FITUR 2022: esperanza en el turismo

Esta semana se celebra FITUR, la Feria del turismo donde se ve un mayor optimismo entre los profesionales: creen que este año sí habrá una fuerte recuperación de turistas, nacionales y extranjeros (más de 70 millones), que servirá para volver a los 83 millones de turistas de antes de la pandemia en 2023. Algo clave para todos, porque casi la mitad del crecimiento de 2022 dependerá del turismo. Pero todos los cálculos dependen de la pandemia, de que no haya nuevas “olas” que hundan la Semana Santa y el verano. Y a nivel interno, el sector tendrá que “cuidar los precios”, que se han disparado para recuperar lo perdido: los hoteles han subido un +31,9% anual, según el IPC. Además, en 2022 se pondrán en marcha los primeros proyectos de reconversión turística con Fondos europeos, aunque necesitaríamos más recursos para la promoción turística de España (sólo 90 millones en 2022). Hay que aprovechar la pandemia para apuntalar el futuro del turismo, nuestra primera industria.

Enrique Ortega

La recesión en España por la pandemia (-10,8% de caída del PIB en 2020), fue la mayor entre todos los paises occidentales porque el parón de la actividad  para hacer frente al COVID 19 afectó especialmente al turismo, que tiene mucho más peso en nuestra economía (aportaba el 12,3% del PIB y el 13,7% del empleo total) y ha sido el sector más castigado por la pandemia. El balance turístico de 2020 fue demoledor: se perdieron 64,74 millones de turistas extranjeros (sólo llegaron 18.957.856 de los 83.701.011 turistas llegados en 2019, el 7º año consecutivo de récord de turistas) y casi un 80% de los ingresos turísticos (19,7 millones de gasto del turismo extranjero frente a 92,33 millones en 2019). Una debacle que puso en riesgo la supervivencia de miles de empresas y afectó a 841.436 empleos, que en su mayoría se salvaron tras aparcarlos en ERTEs.

En 2021 se esperaba una recuperación del turismo, nacional y extranjero, especialmente a partir del levantamiento del estado de alarma el 9 de mayo. Y de hecho, el verano fue muy bien, con un récord del turismo nacional y una fuerte recuperación del turismo europeo, salvo el británico (afectado por sus restricciones). Pero a finales de noviembre surgió la nueva variante ómicron, disparando la 6ª ola de contagios en España y un negro panorama en toda Europa, particularmente en Reino Unido, Francia y Alemania, nuestros principales visitantes. Y eso ha “pinchado” las previsiones iniciales, que en FITUR 2021 apostaban por cerrar 2021 en 45 millones de turistas (ministra Reyes Maroto). A falta de conocer los datos de diciembre, la previsión oficial es cerrar 2021 con unos 30 millones de turistas extranjeros (31 millones estima la patronal Exceltur), bastantes más que en 2020 (casi 19 millones) pero todavía casi un tercio menos que antes de las pandemia (83,7 millones). Y un gasto turístico que rondará los 34.000 millones de euros, poco más de un tercio del gasto de los extranjeros en 2019.

El aspecto más positivo de 2021 ha sido que se recuperó el turismo nacional, antes de la 6ª ola de la pandemia: de julio a octubre, las pernoctaciones de los españoles en hoteles fueron, mes a mes, superiores a las de 2019, antes de la pandemia. Y en cuanto al turismo extranjero, hasta noviembre aumentó (sobre 2020) la entrada de turistas alemanes (+107,5%), franceses (+42%) y británicos (+27,6%), lo que indica que tienen ganas de volver a visitarnos. La industria turística ha notado esta incipiente recuperación en 2021, con una facturación de 88.546 millones de euros (que recupera 36.000 millones respecto a 2020, aunque todavía está un 40% por debajo de la de 2019). Los que se han recuperado más en 2021 han sido los hoteles ligados al turismo nacional (en Asturias, Galicia y Andalucía), las compañías de alquiler de coches y las cadenas con más presencia internacional, mientras tardan más en recuperarse los hoteles urbanos, las compañías aéreas y las agencias de viajes.

Para 2022, todas las previsiones apuntan a una mayor recuperación del turismo, aunque todo depende de una variable imprevisible: la pandemia, el temor a nuevas variantes que puedan desatar futuras restricciones a la movilidad y los viajes. Si no hay “sustos”, la previsión del Gobierno es recuperar este año la mayoría de los turistas europeos de antes de la pandemia (70,9 millones en 2019) y dos tercios de los turistas del resto del mundo (12,8 millones), lo que daría unos 79 millones de turistas extranjeros en 2022 (el 94% de los que llegaron en 2019). Parece un objetivo demasiado ambicioso, difícil de alcanzar, mientras Funcas estima que podrían venir unos 75 millones de turistas (recuperar el 90% de los que llegaron en 2019) y la patronal turística Exceltur apuesta por recuperar un 87,5% de su negocio en 2022, lo que se traduciría en 73 millones de turistas. Y todos creen que habrá que esperar a 2023 para recuperar el turismo de antes de la pandemia.

La previsión del sector turístico es que 2022 irá de menos a más: el primer trimestre será flojo, por las secuelas de la 6ª ola, y que los viajes y el turismo de españoles y extranjeros se despertará en Semana Santa (10-17 abril) y mejorará aún más en verano, para consolidarse en la última parte del año (con permiso del COVID 19…). Y esperan que juegue a favor las ansias de viajar y el ahorro disponible y no gastado, así como la esperada recuperación económica y del empleo en toda Europa. Y algo muy importante: la seguridad sanitaria que ofrece España al turista extranjero, dado nuestro alto nivel de vacunación (80,5% de la población) frente a la de otros paises competidores, como Turquía (61,53% vacunados), Italia (74,3%), Grecia (66,61%) o Túnez (51,07% de vacunados), según la OMS, aunque nos superan  Portugal (82,72% vacunados) y Malta (82,44%).

Una posible desventaja para España podría ser la fuerte subida de los precios turísticos en 2021, donde la mayoría de las empresas han aprovechado para resarcirse de la crisis subiendo tarifas y precios. Un dato llamativo: los precios de los hoteles han tenido una subida anual del +31,9% en 2021, según el IPC de diciembre, cinco veces más que la subida media de la inflación (+6,5%). Y también han subido los paquetes turísticos, bares y restaurantes, los apartamentos turísticos, el alquiler de coches, las tarifas aéreas y el ocio. Y en paralelo, puede haberse deteriorado la calidad del servicio, porque muchas empresas han reducido personal o contratan menos del que necesitan, por miedo a nuevas olas de contagios.

La recuperación del turismo, la primera industria española, es clave para que España se recupere con más fuerza en 2022. De hecho, casi la mitad de todo el crecimiento esperado este año debe venir del turismo: del 5,5% que crezcamos, 2,4% lo tiene que aportar el sector turístico, según la última estimación de CaixaBank. Así que nos jugamos mucho con el despegue del turismo, que va a depender en buena medida de la pandemia pero también de que funcionen otras medidas de apoyo, a corto y medio plazo.

A corto plazo, el sector turístico pide la prórroga de los ERTEs, al menos hasta el verano (los actuales terminan en marzo de 2022). A finales de 2021 había 56.729 trabajadores turísticos en ERTE (más de la mitad del total, 102.548 empleados en ERTE en todos los sectores), en todas las actividades del sector, en especial en las agencias de viajes (11.358 trabajadores todavía en ERTE), transporte aéreo y actividades de ocio, las más afectadas por la pandemia. Y también va a ser clave cómo se aplica la reforma laboral en el sector, ya que para el verano tienen que reconvertir sus contratos temporales y promover los fijos discontinuos.

Otra petición urgente del sector turístico son nuevas ayudas directas a las pymes turísticas en la primera mitad de 2022, para preservar su subsistencia financiera, a la vez que piden completar el pago de las ayudas aprobadas en 2021 y que no han llegado aún en muchas autonomías. Y en paralelo, priorizar los esquemas de rescate pendientes de la SEPI y COFIDES a las empresas turísticas, además de la refinanciación y el alargamiento de los créditos ICO al sector concedidos durante la pandemia. Son distintas formulas para “dar oxígeno” financiero para que  la gran mayoría de las 153.000 empresas del sector turístico sobrevivan (y con ellas, 2,3 millones de empleos).

Además, 2022 va a ser el año en que los Fondos Europeos lleguen también al turismo. El Plan de recuperación de España, aprobado por Bruselas, incluye un Programa (el 8º con más inversiones) para “la modernización y competitividad del sector turístico”, con objeto de aprovechar la pandemia para poner en marcha inversiones y medidas que apuntalen su futuro. En conjunto, el Plan contempla 3.400 millones de inversiones europeas para el turismo español y actuar en tres frentes: la transformación digital de los destinos y empresas turísticas, la puesta en marcha de planes específicos de futuro en zonas muy dependientes del turismo (como Baleares o Canarias) y una mejora de la competitividad centrada en el desarrollo del producto turístico “Spain”. Se trata de modernizar y apuntalar el futuro del turismo, con inversiones que crearán 100.000 empleos adicionales. Y además, el turismo se beneficiará de otras inversiones del Plan de recuperación (en formación, infraestructuras, digitalización y economía verde), con un impacto estimado de otros 44.000 millones en tres años.

El pasado 21 de diciembre se aprobó el primer paquete de proyectos turísticos que van a recibir estos Fondos Europeos, acordados entre el Gobierno y las autonomías por unanimidad. Son 169 Planes de sostenibilidad turística (de los 506 presentados), 153 que serán gestionados por Ayuntamientos y los otros 16 por las autonomías, que recibirán los primeros 615 millones de Fondos europeos. A pesar del acuerdo político sobre estos primeros Planes, la patronal turística Exceltur los ha criticado, porque estima que “se ha repartido en exceso el dinero”, con bajos importes (600.000 euros de media en 637 municipios) apostando por muchos proyectos en municipios de la España interior que tienen poco peso para el turismo: el 53% de los Fondos van a zonas de interior con un 12% del turismo total y sólo el 28% al Mediterráneo e islas, que suponen el 60% de la oferta turística). Claro que son sólo los primeros proyectos y quedan 2.785 millones por gastar hasta 2026.

La divergencia de la patronal turística es de fondo: habría que concentrar las ayudas europeas en los destinos turísticos más importantes y “no repartirlas tanto” entre toda España, porque se debilita su efecto. Por eso, Exceltur lleva un año defendiendo que España apruebe un PERTE para el sector turístico (un Plan estratégico como el que se ha aprobado para el automóvil), destinando 15.000 millones de inversiones públicas (españolas y europeas) en tres años, que movilizarían otros 30.000 millones privados. Y concentrar este dinero en la reconversión de 15 destinos turísticos claves, que suponen el 40 % de la oferta turística española pero el 70,5% del PIB turístico y el 62% del empleo: Costa del Sol, Costa Brava, Costa Dorada, este de Mallorca, Ibiza, Gran Canaria y sur de Tenerife. Defienden concentrar más ayudas en reconvertir el turismo de sol y playa, en gran parte obsoleto.

El debate es importante y quizás lo correcto sería una opción intermedia: concentrar más las ayudas en estos destinos (sabiendo que tienen graves problemas de saturación y sostenibilidad ambiental) pero apostando también por una diversificación en favor de un turismo interior diferente. Es un dilema importante y los Fondos europeos son limitados, así que debe elegirse bien su destino. Pero además, el turismo tiene otros retos importantes, como reducir el exceso actual de concentración, en el verano (35% del turismo total), en el turismo europeo (85% de los visitantes) y en los destinos (90% turistas van a 6 autonomías: Cataluña, Canarias, Baleares, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid, que se benefician ellas solas del 93% del gasto turístico). Y depender menos de los tour operadores extranjeros, que controlan viajes e ingresos, lo que pasa por digitalizar más la oferta. Y como telón de fondo, cuidar más a “la gallina de los huevos de oro”: en 2022, el presupuesto para promoción turística de Turespaña serán 90 millones (menos del gasto turístico en 1 día…).

Hasta aquí la situación y perspectivas de un turismo español que tiene que “salvarnos” en 2022. Y de paso, habría que aprovechar las inversiones y la reconversión del sector para modernizarlo a fondo y que base su futuro no en conseguir más millones de turistas cada año sino en atraer un turismo menos masivo y de más calidad, que no destroce nuestras costas y sea más sostenible. En paralelo, deberíamos aprovechar los Fondos europeos para modernizar el resto de la economía, para desarrollar industrias y sectores competitivos, que vayan ganando peso, competitividad y empleo. Para que en una o dos décadas, España no dependa tanto del turismo, que nos hace muy vulnerables como se ha visto con la pandemia. Un país con más empresas competitivas e innovadoras y menos bares y hoteles. que aspire a más que ser "la California de Europa". Algo que nadie se atreve a proponer, pero que nos ayudaría a crecer más y mejor.

España 2050: el país que podríamos ser

En mayo, el presidente Sánchez presentó “España 2050”, un trabajo de 100 expertos independientes sobre los retos que tenemos en los próximos 30 años y lo que habría que hacer para conseguir un objetivo ambicioso: vivir y trabajar como los 8 paises más ricos del norte de Europa en 2050. “Podemos y debemos conseguirlo”, insistió Sánchez. Pero la propuesta ha pasado desapercibida entre sindicatos, patronal y muchos expertos, mientras el PP la ve como “un insulto” y una “cortina de humo”. Sólo preocupa el día a día y nadie quiere repensar el futuro, afrontar esas “asignaturas pendientes” que llevamos décadas suspendiendo: baja productividad, paro escandaloso, poca competitividad, baja natalidad, deficiente formación, escasa tecnología, pésima fiscalidad y demasiada desigualdad y pobreza. La pandemia ha revelado que somos un país muy vulnerable y habría que ver cómo mejoramos en 30 años, no sólo lo que hacemos mañana. Debatir el país que querríamos ser en 2050. No es tanto pedir. 

Enrique Ortega

Los humanos tendemos a preocuparnos sólo por el día a día y nos da pereza pensar en el futuro. Y los políticos, sólo piensan en dar el titular del día y como mucho en esta Legislatura. Pero hay épocas en las que los paises tienen que afrontar cambios drásticos. En España, tras el drama de la Guerra Civil, el primer gran cambio fue el Plan de Estabilización de 1959. “Mi general, no tenemos divisas para pagar el petróleo”, el dijo el ministro Ullastres a Franco. Y el dictador se vio obligado a enterrar la autarquía y abrir el país al comercio y a la inversión extranjera, propiciando el fuerte crecimiento de los años 60 y mitad de los 70. Con la democracia, la inflación puso en peligro las libertades y Suarez consiguió, en octubre de 1977, que todos los partidos, sindicatos y patronal firmaran los Pactos de la Moncloa para estabilizar la economía. A partir de 1982, el gobierno de Felipe González afrontó una dura reconversión para prepararnos al ingreso en la CEE, en 1986. Y el Gobierno Aznar ajustó otra vez la economía para que España fuera admitida en el euro, el 1 de enero de 1.999.

Cuatro grandes hitos en los que España ha dado un giro de timón para reorientar su futuro económico, político y social. Pero ahora, llevamos dos décadas sin afrontar los problemas de fondo, agobiados primero por la crisis de 2008 y ahora por la pandemia, que ha revelado nuestras debilidades. Se presenta otra oportunidad de tomar medidas, de afrontar otro hito histórico,  ayudados por los Fondos europeos. Y por eso, el Gobierno Sánchez ha presentado en Bruselas el Plan de Recuperación, un paquete de reformas e inversiones para 2021-2026. Pero no es suficiente. Hay que pensar más allá, en las próximas décadas, como hacen  otros paises, desde Finlandia y Francia a Canadá o Singapur, donde se hacen estudios de “prospectiva”, para preparar el futuro. También realiza estos estudios la OCDE y la propia Comisión Europea ha creado una Vicepresidencia de Relaciones Internacionales y Prospectiva, encabezada por el esloveno Maros Sefcovic, para preparar la Europa 2050.

En España, el presidente Sánchez creó en la Moncloa, en enero de 2020, la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, con el objetivo de “pensar en el futuro”. Y puso a trabajar a más de 100 expertos independientes, que han trabajado “desinteresadamente” (sin cobrar) un año largo para alumbrar el documento de 678 páginas titulado “España 2050”: un análisis de los 9 grandes desafíos que tiene España y las medidas que habría que tomar para afrontarlos y conseguir 50 grandes objetivos, cuantificados, dentro de 30 años. Objetivos que se resumen en uno: que España tenga en 2050 el nivel de vida y empleo de la Europa rica del centro y norte de Europa, la llamada UE-8 (Francia, Alemania, Bélgica, Paises Bajos. Austria, Dinamarca, Suecia y Finlandia). Por ambición que no sea.

Parece “una carta a los Reyes Magos”, pero el propio presidente Sánchez dice en el prólogo al Informe que es un objetivo “necesario y factible”, que España “ha dado un salto incluso mayor en los últimos 40 años” de democracia (se ha duplicado la renta por habitante, se han creado 8 millones de empleos, estamos comercialmente más abiertos al mundo que Francia o Italia y tenemos empresas que son referentes mundiales en muchos sectores) y que ahora se puede dar “otro salto” en 30 años, con una estrategia que incluya reformas y compartan los agentes sociales. “El objetivo es que los españoles miremos al futuro con más audacia, más acuerdo y más confianza en nosotros mismos. Somos capaces de conseguirlo. Se lo debemos a nuestros padres e hijos”, apostilla Sánchez.

Tras las palabras, las propuestas de los expertos para esa España 2050. Proponen afrontar 9 grandes desafíos, la mayoría arrastrados desde hace décadas y otros nuevos. El 1º, afrontar la baja productividad de España respecto a la mayoría de paises europeos, que se traduce en que aquí trabajamos menos gente (el 62% frente al 80% en la UE-8 más rica) y trabajamos peor, con menos eficacia (menos productividad), lo que provoca que tengamos salarios más bajos y seamos más pobres (tenemos un 22% menos de renta que la UE-8). Y si ya tenemos un problema de bajo empleo y poca productividad, la caída de la natalidad lo va a agravar, al reducirse en 3,7 millones la población en edad de trabajar en las próximas décadas. Para afrontar este gran desafío, el mayor, el informe defiende que España apueste por mejorar la formación y la educación, la tecnología, empresas de mayor tamaño, la digitalización y la transición ecológica, reducir trabas administrativas y menos economía sumergida.

El 2º gran desafío para 2050 es mejorar la educación de los jóvenes (muchos repetidores, alto abandono escolar, deficiente aprendizaje y pocas habilidades según los informes PISA), con profundas reformas del sistema educativo para colocarnos a la vanguardia de la Europa del norte dentro de 30 años. El 3º desafío es la formación y recualificación de los trabajadores, porque, aunque tenemos muchos universitarios, el 48% de los activos tienen un nivel de formación bajo (la ESO o menos), el doble que en la Europa rica. Y además, los adultos españoles tienen menos habilidades y competencias, con un bajísimo porcentaje de empresas y trabajadores que actualizan su formación mientras trabajan.

El 4º gran desafío cara a 2050 es el cambio climático y la política medioambiental, que afectará más a España que a otros paises si no se toman medidas  (sequías en el 70% del país, mayores aumentos temperaturas y subida del mar, daños a la agricultura y al turismo y 20.000 muertos al año por el cambio climático). Y por eso urge potenciar las energías renovables, electrificar el transporte, replantearse los usos del agua, reducir los residuos, apostar por la agricultura ecológica y la fiscalidad verde.

El 5º desafío apuntado es adaptar el Estado del Bienestar a una sociedad envejecida, a un país donde 1 de cada 3 habitantes tendrá más de 65 años en 2050 y donde solo habrá 1,7 personas en edad de trabajar para financiarlos (hoy son 3,4). Eso supone un tremendo desafío para pagar las pensiones, la sanidad y la Dependencia, lo que exigirá conseguir más recursos y atemperar el crecimiento de los gastos, pero sobre todo, que trabaje más gente (fomentar la natalidad y el empleo y favorecer la inmigración legal).

El 6º desafío que tiene España es conseguir un desarrollo territorial equilibrado, justo y sostenible, dado que en 2050, el 88% de la población vivirá en las ciudades y la España rural perderá la mitad de su población actual. Eso exige tomar medidas a medio plazo para diseñar ciudades sostenibles, revitalizar la España rural y afrontar las necesidades de vivienda, transformando radicalmente la movilidad y el transporte público.

El 7º desafío, muy importante, es afrontar las deficiencias de nuestro mercado de trabajo, sobre todo un paro que duplica con creces el europeo y la mayor precariedad laboral del continente, con un 25% de trabajos temporales. Dos problemas que se van a agravar en las próximas décadas, con menos jóvenes para trabajar y una tecnología que va a destruir muchos empleos. Los expertos defienden políticas activas de empleo, sobre todo para los jóvenes, mujeres y mayores de 55 años, un cambio normativo (reforma laboral) y adaptar las redes de protección social (para proteger a las personas, no a los puestos de trabajo).

El 8º desafío para 2050 es reducir los niveles de pobreza y desigualdad de España, que es el 3º país europeo con más desigualdad de renta y el 4º con más pobreza, como lo era ya hace 30 años. Los expertos creen que si no se mejora la productividad y el empleo y se cambia el sistema educativo, la política de vivienda y los impuestos, la desigualdad y la pobreza seguirán en el futuro, agravadas por el envejecimiento de la población y la revolución tecnológica.

Y llegamos al último objetivo, el 9º, que resume todos los demás: aumentar el bienestar de los españoles, utilizar la economía para lo que debe estar, para que haya más personas satisfechas con su vida. El informe lo cuantifica: pasar del 83% de personas que ahora están satisfechas con su vida al 92% en 2050 (el porcentaje de personas satisfechas hoy con su vida en los 8 paises más ricos, la UE-8 a la que queremos equipararnos).

Estos son los 9 grandes retos para 2050. El informe cree que se pueden conseguir si España toma medidas y proponen más de 200 para lograrlo, agrupadas en 12 ejes, que son un resumen de lo que hay que hacer: apostar por la formación (desde la escuela a la jubilación), apoyar la innovación, modernizar el tejido productivo y la cultura empresarial, avanzar en un desarrollo sostenible con el medio ambiente, ampliar las oportunidades de los jóvenes (educación, empleo y vivienda), conseguir la igualdad de género, fomentar la inmigración legal, fortalecer los servicios públicos (educación, sanidad y cuidados), rediseñar la política social, reformar el sistema fiscal, modernizar la Administración pública y llegar a un compromiso de derechos y deberes entre las generaciones actuales y las futuras.

Para conseguir que todas estas medidas sean eficaces, los expertos marcan 50 objetivos cuantificables, que nos indiquen década a década (2030, 2040 y 2050) si vamos bien o nos quedamos cortos. Muchos de estos objetivos son muy llamativos, como el de conseguir en 2050 una renta per cápita sólo un 10% menor que la Europa rica (UE-8), cuando ahora es un 22% inferior. O subir la tasa de empleo en España del 62 al 80% de los adultos. O bajar la tasa de paro del 18% (2015-2019) al 7% en 2050. O bajar la tasa de abandono escolar del 17 al 3%. O subir el gasto público en educación del 4,3 al 5,5% del PIB y el gasto en Ciencia del 1,2% al 4% del PIB en 2050. O pasar del 55% de adultos con habilidades digitales al 100% en 2050. O reducir la temporalidad del 26% al 15% en 2050. O reducir la brecha salarial de las mujeres del 14% actual al 0% en 2050. O subir la recaudación fiscal del 35% del PIB hoy al 43% en 2050 (recaudar casi 100.000 millones más al año). O reducir a la mitad la pobreza en España (del 22% actual al 10% en 2050).

Este es el resumen del Plan “España 2050”. Se trata de afrontar 9 grandes retos, tomar más de 200 medidas y recoger los frutos con la mejora de 50 indicadores claves. Se podrá estar o no de acuerdo, pero son muchos los expertos que llevan años llamando la atención sobre estos problemas de fondo que tiene España y que tendríamos que afrontar, con las medidas apuntadas y con otras que aporten más expertos, fuerzas sociales y políticas. El Plan es un documento de partida, para “abrir un debate sobre el futuro”, como ya se ha hecho en Europa y en varios paises. Pero aquí no parece haber calado la propuesta: sindicatos y patronal apenas la han comentado, lo mismo que muchos expertos (quizás porque no se les ha consultado a ellos). Y lo peor es la reacción de la oposición, el PP, que gobernará algún día: “es un insulto a la inteligencia de los españoles”, dijo en un pronto Pablo Casado, añadiendo que “es una cortina de humo” y que los españoles necesitan “soluciones reales e inmediatas”. Por supuesto, pero también repensar el país que quieren para el futuro.

Tras la pandemia, estamos en una encrucijada. A corto plazo, España necesita reformas e inversiones urgentes para conseguir la recuperación tras la mayor recesión de nuestra historia reciente. Pero no basta con eso, con aplicar bien el Plan de Recuperación 2021-2026. Hay una serie de problemas de fondo que siguen ahí, “asignaturas pendientes” desde hace décadas: la baja productividad, el escandaloso paro, la mala educación, la deficiente formación, el envejecimiento y la baja natalidad, nuestro modelo productivo (poca industria y mucho turismo, mucho cemento y poco conocimiento), los problemas de los servicios públicos, el crecimiento insostenible para el medio ambiente, la desigualdad y la pobreza. “Spain is different” y por culpa de eso somos menos productivos, tenemos el doble de paro y vivimos peor que la Europa rica.

¿Se puede mejorar? Más de 100 expertos nos dicen que sí y muestran el camino, con esfuerzo, medidas concretas  y 30 años por delante. Deberíamos al menos leer lo que proponen (el resumen son 14 páginas).Y a partir de ahí, dejar de lado tanta pelea política inútil y pactar soluciones, acordar juntos otra España, con más futuro. “Procuremos más ser padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado”, dijo Unamuno. Habría que hacerle caso.

Las 3 Españas, más lejos tras la COVID

Antes de la pandemia, en 2019, se repitió que 7 autonomías crecieran más y sean las más ricas (Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón, Baleares y la Rioja), frente a otras 7 menos eficientes y más pobres (Melilla, Extremadura, Andalucía, Ceuta, Castilla la Mancha, Canarias y Murcia), con las 5 restantes en posición intermedia. Son las 3 Españas, que siguen ahí desde el año 2.000, incluso desde hace siglo y medio. Una desigualdad territorial que mantiene la renta de Extremadura en casi la mitad (56%) de la del País Vasco. Y ahora, con la pandemia, los expertos temen que esta brecha entre las 2 ó 3 Españas se agrande, como también la distancia de España con la renta europea (el 91%). Pero la pandemia también puede ser una oportunidad si se utilizan los Presupuestos y fondos europeos para corregir estos desequilibrios regionales, reformando además la financiación autonómica y las políticas regionales. Hay que reconstruir el país y conseguir vivir mejor todos, vivamos donde vivamos.

Enrique Ortega

España ha estado creciendo los últimos 6 años (2014-2019), pero el crecimiento ha sido muy desigual por autonomías. Así, hay dos regiones que tiran de la economía, según confirman los datos de 2019 recién publicados por el INE: Madrid (produjo por valor de 240.129 millones, el 19,29% de todo el PIB español) y Cataluña (236.813 millones producidos, el 19,02%), a la que la capital “adelantó” ya en 2017 y 2018. Y le siguen, de lejos, Andalucía (165.865 millones producidos en 2019, el 13,32% del PIB español) y la Comunidad Valenciana (116.615 millones, el 9,32% del PIB). Entre las 4 regiones aportan casi dos tercios del crecimiento total del país (60,95% del PIB). Les siguen, muy de lejos, el País Vasco (5,98% del PIB español), Galicia (5,17%), Castilla y León (4,80%), Castilla la Mancha (3,43%), Canarias (3,78%) y Aragón (3,05% del PIB español). Y las 7 autonomías restantes, más Ceuta y Melilla, sólo aportan a la economía el 12,84% restante, casi la mitad entre todas que Madrid o Cataluña.

Esta aportación al crecimiento español de las distintas regiones ha variado muy poco en este siglo, salvo en un caso, Madrid, que aporta ahora (19,29%) un 1,6% más al PIB español que en el año 2000 (17,7%). También crece, aunque poco, la aportación de Cataluña (+0,30%), Murcia (+0,19%) y Baleares (+0,11%), mientras las demás regiones pierden peso en la economía española, aportando menos porcentualmente al PIB, sobre todo Castilla y León (-0,70%), País Vasco (-0,32%), Asturias  (-0,30%) y Canarias (-0,22%), según el INE.

Pero hay que tener en cuenta la población de cada región y lo importante es lo que produce cada autonomía por habitante, el verdadero indicador de su pujanza económica. Y aquí es donde podemos hablar de las 3 Españas. Una España más productiva (y por tanto más rica), integrada por las 7 autonomías que tienen un PIB por habitante superior a la media española (26.426 euros en 2019, según el INE): Madrid (35.913 euros per cápita, +35,9% sobre la media), País Vasco (34.142 euros, +29,2%), Navarra (32.141 euros, +21,6%), Cataluña (31.141 euros, +17,75%), Aragón (28.727 euros, +8,70%), Baleares (28.213 euros, +6,76%) y La Rioja (28.200 euros, +6,71% sobre el PIB por habitante de España). Son las 7 regiones más ricas, donde viven el 42,76% de los españoles. Y lo más llamativo es que estas 7 regiones más ricas son las mismas que eran ricas antes de la crisis, en 2007 y en el año 2000, según las series del INE, aunque el País Vasco ha subido del 4º al 2º lugar.

En el otro extremo están las 7 regiones menos productivas y por tanto las más pobres, encabezadas en 2019 por Melilla (19.211 euros de PIB por habitante, -27,3% que la media española), Extremadura (19.454 euros, -26,39%), Andalucía (19.633 euros, -25,7%), Ceuta (20.903 euros, -20,9%), Castilla la Mancha (21.004 euros, -20,52%), Canarias (21.244 euros, -19,61%) y Murcia (21.642 euros, -18,1% sobre el PIB por habitante de España). Son las 7 regiones más pobres, menos productivas, donde viven el 35,52% de los españoles. Y en su mayoría, son las mismas regiones que eran las más pobres antes de la crisis, en 2007 y en el año 2000, aunque han salido de este grupo Galicia y Asturias (menos productivas en el 2000), incorporándose Canarias, Ceuta y Melilla (intermedias en el 2000).

Y queda una 3ª España, la intermedia, que produce menos que la media (recordemos: 26.426 euros en 2019) pero algo más que esas 7 regiones “pobres”. Son las 5 regiones restantes: Castilla y León (24.886 euros de PIB/habitante, -5,83% que la media española), Cantabria (24.383 euros, -7,74%), Galicia (23.873 euros, -9,67%), Asturias (23.299 euros, -11,84%) y la Comunidad Valenciana (23.206 euros, -12,19% sobre el PIB/habitante español). Una España intermedia donde viven el 21,72% restante de españoles. Y de nuevo, esta 3ª España es hoy muy similar a la de antes de la crisis, aunque en el año 2.000 estaban en este grupo Canarias, Ceuta y Melilla, que han caído a la España más pobre, mientras han mejorado Galicia y Asturias, que a principios de siglo eran “pobres” y ahora “intermedias”.

Un dato preocupante es que la brecha entre las regiones más productivas (más ricas) y las menos eficientes (más pobres) se mantiene elevada, a pesar de la anterior crisis (2008) y la posterior recuperación (2014). Así, en el año 2.000, Madrid producía más del doble que Extremadura por habitante (21.333 euros frente a 10.145, 2,10 veces más), en 2008 produjo 1,93 veces más, en 2013 (el peor año de la crisis), la brecha subió a 1,97 veces más (30.188 euros frente a 15.280) y en 2019, a pesar de los 6 años de recuperación, la brecha sigue alta, en 1,84 veces (35.142 euros que produce cada madrileño frente a 19.454 cada extremeño).

Y lo más llamativo: esta brecha entre regiones más o menos productivas se arrastra desde hace siglo y medio, según el libro “La desigualdad regional en España 1860-2015”, escrito por tres catedráticos universitarios (Díez Minguela, Martínez-Galarraga y Tirado). Ahí documentan que la desigualdad regional aumentó entre 1860 y 1910, se redujo después entre 1910 y 1950, volvió a bajar entre 1960 y 1985 y lleva siendo elevada desde 1986, a raíz de la entrada de España en Europa, debido a que una economía más abierta ha agravado las diferencias regionales, al competir mejor unas autonomías que otras en estos 34 años siendo europeos.

El otro problema es que las regiones españolas no sólo se distancian entre ellas sino también hay una brecha con las regiones europeas. En 2019, según acaba de publicar el INE, sólo 3 regiones españolas eran más productivas, más ricas, que la media europea (31.160 euros de PIB por habitante UE-27): Madrid (35.913 euros), País Vasco (34.142 euros) y Navarra (32.141 euros). Se ha caído en 2019 Cataluña (31.119 euros), que siempre ha tenido un nivel de riqueza superior a la media europea (salvo en 2008 y 2009). Y además, el PIB por habitante español se ha ido retrasando del PIB por habitante europeo: si llegó a un máximo del 94,72% en 2007, cayó a suponer el 88,63% del PIB/habitante europeo en 2013 y ha seguido distanciándose con la recuperación, hasta suponer el 84,8% del PIB/habitante europeo en 2019 (producimos 26.426 euros, frente a 31.160 en la UE 27). Así que no sólo hay una brecha entre autonomías, también hay una brecha con Europa que ha crecido desde 2007. Incluso teniendo en cuenta el distinto poder de compra, el PIB por habitante español “corregido” era el 91% del europeo en 2018, según el último dato de Eurostat.

Evidentemente, si unas regiones (o paises) producen más por habitante, son más ricos. Y son más ricos por su distinta estructura económica (más o menos industria, más o menos servicios), su población, la formación de los trabajadores y el nivel educativo, la tecnología, la mayor o menor inversión pública y privada, las infraestructuras o el peso de la exportación. Y en el caso de Madrid, el factor capitalidad, que aporta un crecimiento “extra”, porque las instituciones públicas y ser la capital atraen empresas, inversiones, población y talento, según este estudio del IVIE. Por eso hay regiones más productivas y otras menos, aunque el factor que más ha jugado en este siglo es la desigual creación de empleo.

Pero después de ver las regiones más o menos productivas, entran en juego los “contrapesos”, factores que intervienen para que las regiones acaben teniendo más o menos renta. El principal mecanismo que podría “corregir” la brecha económica entre regiones son las transferencias públicas (pensiones, desempleo, ayudas a la dependencia), las subvenciones y prestaciones sociales, el gasto en sanidad y educación, las inversiones públicas, los impuestos y la financiación autonómica. Y dentro de estas “medidas correctoras” de la brecha entre regiones, hay que tener muy presentes las ayudas europeas, que han sido ingentes: los fondos estructurales europeos recibidos entre 1989 y 2020 han sido de 176.000 millones de euros, muchos para las regiones.

Todas estas medidas deberían haber servido para corregir la brecha económica entre las autonomías, sumando más ingresos a las autonomías más retrasadas, para compensar sus menores ingresos. Pero no ha sido así, como se ve en el dato de la renta por habitante, los ingresos de cada persona visto lo que produce y sumando lo que le aporta la acción pública, vía transferencias, ayudas, subvenciones,  impuestos y financiación. Y volvemos a tener 3 Españas, según los últimos datos disponibles (INE 2018), incluidos en este reciente trabajo de la Fundación Alternativas (FA) sobre la desigualdad territorial en España.

Tenemos 9 autonomías que tienen una renta por habitante superior a la media nacional (17.049 euros en 2018): País Vasco (22.082 euros), Navarra (20.117 euros), Cataluña (19.870 euros), Madrid (19.861 euros), Baleares (19.554 euros), Aragón (17.683 euros) y la Rioja (17.545 euros), exactamente las 7 autonomías que más producen (más PIB/habitante), a las que se suman dos “intermedias”, Asturias (17.484 euros de renta por habitante) y Castilla y León (17.298 euros de renta), porque son dos regiones muy envejecidas, con muchos pensionistas, lo que ha aumentado su renta final en los últimos años. Y las otras 8 autonomías (más Ceuta y Melilla, cuyos datos no se dan) tienen un nivel de renta por habitante inferior a la media nacional, sobre todo las regiones que ya eran económicamente las más pobres: Extremadura (12.382 euros de renta), Canarias (13.714 euros), Andalucía (14.048 euros), Murcia (14.075 euros) y Castilla la Mancha (14.537 euros). A ellas se suman, también con menos renta que la media española, 3 regiones “intermedias”: Comunidad Valenciana (15.149 euros renta/habitante), Cantabria (16.479) y Galicia (16.860 euros).

En definitiva, que las regiones que eran ricas, pobres o intermedias por su producción, por su estructura económica y de empleo, acaban siendo ricas, pobres o intermedias en la renta que finalmente reciben, a pesar de las transferencias públicas, las ayudas, inversiones, impuestos y financiación autonómica, lo que indica un fracaso en las políticas regionales. No se consigue apenas que mejoren y salten de puesto las más retrasadas, ni ahora ni en los últimos años. Y lo peor no es sólo que haya 2 Españas (o 3) en el nivel de renta, sino que han aumentado las diferencias, la brecha de renta entre regiones. Si en 1977, un balear tenía 1,81 veces la renta de un extremeño, mejoró algo en el año 2.000, cuando un aragonés ingresaba 1,53 veces lo que un andaluz, pero ha empeorado después: si en 2008, un vasco tenía 1,65 veces la renta de un extremeño, en 2018 tiene 1,78 veces más, según el informe de la Fundación Alternativas. Ha aumentado la desigualdad de renta entre territorios.

Esto confirma una España a dos o tres velocidades, no sólo entre regiones sino también con muchas desigualdades dentro de cada región. Y sobre todo en las más pobres. Así, el informe de la Fundación Alternativas desvela que las regiones con más desigualdad interna son Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha y Canarias, y que esa desigualdad ha aumentado entre 2008 y 2018. Y las regiones con menos desigualdad interna son dos de las más ricas, Navarra y Aragón, seguidas de Asturias, País Vasco, Cantabria y la Rioja. Y además, esa desigualdad interna se refleja en una gran diferencia de renta entre ciudades de una misma provincia, desigualdad municipal encabezada por Madrid, Barcelona, Sevilla, Cádiz y Granada, Alicante, Valencia y A Coruña.

S ha llegado hasta aquí, le habrá quedado clara la tremenda desigualdad entre regiones, dentro de cada región e incluso entre ciudades de una misma provincia. Y lo más tremendo es que esas desigualdades territoriales están ahí desde hace décadas y hasta siglos. Ahora, con la pandemia y la recesión consiguiente (la mayor desde la Guerra Civil), los expertos creen que la desigualdad territorial aumentará, como ha pasado en otras crisis y más dada la precariedad en que están las cuentas públicas. Sin embargo, la pandemia también puede ser “una oportunidad” para reducir la brecha de producción y renta entre regiones, si se planifica la recuperación con criterios de política regional.

¿Qué se puede hacer? Lo primero, invertir y gastar pensando en corregir los desequilibrios regionales, tanto los Presupuestos 2021 (muy expansivos) como los Fondos europeos, esos 79.796 millones que van a llegar en los próximos 4 años. El objetivo es regionalizar la mitad de este gasto, pero la otra mitad, la que gestione el Estado debería hacerse con el objetivo de reconducir el crecimiento y el empleo de las regiones más pobres. Una segunda medida es planificar todas las inversiones públicas e infraestructuras (incluidas las digitales y la vivienda) para fomentar la inversión y la instalación de empresas en la España más atrasada, que no puede vivir sólo del turismo, la agricultura o las pensiones. Un tercer frente de actuación es la fiscalidad, homogeneizando impuestos (evitando “paraísos fiscales como Madrid) y facilitando vivir e invertir en las regiones más pobres. Y aprobar de una vez un nuevo sistema de financiación autonómica (pendiente desde 2014), porque el actual beneficia claramente al País Vasco y Navarra (reciben un 80% más por habitante que el resto del país, según el informe de la Fundación Alternativas), además de Cantabria, la Rioja, Extremadura, Asturias, Aragón y Castilla y León, en total 6 de las 9 regiones con más renta.

La pandemia va a dañar más a las familias y trabajadores más vulnerables y también a las regiones más pobres y menos productivas. Pero puede ser una oportunidad no sólo para reconvertir la economía y modernizar el país sino también para reducir la brecha secular entre regiones. Hay que sentar las bases para que no haya españoles de primera y de segunda, para que no vivamos mejor o peor según la región donde residamos. Es otra gran asignatura pendiente de este país.

Brexit: España, uno de los paises más afectados

Por si no tuviéramos bastante con la pandemia, Boris Johnson presiona a Europa al abismo de un Brexit duro, sin acuerdo, el 1 de enero. Duro o blando, España será uno de los paises más afectados, más que Alemania, Francia o Italia, según el Banco de España. Sobre todo, los exportadores de frutas, verduras, vino, cerámica y coches de Murcia, Levante, Aragón y Galicia, el turismo de Canarias, Baleares y el Mediterráneo, más las multinacionales y bancos españoles. El escollo de la negociación es que Europa “no se fía” del gobierno británico y teme que convierta Reino Unido en un paraíso laboral, medioambiental, fiscal y sin regulación (un “Singapur en el Canal”) que haga competencia desleal al mercado único. Que aprovechen “estar fuera” para invadir el mercado europeo. Europa no puede ceder, aunque suponga empezar 2021 con aranceles y barreras que penalizan a todos. La clave es “pasar página” con el Brexit de nunca acabar y que Europa salga de la pandemia y se fortalezca. UExit.

Al Reino Unido le costó 15 años ingresar en la Comunidad Económica Europea (el 1 de enero de 1973) y llevan tres años y medio intentando salir de la UE, desde el 23 de junio de 2016, cuando una estrecha mayoría de británicos (52%) votaron en referéndum a favor del Brexit. El Gobierno británico ha ido posponiendo su salida, de prórroga en prórroga, hasta que el 31 de enero de 2020 se cumplió la última fecha aprobada por Bruselas y Londres para dejar la UE. Pero el 1 de febrero, se consumó la salida política del Brexit (Reino Unido ya no tiene voz ni voto en la UE-27) pero no la salida económica: las mercancías, capitales, personas y servicios británicas siguen siendo comunitarias y se mueven libremente por el mercado único europeo hasta el 31 de diciembre de 2020, fecha límite para pactar un nuevo acuerdo comercial que establezca las futuras relaciones RU-UE27.

El problema es que Reino Unido ha ido perdiendo tiempo este año, retrasando las negociaciones con la ayuda de la pandemia, en otro intento de forzar a Bruselas a nuevas prórrogas y cesiones. Y ahora, a 17 días de la fecha límite, Boris Johnson presiona a Bruselas al abismo de un Brexit duro, en una peligrosa jugada de póker donde tiene más que perder que los 27. Pero también más que ganar, si juega de farol y sus rivales se arrugan, porque sus cartas son peores. Veamos de qué va el juego.

En principio, la futura relación comercial del Reino Unido con la Unión Europea podría seguir uno de los tres modelos que Europa tiene ya con terceros paises. Uno, el que se tiene con Noruega, Islandia o Liechtenstein: integrar al Reino Unido en un Espacio económico europeo (EEA), una zona de casi libre comercio, a cambio de aceptar los británicos la libre circulación de personas y la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia, además de financiar una parte del Presupuesto europeo. La segunda opción es firmar un Acuerdo de Libre Comercio, como el que tiene la UE con Canadá o Corea del Sur, menos favorable para los británicos, porque incluye aranceles (3%) y restricciones. Y hay un tercer modelo, menos interesante: firmar un Acuerdo de Asociación, como el que tiene la UE con Ucrania.

Al Reino Unido, especialmente a Boris Johnson y sus tories euroescépticos, no les gusta un acuerdo como el de Noruega, porque huyen de “compromisos” con Europa. Buscan desde el principio un acuerdo comercial como el de Canadá, pero con más ventajas porque ellos se consideran de alguna forma “europeos” (para comerciar). Y Europa lleva doce meses diciéndoles lo mismo: cuantas más ventajas comerciales quieran sacar, más tienen que parecerse sus normas y comportamientos a las de los europeos. A lo claro: si quieren comerciar con pocas trabas con la UE-27, tienen que jugar con sus reglas en materia laboral, fiscal, medioambiental o de ayudas estatales a las empresas. Tienen que respetar "los estándares europeos". Lo contrario sería hacer competencia desleal y querer aprovecharse del mercado único.

Pero Johnson sigue empeñado en jugar de farol, tras haber “vendido” a los británicos que el Brexit va a convertir al Reino Unido en una mayor potencia económica. Su pretensión es “recuperar el viejo imperio” y convertir a las islas británicas en un gigantesco portaaviones comercial y financiero, que compita sin trabas en Europa y en el resto del mundo, gracias a unos bajos costes laborales y sociales, una mínima regulación económica y medioambiental y jugosas ayudas públicas a las empresas británicas. Su idea es convertir Reino Unido en el Singapur de Europa, dispuesto a “arrasar en el continente”, ya desde fuera de la UE. Lo que vende Johnson a los británicos es el mejor de los mundos: librarse de las reglas y obligaciones de estar en la UE, pero lanzarse sin piedad a conquistar el mercado único europeo (el mayor del mundo).

La Comisión Europea y los negociadores de Bruselas lo saben y “no se fían un pelo” de Johnson y el ala euroescéptica de los conservadores británicos. Por eso, además de firmar un acuerdo comercial que impida la competencia desleal del Reino Unido, la clave es asegurar que esas reglas de juego se cumplen en el futuro. Porque si no, podría firmarse ahora el acuerdo y luego, en unos meses o años,  el Reino Unido podría cambiar sus normas y buscar “jugar con otras reglas”. De hecho, ya lo ha intentado hace unas semanas, enviando al Parlamento una Ley del Mercado Interior que permitía al Gobierno británico fijar unilateralmente los trámites aduaneros que han de hacer las empresas británicas para exportar a Irlanda del norte o las subvenciones que reciben, aspectos que violan el acuerdo de salida del Brexit. Al final, Johnson ha corregido a principios de diciembre esa Ley, como “gesto de buena voluntad”, pero en Bruselas no se fían.

Por eso, lo que se está negociando contra reloj no son peliagudas cuestiones comerciales, sino algo muy simple: “que se respeten las reglas de juego” (en inglés, “level-playing field”: terreno de juego igualado”). Poner por escrito las reglas, bien claritas, y el compromiso de Reino Unido de que no se van a cambiar en el futuro. Y la segunda cuestión, el sistema de gobernanza del acuerdo, o sea, cómo se dirimen legalmente las diferencias y qué mecanismos vinculantes se arbitran para solucionar las posibles controversias. Y aquí, Reino Unido se resiste a incluir clausulas de no regresión frente a lo pactado. El “tahúr” Johnson se resiste a fijar reglas y pretende poder jugar de farol sabiendo que sus cartas son peores. Y entre tanto, para despistar y cubrirse ante sus electores del norte, incluye como tercer tema de negociación la pesca, cuántas capturas podrán hacer la UE en aguas británicas (y viceversa). Pero la cuestión de fondo de la negociación es política: fiarse o no de Johnson.

Todos prefieren un Brexit blando a una falta de acuerdo y un Brexit duro el 1 de enero de 2020. Quien tiene más que perder es Reino Unido, porque depende más de la UE-27 que al revés: el 43% de las exportaciones británicas van a la UE (330.000 millones), mientras las islas británicas sólo representan el 18% de las exportaciones comunitarias (440.000 millones) y la mayoría de los países europeos tienen superávit con Reino Unido. Pero Johnson ha ido muy lejos en sus promesas a los británicos y lo más probable es que siga con su farol y presione más y más a Bruselas, buscando nuevas prórrogas y concesiones. Y la UE tampoco quiere un Brexit duro, porque se vería aún más resentida su economía en plena pandemia.

Si no hay más prórrogas y el 1 de enero llega un Brexit duro, eso significa que las relaciones comerciales entre la UE y el Reino Unido se fijarán de acuerdo a las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que establece aranceles (una media del 6% de impuestos a los productos importados, que puede llegar al 10% en automóviles y más en servicios) y barreras comerciales en la relación de “nación más favorecida” (la UE y RU). A corto plazo, se produciría un caos en las aduanas, para controlar el tráfico de personas y mercancías (sólo en Dover cruzan más de 10.000 camiones al día). Y se frenarían inversiones y operaciones. 

Para evitar lo peor, la Comisión Europea ha aprobado “un Plan de contingencia”, que permitirá prorrogar 6 meses los vuelos y viajes de pasajeros y mercancías. Pero falta que lo acepte y comparta el Reino Unido, cuyo Gobierno ya ha ordenado a la Marina Real que se prepare para interceptar barcos pesqueros de la UE en aguas británicas a partir del 31 de diciembre. Y ha pedido a los supermercados británicos que hagan acopio de alimentos por si acaso (el 25% vienen de la UE).Suena a que habrá un Brexit duro y conflictivo, aunque ayer domingo se han dado "un tiempo extra" para negociar antes de fin de año.

Quien más tiene que perder con un Brexit duro es el Reino Unido: su PIB caería un -3% en 2022, según un estudio reciente del Banco de España, mientras la UE perdería un -0,4% del PIB  (la Comisión aumenta esta bajada al -0,75% en 2022), tanto por el efecto negativo sobre el comercio (aranceles y barreras) como por el freno a inversiones y actividad económica. En el caso de un Brexit blando (un acuerdo como el de la UE y Canadá), la pérdida sería mucho menor, tanto para Reino Unido (-1,5% del PIB en 2022) como para la UE (-0,1%).

Sea un Brexit duro o blando, todos perderemos, los que más los británicos (su propia Oficina Presupuestaria espera una caída del PIB del -4%). Pero también España sufrirá bastante el Brexit: seremos el 7º país europeo más afectado, tras Luxemburgo, Irlanda, Holanda, Chipre, Suiza y Malta, según un estudio de S&P. Y seremos el país más afectado entre los grandes, más que Alemania, Francia o Italia, según confirma el estudio publicado por el Banco de España. Y eso porque somos uno de los paises europeos que tienen más relación comercial, turística e inversora con Reino Unido. De hecho, la relación económica de España con Reino Unido supone el 3,4% del PIB español, por encima de la relación con Alemania (3,2% de su PIB), Francia (2,8%) o Italia (1,95%), aunque por debajo del peso que tiene su relación con la UE-27 (3,95% de su PIB), según el Banco de España.

El mayor impacto se dará en el comercio (supone el 1,6% de nuestro PIB): Reino Unido es el 5º mayor cliente comercial de España (tras Francia, Alemania, Italia y Portugal) y les vendimos por valor de 19.666 millones de euros en 2019 y comprado por 11.808 millones, con lo que tuvimos un superávit comercial de +11.808 millones de euros. Este año 2020, con la pandemia y la amenaza del Brexit, el comercio con Reino Unido ha caído drásticamente, pero sigue siendo nuestro 5º mayor cliente: les exportamos por 12.040 millones y les compramos por 6.722 millones, hasta septiembre, con lo que el superávit es de +5.318 millones. Las principales ventas españolas al Reino Unido son alimentos, coches, bebidas y tabaco, ropa, cerámica, fertilizantes y bienes industriales intermedios.

El 2º mayor impacto del Brexit se dará en el turismo (supone el 1,2% de nuestro PIB): Reino Unido es el país que nos aporta más turistas, 18 millones en 2019 (un 21,5% del total), que han bajado drásticamente este año 2020, por la pandemia, a 2,97 millones de turistas británicos llegados hasta octubre (el 16,67% del total), según el INE. Y son también los turistas que aportan más gasto, un 19,4% del gasto turístico total en 2019 (17,834 millones se gastaron) y otro 15,7% del total este año (donde el gasto turístico de los británicos, como el de los demás, se ha desplomado hasta octubre: a 2.915 millones de euros, según el INE). Y no olvidemos que los británicos son los extranjeros que más compran viviendas en España: 8.750 en 2019, el 2% de todas las viviendas vendidas.

El tercer mayor impacto del Brexit se dará en los servicios (suponen un 0,6% del PIB), sobre todo en las exportaciones de servicios de telecomunicaciones y servicios financieros, derivados de la fuerte presencia en Reino Unido de las multinacionales españolas (desde Telefónica al Banco Santander o Ferrovial), que se verán bastante afectadas por el Brexit. Y queda por ver el impacto del Brexit en las inversiones españolas en Reino Unido, que rondan los 81.000 millones de euros (el 17,2% de toda nuestra inversión exterior). De hecho, el Reino Unido es el 2º mayor destino de las inversiones españolas en el extranjero, solo por detrás de las hechas en EEUU. En las islas han invertido mucho Telefónica (20.000 millones), Santander (15.000), Iberdrola (12.000), Ferrovial (6.000), Iberia/IAG (5.000), Cellnex (2.500), Banco Sabadell (2.000), FCC (2.000), Aena (300) o Inditex (100 tiendas), multinacionales españolas que se juegan una parte de sus ventas y beneficios en el mercado británico.

Todo esto está en juego con el Brexit, desde las exportaciones y el turismo a las finanzas, los servicios, las inversiones o la pesca. El impacto será mayor o menor según sea el acuerdo o desacuerdo, pero en cualquier caso, afectará mucho a España, especialmente a algunos sectores (agroalimentario y  automóvil, sobre todo) y regiones, según el estudio del Banco de España: el mayor impacto comercial lo sufrirán Murcia, la Comunidad Valenciana, Galicia y Aragón. Y el mayor impacto turístico e inmobiliario lo sentirán Canarias, Baleares y Levante. Regiones también muy afectadas por la recesión de la pandemia.    

Quedan unas semanas de infarto y unos años complicados, donde la UE y el Reino Unido tendrán que ajustar su relación, algo complicado y negativo en cualquier caso, porque  Europa pierde su 2ª mayor economía (15% del PIB de la UE y 13% de su población) y el Reino Unido su libre acceso al mayor mercado del mundo. Pero hay que seguir adelante, sin ceder a chantajes porque en esta partida Europa tiene las mejores cartas. Y además, la Unión Europea debe pasar cuanto antes la página del Brexit, que la ha desgastado durante tres años y medio. Hay que mirar hacia adelante y volcar todos los recursos en la reconstrucción de Europa tras la pandemia, reforzando internamente la Unión y avanzando en los Estados Unidos de Europa, consolidando un bloque económico, político  y social que afronte la dura competencia de China, EEUU y los paises emergentes en este siglo XXI. Y mientras, los británicos “se cocerán a fuego lento”, sufriendo día a día el enorme error del Brexit. Y en una generación (quizás ya con Escocia independiente), volverán a llamar a las puertas de la UE. Pero mientras, necesitamos consolidar una Europa más fuerte, más unida y más solidaria. Vayamos a ello, sin que nos desgaste más el Brexit. UExit.