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lunes, 5 de enero de 2026

La cuesta de enero: subidas y ayudas

Tras la resaca de compras de estas Navidades, llega la dura realidad de afrontarlos, de hacer frente a tarjetas y pagos. En un mes, enero, donde muchas empresas aprovechan para subirnos casi todo: teléfono e Internet, luz, agua, basuras, billetes de avión, autopistas, taxis, alquileres, tabaco, paquetes y sellos de Correos, seguros…Así que este enero será más difícil llegar a fin de mes. La contrapartida es que también suben los ingresos de casi 10 millones de pensionistas (más los que menos cobran), 3 millones de funcionarios, 2,4 millones de trabajadores que cobran el salario mínimo y las ayudas del ingreso mínimo vital (IMV) que cobran 785.000 hogares, pensiones, sueldos y ayudas públicas que se revalorizan desde el 1 de enero. Y también aumentan las ayudas al transporte, manteniendo las actuales y creando una tarifa plana que permite viajar barato. Ahora, la clave es ver lo que suben los sueldos este año, porque los precios de los alimentos, la vivienda y la energía seguirán altos en 2026.

                            Enrique Ortega

Enero es el mes elegido por muchas empresas para subir sus tarifas y precios, con el argumento de la subida de costes y del aumento del IPC. Y este año, la lista de subidas es muy amplia. Empezando por la subida de las tarifas del teléfono e Internet, que suelen subir dos veces al año. Esta vez, suben con pocos días de diferencia: el 8 de enero las sube Vodafone (+3,9% de media, entre 1 y 5 euros al mes), el 12 de enero Orange (+3,8%, de 1 a 6 euros al mes) y el 13 de enero Movistar (+4%), mientras Digi no las sube. En los últimos años, las telecos justificaban sus subidas en la previsión de aumento del IPC, pero este año suben mucho más (el IPC puede subir un 2,1%) y lo justifican en que les han subido los costes, sobre todo los productos audiovisuales que ofrecen (fútbol y plataformas).

Otra subida que notaremos será la del próximo recibo de la luz, que será diferente según el contrato que tengamos. Los que tienen un contrato de luz en el mercado “libre” (20 millones de clientes) tendrán subidas del 4 al 7% cuando les toque la revisión anual de su contrato, subidas que ya han anunciado Iberdrola, Endesa o las filiales de Repsol, argumentando que a ellos les ha subido la luz en 2025 (y ahora) porque Red Eléctrica obliga a mantener centrales de gas de guardia (más costosas) para evitar un nuevo apagón como el de abril pasado. El resto de clientes, los que están en el mercado regulado (8,4 millones) ya han sufrido en 2025 esta subida y la seguirán pagando en 2026. Y todos pagarán más este año por la subida de los peajes (un tercio del recibo) que fija la Administración: los peajes de acceso subirán un +4,1% y habrá que pagar en el recibo los demás cargos, que también suben.

Si sube la luz, también subirá la factura del agua que pagamos. En Madrid, el Canal de Isabel II ya anunció una subida de la factura del agua del 3% anual hasta 2030, debido a que lleva años sin subirse y tienen que acometer nuevas inversiones. Aigües de Barcelona también ha anunciado una subida del +2,9% para 2026, mientras otros municipios de su área metropolitana también subirán el agua, hasta el 5,8%. Y Aguas de Bizkaia ha anunciado subida de tarifas del 4% en 2026, lo mismo que muchas ciudades de media España.

También subirán en 2026 las tasas de basuras de la mayoría de municipios, que ya han aplicado en 2025 sus nuevas tarifas, mucho más altas que los anteriores, que volverán a subir este año, para ajustarlas paulatinamente a las nuevas exigencias de recogida de residuos.

Y también pagaremos más al viajar en avión, porque las aerolíneas nos cargarán en los billetes la subida del canon aeroportuario que les ha hecho AENA el 1 de enero, un aumento del +6,44% para afrontar las inversiones en los aeropuertos españoles. También será más caro viajar en coche por autopista: los peajes subirán este año un +2,61% al menos, aunque en las autopistas rescatadas por el Estado subirán menos, un +2%. También podría subir este año el impuesto que paga el gasóleo, porque la Comisión Europea obliga a igualarlo con el de la gasolina, aunque el Gobierno no logró aprobar en 2024 el Decreto que los equipara, por el rechazo del PP, Vox, UPN y Podemos. Pero es una reforma exigida para recibir 460 millones de Fondos europeos, por lo que el Gobierno se ha comprometido a intentar aprobar la equiparación antes de finales de marzo. De conseguirlo, el gasóleo subiría 7 céntimos por litro.

El tabaco ya ha subido el 1 de enero, con nuevos precios para los paquetes de cigarrillos, cigarros y picadura (ver nuevo listado de precios por marcas), aunque todavía fumar es más barato en España que en la mayoría de Europa. Y también han subido ya las tarifas de Correos, tanto los sellos (+7,9%: el franqueo ordinario cuesta 96 céntimos, el doble que en 2015), los certificados y los paquetes (+5,5%). Y han subido también los taxis en la mayoría de España, desde Madrid (+2,36%) y Barcelona (+2,3%) a Sevilla, Málaga, Valladolid, Ferrol o Salamanca, lo que se trasladará también a los vehículos VTC.

Con todo, lo más preocupante volverá a ser la subida de la vivienda, tanto para alquiler como para compra. Se espera otra subida de los alquileres del +10% en 2026, que se sumaría a las fuertes subidas de los años anteriores: +40,3% han subido los alquileres de media en España desde 2019 (+50% en Madrid y +46,15% en Barcelona, según Idealista).. Además, muchos contratos de alquiler (por 5 años) se terminan en 2026, con lo que los propietarios intentarán revisar bastante al alza los nuevos alquileres, con lo que se espera “un aluvión de subidas”. Y en cuanto a los precios de compraventa, están ya en niveles prohibitivos: 2.605 euros/m2 de media, pero 5.089 euros/m2 en Barcelona y 5.758 euros/m2 en Madrid. Y podrían subir otro 15% más este año, según Idealista.

Lo que también subirá en 2026 serán las nuevas hipotecas, no sólo porque hay que pedir un mayor importe (el 80% del precio de venta) para afrontar los altos precios, sino porque el Euribor lleva 5 meses consecutivos subiendo (del 2,079% en julio al 2,267% en diciembre), con lo que los bancos cobrarán este año tipos más altos, en torno al 3,5%. Eso sí, los 4 millones de familias que están pagando una vieja hipoteca no tendrán un susto en la próxima revisión anual, porque el Euribor esperado para 2026 (por debajo del 2,5%) será todavía inferior al de 2025.

Y luego hay dos subidas aseguradas para 2026, aunque todavía no podamos decir cuánto. Una es la subida de los seguros, desde el seguro del automóvil y del hogar al seguro de salud, que llevan años subiendo mucho y que volverán  a subir bastante este año, justificándose en el aumento de costes de los talleres y reparaciones, los siniestros en casa y el aumento de los costes médicos en los hospitales privados. Y también están “cantadas” nuevas subidas de los alimentos: frutas y verduras (muy afectadas por el cambio climático y las cosechas), las carnes, los huevos, el café y el chocolate, más la bollería y las bebidas.

En cambio, hay otro gasto importante, el transporte público, que se modera o baja en 2026, por las ayudas que ha prorrogado o ampliado el Gobierno. Por un lado se prorrogan los actuales descuentos al transporte en tren y autobús, manteniendo los descuentos actuales en Cercanías, corta y media distancia y autobús, a los que se añaden un nuevo abono trimestral y un abono de 10 viajes para Cercanías, manteniéndose la gratuidad de todos los viajes para los menores de 14 años (para educar a los menores en el transporte público). Por otro lado, se crea un nuevo bono transporte de 60 euros mensuales (30 euros para menores de 26 años) que permite viajes ilimitados en Cercanías y media distancia de Renfe, además de las líneas estatales de autobuses. Un bono que convive con el resto de ayudas al transporte.

Estas ayudas van a permitir que millones de personas gasten hasta un 75% menos en transporte público en 2026, ahorrándose este año 1.371 millones de euros (el coste de las ayudas). Unas ayudas públicas al transporte que han sido claves estos años, desde 2018 a finales de 2025, en que el Gobierno ha destinado más de 11.000 millones de euros (7.200 millones desde 2022)  a subvencionar los billetes de Cercanías, trenes de media distancia y Avant y los autobuses de líneas estatales, según datos de Transportes.

Un ahorro en transportes que no compensa el rosario de las otras subidas de precios, unas anunciadas y otras silenciosas, que afectarán a nuestros bolsillos en este año 2026. Menos mal que hay colectivos que van a tener también un aumento de ingresos para afrontarlas, básicamente pensionistas, funcionarios y los más desfavorecidos que reciben ayudas públicas, que también se han revalorizado el 1 de enero.

Empecemos por los pensionistas, 9,42 millones de personas que cobrarán algo más por sus pensiones (10,42 millones) ya desde este mes de enero. La subida media de las pensiones es del +2,7% (la subida de la inflación anual de noviembre 2024 a noviembre 2025), lo que supondrá cobrar unos 40 euros más al mes (una jubilación media de 1.512 euros en 2025). Pero los 2,12 millones de pensionistas que cobran pensiones muy bajas, con complementos de mínimos, tendrán una subida mayor: +11,4% para los pensionistas con cargas familiares (y las viudas) y +7% para los que no las tienen. Y para los 471.000 pensionistas que cobran una pensión no contributiva (dos tercios son mujeres), la subida es del +11,4%.

Los 3 millones de personas que trabajan para la Administración Pública cobrarán un +2,5% de subida retroactiva por 2025 y otro +2% de subida salarial en 2026, más otro +4,5% en 2027 y un 2% de subida en 2028, según el acuerdo pactado por el Gobierno, que supone una subida acumulada (por el efecto arrastre) del +11,4% entre 2025 y 2028, un aumento superior a la inflación esperada estos años, para recuperar parte del poder adquisitivo perdido por los funcionarios.

También volverá a subir este año el salario mínimo interprofesional (SMI), que cobran unos 2,4 millones de trabajadores, especialmente mujeres, jóvenes e inmigrantes que trabajan en el campo. De momento, en enero se ha prorrogado el salario mínimo actual (1.184 euros en 14 pagas), a la espera de que el Gobierno apruebe este mes la nueva subida, que se cobrará con efecto retroactivo desde el 1 de enero: los expertos consultados han propuesto que suba entre 37 y 56 euros al mes, mientras la patronal propone una subida de 18 euros (+1,5%) y los sindicatos piden subir 89 euros (+7,5%).

Y también sube el importe del ingreso mínimo vital (IMV) que reciben las familias más vulnerables, actualmente 785.722 hogares (beneficiando a 2,4 millones de personas). En 2025 cobraban entre 658,81 euros un adulto solo y 1.449 euros mensuales las familias numerosas, importes que han subido un 11,4% el 1 de enero, entre 75 y 170 euros más al mes. El problema es que esta ayuda (IMV) sólo llega a la mitad de las personas que están en pobreza severa (4,3 millones, según Cáritas). Y que muchas autonomías han aprovechado el IMV para suprimir o reducir su ayuda, las rentas mínimas de inserción: en los últimos 3 años se han reducido  más de 170.000 beneficiarios y 13 autonomías (Madrid y Aragón en cabeza, un -95%, seguidas de Castilla la Mancha, Castilla y León, Andalucía, la Rioja, Cantabria, Extremadura, Murcia, Asturias, Galicia, Cataluña y Navarra) han reducido su gasto en estas ayudas autonómicas, que sólo llegan a 532.700 personas, el 6,1% de quienes viven en el umbral de la pobreza, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Ahora, la clave para afrontar las nuevas subidas de precios va a estar en los salarios, en la subida que se pacte para 2026. Todo indica que la patronal no ofrecerá una subida por encima del 2% (la inflación subirá el 2,1%, según el Gobierno) y que los sindicatos pedirán una subida mínima del 3,5%, para recuperar parte del poder adquisitivo perdido en los últimos años (los sueldos han subido un 13,45% entre 2022 y 2025 y la inflación un 15,4%). Y, sobre todo, pedirán que suban más los sueldos más bajos, porque el 30% de trabajadores ganan menos de 1.582 euros brutos al mes (y otro 40% ganan entre 1.582 y 2.659 euros brutos), según el Decil de salarios de la EPA 2024. Estos bajos salarios explican que casi la mitad de españoles (el 47,4% de los hogares, según el INE) lleguen con dificultad a fin de mes. Y más ahora, con la oleada de subidas de enero.

En definitiva, volvemos a sufrir subidas de precios en múltiples servicios y gastos, sin que tengamos claro lo que van a subir nuestros ingresos este año, lo que explica que muchos españoles no vean bien su economía (según el CIS) aunque España crezca más que la mayoría de paises occidentales. Eso debería obligar a tomar medidas para “repartir mejor el crecimiento, controlando las subidas más impopulares (alimentación, energía, servicios públicos) y aumentando las ayudas a los más vulnerables, con medidas fiscales para que paguen más los que más ganan y menos los que menos ingresan y viven de un sueldo. Y promover una negociación colectiva que suba más los sueldos más bajos, ahora que muchas empresas pueden hacerlo, porque llevan 5 años mejorando ventas y beneficios. Esas son las claves para que el crecimiento lo noten la mayoría de españoles.

jueves, 8 de septiembre de 2016

Economía colaborativa: las otras empresas


Mientras las empresas y el empleo van al ralentí, por el impasse político, ahí sigue la economía colaborativa, las “otras empresas” que nacen al amparo de Internet y de jóvenes que exploran nuevos negocios, desde alquilar casa a compartir coche, aparcamiento, comida o energía. Una nueva economía que, como Uber, Airbnb o BlaBlaCar, mueve ya millones de dólares y provoca airadas protestas de taxistas, hoteleros o empresas de autobuses, que los acusan de competencia desleal. En España, cada autonomía los regula a su aire, mientras la Comisión de la Competencia sale en su ayuda, con recursos ante los Tribunales. Y la Comisión Europea aprobó en junio unas directrices donde las apoya a fondo y pide a los paises que no las prohíban. Con todo, sólo un 5% de consumidores las usan, aunque seguirán creciendo, amparadas en sus bajos precios. Pero también esconden economía sumergida y subempleo, lo que obliga a regularlas. Y por mucho que crezcan, no sustituirán a la economía tradicional, sobre todo en empleo.
 
enrique ortega

Internet y la larga crisis económica son los padres de la llamada “economía colaborativa”: iniciativas de jóvenes emprendedores que han lanzado nuevas plataformas (empresas) para poner en contacto directo a los que ofrecen y buscan un producto o un servicio. El objetivo es que millones de personas ofrezcan lo que tienen o les sobra a millones de consumidores que lo necesiten, sin tener que montar una empresa, sino a través de una plataforma creada por un  tercero que cobra una comisión por la intermediación a través de Internet. La “economía colaborativa” nació en Estados Unidos, en 2008, en la ciudad de San Francisco, a través de 2 iniciativas que hoy son ya millonarias: Uber, una plataforma para compartir el coche en la ciudad que ya utilizan 40 millones de usuarios en 400 ciudades de 64 paises, y Airbnb, otra plataforma para compartir y alquiler apartamento que ofrece ya más de 2 millones de alojamientos en 34.000 localidades de 191 paises. Y detrás de ellas han ido más de 7.500 plataformas de Internet donde se ofrece de todo en todo el mundo.

La economía colaborativa movió ya 28.000 millones de dólares en 2015, según estimaciones de la Comisión Europea. Y los expertos de la consultora Price Waterhouse Coopers estiman que seguirá con su avance imparable y llegará a facturar hasta 335.000 millones de dólares en 2025. Actualmente, en sólo siete años, Uber está valorada en 50.000 millones de dólares, por encima de Twitter o Linkedin (y que Repsol), y Airbnb otros 25.500 millones. De momento, el 62% de la economía colaborativa en el mundo se centra en el transporte (compartir coches en ciudades y viajes), donde destacan Uber (USA), Didi Kuaidi (China), BlaBlaCar (Francia) y Lyft (USA). Otro 18% en el turismo (alojamientos), con Airbnb (USA), junto a HomeAway, Niumba y Windu. Un 6% en las finanzas (transferencias y créditos entre particulares), con Lending Club (USA), Jimubox (China), Crodcube y Dwolla. Y un  5% en servicios, 4% en productos y el restante 4% en otras ofertas, desde Parclick, ParkWihz o Coparto (aparcamientos) a Wallapop o Perby (ropa y cosas de casa) a EatWith o Social Eaters (comida) y SolarCity o SomEnergia (electricidad), según un reciente estudio de la Comisión de la Competencia (CNMC). Pero cada día aparecen nuevas propuestas, desde plataformas para compartir plazas de garaje, oficina, comida, energía o el cuidado de perros a vender ropa o solucionar problemas y enseñar ciudades. Todo lo que la gente pueda necesitar y alguien pueda ofrecer.

La mayoría de las plataformas de economía colaborativa nacen y crecen en Estados Unidos y bastante menos en Europa, salvo Gran Bretaña, que reúne un 10% de la oferta mundial, tanto como Alemania, Francia o España juntas. En nuestro país no hay un listado de “empresas colaborativas”, pero se estima que rondan ya las 500 plataformas, aunque sólo las 30 más importantes están agrupadas en la asociación Sharing España. Y por encima de todas destacan tres plataformas: Uber (compartir coches ciudades), Airbnb (apartamentos y casas de alquiler) y BlaBlaCar (compartir coche en viajes). Tres empresas que han provocado una gran polémica y la dura oposición de tres sectores económicos que los acusan de competencia desleal y los han llevado a los tribunales: los taxistas, los hoteleros y las empresas de autobuses. Uber, con problemas en media Europa, tuvo que cerrar en España en diciembre de 2014 y ha abierto de nuevo en marzo de 2016, bajo la fórmula Uber X, que se basa en licencias VTR, como otra plataforma muy polémica de alquiler de vehículos, Cabify. BlaBlaCar está pendiente de un recurso presentado por la patronal de autobuses y Airbnb es objeto de los ataques de la patronal turística Exceltur, que se queja de que ofrecen ya en España 1,1 millones de casas y apartamentos sin regular, sin control y sin pagar impuestos en muchos casos.

La realidad es que la economía colaborativa no está regulada, ni en Europa ni en España, donde cada autonomía va a su aire a la hora de establecer normas y controles. De hecho, la Comisión nacional de la Competencia (CNMC), un organismo dependiente del Ministerio de Economía, se ha erigido en “defensora” de la economía colaborativa, presentando recursos e impugnaciones contra algunas normas autonómicas y municipales. De momento, en junio pasado, el Tribunal de Justicia de Madrid ha fallado contra la Comunidad de Madrid, anulando un decreto de 2014 donde prohibía que las viviendas de uso turístico pudieran alquilarse por menos de 5 días. La CNMC también ha impugnado las ordenanzas de los Ayuntamientos de Córdoba y Málaga que restringían el alquiler de coches sin conductor. E incluso, la CNMC ha impugnado en enero un Reglamento aprobado en diciembre pasado por el Ministerio de Fomento (en funciones) que restringía las plataformas de alquiler de vehículos con conductor. Y está pendiente de que la Generalitat de Cataluña publique un decreto restrictivo sobre alquileres turísticos para impugnarlo. La CNMC ha elaborado incluso una serie de recomendaciones en defensa de la economía colaborativa, planteando al Gobierno que no se le planteen restricciones porque “beneficia a la competencia y a los usuarios”.

Pero el mayor apoyo a la polémica economía colaborativa se lo acaba de dar Bruselas: la Comisión Europea aprobó el pasado 2 de junio una serie de recomendaciones en las que pide a los Gobiernos de los 28 que “dejen de restringir la economía colaborativa”, porque no es ninguna amenaza para las empresas y ofrece un gran potencial de crecimiento y de empleo. Los dirigentes europeos, preocupados por el paro y el estancamiento de la economía, destacan que la economía colaborativa aporta 3.500 millones de euros de ingresos a la economía europea y por eso la van a apoyar, aunque señalan que debe pagar impuestos y cumplir con las exigencias laborales. Se trata de unas directrices no vinculantes para los paises, pero la Comisión advierte que “examinará las actuaciones de los Gobiernos” y que “cualquier restricción injustificada a la economía colaborativa será denunciada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. Uber, Airbnb, BlaBlaCar y otras han saltado de alegría…

La economía colaborativa tiene el apoyo de Bruselas y de la CNMC en España, pero todavía se usa poco en Europa. El 52% de los europeos han oído hablar de ella, pero sólo el 17% lo han usado al menos una vez, según un Eurobarómetro de junio pasado. Y sólo el 5% de los consumidores europeos utiliza estas plataformas colaborativas de forma habitual, algo en lo que coincide también el último estudio del Observatorio español de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (ONTSI): un 5% de españoles usa estas plataformas de forma esporádica y sólo un 3% las usa a diario. La mayoría (56%) por su precio, para reducir gastos, una cuarta parte (26,6%) por comodidad y otros tantos para probar algo nuevo. Eso sí, un 80% de los que usan esas plataformas están bastante satisfechos, según un estudio de la OCU, que pide una regulación europea para garantizar la seguridad de los consumidores.

No es sólo que pocos usuarios utilicen aún la economía colaborativa. La mayor crítica que puede hacerse es que todavía, la mayoría de las propuestas están poco maduras y son empresarialmente muy débiles. De hecho, parece que sólo cinco plataformas de las que operan en España son rentables, ganan dinero: Uber (coches), Rentalia y Airbnb (alquileres), BlaBlaCar (compartir viajes) y Traity (reputación online). Con todo, muchos críticos de estas plataformas denuncian que en bastantes casos enmascaran proyectos de economía sumergida: iniciativas que no se dan de alta, que no pagan impuestos ni cotizaciones, que no hacen contratos legales y malpagan a sus empleados, con mucha explotación laboral. Y además, la mayoría son proyectos que crean poco empleo: Uber, por ejemplo, valorada en 50.000 millones de dólares, sólo tiene 6.000 empleados en todo el mundo.

En cualquier caso, todo indica que la economía colaborativa va a seguir creciendo imparable, empujada por tres factores: el enorme desarrollo de Internet, el auge de los móviles y el aumento de la economía “low cost” (bajo coste), con una gran parte de la población inmersa en la inestabilidad y los bajos salarios, que busca consumir y tener servicios al menor precio posible, al margen de la calidad. Y mientras la industria y los sectores tradicionales estén en retroceso, con un elevado nivel de paro en Europa y en España, seguirá habiendo jóvenes y emprendedores que busquen una salida profesional en la economía colaborativa, con miles de iniciativas de las que la mayoría no cuajen pero otras sí.

Eso sí, no parece que a medio plazo la economía colaborativa acabe con la economía tradicional, con las empresas de siempre, que también buscarán negocios nuevos. Todo indica que será una economía “complementaria”, que cubra los huecos y “nichos de mercado” que no ofrece la economía tradicional. Y puede ser una salida laboral para alguna gente, pero no parece que sea suficiente y económicamente atractiva, en la mayoría de casos. Eso sí, siempre habrá intermediarios "poco  colaborativos” que se harán también con el grueso de estos nuevos negocios. Si  los usamos, seamos precavidos y miremos bien lo que contratamos y “compartimos”. Porque ya lo decían nuestros abuelos: “nadie da duros a cuatro pesetas”.

sábado, 1 de enero de 2011

2011 empieza con subidas de precios en cadena

Esta Nochevieja, las uvas de la suerte costaban el doble, no por la crisis, sino por el pedrisco caído en mayo en el Vinalopó. Ha sido el anticipo de lo que nos espera este mes de enero, con subidas de precios en cadena: luz, gas, butano, tren, Metro y autobuses, taxis, peajes, agua, alimentos, ropa, alquileres, hipotecas, carburantes… La cuesta de enero será una dura prueba para los españoles, millones de ellos parados sin subsidio, con la pensión o el sueldo congelado o con mínimas subidas.Y para las empresas, a las que subirán los costes, que no siempre podrán trasladar a sus clientes. Con ello, nuevo golpe al consumo y a las ventas, lo que dificultará la salida de la crisis. Un mal comienzo para 2011.

La subida estrella es la de la luz, un 9,8%, que afecta a 20 millones de usuarios, a los que ya ha subido un 24% en los tres años anteriores (y el 46% desde 2004). En mi recibo, muy normalito, serán 5 euros más al mes. La subida se justifica por el encarecimiento del petróleo y el gas (dos tercios) y por ayudar al carbón español (un tercio). Pero la subida sólo ha tocado la mitad del recibo, el coste de producir la electricidad (53,8%). En la otra mitad pagamos impuestos (16,5%), ayudas a energías renovables (18,2%), compensaciones a las eléctricas por la luz que venden en Baleares y Canarias (2,8%), programas de ahorro (4%) y los intereses de la titularización eléctrica (5,7%), lo que pagamos los usuarios a los bancos por los préstamos que dan a las eléctricas por la deuda acumulada por el déficit de tarifa.

El problema es que sobre esta otra mitad del recibo eléctrico no ha habido subida aún (por eso las eléctricas pedían ahora una subida del 20%). Y eso aumenta el déficit de las eléctricas, que está en 20.000 millones y llegará a 25.000 en 2012. Y, por Ley, el Gobierno se ha comprometido a pagar esta hipoteca eléctrica, en el recibo de todos nosotros: una media de 3 euros al mes los próximos 15 años. Y antes o después, habrá que cargar con ésta y otras subidas en el recibo. Será en marzo o mejor en junio, tras las municipales.

Con la luz, sube el gas natural (3,93%). Y subirá este mes el butano ( 3,13%) a 10 millones de usuarios modestos, que ya han sufrido cuatro subidas en 2010 (+18,7%). El AVE sube un 2,3 % (los trenes Avant un 4,8 %) y los trenes de cercanías y media distancia el 3,1 %. El Metro y los autobuses subirán en casi todas las ciudades (en Madrid, el abono transportes sube un 3,4%), lo mismo que los taxis (con subidas que van del 1,7% en Madrid al 4,4% en Valencia, pasando por el 2,3 % de Asturias o Almería). Y los billetes de avión, con el queroseno al alza, pueden subir este año del 3,5 al 5%, aunque bajan las tasas aeroportuarias.

El tabaco ya ha subido un cuarto de euro por cajetilla y para 2011 se esperan subidas de alimentos, al encarecerse las materias primas en los mercados internacionales: arroz, cereales, maíz, café, cacao, aceite de girasol, azúcar, carnes… Y también subirá la ropa, por el encarecimiento del algodón. Muchos Ayuntamientos subirán el agua (Madrid 2,3%, Aguas de Galicia 1,28%), así como muchas tasas, para compensar sus déficits. También suben un 1 % las tasas estatales, por solicitar documentos. Y las tarifas de Correos (2,9%): un céntimo más el sello. Suben también  los alquileres (sobre el 2,3%) y se encarecen las hipotecas, dado que el euribor subió un 0,28 % en 2010, lo que supondrá unos 240 euros más al año en una hipoteca media.

Los peajes suben un 1,44 % y más en ocho autopistas (6 de Madrid y otras dos en Murcia y Alicante) a las que el Gobierno va a compensar con subidas extras por su escaso tráfico. Y hasta primavera seguirán subiendo los carburantes, por la subida del crudo y del gasóleo, derivados del mayor consumo por la ola de frío polar y al ser el petróleo una inversión refugio.

Todo este rosario de subidas va a encarecer los costes de las empresas y, las que puedan, subirán a su vez los precios, disparando la inflación, que ya está en el 2,3 %, el nivel más alto en los dos últimos años. Dado que los sueldos subirán poco o nada este año para la mayoría, la consecuencia será que consumiremos menos y a la economía, que está en la UVI, se le restringe el gota a gota. Estancamiento con inflación, el peor escenario, con los mercados echando leña al fuego para nuevos ajustes. Y mientras, los políticos siguen sin querer buscar una salida pactada a la crisis, ni en España ni en Europa…
 ¡Feliz año negro¡