España: sigue la brecha Norte-Sur (y otras)

España crecerá este año un +2,9%, pero no todas las regiones crecerán tanto, destacando Murcia, Canarias, Baleares, Castilla la Mancha, Madrid y Cataluña, casi las mismas que más crecieron en 2024. Pero el grueso del crecimiento español (el 72% del total) lo aportan sólo 6 autonomías: Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco y Galicia, las mismas que en el año 2.000. Y si tenemos en cuenta la población, lo que se produce por habitante, hay 7 autonomías productivas y ricas, 5 pobres (Andalucía, Extremadura y Canarias, Murcia y Castilla la Mancha, más Ceuta y Melilla) y otras 5 intermedias. Se mantienen las 3 Españas, como en el año 2.000 y como en el siglo pasado. Y dentro de cada autonomía, hay grandes desigualdades de renta entre provincias y municipios. Vamos, que el crecimiento sigue mal repartido, según donde uno viva. Habría que resolverlo, con un Pacto autonómico y local que incluya medidas económicas, fiscales y de financiación. Reducir la histórica “brecha” entre las 3 Españas.

                             Enrique Ortega

España espera crecer un +2,9% este año 2025 (menos del 3,5% de 2024), según las previsiones del FMI, la Comisión Europea y el propio Gobierno. Pero no todas las regiones crecerán igual: este año habrán crecido más la Comunidad Valenciana (+3,6%), Canarias (+3,5%), Murcia y Madrid (+3,3%), Baleares (+3,2%), Cataluña y Castilla la Mancha (+3,1%), según las previsiones de BBVA Research. Lo que tienen en común estas autonomías es el turismo y las exportaciones, así como el impulso de las inversiones públicas y los Fondos europeos, factores que también están detrás de los mayores crecimientos por autonomías en 2024: Canarias y Murcia (+3,7%), Castilla León y Castilla la Mancha (+3,4%), Galicia y la Rioja (+3,3%), Madrid y Andalucía (+3,1%).

Lo importante no es tanto lo que crece una u otra autonomía sino lo que aporta cada una al crecimiento español. Y aquí hay una gran desigualdad. El crecimiento se concentra en 6 autonomías, que aportan el 72,1% de todo el crecimiento (2024): Madrid (19,8% de todo el PIB español), Cataluña (18,9%), Andalucía (13,3%), Comunidad Valenciana (9,3%), País Vasco (5,7%) y Galicia (5,1%), según el INE. Así que las 11 autonomías restantes (más Ceuta y Melilla) sólo aportan el 27,9% de todo el PIB español. Una concentración del crecimiento que apenas ha variado en este siglo, porque en el año 2000, las 6 autonomías más productivas aportaban el 71% del PIB. Madrid es la que más ha aumentado su aportación (del 17,5% al 19,8%), mientras Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana la han mantenido y ha caído algo la aportación del País Vasco y Galicia.

Madrid se consolida como la región que más produce en España (316.241 millones de euros, el 19,8% del PIB total), reforzando su liderazgo frente a Cataluña (301.894 millones de euros, el 18,9% del total), a la que sobrepasó económicamente en 2012. Madrid está ganando la carrera apoyada por un fuerte crecimiento de la población (+405.000 habitantes entre 2019 y 2024, frente a +399.227 en Cataluña y +202.145 en Andalucía), los menores ajustes durante la crisis, el efecto negativo del procés sobre la economía catalana, el tirón de inversiones y  turismo y el “factor capitalidad” (concentra empleo público, multinacionales y grandes empresas), así como la oferta de servicios de alto valor añadido. Ahora, el president Illa ha aprobado un Plan a medio plazo, que prevé invertir 18.500 millones en infraestructuras, formación, servicios públicos y modernización de su economía para que Cataluña consiga recuperar el liderazgo económico en España en 10 años (“o en 5, si podemos”).

Pero lo importante no es lo que produzca cada región o cada país, sino lo que se produce por habitante (PIB por habitante), el indicador que permite conseguir un mayor o menor nivel de renta. Así, España es el 4º país que más produce en la UE (1.504.330 millones de euros en 2024), tras Alemania (4.328.970 millones producidos), Francia (2.921.412 millones) e Italia (2.199.619 millones de PIB). Pero luego, al tener en cuenta la población de cada país, España baja hasta el puesto nº 14 en PIB por habitante, según Eurostat: produjimos 32,633 euros por habitante (2024), frente a 39.870 euros de media en la UE-27, con lo que “nos adelantan” 13 paises en PIB por habitante, no sólo los tres grandes (Alemania, Francia e Italia, que también tienen más PIB total) sino otros paises más pequeños, como Luxemburgo, Irlanda, Paises Bajos, Dinamarca, Bélgica, Austria, Suecia, Malta, Finlandia y Chipre. Producimos menos que ellos por habitante (y por eso somos “menos ricos”).

Dentro de España pasa lo mismo: hay regiones que producen mucho (como Andalucía o la Comunidad Valenciana) pero que, como tienen mucha población, en realidad son “menos productivas” que otras que producen menos y tienen poca población. La clave es comparar la producción por habitante (el PIB por habitante). Ese es el verdadero ranking de las autonomías: las más productivas (y por ello las más ricas) y las menos productivas (y más pobres), según los datos de 2024 publicados por el INE en septiembre. Y así podemos perfilar el mapa de las 3 Españas: la rica (7 autonomías), la pobre (5 regiones más Ceuta y Melilla) y la intermedia (5 autonomías restantes).

La España rica, la que produce por habitante más que la media (32.633 euros en 2024) la integran Madrid (44.755 euros por habitante, un 37,1% superior a la media), País Vasco (41.016 euros, el 25,7% más), Navarra (39.076 euros, el 19.7% más), Cataluña (37.426 euros, el 14,6% más), Aragón (36.446 euros, el 11,6% más), Baleares (36.011 euros, el 10,3% más) y la Rioja (34.475 euros, el 5,6% más que la media). La España intermedia la componen 5 autonomías que producen por habitante menos que la media española, pero no demasiado: Castilla y León (31.140 euros, el 95,4% de la media), Galicia (30.105 euros, el 92,2%), Cantabria (29.791 euros, el 91,3%), Asturias (29.658 euros, el 90,9%) y la Comunidad Valenciana (27.611 euros, el 84,6%). Y el resto componen la España pobre: Castilla la Mancha (26.588 euros, el 81,5% de la media), Murcia (26.592 euros, el 81,5%) y, sobre todo, Canarias (25.925 euros, el 79,4%%), Extremadura (25.227 euros, el 77,3%), Andalucía (24.566 euros, el 75,3% de la media), Ceuta (23.228 euros, el 71,2%) y Melilla (produce 21.128 euros por habitante, el 64,7% de la media), los dos “farolillos rojos”.

Estos datos revelan que Melilla produce por habitante menos de la mitad que Madrid (el 47,2%) y Andalucía el 56%. Lo peor no es sólo esta tremenda “brecha” entre dos regiones  (una produce el doble que la otra) sino que esa diferencia apenas ha mejorado desde 2019 (Melilla producía el 49,36% y Andalucía el 53,92%) e incluso desde el año 2.000 (Extremadura, entonces la más pobre, producía el 49,53% que Madrid), según los datos del INE. Y además, las 7 regiones más ricas en 2024 (Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón, Baleares y Rioja) son las mismas que en 2008 y casi las mismas que en el año 2.000 (Madrid, Navarra, Baleares, País Vasco, Cataluña, la Rioja y Aragón). Y las más pobres de hoy (Melilla, Ceuta, Andalucía, Extremadura y Canarias) son las mismas que en 2019, casi las mismas que en 2008 (entraba Castilla la Mancha) y casi las mismas que en el año 2.000 (Melilla, Ceuta, Extremadura, Andalucía y Castilla la Mancha).

Pero hay algo más llamativo: esta brecha entre regiones más o menos productivas se arrastra desde hace siglo y medio, según el libro “La desigualdad regional en España 1860-2015”, escrito por tres catedráticos universitarios (Díez Minguela, Martínez-Galarraga y Tirado). Ahí documentan que la desigualdad regional aumentó entre 1860 y 1910, se redujo después entre 1910 y 1950, volvió a bajar entre 1960 y 1985 y lleva siendo elevada desde 1986, a raíz de la entrada de España en Europa, debido a que una economía más abierta ha agravado las diferencias regionales, al competir mejor unas autonomías que otras.

¿Por qué hay tanta desigualdad en la producción y riqueza de las autonomías? La existencia de 2 o 3 Españas tiene mucho que ver con la estructura económica de cada región (más o menos industria, más o menos servicios y el tipo de agricultura), su población (poca o mucha y nivel de envejecimiento), la educación y formación de sus trabajadores, el nivel tecnológico, la mayor o menor inversión pública o privada, las infraestructuras disponibles o el peso de la exportación. Y en el caso de Madrid, el factor “capitalidad”, que aporta un “crecimiento extra” porque las instituciones públicas y ser la capital del país atrae empresas, inversiones, población y talento, según este estudio del IVIE. Por todo ello hay regiones más o menos productivas, aunque el factor que más ha jugado en este siglo para explicar la brecha regional es la desigual creación de empleo.

Tras la mayor o menor producción por habitante, luego entran en juego “los contrapesos”, mecanismos que intervienen para que esas regiones tengan más o menos renta. En principio, las regiones más productivas son también las más ricas, pero hay factores de corrección de esa “brecha económica”: las transferencias públicas (pensiones, desempleo, ayudas a la Dependencia), subvenciones y prestaciones sociales, el gasto público en sanidad y educación, las inversiones públicas, impuestos y la financiación autonómica. Y dentro de estas “medidas correctoras” destacan las ayudas europeas, que buscan corregir los desequilibrios regionales y que han sido ingentes (España ha recibido 176.000 millones de Fondos estructurales europeos entre 1989 y 2020, muchos para las regiones más desfavorecidas).

Pero estas transferencias y políticas públicas no han conseguido corregir las diferencias de renta entre las autonomías. En consecuencia, nos tropezamos otra vez con 3 Españas, según la renta neta por persona publicado por el INE. En 2023, la media española fue de 14.807 euros, siendo muy diferente según la región donde vivimos. Otra vez nos encontramos con una España rica, con más renta que la media, integrada por 7 autonomías: País Vasco (19.078 euros), Madrid (17.275 euros), Navarra (17.253 euros), Cataluña (16.546 euros), Asturias (16.201 euros), Baleares (15.926 euros) y Aragón (15.747 euros). Son las mismas regiones que tienen un mayor PIB por habitante, salvo Asturias (donde el envejecimiento y las pensiones suben la renta por persona). El mapa de la España pobre, con menos renta por persona, lo integran otras 8 regiones: Murcia (11.967), Andalucía (12.191), Melilla (12.745), Castilla la Mancha (12.357), Extremadura (12.421 euros), Comunidad Valenciana (13.374), Canarias (13.372) y Ceuta (13.403 euros). Coinciden con las autonomías menos productivas, aunque en otro orden (por las compensaciones de transferencias e impuestos). Y quedan las 4 autonomías de la España intermedia: Castilla y León (14.940 euros de renta por persona), Cantabria (14.708), Galicia (14.558) y La Rioja (14.529).

Estos datos significan que la renta media por persona en Murcia es un tercio menor (el 62,6%) que en el País Vasco y en Andalucía un 30% menos que en Madrid. Un problema que llevamos arrastrando décadas: hace casi 50 años, en 1977, un balear (los más ricos entonces) tenía 1,81 veces la renta de un extremeño (los más pobres), según un informe de la Fundación Alternativas. Luego, a lo largo de este siglo XXI, la brecha ha mejorado algo, pero poco: en el año 2000, un aragonés ingresaba 1,53 veces la renta de un extremeño, en 2008 (antes de todas las crisis), un vasco tenía 1,65 veces la renta de un extremeño y en 2023 (último dato publicado) , un vasco tiene una renta 1,6 veces superior a la de un murciano… Y España es el 2º país occidental (tras EEUU) donde más creció la brecha entre regiones entre 2019 y 2022, según la OCDE, por la pandemia y la inflación.

Esta desigualdad regional se arrastra también a las provincias (Guipúzcoa, Vizcaya y Madrid son las que tienen más renta por habitante y Almería, Jaén y Huelva las que menos) y a las ciudades: entre los 12 municipios de más de 2.000 habitantes con más renta hay 5 de Madrid, 6 de Barcelona y 1 de Vizcaya) y entre los 12 con menos renta hay 9 de Andalucía, 1 de Toledo y 2 de Extremadura (ver listado). Y el País Vasco tiene un 90,9% de municipios con renta alta, el 68% en Navarra, el 49,3% en Baleares y el 40,4% en Cataluña, mientras Murcia tiene un 91% de municipios con renta baja, Andalucía un 82,7% y Extremadura el 81,2 % de sus municipios, según los últimos datos del INE (renta 2023).

¿Qué se puede hacer? Lo primero, gastar e invertir pensando en corregir estos desequilibrios regionales, tanto los Presupuestos como los Fondos europeos, esos 103.000 millones de euros que van a llegar hasta 2026. El objetivo es regionalizar la mitad de estos Fondos UE, pero la otra mitad, la que gestione el Estado, debería  invertirse con el objetivo de reconducir el crecimiento y el empleo de las regiones más pobres. Una segunda medida es planificar las inversiones públicas e infraestructuras para fomentar la inversión e instalación de empresas en la España más atrasada, que no debe vivir sólo del turismo, la agricultura o las pensiones. Un tercer frente de actuación es la fiscalidad, homogeneizando impuestos y evitando “paraísos fiscales” (Madrid). Y en cuarto lugar, urge aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica (pendiente desde 2014), porque el actual beneficia claramente al País Vasco y Navarra (reciben un 80% más por habitante que el resto, según la Fundación Alternativas), así como a Cantabria, la Rioja, Extremadura, Asturias, Aragón y Castilla y León, curiosamente a 7 de las 11 regiones españolas con más renta.

En resumen, vivimos en un país muy desigual desde hace décadas, donde el crecimiento y la riqueza se genera y se queda en las regiones más ricas. Una desigualdad que se traslada también a las provincias y a las ciudades. Urge aprobar un nuevo sistema de financiación, que tenga más en cuenta la población, su edad y los servicios públicos prestados, contemplando un Fondo de Compensación para que las autonomías más ricas ayuden a las más pobres a reducir la brecha de renta. Y pactar una hoja de ruta, con medidas económicas y sociales, inversiones y fiscalidad que promuevan un mayor crecimiento de las autonomías más pobres, para reducir la brecha de productividad y riqueza en una o dos décadas. Hay que repartir mejor el crecimiento.

Los alquileres siguen subiendo

En enero subieron los alquileres, un +1,8%, tras una subida del +10,1% en 2023. Con ello, los alquileres han subido un +69,5% la última década, el triple que la inflación y cuatro veces los salarios. La causa es la escasez de oferta: hay un 30% menos de pisos en alquiler, porque la nueva Ley de Vivienda (en vigor desde mayo) ha desatado los recelos de los propietarios a alquilar, desviando pisos al alquiler turístico, a los alquileres de temporada y la venta. Por eso, los inquilinos tienen cada día más problemas para alquilar (los dueños les “seleccionan”) y pagan de media el 33% de sus ingresos. Los jóvenes lo tienen peor:  el alquiler se come sus bajos sueldos y no funcionan las ayudas del bono joven (autonomías). Y todo puede empeorar en febrero, cuando el Gobierno apruebe los topes máximos al alquiler, que sólo aplicará Cataluña: podría retraer más la oferta. Urge un Plan de choque, para promover más viviendas, sobre todo en alquiler. Más oferta de viviendas, no más controles de precios.  

 

                  Enrique Ortega

El año 2024 ha empezado como terminó 2023 y los años anteriores: subiendo los alquileres. En enero, la subida media fue del +1,8%, según el portal Idealista, con lo que el alquiler medio alcanza los 12,4 euros/m2, un máximo histórico. Todas las capitales españolas tienen alquileres por encima de 2008 y en enero, varias capitales alcanzaron precios históricos del alquiler: Barcelona (20,8 euros/m2), Madrid (18,3 euros/m2), San Sebastián (17,2), Palma (15,7), Bilbao (13,8) y Málaga (13,7 euros/m2), mientras en el otro extremo, con los alquileres más baratos están Zamora (6,3 euros/m2), Ciudad Real (6,7) y Jaén (6,8 euros/m2). Y son ya 11 las autonomías con sus alquileres en máximos históricos, según Idealista.

Esta subida de enero continúa la tendencia de 2023, cuando los alquileres subieron un +10,1%, según el portal Idealista (y el +5,7% según Fotocasa o el +6% según pisos.com). Los alquileres subieron durante 2023 en 50 capitales, sobre todo en Segovia (+24,6%) , Alicante (+16%), Málaga (+14,5%), Córdoba (+13,8%), Madrid (+13,6%) y Barcelona (+12,4%), por los pisos de temporada y turísticos más la fuerte demanda de alquileres. Y con esta subida, 28 capitales españolas tienen sus alquileres en máximos históricos, entre ellas Barcelona, Madrid, Palma, Bilbao, Valencia, Alicante, Zaragoza, Málaga, Girona, Lleida, Cádiz, A Coruña, Oviedo, Valladolid o Burgos.

La subida de alquileres de 2023 (+10,1%) es superior a la de 2022 (+8,4%, según Idealista) y a la de 2020 (+4,6%), tras haber bajado los alquileres sólo en 2021 (-3,6%), tras lo peor de la pandemia. Y entre 2014 y 2019, los alquileres ya habían subido un +50%, según el portal Idealista. Con ello, en la última década (2014-2023), los alquileres han subido en España un +69,5%, el triple de lo que han subido la inflación general (+21,3%, según el INE) y cuatro veces los salarios en convenio (+17,66%, según Trabajo).

¿Por qué suben tanto los alquileres? Todos los expertos coinciden: porque falta oferta. Aumenta más la demanda de alquileres, por los jóvenes y las nuevas familias (200.000 cada año), que la oferta, porque se hacen muchas menos viviendas nuevas (81.600 estimadas en 2023, frente a 597.632 en 2006 y 365.000 en 2009) y muchas viviendas actuales no se alquilan (hay 1,9 millones de viviendas vacías). Pero este problema de fondo, mucha demanda y poca oferta, se ha agravado en los dos últimos años, por la gestación y aprobación de la Ley de Vivienda, en vigor desde mayo de 2023. La nueva norma, empujada por Podemos, defiende “un atajo populista” para fijar topes a los alquileres en las zonas tensionadas, además de limitar la subida de los alquileres (3% en 2024) y obligar a los propietarios a pagar la formalización de los contratos. Medidas que han provocado una caída del 30% en la oferta de alquileres desde la aplicación de la nueva Ley, según las inmobiliarias.

Parece claro que la nueva Ley de Vivienda “asusta” a los arrendadores, que han reaccionado alquilando menos o cobrando más y poniendo muchos requisitos a los inquilinos. Según una Encuesta de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), hecha a 637 Agencias, el 45,59% de los propietarios han subido los nuevos alquileres (para cubrirse de bajas revalorizaciones y posibles impagos) y han endurecido los requisitos que exigen a sus potenciales inquilinos (obligan a “casting” muy severos, para “filtrarles” por ingresos, empleo y contrato, edad, nacionalidad o color de piel y tipo de familia). Otro 15,44% responde que los propietarios han trasladado el alquiler permanente a alquiler de temporada, un 6,2% se han pasado al alquiler turístico y otro 13,07% han decidido vender el piso que hasta ahora alquilaban. Todo esto explica, según la FAI, que haya un 30,57% menos de oferta de alquileres tras la Ley, agravando la falta de oferta.

Los expertos han detectado tres vías por las que se ha reducido la oferta de alquileres en los últimos años. La primera, el desvío de alquileres a pisos turísticos. En España había 340.000 viviendas turísticas registradas a finales de agosto, +10,8% que hace dos años, según el INE, a las podrían sumarse otras 200.000 “ilegales”. Por autonomías, la mayor oferta se registra en Andalucía (79.065), seguida de la Comunidad Valenciana (58.337), Cataluña (52.026), Baleares (26.507), Galicia (18.080) y Madrid (16.970 viviendas turísticas). Pero por ciudades, la mayor oferta se registra en Madrid (14.133 viviendas turísticas), Barcelona (7.531), Málaga (6.550), Valencia (5.892) y Sevilla (5.432 pisos). El problema se agrava en algunos municipios turísticos (hay 48 con más del 10% de sus viviendas dedicadas al alquiler turístico) y en los centros de algunas capitales, como Barcelona, Madrid (el 28,3% de viviendas de la zona de Sol son turísticas), Málaga, Sevilla (6 de cada 10 viviendas del Barrio de Santa Cruz), Palma, Valencia o San Sebastián.

Otro camino por el que se desvían alquileres tradicionales es su cambio a alquileres de temporada: propietarios que ahora no quieren alquilar su piso 12 meses a unos jóvenes o a una familia y que prefieren alquilarlo por temporada, a estudiantes (9 meses), trabajadores desplazados (profesores, médicos, camareros, temporeros…) o por vacaciones. Estos alquileres de temporada no se rigen por la Ley de Vivienda (ni en el importe a cobrar ni en las subidas) sino por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), con lo que las condiciones las pactan “libremente” las partes. Y son también diferentes a los alquileres turísticos, que regulan autonomías y Ayuntamientos, no la Ley de Vivienda.

El auge de los alquileres de temporada, empujados por la nueva Ley de Vivienda, es evidente: a finales de 2013, suponían el 11% de todos los alquileres, tras crecer un +58% en el 4º trimestre, según el portal Idealista. Pero es mucho mayor su peso en las ciudades donde los alquileres son más escasos y caros: San Sebastián (un 32% de todos los alquileres ofertados son por temporada), Barcelona (el 30%), Cádiz (22%), Valencia (15%), Málaga (14%) y Madrid (13%). Esto explica, por ejemplo, que Segovia haya sido la ciudad donde más subieron los alquileres en 2023: los propietarios prefieren alquilar sus pisos a los estudiantes y no a las familias que los necesitan todo el año. El problema (y el “fraude”,  posible hoy) es tan serio que el Ministerio de Vivienda ha creado un grupo de trabajo para tomar medidas. Incluso las Asociaciones Inmobiliarias (agencias) se ha ofrecido a participar.

El tercer camino por el que se reducen alquileres son los propietarios que deciden vender su piso en vez de alquilarlo, a la vista de la nueva Ley de Vivienda y empujados por la subida de precios: en 2023, los pisos subieron un +4,7%, a pesar de bajar las ventas (por la subida de tipos y la caída de hipotecas). Pero también hay más demanda que oferta para comprar piso y por eso muchos propietarios optan por vender y quitarse de problemas. A la vista de los datos de las agencias (un 13,07% de propietarios han decidido vender), podría haber más de 100.000 pisos que ya no se alquilan porque se han vendido en 2023.

En definitiva, si faltaban pisos para alquilar, ahora faltan más porque muchos se han desviado al alquiler turístico, al alquiler de temporada o a la venta. Y eso provoca que los alquileres habituales sean más escasos y sigan subiendo. Con ello, las familias tienen más problemas para pagar su alquiler. El “esfuerzo” que exige alquilar suponía destinar el 33% de los ingresos del hogar a finales de 2023, un +3% que hace un año, según el portal Idealista. Y hay 10 capitales donde el alquiler supera o ronda el 30% de los ingresos, el tope recomendable: Barcelona (se lleva el 44% de los ingresos familiares), Palma (43%), Valencia (39%), Málaga (38%), Madrid (37%), Alicante (35%), San Sebastián (33%), Las Palmas (32%), Bilbao (30%) y Segovia (30%). Pero hay alquileres en la provincia de Málaga que se llevan el 53% de los ingresos, como en zonas de Baleares (el 48%) y de Canarias (37% en las Palmas o 35% en Santa Cruz), lo que explica que falten camareros, médicos o docentes. Y otro dato llamativo: el esfuerzo de alquilar (33% ingresos familiares) es mayor que el de comprar (22%) en toda España, salvo en San Sebastián, Palma, Granada y A Coruña.

Los que lo tienen aún más difícil, con la subida de los alquileres, son los jóvenes. Su “esfuerzo”, en caso de querer alquilar, se lleva todo su sueldo (no el 33% del resto), porque su salario medio es de 1.005 euros (en 12 pagas) y el alquiler medio era de 944 euros en 2023 (y si sumamos los gastos de luz, agua y suministros, subiría a 1.082 euros mensuales, más de lo que ganan), según el Laboratorio de Emancipación. Eso explica que la mayoría de los 7 millones de jóvenes (menores 30 años) vivan con sus padres y sólo el 16,30% estén emancipados (frente al 31,9% en la UE).

El problema no es sólo que los jóvenes tengan “imposible” alquilar, sino que no funcionan las ayudas aprobadas, los “bonos de alquiler joven”. A principios de 2022, el Gobierno aprobó 200 millones de euros para financiar esta ayuda de 250 euros mensuales (durante 2 años) para ayudar a los jóvenes (hasta 35 años) a alquilar, con 2 requisitos: que el alquiler no supere los 600 euros (900 en algunos lugares) y que ganen menos de 24.318 euros. En abril de 2022 se repartieron esos 200 millones por autonomías, las que gestionan esas ayudas. Y en 2023, había autonomías que todavía no las habían adjudicado. Un caso típico es Andalucía (también hay quejas en Madrid): a 21 de diciembre de 2023 (20 meses después del reparto), sólo había recibido 17.000 solicitudes de bonos de alquiler y se habían concedido 6.790 (hay 1.725.200 jóvenes andaluces de 18 a 35 años…). El Defensor del Pueblo andaluz ha reiterado fallos en la gestión del sistema y el propio Moreno Bonilla ha pedido 2 veces disculpas.

Ahora, la nueva ministra de Vivienda ha prometido que aprobará más fondos para el bono de alquiler joven en 2024, pero el problema es que su adjudicación se retrasa (años, no meses) y no llega a muchos jóvenes, por el exceso de burocracia y los alquileres superiores a 600 euros. Otra medida que ultima el Gobierno para mejorar los alquileres es la aprobación de los topes al alquiler que recoge la nueva Ley de Vivienda y que se publicarán este mes de febrero. El Ministerio decidirá los criterios para que una zona (localidad) pueda ser declarada “zona tensionada” por sus altos alquileres y la Ley permite a las autonomías que lo soliciten que autoricen a esos Ayuntamientos a limitar los alquileres.

La Ley establece dos topes posibles a los alquileres en esas zonas tensionadas. Para los alquileres actuales, los congela en el caso de la mayoría de los arrendatarios (con menos de 5 viviendas en alquiler) y los limita al índice de alquiler tope que ahora se fije en el caso de inmobiliarias y grandes propietarios (más de 5 alquileres). Para los alquileres futuros, desde 2025, tanto los particulares como las inmobiliarias, no podrán cobrar un alquiler superior al índice establecido para cada municipio tensionado.

El problema es que las 11 autonomías del PP (y Vox) rechazan solicitar la declaración de zona tensionada y del resto, sólo se aplicará en Cataluña, a 140 municipios (donde viven 6,8 millones de personas, el 80% de los catalanes), sobre todo de Barcelona y provincia (ver mapa). El problema es que este control de alquileres, estos topes, van a reducir aún más la oferta de alquileres, porque habrá propietarios que no quieran alquilar y derivarán su vivienda al alquiler turístico, al alquiler de temporada o la venta. Y así, los topes conducirán a más subidas de los alquileres, no a que bajen, como denuncian la mayoría de profesionales del sector, que piden buscar otros caminos y no “ir contra el mercado”, con un “intervencionismo contraproducente”, que ya ha restado oferta y la restará más en 2024, especialmente en Cataluña, donde el problema del alquiler es más grave. Por eso, la mayoría de expertos apuestan porque los alquileres subirán en 2024, entre un +5 y un +10%, porque se reducirá aún más la oferta, crecerá la demanda (por la creación de empleo y mejora de salarios) y aumentarán las viviendas desviadas del alquiler a la venta, por la bajada de tipos.

Ante este panorama, muchos profesionales piden un Plan de choque que aumente la oferta de vivienda por tres vías. Una, facilitando la construcción de nuevas viviendas, dado que la obra nueva se ha estancado (81.600 viviendas en 2023, la mitad de las que harían falta) e incluso ha caído en 2023 en Madrid (cae un -32,1%), Barcelona (-75,5%) y Málaga (-57,6%), donde hacen más falta. Urgen acuerdos entre promotores, Ayuntamientos, autonomías y Estado para conseguir suelo y financiación suficientes, para construir unas 120.000 viviendas al año, una parte para alquiler. La segunda vía es configurar un parque público de vivienda, promovido por el Estado, autonomías y Ayuntamientos, con viviendas de la SAREB (los municipios sólo han comprado 350 viviendas sociales de las 21.000 ofertadas por "el banco malo)" y otras que compren y promuevan ellos, para alcanzar una oferta suficiente de viviendas en alquiler para las familias más vulnerables, que no puede pagar los alquileres de mercado. Y la tercera vía, incentivar a los propietarios de viviendas vacías (1,9 millones) para que las rehabiliten y alquilen, dándoles ayudas y seguridad jurídica, incluso con apoyo de entidades públicas de gestión de alquileres, como hace Euskadi (Programa Bizigune).

En conjunto, hacen falta 1,3 millones de viviendas en alquiler en los próximos 10 años, según la inmobiliaria Culmia y GAD3, que podrían salir de las viviendas vacías, el parque público y las nuevas viviendas que se construyan. Eso sí sería eficaz para bajar los alquileres y resolver el grave problema de la vivienda a familias y jóvenes. Déjense de topes y “atajos populistas”. La vivienda sí tiene enmienda: aumentar la oferta. 

Las 3 Españas, más lejos tras la COVID

Antes de la pandemia, en 2019, se repitió que 7 autonomías crecieran más y sean las más ricas (Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón, Baleares y la Rioja), frente a otras 7 menos eficientes y más pobres (Melilla, Extremadura, Andalucía, Ceuta, Castilla la Mancha, Canarias y Murcia), con las 5 restantes en posición intermedia. Son las 3 Españas, que siguen ahí desde el año 2.000, incluso desde hace siglo y medio. Una desigualdad territorial que mantiene la renta de Extremadura en casi la mitad (56%) de la del País Vasco. Y ahora, con la pandemia, los expertos temen que esta brecha entre las 2 ó 3 Españas se agrande, como también la distancia de España con la renta europea (el 91%). Pero la pandemia también puede ser una oportunidad si se utilizan los Presupuestos y fondos europeos para corregir estos desequilibrios regionales, reformando además la financiación autonómica y las políticas regionales. Hay que reconstruir el país y conseguir vivir mejor todos, vivamos donde vivamos.

Enrique Ortega

España ha estado creciendo los últimos 6 años (2014-2019), pero el crecimiento ha sido muy desigual por autonomías. Así, hay dos regiones que tiran de la economía, según confirman los datos de 2019 recién publicados por el INE: Madrid (produjo por valor de 240.129 millones, el 19,29% de todo el PIB español) y Cataluña (236.813 millones producidos, el 19,02%), a la que la capital “adelantó” ya en 2017 y 2018. Y le siguen, de lejos, Andalucía (165.865 millones producidos en 2019, el 13,32% del PIB español) y la Comunidad Valenciana (116.615 millones, el 9,32% del PIB). Entre las 4 regiones aportan casi dos tercios del crecimiento total del país (60,95% del PIB). Les siguen, muy de lejos, el País Vasco (5,98% del PIB español), Galicia (5,17%), Castilla y León (4,80%), Castilla la Mancha (3,43%), Canarias (3,78%) y Aragón (3,05% del PIB español). Y las 7 autonomías restantes, más Ceuta y Melilla, sólo aportan a la economía el 12,84% restante, casi la mitad entre todas que Madrid o Cataluña.

Esta aportación al crecimiento español de las distintas regiones ha variado muy poco en este siglo, salvo en un caso, Madrid, que aporta ahora (19,29%) un 1,6% más al PIB español que en el año 2000 (17,7%). También crece, aunque poco, la aportación de Cataluña (+0,30%), Murcia (+0,19%) y Baleares (+0,11%), mientras las demás regiones pierden peso en la economía española, aportando menos porcentualmente al PIB, sobre todo Castilla y León (-0,70%), País Vasco (-0,32%), Asturias  (-0,30%) y Canarias (-0,22%), según el INE.

Pero hay que tener en cuenta la población de cada región y lo importante es lo que produce cada autonomía por habitante, el verdadero indicador de su pujanza económica. Y aquí es donde podemos hablar de las 3 Españas. Una España más productiva (y por tanto más rica), integrada por las 7 autonomías que tienen un PIB por habitante superior a la media española (26.426 euros en 2019, según el INE): Madrid (35.913 euros per cápita, +35,9% sobre la media), País Vasco (34.142 euros, +29,2%), Navarra (32.141 euros, +21,6%), Cataluña (31.141 euros, +17,75%), Aragón (28.727 euros, +8,70%), Baleares (28.213 euros, +6,76%) y La Rioja (28.200 euros, +6,71% sobre el PIB por habitante de España). Son las 7 regiones más ricas, donde viven el 42,76% de los españoles. Y lo más llamativo es que estas 7 regiones más ricas son las mismas que eran ricas antes de la crisis, en 2007 y en el año 2000, según las series del INE, aunque el País Vasco ha subido del 4º al 2º lugar.

En el otro extremo están las 7 regiones menos productivas y por tanto las más pobres, encabezadas en 2019 por Melilla (19.211 euros de PIB por habitante, -27,3% que la media española), Extremadura (19.454 euros, -26,39%), Andalucía (19.633 euros, -25,7%), Ceuta (20.903 euros, -20,9%), Castilla la Mancha (21.004 euros, -20,52%), Canarias (21.244 euros, -19,61%) y Murcia (21.642 euros, -18,1% sobre el PIB por habitante de España). Son las 7 regiones más pobres, menos productivas, donde viven el 35,52% de los españoles. Y en su mayoría, son las mismas regiones que eran las más pobres antes de la crisis, en 2007 y en el año 2000, aunque han salido de este grupo Galicia y Asturias (menos productivas en el 2000), incorporándose Canarias, Ceuta y Melilla (intermedias en el 2000).

Y queda una 3ª España, la intermedia, que produce menos que la media (recordemos: 26.426 euros en 2019) pero algo más que esas 7 regiones “pobres”. Son las 5 regiones restantes: Castilla y León (24.886 euros de PIB/habitante, -5,83% que la media española), Cantabria (24.383 euros, -7,74%), Galicia (23.873 euros, -9,67%), Asturias (23.299 euros, -11,84%) y la Comunidad Valenciana (23.206 euros, -12,19% sobre el PIB/habitante español). Una España intermedia donde viven el 21,72% restante de españoles. Y de nuevo, esta 3ª España es hoy muy similar a la de antes de la crisis, aunque en el año 2.000 estaban en este grupo Canarias, Ceuta y Melilla, que han caído a la España más pobre, mientras han mejorado Galicia y Asturias, que a principios de siglo eran “pobres” y ahora “intermedias”.

Un dato preocupante es que la brecha entre las regiones más productivas (más ricas) y las menos eficientes (más pobres) se mantiene elevada, a pesar de la anterior crisis (2008) y la posterior recuperación (2014). Así, en el año 2.000, Madrid producía más del doble que Extremadura por habitante (21.333 euros frente a 10.145, 2,10 veces más), en 2008 produjo 1,93 veces más, en 2013 (el peor año de la crisis), la brecha subió a 1,97 veces más (30.188 euros frente a 15.280) y en 2019, a pesar de los 6 años de recuperación, la brecha sigue alta, en 1,84 veces (35.142 euros que produce cada madrileño frente a 19.454 cada extremeño).

Y lo más llamativo: esta brecha entre regiones más o menos productivas se arrastra desde hace siglo y medio, según el libro “La desigualdad regional en España 1860-2015”, escrito por tres catedráticos universitarios (Díez Minguela, Martínez-Galarraga y Tirado). Ahí documentan que la desigualdad regional aumentó entre 1860 y 1910, se redujo después entre 1910 y 1950, volvió a bajar entre 1960 y 1985 y lleva siendo elevada desde 1986, a raíz de la entrada de España en Europa, debido a que una economía más abierta ha agravado las diferencias regionales, al competir mejor unas autonomías que otras en estos 34 años siendo europeos.

El otro problema es que las regiones españolas no sólo se distancian entre ellas sino también hay una brecha con las regiones europeas. En 2019, según acaba de publicar el INE, sólo 3 regiones españolas eran más productivas, más ricas, que la media europea (31.160 euros de PIB por habitante UE-27): Madrid (35.913 euros), País Vasco (34.142 euros) y Navarra (32.141 euros). Se ha caído en 2019 Cataluña (31.119 euros), que siempre ha tenido un nivel de riqueza superior a la media europea (salvo en 2008 y 2009). Y además, el PIB por habitante español se ha ido retrasando del PIB por habitante europeo: si llegó a un máximo del 94,72% en 2007, cayó a suponer el 88,63% del PIB/habitante europeo en 2013 y ha seguido distanciándose con la recuperación, hasta suponer el 84,8% del PIB/habitante europeo en 2019 (producimos 26.426 euros, frente a 31.160 en la UE 27). Así que no sólo hay una brecha entre autonomías, también hay una brecha con Europa que ha crecido desde 2007. Incluso teniendo en cuenta el distinto poder de compra, el PIB por habitante español “corregido” era el 91% del europeo en 2018, según el último dato de Eurostat.

Evidentemente, si unas regiones (o paises) producen más por habitante, son más ricos. Y son más ricos por su distinta estructura económica (más o menos industria, más o menos servicios), su población, la formación de los trabajadores y el nivel educativo, la tecnología, la mayor o menor inversión pública y privada, las infraestructuras o el peso de la exportación. Y en el caso de Madrid, el factor capitalidad, que aporta un crecimiento “extra”, porque las instituciones públicas y ser la capital atraen empresas, inversiones, población y talento, según este estudio del IVIE. Por eso hay regiones más productivas y otras menos, aunque el factor que más ha jugado en este siglo es la desigual creación de empleo.

Pero después de ver las regiones más o menos productivas, entran en juego los “contrapesos”, factores que intervienen para que las regiones acaben teniendo más o menos renta. El principal mecanismo que podría “corregir” la brecha económica entre regiones son las transferencias públicas (pensiones, desempleo, ayudas a la dependencia), las subvenciones y prestaciones sociales, el gasto en sanidad y educación, las inversiones públicas, los impuestos y la financiación autonómica. Y dentro de estas “medidas correctoras” de la brecha entre regiones, hay que tener muy presentes las ayudas europeas, que han sido ingentes: los fondos estructurales europeos recibidos entre 1989 y 2020 han sido de 176.000 millones de euros, muchos para las regiones.

Todas estas medidas deberían haber servido para corregir la brecha económica entre las autonomías, sumando más ingresos a las autonomías más retrasadas, para compensar sus menores ingresos. Pero no ha sido así, como se ve en el dato de la renta por habitante, los ingresos de cada persona visto lo que produce y sumando lo que le aporta la acción pública, vía transferencias, ayudas, subvenciones,  impuestos y financiación. Y volvemos a tener 3 Españas, según los últimos datos disponibles (INE 2018), incluidos en este reciente trabajo de la Fundación Alternativas (FA) sobre la desigualdad territorial en España.

Tenemos 9 autonomías que tienen una renta por habitante superior a la media nacional (17.049 euros en 2018): País Vasco (22.082 euros), Navarra (20.117 euros), Cataluña (19.870 euros), Madrid (19.861 euros), Baleares (19.554 euros), Aragón (17.683 euros) y la Rioja (17.545 euros), exactamente las 7 autonomías que más producen (más PIB/habitante), a las que se suman dos “intermedias”, Asturias (17.484 euros de renta por habitante) y Castilla y León (17.298 euros de renta), porque son dos regiones muy envejecidas, con muchos pensionistas, lo que ha aumentado su renta final en los últimos años. Y las otras 8 autonomías (más Ceuta y Melilla, cuyos datos no se dan) tienen un nivel de renta por habitante inferior a la media nacional, sobre todo las regiones que ya eran económicamente las más pobres: Extremadura (12.382 euros de renta), Canarias (13.714 euros), Andalucía (14.048 euros), Murcia (14.075 euros) y Castilla la Mancha (14.537 euros). A ellas se suman, también con menos renta que la media española, 3 regiones “intermedias”: Comunidad Valenciana (15.149 euros renta/habitante), Cantabria (16.479) y Galicia (16.860 euros).

En definitiva, que las regiones que eran ricas, pobres o intermedias por su producción, por su estructura económica y de empleo, acaban siendo ricas, pobres o intermedias en la renta que finalmente reciben, a pesar de las transferencias públicas, las ayudas, inversiones, impuestos y financiación autonómica, lo que indica un fracaso en las políticas regionales. No se consigue apenas que mejoren y salten de puesto las más retrasadas, ni ahora ni en los últimos años. Y lo peor no es sólo que haya 2 Españas (o 3) en el nivel de renta, sino que han aumentado las diferencias, la brecha de renta entre regiones. Si en 1977, un balear tenía 1,81 veces la renta de un extremeño, mejoró algo en el año 2.000, cuando un aragonés ingresaba 1,53 veces lo que un andaluz, pero ha empeorado después: si en 2008, un vasco tenía 1,65 veces la renta de un extremeño, en 2018 tiene 1,78 veces más, según el informe de la Fundación Alternativas. Ha aumentado la desigualdad de renta entre territorios.

Esto confirma una España a dos o tres velocidades, no sólo entre regiones sino también con muchas desigualdades dentro de cada región. Y sobre todo en las más pobres. Así, el informe de la Fundación Alternativas desvela que las regiones con más desigualdad interna son Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha y Canarias, y que esa desigualdad ha aumentado entre 2008 y 2018. Y las regiones con menos desigualdad interna son dos de las más ricas, Navarra y Aragón, seguidas de Asturias, País Vasco, Cantabria y la Rioja. Y además, esa desigualdad interna se refleja en una gran diferencia de renta entre ciudades de una misma provincia, desigualdad municipal encabezada por Madrid, Barcelona, Sevilla, Cádiz y Granada, Alicante, Valencia y A Coruña.

S ha llegado hasta aquí, le habrá quedado clara la tremenda desigualdad entre regiones, dentro de cada región e incluso entre ciudades de una misma provincia. Y lo más tremendo es que esas desigualdades territoriales están ahí desde hace décadas y hasta siglos. Ahora, con la pandemia y la recesión consiguiente (la mayor desde la Guerra Civil), los expertos creen que la desigualdad territorial aumentará, como ha pasado en otras crisis y más dada la precariedad en que están las cuentas públicas. Sin embargo, la pandemia también puede ser “una oportunidad” para reducir la brecha de producción y renta entre regiones, si se planifica la recuperación con criterios de política regional.

¿Qué se puede hacer? Lo primero, invertir y gastar pensando en corregir los desequilibrios regionales, tanto los Presupuestos 2021 (muy expansivos) como los Fondos europeos, esos 79.796 millones que van a llegar en los próximos 4 años. El objetivo es regionalizar la mitad de este gasto, pero la otra mitad, la que gestione el Estado debería hacerse con el objetivo de reconducir el crecimiento y el empleo de las regiones más pobres. Una segunda medida es planificar todas las inversiones públicas e infraestructuras (incluidas las digitales y la vivienda) para fomentar la inversión y la instalación de empresas en la España más atrasada, que no puede vivir sólo del turismo, la agricultura o las pensiones. Un tercer frente de actuación es la fiscalidad, homogeneizando impuestos (evitando “paraísos fiscales como Madrid) y facilitando vivir e invertir en las regiones más pobres. Y aprobar de una vez un nuevo sistema de financiación autonómica (pendiente desde 2014), porque el actual beneficia claramente al País Vasco y Navarra (reciben un 80% más por habitante que el resto del país, según el informe de la Fundación Alternativas), además de Cantabria, la Rioja, Extremadura, Asturias, Aragón y Castilla y León, en total 6 de las 9 regiones con más renta.

La pandemia va a dañar más a las familias y trabajadores más vulnerables y también a las regiones más pobres y menos productivas. Pero puede ser una oportunidad no sólo para reconvertir la economía y modernizar el país sino también para reducir la brecha secular entre regiones. Hay que sentar las bases para que no haya españoles de primera y de segunda, para que no vivamos mejor o peor según la región donde residamos. Es otra gran asignatura pendiente de este país.

Madrid "se come" al resto de España

Este artículo no va sobre el coronavirus, pero sí sobre Madrid. Sobre el papel que juega en la economía española. A raíz de la pandemia y de la prepotencia de Díaz Ayuso, otros dirigentes regionales se quejan de la “gran aspiradora” de Madrid: absorbe inversiones, empresas y empleos a costa del resto de España, siendo la región más rica. El PP dice que es porque la gobiernan desde hace 25 años, pero un estudio revela la clave: ser capital de España, concentrando funcionarios, instituciones, multinacionales e infraestructuras. Y millonarios, atraídos por sus bajos impuestos, que hacen competencia desleal al resto de autonomías. Una baja fiscalidad que pagan muy cara los madrileños, al haber perdido 48.292 millones desde 2004: Madrid es la región que gasta menos en educación y la 2ª que menos gasta en Sanidad. Y ahora pide ayuda por la pandemia. Urge incluir entre las futuras reformas el papel de Madrid. “Madrid es  España dentro de España”, dijo Díaz Ayuso. Menos Madrid y más España.

 

Madrid es desde 2018 la región que más produce en España, superando a Cataluña, la locomotora de la economía española durante siglos. Y volvió a producir más en 2019, según el INE: 239.878 millones de euros el PIB madrileño frente a 236.739 millones el PIB catalán. Este “sorpasso” es fruto de varias décadas en que la economía de Madrid lleva creciendo más que Cataluña y que el resto de España. Entre 1.987 y 2016, la economía madrileña duplicó con creces su tamaño y fue la región española que más creció, un +119%, por encima de la economía española (+93,5%), de Cataluña (+96,5%) y Andalucía (+99,8%), incluso por encima de regiones con fuerte crecimiento como Murcia (+111,7%) y la Rioja (110,3%), según los datos de AFI. Y también creció más que el resto y que la media española en 2017 (+3,9 frente al 3,6%), 2018 (+3,7% frente al 3,6%) y 2019 (+2,5 frente al 2%).

Este mayor crecimiento de Madrid ha atraído a la región más población que al resto: su censo ha aumentado en +1.333.000 personas (españoles e inmigrantes) entre 2000 y 2019, un +24,9% de aumento de población (ahora son 6.686.400 habitantes), frente al +16,5% que aumentó este siglo la población española, el +20,8% que aumentó Cataluña (6.549.800 habitantes), el +11,7% de Andalucía (8.445.200 personas) o el +21,4% de la Comunidad Valenciana (4.999.400 habitantes en 2019), según el INE.

Este mayor trasvase de población a Madrid se debe a que es la región que más crece y la que crea más empleo. Así, con la recuperación (entre 2014 y 2019), Madrid ha sido la región que creó más empleos, 538.400 nuevos, un +20,42% (1 por cada 5 empleos que había en 2014), frente al +17,8% que aumentó el empleo en toda España (+3.016.300) o al +17,47% que aumentó en Cataluña (+517.400), según la EPA. Con ello, Madrid es la región donde hay más porcentaje de adultos trabajando: el 52,85%, frente al 47,03% de adultos ocupados en España, el 51,05% en Cataluña o la Rioja, el 50,10% en Baleares o Navarra, el 48,8% en el País Vasco, el 41,56% en Extremadura o el 41,48% en Andalucía, según el INE. A lo claro: si Andalucía tuviera la tasa de empleo de Madrid, habría 380.472 andaluces más trabajando (+13%). Y 53.334 extremeños (+14,35%).

Al haber más crecimiento y más empleo, los que trabajan en Madrid ganan más, tienen los sueldos más altos de España, según los últimos datos del INE (de 2018): 27.010 euros brutos de salario medio, un 12,5 más que la media española (24.009), sólo superado por el País Vasco (28.470) y muy por encima de los sueldos en Cataluña (25.552) o la Comunidad Valenciana (22.121) y muy alejada de los sueldos en Andalucía (21.756 euros, el 80% que en Madrid) y Extremadura (19.947 euros (el 74% de Madrid).

Al final, el mayor crecimiento, la mayor atracción de población y empleo (sobre todo especializado: el 21% de todo el empleo cualificado está en Madrid), la mayor tecnología y especialización de los servicios (la región concentra el 35% de los servicios especializados de España) hacen que Madrid sea más productiva que el resto de las regiones: produce más por habitante. De hecho, era ya la región líder en el año 2.000 (21.380 euros por habitante frente a 19.442 euros por persona en Cataluña) y ha seguido aumentando las distancias hasta 2019: Madrid produce 35.876 euros por habitante, un 35,7% más que la media de España (26.438 euros) y un 16% más que la media europea (UE-28). Mucho más que el País Vasco (34.273 euros), Navarra (32.692 euros) o Cataluña (31.110 euros). Y muy lejos de Extremadura (19.073 euros) o Andalucía (19.432 euros), que producen casi la mitad por habitante que Madrid. A lo claro: 8,44 millones de andaluces producen 16.218 euros menos cada uno al año que 6, 68 millones de madrileños. Son datos oficiales.

Y la consecuencia de todo esto es que la renta en Madrid es la 2ª más alta de España: 14.199 euros por persona, sólo por detrás del País Vasco (15.300 euros, por su peculiar régimen fiscal) , por delante de Navarra (13.937 euros) y Cataluña (13.527), muy alejada de Castilla la Mancha (9.715), Canarias y, sobre todo, Andalucía (9.160 euros) y Extremadura: 8.796 euros de renta por persona, un 62% la de Madrid, según el INE. Con estos datos, Madrid tiene una renta por habitante un 21,5% superior a la media española (11.680 euros) y un 16% superior a la renta media europea. Y lo peor de estas diferencias es que Madrid es la 2ª región con más renta en España desde 1977.

Al final, el resumen es muy esclarecedor: Madrid tiene sólo el 1,6% del territorio (frente al 6,35% Cataluña o el 17,31% Andalucía) pero acapara el 14,29% de la población española (frente al 16,39% Cataluña y el 17,83% Andalucía), el 15,9% del empleo español (frente al 17,4% Cataluña y el 15,7% Andalucía) y aporta el 19,3% del PIB español (frente al 19% que aporta Cataluña y el 13,3% Andalucía).

¿Por qué Madrid es la locomotora de España y la región más rica? Para el PP, la razón es que la gobiernan los populares desde hace 25 años (desde 1995), con unas políticas neoliberales y bajos impuestos. Pero no es así, como demuestra este reciente informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), promovido por la Generalitat Valenciana: la razón básica del éxito madrileño es su capitalidad, que ha convertido a Madrid en “una gran aspiradora” (en palabras del presidente valenciano Ximo Puig)  de población, funcionarios, empleos cualificados, empresas, multinacionales, contratos públicos e infraestructuras, en perjuicio del resto de España. Para el presidente de Castilla la Mancha (García Page), “la mayor industria de Madrid es su capitalidad”.

Todos los economistas reconocen que las capitales de los paises se benefician del efecto llamado “economías de aglomeración”: la capital tiene la capacidad de atraer inversiones, empresas y empleos que buscan el beneficio de instalarse cerca del poder político y los Ministerios y de otras empresas y multinacionales. Y la concentración se retroalimenta: como hay muchas empresas, llegan nuevas empresas e inversiones. Es un círculo virtuoso, alimentado por las instituciones políticas y las mejores infraestructuras, más en el caso de España, un país con una red de transportes radial, que parte de Madrid.

El estudio de IVIE está plagado de datos que revelan el empuje de este “efecto capital” para Madrid. Como que el 44,5% de las 1.000 mayores empresas instaladas en España tienen su sede en Madrid. O que Madrid concentra el 34% de todas las inversiones aeroportuarias hechas en el siglo XXI. O que el 60% de los contratos públicos que hace la Administración se conceden a empresas radicadas en Madrid. O que el 29% de los empleados públicos trabajan en Madrid (150.000 funcionarios y sus familias). O que Madrid tiene empleo más cualificado, un 40,9% de universitarios frente al 30,8% en el resto de España, porque tiene más oferta de Universidades (debido a que tiene también más demanda). Y concentra un 35% de todos los servicios avanzados (alto valor añadido) que hay en España. Y en 2020, ha acaparado el 83% de toda la inversión extranjera en España.

Todo esto “empuja a Madrid al cielo”, no sus gobernantes. Y encima, Madrid se aprovecha menos de la capitalidad que otras capitales europeas. Así, Madrid aporta el 19,2% del PIB español, mientras Ámsterdam aporta  el 21,6% del PIB holandés, Londres el 23,6% de Reino Unido, París el 31,2% de Francia, Viena el 25%, Estocolmo el 30,9%, Helsinki el 38,9% y Copenhague el 40,6%, según Eurostat. Sólo Bruselas (18,3% del PIB belga), Roma (11,2%) y Berlín (4,4% del PIB alemán) aprovechan menos que Madrid su capitalidad. Dicho de otro modo: Alemania, Italia y Bélgica son paises más descentralizados, donde la capital no se come al resto, como en Reino Unido, Francia, Austria y paises nórdicos.

La otra queja de muchas autonomías contra Madrid es que les hacen competencia desleal bajando impuestos (“dumping fiscal”), aprovechando que son la autonomía más rica. Y lo hacen, desde hace años, en todos los impuestos. Lo más llamativo es la bonificación del 100% en el impuesto sobre el patrimonio, desde 2008: un madrileño con 4 millones de euros de patrimonio (exentos 300.000 de su vivienda) no paga nada, mientras en Extremadura pagaría 59.919 euros, en Valencia 47.646, en Andalucía pagaría 44.214 euros, en Cataluña 41.943, y en Vizcaya 22.400, según este estudio del REAF. En el IRPF, Madrid tiene los tipos más bajos de España (los que ganan 110.000 euros, pagan 1.000 euros menos que en Andalucía y 2.000 menos que en Extremadura) y lo mismo en sucesiones y donaciones, en transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Estos impuestos a la baja han forzado al resto de autonomías a bajarlos, para evitar el trasvase de contribuyentes, que no se ha impedido. Sobre todo de los más ricos: 413 de las 611 grandes fortunas declararon en Madrid en 2018, según la Agencia Tributaria. Y también ha habido un trasvase de declarantes para evitar el pago de herencias. Y la presidenta Díaz Ayuso quiere seguir por este camino de rebajas en 2021, prometiendo bajar un 0,5% los tipos del IRPF, a pesar de los enormes gastos de la pandemia. Y de que se ha quejado al presidente Sánchez de que “necesita más ayuda”.

Esta rebaja de impuestos, en las últimas dos décadas, beneficia sobre todo a los madrileños con más recursos (son los más beneficiados en todos los impuestos) y priva a Madrid de cuantiosos ingresos: -4.571 millones en 2019, según los propios datos de la Administración regional, entre lo que pierde por Patrimonio (-996 millones), Renta (-870), sucesiones y donaciones (-2.631) y transmisiones y actos jurídicos (-56 millones). El “agujero fiscal” es de tal calibre que Madrid ha perdido -48.292 millones de euros por rebajas fiscales entre 2004 y 2019. Una pérdida de ingresos que se ha traducido en más recortes que otras autonomías (entre 2012 y 2015), mucha deuda (35.646 millones) y un bajo gasto social.

De hecho, Madrid es la autonomía que menos gasta en educación (723 euros por habitante en 2019, frente a 863,50 euros de media en España y 1.274 en el País Vasco), la 2ª que menos gasta en sanidad (1.220 euros por habitante en 2019, tras 1.166 euros Cataluña, 1.335 de media en España y 1.719 euros que gasta Euskadi) y la 5ª autonomía que menos gasta en servicios sociales (277 euros por habitante en 2019 frente a 300 euros de media en España, 694 Navarra y 446 Extremadura), según este reciente estudio de los Directores de Servicios Sociales. Ahí sufren los madrileños las bajadas de impuestos. Y ahí puede explicarse por qué la sanidad madrileña tiene una peor situación frente a la pandemia.

Ante este panorama, las demás autonomías tienen muchos motivos para quejarse de “la locomotora de Madrid”, porque avanza a costa de ellas. Por eso, proponen dos cosas. Una, limitar la competencia fiscal desleal de Madrid. Y para ello, habría que aprobar una Legislación que unificara tipos, para “evitar el dumping  fiscal”, dentro de la urgente reforma del sistema de financiación autonómica (pendiente desde 2014). Y la otra, suavizar los efectos de la capitalidad, descentralizando lo más posible: Ministerios (Alemania tiene 10 Ministerios en Berlín y 6 en Bonn), instituciones (el Bundesbank o banco central alemán está en Frankfort), organismos públicos (el Instituto de Oceanografía está en la capital, una ciudad sin mar), funcionarios (el estudio del IVIE cree que podrían trasladarse 45.000 y sus familias). Y tratando desde el Gobierno de repartir los contratos públicos y las inversiones e infraestructuras fuera de Madrid, fomentando también la descentralización de inversiones y empleos privados, vía incentivos fiscales.

Somos un país muy descentralizado, con un gran poder de gasto y gestión en las autonomías pero donde Madrid tiene cada año más peso y concentra más riqueza y empleo, en perjuicio de otras regiones, sobre todo las vecinas. Si ahora hay que pensar en reformas a medio plazo, una de ellas debe ser reequilibrar España, reducir las crecientes desigualdades entre la España rica y la pobre y entre Madrid y el resto del país. “Madrid es España dentro de España ¿Qué es Madrid si no es España”, dijo la presidenta Díaz Ayuso rodeada de banderas. Vale. Pero lo que hace falta es menos Madrid y más España.