que se agravó en 2019, al no aprobarse un nuevo Presupuesto que incluía más fondos para la Dependencia. Ahora, el Gobierno estudia aumentar estos recursos en los Presupuestos 2020 y las autonomías buscan salir del paso con “trucos” para retrasar las ayudas y aumentar los servicios “low cost” (atender a más con menos). Urge acabar de una vez con estas “listas de espera” de la Dependencia, que son una vergüenza con nuestros mayores.

enrique ortega

En enero, la Ley de Dependencia cumplió 13 años, con el mismo problema con que nació en 2007: la falta de recursos. Un lastre original, agravado después por los recortes del Gobierno Rajoy, que no creía en ella (“la Dependencia no es viable”, declaró en 2011), y de las autonomías gestionadas por el PP. Un problema continuado de falta de recursos y agravado en 2019, al no aprobarse el Presupuesto preparado por el Gobierno Sánchez, que incluía una partida extra de 830 millones para la Dependencia, perdidos al rechazarse las cuentas y caer el Gobierno. Ahora, la situación es insostenible, a la espera de que el nuevo Gobierno prepare un Presupuesto 2020 con más recursos y consiga aprobarlo.


La Dependencia, el cuarto pilar del Estado del Bienestar (sanidad, educación, pensiones y ayudas a los dependientes) ha sido un éxito si contamos los españoles que han solicitado una ayuda porque no pueden valerse por sí mismos: a finales de 2019 eran ya 1.894.744 solicitantes, el 4,03% de la población, según el IMSERSO. Y no paran de crecer año tras año, como corresponde a uno de los paises más envejecidos de Europa. La “presión” de los dependientes es desigual por autonomías, según su demografía. La que tiene más “tensión” es Castilla y León (6,09% de la población ha solicitado ayuda), precisamente la autonomía que mejor gestiona y atiende la Dependencia. Y la que tiene menos “tensión”, menos solicitudes, es Canarias (2,60% de la población solicita ayuda), precisamente la autonomía que peor gestiona y atiende la Dependencia, junto a Cataluña, la Rioja y Andalucía.


La gestión de estas solicitudes de ayuda a la dependencia la hacen las autonomías, que tienen un grave problema de falta de recursos, tras los múltiples recortes aprobados por Rajoy a partir de 2012. De hecho, el Estado central ha recortado su aportación al pago de la Dependencia en 5.000 millones de euros entre 2012 y 2018, según los cálculos de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Así que las autonomías han tenido que hacer frente a un fuerte aumento de las solicitudes con menos recursos del Estado y teniendo que poner ellas más dinero, que no les llegaba. El resultado es que han buscado cómo atender a muchos más dependientes sin tener recursos suficientes. Y lo han intentado con cuatro “trucos”, cuatro maniobras que han sufrido los dependientes y sus familias. 


El primer “truco” para paliar la escasez de recursos ha sido retrasar la resolución de los expedientes, “embolsar” las solicitudes, tardar lo más posible en reconocer a los dependientes sus ayudas para retrasar así su pago. Si el plazo legal para resolver las solicitudes de Dependencia es de 180 días, el plazo medio que se tardaba en 2019 eran 426 días, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y además, la mayoría de autonomías tardan mucho más, como Canarias (785 días), Extremadura (675), Andalucía (621) o Cataluña (576 días). De hecho, sólo 5 autonomías cumplen el plazo legal: Ceuta (70 días), Melilla (170), País Vasco (137) Navarra (155) y Castilla y León (191 días).


Gracias a este “truco” de retrasar la resolución de los expedientes, cada año hay más expedientes pendientes de resolver, ayudas que se retrasan (y se “ahorran”). Así, los expedientes pendientes de valoración han pasado de 120.213 a finales de 2017 a 159.193 a finales de 2019, el 8,4% de los expedientes totales. Pero además, hay autonomías que lo hacen mucho peor, para “ahorrar” más. El dato más escandaloso es el de Canarias, que tenía un 28,69% de los expedientes pendientes de valoración (más del triple que la media española), seguida de la Comunidad Valenciana (15,81% expedientes pendientes), Murcia (13,58%), Asturias (13,51%), Extremadura (12,71%) y Andalucía (11,95%). Solo tienen menos del 1% de expedientes pendientes Galicia, Madrid, País Vasco y la Rioja, según las estadísticas de 2019 publicadas por el IMSERSO.


Resuelto el expediente, cada autonomía decide el grado de Dependencia del solicitante (Grado I los menos dependientes, Grado II, y Grado III los dependientes severos) o si no le otorgan grado ni por tanto derecho a una ayuda (350.514 solicitudes a finales de 2019). Y así, de los 1.894.744 solicitantes que teníamos en 2019 pasamos a 1.385.037 que legalmente eran beneficiarios de alguna ayuda, según su grado de dependencia. Pero no hay dinero para atender a todos y las autonomías aplican el segundo “truco” o filtro para ahorrar: las “listas de espera”, dejar a una parte de estos beneficiarios pendientes de recibir las ayudas sin un plazo prefijado.


Desde el principio, el sistema de la Dependencia ha tenido “listas de espera”: 213.896 en 2008 (2º año de la Ley), 305.941 esperando en 2011 (el primer “récord”), bajó a 148.002 en 2014, subió a 384.309 en 2015 (récord absoluto, al empezar a recibir ayuda ese año los dependientes de Grado I) y, a partir de ahí, los dependientes en espera bajaron año tras año, hasta 250.037 en 2018. Pero en 2019 aumentaron en 19.817 dependientes más, por primera vez desde 2015, hasta llegar a 269.854 dependientes en lista de espera, 1 de cada 5 beneficiarios con derecho a ayudas (el 19,48%), según el IMSERSO, debido al aumento de solicitudes y beneficiarios mientras el Estado central estaba sin nuevos Presupuestos (prorrogados los de Montoro de 2018) y las autonomías estaban asfixiadas financieramente por el retraso en transferencias del Estado.


Pero aquí tampoco hay uniformidad entre autonomías, porque hay algunas que gastan más y gestionan mejor, con lo que apenas tienen lista de espera mientras en otras se ha disparado. Así, Castilla y León vuelve a ser la que mejor lo hace, con sólo un 1,50% de sus dependientes (1.593) en lista de espera, junto a Ceuta (1,72%). Le siguen Navarra (5,71% en lista de espera, 5.822 dependientes), Melilla (7,11%), Castilla la Mancha (8,66%, 5.895 dependientes) y Galicia (12,06%, 8.456 dependientes). Los líderes de la lista de espera son Cataluña (31,71% dependientes reconocidos no reciben ayuda: 76.253 dependientes), Canarias (27,88%, 9.040 dependientes), La Rioja (27,34%, 3.116 dependientes), Andalucía (25,11%, 73.871 dependientes), Asturias (21,56%, 5.794 dependientes) y Extremadura (20,3%, 7.206 dependientes), segúnlos datos del IMSERSO.


Pero los “ahorros” en la Dependencia no terminan aquí. Un tercer “truco” de las autonomías para rebajar su gasto es reducir más la lista de espera de los Dependientes moderados (Grado I), cuya atención es más barata, y reducir menos la lista de espera de los Dependientes medianos (Grado II) y graves (Grado III), más caros de atender. Al final, lo importante es “vender” al público que reducen las listas de espera globales. Los datos del IMSERSO son muy explícitos: entre 2015 y 2019, las listas de espera de los dependientes moderados (Grado I) han caído un -43,2% (de 277.959 a 156.579 a finales 2019), mientras las listas de espera de los dependientes medianos y graves (Grado II y III) han crecido un +6,5% (de 106.323 a 113.275 a finales de 2019). Eso sí, publicitan que las listas de espera globales han bajado un -29.78% (de 384.326 a 269.854). Y los que sufren este “truco” son los dependientes en peor estado y sus familias, que ahora son incluso más esperando.


Y para terminar, el cuarto “truco” de las autonomías para frenar el gasto imparable en la Dependencia: atender a más con lo mismo, gastando menos con prestaciones “low cost”, para que “cunda” más un dinero escaso. Lo primero que han hecho las autonomías es reducir las ayudas económicas que se conceden a las familias para que cuiden a sus dependientes en casa (una prestación entre 625 y 833 euros en Madrid, según el grado de dependencia): si en 2011 suponían el 45,53% de todas las ayudas a la Dependencia que se daban en España, en 2019 eran sólo el 30,26% de las ayudas, según el IMSERSO. Y también han bajado las ayudas para que los dependientes estén en residencias (la ayuda más “cara”, ya que aporta el 60% del coste de una residencia pública, unos 600/700 euros mensuales): eran el 14,87% de todas las ayudas en 2011 y suponían el 12,10% en 2019. En cambio, ha subido el peso de las ayudas más baratas, de los servicios “low cost”, como la ayuda a domicilio (del 12,92% en 2011 al 17,74% en 2019), aunque se han reducido las horas mensuales (a 54 horas para los dependientes Grado III), y la teleasistencia, la ayuda más barata (40 euros al mes) que tienen ya el 17,48% de los dependientes y muchos más en Andalucía (30,6% de las ayudas), Madrid (26,56%), País Vasco (20,93%) y Baleares (20,83%), según el IMSERSO. 


Y falta hablar de la última moda en ayudas “low cost” a la dependencia, la “prestación económica vinculada al servicio”, un cheque que reciben las familias (entre 300 y 833 euros en Madrid) para que financien el servicio que quieran. Esta ayuda, que es una forma de “privatizar la dependencia”, supone ya el 10,73% de todas las prestaciones, pero hay autonomías donde es la ayuda más utilizada, como en Castilla y León (29,48% dependientes), Extremadura (al 43,98%), o la 2ª más usada, como en Canarias (20,16% dependientes), la Comunidad Valenciana (16,80%) y Aragón (16,36%) o la 3ª más usada, como en Galicia (12,66% dependientes), según los datos del IMSERSO.


Al final, la falta de recursos de las autonomías provoca una atención a la dependencia de baja calidad y con 269.854 dependientes, 1 de cada 5 dependientes reconocidos que no reciben ayuda. Y esto tiene dos consecuencias. La primera y más grave que 31.000 dependientes en lista de espera se murieron en 2019 sin recibir la ayuda, dado que el 54% de los solicitantes tienen más de 80 años. Eso significa que cada día mueren 85 dependientes con derecho reconocido sin que les llegue la ayuda, según la estimación de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, otra manera brutal de “ahorrar”. Pero además, hay otra pésima consecuencia de las listas de espera: las familias tienen que afrontar en solitario el cuidado del dependiente, lo que implica que las mujeres (en un 75% de los casos) tengan que dejar su trabajo o compatibilizarlo con cuidar a su padre, marido o hijo dependiente hasta que reciba ayudas. Y a veces también después, con un pequeño “sueldo”, mientras su Seguridad Social (que dejó de pagar Rajoy en 2012) la paga ahora el Estado, gracias a un decreto aprobado por el Gobierno Sánchez en marzo de 2019.


El panorama de la Dependencia no puede ser más desolador. Y lo peor es que, a este ritmo, se tardaría 4 años y medio en suprimir las listas de espera, un plazo en el que morirán sin recibir las ayudas otros 120.000 dependientes. Por eso, el sector pide al nuevo Gobierno un Plan de choque, para reducir en un año el 75% de las listas de espera (atender a 200.000 dependientes), lo que costaría 1.300 millones de euros, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Para ello, el Gobierno deberá incluir esa cifra en los Presupuestos 2020 y pactarla con los demás partidos, para que salga adelante (difícil).


Pero no basta con acabar con las listas de espera. Hay que aprobar un sistema eficiente de financiación a la dependencia, tras 13 años de escaseces, con 2 cambios claves: más dinero y una mayor aportación del Estado central, que se ha escaqueado desde los recortes de Rajoy en 2012. La Ley de Dependencia establece que la financiación pública del sistema se reparta al 50% entre el Estado Central y las autonomías. Lo sucedido es que el Estado ha recortado año tras año su aportación (-5.000 millones entre 2012 y 2019) y así, en 2018, sólo aportó el 16,7% de la financiación (1.348 millones), mientras las autonomías cargaron con el 83,3% del gasto público en dependencia (su parte fueron 6.707 millones). La propuesta del sector  (Directores de Servicios Sociales) es que se vuelva al 50%/50% (que el Estado ponga al menos 4.000 millones anuales) y además, aumentar la financiación total a la dependencia: si ahora nos gastamos 8.000 millones al año, gastar 2.700 millones más, no sólo los 830 millones extras que preveía el fallido Presupuesto 2019.Y eso, para reducir las listas de espera y afrontar el aumento de dependientes, que se van a duplicar de aquí a 2050, por el envejecimiento y la mayor esperanza de vida.


Cada vez hay más familias con dependientes y muchas sin medios para atenderlos con dignidad. Tenemos una Ley que les asegura ayudas pero no se han buscado recursos para pagarlas, con lo que hay 85 ancianos dependientes que mueren cada día sin recibir esas ayudas a las que tienen derecho. Es escandaloso. Es urgente arreglarlo y cumplir con estos mayores que han trabajado toda su vida por el país. Tiene que ser una prioridad de todos, al margen de la política y del déficit. Se lo debemos.

Los dependientes, en vilo por los Presupuestos

El próximo miércoles 13 de febrero se vota en el Congreso si los Presupuestos 2019 del Gobierno Sánchez siguen adelante o no. Si alguien estará pendiente serán las familias de 1,3 millones de ancianos y jóvenes dependientes, porque se juegan recibir 830 millones más este año y que 80.000 dependientes reciban la ayuda que esperan hace meses. Con o sin Presupuestos, la Dependencia necesita ayuda, porque cumple 12 años con recortes y falta de recursos. Y las autonomías, que pagan dos tercios de la Dependencia, no dan abasto y buscan “trucos” para atender a más dependientes, como ayudar más a los menos dependientes (más “baratos”) y extender los servicios “low cost” (teleasistencia y cheques por servicios) para atender “a más con menos”. Urge cumplir el Pacto por la dependencia, que todos los partidos (menos PP y PNV) firmaron hace 2 años, y acabar con las listas de espera, porque 100 ancianos mueren cada día sin recibir la ayuda reconocida. Es lo mínimo que les debemos a nuestros ancianos y discapacitados.

enrique ortega

En enero, la Ley de Dependencia ha cumplido 12 años, con el mismo problema con que nació en 2007: la falta de recursos. Un lastre original agravado después por el Gobierno Rajoy, que no creía en ella (“la Dependencia no es viable”, declaró 3 días antes de las elecciones de 2011) y empezó a aplicarla recortes sólo 9 días después de llegar a las Moncloa: dejó fuera del sistema a los dependientes moderados (hasta julio de 2015), recortó drásticamente la aportación del Estado a la dependencia (-2.865 millones entre 2012 y 2015) y aprobó un decreto de cambios profundos para facilitar a las autonomías (la mayoría gestionadas por el PP) un drástico recorte en el gasto en Dependencia: dejó de pagar la Seguridad Social a los 423.000 cuidadores familiares de los dependientes, les bajó un 15% su paga mensual (55 euros sobre 400), redujo servicios (ayuda a domicilio), simplificó los baremos (de 6 a 3, rebajando así las ayudas) y subió el copago a las familias.

En junio de 2015, con la llegada al poder de la izquierda en muchas regiones, los nuevos Gobiernos autonómicos intentaron paliar estos recortes. Y parece que el balance de la Dependencia ha mejorado. Los dependientes con ayudas han pasado en tres años de 796.109 (diciembre 2015) a 1.054.275 beneficiarios con prestaciones (diciembre de 2018). Y las “listas de espera”, los dependientes con derecho reconocido pero que no reciben todavía ninguna ayuda, se han reducido de 384.326 (diciembre 2015) a 250.037 (diciembre 2018), según los datos oficiales del IMSERSO. Pero esta “mejoría” de la Dependencia se ha conseguido a base de tres “trucos” que han utilizado las autonomías para conseguir atender a más dependientes con menos dinero, al haberse reducido drásticamente la aportación de la Administración Central a la Dependencia: 5.000 millones menos entre 2012 y 2018, según los cálculos de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

El primer “truco” ha sido retrasar en lo posible los expedientes, para responder las solicitudes más tarde y “ganar tiempo”: de hecho, a finales de 2018, había 128.568 solicitudes de ayuda de dependientes pendientes de estudiar y calificar. En otros casos, se ha revisado la calificación del dependiente (gran dependiente, severo o moderado), para intentar rebajar su grado y que sea “más barato”. En ambas situaciones, hay muchas familias que intentado reclamar, pero el Gobierno Rajoy les dejó un regalo a las autonomías: incumplió la disposición final séptima de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción social, y no permitió que las reclamaciones en cuestiones de Dependencia las vean los Juzgados de lo social, con lo que se ven en la jurisdicción Contencioso-Administrativa, más lenta y costosa. Y muchas familias tardan 2 y 3 años en conseguir una sentencia, a veces tardía: el dependiente ha muerto.

El segundo “truco” es más descarado: se busca atender a más dependientes “moderados” (grado I, que tienen derecho a una ayuda “más barata”) y menos dependientes grandes (grado III) y severos (grado II), cuya asistencia es más cara. Las cifras son clarificadoras. Entre 2015 y 2018, las “listas de espera” (dependientes con derecho reconocido pero que no reciben ayudas) se han reducido en 134.245 dependientes (de 384.282 esperando en 2015 a 250.037 a finales de 2018), según el IMSERSO. Y de estos 134.245 dependientes menos en espera, 126.000 son  dependientes moderados grado I (el 93,85%) y sólo 8.087 son dependientes moderados y grandes (grados II y III), según datos del propio IMSERSO. O sea, que si las listas de espera de la Dependencia se han reducido un 35% en los últimos tres años, la lista de los dependientes más graves (más “caros” de atender) se ha reducido un 7,6% y la de los dependientes moderados (más “baratos”) se ha reducido un 45,38%.

Y vayamos al “tercer truco”: atender a unos y a otros con servicios más baratos, low cost, para sacarle más partido al dinero escaso y que “cunda” más, que esos servicios “low cost” permitan atender a más dependientes. En este caso, lo que han hecho las autonomías es reducir las ayudas económicas que se conceden a las familias por cuidar a sus dependientes en casa (una prestación  entre 153 y 443 euros en Madrid, según el grado de dependencia): si en 2011 eran el 45,53% de todas las ayudas que se daban en España, en diciembre de 2018 eran sólo el 30,81% de todas las ayudas, según el IMSERSO. Y también han bajado las ayudas para que los dependientes estén en residencias (el servicio más caro), que han pasado del 14,87% de todas las ayudas en 2015 al 12,61% en 2018. En cambio, ha subido el peso de las ayudas “más baratas”, de los servicios low cost: la ayuda a domicilio (del 12,92% en 2011 al 17,86% en 2018, aunque en Galicia este servicio supone el 33% de todas las prestaciones y en Andalucía el 27%), la teleasistencia (la ayuda más barata: cuesta 38 euros al mes y la tienen el 17% de los dependientes, aunque en Andalucía la tienen el 31,5% y en Madrid la reciben el 25% de dependientes) y, sobre todo “la prestación económica vinculada al servicio”, un cheque que reciben las familias para que ellas financien el servicio que quieran. Esta ayuda, que supone una forma de “privatizar la dependencia”, supone el 10% de todas las prestaciones en España, pero hay autonomías donde tiene mucho peso (45,43% de todas las ayudas en Extremadura, 26,34% en Castilla y León o 17,27% en Canarias).

Son “tres trucos” que han permitido a las autonomías gestionar los recortes a la Dependencia y tratar de “dar más con menos”. Porque el culpable principal es la Administración central, que año tras año (sobre todo entre 2012 y 2015) ha aportado menos fondos a la Dependencia: si en 2009, la Administración central del Estado aportaba el 39,2% de toda la financiación, en 2012 aportó el 21,4%, en 2015 el 18,1% y en 2017 sólo el 16%, menos de la mitad. Y eso ha obligado a las autonomías a aportar mucho más (del 46,2% en 2009 al 61,3% en 2012 y el 63,5% de 2017) y a que las familias de los dependientes aporten también más, en forma de “copagos” crecientes: de costear el 14,7% de la Dependencia en 2009 han pasado a financiar el 17,2% en 2012 y el 20,5% en 2017, según los cálculos de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

En definitiva, que el Estado central, en este caso el Gobierno Rajoy, se ha ido retirando de financiar la dependencia. Y así, de los 7.458 millones de gasto público dedicado a ayudar a los dependientes en 2017, el 16,3% lo puso el Presupuesto del Estado y el 83,7% las autonomías, cada vez más faltas de recursos. Y además, se produce la desigualdad de que unas autonomías aportan más a la Dependencia (el País Vasco aporta el 88,2%, Navarra el 87,9%, Valencia el 87,6%, Extremadura el 87%, Baleares el 86,6% y Cataluña el 86,1%) y el resto, muchas gobernadas por el PP, aportan menos (75,3% Galicia, 77,2% Murcia, 79,3% Castilla y León o 79,8% Cantabria), según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

La consecuencia de esta “retirada del Estado central” del pago de la Dependencia es que todavía hay 250.037 dependientes (98.236 de ellos grandes y severos dependientes) que tienen reconocido legalmente el derecho a recibir una ayuda pero que no la reciben, porque las autonomías no tienen recursos para prestársela. Y están “en lista de espera”, en lo que se llama “el limbo de la Dependencia”. El problema además, es desigualmente grave, según las autonomías. Si en toda España, están en lista de espera el 19,17% de los dependientes con derecho reconocido (esos 250.037 en diciembre 2018), hay 5 autonomías donde son más de la cuarta parte: Cataluña (el 32,64% dependientes en espera), Canarias (29,27%), La Rioja (27,46%), Andalucía (26,14%) y Cantabria (22,98%). Y hay otras 5 regiones donde los dependientes en lista de espera son muy pocos: Castilla y León (el 1,55%), Ceuta (5,58%), Melilla (6,86%), Navarra (9,68%) y Castilla la Mancha (10,97%).

La peor consecuencia de estas abultadas listas de espera no es que las familias de los dependientes tengan que atenderles sin ayuda, sino que muchos dependientes mueren antes de que les llegue la ayuda, porque el 54% de los dependientes tienen más de 80 años (y dos tercios son mujeres), según el IMSERSO. De hecho, en 2017, 38.000 dependientes con derecho reconocido murieron antes de que les llegara la ayuda, más de 100 diarios, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y estiman que en 2019 morirán otros 30.000 ancianos dependientes antes de que les llegue la ayuda.

Los datos son lo suficientemente graves como para tomar medidas. Y la principal es que la Administración central aumente su financiación a la Dependencia, que aporte el 50% del gasto público (y las autonomías el otro 50%), como señala la Ley de Dependencia. Eso supondría que el Estado tendría que pagar a las autonomías, por cada dependiente, el doble de lo que se propone pagar este año 2019: 264,99 euros por dependientes grado I, 117,36 por dependientes grado II y 66,04 euros por dependientes grado I (moderados), según datos de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y además, habría que reformar el sistema de financiación autonómica, para que las autonomías pudieran cumplir con financiar el otro 50%, con más de lo que pagan ahora. Porque si no, puede pasar como en 2017: que el Presupuesto del Estado aportó 100 millones más para la Dependencia, pero como las autonomías no pudieron poner su parte, se “perdieron” 44 de esos 100 millones.

De entrada, conseguir estos mayores recursos debería ser posible, porque ya en diciembre de 2016 se firmó un Pacto de Estado por la Dependencia, apoyado por todos los partidos salvo el PP y el PNV. Y en diciembre de 2017, los mismos partidos lo renovaron, llegando el PSOE a presentar una proposición no de Ley, en abril de 2018, para conseguir más fondos y suprimir las listas de espera, proposición apoyada en el Congreso por 205 votos a favor, 130 en contra (PP) y 2 abstenciones. Pero como si nada: las listas de espera siguen ahí y 100  dependientes se mueren cada día sin ayuda. Al final, en octubre, el Pacto entre PSOE y Podemos contempló más dinero para la Dependencia, que se ha incluido en los Presupuestos para 2019: es la partida que más crece, un 59,3%, 830 millones más para mejorar las ayudas a los dependientes (515 millones) y pagar la Seguridad Social de sus familiares cuidadores (315 millones). En total, se estima que ello permitiría reducir la lista de espera en 80.000 dependientes (un tercio) y crear 18.500 empleos directos.

Claro que para eso, los Presupuestos 2019 tienen que aprobarse, algo difícil. Pero, con o sin Presupuestos, la Dependencia necesita apuntalarse, consolidarse. Y eso exige conseguir dos objetivos: terminar con las listas de espera (250.037) y poder hacer frente al futuro, donde el número de ancianos dependientes se va a duplicar para 2050 (según el CSIC), por el envejecimiento y el aumento de la esperanza de vida, lo que exige una financiación mayor y estable, al margen de los Gobiernos de turno. En total, harían falta unos 2.700 millones más al año, según los Directores y Gerentes de Servicios sociales, no los 830 que se proponen ahora. Y con ellos, España gastaría en Dependencia 9.800 millones al año (recuperando un tercio en empleo, cotizaciones e impuestos), una cantidad “pequeña” comparada con los 130.000 millones que gastamos en pensiones, los 73.000 en Sanidad, los 50.000 en educación o los 18.000 en desempleo, los otros pilares del Estado de Bienestar.

Cada vez hay más familias con personas dependientes y muchos sin medios para atenderlas (ver algunas historias). Es escandaloso que cada día se mueran 100 ancianos sin recibir la ayuda que se les ha reconocido. Y que haya tantas mujeres sin poder trabajar por tener que atender a padres, maridos o hijos dependientes. Es urgente arreglarlo y más si casi todos los partidos lo apoyan. Dejen de hacer promesas y tomen medidas. Nuestros ancianos, jóvenes y niños dependientes no deben esperar más una ayuda decente. Se lo debemos.

Dependencia: más beneficiarios "low cost"

Año nuevo, problemas viejos: hay 310.951 dependientes, ancianos y discapacitados, que tienen reconocida una ayuda, pero no la reciben por falta de recursos públicos. Están en “lista de espera”, pero muchos morirán sin recibirla (100 ancianos al día). Y aunque las nuevas autonomías han recortado las listas de espera desde 2015, la mejora tiene “truco”: dan prioridad a los dependientes “moderados” (más baratos) frente a los graves: de 38.189 dependientes que salieron de las listas en 2017, sólo 1.567 eran graves. Y otro “truco”: se opta por darles ayudas baratas, como la tele asistencia, antes que una residencia. Y todo porque, tras los recortes de 2012, la Dependencia ha perdido 4.000 millones. Ahora, el Gobierno Rajoy presume que sube la aportación para 2018 (+63 millones), pero paga por dependiente un tercio menos que en 2012. Urge un Plan de choque para acabar con las listas de espera y asegurar ayudas dignas a 1.265.000 dependientes. Costaría 2.700 millones extras al año. Hay que sacarlos como sea. Nuestros ancianos lo merecen.

enrique ortega

En enero, la Ley de Dependencia cumplió 11 años, con los mismos problemas para financiarse que siempre, aunque las nuevas autonomías, gobernadas mayoritariamente por la izquierda, han hecho un mayor esfuerzo desde 2015. Así, en 2011, cuando Rajoy llegó a la Moncloa, había 752.005 dependientes con ayuda y cuatro años después, en 2015, sólo se habían ganado 44.109 (hasta 796.109 beneficiarios). En los dos últimos años, los beneficiarios  han aumentado el triple (+158.722), hasta los 954.831 a finales de 2017, según los datos del IMSERSO. Un avance que no puede esconder el grave problema de la Dependencia, las “listas de espera”: ancianos y discapacitados que tienen oficialmente reconocida una ayuda, pero que no la reciben por falta de recursos públicos para dársela. A finales de 2017, eran todavía 310.120 dependientes en “lista de espera”, 1 de cada 4 dependientes (el 24,5%), un dato escandaloso aunque la lista se haya reducido un 19,3% en los dos últimos años (había 384.326 dependientes “en espera” a finales de 2015).

La “lista de espera” de la Dependencia es grave por dos razones. Una, porque es muy desigual por autonomías y en algunas es mucho más escandalosa, como es el caso de Cataluña (el 37,10% de los dependientes reconocidos no recibe ayuda), Canarias (36,62%), la Rioja (32,25%), Andalucía (31,81%) y Extremadura (27%), mientras hay otras donde casi no hay problema, como Castilla y León (sólo el 1,41% dependientes “en espera”), Ceuta (5%), Melilla (5,28%), Murcia (13,54%) y Asturias (13,85%). Y la otra, más preocupante, porque la mayoría de los dependientes tienen más de 80 años (el 54,5%) y muchos se mueren antes de que les llegue la ayuda que tienen oficialmente reconocida. Así, en 2016, hubo 40.647 dependientes en lista de espera que murieron sin recibir la ayuda, según los cálculos de los Directores y gerentes de Servicios Sociales. Y en 2017 estiman que habrán muerto sin recibir la ayuda otros 34.000, una media de 100 dependientes al día de la lista de espera.

La “lista de espera” se ha reducido en 38.189 dependientes durante 2017, pero esta reducción tiene “truco”: las autonomías, que gestionan la Dependencia, han optado por dar prioridad a los dependientes más moderados (Grado I), que son “más baratos”, para así recortar más la lista de espera, relegando a los dependientes grandes (Grado III) y severos (Grado II), que son más caros de atender, según han denunciado los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Las estadísticas del IMSERSO son muy evidentes: de los 38.189 dependientes que han salido de las listas de espera, sólo 1.567 son dependientes más graves (Grado III y II) y la casi totalidad (36.622) son dependientes moderados (Grado I). Así que encima de ser los ancianos y discapacitados que más necesitan ayuda, son los que tienen menos prioridad al reducir las listas de espera.

Pero hay otro “truco más”, este para aumentar los beneficiarios de las ayudas (+158.722 entre 2016 y 2017): dar ayudas más baratas a más dependientes, dando prioridad a los servicios más baratos, a los servicios “low cost”. Basta ver las estadísticas de ayudas del IMSERSO para detectar el aumento de la “tele asistencia”, la ayuda más barata (cuesta 35 euros al mes): ha pasado del 2,32% de las ayudas en 2008 al 15,81% en 2017 (y en Andalucía es ya la ayuda que más se da, al 31,7% de dependientes, al igual que en Madrid, al 22,5%). Y también ha aumentado el peso de las ayudas económicas a las familias, para que atiendan al dependiente en casa: por una prestación que va de 442,59 euros al mes a 286 euros y 153 euros, según el grado de dependencia), las autonomías “se quitan de encima” el problema de atender a los ancianos y discapacitados dependientes. Si en 2008 recibían estas ayudas el 25,85% de los dependientes, en 2017 las recibían ya el 37,72%. Y suponen más de la mitad de las ayudas totales en Baleares (60% de las ayudas), Navarra (57%) y Murcia (54%). Además, muchas autonomías han priorizado otro sistema de ayuda económica, dar un cheque a las familias para que busquen la ayuda de forma particular (se llama “prestación económica vinculada a servicio”). Es una manera de “privatizar la Dependencia”, que supone ya el 9,39% de todas las ayudas pero mucho más en algunas autonomías: Extremadura (39,8%, es la ayuda más utilizada), Castilla y León (24,80%, la ayuda con más peso también), Canarias (18,64%), Aragón (18,39%) y Comunidad Valenciana (15,42%).

Mientras, se estancan las ayudas más caras a los dependientes, sobre todo las plazas en una Residencia (el 13,94% de las ayudas en 2008 y son el 13,34% en 2017)  y los Centros de Día (de ser el 2,90% de las ayudas en 2008 pasaron al 8,46% en 2015 y han bajado al 7,72% en 2017, según los datos del IMSERSO. Eso sí, ha crecido la ayuda a domicilio (del 12,92% en 2011 al 16,53% de las ayudas en 2017), pero es también una ayuda “barata” y que muchas veces controla la situación de los dependientes más que ayudarlos de verdad.

La “lista de espera” y las “ayudas low cost” son la forma que tienen las autonomías de mantener un sistema de asistencia social que cuenta hoy con 4.000 millones menos de financiación que en 2012, según cálculos de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, tras los recortes hechos por el Estado central (-2.865 millones) y las autonomías (-1.100 millones). Antes, estos recortes ya supusieron un deterioro del servicio para los dependientes y sus familias. Así, en 2012, el Gobierno Rajoy dejó fuera a los dependientes moderados (hasta julio de 2015), dejó de pagar la Seguridad Social a los 423.000 cuidadores familiares de los dependientes y les bajó su paga mensual, redujo servicios, simplificó los baremos (de 6 a 3, rebajando así las ayudas) y subió el copago a las familias. Y las autonomías, que sufrían el recorte del Estado y sus propios recortes, trataron de gastar menos a costa de retrasar los expedientes de ayuda, endurecer los requisitos y revisar “de oficio” (a la baja) las valoraciones ya hechas. Todo, en perjuicio de los dependientes y sus familias.

El origen del problema actual de la Dependencia es que el Estado central se ha ido “desentendiendo”, reduciendo drásticamente su aportación financiera a la Dependencia: si en 2009 aportaba el 39,2% del coste, en 2016 (último año certificado) sólo aportaba menos de la mitad, el 17%, según el balance de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y por eso, las autonomías han pasado de financiar el 46,2% de la Dependencia a costear el 63%, mientras los usuarios (las familias) han pasado de costear el 14,7% de los servicios a pagar el 20% de la atención recibida (copagos). Esta situación provoca las protestas de las autonomías, que denuncian que “el Gobierno Rajoy incumple la Ley de Dependencia”, que establecía que la aportación pública se repartiría al 50% entre Estado Central y autonomías (en 2016, las autonomías aportaron el 82,6% y el Presupuesto el 17,4% restante).

La solución al grave problema de la Dependencia está en que el Estado central aporte más dinero. Pero Rajoy, que nunca ha creído en la Dependencia (“no es viable”, dijo tres días antes de ganar las elecciones de 2011), no está por la labor. En diciembre de 2017, el Gobierno aprobó una subida de la financiación estatal a la Dependencia del 5,31% para 2018, que calificó de “histórica”, aunque sólo son 63 millones de euros más (ni siquiera los 100 millones extras pactados con Ciudadanos), frente a los 4.000 recortados antes. Una subida tan mínima que lo que pagará el Estado central a las autonomías por dependiente en 2018 (190, 84 y 47 euros, según el grado de dependencia) es entre un 28% y un 38% menos de lo que aportaba antes de los recortes de 2012. Y para igualar el resto que pagan las autonomías (para pagar el 50% del coste público de la dependencia), el Gobierno central tendría que pagar por dependiente más del doble de lo que van a pagar este año (418,195 y 104 euros, según el grado), según los cálculos hechos por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Así que nada de subida “histórica” a la Dependencia en 2018: pagan por dependiente un tercio menos que antes de 2012. Y encima, este pago no se gasta totalmente, porque para que Hacienda lo abone, la autonomía tiene que pagar su parte al dependiente (ese 82% del coste que debería ser el 50%). Y como la mayoría de las autonomías tienen problemas financieros, muchas no pueden poner su parte y los dependientes se quedan sin ayuda (en la lista de espera). Y la ayuda del Presupuesto estatal, encima que es poca, se pierde en parte: en 2017, 90 millones (de los 1.260 que iba a aportar el Estado a la dependencia) se habrán quedado sin gastar, porque las autonomías no han podido poner su parte. 90 millones que han perdido los dependientes y sus familias. Otro sinsentido.

Con la subida de la aportación estatal para 2018, sólo se podrá reducir un 4% la “lista de espera”, que quedará anclada en 300.000 ancianos y discapacitados. Urge poner en marcha un Plan de choque, para dejar a cero la “lista de espera”, y una reforma del sistema de financiación, para asegurar unas ayudas decentes en el futuro. Acabar con las “listas de espera”, atender a esos 310.000 dependientes, costaría unos 1.700 millones extras al año hasta 2020, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y harían falta otros 1.000 millones más al año para recuperar el pago por dependiente de antes de 2012 y hacer frente a los dependientes futuros (se van a duplicar en 2050, por el aumento del envejecimiento y la esperanza de vida, según el CSIC). En total, unos 2.700 millones más de gasto al año, no los míseros 100 millones extras vendidos “a bombo y platillo” en el acuerdo de investidura entre  PP y Ciudadanos.

Es un aumento del gasto asequible, sobre todo si España redujera el fraude fiscal y recaudara como el resto de países europeos (ingresar como la media UE supondría recaudar 72.000 millones más cada año, según los datos de la Comisión Europea). Además, supondría gastar en Dependencia 9.800 millones anuales, una factura mucho más asequible que los 126.000 millones que gastamos en pensiones, los 80.000 millones que gastamos en Sanidad, los 50.000 en Educación o los 18.000 millones en desempleo. Y además es un gasto “rentable”, porque crea empleo (se podrían crear 100.000 empleos en una década) y una parte del gasto se recupera en forma de cotizaciones e impuestos. Pero sobre todo, es “un gasto que les debemos” a nuestros mayores y a los discapacitados.

No puede pasar más tiempo sin resolver la financiación de la Dependencia, “el cuarto pilar” del  Estado del Bienestar (tras la sanidad, la educación y las pensiones). Pero no parece que el problema preocupe al Gobierno ni a la “oposición”, sólo a las autonomías y a las familias de los dependientes. Ha pasado más de un año desde la firma en el Congreso, el 14 de diciembre de 2016, de un “Pacto por la dependencia”, apoyado por todos los grupos políticos, salvo el PP y PNV (por un tema de competencias), un intento de “blindar” un sistema de financiación estable a medio plazo. Y aquí estamos en 2018, con la misma penuria financiera, ofreciendo ayudas “low cost” y con 310.000 dependientes en espera, de los que mueren 100 cada día sin recibir la ayuda. Es “un escándalo social”, una grave injusticia con nuestros ancianos y discapacitados. Y casi nadie se inmuta. ¡Qué vergüenza¡   

Prioridad a los dependientes más "baratos"

La recuperación no ha llegado (tampoco) a los dependientes, ancianos y discapacitados. Tras cumplirse en enero 10 años de la Ley de Dependencia, el balance sigue siendo pobre, por falta de financiación: hay 310.000 dependientes (1 de cada 4) con el derecho reconocido y que no reciben ayudas. Y cada día, 100 de estos dependientes se mueren sin recibirla. Un drama que el Gobierno Rajoy desoye, después de haber recortado 2.865 millones a la Dependencia. Y las autonomías, que gestionan las ayudas, se ven obligadas a prestar servicios “low cost”, ayudas baratas (como la tele asistencia) para atender a más dependientes con menos dinero. Lo último: dan prioridad a los dependientes leves (más “baratos”) mientras se estancan las ayudas a los más graves, más “caros” de atender. Así tratan de rebajar la lista de espera. Urge aprobar un Plan de choque para atender ya a todos los dependientes con derecho y aumentar el Presupuesto para prestar una atención “decente” a mayores y discapacitados. Es lo mínimo.


 
                                                                                              enrique ortega

La atención a los dependientes (ancianos y discapacitados que no pueden valerse por sí mismos, unos 3 millones en España) es uno de los grandes puntos negros de la política social del Gobierno Rajoy. En enero de 2017 se cumplieron los primeros 10 años de la Ley de Dependencia, aprobada por Zapatero, que ha chocado con una financiación escasa, sobre todo a partir de 2012, cuando los recortes de Rajoy le quitaron 2.865 millones de euros hasta 2.015, según los cálculos de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales . En el otoño de 2015, los nuevos Gobiernos autonómicos (controlados en su mayoría por la izquierda) trataron de revertir la situación, mejorando algo la atención a la dependencia. Pero se han encontrado con pocos recursos propios y menos financiación del Estado.

El resultado es que la Dependencia no acaba de despegar. Si en los primeros 5 años de la Ley, hasta diciembre de 2011 (cuando Rajoy llegó a la Moncloa), había 738.587 dependientes con ayudas, 5 años después, en diciembre de 2016, sólo había 126.977 dependientes más atendidos (865.564). Y aunque este año 2017 han aumentado los beneficiarios, todavía eran 915.929 a finales de agosto, frente a 1.668.950 solicitudes de ayuda. Pero lo peor es que todavía hay una “lista de espera” muy elevada: 310.809 dependientes que, a finales de agosto, tenían reconocido el derecho a recibir una ayuda (se les había aprobado su solicitud) pero que no la recibían, por falta de presupuesto y medios de las autonomías para dársela. Son ancianos y discapacitados que están en “el limbo de la Dependencia”. Nada menos que 1 de cada 4 dependientes (el 25,33%) con derecho reconocido a ayuda, según los datos oficiales del IMSERSO (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).

Si es grave que la cuarta parte de los dependientes reconocidos no reciban ayuda, más lo es que la situación sea aún peor en casi media España, en 6 autonomías donde el porcentaje de dependientes en espera de ayuda es más elevado que la media, según los últimos datos del IMSERSO: Canarias (40% dependientes reconocidos están esperando ayuda), Cataluña (37,2% en espera), Andalucía (31,7%), Rioja (31,5%), Aragón (27,6%) y Extremadura (26,8%). En contrapartida, hay 3 autonomías casi sin listas de espera, Castilla y León (1,03% dependientes), Melilla (3,4%) y Ceuta (4,6%), y otras tres con muy poca, Baleares (12,2%), Asturias (12,6%) y Murcia (15,8%).

Resulta más grave aún que haya dependientes en espera de ayuda cuando la mayoría (54%) tienen más de 80 años de edad, según el IMSERSO,  y pueden morirse antes de que les llegue la ayuda que tienen legalmente reconocida. De hecho, en 2016, hubo 40.647 dependientes con ayuda reconocida que murieron sin recibirla, según los cálculos de los Directores y gerentes de Servicios Sociales. Y este año  ya se han muerto 21.000 de los 310.809 de la lista de espera y la estimación es que mueran 34.000 dependientes en espera en todo 2017, una media de 100 dependientes de la lista de espera al día.

En los dos últimos años, los nuevos Gobiernos autonómicos (controlados mayoritariamente por la izquierda y los nacionalistas) han recortado la lista de espera, de 421.335 dependientes en agosto 2015 a 310.809 dependientes en espera en agosto de 2017. Pero lo han tenido que hacer casi con los mismos recursos, porque el Presupuesto del Estado para dependencia apenas ha subido en 2016 y 2017 y lo mismo el gasto autonómico. Y lo que la mayoría de las autonomías han buscado es atender a más dependientes con casi el mismo dinero ¿Cómo? Gastando menos por dependiente, utilizando más “servicios low cost”, como denuncian los Directores y gerentes de Servicios Sociales.

Así, en los dos últimos años, las ayudas a la dependencia que más han crecido son las más baratas: la ayuda por prevención y promoción de la autonomía (muy importante en Asturias, donde supone el 21,8% de las ayudas, en Castilla y León, con el 12% y Aragón, el 10%), la teleasistencia (la que más ha crecido: cuesta sólo 25 euros al mes por dependiente y supone ya el 16% de todas las ayudas, pero un 32% en Andalucía, un 23,5% en Madrid y un 20,5% en la Rioja) y la ayuda a domicilio (16% de todas las ayudas). Y también han crecido mucho las ayudas que se dan a los familiares para que cuiden en casa a los dependientes: por unos 300 euros al mes (y bajando), las autonomías se quitan de en medio el problema de tener que abrir centros de día o residencias para ancianos y dependientes. Esta es la ayuda que tienen más dependientes, el 33,35% del total de ayudas, y llega al 65,7% en Baleares, el 57,4% en Navarra, el 54,06% en Murcia, el 50,7% en la Comunidad Valenciana, el 49,8% en Cantabria y el 46,3% en Cataluña, según datos del IMSERSO. Eso sí, el porcentaje de dependientes que tienen ayuda para residencias, el servicio más caro, se ha reducido.

Así que en la mayoría de autonomías, el “truco” para bajar las listas de espera es atender a más dependientes con los servicios más baratos. Pero hay otro “truco” que acaban de denunciar los Directores y Gerentes de Servicios Sociales: dar prioridad a los dependientes leves (Grado I, que tienen derecho a ayuda sólo desde el 1 de julio de 2015) y retrasar la ayuda a los dependientes severos (Grado II) y graves (grandes dependientes, el Grado III), “los más caros” de atender (no basta con la teleasistencia, como los leves, por ejemplo). Los datos oficiales del IMSERSO son muy explícitos: si la lista de espera de la dependencia se ha reducido en 37.600 dependientes el último año (agosto 2016-agosto 2017), casi todos son personas con dependencia leve (34.800 tienen Grado I) y sólo 2.800 son dependientes más vulnerables (Grado II y III). Y de los 310.809 dependientes en lista de espera, 119.150 son más vulnerables (grado II y III), casi los mismos que hace un año (122.600), mientras los 191.652 restantes son dependientes leves (Grado I: 246.000 hace un año).

Así que no es sólo que la lista de espera se rebaja a base de una atención más mediocre a los dependientes, sino que además se busca atender primero  a los dependientes “más baratos”. Y todo ello porque las autonomías, que gestionan la dependencia, están económicamente “asfixiadas”. Primero porque están mal financiadas (les faltan recursos y les sobran competencias), pero sobre todo porque cada vez tienen que aportar más a la Dependencia porque el Estado central aporta cada vez menos. Los datos oficiales, aportados por los Directores y Gerentes de Servicios sociales, son otra vez muy explícitos: si en 2009, el Estado central financiaba el 39,2% del gasto en Dependencia, en 2017 financia menos de la mitad, el 15,9%. Y por eso, las autonomías tienen que financiar mucho más (del 46,2% al 63,7% del gasto), a costa de sus maltrechos presupuestos. Y además, los usuarios, las familias de los dependientes, tienen que pagar más: si en 2009 aportaban el 14,7% del gasto, en 2017, las familias financian con el copago el 20% del gasto en Dependencia.

En definitiva que el Estado, con los recortes de Rajoy, se ha desentendido de la Dependencia y aporta menos incluso que las familias. Y eso obliga a las autonomías a hacer malabarismos para mantener el sistema y aumentar los beneficiarios, a cambio de retrasar la concesión de ayudas (listas de espera) y atenderlos peor. Y ese peor servicio lo sufren no sólo los dependientes y sus familias sino también el empleo del sector, que se ha estancado este año 2017 (201.000 empleos directos), cuando venía creciendo imparable desde 2009 (93.000 empleos), porque la ayuda a los dependientes es uno de los grandes nichos de empleo, presente y  futuro, al ser España un país envejecido. El CSIC estima que los dependientes (ancianos y discapacitados) se van a duplicar con creces, pasando de los 3 millones actuales a 7 millones en 2050.

El Gobierno y Ciudadanos pactaron que este año 2017 habría 100 millones más para la Dependencia, un aumento ridículo tras los recortes pasados (-2.865 millones entre 2012 y 2015). Pero el problema además es que ese mayor dinero podría no gastarse, como han denunciado los Directores y gerentes de Servicios Sociales. Y eso porque ese Presupuesto del Estado (1.220,28 millones en 2017) se destina a pagar a las autonomías un nivel mínimo por cada dependiente: 55,11 euros a los de Grado I, 85,71 euros a los de Grado II y 195,52 euros a los de Grado I, según el reciente decreto-Ley, que incluye los nuevos pagos de este año, todavía un 30% menores a los que se pagaban en 2011 (antes de los recortes de Rajoy). Pero luego, las autonomías tienen que aportar otra cantidad (mayor) para cada dependiente, para cubrir su propio nivel de atención. Y si no aportan esa cantidad, porque no tienen Presupuesto, no reciben el nivel mínimo que aporta el Estado. Luego “el dinero de Madrid” no llega (y se pierde) si no se concede la ayuda con dinero autonómico. De momento, este año, hasta junio, sólo se han gastado 587 millones del nivel mínimo del Estado y se podría acabar el año gastando 1.170 millones, 90 millones menos de los previstos en el Presupuesto, según los cálculos de los Directores y Gerentes de servicios sociales. Serían 90 millones, de los 100 extras, que no se gastarían en los dependientes.

Sería una vergüenza: que se mueran 100 ancianos cada día antes de recibir ayuda y que encima sobre dinero. La alternativa es subir el nivel mínimo que aporta el Estado, pagar a las autonomías más del doble que ahora por cada dependiente (104,40 euros al Grupo I, 195,09 el Grupo II y 418,86 al Grupo III, según la propuesta de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales), con lo que el esfuerzo del Estado en financiar a la Dependencia volvería a ser la mitad del gasto público en Dependencia (hoy es sólo el 20% y el otro 80% lo aportan las autonomías). Y así, las autonomías podrían conceder ayudas a más dependientes y reducir drásticamente las listas de espera, porque les costaría menos hacerlo. Claro que esa medida supone que el Estado se tendría que gastar unos 5.100 millones en suprimir las listas de espera, según estiman los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, unos 1.700 millones cada uno de los tres años que quedan de Legislatura. Y otros 1.000 millones más para recuperar el nivel acordado (que suprimió Rajoy en 2012) y hacer frente al mayor aumento futuro de dependientes, por el envejecimiento. Unos 2.700 millones más al año, no los míseros 100 millones más vendidos “a bombo y platillo” por Ciudadanos y el PP.

Es mucho dinero, pero al final, sería gastar unos 9.800 millones anuales en Dependencia, una factura mucho más asequible que los 125.000 millones que gastamos en pensiones, los 88.000 millones que gastamos en sanidad, los 50.000 en educación o los 23.800 millones que gastamos en desempleo. Y además de ser un gasto que “les debemos” a nuestros mayores, es un gasto “rentable”, porque una gran parte se recupera vía impuestos, cotizaciones y empleo creado en la Dependencia: se podrían crear 100.000 empleos más en unos años, en personal para atender a mayores y discapacitados.

Urge alcanzar un Pacto de Estado por la dependencia, que ya firmaron el 14 de diciembre pasado en el Congreso todos los grupos políticos, salvo el PP (y el PNV, por un tema de competencias). Blindar un sistema para financiarlo de forma estable a medio plazo, asegurando una mayor aportación del Estado para garantizar de verdad este derecho, “la cuarta pata” del Estado del Bienestar (educación, sanidad, pensiones y dependencia). Las “listas de espera” y los dependientes que mueren sin ayuda son una vergüenza. Acaben con ello de una vez.  Es lo mínimo que podemos hacer por nuestros mayores.