EPA septiembre 2019: se "desinfla" el empleo

Hoy se ha conocido la EPA de septiembre, que refleja lo que todo el mundo dice: la recuperación se está frenando y también el empleo. Este verano se han creado sólo 69.400 empleos, la tercera parte que en 2018 y el menor aumento del empleo desde 2013. Y lo peor: el empleo sólo crece entre los hombres y baja entre las mujeres. Además, sólo un 6,2% de los nuevos contratos son “decentes” (fijos y a jornada completa), con lo que seguimos siendo el país con más trabajo precario de Europa.  Y mientras, apenas baja el paro, casi la mitad de los parados llevan más de un año sin trabajo y el 40% no cobran ningún subsidio. De hecho, hay 1,28 millones de parados sin ninguna ayuda, en la pobreza más absoluta. Un panorama muy preocupante, tras 6 años de recuperación y con la amenaza de otra crisis. Por eso, urge tener un nuevo Gobierno que pacte  un Plan de choque contra el paro y por un empleo de más calidad, con un acuerdo social entre patronal y sindicatos y con medidas que deberían ser la prioridad de todos los partidos en 2020. El empleo no puede esperar.

enrique ortega

El verano suele  ser una buena época para el empleo, por el turismo. Pero este año, ha “pinchado” el turismo (-0,92% de turistas en julio y agosto) y también el empleo, sobre todo en septiembre. Con ello, el empleo se desinfló en el tercer trimestre de 2019, según la EPA conocida hoy: sólo se crearon  69.400 empleos entre julio y septiembre, la menor cifra de creación de empleo desde 2013 (se crearon 183.900 empleos en el tercer trimestre 2018, más de 225.000 en 2016 y 2017, 182.200 en 2015, 151.000 en 2014 y 39.500 en 2013). Y lo más preocupante es que sólo se ha creado empleo entre los hombres (+74.300) y se ha perdido entre las mujeres (-4.900 en el trimestre). Se creó empleo este verano en los servicios (+87.700) y la industria (+51.200), pero se perdió en el campo (-63.000) y la construcción (-6.500). Por autonomías, el empleo aumentó en 11 (+41.000 en Baleares, +31.300 en Cataluña, +16.700 en la Comunidad Valenciana y +15.400 en Castilla y León), pero bajó en otras 6 (-35.000 Andalucía, -15.100 en País Vasco), más Ceuta y Melilla, según la EPA.


Con todo, lo más preocupante es que el empleo que se crea sigue siendo muy precario, más incluso que en 2018. Así, el 90,4% de los contratos firmados entre enero y septiembre de 2019 son temporales, según Trabajo, frente al 89,6% en el primer semestre de 2018, el 90,32% en el 2º y el 89,75% de todo 2018, en línea con el 91% de contratos temporales firmados en 2016 y 2017. Y además, hay una gran rotación, con lo que se firman muchos contratos de corta duración para cada empleo. Así, un 38% de los contratos se firman por menos de un mes y un 25% por menos de 1 semana, sobre todo en el turismo, la hostelería, el comercio y los servicios. Además, lo que sucede es que esta excesiva temporalidad se ceba en un reducido número de trabajadores, unos 212.000, que han firmado una media de 3,3 contratos al mes, unos 40 contratos al año para poder trabajar, según un estudio de CCOO.


Esta alta temporalidad de los nuevos contratos, que arrastramos desde la reforma laboral aprobada por Rajoy en 2012, lleva a que España sea el país europeo con más precariedad laboral: un 26,66% de los asalariados tienen ya un contrato temporal, casi el doble que en Europa (13,7% de contratos temporales en la UE-28), Francia (16.5%) o Alemania (12%), según Eurostat (2019). Y España es también el país europeo donde se hacen más contratos temporales por menos de 6 meses: el 60% del total, frente al 15% en Alemania, según la OIT.


También suben este año los contratos a tiempo parcial (por horas o días), que suponen el 35,4% de los contratos firmados de enero a septiembre (frente al 33,18% en el primer trimestre y el 34,72% en el 2º), según Trabajo. El problema de estos contratos a tiempo parcial es que se concentran en las mujeres: 2,06 millones de los 2,78 millones de asalariados que trabajan a media jornada. Y además, las mujeres y los hombres que trabajan menos horas no lo hacen porque quieren (algunos sí, para cuidar a hijos y padres dependientes), sino porque no encuentran otra cosa. Así, el 55,8% de los contratados a tiempo parcial en España lo son de forma “forzosa” (subempleo), frente al 24,8% de media en Europa, según Eurostat.


Así que España crea empleo, más que la mayoría de Europa, pero sigue siendo un empleo muy precario. De hecho, sólo el 6,2% de los contratos firmados en 2019 (16.783.000 entre enero y septiembre) son contratos “de calidad”: indefinidos y a tiempo completo, menos incluso que en 2018 (6,5% fueron contratos fijos y a tiempo completo), según Trabajo. Pero además, estos contratos “indefinidos” no son tampoco “seguros”: sólo un 63% de los contratos indefinidos firmados a lo largo de 2018 sobrevivían a finales del año pasado, según un estudio de CCOO, que lo achaca a la reforma laboral de 2012, porque en 2011, el 87% de los contratos indefinidos se mantenían. Y otro dato sorprendente sobre la precariedad de los contratos “fijos”: sólo el 50% de los contratos indefinidos firmados en 2017 sobrevivían a finales de 2018: la otra mitad se habían perdido.


Esta elevada precariedad laboral, más en los contratos temporales y de media jornada, pero también en los indefinidos, se traduce en bajos salarios, porque los contratos precarios ganan entre un 39% y un 62% del sueldo de los contratos indefinidos a jornada completa: 17.003 euros anuales los empleos temporales y 10.648 euros a tiempo parcial frente a 27.348 euros los que trabajan a tiempo completo, según la estadística salarial del INE (2017). Eso explica el aumento en España de los trabajadores pobres (los que ganan menos del 60% de la media del país): 2.200.000 personas con empleo, el 13% de los asalariados, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), muy por encima de la media europea (9,5%) y el tercer país con más trabajadores pobres de Europa, tras Rumanía (24%) y Grecia (17%).


Si la situación del empleo es preocupante, lo es mucho más la del paro, que afecta a 3.214.400 españoles y sus familias, según la EPA. La bajada del paro en el trimestre (-16.200) es mucho menor que en los últimos años (bajó en -164.000 en el tercer trimestre de 2018 y en -298.200 parados en 2015). Y aunque la tasa de paro esté ahora en el 13,92% (Rajoy la dejó en el 16,7%), es todavía mucho más alta que antes de la crisis, cuando estaba en el 7,9% (verano 2007). Y, sobre todo, es la segunda más alta de Europa, tras Grecia (17% de paro), con más del doble de paro que la media europea (6,2% en la UE-28) y más de cuatro veces el paro de Alemania (3,1%), según los últimos datos de Eurostat (agosto 2019). Además, el paro afecta especialmente a los jóvenes (31,6% en paro frente al 15% en 2007), los inmigrantes (21% paro) y las mujeres (15,92% en paro frente al 12,7% os hombres). Y hay 5 autonomías que superan o rondan la tasa de paro del 20% (Melilla, Extremadura, Ceuta, Andalucía y Canarias), mientras seis no llegan al 10% (Navarra, País Vasco, Aragón, Cantabria, Baleares y la Rioja), según la EPA.


No es sólo que tengamos todavía una tasa de paro “insoportable”. Es que la situación de los parados es doblemente preocupante. Por un lado, son casi la mitad (el 43,5%) los parados que llevan varios años en paro, sin encontrar trabajo, lo que les dificulta ser recolocados: hay casi 1,4 millones de parados EPA que llevan más de un año sin trabajar, el triple que antes de la crisis (500.000 parados de larga duración en 2007). Y de ellos, casi 700.000 llevan más de 4 años parados, muchos de ellos sin perspectiva de encontrar trabajo porque tienen más de 45 años. 


Por otro lado, casi la mitad de los parados no cobra ninguna ayuda, porque se les ha acabado el subsidio o porque su contrato era tan precario que no tiene derecho (o autónomos que no han cotizado). En agosto, último dato de Trabajo, sólo 1.927.778 parados cobraban alguna ayuda, el 60% de los parados EPA, cuando antes de la crisis, en 2007, cobraban subsidio el 76% de los parados. Y hay 4 autonomías donde hay más parados que no cobran ayudas (más del 50%) de los que sí las cobran: Melilla (sólo 31,25% cobran algo), Canarias (49,16%), Ceuta (43,58%) y Asturias (48,37%). Además, entre los que cobran algo, son mayoría (1.018.538 parados) los que cobran un subsidio “asistencial” (de sólo 430 euros, durante unos meses) que los que reciben un subsidio “contributivo” (909.240 parados), que ha bajado a 804,70 euros al mes. 


Con la EPA de hoy, el empleo ronda los 19,8 millones de ocupados, lo que indica que se han creado 2.833.700 nuevos empleos (precarios y mal pagados) con la recuperación iniciada en la primavera de 2014. Pero todavía queda recuperar 726.300 empleos para alcanzar la máxima ocupación alcanzada antes de la crisis (20.510.600 españoles trabajaban en septiembre de 2007, según la EPA). Así que no hay que hacer “triunfalismo” con los datos de empleo de junio, sobre todo porque el ritmo de creación de empleo está bajando, como el crecimiento de la economía. La previsión de la Comisión Europea es que el empleo en España crezca este año un 2% (frente al 2,5% en 2018 y el 3% en 2016 y 2017). Eso se traducirá en 350.000 nuevos empleos este año 2019, tras los 566.200 creados en 2018 (y una media de 465.000 cada año entre 2014 y 2017). Y eso si no hay “sustos” en el horizonte económico de los próximos meses (guerras comerciales, subida del petróleo y los tipos, estancamiento en Europa, nuevos ajustes, bloqueo político en España…).


Como he intentado explicar, los datos del empleo y el paro mejoran pero están lejos del resto de Europa y de recuperar la situación que teníamos antes de la crisis, a pesar de estos 6 años de recuperación. Y la situación es angustiosa para muchas familias, o bien porque siguen en paro (mucho tiempo ya y sin cobrar subsidio) o porque tienen empleos muy precarios y mal pagados, que les hacen mirar el futuro con mucha incertidumbre. Por todo ello, el paro sigue siendo “la primera preocupación de los españoles” (para el 60%), según el Barómetro del CIS de septiembre. Y eso hace que las soluciones no pueden esperar, a la vista del grave panorama del empleo y el paro que acabo de reflejar, con datos oficiales.


Lo primero y más urgente es resolver la grave situación de los parados que no cobran y que están en la pobreza y la exclusión social. Son 1.450.000 parados que no reciben ayudas, según un estudio de CCOO. Los sindicatos ya presentaron en el Congreso, en febrero de 2017, una iniciativa popular (apoyada por 700.000 firmas) para pagar una renta mínima de 426 euros a las familias sin recursos, iniciativa que contó con el apoyo de todos los grupos, salvo PP y Ciudadanos. Ahora, casi 3 años después, esta propuesta de renta mínima sigue sin aprobarse y tendrá que debatirse en el Congreso que salga tras  las elecciones del 10-N. Mientras, la Autoridad Fiscal independiente (AIREF) ha dado un espaldarazo técnico es esta renta mínima, al presentar un estudio donde defiende crear una renta mínima de 430 euros para 1,8 millones de familias excluidas, con un coste de 5.500 millones anuales.


El próximo Gobierno debería pactar también un Plan de choque contra el paro, dirigido especialmente a los jóvenes, las mujeres y los parados de larga duración, los colectivos que tienen más difícil colocarse. Primero, hay que volcarse en su formación (hay 1.504 millones de euros para formación sin gastar, de los ejercicios 2015, 2016 y 2017), con cursos más eficaces y ligados a lo que piden las empresas. Segundo, hay que reformar los servicios públicos de empleo (SEPE), para que no sean unas oficinas burocráticas sino que ayuden realmente a los parados a encontrar empleo, como agencias de colocación. Un avance pueden ser los 3.000 asesores que han  contratado las autonomías para orientar a los jóvenes parados, en cumplimiento del Plan de empleo joven aprobado por el Gobierno Sánchez en diciembre. Y tercero, hay que incentivar (ayudas fiscales, cotizaciones) a las empresas que contraten de forma estable parados de larga duración, casi la mitad de los parados.


En tercer lugar, urge un acuerdo social, entre patronal y sindicatos (con el apoyo del Gobierno y los partidos), para conseguir más empleo “decente”, con una estrategia de “palo y zanahoria”: palo a las empresas y sectores (hostelería y servicios) que “abusan” de los contratos temporales y por horas para empleos que son estables y con jornadas normales. Hay que reforzar la Inspección de Trabajo y lanzar campañas contra los que defraudan, como la iniciada en agosto de 2018 (se regularizaron 195.000 falsos empleos temporales en 2018). Y “enseñar la zanahoria” al resto, para incentivarles a que hagan contratos fijos y con jornadas normales, con menores cotizaciones e impuestos. Con un seguimiento periódico y un objetivo: por ejemplo, rebajar del 89,75% al 70% el porcentaje de temporales en los contratos de 2020. Se puede conseguir si se convence a los empresarios que ahora, tras varios años con beneficios,  pueden y deben ofrecer contratos decentes. Y eso pasa también por una reforma normativa, para dar marcha atrás a la reforma laboral de Rajoy de 2012, como piden los sindicatos y la izquierda.


Y hay una cuarta medida de fondo para promover el empleo en España: cambiar el modelo económico de crecimiento, asentado en el turismo, la hostelería, las tiendas y la construcción, sectores con un empleo estacional, precario y mal pagado. Hay que apostar por la industria y la tecnología, porque el 92% de los empleos en España se crean en actividades de bajo contenido tecnológico y sólo el 8% en ramas de tecnología media y alta, las que tienen futuro, según un estudio de CCOO. Eso significa evitar ser “la California de Europa” y apostar por un país más competitivo, que cree más empleo (tenemos 1.800.000 empleos menos que la media de Europa: un 67% de adultos trabajando frente al 73,2% en la UE-28) y un empleo más estable y más productivo, para vivir mejor.


Son retos muy importantes y que exigen tiempo. Pero urge empezar cuanto antes, porque el empleo no puede esperar: es lo que más preocupa a los españoles, aunque no a los políticos. Dejen de pelearse y tomen medidas eficaces para que trabajen más españoles, con empleos decentes y mejor pagados. Esa debería ser la gran prioridad del Gobierno y los demás partidos tras el 10-N. Muévanse.

Tras el control horario, más horas extras (+gratis)

Desde el 12 de mayo, las empresas tienen obligación de llevar un control horario de entrada y salida de sus trabajadores, medida aprobada por el Gobierno Sánchez (con el apoyo legal del Tribunal de Justicia europeo) para frenar las horas extras. A pesar del fichaje obligatorio, en el 2º trimestre se han hecho más horas extras que en el 1º, según la EPA. Y también más horas extras gratis. Los sindicatos denuncian retrasos y fraude en la aplicación del control horario en muchas empresas. Y piden más inspectores, multas más altas y una reforma laboral que prohíba a los empresarios imponer horarios excesivos. El problema es grave porque estas horas extras impiden crear 180.000 nuevos empleos al año y, como muchas no cotizan, dejan a la Seguridad Social un “agujero” de 650 millones anuales. Más 1.800 millones que dejan de ganar los trabajadores que hacen horas gratis. Al final, trabajamos más horas que en Europa, para ganar menos y ser un país menos productivo.

enrique ortega

En España hay una larga tradición de “hacer horas extras”, como en toda la Europa del sur. Una fórmula para que los trabajadores “redondeen” sus ingresos (antes era el pluriempleo) y las empresas se ahorren costes y, sobre todo, cotizaciones sociales, con lo que ambas partes “colaboran”. Eso aumenta, de hecho, la jornada laboral efectiva. Así, la jornada media pactada en los convenios (marzo 2019) es de 148,6 horas al mes  (37,15 horas semanales), según el INE, pero más de la mitad de los ocupados trabajan más de 40 horas semanales efectivas: 8,81 millones (el 44,5% de los ocupados) trabajan de 40 a 49 horas semanales y otros 1,44 millones (el 7,3%) trabajan incluso más de 50 horas a la semana, según la EPA. Los que trabajan jornadas más largas son los jóvenes (el 55% tienen entre 25 y 34 años) y los empleados en hostelería, comercio, construcción y algunas industrias, sobre todo en Madrid, Baleares, Canarias, Cantabria y Galicia.

La jornada real de trabajo supera mayoritariamente las 40 horas porque, tras los drásticos recortes de plantillas entre 2008 y 2014, las empresas imponen jornadas más largas a los trabajadores que quedan (gracias a la reforma laboral de 2012) y también porque se están haciendo más horas extras, tras haberse reducido con la crisis. En los años de bonanza económica se llegó al récord de horas extras: 10,2 millones a la semana en el primer trimestre de 2008, según el INE. Pero luego estalló la recesión y las empresas recortaron las horas extras, bajándolas a la mitad, hasta un mínimo de 4,5 millones de horas semanales en el verano de 2012. A partir de ahí, la reforma laboral aprobada por Rajoy dio “amplios poderes” a los empresarios para fijar la jornada y las horas extras, que empezaron a subir, hasta los 6,5 millones de horas extras semanales en la primavera de 2015. Y en 2016 y 2017 se mantuvieron por encima de los 6 millones de horas extras semanales, alcanzándose un récord a finales de 2018, con 6.435.000 horas extras semanales, el récord desde 2009.

Lo llamativo no es sólo el récord de horas extras, sino que casi la mitad de las horas extras no se pagan: a finales de 2018, no se pagaron el 46% del total de horas extras, concretamente 2.962.000 horas semanales que se hicieron gratis, según la EPA. Un porcentaje mayor de horas gratis que antes de la crisis, ya que en 2008 no se pagaban el 40%. Estas horas extras trabajadas gratis suponen un importante ahorro de costes para las empresas: si el coste total de una hora de trabajo ronda los 20 euros (según el INE), con esas casi 3 millones de horas gratis, las empresas se ahorran 56 millones a la semana, 2.700 millones al año (descontando las semanas de vacaciones). Y los trabajadores pierden, al no cobrarlas, 13 euros por hora (coste salarial horario, según el INE), o sea 38 millones a la semana y 1.824 millones de euros al año. Pero es eso o la amenaza de despido.

Pero el abuso de las horas extras gratis tiene otros costes. Para la Seguridad Social, porque las empresas no cotizan por esas casi 3 millones de horas semanales gratis: UGT estima que se pierden 650 millones de euros anuales en cotizaciones. Una cifra clave para un sistema de pensiones que tiene un déficit de -19.000 millones de euros anuales. Además, los trabajadores que hacen horas extras gratis no sólo pierden ingresos sino también pierden derechos al cotizar por menos horas de las que realmente hacen: cobrarán menos al coger una baja laboral, en la indemnización por despido, al cobrar el desempleo y, sobre todo, al cobrar la pensión cuando se jubile.

Pero lo más grave de las horas extras (pagadas o gratis) es que “quitan trabajo” a parados que podían hacer esas tareas, ya que muchas empresas suplen el contratar a nuevos trabajadores alargando las jornadas de sus empleados con horas extras, pagadas o no. De hecho, si no se hicieran esas 6,43 millones de horas extras a la semana, las empresas necesitarían contratar a 173.216 nuevos trabajadores (contando las 37,15 horas de jornada media pactada). UGT estima que se podrían crear 180.000 nuevos empleos anuales a tiempo completo si no se realizaran horas extras. Una cifra muy importante para un país como España que tiene más del doble de paro que Europa (13,9% frente al 6,3% en la UE-28, según Eurostat).

Por todo esto, la batalla contra las horas extras lleva años siendo una obsesión de los sindicatos, sobre todo los de banca, porque las instituciones financieras las han utilizado mucho tras la crisis. En 2015 y 2016, la Audiencia Nacional dictó 3 sentencias que obligaban a la banca a llevar un registro de jornada para comprobar horarios y horas extras. Pero la banca afectada (Bankia, Sabadell y Abanca) las recurrió y finalmente el Tribunal Supremo les dio la razón, en 2 sentencias (23 de marzo y 30 de abril de 2017) que anulaban la obligación del registro diario  de jornada, señalando que las empresas solo debían llevar un registro de horas extras y comunicárselo cada mes a los trabajadores afectados. Pero la “batalla legal” no acabó aquí, porque la Audiencia Nacional, a raíz de un nuevo recurso sindical en Deutsche Bank, dictó un auto, el 19 de enero de 2018, donde trasladaba la cuestión al Tribunal de Justicia de la UE. Y el 31 de enero de 2019, el abogado general de la UE daba la razón a los sindicatos y proponía al Tribunal de la UE que declare que “la Carta Social Europea y la Directiva 2003/88 imponen a las empresas la obligación de implantar un sistema de cómputode jornada laboral”, sentencia que se espera en los próximos meses.

Con este apoyo legal europeo, el Gobierno Sánchez (en funciones)  aprobó el 8 de marzo de 2019 un nuevo real decreto-ley sobre control de horarios, pactado con los sindicatos y al que se opuso la patronal CEOE. Un decreto convalidado el 3 de abril por la Diputación permanente del Congreso, con el apoyo de PSOE y Podemos, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP. La nueva normativa obligaba a las empresas a establecer un registro diario de jornada desde el 12 de mayo donde se especifique la hora de entrada y de salida y que deben guardar 4 años. Este registro de jornada debe estar a disposición del trabajador, los sindicatos y la inspección de trabajo, que lo lleva pidiendo muchos años. Y establece sanciones a las empresas que incumplan, de 626 a un máximo de 6.250 euros de multa.

La patronal y muchas empresas han criticado este registro de jornada, que se ha ido aplicando con muchos retrasos y dudas, a pesar de que el Ministerio de Trabajo publicara en su web esta Guía para aplicarlo. Y los sindicatos han denunciado retrasos y fraudes, sobre todo en pequeñas empresas que no lo aplican o llevan un control manual a posteriori. Quizás por todo esto, el control horario ha sido poco efectivo hasta ahora, al menos no ha servido para reducir las horas extras, que han aumentado en el 2º trimestre, según la EPA: han pasado de 5.679.400 horas extras semanales en el primer trimestre a 6.020.700 en el segundo. Y dentro de ellas, han aumentado también las horas extras gratis y su peso: de 2.636.700 (el 41,6% del total) a  2.912.600 (el 48,37% de las horas extras). Eso sí, lo positivo es que en la primera mitad de 2019 se han hecho menos horas extras totales (5.549.300 semanales) que en el primer semestre de 2018 (5.824.000).

Viendo los datos de la EPA, los sectores que han aumentado sus horas extras (pagadas y gratis) en el segundo trimestre, a pesar del control horario, son la hostelería (+99.100 horas extras semanales), el ocio y entretenimiento (+71.600), la educación (+52.100) la industria (+49.500 horas extras), la construcción (+45.000), información y comunicación (+38.200), la administración pública (+37.500),  y el transporte (+14.900), bajándolas el comercio (-88.200 horas extras semanales), actividades profesionales (-75.200), banca y seguros (-14.200) y sanidad (-5.500 horas). Con todo, los sectores donde se hacen más horas extras son la industria (424.200 horas semanales), la hostelería (377.500), la educación (294.800), el comercio (239.200), las actividades profesionales (212.900), la información y comunicaciones (192.500), y las finanzas y seguros (166.700 horas semanales). Dos tercios de las horas extras (66%) las hacen los hombres y el resto las mujeres, que han bajado sus horas extras.

En realidad, los que hacen horas extras son una minoría de trabajadores: 764.100 empleados en el 2º trimestre de 2019, según la EPA, un 4,57% de los asalariados (en el primer trimestre eran 735.500, el 4,49%). La mayoría de los que hacen horas extras tienen entre 30 y 49 años y trabajan en la hostelería, servicios profesionales y la industria. De ellos, la mayoría son los que hacen de 4 a 6 horas extras a la semana (216.100 asalariados), los que hacen de 10 a 12 horas semanales (145.700), de 1 a 3 horas (137.600) , de 7 a 9 horas (83.000) y 16 horas o más (83.000), mientras hay 73.000 asalariados que “no saben” cuantas horas extras hacen. De este grupo que hace horas extras, sólo la mitad, 329.700 asalariados hacen horas extras gratis, mientras otros 35.200 las hacen a la vez cobrando y gratis, según la EPA. Y entre los que hacen más horas gratis, vuelven a estar los profesionales y los que trabajan en hostelería, comercio y servicios.

Los sindicatos denuncian, además, que hay un enorme fraude en los horarios laborales, no sólo porque se hagan más horas de las pactadas sino porque hay sectores (hostelería, comercio, servicios) donde dominan los contratos a tiempo parcial y los trabajadores tienen un contrato por horas o media jornada y acaban haciendo la jornada completa, sin cobrar la mayoría de obras extras que hacen. De hecho, hay ya 2.951.500 ocupados con contrato a tiempo parcial (un 15%, casi 1 de cada 6 trabajadores), según la EPA. Las tres cuartas partes  son mujeres (2.186.200 trabajan a tiempo parcial, por horas o días), sobre todo en el comercio, hostelería, servicio doméstico y servicios.

A la vista de que el control horario no ha frenado las horas extras ni el fraude, los sindicatos piden medidas más efectivas, básicamente reforzar la inspección de Trabajo (tiene la mitad de plantilla que en Europa: 1 inspector por cada 15.000 asalariados frente a 1 por 7.300 trabajadores en la UE-28), aumentar las multas por no cumplir el registro horario (son muy bajas, de 626 a 6.250 euros, y a las empresas les compensa arriesgarse), introducir un mayor control horario en los convenios colectivos y, sobre todo, que el Gobierno apruebe una  reforma laboral que limite el enorme poder de fijación de horarios que les dio Rajoy a los empresarios en 2012. Más jornadas pactadas y menos abusos.

Reducir las horas extras es clave para crear más empleo. Y, en contraposición, tener una jornada laboral mayor que en Europa no nos ayuda a ser más competitivos. De hecho, la jornada laboral media en España era de 37,7 horas semanales en 2018, frente a 37,1 horas en la UE-28 y 36,5 horas semanales en la zona euro (trabajan 62,4 horas menos al año), según Eurostat. Y sin embargo, España está a la cola en productividad (ocupamos el lugar nº 26 en el ranking mundial del Foro Económico Mundial), somos el país nº 14 en Europa por renta per cápita y tenemos más del doble de paro. Porque ser más productivos y más ricos no depende de trabajar más horas sino de ser más eficientes, algo que depende del modelo económico (poca industria y demasiados servicios), del tamaño de las empresas (demasiadas pymes), del desarrollo tecnológico, de las infraestructuras, de las formación de los trabajadores y de la organización del trabajo (poco participativa en España). No vale con hacer horas y “calentar” el asiento.

Ahora, otra prioridad del futuro Gobierno debería ser hacer cumplir la normativa de los controles horarios y favorecer la reducción de las horas extras, aflorando el fraude y penalizándolas con cotizaciones para que sean sustituidas por nuevos empleos. Y promover un cambio legislativo y un acuerdo social, sobre el control horario, para convencer a las empresas que no pueden seguir obligando a hacer horas extras gratis y que no por muchas horas van a competir mejor. No olviden el dato: tenemos 1.800.000 empleos menos que la media de Europa: un 67% de adultos trabajando frente al 73,2% en la UE-28. Una parte es porque el modelo económico no da de sí más empleo. Pero otra parte es porque está mal repartido, porque algunos hacen horas de más. Hay que trabajar menos horas, con más eficiencia, para que trabaje más gente, como en Europa.

El empleo no puede esperar

Hoy se ha conocido la EPA de junio, que aumenta el empleo y baja el paro, como es habitual en primavera. Pero la ocupación aumenta menos que los años anteriores. Y se crea más empleo temporal que en 2018, con parados que firman hasta 40 contratos al año para tener trabajo. Y los empleos “fijos” tampoco lo son: 1 de cada 3 acaban en despido antes de un año. Además, el paro sigue siendo el doble que antes de la crisis y que en Europa. Y la mitad de los parados llevan más de un año sin trabajar y no cobran el paro. De hecho, hay 1,45 millones de parados sin ninguna ayuda, en la pobreza. Un panorama muy preocupante, tras 5 años de recuperación. Por eso, urge pactar un Plan de choque contra el paro y por un empleo de más calidad, con un acuerdo social entre patronal y sindicatos y con medidas que deberían ser la prioridad del futuro Gobierno. El empleo no puede esperar. 

enrique ortega

El segundo trimestre del año suele ser el mejor para el empleo, por las rebajas y las contrataciones previas al verano. Y en 2019, la EPA de junio lo ha confirmado, con un aumento del empleo y una bajada del paro. Pero, en ambos casos, la mejoría es menor que en 2018 y años anteriores, porque el empleo está perdiendo fuelle. Y si el paro baja, también menos, es en gran parte porque hay menos españoles que buscan trabajo, menos “activos”, sobre todo mujeres y mayores de 45 años, así como jóvenes que prolongan sus estudios. De hecho, hay 500.000 activos menos que en 2012, según la EPA.

Con todo, lo más preocupante es que el empleo que se crea es muy precario, más incluso que en 2018. Así, el 90,32% de los contratos firmados entre enero y junio de 2019 son temporales, según Trabajo, frente al 89,6% en el primer semestre de 2018 y el 89,75% de todo 2018, en línea con el 91% de contratos temporales firmados en 2016 y 2017. Y además, hay una gran rotación, con lo que se firman muchos contratos de corta duración para cada empleo. Así, un 38% de los contratos se firman por menos de un mes y un 25% por menos de 1 semana, sobre todo en el turismo, la hostelería, el comercio y los servicios. Además, lo que está pasando es que esta excesiva temporalidad se ceba en un reducido número de trabajadores, unos 212.000, que han firmado una media de 3,3 contratos al mes, unos 40 contratos al año para poder trabajar, según un reciente estudio de CCOO.

Esta alta temporalidad de los nuevos contratos, que arrastramos desde la reforma laboral aprobada por Rajoy en 2012, lleva a que España sea el país europeo con más precariedad laboral: un 26% de los asalariados tienen ya un contrato temporal, casi el doble que en Europa (14,1% de contratos temporales en la UE-28), Francia (16.7%) o Alemania (12,6%), según Eurostat (2018). Y además, España es también el país europeo donde se hacen más contratos temporales por menos de 6 meses: el 60% del total, frente al 15% en Alemania, según la OIT.

También han subido este año los contratos a tiempo parcial (por horas o días), que suponen el 34,72% de los contratos firmados de enero a junio de 2019 (frente al 33,18% en el primer trimestre), según Trabajo. El problema de estos contratos a tiempo parcial es que se concentran en las mujeres: 2,2 millones de los 3 millones de asalariados que trabajan a media jornada. Y además, las mujeres y los hombres que trabajan menos horas no lo hacen porque quieren (algunos sí, para cuidar a hijos y padres dependientes), sino porque no encuentran otra cosa. Así, el 61,1% de los contratados a tiempo parcial en España lo son de forma “forzosa” (subempleo), frente al 26,4% de media en Europa, según Eurostat.

Así que España crea empleo, más que la mayoría de Europa, pero sigue siendo un empleo muy precario. De hecho, sólo el 6,31% de los contratos firmados en 2019 (10.988.900 entre enero y junio) son contratos “de calidad”: indefinidos y a tiempo completo, menos incluso que en 2018 (6,5% de contratos fijos y a tiempo completo), según Trabajo. Pero es que, además, estos contratos “indefinidos” no son tampoco “seguros”: sólo un 63% de los contratos indefinidos firmados a lo largo de 2018 sobrevivían a finales del año pasado, según un estudio de CCOO, que lo achaca a la reforma laboral de 2012, porque en 2011, el 87% de los contratos indefinidos se mantenían. Y otro dato sorprendente sobre la precariedad de los contratos “fijos”: sólo el 50% de los contratos indefinidos firmados en 2017 sobrevivían a finales de 2018: la otra mitad se habían perdido.

Esta elevada precariedad laboral, más en los contratos temporales y de media jornada, pero también en los indefinidos, se traduce en bajos salarios, porque los contratos precarios ganan entre un 39% y un 62% del sueldo de los contratos indefinidos a jornada completa: 17.003 euros anuales los empleos temporales y 10.648 euros a tiempo parcial frente a 27.348 euros los que trabajan a tiempo completo, según la estadística salarial del INE (2017). Eso explica el aumento de los trabajadores pobres en España: 2.654.000 personas con empleo, el 14,1% de los asalariados, según la Red Europa de lucha contra la pobreza (EAPN), con lo que somos el país occidental con más porcentaje de trabajadores pobres (que ganan menos del 60% de la media del país), según la OCDE.

Si la situación del empleo es preocupante, lo es mucho más la del paro, que afecta a 3 millones de españoles y sus familias. La bajada del paro es menor en 2019 que en los dos últimos años. Y aunque la tasa de paro esté ahora por debajo del 14% (Rajoy la dejó en el 16,7%), es todavía mucho más alta que antes de la crisis, cuando estaba en el 7,9% (verano 2007). Y, sobre todo, es la segunda más alta de Europa, tras Grecia (18,1% de paro), con más del doble de paro que la media europea (6,3% en la UE-28) y más de cuatro veces el paro de Alemania (3,1%), según los últimos datos de Eurostat (mayo 2019). Además, el paro afecta especialmente a los jóvenes (32% en paro frente al 15% en 2007), los inmigrantes (21% paro) y las mujeres (16,5% en paro frente al 12,5% os hombres). Y hay 5 autonomías que superan la tasa de paro del 20% (Melilla, Extremadura, Ceuta, Andalucía y Canarias), mientras tres no llegan al 10% (Navarra, País Vasco y Aragón).

No es sólo que tengamos todavía una tasa de paro “insoportable”. Es que la situación de los parados es doblemente preocupante. Por un lado, son casi la mitad los parados que llevan varios años en paro, sin encontrar trabajo, lo que les dificulta ser recolocados: hay casi 1,5 millones de parados EPA que llevan más de un año sin trabajar, el triple que antes de la crisis (500.000 parados de larga duración en 2007). Y de ellos, casi 700.000 llevan más de 4 años parados, muchos de ellos sin perspectiva porque tienen más de 45 años.

Por otro lado, casi la mitad de los parados no cobra ninguna ayuda, porque se les ha acabado el subsidio o porque su contrato era tan precario que no tiene derecho (o autónomos que no han cotizado). En mayo, último dato de Trabajo, sólo 1.745.593 parados cobraban alguna ayuda, el 56% de los parados EPA, cuando antes de la crisis, en 2007, cobraban subsidio el 76% de los parados. Y hay 7 autonomías donde hay más parados que no cobran ayudas (más del 50%) de los que sí las cobran: Melilla, Madrid, Canarias, Ceuta, Asturias, País Vasco y la Rioja. Además, entre los que cobran algo, son mayoría (1.048.500 parados) los que cobran un subsidio “asistencial” (de sólo 430 euros, durante unos meses) que los que reciben un subsidio “contributivo” (697.094 parados), ahora de 817,50 euros al mes.

Con la EPA de hoy, el empleo ronda los 19,8 millones de ocupados, lo que indica que se han creado 2.850.000 nuevos empleos (precarios y mal pagados) con la recuperación iniciada en la primavera de 2014. Pero todavía queda recuperar más de 700.000 empleos para alcanzar la máxima ocupación alcanzada antes de la crisis (20.510.600 españoles trabajaban en septiembre de 2007, según la EPA). Así que no hay que hacer “triunfalismo” con los datos de empleo de junio, sobre todo porque el ritmo de creación de empleo está bajando, como el crecimiento de la economía. La previsión de la Comisión Europea es que el empleo en España crezca este año un 2% (frente al 2,5% en 2018 y el 3% en 2016 y 2017). Eso se traducirá en 350.000 nuevos empleos este año 2019, tras los 566.200 creados en 2018 (y una media de 465.000 cada año entre 2014 y 2017). Y eso si no hay “sustos” en el horizonte económico de los próximos meses (guerras comerciales, subida del petróleo y los tipos de interés, estancamiento en Europa, nuevos ajustes, bloqueo político en España…).

Como he intentado explicar, los datos del empleo y el paro mejoran pero están lejos del resto de Europa y de recuperar la situación que teníamos antes de la crisis, a pesar de estos 5 años de recuperación. Y la situación es angustiosa para muchas familias, o bien porque siguen en paro (mucho tiempo ya y sin cobrar subsidio) o porque tienen empleos muy precarios y mal pagados, que les hacen mirar el futuro con mucha incertidumbre. Por todo ello, el paro sigue siendo “la primera preocupación de los españoles” (para el 62,5%), según el Barómetro del CIS de junio. Y eso hace que las soluciones no pueden esperar, a la vista del grave panorama del empleo y el paro que acabo de reflejar, con datos oficiales españoles y europeos.

Lo primero y más urgente es resolver la grave situación de los parados que no cobran y que están en la pobreza y la exclusión social. Son 1.450.000 parados que no reciben ayudas, según un reciente estudio de CCOO. Los sindicatos ya presentaron en el Congreso, en febrero de 2017, una iniciativa popular (apoyada por 700.000 firmas) para pagar una renta mínima de 426 euros a las familias sin recursos, iniciativa que contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo PP y Ciudadanos. Ahora, más de 2 años después, esta propuesta de renta mínima sigue sin aprobarse y tendrá que debatirse de nuevo en un Congreso bloqueado, salvo que se disuelvan las Cortes y haya nuevas elecciones. Mientras, la Autoridad Fiscal independiente (AIReF) ha dado un espaldarazo técnico es esta renta mínima, al presentar un estudio donde defiende crear una renta mínima de 430 euros para 1,8 millones de familias excluidas, con un coste de 5.500 millones anuales.

Esta medida debería ser una prioridad del Congreso y de la mayoría de los partidos, aunque PP y Ciudadanos no la apoyan. Y el próximo Gobierno debería pactar también un Plan de choque contra el paro y por el empleo estable, dirigido especialmente a los jóvenes, las mujeres y los parados de larga duración, los colectivos que tienen más difícil colocarse. Primero, hay que volcarse en su formación (hay 1.504 millones de euros para formación sin gastar, de los ejercicios 2015, 2016 y 2017), con cursos más eficaces y ligados a lo que piden las empresas. Segundo, hay que reformar los servicios públicos de empleo (SEPE), para que no sean unas oficinas burocráticas sino que ayuden realmente a los parados a encontrar empleo, como agencias de colocación. Un avance pueden ser los 3.000 asesores que han  contratado las autonomías para orientar a los jóvenes parados, en cumplimiento del Plan de empleo joven aprobado por el Gobierno Sánchez en diciembre. Y tercero, hay que incentivar (ayudas fiscales, cotizaciones) a las empresas que contraten de forma estable parados de larga duración, casi la mitad de los parados.

En tercer lugar, urge un acuerdo social, entre patronal y sindicatos (con el apoyo del Gobierno y los partidos), para conseguir más empleo “decente”, con una estrategia de “palo y zanahoria”: palo a las empresas y sectores (hostelería y servicios) que “abusan” de los contratos temporales y por horas para empleos que son estables y con jornadas normales. Hay que reforzar la Inspección de Trabajo y lanzar campañas contra los que defraudan, como se empezó a hacer en agosto (se han regularizado 195.000 falsos empleos temporales en 2018). Y “enseñar la zanahoria” al resto, para incentivarles a que hagan contratos fijos y con jornadas normales, con menores cotizaciones e impuestos. Y con un seguimiento periódico y un objetivo: por ejemplo, rebajar del 89,75% al 70% el porcentaje de temporales en los contratos de 2020. Se puede conseguir si se convence a los empresarios que ahora, tras varios años con beneficios,  pueden y deben ofrecer contratos decentes. Y eso pasa también por una reforma normativa, para dar marcha atrás a la reforma laboral de Rajoy de 2012, como piden los sindicatos y la izquierda.

Y hay una cuarta medida de fondo para promover el empleo en España: cambiar el modelo económico de crecimiento, asentado en el turismo, la hostelería, las tiendas y la construcción, sectores con un empleo estacional, precario y mal pagado. Hay que apostar por la industria y la tecnología, porque el 92% de los empleos en España se crean en actividades de bajo contenido tecnológico y sólo el 8% en ramas de tecnología media y alta, las que tienen futuro, según un estudio de CCOO. Eso quiere decir que hay que evitar ser “la California de Europa” y apostar por un país más competitivo, que cree más empleo (tenemos 1.800.000 empleos menos que la media de Europa: un 67% de adultos trabajando frente al 73,2% en la UE-28) y un empleo más estable y más productivo, para vivir mejor.

Son retos muy importantes y que exigen tiempo, pero el empleo no puede esperar, porque es lo que preocupa a los españoles aunque no a los políticos. Dejen de pelearse y tomen medidas eficaces para que trabajen más españoles, con empleos decentes y mejor pagados. Esa debería ser la gran prioridad del Gobierno y los demás partidos este año. Al tajo.

EPA marzo 2019: menos empleo y más paro

La EPA publicada hoy, con una caída del empleo y un aumento del paro, debería servir para que los partidos hablaran menos de la Patria y de Cataluña y se plantearan resolver la 1ª preocupación de los españoles: el paro. Porque hay 3.354.200 parados, un 14,70% de los adultos (y un 35% de los jóvenes), más del doble que en Europa. Y casi la mitad llevan más de un año sin trabajo y sin cobrar el paro, sobreviviendo en la pobreza. Son datos como para que los partidos acordaran un Plan de choque contra el paro, con recursos, formación y ayuda a los parados que lo tienen peor: jóvenes, mujeres y mayores de 50 años. Y más cuando, este año, Europa está estancada y España crecerá menos y se crearán menos empleos (muy precarios). Pero no se unirán contra el paro: harán declaraciones, le echaran la culpa al otro y seguirán “a su bola”, mientras el paro se enquista y los jóvenes y muchos españoles “no ven una salida”. Volcarse en una “cruzada contra el paro”. Eso sí sería “patriotismo”. 

enrique ortega

El primer trimestre es, desde 2008, una mala época para el empleo, porque se acaban los contratos de Navidad y Reyes, que suelen ser de temporada. Y este año ha sido aún peor, porque la Semana Santa no ayudó en marzo (como en 2018), porque cayó en abril. Y por eso, el empleo cayó, entre enero y marzo de 2019, en -93.400 personas, según la EPA de hoy, aunque sea menor a la del año pasado (-124.100 empleos en el primer trimestre 2018) y mayor que en 2016 (-64.600) y 2017 (-69.800). El empleo ha “pinchado” sobre todo en los servicios (- 109.200 empleos), en el turismo, la hostelería y el comercio, mejorando muy poco  en la industria  (+200 empleos), la construcción (+1.400) y algo más en la agricultura (+ 14.100 empleos). El empleo se ha perdido más entre los hombres (-54.000 empleos) que entre las mujeres (-39.400) y entre los más jóvenes: dos tercios de empleos los pierden los jóvenes (-70.000 empleos entre 16 y 29 años), algunos menos los de 40 a 44 años (-48.400) y curiosamente mejoran su empleo los mayores de 50 años (+38.500 empleos). Y donde se pierden más empleos es en Baleares (-40.000), Castilla y León (-26.200) y Canarias (-20.900), mientras ganan empleo Andalucía (+15.900), País Vasco (+5.300) y Extremadura (+5.100).

El poco empleo creado este primer trimestre ha sido otra vez un empleo muy precario, como entre 2014 y 2018: de los 5.138.900 contratos firmados entre enero y marzo (una barbaridad, porque se hacen muchos para cada empleo), el 89,69% fueron temporales (la cuarta parte, por menos de una semana de duración) y un 10,31% indefinidos, un dato similar al 10,25% de contratos indefinidos firmados en todo 2018, según los datos del Ministerio de Trabajo. Y un 33,18% fueron empleos a tiempo parcial, por horas, similar dato al 35,8% de contratos a tiempo parcial de 2018. Con ello, sólo el 6,8% de todos los contratos firmados este año han sido “normales”, fijos y a jornada completa, una precariedad que se arrastra desde 2009 (6,5% en 2018).

Esta pérdida de empleo en 2019 ha llevado a un aumento del paro en este primer trimestre, sumando  49.400 parados nuevos parados (frente a +29.400 entre enero y marzo de 2018), lo que da una cifra estimada de 3.354.200 parados a finales de marzo de 2019, según la última EPA . Una cifra que podría haber sido mayor si no hubieran bajado este trimestre  los españoles que buscan trabajo, los “activos” (- 43.500 activos), porque hay más personas “desanimadas” que ya ni buscan empleo. Con ello, la tasa de paro sube al 14,70 %, todavía la más baja desde 2008 pero  seguimos teniendo más del doble de paro que Europa: 6,5% en la UE-28 y 7,8% en la zona euro, 8,8% en Francia y 3,1% de paro en Alemania, en febrero de 2019, según Eurostat . Y la tasa de paro juvenil (menores de 25 años) todavía está en el 34,9%  en España, frente al 14,6% en Europa.

El paro en España también es desigual, como el empleo, y se concentra en las mujeres (son más de la mitad de los parados: 1.783.800, con una tasa del 16,74%,frente al 12,90% de los hombres), los jóvenes ( 33,60% de paro entre los menores de 29 años), los inmigrantes (21% de paro) y los mayores de 50 años (el 13,02 % de paro, el triple que en 2017), donde ya hay 890.700 españoles mayores sin trabajo (y sin muchas posibilidades de conseguirlo), según la primera EPA de 2019. Por autonomías, todavía hay 5 regiones con una tasa de paro “insoportable”, que se mantiene o supera el 20%: Melilla (25,92% de paro), Extremadura (22,52%), Ceuta (22,31%), Andalucía (21,08%) y Canarias (21,03%). Y otras 3 autonomías que tienen un nivel de paro “europeo” y rondan el 10%, como Navarra (8,19% de paro), el País Vasco (9,62%) y Aragón (10,50% de paro). Además, hay más de 1 millón de hogares (1.089.400) con todos sus miembros en paro.

Pero quizás el dato más preocupante es que el paro se enquista y aumentan los parados que llevan más de un año sin trabajar, casi la mitad del total : 461.700 llevan parados entre 1 y 2 años y otros 1.053.900 parados llevan más de 2 años en paro, según la EPA del primer trimestre de 2019. En total, 1.515.600 parados “de larga duración”, el 45,18% de todos los parados. Una bolsa enorme de “parados crónicos” (668.000 llevan parados más de 4 años, según los datos aportados por UGT), que tienen muy difícil volver a trabajar, básicamente por su elevada edad (un 70% superan los 50 años y dos tercios son mujeres) y su baja formación: el 63% de estos parados de larga duración sólo tienen la ESO e incluso menos. Y además, estar más de un año fuera del mercado laboral reduce un tercio sus posibilidades de ser contratados, según los expertos.

Mientras ven muy difícil recolocarse, el mayor problema de muchos de estos “parados viejos” es sobrevivir, porque tras meses y años en el paro, se les ha acabado el subsidio. De hecho, en febrero de 2019, sólo cobraban el paro el 56,6 % de los españoles que se declaran en paro según la EPA: 1.898.369 parados con subsidio, según la última estadística del Ministerio de Trabajo. Y de ellos, la mayoría  (1.075.587 parados) cobraban  un subsidio asistencial, de sólo 430 euros al mes, mientras los 822.782 restantes cobran un subsidio contributivo, de 827,70 euros de media (con grandes diferencias, según autonomías, sexo y trabajo que hayan tenido). Esto significa que un 43,4 %de los parados EPA, 1,455.831 parados, no cobran ningún subsidio. Y sobreviven en la pobreza, gracias a ayudas de la familia y amigos y a “chapuzas” en la economía sumergida. La situación es peor en las 7 regiones donde son mayoría los parados que no cobran: Melilla (71% parados EPA no cobran), Madrid (57,4%), Canarias (54,6%), Ceuta (52%), Asturias, País Vasco  y La Rioja (51% parados EPA no cobran nada).

Volviendo al empleo, ahora se espera que siga débil en 2019, dado que España va a crecer menos este año: 2,2% frente al 2,6% en 2018, según el Gobierno, y podría ser incluso menos si Europa sigue débil  (Alemania va a crecer sólo un 0,5% este año) y hay turbulencias en la economía internacional (proteccionismo comercial, petróleo caro, subidas de tipos y crisis en paises emergentes). La estimación del presidente Sánchez, en la Cumbre de Davos, fue que se pueden crear 330.000 empleos en 2019, bastantes menos de los creados en estos 5 años de recuperación (372.500 empleos de media anual: 1.862.200 empleos en total). Y se espera crear otros 350.000 empleos en 2020, año en que también bajará el crecimiento. De ser así, España tendrá que esperar todavía a 2021 o 2022 para recuperar el empleo perdido antes de la crisis, los 20,51 millones de puestos de trabajo de 2007 (ahora hay 19,47 millones: falta todavía recuperar 1,1 millones de empleos).

Con menos empleo todavía que antes de la crisis y más del doble de paro que Europa, el empleo y el paro deberían ser la prioridad de todos los partidos en esta campaña electoral (no ha sido así) y del futuro Gobierno. Y más cuando tenemos el empleo más precario de Europa, con 1 de cada 4 asalariados con contratos temporales (el 25,88 % en marzo de 2018, según la EPA) y con 1 de cada 7 empleos a tiempo parcial (el 14,90% de los empleados), empleos por días o por horas que son “obligados”, forzados, para dos tercios de estos trabajadores, más “subempleos” que en la mayoría de Europa. Y lo peor: sólo un 8% de los contratos temporales se hacen fijos en España, cuando en Europa lo son el 24%, según ha advertido recientemente el Banco de España.

Urge algún acuerdo social, entre patronal y sindicatos (con el apoyo del Gobierno y los partidos), para conseguir más empleo “decente”, con una estrategia de “palo y zanahoria”: palo a las empresas y sectores (hostelería y servicios) que “abusan” de los contratos temporales y por horas para empleos que son estables y con jornadas normales. Hay que reforzar la Inspección de Trabajo y lanzar campañas contra los que defraudan, como se empezó a hacer en agosto. Y “enseñar la zanahoria” al resto, para incentivarles a que hagan contratos fijos y con jornadas normales, con menores cotizaciones e impuestos. Y con un seguimiento periódico y un objetivo: por ejemplo, rebajar del 89,75% al 70% el porcentaje de temporales en los contratos de 2020. Se puede conseguir si se convence a los empresarios que ahora, tras varios años con beneficios,  pueden y deben ofrecer contratos decentes. Y eso pasa también por una reforma normativa, para dar marcha atrás a la reforma laboral de Rajoy de 2012, como piden los sindicatos y la izquierda.

En paralelo a esta nueva reforma laboral, urge aprobar un Plan de empleo, dirigido especialmente a los jóvenes, las mujeres y los parados de larga duración, los colectivos que tienen más difícil colocarse. Primero, hay que volcarse en su formación (hay 1.504 millones de euros para formación sin gastar, de los ejercicios 2015, 2016 y 2017), con cursos más eficaces y ligados a lo que piden las empresas. Segundo, hay que reformar los servicios públicos de empleo (SEPE), para que no sean unas oficinas burocráticas sino que ayuden realmente a los parados a encontrar empleo, como agencias de colocación. Un avance pueden ser los 3.000 asesores que van a contratar las autonomías para orientar a los jóvenes parados, en cumplimiento del Plan de empleo joven aprobado por el Gobierno Sánchez en diciembre. Y tercero, hay que incentivar (ayudas fiscales, cotizaciones) a las empresas que contraten de forma estable parados de larga duración, casi la mitad de los parados.

En tercer lugar, además de promover empleos decentes y la contratación, hay que mejorar la situación de los parados, porque es escandaloso que el 43,4 %, casi millón y medio de parados no cobren ningún subsidio. Habrá que revisar el seguro de desempleo, para asegurar que cubra a más parados, en colaboración con las prestaciones sociales (renta mínima) que pagan las autonomías. Y sin olvidar que estamos en Europa y que, de cara a la futura Comisión Europea, somos los más interesados en que se apruebe un “seguro de paro europeo”.

Para todo esto hacen falta recursos (un Plan de empleo creíble, que gaste en formación, asesoramiento e incentivos a la contratación, exige no menos de 5.000 millones extras anuales y mejorar el seguro de paro exigiría 2.000 millones más) y medios, básicamente más personal para los servicios públicos de empleo: cada empleado del SEPE tiene a su cargo 450 parados mientras en Alemania, cada funcionario atiende a 47 parados y en Reino Unido a 22. En definitiva, España tiene que gastar más en “políticas activas de empleo”, porque no es de recibo que teniendo más del doble de paro que Europa, gastemos la mitad: 5.710 millones en 2018, el 0,5% del PIB frente al 1% que gasta de media la UE-28.

A 3 días de las elecciones generales, la EPA del primer trimestre debería servir para forzar a los partidos a ofrecer alternativas eficaces contra el paro y para crear empleo. Pero la principal medida sería dejarse de “peleas políticas” y pactar, a partir del lunes 29 de abril, un Plan de choque contra el paro, gobierne quien gobierne. Los parados de este país, sobre todo los jóvenes, las mujeres y los mayores de 50 años, lo necesitan con urgencia. Es importante que el próximo Gobierno inicie una verdadera “cruzada contra el paro”, con dinero y medidas eficaces, apoyadas por todos. Eso sí sería “patriotismo”.