España se posiciona en el mundo

Este mes de noviembre se han acumulado varias noticias económicas “buenas” (se destacan menos que las “malas”), de grandes multinacionales que han escogido España para instalarse: dos centros de metanol verde de la naviera Maersk, la fábrica de baterías de Volkswagen, el centro de diseño de “chips” de Cisco, tres instalaciones en la nube de Amazon y el acuerdo para la futura fabricación (compartida) del caza europeo de combate. Y llegarán más proyectos, porque España tiene “el gancho” de los 77.200 millones de Fondos europeos de recuperación, ayudas que se incluyen en 11 Planes ya aprobados (PERTEs) que buscan atraer inversiones extranjeras en nuevas energías, baterías y coches eléctricos, microelectrónica y semiconductores, industria aeroespacial y nuevas tecnologías e Internet. El objetivo es que España se posicione esta década en las industrias y sectores del futuro, dentro de un proyecto europeo global que busca un mayor autoabastecimiento industrial y tecnológico frente a EEUU y China. No podemos perder este tren del futuro.

Enrique Ortega

La semana pasada, al acabar el G-20 en Indonesia, el presidente Sánchez dio un gran desvió de 15.000 kilómetros para volver a Madrid: viajó primero de Bali a Seúl, para reunirse con los directivos coreanos de Samsung e intentar que escojan a España para instalar una gran fábrica de microchips en Europa (30.000 millones de inversión), por la que pelean varios paises europeos. Es la penúltima gestión internacional del presidente, que lleva todo este año de viajes y reuniones para vender el atractivo de España para invertir: reuniones con multinacionales en la Cumbre de Davos de mayo, viaje a EEUU en julio y múltiples contactos “paralelos” en las distintas Cumbres mundiales. “Nunca como hoy ha merecido tanto la pena invertir en España”, recordó Sánchez en enero, en el Spain Investor Day.

Pedro Sánchez lleva en la cartera una “baza” negociadora ante los inversores mundiales: los 77.234 millones de euros en subvenciones (a fondo perdido) que España va a recibir de la Unión Europea dentro de los Fondos de Recuperación (140.000 millones en total), un dinero que debe servir para modernizar la economía española, de la mano de proyectos ligados a las energías limpias, el coche eléctrico, la digitalización, las nuevas tecnologías e Internet. Y para concretarlo, el Gobierno Sánchez ya ha aprobado 11 PERTEs (Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación energética), que son “el gancho” que España ofrece a las grandes multinacionales para instalarse aquí. En especial, 4 PERTEs concretos: PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado (24.000 millones, 4.300 de inversión pública), PERTE energías renovables e hidrógenos verde (16.370 millones, 6.920 públicos), PERTE aeroespacial (4.533 millones, 2.193 públicos) y PERTE microelectrónica y semiconductores (el mejor dotado: 12.500 millones públicos hasta 2026).

Los PERTEs están ahí, con sus ayudas públicas y proyectos, que deben funcionar como “gancho” para atraer grandes inversiones privadas, sobre todo de las multinacionales que dominan esos sectores industriales de futuro. Pero como todos los paises buscan lo mismo, inversores internacionales que modernicen sus economías y creen empleo y riqueza, hay “una gran subasta”, en la que los Gobiernos van “con la chequera por delante”, con subvenciones y ayudas múltiples, desde rebajas fiscales y suelo industrial  a infraestructuras de transporte, comunicaciones, energía, materias primas y mano de obra preparada. Y los gobernantes se implican al máximo nivel, como el ex ministro Draghi negociando con Intel y cerrando hace meses el acuerdo para que la multinacional USA instale una gran fábrica de “chips” en el Véneto. Antes, Merkel negoció otra que Intel abrirá en Magdeburgo.

España cuenta con la ventaja de ser el país que va a recibir más subvenciones de los Fondos de Recuperación (por delante de Italia, el doble que Francia, el triple que Alemania o Polonia y cuatro veces que Grecia), su excelente situación geográfica (entre Asia, Europa y Latinoamérica), una moderna infraestructura de carreteras, puertos y aeropuertos, una espectacular red de telecomunicaciones (España tiene una red de fibra óptica que supera a la de Francia, Alemania, Italia, Portugal  y Reino Unido juntas) y unos salarios bajos respecto a los grandes paises europeos (el salario medio es de 26.832 euros frente a 52.556 en Alemania, 39.971 en Francia o 34.032 en Italia). Pero tenemos hándicaps que hacen vacilar a posibles inversores internacionales, sobre todo la menor formación de la mano de obra: el 36,1% de los adultos no tiene la EGB, frente al 16,4% en la UE-22 y sólo el 23,2% tiene formación secundaria frente al 45,8% en Europa, aunque sí tenemos más universitarios (40,7% adultos frente al 38,3% en Europa). Y tenemos una menor industrialización, demasiadas pymes y una menor digitalización de las empresas y la economía. Y existe una mayor regulación para los negocios, con el inconveniente de 17 autonomías con normativas diferentes.

Con estos pros y contras, ya empiezan a verse los primeros éxitos de la campaña de España para atraer grandes inversores extranjeros. Sólo este mes de noviembre se han concretado 5 operaciones importantes, poco destacadas por los medios (las “buenas noticias” venden menos que las malas, muy abundantes): acuerdo de la naviera danesa Maersk para instalar en España 2 de sus centros para producir metanol verde para su flota (3 noviembre), confirmación acuerdo de Volkswagen para instalar en Sagunto una fábrica de baterías (9 noviembre), acuerdo de la multinacional Cisco (EEUU) para instalar en Barcelona su primer centro de diseño de chips en Europa (10 noviembre), la inauguración por Amazon de 3 centros de datos en la nube en Aragón (16 noviembre) y el principio de acuerdo de España, Francia y Alemania para construir juntos el futuro caza europeo (18 noviembre).

La primera inversión, la de la naviera danesa Maersk, supone un acuerdo con el Gobierno español para invertir 10.000 millones de euros (y crear 85.000 empleos directos e indirectos) en la instalación de 2 grandes centros de producción de metanol verde en Andalucía y Galicia, el 2º y 3º de sus futuros centros de aprovisionamiento mundial de sus 730 buques, tras el acordado en marzo en Egipto y a los que seguirán otros dos o tres en el resto del mundo. Las plantas de metanol verde (un carburante limpio que se elabora con hidrógeno verde y CO2 biogénico de plantas de biomasa) serán de nueva creación y se autoabastecerán con la energía eólica y solar que se instalarán en los alrededores, entrando en funcionamiento en 2025 y 2027, para abastecer en 2030 al 20% de la flota mercante de Maersk, que tendrá que reconvertir todos sus buques a esta energía limpia.

La inversión se pondrá en marcha gracias a los Fondos europeos contemplados en el PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento (que contempla 16.370 millones de inversión total, 6.920 millones de ayudas públicas) y el Gobierno no descarta que el Estado participe directamente en el proyecto. Un proyecto ligado a la estrategia de convertir a España (y Portugal) en uno de los mayores productores mundiales de hidrógeno verde (gracias al impulso a las energías solar y eólica con que se produce), argumento que está detrás del reciente acuerdo de España y Portugal con Francia (20 de octubre) para construir, en 4 o 5 años, un corredor marítimo de energía verde entre Barcelona y Marsella (el proyecto BarMar, que contará con Fondos UE) para exportar hidrógeno verde (y antes gas natural) desde la Península ibérica hasta los paises del centro y norte de Europa.

La segunda multinacional que ha confirmado una importante inversión en España es Volkswagen: a través de Seat y Power Co, construirá en Sagunto (Valencia) una gran factoría de fabricación de baterías para vehículos eléctricos, que suministrará a sus plantas de Martorell (Barcelona) y Landaben (Navarra) y quizás a la planta valenciana de Ford. La inversión prevista es de 4.500 millones de euros entre 2023 y 2026 (3.000 iniciales), que creará 3.000 empleos directos y 12.000 indirectos. Y, tras las presiones de última hora, Volkswagen, contará con ayudas públicas del PERTE del vehículo eléctrico (397 millones) y de la Comunidad Valenciana (66 millones).

Mientras, se esperan otros proyectos de instalación de gigafactorías de baterías en España, donde se podrían instalar 4 fábricas, dentro de la estrategia europea de abrir 40 gigafactorías para 2030 (13 en Alemania, 4 en España o Noruega, 3 en Francia o Italia), para cubrir el 32% de las necesidades del mercado europeo (hoy, Europa  sólo se autoabastece del 9%: el 65% viene de China y el 11% de EEUU). La segunda factoría podría instalarse en Navalmoral de la Mata (Cáceres), un proyecto de Acciona liderado por  la china Envisión Energy (89%), que hace poco se reunió con el presidente Sánchez. La tercera, también en Extremadura, sería Phi4Teach, el primer proyecto de raíz española, que se instalaría al lado de la mina de litio del Cañaveral. Y el cuarto proyecto de baterías que aspira a las ayudas europeas y españolas es Basque Volt, pilotado por Iberdrola y Cie Automotive, con apoyo del Gobierno vasco.

En paralelo a las futuras fábricas de baterías, las multinacionales del automóvil presentes en España (hay 14 fábricas y somos el 2º fabricante europeo, tras Alemania) avanzan en la producción de modelos eléctricos, al amparo del PERTE del vehículo eléctrico, tanto Volkswagen  (en Martorell y Landaben) como Opel (en Figueruelas) o Citroën (en Vigo). Y el Gobierno trabaja ahora en un 2º PERTE  del vehículo eléctrico, con más ayudas públicas, para que entren a fabricar coches eléctricos Ford y Stellantis.

La gran obsesión de toda Europa y del Gobierno Sánchez es conseguir fabricar “chips” en el continente, al amparo de la Ley Europea de Chips (febrero 2022), que pretende fabricar en Europa el 20% de los chips para 2030 (hoy 9%), para lo que pretende invertir 43.000 millones de euros (11.000 millones, ayudas públicas). De momento, la multinacional Intel (USA) ha anticipado que quiere invertir 80.000 millones de euros en 4 grandes plantas de chips en Europa. Y ya se han anunciado en Alemania (17.000 millones), Francia (5.700 millones) e Italia (5.000), así que España se moviliza para lograr la 4ª factoría, en pugna con Polonia y otros paises del Este. Y como alternativa, el presidente Sánchez acaba de proponer un acuerdo a la coreana Samsung, con el incentivo de los 11.000 millones de euros del PERTE y el objetivo de instalar entre 1 y 2 fábricas de chips de 5 nanómetros, los más pequeños.

De momento, una buena noticia es la reciente decisión de la multinacional Cisco (EEUU) de instalar en Barcelona el primer Centro de diseño de chips de Europa, que contará con 1.330 euros de ayudas públicas del PERTE. Ya en mayo, la norteamericana Intel anunció que invertirá 200 millones en 10 años para desarrollar un laboratorio de microchips en Barcelona. En ambos casos, la decisión tiene mucho que ver con la existencia del Barcelona Super Computing Center, en la Universidad Politécnica, un “vivero” para el diseño de microchips, que puede facilitar las posibles llegadas de fábricas de chips de Intel o Samsung.

Otro sector clave de futuro es la industria aeronáutica, donde España tiene una fuerte presencia, al ocupar la 5ª posición en Europa, con 76 empresas (8 centros del fabricante europeo Airbus, la antigua CASA y varios proveedores de primer nivel), 155.000 empleos, una facturación de 16.000 millones y un gran aporte a la exportación (el 80%) y a la investigación. Una parte del PERTE aeroespacial  (4.533 millones) está dirigido al sector aeroespacial, para crear un sistema español de satélites (8), en colaboración con Portugal (otros 8). De momento, la firma vasca AVS quiere atraer a la norteamericana Virgin Orbit a participar en el primer puerto espacial europeo, en el aeropuerto de Foronda (Vitoria), una inversión de 42,5 millones que espera contar con Fondos UE y del PERTE aeroespacial español. Y pronto, el Gobierno decidirá la instalación de la Agencia Espacial Española (“la NASA española”), para la que se han presentado 21 sedes, siendo Sevilla la favorita (por la presencia de Airbus y Andalucía Aeroespace).

En la vertiente de la industria aeronáutica, la buena noticia de este mes es el principio de acuerdo entre Francia, Alemania y España para construir conjuntamente el futuro avión de combate europeo (FACS), un proyecto para 2027 en el que España ha comprometido un tercio de la inversión total (2.500 millones de euros: los primeros 525 van en los Presupuestos 2023) y que promueven la española Indra, la alemana Dassault y el consorcio Airbus, con la idea de que sea un gran impulso para toda la industria aeronáutica europea.

Y queda la 5ª buena noticia tecnológica para España, la inauguración de los 3 centros de infraestructuras en la nube instalados por Amazon (AWS) en Aragón (dos en la provincia de Zaragoza y otra en Huesca), una nueva “región cloud” de Amazon en Europa  (la 8ª), que supone  una inversión de 2.500 millones de euros en 10 años, la creación de 1.300 empleos y la aportación de 1.800 millones de euros al PIB español. Esta infraestructura propia de Amazon (a diferencia de los almacenamientos de Google, Oracle, IBM y Microsoft, que operan a través de centros de terceros) permitirá dar un mayor servicio de almacenamiento de datos en la nube a los clientes españoles de Amazon, entre ellos bancos, grandes empresas, energéticas, hoteles y el Ministerio de Migración y Seguridad Social) y apoya proyectos tecnológicos locales, abriendo el camino a que otras multinacionales de la nube se instalen directamente en España.

Son 5 hitos importantes, aunque queda mucho por hacer, tanto para España como para Europa, muy retrasadas en los avances industriales y tecnológicos que están definiendo el futuro. De hecho, entre las 10 mayores empresas del mundo, no hay ninguna europea: 9  son norteamericanas (Apple, Microsoft, Alphabet-Google, Aramco, Amazon, Tesla, Facebook, Nvidia y Berkshire), ocupando el 10º lugar la taiwanesa TSCM (semiconductores). Y sólo hay 7 europeas entre las 25 grandes empresas del mundo: la francesa del lujo LVMH (17ª) y las suizas Nestlé (22ª) y laboratorios Roche (24ª). Y la empresa española que está más arriba en el ranking es Inditex (puesto 160º), 30 veces más pequeña que la líder Apple… La Comisión Europea busca ayudar a las empresas europeas a dar el salto, para que en 2030 haya 10 gigantes europeos de la tecnología que facturen más de 100.000 millones de euros (hoy solo hay tres: la holandesa ASML, la alemana SAP y la holandesa Prosus). Para conseguirlo hace falta agrupar mercados, mejorar la tecnología y más apoyos públicos.

En resumen, España (junto a Europa) busca su hueco en el mundo en las próximas décadas, avanzando en tecnologías, industrias y negocios con futuro, olvidándonos de ser “las playas y la despensa de Europa”. Y eso pasa por “sacar la chequera” para atraer a inversores de primera línea, pero también por configurar una economía más moderna y competitiva, con empresas más innovadoras y trabajadores mejor formados, avanzando juntos el sector público y el privado en proyectos ambiciosos y viables. Eso exige invertir bien  los Fondos europeos y crear una nueva cultura industrial y tecnológica, que exige un gran pacto social (patronal y sindicatos) y político, para sumar y no restar. Diseñemos el futuro.

La industria pide paso

Este mes, el día 21, los sindicatos se manifiestan no para pedir más salarios sino para pedir más industrias. Saben que el futuro del empleo pasa por promover nuevas industrias, que crean un empleo más estable y mejor pagado, más inmune a las crisis que el de los servicios, como se ha visto con el coronavirus. Por eso, la prioridad de los Fondos europeos es relanzar la industria, junto a la economía verde y la digitalización. En España, ya se han aprobado 8 Planes estratégicos (PERTEs), para apostar por el coche eléctrico, la industria agroalimentaria, naval y aeroespacial, la economía circular, energías renovables y microchips, con una inversión estratosférica (66.000 millones), que espera crear 500.000 nuevos empleos industriales en 4 años. Parece que esta vez se apuesta por la industria y no sólo por batir récords de turistas, bares y comercios. Ahora falta una Ley de la Industria (es de 1992) y concretar el Pacto de Estado por la industria, que firmaron (¡en 2016 ¡) sindicatos y patronal. A ello.

Enrique Ortega

La pandemia sumió al mundo en una grave crisis económica, que ha afectado sobre todo a los servicios, en especial al turismo y al consumo. Curiosamente, la industria salió mejor parada, a pesar de los cierres durante algunos meses de las factorías y la interrupción de suministros en el comercio mundial. Los datos indican que mientras la economía se desplomaba en el primer año de la pandemia (-10,8% cayó el PIB en España), la industria ganó peso en la economía en 2020 y también en 2021: pasó de aportar el 14,5% del crecimiento (PIB) en 2019 al 14,7% en 2020 y el 15,3% en 2021. Y los datos del INE revelan que la industria ha seguido mejorando su peso en el primer trimestre del 2022, al aportar ya el 16% del crecimiento total de la economía. Y ello gracias a un menor peso de los servicios y la construcción, más dañados por la pandemia.

Pero esta ligera mejoría de la industria, por la mayor caída de los servicios, no puede ocultar que la industria en España está “de capa caída” comparada con hace 50 años: en 1970, la industria suponía más de un tercio de la economía (aportaba el 38% del PIB) y todavía en 1980 éramos la 9ª potencia industrial del mundo. A partir de 1983, el gobierno de Felipe González tuvo que afrontar una dolorosa reconversión industrial, que desmanteló las industrias básicas (ruinosas). En los años 90, el gobierno Aznar privatizó las empresas públicas más rentables (Telefónica, Repsol, Tabacalera), mientras España se volcaba en el ladrillo y los servicios. El resultado fue que el peso de la industria cayó en picado: de aportar el 19,86% del PIB en 1987 al 16,36% en 2007 y un mínimo del 15,98% en 2013, el peor año de la crisis. A partir de ahí, siguió perdiendo peso, hasta aportar sólo el 14,5% en 2018 y 2019. Y sólo ha mejorado su aportación después (hasta el 16% actual), por la caída de los servicios con el coronavirus.

Con ello, España es ahora la 17ª potencia industrial del mundo y compite sobre todo en precio, por nuestros menores salarios en relación a la mayoría de Europa. Y la industria tiene un menor peso en España que en Europa: ese 15,3% que aporta a la economía (2021) contrasta con un 19% de media en Europa, el 23,6% de Alemania y el 17,4% de Italia,  aunque supera a Francia (13% aporta la industria) y queda muy por debajo de los paises de Europa del Este (con más del 20% de peso de la industria), según Eurostat. Y queda lejos del objetivo europeo para 2020: que la industria aportara el 20% del PIB.

Lo más preocupante no es sólo que la industria española no recupere el peso del pasado sino que se ha perdido mucho empleo industrial, trabajadores que se han cambiado a la construcción o a los servicios: se ha pasado de 3.244.300 empleos en el verano de 2008 a 2.697.100 ocupados en el primer trimestre de 2022, según la EPA. Son -547.200 empleos industriales perdidos entre la crisis financiera (-480.600) y la pandemia (-66.600). Esta caída del empleo industrial preocupa doblemente a los sindicatos: porque son empleos perdidos y porque los empleos industriales son “de más calidad” (mejores contratos, bien pagados).

Ahora, en 2022, se esperaba que la industria siguiera mejorando, tras haberse superado lo peor de la pandemia. Pero el 24 de febrero, Putin invadió Ucrania y estalló  una nueva crisis que ha trastocado otra vez la economía y también a la industria, que sufre una “tormenta perfecta”: se les han disparado los precios de la energía (gas, luz y carburantes) y las materias primas, mientras se mantienen los problemas de suministros en el mercado internacional. De hecho, la industria está siendo el sector más afectado por la alta inflación (+8,7% en mayo), sobre todo las industrias más dependientes de la electricidad (cuyo precio se ha duplicado en 2022), como la siderurgia, el aluminio o el cemento, o del gas natural (cuyo precio se ha multiplicado por 10), como la industria química o la cerámica.

La consecuencia es que la industria también “ha pinchado”, como el resto de la economía (+0,3% de crecimiento este primer trimestre, frente al +5,1% que crecimos en 2021), cayendo en el primer trimestre (-1,4%), como la agricultura (-2,2%), mientras se mantenían la construcción (+0,3%) y los servicios (+0,4%). El mayor problema en la coyuntura industrial lo tienen la fabricación de vehículos, la metalurgia y los plásticos (que caen en el primer trimestre), mientras aguantan mejor la industria de la madera y corcho, las refinerías, el textil, los productos electrónicos y farmacéuticos, según el Índice de producción industrial. Y otro indicador, el de clima industrial, ha caído en abril a niveles negativos, por primera vez desde junio de 2021. Lo que preocupa ahora a 3 de cada 4 empresas industriales es la inflación, la escasez de materiales y  la falta de demanda.

Antes de que estallara la guerra de Ucrania, la mayoría de los paises europeos ya habían aprendido una lección con la pandemia: que es demasiado peligroso depender de los servicios y que la industria es menos vulnerable a las crisis. Los datos lo dejan muy claro: los paises que mejor han aguantado el impacto de la pandemia han sido los paises con más peso de la industria: en 2020, China (la fábrica del mundo) creció un +2,3%, lo mismo que Taiwán (+3,1%), mientras Corea del Sur sólo caía un -1%. Y en Europa, Alemania caía un -4,9%, mientras paises con menos peso de la industria y más dependientes de los servicios sufrían una mayor crisis: Francia (-8,2%), Italia (-8,9%) y España (-10,8%).

Esta mayor o menor caída de las economías según el menor o mayor peso de la industria no es casualidad. Porque la industria ha demostrado, en todas las crisis (en la de 2008-2010 y ahora en la pandemia), que es menos vulnerable y que mantiene mejor la actividad y el empleo que los servicios. Ello se debe a que la industria es más innovadora (el 47% de las empresas innovadoras son industriales), compite mejor fuera (en España, el 83% de todas las exportaciones las hacen empresas industriales), tienen una mano de obra más formada y crean empleos más estables y mejor pagados (cobran un 20% más que en los servicios). Por todo ello, tener más industria supone disponer de “una red de seguridad” frente a las crisis. Eso sí, en el caso de Europa y España, la pandemia ha revelado la excesiva dependencia de China y Asia, así como de las cadenas internacionales de suministro (puertos, barcos, camiones), lo que exige ahora buscar una mayor autonomía industrial.

Por todo ello, la Comisión Europea lleva varios años impulsando una nueva política industrial europea, asentada en potenciar los sectores estratégicos, para lograr grandes compañías que puedan competir con EEUU, China y Asia, asegurando los suministros y la independencia europea en futuras crisis, tras las enseñanzas de la pandemia y ahora la guerra de Ucrania. Por eso, la política industrial es uno de los objetivos claves del Plan de Recuperación europeo (“Next Generation EU”), junto a la reconversión energética y la digitalización.

En el caso de España, durante muchas décadas se ha vivido con la idea de que “la mejor política industrial es la que no existe”. Así que los distintos Gobiernos se han dedicado a facilitar la inversión de las multinacionales (automóvil, farmacéuticas), pero sin entrar en una “planificación de la industria”, escaldados por la historia de las reconversiones de empresas públicas. Hasta que en junio de 2018, el nuevo presidente Sánchez, crea otra vez el  Ministerio de  Industria (antes, con Rajoy, estaba dentro del Ministerio de Economía) y posteriormente, en febrero de 2019, se aprueba las Directrices de la Nueva Política Industrial para 2030. Es el primer esbozo de una apuesta por la industria a medio plazo, que tarda en concretarse por los cambios políticos, aunque se traduce después en mayores recursos para la industria en los Presupuestos de 2020 y 2021.

Pero el gran salto, la verdadera apuesta por la industria se da con el Plan de recuperación, enviado a Bruselas el 30 de abril de 2021. Ahí se decide destinar el 17,1% de todos los recursos del Plan (70.000 millones de subvenciones europeas) a la política industrial en los próximos cuatro años. El objetivo es modernizar la industria española para que sea “más verde digital y tecnológica”, dotando a los programas con 6.106 millones de inversiones públicas entre 2021 y 2023 (3.781 millones con Fondos UE). La apuesta es apoyar a los sectores industriales claves (“tractores), como la automoción, la industria agroalimentaria, química, farmacéutica, aeronáutica y máquina herramienta, apostando además por sectores nuevos, que quiere impulsar Europa, como las baterías, el hidrógeno verde, la economía circular (residuos) y los microprocesadores.

Esta apuesta por la industria en el Plan de recuperación se ha traducido en la aprobación (entre julio de 2021 y mayo de 2022)  de 8 Programas estratégicos (PERTE), que son proyectos industriales a medio plazo donde se pone dinero público (de los Fondos UE y del Presupuesto) para atraer también inversiones privadas: PERTE del vehículo eléctrico (24.000 millones a invertir entre 2021 y 2023, 4.300 públicos), PERTE energías renovables (16.300 millones, 6.900 públicos), PERTE agroalimentario (3.000 millones, 1.000 públicos), PERTE economía circular (1.200 millones, 492 públicos), PERTE industria naval (1.460 millones, 310 públicos), PERTE industria aeroespacial (4.533 millones, 2.193 públicos), PERTE digitalización ciclo del agua (3.060 millones) y PERTE microelectrónica y semiconductores (12.500 millones de inversión pública, el programa más ambicioso). En total, una inversión industrial histórica, de 66.000 millones de euros, que pretende crear 500.000 nuevos empleos.

Ahora, España tiene un Plan para relanzar la industria y abundante dinero público (español y europeo), que necesita contar ahora con inversiones privadas y proyectos viables, que hay que ejecutar bien y a tiempo (si no, perderemos las ayudas europeas). Pero en paralelo a la ejecución de los nuevos proyectos, la industria española (toda) tendrá que reconvertirse y resolver sus problemas de fondo, sus debilidades: escaso peso de la tecnología, pequeño tamaño industrias, escasa financiación, baja formación trabajadores, altos costes de la energía y el hándicap de la geografía. Y además, hay que reducir la tremenda disparidad regional: sólo hay 3 regiones españolas con un peso importante de la industria (más del 20% de su PIB regional: Navarra, la Rioja y el País Vasco), mientras la mayoría tiene un peso bajo (en torno al 10%) y hay 5 regiones con un peso mínimo de las industria (del 2 al 7% de su PIB), concretamente Baleares, Canarias, Madrid, Extremadura y Andalucía.

La primera debilidad de la industria española es el escaso peso de la industria “tecnológicamente avanzada” (sólo el 6,2% del total), frente al enorme peso de las industrias tradicionales (agroalimentación, química, farmacéutica, automóvil y transporte suponen el 55% de la industria), lo que se traduce en menor productividad y competitividad, según este estudio de CCOO. La segunda debilidad  es el tamaño, demasiado pequeño porque hay un exceso de pymes en la industria: sólo el 15% de las industrias españolas tienen más de 10 empleados, frente al 38% de las industrias alemanas. Y la cifra media de negocio de las industrias españolas es de 3,42 millones de euros, frente a 4,17 millones de media que facturan las industrias europeas. Este menor tamaño redunda en menos inversión, menos tecnología y peor accedo al crédito. La tercera debilidad es el atraso tecnológico, por partida doble: España como país gasta menos en Ciencia (1,41% del PIB frente a 2,32 la UE -27) y las empresas españolas gastan en tecnología la mitad que las europeas. La cuarta debilidad es el mayor coste de la energía en España, lo que debilita su competitividad. La quinta, que las empresas (todas) tienen más dificultades para financiarse (la banca española “ha huido” de la industria). Y luego hay una 6ª debilidad, geográfica: nuestras industrias están en una punta de Europa y tienen que recorrer 2.300 kilómetros para llegar a los mercados de Centroeuropa.

Con todos estos “hándicaps”, aumentar el peso (y el empleo) de la industria en España no va a ser fácil. Pero es clave para consolidar una economía más estable en las crisis. Por eso, sindicatos y patronal ya firmaron el 26 de noviembre de 2016 un Pacto de Estado por la industria, algo poco usual, acordando un decálogo de medidas que pidieron entonces al Gobierno Rajoy: rebaja costes energéticos, digitalización de la industria, aumento tamaño empresas (fomentando fusiones), mayor inversión en tecnología e innovación, mejora en la formación, más financiación, unidad de mercado (no 17 regulaciones autonómicas), reducir los costes logísticos y de distribución, mejorar la sostenibilidad medio ambiental y ayudar a la expansión internacional de las empresas (captando más inversiones extranjeras).

Pasaron los años, cambió el Gobierno y las medidas no se aprobaban. El 22 de marzo de 2021, sindicatos y patronal volvieron a presentar su Pacto de Estado por la Industria en la Comisión de Industria del Congreso, donde todos los grupos lo apoyaron, pero sin más. Y hasta septiembre de 2021 no se creó el Comité Ejecutivo del Foro de Alto Nivel de la industria española, integrado por 30 organizaciones, entre ellas el Gobierno, sindicatos y patronal, que tienen pendiente aprobar formalmente el Pacto otra vez (ojo: ¡ 6 años después ¡), para enviarlo al Parlamento y que se traduzca en medidas concretas. Entre ellas, una nueva Ley de Industria, que sustituta a la vigente, que es de 1.992. El Gobierno lanzó a consulta pública un borrador de esta Ley en abril y quiere aprobarla este año 2022.

Como se ve, hay muchos motivos para que los sindicatos se manifiesten este mes para pedir de una vez medidas concretas para relanzar la industria española, porque no basta con los Fondos Europeos y los PERTEs. Hay que aprobar medidas para afrontar las debilidades estructurales de la industria y reforzarla para afrontar los retos de este siglo, básicamente la digitalización, el cambio climático y la revolución tecnológica. Hay que apostar a tope por la industria, porque es apostar por un empleo estable y de calidad. No podemos seguir siendo un país de hoteles, bares, comercios y grúas. Nos faltan industrias.