CNMC: Tribunales anulan multas a empresas

Les voy a contar una historia, increíble pero cierta. La presidenta de la Comisión de la Competencia (CNMC) compareció el 23 de marzo en el Congreso y denunció ante los diputados (quienes la nombraron) que la Audiencia Nacional (AN) “torpedeaba” sus sanciones a grandes empresas, anulando “todas y cada una de las multas”: de los 1.253 millones en sanciones a grandes empresas desde 2010, sólo ha recaudado 290,4. La gota que colmó su paciencia fueron varias sentencias de la AN, a finales de 2022, anulando las multas impuestas (203,6 millones) a 6 grandes constructoras por repartirse obras públicas y subir sus costes durante… ¡25 años¡ Es sólo un ejemplo de las decenas de multas impuestas a empresas eléctricas, petroleras, automovilísticas, bancos, telecos, navieras, tabaqueras, residuos, lácteos, material ferroviario o papeleras, por manipular mercados y precios, en perjuicio de los consumidores. Multas anuladas o pospuestas por la Audiencia Nacional y el Supremo, “tolerantes” ante los delitos de guante blanco. Urgen cambios, porque nos están robando (presuntamente).

Enrique Ortega

Para muchos economistas, uno de los grandes males de la economía actual es la falta de competencia: grandes empresas controlan los mercados de muchos bienes y servicios y por su situación de cuasi monopolio fijan las reglas de juego, imponiendo altos precios que perjudican a los consumidores y elevan la inflación. Además, esta falta de competencia impide sobrevivir a nuevas empresas (que son compradas o anuladas), lo que reduce la oferta, la innovación, la productividad, el crecimiento y el empleo. Lo explica muy bien el economista francés Jean Tirole, en su libro “La economía del bien común”, donde define “el poder del mercado” como “la capacidad de hacer pagar a los consumidores precios muy superiores a los costes y ofrecer productos de mediocre calidad”. Una lacra para los consumidores.

Por eso, todos los paises tienen organismos públicos que vigilan  la competencia, para evitar que grandes empresas impongan sus reglas y precios. Es lo que ha llevado a Google o a Facebook a declarar ante el Congreso de EEUU. Y en Europa, la comisaria de la Competencia, la danesa Margrethe Vestager, es uno de los cargos más importantes, con la categoría de Vicepresidenta de la Comisión Europea, responsable de varias multas por actividades contrarias a la competencia a gigantes como Google, Facebook, Microsoft, Apple o Amazon. En  España, la vigilancia de la competencia ha ido pasando por varios organismos de la Administración, sin demasiado ímpetu, hasta que se creo, el 7 de octubre de 2013, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Un organismo independiente, cuya presidencia propone el Ministerio de Economía pero que ha de ser elegida por el Congreso, para un mandato de 6 años (como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores).

La CNMC es el organismo “vigilante” de mercados tan importantes como la energía (ha abierto múltiples expedientes a las eléctricas, por manipular precios), las telecomunicaciones, el sector audiovisual (ha multado a las TV, privadas y RTVE, por abuso publicitario), el transporte ferroviario o las tarifas aeroportuarias, además de asegurar que se cumplen las reglas de la competencia en todos los sectores de la economía. En estos años y con pocos medios, ha abierto más de 30 expedientes sancionadores a distintas empresas y sectores, por ponerse de acuerdo en fijar reglas y precios en numerosas actividades, lo que se conoce como un “cártel”: empresas que en lugar de competir, se reparten el mercado y fijan precios (más altos que con competencia), en perjuicio der los consumidores. Veamos algunos.

La multa más abultada impuesta por la CNMC se decidió el 7 de julio de 2022, al cerrarse un expediente contra 6 grandes constructoras españolas (Acciona, Dragados-ACS, FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr), a las que se acusaba de haberse repartido miles de licitaciones públicas (como hospitales, carreteras, aeropuertos) durante 25 años (entre 1992 y 2017). La investigación de la CNMC descubrió que el grupo de constructoras se reunían semanalmente para analizar las licitaciones de obras públicas publicadas y decidir qué concursos iban a compartir (en todo o parte) y las ofertas que iban a presentar concertadamente, para ganarlas. Y también compartían información comercial sensible, como su intención de presentarse o no a licitaciones y la formación de ofertas conjuntas (UTEs). Y para evitar sospechas, las constructoras encargaban estos trabajos y ofertas a empresas externas. En conjunto, la CNMC estima que este “cártel” continuado de las principales constructoras ha provocado un extracoste de muchas obras públicas, en perjuicio del Presupuesto y los contribuyentes. Y les multó con 203,6 millones de euros.

La 2ª mayor multa impuesta por la CNMC, 171 millones de euros, fue decidida en julio de 2015, contra 21 empresas de automoción (que acaparaban el 91% de las ventas), por compartir información (desde 2006 a 2013) para aplicar estrategias agresivas o descuentos a compradores de coches. De las multas se libraron Seat y Volkswagen, por actuar como “delatores” (a lo claro: por “chivarse” y dar información a cambio de no ser multados). La 3ª mayor multa, 127,8 millones, se impuso en 2016 a los fabricantes de pañales para adultos, que pactaron (de 1996 a 2014) los precios a los que vendían a la sanidad pública. La 4ª mayor multa, 120 millones, se impuso en diciembre de 2012 (antes de crearse la CNMC) a Telefónica, Vodafone y Orange por pactar un precio elevado por los SMS. La 5ª mayor multa, 119,1 millones, se impuso en marzo de 2019 a 15 empresas de material ferroviario (filiales de las constructoras ACS, Sacyr y OHLA, más Siemens, Alsthom, Indra, Elecnor, Isolux o Abengoa), por repartirse durante 14 años contratos ferroviarios de Adif (Renfe).

La lista de expedientes sigue con multas inferiores a los 100 millones. En enero de 2015, la CNMC multa con 98,2 millones a 39 empresas y 3 asociaciones del sector de gestión de basuras (residuos, recogida de basuras y saneamiento), que pactaban y se repartieron la recogida de basuras, gestión de zonas verdes y tratamiento de aguas en Ayuntamientos de toda España, entre 2000 y 2013.Entre las multadas, las filiales de las constructoras ACS, FCC, Ferrovial y Sacyr, reiteradas "sospechosas" de la CNMC: en agosto de 2021, ACS, FCC, Acciona, Ferrovial , OHL y Sacyr  recibieron otra multa de 61 millones  (la 3ª), por pactar contratos de mantenimiento de carreteras del Estado (entre 2014 y 2018) . En febrero de 2018, los cuatro grandes bancos españoles (CaixaBank, Santander, BBBA y Sabadell) fueron multados con 91 millones de euros por pactar unas condiciones más favorables de ciertos derivados financieros con los que financiaron a constructores de parques eólicos. En julio de 2019, la CNMC sancionó con 80,6 millones a 8 empresas lácteas (Nestlé entre ellas) y 2 asociaciones sectoriales por prácticas anticompetitivas de fijación de precios en perjuicio de los ganaderos. En noviembre de 2019, se impone una multa de 77,1 millones a Mediaset (Tele 5) y Atresmedia (Antena 3), por repartirse el mercado de la publicidad televisiva.

Sigamos con la lista de las mayores multas. En marzo de 2017, la CNMC multa con 75,6 millones a Renfe y Deutsche Bank por “entorpecer” la liberalización del transporte ferroviario, lo que provocó la mayor sanción impuesta nunca a una sola empresa (65 millones a Renfe). En marzo de 2018, se fija una multa de 68 millones a 9 empresas de mensajería (entre ellas, Correos), por repartirse los grandes clientes empresariales. En junio de 2015, se multa con 57,7 millones  a 18 empresas de fabricación de papel y cartón ondulado y a su asociación sectorial por repartirse el mercado y fijar precios entre 2002 y 2013. En octubre de 2019, se multa con 54,2 millones a 19 empresas de montajes y mantenimientos industriales (Duro Felguera, ACSA y Atrian) por repartirse 746 contratos industriales y encarecer los servicios prestados a empresas energéticas y petroquímicas. En noviembre de 2017, la CNMC impuso una multa de 44,8 millones a 5 cárteles integrados por 11 empresas y una Asociación empresarial que se repartían la fabricación y distribución de cables eléctricos.

Tranquilos, que la lista sigue y aparecen otras grandes empresas. En 2019, la CNMC multa con 42,3 millones a las tabaqueras Altadis (Fortuna) y  Philip Morris (Marlboro), junto a Logista,  por repartirse el mercado: intercambiaban datos sobre las ventas diarias en estancos, detalladas por provincias y marcas. En febrero de 2015 se multa con 32,4 millones a las grandes petroleras (Repsol, Cepsa, Disa, Galp y Meroil) por pactar precios de los carburantes en distintas ciudades, además de un pacto de “no agresión” entre Repsol y Cepsa (desde 2011 a 2013). Y tanto Repsol como Cepsa tienen otras multas más (casi 10 millones), por prácticas “anticompetitivas” desde 2009. En septiembre de 2016, la CNMC multa con  29 millones a 23 empresas cementeras y hormigoneras, por pactar precios (desde 1999 a 2014). En marzo de 2019, se multa con 25,3 millones a dos eléctricas, Endesa y Naturgy por ofrecer precios elevados en el mercado eléctrico. Ya en noviembre de2015, la CNMC había sancionado a Iberdrola con otros 25 millones “por manipular el mercado eléctrico”. En total, ha impuesto a las eléctricas 54 millones en multas desde 2014 a 2019. Y para cerrar las grandes multas, en marzo de 2022 se impusieron 24 millones a 3 empresas siderúrgicas por manipular los precios de la chatarra…

A esta exhaustiva lista de sanciones se podrían sumar las multas (menores) impuestas en la última década a otras empresas: de transporte de fondos, de mudanzas internacionales, fabricantes de turrón, empresas de transporte frigorífico, empresas radiofónicas, de vinos de Jerez, fabricantes de productos dietéticos o de tiras reactivas para la leucemia… Y unos días antes de esta Semana Santa, la CNMC inspeccionó varias oficinas de Viajes el Corte Inglés, buscando pruebas de un presunto “cártel” de agencias de viaje para repartirse el mercado de viajes (nacionales e internacionales) de la Administración del Estado.

Todas estas multas son el final de largas investigaciones de la CNMC, de expedientes que generalmente se abren por alguna denuncia de un competidor (al margen del cártel que se reparte el mercado) o de alguna empresa que quiere evitar la multa, colaborando (evita más o menos según colabore antes o durante el expediente). Y a partir de ahí, lo difícil es demostrar estos acuerdos contra la competencia, conseguir pruebas y documentos, para lo que la CNMC llega hasta registrar las oficinas de las empresas implicadas. Pero eso a veces lleva a la nulidad del procedimiento, como acaba de resolver el Supremo (fallo del 28 de febrero 2023) en el caso de la inspección (en 2017) en la sede de Altadis. Lo mismo pasó en 2014, con una sentencia que anuló el registro a UNESA y 5 eléctricas o con la inspección a la sede de Transmediterránea (el Supremo anuló las dos multas en 2015). En otros casos (multa a las telecos), el Supremo anuló las multas (enero 2019) por “fallos en la investigación”.

Pero esta es la 2ª fase de los problemas con que se encuentra la CNMC al luchar contra los acuerdos de repartos de mercados y precios: las sentencias del Supremo (que tardan años), tribunal al que recurren las empresas investigadas una vez que hay una decisión en primera instancia, en la Audiencia Nacional (AN). Y aquí está el primer problema de la CNMC: la AN suspende de forma cautelar las multas impuestas a las empresas por acordar mercados y precios. Lo lleva haciendo años, pero la gota que ha colmado el vaso de la CNMC han sido las sentencias (dictadas entre septiembre de 2022 y el 1 de febrero de 2023) que suspenden las multas impuestas en julio de 2022 (203,6 millones) a las 6 grandes constructoras españolas a las que la CNMC acusa de pactar precios durante 25 años.

Con estos fallos recientes de la Audiencia Nacional, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, compareció el 23 de marzo en el Congreso y denunció la situación ante los parlamentarios (que la eligieron en junio de 2020, con los votos en contra de PP, Vox y Ciudadanos): acusó a la Audiencia Nacional de boicotear las sanciones que impone a las empresas al suspender de forma cautelar “todas y cada una de las multas”. Y además, impide con ello que se cumpla el mandato legal de que estas empresas multadas no puedan contratar con la Administración. La presidenta de la CNMC, abogada, señaló que la Audiencia Nacional suspende las multas porque considera que entre el interés general y el perjuicio que puede provocar a la empresa sancionada, “siempre prima lo segundo”, el daño económico a la empresa sancionada.

La presidenta de la CNMC pidió ayuda a los diputados, aportando los datos que reflejan la impotencia de su trabajo frente a las grandes empresas investigadas y sancionadas: entre el año 2000 y el 2012, la CNMC ha impuesto más de 1.153 millones de euros en sanciones a empresas que incumplieron la legislación sobre competencia, pero sólo ha podido recaudar 290,4 millones de euros. Las grandes empresas afectadas cuentan con el apoyo de potentes bufetes de abogados, que recurren primero ante la Audiencia Nacional, que suspende las multas, les deja seguir contratando con la Administración y luego tarda años en decidir sobre el fondo del expediente (todavía no ha decidido sobre el expediente a los grandes bancos, de 2018), rechazando la mayoría. Y todavía les queda a las empresas recurrir al Supremo, que son más años de retraso y muchas sentencias favorables, por defectos de forma en la tramitación. Y frente a estas poderosas empresas y sus bufetes, la CNMC cuenta con pocos medios: 272 funcionarios y 370 empleados más, para vigilar los sectores prioritarios y la competencia en toda la economía (ahora vigilan los precios de los alimentos).

El tema es serio y preocupante, porque en la lista de empresas “pilladas” en manipulación de mercados y precios está lo más granado del empresariado español. Y porque este “modus operandi”, anticompetitivo e ilegal, nos cuesta mucho dinero a los consumidores y a muchas empresas, que pagan precios más altos de los debidos. Para intentar resolverlo, el PSOE ha presentado varias enmiendas (aprovechando la tramitación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, algo que nada tiene que ver) para cambiar aspectos de la Ley de Defensa de la Competencia y dar más “armas  legales” al trabajo de la CNMC. Por un lado, proponen subir las multas a las empresas que se repartan mercados, con un máximo de 50 millones, pero aplicando además un porcentaje sobre sus ventas mundiales (que puede llegar al 10%, cuando ahora el máximo es el 6,4% de las ventas nacionales).Y se ampliarán también las multas a los directivos implicados (de 60.000 a 400.000 euros). Eso sí, se mejora el trato a las empresas que colaboren con la CNMC aportando pruebas. Además, se propone ampliar el plazo del procedimiento, de los 18 meses actuales a 24 meses.

Todos estos cambios se debaten ahora en el Congreso, en Comisión, y podrían ser aprobados para otoño, lo que facilitaría la tarea de la CNMC. Pero queda reforzar los medios de la CNMC, para que cometan menos fallos en la gestión de los expedientes. Y sobre todo, urge un cambio sustancial en los jueces, tanto en la Audiencia Nacional como en el Supremo: no pueden seguir “tolerando” estos comportamientos con unas sentencias favorables a los más poderosos, en perjuicio de los ciudadanos. De acuerdo, hay que probar los delitos, hay que vigilar las garantías jurídicas del proceso, pero estos “delitos de guante blanco” no pueden quedar tan impunes como ahora. Nos están robando (presuntamente).

Colapso en la Justicia: faltan medios

El servidor central de los Juzgados de Sevilla se colapsó a primeros de octubre porque ya no admitía más documentos de los casos ERE y Formación. Es sólo un ejemplo del colapso en la Justicia, con el 85% de los Juzgados trabajando por encima de su capacidad y con 1.700 asuntos al año por cada juez, según un reciente informe del CGPJ. Así pasa: toneladas de carpetas sin informatizar, retrasos de años en las vistas y sentencias y macro causas por  corrupción y delitos económicos que avanzan a paso lento. Un caos judicial fruto de la falta de medios, personales y materiales, agravado por los recortes del Gobierno Rajoy y las autonomías en los presupuestos de Justicia, donde España gasta la mitad que Europa. Faltan jueces, juzgados, funcionarios, peritos y expertos, informática y una mejor organización de la Justicia, agrupando esfuerzos. Los ciudadanos, las empresas y toda la economía sufren una justicia lenta, ineficaz, cara e injusta, que exige medidas urgentes.

enrique ortega

El colapso de la Justicia es vox populi, pero ahora tenemos unos datos muy reveladores: 1.695 órganos judiciales, el 84,8% de todos los Juzgados tienen una carga de trabajo superior a la que pueden asumir, según el último informe (2013) del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y lo peor: 864 juzgados, casi la mitad del total (43,5%) soportan una carga de trabajo del 150%, es decir están sobresaturados. Son casi todos los Juzgados de 1ª instancia (el 95,65%), los Mercantiles (93,75% y 45 de los 46 Juzgados de lo Social sin ejecuciones (el 97,83%). La mayor saturación se da en los Juzgados de la Comunidad Valenciana, Andalucía, Madrid y Cataluña, sobre todo en los Juzgados de lo Social, por la avalancha de demandas a raíz de la reforma laboral (febrero 2012): en Sevilla hay juicios por reclamación de salarios e indemnizaciones señalados para 2017 y en Madrid, Andalucía o Galicia se han duplicado las causas laborales, retrasando sentencias de uno a dos años.

El colapso de los Juzgados se acaba cebando en jueces y funcionarios, entre los que han aumentado infartos y enfermedades. De hecho, el 92,66 % de los jueces declara padecer estrés por exceso de trabajo, según una encuesta de Jueces por la Democracia. No es extraño si cada juez ha de ver 1.699,3 asuntos por año (2.227 en Penal) y dicta 309,2 sentencias anuales, en asuntos cada vez más complejos. Y de los 45.000 empleados de la Justicia, un 20% son interinos, los que más sufren los recortes y la rotación.

El colapso judicial se debe en primer lugar al gran número de litigios que entran cada año en los Juzgados, aunque se han reducido desde 2009, por la menor población, el mayor coste de litigar y las medidas para limitar las apelaciones adoptadas en octubre de 2011. A pesar de ello, en 2013 entraron en los Juzgados 8.636.016 asuntos (931.000 menos que en 2009), de los que estaban pendientes a finales de año 2.680.933 asuntos (545.000 menos que en 2009), según la Memoria del CGPJ. Un volumen ingente de casos para juzgar (el 75% de carácter penal, lo que indica una alta conflictividad social), cada vez más complejos, sobre todo los casos relacionados con la delincuencia económica y la corrupción. Hay que decir que España tiene el doble de litigios que Europa (183,2 pleitos por 1.000 habitantes, frente a menos de 100 en la UE), algo que algunos atribuyen al carácter español, otros a nuestra organización económica y social, y bastantes al exceso de abogados (285 por cada 100.000 habitantes frente a 127 abogados en la UE-28).

Sea por lo que sea, hay muchos pleitos y pocos medios para la Justicia, menos con los recortes implantados por el Gobierno Rajoy desde 2012.Así, el gasto en Justicia es en España el 0,35% del PIB, frente al 0,50% en UE-28. Y se ha recortado, tanto en las autonomías (12 tienen las competencias de Justicia y afrontan dos tercios del gasto) como en el Estado, donde el Ministerio de Justicia ha perdido 331,42 millones en los últimos cuatro años (de 1.804,32 en 2010 a 1.472,90 en 2014). Con ello, España gasta en Justicia 76,4 euros por habitante (2013), muy por debajo de los grandes países europeos (166,92€ Alemania, 134,68€ Italia, 123,32€ Francia e incluso 166€ Portugal). Y hay cinco autonomías que gastan en Justicia casi la mitad que el conjunto de España: Navarra (38,2 € por habitante), Asturias (42,1€),  Galicia (45,8 €), Cantabria (47,9) y la Comunidad Valenciana (48,7€).

Falta Presupuesto y falta personal, desde funcionarios, peritos, secretarios judiciales a fiscales y jueces. Nada más llegar Rajoy al poder, Ruíz Gallardón suprimió los 1.200 jueces sustitutos (que asumían el 20% de los casos en muchos Juzgados). Y después, no se han cubierto jubilaciones (sólo 10%) ni convocado plazas. Así hay 5.211 jueces (2013), 11,1 jueces por cada 100.000 habitantes frente a 19 en Europa (25 en Alemania, 19 en Portugal y 23 en Grecia), con lo que somos el cuarto país europeo con menos jueces. Y lo mismo en fiscales (5,3 por 100.000 habitantes). Por eso, la petición del sector es unánime: faltan jueces y fiscales, además del resto de personal judicial. Lo denunció incluso el Fiscal General del Estado en el Congreso, el 23 de abril: faltan medios legales, materiales y personales.

Y esta falta de medios se agrava en los casos de delincuencia económica (han crecido un 50% desde 2009) y corrupción (hay más de 1.600 casos abiertos, con unos 500 políticos implicados), sumarios muy complejos donde no sólo faltan fiscales y jueces sino sobre todo peritos y expertos en temas económicos, financieros y fiscales. La Fiscalía Anticorrupción ya pidió refuerzos en 2013 (sin conseguirlos apenas) y la Audiencia Nacional, con 6 juzgados, apenas puede hacer frente a 3.000 causas, de las que 77 son macroprocesos muy complejos (desde el caso Gürtel a la Operación Púnica, pasando por Bankia, Eurobank, Nueva Rumasa, SGAE, Fórum Filatélico, Afinsa, Pescanova o el hijo de Pujol). Y también están colapsadas la Agencia Tributaria y la Policía Judicial, con pocos medios para apoyar con sus informes.

Hace diez días, ante la indignación ciudadana por la corrupción, el Gobierno Rajoy aprobó crear 112 nuevas plazas (ojo: JpD dice que no son nuevas) de magistrados, 167 de jueces territoriales y 2 jueces más para la Audiencia Nacional (donde el “superjuez” Ruz, cargado de causas, lleva desde 2010 “en comisión de servicios” en el Juzgado nº 5, una plaza que debe salir a concurso). Pero es insuficiente. Habría que crear 815 plazas de jueces, según Jueces para la Democracia. Y muchas más de fiscal y personal judicial. Y aumentar el Presupuesto de la Justicia, volcándose en informatizar los Juzgados, en el expediente electrónico, un fracaso desde 2003: hay hasta 10 aplicaciones informáticas diferentes e incompatibles.

Pero no es sólo cuestión de dinero y personal. Conseguir una justicia más ágil pasa también por cambios en la organización y la aplicación de la justicia. Empezando por promover las acciones colectivas, las demandas de muchos afectados, como las preferentes y las clausulas suelo, múltiples demandas individuales que están colapsando muchos Juzgados. Las asociaciones de consumidores y muchos expertos critican que muchos jueces “tienen aversión a admitir a trámite acciones colectivas”, en unos casos porque estos “macrocasos”  les exigiría contar con jueces de apoyo que no tienen y en otros porque los jueces cobran complementos de productividad por el número de causas resueltas… Otra vía de acelerar la justicia sería promover los arbitrajes, los acuerdos sin llegar a juicio, más cortos (6 meses) y baratos (60€). Además, los abogados se quejan de la mala organización de la justicia, con muchos juicios que empiezan con retraso o se suspenden (un 9% de los juicios se suspenden en Cataluña sin aviso) y con vistas solo tres mañanas a la semana. Parece clara también la necesidad de una mejor coordinación de los juzgados y compartir medios y personal.

Al final, los ciudadanos, las empresas y toda la economía pagamos el coste de tener una justicia lenta (hasta 39, 3 meses de duración en los Juzgados de lo Mercantil, 9 meses y más en lo Social,  7 meses en 1ª instancia y un año en el Supremo), cara (hasta 12.220 euros si se lleva al Constitucional una reclamación) e ineficaz: en España hay 3 casos pendientes por cada 100 habitantes, el país europeo con peores resultados tras Italia, Croacia, Grecia, Portugal y Eslovaquia, según el Cuadro de Indicadores de la Justicia de la UE. Una Justicia que los españoles creen que funciona mal o muy mal (el 48% de los encuestados, según el barómetro del CIS de 2011) y a la que suspenden, con un 3,1 de nota (Módulo de Bienestar INE 2014).

En definitiva, pocas cosas funcionan tan mal como la justicia y los últimos datos confirman que el colapso de los juzgados es muy grave. No se puede esperar más. Hay que gastar más, poner más jueces, más fiscales y más personal especializado, volcarse en la informática y poner orden en la aplicación diaria de la Justicia, despolitizándola y facilitando a los españoles que defiendan sus derechos, reduciendo las tasas de Gallardón. Y darla medios para enfrentarse a la corrupción y los delitos económicos, cada vez más escandalosos. Se tardará, pero hay que empezar ya, porque tenemos una justicia decimonónica en pleno siglo XXI. Y así no podemos seguir.

Sin medios contra los delitos económicos

Las denuncias particulares, la prensa, fiscales y jueces siguen destapando numerosos delitos económicos y una imparable corrupción política, la tercera preocupación de los españoles (tras el paro y la crisis). Pero los juzgados y la policía no dan abasto y han pedido públicamente más medios. Un ejemplo: Pablo Ruz, uno de los seis jueces de la Audiencia Nacional, lleva más de 3.000 causas económicas, con millones de folios. Y los dos fiscales del caso Bankia se enfrentan casi solos a 33 bufetes de abogados. Hacen falta más jueces, más policías, más peritos y más medios en los Juzgados para luchar contra la corrupción y la delincuencia económica, muy compleja y poderosa. Y establecer controles eficaces en las empresas y en la Administración. No puede ser que, mientras la mayoría se sacrifica, los delincuentes de guante blanco se vayan de rositas. Control, transparencia y sentencias ejemplares ya.

enrique ortega

Los delitos económicos aumentaron en España un 38% entre 2009 y 2011 y crecerán otro tanto estos dos últimos años, según un estudio de la auditora PwC. Casi la mitad de las empresas españolas (un 47%) reconoce haber sufrido algún delito económico o informático en 2011 (34,5% en 2010), un porcentaje mayor que en Europa (30% empresas), según la encuesta mundial realizada por PwC. Los delitos económicos más frecuentes son apropiación indebida (47%), manipulación contable (29%: se ha duplicado con la crisis), fraude fiscal (9%) y delitos informáticos (3%), los que más crecen. En España, la mayoría de estos delitos se cometen dentro de las empresas (81%, frente al 50% en Europa), sobre todo por los altos ejecutivos (61% de los casos), mientras tiene poco peso la delincuencia externa a las empresas (17,5% en España y 45% en Europa).

El otro frente es la corrupción política, con más de 500 casos abiertos en los juzgados y 300 políticos electos imputados. La policía investiga actualmente 171 casos de corrupción (59 la Policía Nacional y 122 la Guardia Civil), según el ministro del Interior, con 1.110 personas investigadas y 311 detenciones (sólo la Policía). España es el país de Europa occidental con más corrupción en el sector público: ocupa el lugar 30 en el ranking de Transparencia Internacional, sólo por detrás de Portugal (puesto 33) e Italia (72). Y la corrupción y el fraude se han convertido, desde febrero, en la tercera preocupación de los españoles (30,7%), tras el paro y la crisis económica, según el Barómetro del CIS de mayo.

La crisis financiera, y en especial la reconversión de las Cajas de Ahorros en 2011 y 2012, ha supuesto un salto en la delincuencia económica: unos 100 directivos, de 21 de las 45 antiguas Cajas, están imputados en distintos procesos, por los presuntos delitos de operaciones fraudulentas para beneficio propio, indemnizaciones y jubilaciones millonarias o fallidas salidas a Bolsa. La Audiencia Nacional lleva los grandes procesos: Bankia (33 imputados), Banca Cívica (15), CAM (han declarado 30 ex directivos), NovaCaixa Galicia (5 imputados), Caixa Penedés (3) y Banco de Valencia (10 imputados). Además, numerosos juzgados provinciales tienen causas abiertas sobre la CAN, CAM, NovaCaixa Galicia, Caixa Penedés, el crédito de Caja Madrid que ha llevado a la cárcel a Díaz Ferrán (Marsans) y el caso Blesa (ex presidente Caja Madrid), que ha vuelto a la cárcel.

Junto a estos procesos financieros, la Audiencia Nacional tiene abiertos otros viejos procesos económicos: Eurobank (quebró en 2004), Nueva Rumasa, SGAE, Fórum Filatélico y Afinsa (los dos, con 500.000 ahorradores afectados). Y siguen entrando nuevos, el último Pescanova: están imputados su expresidente y tres ex directivos por falseamiento de cuentas, ocultación de deuda y manipulación de acciones. Precisamente, por intento de manipular acciones del Popular, la Fiscalía pide 2 años de cárcel para el empresario Trinitario Casanova. La CNMV reconoce que cada año recibe más de 100 denuncias de manipulación de precios en Bolsa, la última con las acciones de Bankia en este mes de mayo tras la reciente ampliación.

Y luego están los delitos informáticos, el cibercrimen, que crece sin parar, no sólo en banca (phishing, robo de claves) sino con ataques a empresas. Y otros nuevos delitos, como el amaño de partidos (se investiga el partido Levante-Deportivo), un problema con tal entidad (por el auge del juego online) que la Interpol, FIFA y UEFA han creado brigadas especializadas en Europa para investigarlo (en febrero denunció el amaño de 380 partidos en 15 países).

La crisis y las nuevas tecnologías han disparado los delitos económicos, mientras se destapa la corrupción ligada al boom. El problema es que la Justicia está colapsada. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido en mayo refuerzos, nuevos Fiscales (tiene sólo unos 100, para miles de causas), pero Justicia no se los da  e incluso está despidiendo a los fiscales sustitutos (300 de los 2.400 Fiscales de toda España). Los jueces de la Audiencia Nacional (son 6) también pidieron refuerzos en enero. Baste decir que el juez Pablo Ruz, que lleva el caso Gürtel, acumulaba en 2011 (según Memoria AN) unas 3.000 causas por delitos económicos, con 1,5 millones de folios. Y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho un informe demoledor: los tribunales tienen abiertos 1.661 causas complejas por delitos económicos y corrupción, de los que 512 son macroprocesos muy complejos, sobre todo en la Audiencia Nacional (77), Andalucía (115), Cataluña (87) y Comunidad Valenciana (80). Y piden a Justicia más medios: 64 nuevos jueces, 18 secretarios judiciales, 150 funcionarios y más ayuda de Hacienda y la Policía.

Precisamente, otro problema es que también está colapsada la Agencia Tributaria y la Policía judicial, que no dan abasto para hacer los informes que les piden los jueces. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UEDF) de la Policía Judicial, unos 300 agentes en Madrid, ya ha denunciado que está superada y están desviando casos a policías provinciales no especializados. Y en el caso de Bankia y algunas Cajas, los jueces, el Gobierno y el Banco de España están recurriendo a peritos privados (más de 120 auditores) porque los juzgados no tienen apenas peritos especializados.

Consecuencias de la falta de medios: los procesos se retrasan (con riesgo de que prescriban) y aumentan las posibilidades de sumarios con errores o con investigaciones incompletas, en beneficio de los procesados. En el caso Bankia, los dos fiscales trabajan casi solos frente a una legión de abogados de los 33 imputados. Y en el caso Banca Cívica, un fiscal frente a 15 imputados. Y los 6 jueces de la Audiencia Nacional no pueden físicamente atender a 77 macroprocesos. Esto lo saben los delincuentes y mafias internacionales, que ven España como un paraíso para delinquir. Además, la escasez de fiscales impide que tengan iniciativa para abrir nuevos casos: la mayoría de los delitos se están investigando por denuncias particulares o populares (UPyD en el caso Bankia y Banca Cívica) o de medios de comunicación.

Hacen falta más medios contra la corrupción y la delincuencia económica, pero también más control de las empresas y el sector público. Habría que ser más riguroso con los auditores (las Cajas intervenidas estaban auditadas) y aplicar sanciones ejemplares (la primera auditora del mundo, Arthur Andersen, desapareció tras los engaños contables de Enron). Y exigir a las empresas más transparencia y unas cuentas más rigurosas, mejor vigiladas por la CNMV (caso Pescanova), que debe aplicar multas más rigurosas (son ridículas) por la manipulación en Bolsa. En la Administración, dar más autonomía a los interventores y más medios y poder al Tribunal de Cuentas, que no pinta casi nada, con ayuda de la Ley de Transparencia, que sin medios, no será efectiva.

En un país donde se piden tantos sacrificios a la mayoría, habría que ser especialmente beligerante con la corrupción y los delincuentes de guante blanco, con más normas, más controles y más medios para jueces y policías. Y con sentencias ejemplares: sólo hay un empresario(Díaz Ferrán) y un banquero (Blesa) provisionalmente en las cárcel (llena de delincuentes de poca monta). Quien la hace, a costa de llevarse dinero de Cajas, ahorradores, inversores, empresas o contribuyentes, la debe pagar especialmente. Es lo justo.