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jueves, 23 de octubre de 2025

Los seguros, cada vez más caros

Casi todos hemos visto cómo subía el último recibo de los seguros, sobre todo del coche pero también el seguro médico y el del hogar. Los seguros han subido un +8.8% el último año y un +34,3% desde la pandemia. Estas fuertes subidas explican, junto al aumento del negocio (las primas de seguros han crecido un +13,6% este año) y el ajuste de costes, que las aseguradoras estén ganando más dinero que nunca: sus beneficios crecen un +17,6% hasta junio, tras ganar 6.356 millones en 2024 (+16,5%). Los motores del negocio asegurador son los seguros médicos (los que más crecen y que tienen ya más de 14 millones de españoles) y los seguros de coches (con un récord de 34,5 millones de vehículos asegurados), aunque el mayor potencial está en los seguros del hogar (21,6 millones de viviendas aseguradas), cada vez con más servicios. Se espera que los seguros vuelvan a subir entre un 8 y un 10% en 2026, en medio de una engañosa guerra de tarifas. Conviene revisar nuestros seguros y coberturas.

                            Enrique Ortega

Las aseguradoras se recuperan con creces del bache que sufrieron con la pandemia y la subida de la inflación y los costes de 2022 y 2023. Así, en los 9 primeros meses de 2025 (enero-septiembre), las primas de seguros (facturación) fueron 64.422 millones de euros, +13,6% que en los nueve primeros meses de 2024, según los datos de la patronal UNESPA. Y aunque en 2024 cayó algo la facturación de los seguros (-1,56%), fue por la menor contratación de seguros de ahorro, por la bajada de tipos, porque el resto de seguros creció el año pasado, con un volumen de primas de 75.161 millones de euros, un +17,15% más de negocio que en 2019 (64.155 millones).

Lo que “tira” de los seguros este año (y en 2024) es el seguro de salud, cuyas primas (9.953 millones de enero a septiembre de 2025) son las que más crecen (+11,39%, casi el doble que en 2024), tras haberse superado los 14 millones de españoles (14,29 millones) que tienen un seguro médico privado, según ICEA. Y también el seguro de automóviles, cuyas primas (10.674 millones en estos 9 primeros meses de 2025) crecieron un +8,58%. También fue muy bien el seguro de multirriesgo hogar, con primas contratadas por 7.868 millones de euros entre enero y septiembre, un +6,64% de aumento sobre las primas del primer semestre de 2024, según UNESPA. Con todo, los seguros más contratados este año son los seguros de vida, los que invierten los ahorros de los asegurados, cuyas primas han sido de 27.235 millones este año, las que más han crecido hasta septiembre (+22,4%), aprovechando la bajada de tipos oficiales (que siguen en el 2%). El resto de los seguros aumenta menos su contratación (+4,77% hasta septiembre), salvo el de decesos (entierro), que sigue creciendo.

Con este aumento de la facturación en 2025  y el mayor control de costes (por la menor inflación este año), las aseguradoras han mejorado otra vez sus beneficios este año: han tenido un beneficio neto de 3.599 millones entre enero y junio de 2025, un +17,66% que en el primer semestre de 2024, según datos de ICEA, lo que supone aumentar más los beneficios que en todo 2024 (ganaron 6.356 millones, +16,5% que en 2023). Otra vez, el primer responsable de esta histórica mejora de beneficios es el seguro de salud, cuyos beneficios netos (361 millones) aumentaron un 161% sobre el primer semestre de 2024. El seguro de automóviles reportó 350 millones de beneficio neto (+144%) y el de multirriesgo hogar aportó 491 millones (+7%), aunque el seguro más rentable fue el de vida (1.747 millones de beneficio neto, +7%) y otro ramos de no vida (que aportaron los 1.076 millones de beneficios restantes, +29% sobre el primer semestre de 2024).

En conjunto, si las aseguradoras mantienen estos beneficios el resto del año, podrían cerrar 2025 con un beneficio neto de 7.475 millones de euros, que supondría una subida del +58,7% sobre los beneficios que tuvieron antes de la pandemia (4.710 millones en 2019), muy por encima de la subida en estos años de la inflación ( +23,3%) y los sueldos (+18,88%). Una cifra histórica de beneficios, aunque queda lejos de los 34.000 millones que esperan ganar los 6 grandes bancos españoles en 2025 (han ganado 17.086 millones hasta junio).

Este fuerte aumento de beneficios de las aseguradoras se debe sobre todo al aumento del negocio (crecimiento de los seguros médicos, de automóviles y hogar), propiciado por la mayor actividad comercial de los bancos, que llevan un par de años volcados en vender seguros en sus oficinas, para ingresar más comisiones. Y también ha sido clave el control de costes de las aseguradoras, sobre todo en el seguro de automóviles y de salud, negociando duramente con talleres, hospitales y médicos para reducir pagos. Pero la razón fundamental de los mayores beneficios es la subida de tarifas, en 2025, 2024 y 2023, tras menores subidas en los recibos de 2020 y 2021 (por la pandemia) y 2022 (por la inflación).

Los datos son claros: las primas de seguros han subido este año un +8,8% anual, hasta agosto, según el INE, tras subir +9,1% en 2024 y +6,9% en 2023 (fuertes subidas tras el 2% de media que subieron en 2022, el 3,3% en 2021, el 1,5% en 2020 y el 2,7% en 2019). Eso significa que los seguros han subido un +34,3% desde antes de la pandemia, más que la inflación media (+23,3%) y que los sueldos (+18,88%). En cuanto a la subida este año (+8,8% anual), es mucho mayor en los seguros médicos (han subido una media del +10,4% hasta agosto), cuya factura ha subido un +49,9% desde 2019, según el INE, casi el doble de lo que han subido estos años los seguros de coches (+28,2%).

Los seguros de salud no paran de crecer (hasta septiembre han recaudado sólo 721 millones menos que el automóvil, que es un seguro obligatorio) y de subir año tras año, empujados por una demanda creciente de usuarios, hartos de las listas de espera de la sanidad pública para el especialista (105 días de media) y para operarse (126 días). De hecho, en junio de 2025 se estimaba que había 14,29 millones de españoles que pagaban un seguro médico privado (1 de cada 4 hogares), casi 4 millones más de los que pagaban un seguro privado antes de la pandemia (10,5 millones), siendo mayor el porcentaje de los que pagan este seguro médico en Madrid y Barcelona (un tercio de la población). De estos 14,29 millones de asegurados, 8,89 millones pagan una póliza individual y 5,4 millones son colectivos, ya sean funcionarios o pólizas de empresas.

Los seguros médicos crecen sin parar pero tienen varios problemas. El primero y fundamental, que los costes de la atención sanitaria no paran de crecer y la población está más envejecida (se piden más pruebas y más caras), con lo que la negociación entre aseguradoras, hospitales y médicos es cada vez más dura, en perjuicio de los asegurados, que pagan cuotas más altas: cada vez hay más especialistas y hospitales “que no trabajan con aseguradoras” o sólo con las más grandes, lo que favorece la concentración: actualmente, el 73,81% de las pólizas se concentran en las 5 grandes aseguradoras de salud, Adeslas-Mutua (30,75% de cuota), Sanitas (16,26%), Asisa (13,81%), DKV (7%) y Mapfre (6,62%). El otro problema grave es que la sanidad privada empieza a saturarse, porque aumenta el deterioro de la sanidad pública, y ya hay listas de espera (meses) en algunas especialidades y una masificación en algunos hospitales y servicios (dermatología, trauma, oftalmología…).

Toda esta situación acaba provocando subidas en las pólizas de salud, año tras año, y un deterioro de la atención de médicos y hospitales privados. Ahora, se espera que estos seguros médicos vuelvan a subir un 10% de media en 2026, especialmente las pólizas de los mayores de 60 años. El precio medio de una póliza familiar es muy variable, entre 120 y 500 euros al mes, según la cobertura y las edades de los asegurados. En paralelo, hay una “guerra comercial” de las aseguradoras por crecer, sobre todo entre los jóvenes, con “ofertas low cost, que ofrecen pólizas de 10 a 30 euros mensuales, con pocas coberturas y aprovechando el menor coste de la atención online. La estrategia es clara: los que tienen ya un seguro médico pagarán más cada año y los que piensan en contratar uno o cambiarse se encuentran con ofertas atractivas (que subirán después).

Con todo, donde ciertamente hemos notado más una subida este año es en los seguros de automóviles, que son el seguro más utilizado (es obligatorio) y el que ha batido récord de asegurados: en septiembre de 2025 había 34.584.416 vehículos asegurados, según el fichero FIVA de Unespa, un 2,03% más que el trimestre  y el mayor aumento en los últimos 6 años. En este seguro, que se ha encarecido un +14% este año,  lo que más sube es el seguro a todo riesgo, que sube un +20% (en torno a 1.000 euros de cuota anual), subiendo menos el seguro a terceros (+12,5%, 516 euros de media) y más los seguros a jóvenes y el seguro que pagan los conductores en grandes ciudades (puede variar hasta 500 euros sobre una ciudad pequeña o pueblo, por el mayor riesgo de siniestralidad).

Todo apunta a que los seguros de automóviles seguirán subiendo en 2026, entre un 7 y un 12%, lo que justifican las aseguradoras por el aumento de la siniestralidad (hay más coches circulando, viajamos más y circulan más coches VTC y de reparto en las grandes ciudades) y el encarecimiento de las piezas, talleres y reparaciones (los coches modernos y eléctricos son más costosos de reparar). Así que las compañías han suavizado su “guerra de precios”, que las llevaba en muchos casos a perder dinero con algunas pólizas, y no dudan en subir precios a medida que les suben la siniestralidad y los costes. Estas subidas continuadas están provocando que cada vez más conductores se apunten al “renting”, donde por el pago de una mensualidad no hay que pagar seguros ni mantenimiento ni averías. De hecho, ya hay 947.000 coches en renting y esperan cerrar 2025 con más de 1 millón de coches en renting, una modalidad que antes utilizaban las empresas y ahora muchos particulares.

Otro seguro que también sube, aunque algo menos, es el de hogar, que sigue creciendo año tras año, especialmente por el aumento de hogares, alquileres y compraventas, así como por  los fenómenos climáticos extremos (lluvias, incendios…), aunque todavía hay muchas viviendas sin asegurar, sobre todo viviendas vacías y en zonas rurales: se estima que hay 21,6 millones de viviendas aseguradas, de las 26,6 millones de viviendas censadas (INE). La novedad de este seguro de hogar es que cada vez cubre más riesgos (se llama “multirriesgo hogar”) y ofrece más servicios (pequeñas reparaciones, ayuda de “manitas” a domicilio, asistencia jurídica…), sobre todo dos coberturas muy publicitadas: el seguro de impago de alquiler y el “seguro antiocupación” (que se ha popularizado por la publicidad de empresas de alarmas y las campañas políticas de PP y Vox, aunque sólo se ocupan el 0,06% de las viviendas, según los datos oficiales de Interior…). Los precios de estos seguros de hogar varían mucho según la cobertura y los servicios, costando entre 165 y 400 euros de media.

Cara al futuro, todo apunta a que los seguros seguirán subiendo (entre el 8 y el 10%), mucho más que el IPC, sobre todo para los clientes actuales, aunque continuará la “guerra de precios” de las aseguradoras para animar al cambio de compañía (con precios más bajos, que luego suben) y la oferta de seguros low cost, que tienen bajas coberturas y mucha “letra pequeña”. En cualquier caso, si sumamos todos los seguros que tenemos (coche, casa, salud, vida y decesos), es probable que la factura sea ya importante, con lo es el momento de revisar facturas y agrupar seguros. Y sobre todo, revisar coberturas que no necesitamos o que encarecen el seguro (por ejemplo, una franquicia baja mucho el seguro del coche). Y en otros casos (salud, hogar), quizás necesitemos ampliar las coberturas. 

Así que hay que analizar los seguros que tenemos y comparar precios y coberturas, porque las subidas van a continuar año tras año. Podemos tener una ayuda si acudimos a una Correduría de seguros, unos profesionales que pueden analizar nuestras pólizas y aconsejarnos gratuitamente si debemos cambiar o no de cobertura y de compañía: nosotros no les pagamos a ellos por su asesoramiento, son las aseguradoras las que les pagan una comisión si contratamos un seguro a través de su mediación que, insisto, es gratuita. Un servicio poco conocido (ver Web Corredores de seguros) y que puede ayudarnos a gestionar mejor nuestros seguros. Un gasto obligado, pero no a cualquier precio.

lunes, 17 de febrero de 2025

Centros de Salud desbordados

Se han cumplido 5 años del primer muerto en España por COVID-19 y la sanidad pública no acaba de recuperarse de la pandemia : las listas de espera siguen en máximos históricos y la Atención Primaria está colapsada: me han dado cita para la médico de familia dentro de 14 días (y la demora media está en España en 9 días). La consecuencia es que 12,5 millones de españoles se pagan un seguro privado (ahora más caro), lo que lleva a demoras en la sanidad privada. Se multiplican las manifestaciones por la mejora de la sanidad, pero no se avanza. El problema más grave está en la Atención Primaria, donde Sanidad ha propuesto un Plan de actuación 2025-2027. Muchas medidas, pero falta lo fundamental: gastar más (+10.000 millones sólo en Atención Primaria), contratar más médicos de familia (+8.000) y enfermeras (+15.000) y reorganizar los centros, con 10.000 administrativos más. Urge un Plan de choque para mejorar la Atención Primaria. Nos jugamos la primera linea de la salud.

                        Centro de Salud en Madrid

El 13 de febrero de 2020 moría en Valencia el primer paciente contagiado por COVID-19. Han pasado 5 años y la sanidad pública no se recupera del mazazo de la pandemia: estamos mejor que entonces, pero el sistema sanitario apenas ha vuelto a los niveles de 2019, donde ya había problemas de saturación y falta de medios. La espera para ser atendido por el médico de familia (o el pediatra) estaba en 8,81 días en 2024 (Barómetro Sanitario), frente a los 5,8 días de espera media en 2019. Y las listas de espera, aunque han mejorado frente a lo peor de la pandemia, siguen en máximos históricos: 94 días de media para la consulta de un especialista en junio de 2024 (el 2º peor dato desde 2022) y la espera para ser operado estaba en 121 días (9 más que en junio de 2023).

La consecuencia es una peor atención de la sanidad pública (a pesar del esfuerzo de sus profesionales) y un desvío de muchos pacientes a la sanidad privada: más de 12,5 millones de españoles pagan un seguro médico privado cada mes (+3,5 millones que hace una década), sobre todo en Madrid  (38,7% población tiene un seguro médico privado), Cataluña (32,4%) y Baleares (30,9%), aunque su precio se ha disparado (los seguros médicos han subido +39,5% desde 2019, según el INE).  Este desplazamiento hacia médicos, especialistas y hospitales privados, para sortear “los atascos” en la sanidad pública tiene 2 consecuencias. Una, que ya hay especialistas y hospitales privados que dan muchos retrasos para ser atendidos (50 días me han dado para una ecografía… por lo privado), siendo habitual cambios de citas y deterioro en la atención. Además, como las aseguradoras pagan poco a los médicos, hay muchos especialistas que “no trabajan con aseguradoras”.

Pero el gran problema sigue estando en la primera línea de la sanidad pública, en la Atención Primaria de los Centros de Salud y los ambulatorios. La población residente en España acaba de superar los 49 millones (49.077.984 el 1 de enero 2025) y eso supone un aumento de +1,76 millones de personas residentes sólo en los últimos 5 años (47.318.050 habitantes el 1 enero 2020). Un aluvión de nuevos habitantes (y potenciales pacientes) que han de atender casi los mismos médicos y enfermeras, con lo que cuando algún profesional (o administrativo) se pone enfermo o toma vacaciones, el colapso en las consultas es grave y lo sufren los pacientes, dilatando los plazos para ser atendidos. Y muchos no esperan y acuden a las urgencias de los hospitales: el 45% de los ciudadanos acudió a las urgencias hospitalarias en el último año (frente al 38,2% en 2023), según el Barómetro Sanitario 2024.

La Atención Primaria en España tiene un serio problema de retrasos en las citas de los médicos de familia y pediatras. En julio de 2024, el retraso medio era de 8,81 días para ser atendido, frente a los 5,8 días de 2019, según el Barómetro Sanitario que elabora el CIS y Sanidad. Sólo un 0,1% de pacientes consiguen cita en el día, al 11,2% les dan en 2 días, al 13,7% en 3 días, al 8,41% en 4 días, un 20% tardan en ser atendidos 7 días, un 12,8% tardan de 8 a 10 días y al 21,7% (como a mí) les dan cita entre 11 y más días después de solicitarla (por Internet, porque los teléfonos están aún más colapsados … ).

Sanidad y las autonomías apenas informan de estos retrasos en conseguir una cita para el médico de familia o el pediatra. El diario EL PAIS ha publicado una relación de retrasos por autonomías, a través de solicitudes de Trasparencia a las consejerías de Sanidad y alerta que más de la mitad de los Centros de Salud de toda España dan cita pasadas 48 horas, a pesar de que el Gobierno y las autonomías pactaron en 2019 garantizar que la atención no urgente en Atención Primaria se hiciera en menos de 2 días. Según este rastreo, los peores datos de retrasos se encuentran en Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares, donde más del 85% de los Centros de Salud registran demoras de más de 2 días. Pero lo más preocupante es que hay demoras de más de 5 días en el 59% de los Centros de Salud de la Comunidad Valenciana, el 44% de Canarias, el 43% de Baleares, el 28% de Madrid, el 23% de Aragón, el 20% de Andalucía y el 16% en Castilla la Mancha, mientras las otras 10 autonomías no dan retrasos en citas superiores a los 5 días.

Estos retrasos, que agobian a los pacientes (sobre todo a los enfermos crónicos y de más edad), tienen un origen claro: la falta de medios en la Atención Primaria, detallada en este informe elaborado en 2024 por la Federación en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). El primer problema es que España gasta poco en Sanidad : 2.822 euros por habitante, un 20% menos de los 3.533 que gasta la UE y la mitad de los 5.317 euros por habitante que gasta Alemania, según la OCDE. Pero además de gastar menos, dedica un porcentaje menor que otros paises a financiar la Atención Primaria: un 14% de todo el gasto sanitario en España, frente al 25% de media que se gasta en Europa.

Y por si esto no explica la situación actual, la financiación de la Atención Primaria es muy desigual por autonomías, según los datos del gasto por habitante en 2024 que aporta la FDSP: 150,90 euros/habitante en Madrid, 154 en la Comunidad Valenciana, 229 en Cataluña, 247 en Murcia, 264 en Baleares o 274 euros/habitante en Galicia, frente a 402 euros/habitante en Extremadura (más del doble de gasto que en Madrid), 329 euros en Castilla y León, 323 en La Rioja,  309 en Andalucía, 308 en País Vasco o 306 en Asturias.

A partir de este gasto desigual, también es desigual el número de médicos y enfermeras que trabajan en Atención Primaria. Donde hay menos médicos de familia es en Baleares (0,51 por 1.000 habitantes), Madrid (0,57), Canarias (0,58), Andalucía (0,60), Murcia (0,62) y Cataluña ( 0,64), mientras hay muchos más médicos en Castilla y León (0,95/1.000 habitantes), Extremadura (0,77), Aragón (0,75) y Galicia (0,71), según la FADSP .Y en cuanto a enfermeras, donde menos hay (comparativamente) vuelve a ser en Balares y Murcia (0,59 por 1.000 habitantes), Madrid (0,52), Asturias (0,67) y Andalucía (0,69), mientras hay más en La Rioja (0,90 por 1000 habitantes, casi el doble que en Madrid), Extremadura y Castilla y León (0,86), Aragón (0,83) y Navarra (0,82).

Y con este diferente personal, las regiones con más población son las que tienen los Centros de Salud más colapsados. Así, la FADSP informa que si en España hay un 59,3% de médicos de familia que atienden a más de 1.500 tarjetas sanitarias, en Baleares son el 77,52% y en Andalucía el 69,99%, destacando también el 47% de Madrid y el 42,18% en Castilla la Mancha, mientras sólo tienen tantos pacientes el 23% de los médicos de familia vascos y el 27% de los navarros. Y si la media de médicos que atienden a más de 2.000 tarjetas es baja, el 4,14% de los médicos de familia, en Baleares son el 11,91% y en Madrid el 6,75%. Y si analizamos el trabajo de los pediatras, el 5,2% atiende a más de 1.500 tarjetas en España, pero en Madrid lo sufren el 12,1% de los pediatras, el 10,8% en Castilla la Mancha y algo menos del 10% en Baleares y Cataluña.

Y eso se traduce en un mayor o menor desvío a urgencias: Madrid es la que más atiende (815,3 pacientes por 1000 habitantes), seguida de Baleares (795), Murcia (743), Aragón y Andalucía (633), frente a sólo 471 pacientes/1000 en urgencias en Navarra, 533 en Extremadura, 534 en Canarias o 555 en Castilla y León.

El informe de la Federación en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) lleva más de una década analizando la situación de la sanidad en las autonomías, muy desigual tanto en el gasto como en las listas de espera como en la Atención Primaria (analizan decenas de parámetros). Y en el último ranking, de 2024, han agrupado la sanidad de las autonomías en 4 bloques. Uno, las 4 autonomías con mejor sanidad: Navarra (106 puntos sobre 142), País Vasco (105), Asturias (100) y Castilla y León (95). El 2º grupo, 5 autonomías con servicios sanitarios “regulares” son Aragón, Cantabria y La Rioja (las tres con 91 puntos), Extremadura (90) y Galicia (82). El tercer grupo son 4 autonomías con una sanidad “deficiente” : Cataluña (80 puntos), Canarias, Castilla la Mancha y Madrid (con 79 puntos cada una). Y en el pelotón de cola, “con peores servicios sanitarios” están Murcia (78), Baleares (77), Andalucía (76) y la Comunidad Valenciana (62). Desde 2010, la región valenciana aparece como “el farolillo rojo” de la sanidad autonómica, junto a Andalucía, Canarias y Murcia muchos años.

Los problemas en la Atención Primaria y de toda la sanidad, más graves en las autonomías más pobladas, han sacado a la calle a médicos y pacientes, con manifestaciones multitudinarias en Madrid, Galicia, Andalucía, Aragón y el País Vasco. Las autoridades autonómicas prometen mejoras, pero apenas gastan y contratan, mientras crece la población. De hecho, el gasto sanitario de las autonomías aumentó un +22,02% entre 2009 y 2023, un tercio menos que la inflación (+36,6%). Y además, en Cataluña ha caído el gasto sanitario en estos 15 años (-4,80%), mientras ha crecido sólo un +9,97% en Madrid, un +15,20% en Castilla la Mancha y un +17,24% en Aragón. Y eso, a pesar de que las autonomías han recibido del Presupuesto del Estado, entre 2018 y 2024 (los 7 años de Gobierno Sánchez) 300.000 millones más de recursos que en los 6 años de Gobierno Rajoy. Unas se han gastado estas mayores transferencias “en otras cosas” y la mayoría (gobernadas por el PP) han aprovechado para bajar impuestos (a los más ricos), reduciendo ingresos muy necesarios. 

La gestión de la sanidad (y la mayor parte de su financiación) corresponde a las autonomías. El Gobierno trata de “ayudar”, facilitando la habilitación de médicos y aumentando las transferencias, aunque la clave es reformar el sistema de financiación autonómica, porque hay 6 autonomías a las que el actual sistema “penaliza” (Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Castilla la Mancha , Baleares y Cataluña) y otras 5 a las que “premia” (Cantabria, La Rioja, Extremadura, Aragón y Castilla y León), según FEDEA. Cara al futuro, cualquier reforma debe dar más peso en el reparto de los fondos públicos a factores como la población, el envejecimiento y los usuarios de la sanidad pública.

Mientras, el Gobierno central trata de influir en la mejora de la sanidad autonómica, más con normas que con financiación o medios. Así, el 16 de diciembre, la ministra de Sanidad presentó a las autonomías un Plan de Acción para la Atención Primaria 2025-2027, en cuyo texto han participado el Ministerio, las autonomías, asociaciones de médicos y pacientes. El objetivo es adoptar medidas para mejorar los equipos de gestión en Atención Primaria, las políticas de personal y gobernanza, así como la mejora y coordinación de prestaciones y servicios, para reducir las desigualdades actuales. Está bien, el Plan es un punto de partida para mejorar, pero no incluye las dos medidas más importantes: más financiación y más medios.  Por eso, puede acabar siendo “un catálogo de deseos”. Papel mojado.

Los expertos sanitarios insisten en que no mejorará  la Atención Primaria, la 1ª línea de nuestra sanidad, hasta que no cuente con más dinero y más personal, reestructurando su organización. La FADSP propone destinar el 25% de todo el gasto sanitario a Atención Primaria, lo que supone gastar 10.000 millones más al año (de forma escalonada). Y cree que se necesitan 8.000 médicos más, 15.000 nuevas enfermeras y 1.000 pediatras para “desatascar” los centros de Salud, además de 10.000 administrativos más para que una parte de la jornada de médicos y enfermeras no sea atender tareas administrativas. Y en paralelo, contar con más tecnología para realizar más pruebas diagnósticas en estos Centros. Además, proponen restablecer las Áreas sanitarias como marco de gestión y darles más autonomía. Con estas medidas, se busca que el 95% de las consultas se realicen en menos de 48 horas

Esto sí son medidas concretas y una hoja de ruta para salir del colapso actual. Pero no se podrá avanzar si no se alcanza un Pacto (otro) entre el Gobierno central y las autonomías, con la participación de profesionales y pacientes. No parece que sea el camino elegido, mientras el PP avanza en la privatización de la sanidad pública en las autonomías que gobierna (con más “conciertos” para derivar pacientes, pruebas y operaciones a la sanidad privada) y el Gobierno intenta avanzar con normas y Leyes que luego no se pueden aplicar, por falta de financiación, medios y colaboración política. En medio estamos nosotros, los 49 millones de españoles, cada vez más envejecidos, que tenemos que esperar días y meses para saber qué problema de salud tenemos y cuándo tendremos la prueba, operación o tratamiento. Así no podemos seguir.

lunes, 20 de mayo de 2024

Tenemos una sanidad cada vez más privada

Cada día, mil españoles contratan un seguro médico privado. Ya lo tienen 12,4 millones de personas, 1,8 millones más que antes de la pandemia. Y se contrata más en Madrid, Cataluña y Baleares, curiosamente 3 autonomías con la sanidad “deficiente”. Estos seguros médicos, que nos cuestan 10.711 millones, son “la gasolina” de la sanidad privada, que no deja de crecer: somos el 2º país UE (tras Portugal) donde tiene más peso, el 28,4% de todo el gasto sanitario. Su otra fuente de ingresos son los conciertos de la sanidad pública, que destina un 10,2% de su presupuesto a financiar pruebas y operaciones en la sanidad privada. Con todo ello, la privatización sanitaria no deja de crecer desde 2009, sobre todo en Madrid, Baleares, Cataluña y Andalucía, precisamente las autonomías con peor sanidad pública. Urge reducir las listas de espera, que alimentan los seguros privados. Mientras, el Gobierno propone una Ley para limitar la privatización de la sanidad, aunque la gestión está en manos de las autonomías.

                    Enrique Ortega

España es uno de los paises europeos que menos gasta en sanidad y donde el peso de la sanidad pública se reduce mientras aumenta año tras año el porcentaje de la sanidad privada. El gasto total en sanidad suponía en España el 10,7% de la riqueza (PIB), en 2021, por debajo del peso del gasto sanitario en la OCDE (10,9%), Francia (12,3%), Reino Unido (12,4%) o Alemania (12,9% de su PIB). Pero no sólo gastamos menos en sanidad, sino que gastamos aún menos (comparativamente) en la sanidad pública: un 7,7% del PIB, frente al 8,7% de media en la OCDE, el 10,4% en Francia, el 10,3% en Reino Unido y el 11,1% en Alemania (y el 7,1% en Italia). A cambio, somos el 2º país de la UE con más gasto sanitario privado: el 3,1% del PIB en 2021, tras Portugal (4,1% del PIB), frente al 2,3% en la OCDE, el 1,9% en Francia, el 2,1% en Reino Unido y el 1,9% en Alemania y el 2,3% en Italia.

A lo claro: gastamos mucho menos en la sanidad pública que la mayoría mientras somos casi líderes en el gasto en sanidad privada. De hecho, en 2021. España gastó 36.805 millones en la sanidad privada, un 28,4% de todo el gasto sanitario (129.615 millones), sólo superados por Portugal (36,8% de su gasto fue privado) y Suiza (30,8%) y muy alejados del peso del gasto sanitario privado en Italia (24,5%), Bélgica (22,4%), OCDE (17,1%), Reino Unido (17%), Francia (15,2%), Paises Bajos (15,1%), Dinamarca (14,8%), Alemania (14,5%) y Suecia (14,1%), según el informe 2024 de la Fundación IDIS (sanidad privada).

¿Qué incluye el gasto sanitario privado? Básicamente dos cosas. Una, el “dinero de bolsillo” que gastamos los españoles (27.215 millones en 2021) en atención sanitaria privada (dentista, oculista, fisioterapeutas…), en medicamentos no financiados y en el copago de las recetas (los trabajadores pagan entre el 40 y el 50%, los pensionistas el 10%, los más ricos el 60% y algunos nada). La otra, los seguros médicos que contratamos (9.091 millones pagados en primas en 2021). Y quedan otros 499 millones que gastan en sanidad instituciones benéficas.

El gasto sanitario privado se ha disparado porque han subido las consultas privadas y la gente cuida más su boca, sus ojos o su cuerpo, al margen de la sanidad pública. Pero el gran salto se ha dado en los seguros médicos privados, según la Fundación IDIS: en 2023 había ya 12.422.000 españoles cubiertos por un seguro médico privado, 360.000 más que en 2022 y 1.836.000 asegurados más que en 2019, antes de la pandemia. De ellos, 1.988.000 son empleados públicos (funcionarios de MUFACE, personal de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil integrados en ISFAS y personal judicial de MUGEJU), a los que la Administración les paga un seguro médico privado (porque el 78% de los funcionarios lo eligen frente a la sanidad pública). Y el resto, 10.681.200 españoles son personas que pagan cada mes un seguro médico privado (casi 2 millones más que en 2019).

Eso supone que uno de cada cuatro españoles tiene un seguro médico privado (25,9% de penetración media), aunque resulta mucho mayor en 3 autonomías: Madrid (el 38,7% de la población tiene seguro médico), Cataluña (32,4%) y Baleares (30,9%), según el informe IDIS. Curiosamente, son 3 autonomías que tienen una sanidad pública “deficiente, según el informe 2023 de la Fundación en Defensa de la Sanidad Pública (FDSP), que valora la sanidad de cada autonomía” (Madrid ocupa el puesto 13º, Barcelona el 12º y Baleares el 10%). En el otro extremo, las autonomías con menos peso de los seguros médicos están Navarra (11,2% de la población los tiene), Cantabria (11,8%), Murcia (13,2%), Extremadura (13,2%) y Galicia (16,5%). Y Navarra es la autonomía con la mejor sanidad pública, según el ranking 2023 de la FADSP, Extremadura es la 3ª mejor, Galicia la 6ª y Cantabria la 9ª mejor (sólo Murcia rompe la tendencia, ocupando el puesto 16º, sólo por delante de Andalucía, el “farolillo rojo”).

Las primas que pagan los que tienen un seguro médico privado también se han disparado, hasta los 10.711 millones en 2023 (frente a 8.923 millones en 2019). Los seguros médicos llevan cinco años siendo los seguros que más crecen, por encima del seguro de hogar, del automóvil o los seguros de vida. El negocio está muy concentrado y las 3 primeras aseguradoras controlan más de la mitad del mercado: SegurCaixa Adeslas (3.244 millones en primas, el 28,6% de cuota), Sanitas (1.831 millones, el 16,9%) y Asisa (1.459 millones, el 12,9%). Les siguen DKV Seguros (7,5% cuota), Mapfre (6,8%), Axa (2,6%), IMQ (2%), Asistencia Médica Colegial (1,9%) y FIATC (1,8%). Estas 9 controlan el 80,4% de las primas.

Entre “el gasto de bolsillo” (sanidad, medicinas y copagos) y los seguros médicos, cada español paga 699 euros al año en sanidad privada (503 euros en gasto de bolsillo y 195 euros en seguros médicos), según el Informe IDIS 2024. Pero hay 8 autonomías donde los ciudadanos pagan mucho más. Por un lado, Cataluña (854 euros per cápita en gasto sanitario, 560 de bolsillo y 294 euros en seguros médicos), Madrid (851 euros por persona, 489 en gasto sanitario y 362 euros per cápita en seguros médicos, el pago más alto en España) y Baleares (803 euros de gasto privado per cápita, 491 en sanidad y copagos y 312 euros en seguros médicos, el 2º mayor pago), las tres autonomías con sanidad pública “deficiente”, según la FADSP. Les siguen La Rioja (748 euros: 594 en sanidad y 154 en seguros), Aragón (741: 550 y 191), Comunidad Valenciana (736: 575 y 161), País Vasco (715: 524 y 191) y Castilla y León (701 euros per cápita: 542 en sanidad y 195 en seguros).

La otra gran fuente de ingresos de la sanidad privada, junto a los “gastos de bolsillo” y los seguros médicos son los “conciertos” que les paga la sanidad pública, para que atiendan y operen en hospitales privados a pacientes de la sanidad pública o en pago por la gestión privada de hospitales públicos. Estos conciertos se han disparado en la última década, sobre todo en las autonomías gobernadas por el PP, y en 2022 supusieron 9.521 millones de ingresos extras para la sanidad privada (que se llevó el 10,2% del Presupuesto sanitario público). El 63% de los hospitales privados tienen algún tipo de concierto y hay 8 hospitales públicos de gestión privada (4 en Madrid, 3 en la Comunidad Valenciana y 1 en la Rioja). El peso de los conciertos es mayor en Cataluña (el sector privado sanitario se lleva 3.299 millones, el 22,7% del gasto sanitario público, porque hay 98 hospitales privados de utilización pública), en Madrid (1.377 millones, el 12,4% del presupuesto público en sanidad) y en Canarias (296 millones, el 7,2% del presupuesto sanitario público allí), precisamente tres autonomías con la sanidad “deficiente” (Madrid y Cataluña) o “peor” (Canarias), según el ranking de la FADSP. Otras tienen un menor porcentaje de conciertos (6,5% Navarra, 6,1% Baleares y 6% en Asturias y País Vasco, siendo menor lo que ingresan el resto.

El “gasto de bolsillo”, los seguros médicos y los conciertos son las tres fuentes de ingresos de la sanidad privada y los tres motores que la han impulsado, hasta suponer casi el 40% del gasto sanitario total (28,4% más 10,2% los conciertos). Gracias a esta “gasolina”, la sanidad privada cuenta con 438 hospitales (el 57% del total) y 50.574 camas (el 32% del total), donde trabajan 300.226 profesionales (69.052 médicos). Una sanidad privada que ya gestiona el 29% de las altas, el 31,2% de las estancias hospitalarias, el 29,7% de las consultas, el 31% de las urgencias y el 41,3% de las intervenciones quirúrgicas, un trabajo creciente apoyado por la derivación de pacientes, consultas (6,3%), urgencias (el 5,8%) e intervenciones (el 8,7%) desde la sanidad pública. Eso sí, según diversos estudios, la sanidad privada absorbe los casos menos complejos y las estancias e intervenciones más cortas y menos costosas.

La sanidad privada está cada vez más concentrada y en manos de inversores extranjeros, con 13 Grupos sanitarios que concentran el 47% de los hospitales y el 55% de las camas privadas, según el informe IDIS. Encabeza el ranking, el grupo Quirón Salud (propiedad del grupo alemán Fresenius), con 45 hospitales y 6.139 camas, seguido de los Hermanos de San Juan de Dios (29 hospitales y 6.110 camas), HM Hospitales (propiedad familia Abarca Cidón), con 21 hospitales y 1883 camas, el grupo Vithas (80% familia Gallardo y 20% Criteria Caixa), con 20 hospitales y 2.189 camas, el grupo HLA (de Asisa), con 16 hospitales y 1.310 camas, el grupo Viamer (propiedad del fondo australiano MAM), con 14 hospitales y 946 camas, las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón, con 13 hospitales y 3.326 camas, el grupo Hestia Alliance (propiedad del gigante alemán Median Kliniken), con 10 hospitales y 1.932 camas, el grupo Ribera Salud (vendido al Fondo francés Vivalto Partners), con 10 hospitales y 1.112 camas, el grupo vallisoletano Recoletas, con 7 hospitales y 830 camas y el grupo canario Hospiten, con 7 hospitales y 1.219 camas, agrupando el resto de hospitales independientes 15.200 camas privadas.

El negocio de los hospitales privados facturó 12.400 millones de euros en 2022, que obtuvieron de las aseguradoras (6.865 millones, un 55,3% más que en 2021), de los conciertos con la sanidad pública (4.325 millones, +34,88%) y de su actividad sanitaria puramente privada (1.210 millones), según la Fundación IDIS. Más de un tercio del negocio total (4.441 millones) lo facturó el gigante del sector, el grupo Quirón, seguido muy lejos de Vithas (699 millones), Ribera Salud (585 millones), grupo HLA (576 millones), HM hospitales (575 millones), Hospitales Católicos de Madrid (410 millones), Hospiten (360 millones), Sanitas (350 millones), Clínica Universitaria de Navarra (300) y grupo IMED (hospitales Levante), 180 millones.

La sanidad privada crece, pero a costa de la sanidad pública, que pierde peso desde 2009 y sobre todo desde 2022, según un reciente estudio de la Federación en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que destaca el fuerte aumento del “gasto de bolsillo” en España (21% del gasto total, frente al 18% en la OCDE) y los conciertos, crecientes en las autonomías gobernadas por el PP y nacionalistas, sobre todo durante los años de recortes. El estudio analiza 10 variables del avance de la privatización sanitaria por autonomías, desde el gasto en seguros privados a los conciertos y las derivaciones de pacientes, los modelos de colaboración público-privada y la dedicación exclusiva entre los sanitarios. Y analizando estas variables, distinguen 3 grupos de autonomías, con más y menos privatización sanitaria.

El primer grupo lo integran las 4 autonomías con mayor grado de privatización de la sanidad: Madrid (28 puntos), Baleares (27 puntos), Cataluña (26) y Andalucía (25), cuatro regiones que tienen una sanidad “deficiente” (Madrid, Baleares y Cataluña) o “pobre” (Andalucía, la autonomía con la peor sanidad pública, según el ranking de la FADSP). En el 2º grupo, con un grado “intermedio” de privatización están Aragón y Comunidad Valenciana (24 puntos), Asturias y Canarias (23), Murcia (22), Castilla y León (21), Cantabria y Galicia (20 puntos), País Vasco y la Rioja (19 puntos). Y en el tercer grupo, con el menor grado de privatización sanitaria, están Castilla la Mancha (18 puntos), Extremadura y Navarra (16 puntos), las dos autonomías con la sanidad menos privatizada y, curiosamente, dos de las autonomías con mejor sanidad pública (Navarra la nº1 y Extremadura la 3ª).

Los expertos dela FADSP critican la creciente privatización de la sanidad porque incrementa costes y "mercantiliza" un derecho fundamental de las personas. Pero creen que no puede reducirse esta elevada privatización mientras no se resuelva el grave problema de las listas de espera (849.535 españoles en lista de espera quirúrgica y 3.917.485 en espera de una primera consulta) , que explican el auge de los seguros médicos y de los conciertos con la privada. Y denuncian que “no se está haciendo nada” para reducirlas, ni desde Sanidad ni desde las autonomías, por lo que piden reforzar los medios y personal de la sanidad pública. Y en paralelo, piden unas políticas públicas que refuercen la sanidad pública y frenen el ascenso de la privada.

Precisamente, el lunes pasado, la ministra de Sanidad inició la consulta pública de la futura Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que decayó en la pasada Legislatura por el adelanto electoral. La Ley pretende, según el Gobierno, “asegurar la gestión pública de los servicios sanitarios y cerrar el paso a las empresas privadas con ánimo de lucro”, sustituyendo a la Ley 15/1997 aprobada por Aznar, que “ha deteriorado la sanidad”, según la ministra Mónica García. La futura Ley, sometida a consulta, pretende limitar la gestión privada de la sanidad, mejorar la auditoría y transparencia de los modelos de gestión privada existentes, facilitar la reversión de servicios ahora privatizados y fijar nuevos criterios para la gestión futura del sistema sanitario público. El proyecto ya ha despertado recelos en la sanidad privada, pero tiene un problema de partida: por mucho que se cambie la Ley, el día a día de la gestión sanitaria lo controlan las autonomías, 11 en manos del PP (y VOX). Y no parece que quieran dar marcha atrás en la privatización que han alentado estos años.

En cualquier caso, algo habrá que hacer, porque la sanidad es “la 2ª mayor preocupación de los españoles” (tras la economía y el empleo), según el CIS. Y no parece lógico que sigamos afrontando los problemas de atención y listas de espera a golpe de seguros privados y más conciertos con la privada. Una cosa es que la sanidad privada cubra vacíos y complemente la oferta y otra que cope el 40% del gasto sanitario y deje fuera a los que no puedan pagarlo. Urge reforzar la sanidad pública y no hundirla para que crezca la privada.

jueves, 13 de julio de 2023

Competencia vigila los seguros médicos

Las listas de espera en la sanidad pública siguen disparadas y eso alimenta la contratación de seguros médicos privados: son los seguros más contratados y han crecido otro 7,5% este año. Las aseguradoras se aprovechan, con subidas de tarifas reiteradas: +34,8% en 6 años. El problema es que, con 12,5 millones de asegurados, los seguros médicos privados se han masificado y hay también listas de espera. Mi caso: 10 meses de demora para el dermatólogo en la sanidad pública y 3 meses en el seguro privado. Además, muchos médicos se quejan de que las aseguradoras apenas les pagan por consulta, aparte de presionarles para que reduzcan tiempos y pidan menos pruebas. Por ello, la Comisión de la Competencia (CNMC) ha abierto una consulta a médicos, pacientes y aseguradoras, para investigar los seguros médicos. Temen que haya concentración (5 aseguradoras controlan el 71,7% de las pólizas) y algunas tienen también hospitales (son juez y parte…). Y hay asegurados con problemas médicos que no pueden cambiarse, sobre todo mayores. Falta transparencia

Enrique Ortega

En España hay un desequilibrio creciente entre la sanidad pública, que va a menos, y la sanidad privada, que va a más. En 2020, el gasto público en sanidad era de 82.094 millones (+2.285 millones que en 2010, +2,8%), el 7,9% del PIB, muy por debajo de la media de gasto sanitario público de la OCDE (10,8% del PIB) y de Alemania (12,8%), Francia (12,2%), Reino Unido (12%), Suecia o Austria (11,5%), Paises Bajos y Bélgica (11,5%), Portugal (10,6%) o  Italia (9,6% del PIB). Mientras estamos a la cola de gasto público en sanidad, España es el 4º país occidental con más gasto privado en sanidad: 32.140 millones de gasto en 2022 (+2.442 millones que en 2010, +2,8%), el 2,9% del PIB, muy por encima de la media de gasto sanitario privado en la OCDE (2,3% del PIB), sólo por detrás del gasto en Portugal (35,5% del PIB), Suiza (30,1%) y Polonia (22,7%), y muy por encima del gasto sanitario privado en Alemania y Francia (1,9% del PIB), Reino Unido (2,9%) e Italia (2,3% del PIB), según los últimos datos de la OCDE.

En realidad, el gasto privado en sanidad es mayor, porque una parte del gasto público del Sistema Nacional de Salud (SNS) acaba en la sanidad privada, en forma de pago de conciertos para que los hospitales privados atiendan a pacientes de la pública. En 2020, esos conciertos desviaron 8.582 millones de fondos públicos a la sanidad privada, con lo que el gasto sanitario privado real fue de 40.727 millones de euros, frente a 79.476 millones de gasto sanitario público real. A lo claro: que un tercio del gasto sanitario que se hace en España (seguros médicos y pago de consultas) se lo lleva la sanidad privada. Hace una década, en 2010, el gasto sanitario privado rondaba los 27.000 millones de euros, el 25,6% del gasto sanitario total. Así que la sanidad privada ha pasado de ser la cuarta parte a un tercio, lo que demuestra la progresiva privatización de la sanidad en España.

El motor de este crecimiento de la sanidad privada somos los pacientes, que cada vez gastamos más en seguros médicos y en el pago de servicios médicos privados, en clínicas y hospitales. Y sobre todo, después de la pandemia. Así, en 2022, el gasto médico privado fue de 671 euros por español (601 euros pagábamos en 2010), frente a 2.022 euros de gasto público por habitante (1.595 en 2019), según el último informe de la Fundación Idis (sanidad privada). La mayor parte de este gasto sanitario privado (497 euros en 2022) lo hacemos al ir a clínicas o médicos privados y pagar directamente el servicio, pero otra parte, 174 euros por habitante en 2022, se destina a pagar un seguro médico privado (148 euros pagábamos de media en 2019). Y hay enormes diferencias en este pago de un seguro privado según autonomías: en Madrid pagamos de media 599 euros anuales por habitante, en Baleares 293 euros, en Cataluña 270 euros, en el País Vasco 196 euros y en Aragón 178 euros, mientras rondan los 100 euros anuales por habitante el gasto en seguros médicos en Navarra (96), Cantabria (101) y Murcia (102 euros por habitante).

Este gasto de los españoles en seguros médicos se ha disparado en la última década, alentado por el deterioro de la sanidad pública y las listas de espera, que no paran de crecer: en diciembre de 2022, había 793.521 españoles esperando una operación (120 días de espera media y la quinta parte más de 6 meses) y una espera media para ir al especialista de 95 días (más de la mitad de los 85 por 1.000 habitantes que esperan cita se encuentran con una demora de más de 3 meses). Esta abultada lista de espera en la sanidad pública ha disparado los seguros médicos privados, que llevan años siendo los que más crecen (más que el automóvil y el seguro de hogar): en 2022 se pagaron primas de seguros médicos por 10.543 millones de euros (+43% sobre 2015) y este primer trimestre de 2023 ya se han pagado seguros médicos por 2.944 millones (+7,5%), otro récord. Y se estima que 12,5 millones de españoles tienen un seguro médico privado, el 26% de la población. Un porcentaje que es mayor en Madrid (37,7%), Cataluña (31,2%) y Baleares (30,3%), según los datos de la patronal UNESPA.

La fuerte demanda de seguros médicos ha disparado sus precios, aunque junto al coste medio de los seguros en vigor se vendan seguros médicos “low cost”, “desde 9 euros al mes”. Sólo este año, de enero a mayo, los seguros médicos han subido un +8,4%, según el INE, casi el triple que la inflación general (+3,2% en mayo). Y si buscamos la subida de los 5 años anteriores (+26,4%), concluiremos que los seguros médicos han subido un +34,8% entre 2018 y 2023, el doble que la inflación global (+16,9% estos 6 años) y casi el triple de lo que han subido los salarios estos años (+13,29%). Y la tendencia es que sigan subiendo más que la inflación, por la fuerte demanda y los costes crecientes de la atención médica.

Dividiendo las primas que pagan por los seguros médicos esos 12,5 millones de asegurados, sale un coste medio de 880 euros anuales por asegurado, unos 75 euros mensuales por persona. El” truco”, como en otros seguros, es una “guerra de precios para captar nuevos clientes, ofreciendo pólizas muy baratas (unos 20 euros al mes), con bajas coberturas, muchos copagos y basadas en “la atención online”. Incluso se utilizan las redes sociales y plataformas digitales para vender seguros médicos “low cost”. Pero luego, esos seguros suben y los asegurados buscan mayores coberturas, con lo que acaban pagando mucho más. Una familia media está pagando ya entre 150 y 200 euros mensuales, duplicando ese coste si los padres superan los 45 años. El perfil de los que pagan un seguro médico privado, según UNESPA, son  los que tienen entre 30 y 65 años (el 51% de los asegurados), destacando el poco peso de los mayores de 70 años: sólo el 6% tienen un seguro médico privado, por su alto coste y las dificultades para contratarlo.

La masificación de los seguros médicos privados (hay 1,5 millones más que antes de la pandemia) está provocando problemas a los asegurados: se ha deteriorado la atención y hay más listas de espera para ir a un médico y hospital privado. Mi caso: la sanidad pública me ha dado cita dentro de 10 meses para la consulta de un dermatólogo y mi seguro privado me da 3 meses… Los sindicatos del sector denuncian demoras de 3 meses para un dermatólogo, mes y medio para una resonancia, dos meses para traumatología y un mes para el pediatra o la revisión ginecológica… Y eso pagando un costoso seguro mensual. El mayor colapso se da en Madrid (hay 2,5 millones de asegurados), Barcelona y Baleares, pero también en ciudades más pequeñas y en algunas especialidades.

En paralelo, los médicos que trabajan para las aseguradoras y hospitales privados se quejan de que tienen demasiados pacientes y que en algunos casos les han pedido acelerar el tiempo de consulta (“no más de 10 minutos”), como en la pública. Y “pedir menos pruebas”, para abaratar costes. Pero las mayores quejas de los médicos son que las aseguradoras les pagan poco por atender a esos pacientes privados. Ya hay una plataforma de médicos, Unipromel, que defiende subir las tarifas, porque son las mismas que hace 30 años. Aseguran que están cobrando entre 7 y 12 euros por consulta y 229 euros por una operación de apéndice, por ejemplo. Y que en el caso de médicos autónomos, que trabajan en hospitales, tienen que pagarles un 30% de comisión por usar sus instalaciones. En general, se quejan de que son miles de médicos sin capacidad de negociación, a los que las aseguradoras les imponen sus tarifas y condiciones, sin repercutirles la subida de los seguros.

En medio de este panorama, la Comisión de la Competencia (CNMC) abrió el 24 de marzo una “consulta” sobre los seguros médicos privados, para que les mandaran opiniones médicos, pacientes y aseguradoras. Al cerrarse el plazo de recepción de opiniones, el 26 de mayo, la CNMC se vio sorprendida por una avalancha de respuestas (690), la mayoría críticas, sobre todo de médicos y pacientes. Ahora, la Comisión está investigando estas quejas y emitirá un informe, con medidas y propuestas, para finales de 2024.

La Comisión de la Competencia (CNMC) está preocupada por 3 prácticas que han observado en los seguros médicos. La primera un exceso de concentración en el sector: las 5 mayores aseguradoras copan el 71,7% del mercado, según los datos de 2022. Son SegurCaixa Adeslas (controlada en un 50% por Mutua Madrileña y un 49% por VidaCaixa Group), con el 28,9% del mercado (3.054 millones de primas) , Sanitas (propiedad de la multinacional británica BUPA), con el 15,4% (1.633 millones), Asisa (propiedad de la cooperativa médica Lavinia, dueña de los hospitales HLA), con el 13,3% de cuota (1.403 millones), DKV Seguros (filial de la aseguradora alemana DKV), con otro 7,3% (775 millones) y Mapfre (propiedad de la aseguradora española, varios Fondos de inversión y Allianz),con el 6,8% restante (714 millones). Y si añadimos las 5 siguientes, la sociedad vasca IMQ (2,5%, tras comprar un 50% Adeslas en 2022), la aseguradora Axa (2,4%), Asistencia Médica Colegial (2%), FIATC (1,7%) y Caser (1,6%), el Top 10 de las aseguradoras acapara el 81,9% de los seguros médicos privados en España. Una fuerza tremenda para imponer precios a los asegurados, a los médicos y a los hospitales privados.

La 2ª preocupación de la CNMC sobre este sector es la creciente integración entre aseguradoras y hospitales privados: cada vez hay más participaciones cruzadas y eso puede provocar que la atención médica se rija por criterios comerciales en lugar de sanitarios si los dueños de los hospitales (y los jefes de los médicos) son las aseguradoras. Es el caso de Sanitas, que cuenta con 4 hospitales propios (3 en Madrid y uno en Barcelona) más 20 Centros multiespecialidad, además de los 240 hospitales concertados. Y Asisa es dueña de los 17 hospitales HLA, con casi 10.000 médicos, 36 Centros médicos especializados y Asisa dental. También DKV tiene 22 espacios de salud propios, además de los 1.000 centros concertados. Y Adeslas cuenta con 27 Centros propios, además de 1.300 Centros y 216 hospitales concertados. Aseguradoras que son “juez y parte” en esta atención sanitaria.

La 3ª preocupación de la CNMC son los “pacientes prisioneros de sus aseguradoras. El origen del problema es que se disparan las primas si alguien tiene una enfermedad previa a contratar un seguro. Pero si la enfermedad llega después, la aseguradora no le puede subir la prima por ello. Pero el paciente está “prisionero”, porque si quisiera cambiar de aseguradora, tendría problemas para hacerlo (si tiene problemas con una rodilla, por ejemplo, eso se excluye del futuro seguro) o le subiría mucho más el seguro. Así que, a partir de una determinada edad y los consiguientes achaques, uno es “prisionero” de su seguro médico.

Todo esto es lo que ahora investiga la CNMC, con los testimonios de asegurados, médicos, aseguradoras y hospitales, aunque cualquier medida o denuncia no será realidad hasta 2025. Mientras, la sanidad pública sigue con sus problemas y no parece que mejorar su atención sea una prioridad de los nuevos gobiernos autonómicos. Mientras, crecen las listas de espera en la sanidad pública, lo que ya empieza a preocupar a la sanidad privada: “estamos sufriendo masificación en algunos hospitales y especialidades·, ha reconocido Juan Abarca, presidente del IDIS (sanidad privada), que ha pedido “tomar medidas para que la sanidad pública funcione de forma eficiente”. A lo claro: que se mejore la sanidad pública, porque la situación actual les perjudica, al colapsar la sanidad privada.

En resumen, que los problemas no resueltos en la sanidad pública están empezando a contagiar a la sanidad privada y muchos asegurados se quejan de las listas de espera y el deterioro en la medicina privada que les cuesta mucho dinero cada mes. Urge tomar medidas y que el próximo Gobierno pacte un Plan de choque para reducir las listas de espera en la sanidad pública, reforzando la atención primaria y  las especialidades con más demora, junto a mejoras de las urgencias y los hospitales. Hasta la sanidad privada pide un Pacto para mejorar la sanidad pública, porque complica su negocio. Todo va a depender de los resultados electorales del 23 de julio, aunque no debería ser así: la sanidad es la prioridad para la mayoría y no puede seguir siendo un problema, con o sin seguro privado. Hagan algo.

lunes, 13 de febrero de 2023

Los seguros médicos siguen creciendo

Los problemas en la sanidad pública siguen alimentando la contratación de seguros médicos privados: lo tienen 12 millones de personas, una cuarta parte de los españoles y millón y medio más que antes de la pandemia. Encima, sus cuotas subieron un +21,6% estos cuatro años y hay quejas: de los pacientes porque hay retrasos en la atención y de los médicos porque las aseguradoras les pagan 10 euros por consulta. Estos seguros médicos facturan más de 10.000 millones y son “la gasolina” de la sanidad privada: les aportan el 55% de sus ingresos y otro 35% los convenios para que atiendan a pacientes derivados de la pública. Resultado: la sanidad privada crece y supone casi el 30% del gasto sanitario (más que en Europa), mientras cae el peso de la sanidad pública, que depende de las autonomías (financian el 93%), que sólo suben un 7,7% su gasto sanitario en 2023. Es un escándalo que la privada crezca a costa de hundir la sanidad pública.

Enrique Ortega

La crisis de la sanidad pública y las abultadas listas de espera son la mejor publicidad para la contratación de seguros médicos privados: crecen desde hace más de una década, pero sobre todo tras la pandemia y especialmente en 2022. El seguro médico es el seguro que más creció el año pasado, un +7% (frente al +4,93% en 2021), por encima del conjunto de los seguros (crecieron un +4,65% en 2022), según UNESPA. Y factura ya más de 10.000 millones anuales (10.543 millones en 2022), lo que supone un salto espectacular en esta parte del negocio asegurador, dado que facturaban 7.739 millones en 2016 y 8.572 millones en 2019, lo que supone un crecimiento en las primas del +36% en 6 años. Y si nos vamos más atrás, a 1996, los seguros médicos sólo facturaban 2.000 millones anuales, lo que significa que este seguro se ha multiplicado por 5 en los últimos 26 años, cuando todo el negocio del seguro sólo ha triplicado su facturación estos años.  

Este boom” de los seguros médicos privados se ve también en el número de asegurados, que a finales de 2022 habrá superado los 12 millones de españoles. Al terminar 2021 se contabilizaban 11.555.000 asegurados, según el último dato de ICEA, pero todo hace preveer que en 2022 lo habrán contratado otro medio millón más, como en 2020 y 2021. Con ello, hay un millón y medio de españoles más con seguro médico privado que antes de la pandemia (10.586.000 en 2019). De esos 12 millones de asegurados, la mayoría (10,2 millones) son españoles que se pagan su seguro (6,2 millones) o  se lo paga su empresa (4 millones de trabajadores). Y el resto son 1,8 millones de funcionarios y militares, cubiertos por un seguro médico privado que les paga el Estado (el 82,3% elijen que les atienda una aseguradora privada en vez de la sanidad pública). El salto en el número de asegurados ha sido también muy llamativo: se ha pasado de 9,5 millones de españoles con seguro médico privado en 2015 a los 12 millones de 2022 (+26,3%).

El negocio de los seguros médicos está muy concentrado en España, ya que las 5 primeras aseguradoras se reparten el 73% del mercado, según el balance de 2022 de ICEA: el 30,04% de las primas (3.167 millones) las ingresa SegurCaixa Adeslas (controlada en un 50% por Mutua Madrileña y un 49% por VidaCaixa Group), otro 15,49% Sanitas (propiedad de la multinacional británica BUPA), un 13,25% Asisa (propiedad de la cooperativa médica Lavinia, dueña de los hospitales HLA), otro 7,40% DKV Seguros (filial de la aseguradora alemana DKV) y un 6,77% MAPFRE (propiedad de la aseguradora española, varios Fondos de inversión y Allianz). Completan el ranking la aseguradora francesa Axa (2,52% del mercado), la sociedad vasca IMQ (cuyo 50% compró Adeslas en 2022), Asistencia Médica Colegial (1,98%), FIATC (1,76%) y CASER (1,66%). En total, el TOP 10 acapara el 83% del mercado.

Con los datos estimados para 2022 (12 millones de asegurados), más de un 25% de los españoles tienen ya un seguro médico privado. Los últimos datos publicados por la Fundación IDIS (de 2021), ya señalaban una cobertura del 24,41% de la población, frente a sólo el 19,06% en 2012. Pero el reparto es muy desigual. Hay regiones con más seguros médicos que la media, en especial Madrid (el 39% de la población tenía un seguro privado en 2021), Cataluña (35%) y Baleares (33%), además de Ceuta (36,09%) y Melilla (33,12%). Curiosamente, coinciden con algunas de las autonomías que dedican menos gasto público a sanidad: Madrid (1.627 euros per cápita), Cataluña (1.891 euros) y  Baleares 1.781 euros per cápita), como indica el Informe de la Fundación IDIS. Y tienen un bajo porcentaje de seguros médicos Navarra (13%), Murcia (15%), Cantabria (16%), Galicia y la Rioja (19%), quizás porque tienen un alto porcentaje de mayores, que no se hacen tantos seguros médicos privados, por su alto coste y porque los más viejos son “rechazados”.

El perfil de los que pagan un seguro médico privado, según UNESPA, son mayoritariamente los que tienen entre 30 y 65 años (el 51% de los asegurados en 2021), destacando el poco peso de los mayores de 70 años: sólo el 6% tienen un seguro médico privado, por su alto coste y las dificultades para contratarlo. Los expertos indican que hay “dos momentos” en que las personas se plantean contratar un seguro médico privado: cuando van a tener un hijo (por el parto y las prestaciones pediátricas en los primeros años) y cuando se acerca la madurez y empiezan los achaques. Y ahora, tras tres años de pandemia y con la sanidad pública colapsada, el reclamo para hacerlo es general.

La pandemia (con muchos ancianos en residencias desatendidos en hospitales públicos), las elevadas listas de espera y el colapso en la atención primaria y las urgencias han sido “la mejor publicidad” para los seguros médicos privados. Pero además, las aseguradoras se han volcado en agresivas campañas de publicidad y en ofertas de seguros “low cost”, ofreciendo seguros médicos incluso “desde 9 euros al mes”, apoyados en bajas coberturas, copagos y atención médica “online”, seguros de baja calidad. Una novedad en este mercado, además de la entrada de nuevos competidores (como las telecos o las tecnológicas) es la creciente utilización del marketing digital para vender seguros médicos, con una fuerte presencia de ofertas en Facebook y otras redes sociales. Incluso Sanitas vende seguros médicos a través de la plataforma de Amazon.

La crisis de la sanidad pública y la creciente demanda han provocado una fuerte subida de los precios de los seguros médicos, no en la contratación inicial (donde está la “guerra de ofertas”) sino al revisarse la prima cada año (como pasa en los seguros del automóvil).En 2022, las tarifas de los seguros médicos subieron un +6,6%, por encima de la inflación anual (+5,7%), según el desglose del IPC. Y más que en 2021 (+5,2%), 2020 (+4,8%) y 2019 (+5%). Con ello, los seguros médicos privados han subido un +21,6% desde 2019, más que la inflación total (subió +14,4 % en estos cuatro años). Y todavía se espera que suban más este año 2023, un +7,5% según los expertos, para compensar las subidas de costes. Y además, se espera que las aseguradoras intenten mejorar sus márgenes con más copagos, recorte de las coberturas y un aumento de la telemedicina.

Al final, pagar un seguro médico supone a las familias entre 132 euros mensuales (con copagos) y 190 euros, duplicando ese coste si los padres superan los 45 años. Y además, los que tienen un seguro médico privado se encuentran ahora con dos problemas: está habiendo retrasos para conseguir una cita con un especialista (menos que en la pública, pero hay demoras) y hay médicos que no atienden a asegurados, que sólo aceptan pagos privados. Y eso porque muchos facultativos se quejan de que no se han actualizado las tarifas y que cobran 10 euros por consulta (la segunda y restantes, cobrando 20 euros la primera), “menos que un técnico que nos arregla la lavadora”. Y por eso, a principios de año hubo protestas de médicos autónomos, tras haber firmado en octubre el Manifiesto “Dignifica”.

Los seguros médicos son la “gasolina” que alimenta la sanidad privada en España, que cuenta con 431 hospitales (el 56%), 49.748 camas (el 32% del total) y 286.719 empleados (65.945 médicos y 71.680 enfermeras), según el Informe de la Fundación IDIS. En 2021, la sanidad privada  facturó en España 11.525 millones de euros, un 1,21% más que en 2019. Los ingresos que aportan las aseguradoras (6.340 millones que pagamos con nuestros seguros médicos) supusieron el 55% de los ingresos totales de los hospitales privados. Y otro 35% de estos ingresos proceden de los conciertos (4.035 millones en 2021) que pagan las autonomías a estos hospitales por atender y operar a pacientes o por gestionar hospitales públicos (hay 9 hospitales públicos, 4 en Madrid, 4 en la Comunidad Valenciana y uno en la Rioja, que son de gestión privada, heredada de la época de Aguirre y Camps). Así que los españoles financiamos el 90% de los hospitales privados con los seguros privados que pagamos y con nuestros impuestos (conciertos). Sólo el 10% restante se financia con los pacientes privados que pagan de su bolsillo consultas y operaciones.

Hay que resaltar que la sanidad pública (autonomías) deriva un 10% del gasto sanitario público a esos conciertos con la sanidad privada (no sólo a hospitales): “desviaron” 8.381 millones de euros en 2020, según la Fundación IDIS. Unos recursos públicos que benefician a 173 hospitales privados y 105 privados de utilización pública. Se les paga para que realicen pruebas e intervenciones (para descargar las listas de espera), para ofrecer determinadas prestaciones (diálisis, terapias respiratorias, logopedia, rehabilitación, transporte enfermos) y para que gestionen centros de salud y especialistas. Lo llamativo es que hay autonomías que desvían más porcentaje de recursos públicos a la sanidad privada, como son Cataluña (3.287 millones en 2021, el 24,2% de su gasto sanitario público, porque hay una enorme red privada que atiende pacientes concertados), Madrid (902,4 millones, el 8,9% del gasto sanitario público de la Comunidad) y Baleares (176,3 millones, el 9,2%). En las demás, los conciertos privados se llevan una media del 5% del gasto sanitario público.

El “boom” de los seguros médicos privados y los crecientes ingresos por los conciertos han relanzado la sanidad privada en España, que gana peso año tras año. Así, en 2019 (último año con datos), la sanidad privada suponía un gasto de 33.398 millones de euros, casi el 30% (29,4%) del gasto sanitario total, cuando una década antes, en 2009, no llegaba a la cuarta parte del gasto total. La contrapartida es que la sanidad pública supone ahora el 70,6% del gasto total, cuando en 2009 era el 75,1%. Y ese aumento del peso del gasto sanitario privado (porque los españoles gastan más en seguros médicos y en pagar la atención sanitaria privada) coloca a España como el tercer país europeo con más peso de la sanidad privada (29,4%), solo por detrás de Portugal (39%) y Suiza (33,2%), por delante de la media OCDE (22,9% supone el gasto sanitario privado), Italia (26,1%), Reino Unido (21,5%), Francia (16,3%) o Alemania (15,4%), según la Fundación IDIS.

Este auge de la sanidad privada en España explica el interés de multinacionales y Fondos de inversión por entrar en el negocio sanitario y asegurador español, con múltiples compras en los últimos años. El negocio de la sanidad privada está muy concentrado, como el de los seguros médicos, según la Fundación IDIS: los 5 mayores grupos hospitalarios facturan el 53% de todo el sector no benéfico (hay otra sanidad privada con fines benéficos, como los 35 hospitales de los Hermanos de San Juan de Dios, los 14 de las Hermanas Hospitalarias o los 6 hospitales de la Cruz Roja). El grupo líder, a mucha distancia, es Quirón Salud (4.021 millones facturados en 2021, el 34,88% del total), controlado desde 2017 por la multinacional alemana Fresenius, seguido del grupo español Vithas (675 millones, un 5,85% del mercado), los hospitales HLA (de la cooperativa médica Lavinia: 480 millones facturados en 2021), HM Hospitales, de la familia Abarca (480 millones) y Ribera Salud (420 millones), cuyos dueños son la norteamericana Centene Corporation y Banco Sabadell. Les siguen los Hospitales Católicos (400 millones), el grupo canario Hospiten (345 millones), Sanitas (328 millones), la Clínica Universitaria de Navarra (268 millones) e IMQ (146). Entre estos grupos hospitalarios del TOP 10 controlan el 66% del mercado sanitario privado no benéfico.

La sanidad privada y sus hospitales argumentan que “descargan de trabajo a la sanidad pública  y ahorran al Estado entre 5.679 y 15.628 millones anuales, según la Fundación IDIS. Pero no dicen que los pacientes que atienden o les desvían son los menos complicados y costosos, quedando la atención más compleja y más cara para la sanidad pública, Así, de los 4.253.183 españoles que recibieron el alta sanitaria en 2020,el 72,6% fueron atendidos en la sanidad pública y el 27,4% en la privada, según la última estadística del INE. Hasta aquí, casi normal, aunque estuvieron más días hospitalizados en la privada (10,4 de media) que en la pública (8,1 días). Pero al analizar los motivos de la hospitalización, se ve que un 37,2% de los que estuvieron en hospitales públicos fueron por enfermedades graves (cáncer, problemas cardiovasculares y respiratorios), frente al 26,04% de los atendidos en hospitales privados. Además, la sanidad pública atiende a más personas mayores que la privada (un 48% de las estancias frente al 44%) y los atienden por más tiempo (8,26 días frente a 5,04), según el último estudio RESA (2019).

Al final, si los seguros médicos y la sanidad privada ganan terreno es a costa de los crecientes problemas de la sanidad pública, agravados por la pandemia. Tenemos una sanidad pública universal, eficaz y barata, según el último chequeo de la OCDE, pero arrastra problemas derivados de los pasados recortes presupuestarios y de la escasez de plantillas, con contratos precarios y mal pagados. La responsabilidad de levantar la sanidad pública está en las autonomías, que financian el 93% del gasto sanitario público. Y aquí se observa que algunas apuestan por reforzar la sanidad pública y otras por desviar recursos y pacientes a la sanidad privada. Y todas coinciden en no priorizar la sanidad: en 2022, el gasto sanitario de las autonomías aumentó un +4,15% (la mitad que la inflación), con 4 regiones que gastaron menos (Baleares, Aragón, Castilla la Mancha y Asturias). Y para 2023, el gasto sanitario de las autonomías crecerá un +7,7%, según la FDSP, con un gasto medio de 1.809 euros por habitante, un 22% inferior a la media de la UE (2.299 euros). Y hay 7 autonomías que gastarán en sanidad por debajo de la media española: Madrid (1.466 euros por habitante), Cataluña (1.456), Murcia (1.535), Andalucía (1.605). Comunidad Valenciana (1.628), Canarias (1.651) y Castilla la Mancha (1.766 euros).

En resumen, se desatiende la sanidad pública y eso nos obliga a pagar un seguro médico privado que alimenta una sanidad privada en auge, que crece a costa del deterioro de la sanidad pública. Una locura promovida por unos y permitida por otros. Ya basta.