Coronavirus: 2 décadas pagando su factura

Comienza la fase 1 de la desescalada, aunque sólo para 29 provincias y el  51% de españoles, quedando fuera Madrid y la mayor parte de Cataluña, las dos Castillas y la Comunidad Valenciana. Crucemos los dedos: avanzamos casi a ciegas, sin saber cuántos contagiados asintomáticos hay y si sufriremos un repunte que nos haga perder lo ganado. Mientras, avanza la “emergencia económica”, aunque muy diferente a la de 2008. Primero, porque se han perdido 950.000 empleos en mes y medio, frente a 3.500.000 entre 2008 y 2014. Y eso, porque hay 3,4 millones de trabajadores “aparcados” en ERTEs, más 1.400.000 autónomos, que esta vez han salvado temporalmente su empleo. Y otra diferencia: hay 8 millones de trabajadores, autónomos y parados (más de 1 de cada 3 activos) que cobran una ayuda mensual, mientras en la otra crisis, la mitad de parados no cobraban nada. Y hay ayudas millonarias a empresas y autonomías. Una elevada factura, que tardaremos 2 décadas en pagar. Ya hay quien pide “ajustes” para los próximos años, por un déficit “insostenible”, del que culparán al Gobierno. ¿Les suena?

enrique ortega

El coronavirus avanza imparable por el mundo y en las últimas 2 semanas ha contagiado a 1,1 millones de personas más: hoy, a los 131 días de detectarse el primer caso, son ya 4.103.136 contagiados en 187 paises, con 282.726 muertos, según la Universidad Jhons Hopkins. El epicentro de la pandemia sigue en Europa (1.677.046 contagiados), pero donde más crece es en Estados Unidos, con 1.329.799 contagiados, seguido de España (224.390 contagiados), Reino Unido (220.449), Italia (219.070), Rusia (209.688), Francia (177.094), Alemania (171.879) y Brasil (162.699), que podría ser el epicentro de la pandemia en las próximas semanas. Una de cada cuatro muertes por coronavirus se han dado en Estados Unidos (79.528 muertos), seguido de lejos por Reino Unido (31.930 muertos), Italia (30.560), España (26.621 muertos), Francia (26.383), Brasil (11.123) y Bélgica (8.656), el país con más muertos por millón de habitantes (755), seguido de España (566). La letalidad (muertos/contagiados) es menor en España (11,9) que en Francia (18,9), Bélgica (16,3), Reino Unido (14,7), Italia (13,9), Holanda (12,8) o Suecia (12,4), según los datos de Sanidad.


Tras 8 semanas de confinamiento, en España sigue bajando el ritmo de contagios, aunque todavía crecen algo cada día (+621 ayer, un 0,27%), también porque ahora se hacen más test, aunque las cifras no siempre son homogéneas entre autonomías. También aumentan menos los hospitalizados (465 ayer, +0,38%) y los enfermos COVID en las UCIs (+36 ayer, un 0,31%). Y aumentan menos los muertos (143 ayer, un +0,54%, frente a los 950 del 1 de abril), el 86,6% mayores de 70 años. Un dato importante: 17.500 mayores han muerto en residencias de ancianos por coronavirus o síntomas compatibles con COVID19, el 68% de todos los muertos en esta pandemia, según este estudio de El País.


Otra semana más, los datos confirman que la pandemia se reduce de forma muy desigual por autonomías. El mapa de contagios demuestra que siguen concentrados en 6 autonomías, con más contagiados por 100.000 habitantes que la media española (32,70): Castilla y León (70,64), Cataluña (68,73), Navarra (51,97), Madrid (51,79), La Rioja (46,40) y Castilla la Mancha (36,11). Y hay muchas regiones con un nivel mínimo de contagios: Murcia (2,28 por 100.000 habitantes), Canarias (4,23), Andalucía (6,94), Baleares (8,35), Asturias (9,48), Melilla (10,41) y Ceuta (11,80), según los datos de Sanidad de ayer. Hay autonomías donde no hay apenas nuevos hospitalizados por COVID 19 (Ceuta, Melilla, Murcia, Canarias, Baleares, Cantabria, Navarra o la Rioja) mientras aumentan 123 en Madrid, 97 en Cataluña o 74 en Castilla y León. No hay nuevos ingresados en UCI por coronavirus en 10 autonomías, Ceuta y Melilla, de 1 a 3 en otras 4, mientras aumentan en 36 en Madrid y 12 en Cataluña. Y  hay 11 regiones con casi ningún muerto nuevo por COVID 19, mientras los fallecidos ayer se concentran en Madrid (46), Cataluña (25), Madrid (38), Castilla la Mancha (21), País Vasco (15) y Castilla y León (12), según los datos de Sanidad.


Estas diferencias en contagios, hospitalizados, enfermos en UCIs y muertos han sido el factor más determinante para decidir si una autonomía (sus provincias y zonas sanitarias) podían pasar hoy a la fase 1 de la desescalada, que supone abrir parcialmente terrazas y comercios, permitir visitas y grupos de 10 personas y realizar muchas actividades culturales y económicas con precaución. Pero Sanidad y el Comité de expertos han añadido otros criterios, entre los que destacan 2  indicadores sanitarios claves (poder disponer en 5 días de entre 1,5 y 2 camas de UCI para enfermos COVID por 10.000 habitantes y entre 37 y 40 camas hospitalarias para enfermos agudos de coronavirus) y un sistema de detección precoz de los nuevos contagios a través de atención primaria, que permita realizar test PCR a los pacientes con síntomas y detectarlos y aislarlos en 48 horas. Y protocolos para las residencias de ancianos. Además, Sanidad tiene en cuenta la capacidad de rastreo y seguimiento de los contagios de las autonomías, su movilidad y datos socioeconómicos (actividad y empleo).


Teniendo en cuenta estas exigencias, todas las autonomías pidieron a Sanidad pasar a la fase 1 desde hoy, salvo Cataluña y Castilla y León, que reconocían no estar preparadas en la mayor parte de su territorio. La sorpresa la dio Madrid, que pidió pasar a la fase 1, en contra de la opinión de su directora de salud pública, que dimitió antes de firmar la solicitud, por considerar que Madrid  no estaba preparado para un rebrote, tras ser el epicentro de la pandemia, con 1 de cada 3 contagiados, hospitalizados y muertos en España. Sanidad se ha resistido a la presión (del gobierno de Madrid, los empresarios, el PP y Ciudadanos) y retrasa la entrada de Madrid en la fase 1, como parece lógico dado el tremendo alcance de la epidemia en la capital. Pero la presidenta Díaz Ayuso (ver foto portada El Mundo ayer) lo ha tomado como "una crítica política" a su gestión sanitaria (ver aquí un balance), que el líder del PP, Pablo Casado, elogió el 2 de mayo como "lo que haríamos para toda España". 


Al final, Sanidad ha decidido que pasen hoy a la fase 1 un total de 29 provincias, donde viven el 51% de los españoles (ver mapa). Quedan todavía en la fase 0 y no pasan Madrid y  la mayor parte de Cataluña (6 de las 9 zonas sanitarias, entre ellas Barcelona, Girona y parte de Lleida), de Castilla y León (salvo 26 zonas sanitarias en todas las provincias, menos en Segovia), de Castilla la Mancha (no pasan Toledo, Ciudad Real y Albacete), de la Comunidad Valencia (sólo pasan 10 zonas sanitarias, 1 en Castellón, 3 en Valencia y 6 en Alicante) y  tampoco Málaga y Granada en Andalucía. Estas 21 provincias “suspendidas” pueden  solicitar durante esta semana pasar a la fase 1 el lunes 18, si mejoran su situación y corrigen las deficiencias. 


Ahora, con media España en la fase 1 de desescalada, habrá que “cruzar los dedos” para que no se produzca un rebrote de contagios y muertes. La estrategia para evitarlo exige un comportamiento ejemplar de los ciudadanos (evitar contactos, desinfectar y limpiar manos y zonas comunes, utilizar guantes y mascarillas) y, sobre todo, hacer más test (se han hecho ya 1.625.211 PCR y 842.550 test serológicos, según el presidente Sánchez, aunque de forma muy desigual según las autonomías) y rastrear los contagios y sus contactos, dos tareas en las que deben centrarse ahora los Centros de salud, los médicos y enfermeras de atención primaria, que carecen de personal y medios, a pesar de los nuevos contratos prometidos y del dinero transferido a las autonomías.


Sobre los test, la novedad es que los médicos de atención primaria tienen que hacer test PCR a los pacientes con síntomas de coronavirus, lo que debería detectar nuevos casos. Hasta ahora, sólo se hacían a sanitarios, residencias de ancianos y personal de riesgo, pero ahora deben generalizarse. Y parece que hay test PCR suficientes, una vez que la industria farmacéutica española “se ha puesto las pilas” y fabrica ahora 3 millones de test PCR al mes (100.000 diarios), según asegura la patronal Fenin. Además, la multinacional catalana Grifols ha descubierto un nuevo test para detectar el COVID 19, del que va a fabricar 1 millón a la semana en San Diego (USA), y dará prioridad de suministro a España. En paralelo, las grandes empresas están haciendo test PCR (5.800 Seat) y serológicos (Endesa e Iberdrola) a sus empleados, a través de laboratorios privados, “al margen” de Sanidad, que teme que empresas y trabajadores se crean así seguros y descuiden las medidas de protección.


Pero no basta con detectar nuevos casos de coronavirus. Es importante rastrearlos, hacer un trabajo de investigación para detectar el origen  de los contagios y, lo más importante, descubrir todas las personas con las que ha estado en contacto, para hacerles un test y aislar a los contagiados asintomáticos. Para este trabajo, que los epidemiólogos consideran clave, España sólo cuenta con unos 500 sanitarios destinados a vigilancia epidemiológica, cuando necesitaríamos 14.000 “rastreadores”, según estima el Instituto Johns Hopkins, que deberían salir de nuevos contratos de médicos y enfermeras jubilados o estudiantes. Y en paralelo, urge contar ya con alguna aplicación informática para móviles que ayude a detectar contactos de posibles contagiados. Y, de cara a detectar posibles rebrotes, hay una herramienta nueva, que se ha probado con éxito en Holanda y la Comunidad Valenciana: el análisis de las aguas residuales, que detectan 16 días antes la emisión de restos de virus en las heces.


Mientras se intenta evitar el rebrote de la pandemia, sus daños económicos son más patentes cada día. La Comisión Europea acaba de publicar sus previsiones de primavera y confirma lo que ya habían dicho el FMI, el Banco de España y el Gobierno: los efectos de la pandemia van a ser más graves en España, porque tenemos un modelo económico y un exceso de precariedad laboral que nos hacen más vulnerables. La economía caerá un -9,4%, más que la media UE (-7,4%), Francia (-8,2%) o Alemania (-6,5%) y como Italia (-9,5%). El paro aumentará mucho más, al 18,9% en España (+4,8%), frente al 11,8% en Italia  (+1,8%), el 9% en la UE-27 (+2,3%), el 10,1% en Francia (+1,6%) y el 4% en Alemania (+0,8%). Y lo más preocupante, se disparará en España el déficit público (del -2,8% al 10,1% del PIB) y la deuda pública (del 95,5 al 115,5%: 117.868 millones más en un año). O sea, que el coronavirus no sólo nos daña más ahora sino que nos hipoteca para el futuro. 


Y eso, porque la crisis del coronavirus se ha afrontado de una forma distinta que la crisis de 2008. Hay 2 diferencias importantes. Una, que se ha tratado de salvar el empleo. Basten dos datos. En 2009, la economía cayó un -3,8% y se perdieron 1.210.800 empleos. Ahora, la economía se ha desplomado un -5,2% en el primer trimestre y se han perdido 947.896 empleos (898.822 entre el 12 de marzo y el 31 y sólo 49.074 en abril, tras “prohibirse” los despidos por el Gobierno a finales de marzo). Y entre 2019 y 2013, la economía española cayó un -8,8% y perdió -3.560.000 empleos, mientras ahora se espera que el PIB caiga -9,4% en 2020 y se pierdan -1.737.000 empleos, según la Comisión Europea. Esto es porque se han evitado despidos con los ERTES, donde hay “aparcados” 3,4 millones de trabajadores y 1,4 millonesde autónomos, la cuarta parte de la población ocupada en España.


La otra gran diferencia con la crisis de 2008 es que se ha tratado de ayudar a los afectados (“no dejar a nadie atrás). Y así, además de que todos los 947.896 parados nuevos cobren el paro (al margen de lo cotizado), cobran también ayudas los afectados por ERTEs (3,4 millones), los autónomos que han cesado su actividad (1,4 millones)  y la mayoría de empleadas de hogar (250.000 que cotizan de las 400.000). En total, son 8 millones de personas que cobran ayudas públicas desde que se inició el estado de alarma y hasta nueva orden (se han prorrogado los ERTES hasta finales de junio). Algo que contrasta con la crisis de 2008: con Zapatero, cobraron ayudas el 78,68% de los parados en 2009, el 76,70% en 2010 y el 69,20% en 2011, según los datos del SEPE. Y con Rajoy y sus recortes, la cobertura bajó al 64,3% en 2012, al 61,43% en 2013 y al 57,88% de 2014. Y si contabilizamos los parados estimados por la EPA (5.896.300 en 2013, el peor año de la crisis), menos de la mitad cobraban un subsidio (el 47,5%). Y aún bajaron al 45,11% en 2014. 


Al final, las ayudas a estos 8 millones de trabajadores afectados hoy por el coronavirus cuestan cada mes (mitad de marzo, abril, mayo y seguro junio) 4.512 millones, a los que sumar 2.000 millones en pago de cotizaciones y 750 millones en moratorias y aplazamientos de cuotas, 6.750 millones al mes, según Trabajo. Y a eso hay que sumar el resto de ayudas a empresas y autónomos, más las ayudas para alquileres y los fondos para la sanidad y gastos sociales. Todo ello suma ya 36.000 millones de euros, según el Gobierno, a los que sumar el nuevo Fondo de 16.000 millones aprobados la semana pasada para las autonomías (10.000 para sanidad), que se les da sin tener que devolverlo. Todo esto y más que habrá que gastar después, en la reconstrucción de la economía. Por eso, la Comisión Europea cree que el déficit público subirá este año al -10,1% (+69.337 millones).


Un agujero en las cuentas públicas que habrá que tapar con más ingresos (difícil con una economía en recesión), con ayudas europeas (será difícil que nos den ayudas a fondo perdido, sólo créditos: más deuda) y básicamente, con más deuda pública, que ya era muy elevada por la anterior crisis : pasará del 95% del PIB en 2019 al 115,6% en 2020 (+117.868 millones) y se mantendrá en el 113,7% en 2021, según las previsiones de la Comisión Europea. Una “hipoteca” que será una losa para la reconstrucción, no sólo porque nos obligará a pagar unos 50.000 millones al año en intereses (dos tercios del gasto en sanidad), sino porque nos deja a merced de los inversores, de los “mercados”. Y si nos suben la deuda sólo un 1%, serían 35.000 millones extras.


Ya se han alzado voces que hablan de una deuda “insostenible”. La Autoridad Fiscal independiente (la AIReF) ha publicado este informe donde indica que, aún con ajustes (10.000 millones al año, como hizo Rajoy desde 2012), el déficit público de España no volverá al nivel previo al coronavirus (2,8% del PIB en 2019) hasta 2028. Y la deuda, que se reduce más lentamente, no bajaría al nivel de 2019 (95% del PIB) hasta 2038. Así que saldar la factura del coronavirus nos costará 2 décadas. Y eso, con ajustes.


Este es un debate que vendrá en unos meses, cuando ya no haya muertos por el coronavirus y sólo se hable de la reconstrucción, de la mano de “expertos económicos” y  “fundamentalistas”de la austeridad, en Alemania, Holanda, Austria, Finlandia y buena parte de la Comisión Europea. Y en España, de la mano del PP (quizás con ayuda de Ciudadanos), que aprovecharan el debate de los Presupuestos 2021 para tumbar al Gobierno (tiene una mayoría muy débil), forzar elecciones anticipadas y llegar al poder para “sanear la economía y las cuentas públicas tras una gestión desastrosa de los socialistas”. ¿Les suena? 


Ahora, el reto es otro: salvar vidas y empleos, cueste lo que cueste. Eso obliga a mantener los ERTEs y las ayudas lo que haga falta, seguir prohibiendo los despidos y evitar que las cifras del paro se disparen como en la crisis de 2008. Y ayudar a los que se quedan sin ingresos, a esas nuevas familias que han caído en la pobreza y triplican sus peticiones  a Cáritas y la Cruz Roja. Hay que vencer al virus y ayudar a los que sufren la pandemia, lo que haga falta y durante el tiempo que haga falta. Ya afrontaremos después cómo pagarlo, solos o con ayudas de Europa. Y por supuesto, sin nuevos recortes.

Presupuestos "Frankenstein" para 2019

Hoy se presentan en el Congreso los Presupuestos 2019, los más "extraños" de la democracia. Un verdadero “monstruo de Frankenstein”: mezclan los ajustes de Rajoy con un “parche” de más gasto social de Sánchez. Y encima, corren el riesgo de no ser aprobados y acabar en un listado de promesas electorales del PSOE. El Gobierno Sánchez quiere evitar elecciones con un Presupuesto que hereda el tope de gasto del PP y trata de superarlo inflando los ingresos y subiendo algunos impuestos, para justificar algunos gastos sociales más, con lo que no cumplirá con el déficit prometido a Europa. Es un parche, “un quiero y no puedo” que trata de ganar tiempo y votantes. Pero aún así, es mejor tenerlo y que estimule el gasto y mejore los ingresos de muchos españoles, lo que fomentaría el crecimiento y el empleo, contrarrestando la debilidad de la recuperación. Si no se aprueba y hay elecciones, se perderán muchos meses claves hasta tener otro. Y si gana la derecha, el ajuste será peor. 

enrique ortega

Los Presupuestos suelen reflejar la política del Gobierno que los presenta. En este caso, la anomalía es que “el primer padre” de los Presupuestos 2019 es Rajoy, porque dejó al Gobierno Sánchez una “herencia” que es una pesada losa: el techo de gasto. Y en cumplimiento de esta herencia, el actual Gobierno no puede gastarse lo que quiera, sino que tiene un límite: que la diferencia de ingresos y gastos no supere un déficit del 1,3% del PIB en 2019 (16.301 millones máximo de déficit). La nueva ministra de Economía, Nadia Calviño, había conseguido en julio que la Comisión Europea “abriera la mano” y permitiera que España tuviera este año un déficit mayor, hasta el 1,8% del PIB (22.571 millones). Eso le daba al Gobierno español un desahogo: podía gastar 6.270 millones más en 2019 con permiso de Bruselas, que también ha abierto la mano con los déficits de Francia e Italia.

Y con este “oxígeno” europeo, el Gobierno Sánchez planteó subir el techo de gasto para 2019 que había heredado de Rajoy. Pero al presentarlo en el Congreso, chocó con una cláusula de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada en 2012 por Rajoy: el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta (por eso lo hizo), podía vetar un techo de gasto más expansivo. Y lo hizo, el 27 de diciembre 2018, con los votos del PP y Ciudadanos, que lo veían como una forma de forzar al Gobierno Sánchez a convocar elecciones. Y aunque el Gobierno recurrió al día siguiente al Constitucional, tiene que cumplir la Ley. Y se ha visto obligado a presentar un Presupuesto con un corsé: el déficit de Rajoy y no el que nos permite Bruselas. Eso supone que tendrán que recortar el déficit del 2,7% previsto para 2018 (32.309 millones) al 1,3% que les obliga el Senado (16.301 millones). Eso significa que este año 2.019, el Gobierno Sánchez, “de izquierdas”, tendrá que hacer un “ajuste” de 16.008 millones de euros, un “ajuste” (menos gastos y más ingresos) mayor a los que hizo Rajoy entre 2014 y 2018. Y con ello, El Gobierno Sánchez podrá gastar 6.270 millones menos en 2019 de lo que gastaría con el déficit autorizado por Europa.

¡Vaya herencia de Rajoy¡ El Gobierno Sánchez, con este hándicap, ha hecho un Presupuesto 2019 “con truco” (como todos los Presupuestos): como me obligan a gastar 6.200 millones menos y quiero gastar más (en “gastos sociales”), pues “inflo” los ingresos (como también hacía el ministro Montoro, año tras año) y así, aunque gaste más, como digo que voy a recaudar más, pues no me paso del tope de déficit “heredado” de Rajoy. La estrategia es muy descarada, a la vista de las cifras presentadas: esperan recaudar por impuestos 227.356 millones de euros, un récord histórico, 19.746 millones más que el Gobierno Rajoy en 2018. De ellos, 5.654 millones los esperan recaudar subiendo algunos impuestos, pero los 14.092 millones extras restantes piensan conseguirlos  “por la buena marcha de la economía”. Un “milagro fiscal” (el milagro de la ministra Montero) porque el año 2018, creciendo la economía más que este año (2,6% frente al 2,2% previsto para 2019), Hacienda sólo consiguió recaudar 9.595 millones más el año pasado.

Así que el primer truco es exagerar los ingresos, algo que ya le achacaron al Gobierno Sánchez en Bruselas, al enviarles en octubre una primera versión del Presupuesto. Tampoco es muy creíble la recaudación extra que dicen van a conseguir  con las subidas de impuestos anunciadas en los Presupuestos 2019, 5.654 millones en total : 1.776 millones subiendo el impuesto de sociedades a las grandes empresas, 1.200 millones extras con la nueva tasa Google a las multinacionales tecnológicas y 850 millones por el futuro impuesto de transacciones financieras (ambas medidas no entrarían en vigor hasta junio y los expertos creen que, de aprobarse, recaudarán la mitad de lo previsto), 339 millones más por subir el impuesto de patrimonio, 328 millones por la subida del IRPF a los que ganan más de 130.000 euros anuales (el 0,5% de los contribuyentes), 670 millones por la subida de impuestos al gasóleo (3,8 céntimos por litro) y 828 millones extras que esperan conseguir con la lucha contra el fraude fiscal, la morosidad y el control de los pagos en metálico. Y se reducirán impuestos a las pymes (-260 millones de recaudación) y el IVA a los servicios veterinarios (del 21% al 10%), compresas (del 10% al 4%), y  periódicos, libros y revistas digitales (del 21 al 4%), tres rebajas que reducirán en 77 millones la recaudación fiscal en 2019.

Una vez que se exagera en los ingresos, el otro”truco” de los Presupuestos 2019 está en los gastos: forzarlos al máximo y repartirlos lo más posible, para contentar a mucha gente. Si el Gobierno Sánchez pretende aumentar los ingresos en 19.746 millones en 2019, el Presupuesto contempla gastar 10.981 millones más (el resto va a reducir el déficit). Pero lo que hace es recortar algunos gastos  (-5.201 millones en “actividades de carácter general” y -149 millones en el pago de intereses de la deuda) para poder gastar más en otras cosas, en lo que llama “política social”: los gastos sociales suben 12.600 millones para 2019. Y en infraestructuras (+2.161 millones, un 39,9% más, sobre todo en el tren) y Ciencia (+362 millones para I+D+i, un 5,1% más). Y además, como es año electoral, el Presupuesto 2019 aporta 7.860 millones más a las autonomías (+6.487 millones) y a los Ayuntamientos (+1.373 millones).

Esos 12.600 millones más de gastos sociales se reparten mucho, con subidas a veces pequeñas pero que políticamente “suenan muy bien”: pensiones (+9,030 millones, un 6,2% más que en 2018, para subidas y supresión del copago farmacéutico a jubilados y rentas bajas), otras políticas económicas (+ 1.274 millones, un 8,6% de aumento, para ampliar el permiso paternidad de 5 a 8 semanas y dedicar 321 millones más a combatir la pobreza), Dependencia (831 millones más, un 59,3% de aumento), desempleo (700 millones más, incluyendo recuperar el seguro de paro para los mayores de 52 a 55 años), servicios públicos básicos (+781 millones, un 3,9% más), ), subvenciones al transporte (+281 millones), acceso a la vivienda (+198 millones, un 41% más), educación (+153 millones, un 5,9% más, para becas y libros de texto)…

Un mayor gasto social muy repartido, que va a beneficiar a mucha gente, tras tantos años de recortes, aunque sea insuficiente (en educación, por ejemplo, igualarnos a lo que gasta Europa, supondría gastar 6.700 millones más cada año, no los 153 millones extras de este Presupuesto). Pero teniendo en cuenta el corsé del déficit y del gasto, es un esfuerzo en el gasto social  que beneficia a muchos, como recuerda el Gobierno al presentar los Presupuestos: 8,7 millones de pensionistas, 321.000 familias pobres, 855.000 estudiantes con becas y ayudas de libros, 166.000 mujeres que han denunciado violencia de género (una partida que tendrá 20 millones más, hasta 220) y 114.000 parados de 52 a 55 años, sin olvidar los 2,5 millones de personas a las que se ha subido el salario mínimo (a 900 euros) y los 2,55 millones de empleados públicos a los que se sube el sueldo un 2,25% (+otro posible 0,25%). Son muchos españoles que saldrán ganando si se aprueba este Presupuesto. Y si no, será el mejor cartel electoral del PSOE, el otro gran objetivo de los Presupuestos 2019.

Al final, la apuesta del Gobierno Sánchez es clara: si consigo aprobar estos Presupuestos, aumentaré el gasto en 10.981 millones ( o más: siempre se desvía) y si no consigo ingresar lo que digo (19.746 millones más), sino menos (12.000 millones, por ejemplo: ya sería mucho), pues tendré más déficit (el 1,9% o hasta el 2,2% del PIB, según algunos expertos), lo que quería en principio (1,8% de déficit) pero no le permitía la Ley de estabilidad presupuestaria impuesta por el PP y Ciudadanos. Y además, he utilizado el Presupuesto para que la gente vea que “con un Gobierno de izquierdas no hay recortes sino subida de gastos sociales”, con lo que gano votantes. Y si no consigo aprobar los Presupuestos, que será lo más probable (el 12 y 13 de febrero se votan las enmiendas a la totalidad y la clave es lo que harán los independentistas catalanes), pues he quedado como un Gobierno serio, que presenta unos Presupuestos rigurosos  y a la vez con muchos gastos sociales (que benefician a mucha gente), pero “la derecha los ha rechazado”. Así que españoles, ya sabéis: si queréis que vayamos por esta línea y hagamos un Presupuesto mejor, tenéis que votarnos cuando haya elecciones.

El drama, como país, es que si no se aprueba este Presupuesto y hay elecciones (o si Sánchez se enroca en la Moncloa, con los Presupuestos 2018 de Rajoy prorrogados), se perderán muchos meses para tomar medidas y la falta de Presupuestos agravará el enfriamiento de la recuperación. Porque este Presupuesto de Sánchez es “un parche”, pero al aumentar el gasto (aunque menos de lo que querría y debería) puede facilitar el consumo de las familias y la inversión y que la economía y el empleo crezcan algo más de lo poco que crecerá sin los estímulos de este Presupuesto. Así que estamos ante un Presupuesto 2019 que es un “quiero y no puedo”, pero peor será que no se apruebe y se tarden meses en tener otro. Con el riesgo de que si gana la derecha, como en Andalucía, el próximo Presupuesto tendrá más recortes y menos gasto social, como los de 2012 a 2018. Seguro.

Ayuntamientos con superavit, castigados (Madrid)

Imaginemos una familia en números rojos, donde el padre impone un duro ajuste. En unos años, el déficit mejora, aunque sigue ahí. Pero el hijo menor ha gestionado mejor y tiene superávit. Y quiere comprar cosas, pero el padre se lo prohíbe, porque el resto de la familia sigue con déficit. Y cuando empieza a gastar, le interviene las cuentas. Es la historia entre Montoro y el Ayuntamiento de Madrid, cuyas cuentas han sido intervenidas porque intentaba gastar más, tras 6 años con superávit y la deuda a la mitad. Y así están muchos Ayuntamientos: tuvieron 7.083 millones de superávit en 2016, pero no pueden gastar más porque Montoro necesita su superávit para tapar el agujero del Estado y las autonomías. Los Ayuntamientos, saneados, dicen que es injusto y piden cambiar la regla de gasto impuesta en 2012. El Gobierno se niega, hasta finales de 2018, cuando España ya no tenga déficit. Mientras, los Ayuntamientos con superávit no pueden invertir en cosas que necesitan sus vecinos.

enrique ortega

En diciembre de 2011, cuando Rajoy llegó a la Moncloa, se encontró con que la mayoría de Ayuntamientos (y muchas autonomías) estaban quebrados, sin liquidez, sin poder pagar a los proveedores y llenos de deudas. El Gobierno puso en marcha Planes de rescate y los Ayuntamientos han recibido 18.298 millones de euros (2012-2017), según los datos de Hacienda. A cambio, el ministro Montoro les exigió duros planes de ajuste, con los que recortaron drásticamente gastos y plantillas: redujeron 48.268 empleos (1 de cada 12), entre 2012 y 2015, según la Administración. Al cabo de estos años, el ajuste municipal ha dado sus frutos: de los 8.115 Ayuntamientos, sólo 240 (Jerez o Parla entre los grandes) siguen en un Fondo de saneamiento especial. Eso sí, todavía hay 688 municipios que tardan más de 60 días en pagar sus facturas (el plazo máximo legal ahora son 30 días) y el ministro Montoro acaba de mandar una carta a los 22 Ayuntamientos morosos más grandes en la que les advierte que o pagan en menos plazo o interviene sus cuentas. Entre ellos están Jaen (paga a 430 días), Parla (430 días), Algeciras (400), Jerez (284), Alcorcón (190),Granada (148), Leganés (125), Lugo (80), Huelva (72), Cádiz (67) y Sevilla (paga a 62 días).

Aunque algunas son capitales importantes, la gran mayoría de los Ayuntamientos españoles están saneados. Y el vuelco en las cuentas municipales ha sido espectacular. De tener un déficit global de -5.050 millones en 2010 (y -4.069 en 2011) pasaron a reducirlo a la mitad en 2012 (-2.148 millones) y tener superávit después: +5.474 millones en 2013, +5662 millones en 2014, +5.094 en 2015 y +7.083 millones en 2016, según los datos de Hacienda. Y así, los Ayuntamientos son la única parte de la Administración pública con superávit, mientras el resto sigue con déficits, aunque menores que en 2012: -28.019 millones el Estado (2016), -18.096 euros de déficit la Seguridad Social y -9.155 millones las autonomías. O sea, que, gracias al superávit de los Ayuntamientos, España tiene un déficit público de “solo” -50.576 millones de euros, el -4,5% del PIB en 2016, que sería del -5,1% del PIB sin la ayuda de los municipios. 

Y esta tendencia a la mejoría de las cuentas municipales sigue este año 2017: en el primer semestre, los Ayuntamientos han tenido un superávit de +1.874 millones, un 60% más que el año pasado, según los datos de Hacienda. Y mientras, el Estado, la Seguridad Social y las autonomías siguen con déficit (aunque bajándolo).Los Ayuntamientos no sólo han pasado de déficit a superávit, algo que no han conseguido ni el Estado, ni la SS ni las autonomías. Además, han reducido también su deuda: de 44.003 millones de euros que debían en 2012 a 30.635 millones a septiembre de 2017, un 30% menos, según el Banco deEspaña. Y mientras, las demás administraciones públicas deben más ahora que en 2012, con lo que la deuda pública total de España ha pasado de 891.502 millones (2012) a 1.135.869 millones (septiembre 2017) y ya debemos más de lo que produce el país (el 102% del PIB).

En mayo de 2015 hubo elecciones municipales y en muchos Ayuntamientos llegaron a las alcaldías gobiernos del PSOE y Podemos, que se plantearon gastar más, una vez que los municipios estaban con superávit y con menos deuda. Pero no podían hacerlo. Porque en abril de 2012, el Gobierno Rajoy había impuesto con su mayoría absoluta la Ley de Estabilidad Presupuestaria (Ley 2/2012), aprobada con los votos de PP, CiU, UPyD y UPN. Una Ley para amparar el ajuste de gastos en toda la Administración y que a los Ayuntamientos les imponía dos corsés. Uno, que la deuda municipal tenía un tope (el 2,9% del PIB). Y el otro, el que más importa ahora, la famosa “regla de gasto”: los Ayuntamientos tenían un tope de gasto anual (el del crecimiento de la economía) y si tenían superávit, lo tenían que dedicar a devolver deuda (amortizar), no a gastar más de ese tope anual.

Los nuevos Ayuntamientos, sobre todo los gobernados por la izquierda, se dedicaron en 2016 y 2017 a gastar más sin que Montoro les llamara la atención. Sobre todo, las grandes ciudades, con muchas necesidades no cubiertas e importantes superávits en 2016: Madrid (+1.115 millones), Valencia (+126 millones), Barcelona (+113), Zaragoza (+110), Málaga (+69) o Sevilla (+59 millones), según datos de la Autoridad independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que estima en +1.784 millones el superávit de los 16 mayores Ayuntamientos españoles en 2016. Hacienda ha apercibido a algunos, pero la mayoría ha aprobado nuevos gastos en 2017. Y en agosto de este año, la AIReF alertaba al Gobierno: 9 de los 16 mayores Ayuntamientos de España se saltarán este año la “regla de gasto” impuesta por el Gobierno en 2012. Serán los Ayuntamientos de Madrid, Valencia, Bilbao, Córdoba, Gijón, Palma, Murcia, Barcelona y Zaragoza. Todos con superávit y menos deuda.

El ministro Montoro se decide a dar un escarmiento y el 8 de noviembre interviene las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, al que lleva “advirtiendo” dos años. Al igual que ha hecho con Cataluña, Hacienda pasa a controlar las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, autorizando cada semana los gastos que puede hacer. Y les paraliza 364 millones de gasto que habían aprobado. La Corporación de Carmena decide frenar 18 expedientes de gasto y paraliza distintas inversiones en la capital, entre ellas 2 escuelas infantiles, 2 centros de mayores y diversas obras en centros deportivos, piscinas, naves industriales, parque de bomberos y escuela de hostelería. En paralelo, presenta un recurso solicitando que se permita realizar 127 millones de gasto porque son inversiones muy avanzadas. 

Montoro dice que todo el mundo tiene que cumplir con la regla de gasto incluida en la Ley de Estabilidad y que los Ayuntamientos tienen que seguir colaborando en recortar el déficit. Y el Ayuntamiento de Madrid considera injusto que se tengan que apretar el cinturón cuando tienen superávit desde hace 6 años (desde 2011) y su deuda ha caído de 5.637 millones (al llegar Carmela) a 3.567 millones, por lo que mejor gastar en lo que hace falta que devolver dinero a los bancos (con el alto coste de las amortizaciones anticipadas).

El problema más serio lo tiene el Ayuntamiento de Madrid, porque tiene sus cuentas intervenidas, pero en realidad es un problema que comparten la mayoría de los grandes Ayuntamientos de España, que volverán a cerrar 2017 con superávit (+1.075 millones los 16 más grandes, según la AIReF) y no pueden gastar lo que quieren. La propia Federación de Municipios (FEMP) considera injusto que no se permita a los Ayuntamientos hacer inversiones necesarias para sus vecinos para contribuir a enjugar parte del déficit del Estado, la Seguridad Social y las autonomías. Y denuncian que les imponga la regla de gasto un Gobierno y un ministro, Montoro, que no ha sido capaz ni uno solo de estos cinco años de cumplir con los recortes de déficit prometidos a Bruselas, mientras los Ayuntamientos se saneaban.

Los Ayuntamientos, a través de la FEMP, intentaron “suavizar” la regla de gasto este año, en el debate parlamentario del Presupuesto 2017, sin conseguirlo. Ahora, PSOE, Podemos y el resto de los grupos (salvo PP y Ciudadanos) acaban de aprobar (165 votos a favor, 157 en contra y 6 abstenciones) una proposición no de ley que “insta al Gobierno a modificar la regla de gasto para que los Ayuntamientos con cuentas saneadas puedan destinar esos fondos a mejorar los servicios a sus vecinos”. Pero es una moción simbólica, que no irá más allá, porque el Gobierno se escuda en la Ley de estabilidad presupuestaria y en las exigencias de Bruselas. Eso sí, Montoro está dispuesto a revisar la regla de gasto en el futuro, “cuando España salga de la situación de déficit excesivo”, o sea, a finales de 2018. 

Eso quiere decir que los Ayuntamientos saneados no podrán gastar mucho más hasta 2019. Y eso pasa cuando, tras los ajustes del pasado, los municipios españoles necesitan gastar más en casi todo, desde contratar personal (lo tienen limitado) a invertir en obras y servicios. Un ejemplo. De los 384 Ayuntamientos con más de 20.000 habitantes, más de la tercera parte tiene unos servicios sociales con presupuestos “pobres” (41 Ayuntamientos, con 2.100.000 habitantes) o “precarios” (106 Ayuntamientos, con 6.700.000 habitantes), según un reciente estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. O sea. 8.800.000 españoles con servicios sociales municipales que no tienen los recursos necesarios. Y así muchos otros servicios, desde guarderías a centros educativos o polideportivos, sin olvidar obras y servicios que están en primera línea de la atención a los ciudadanos. Y todo ello, no se puede atender, aunque hay dinero, porque Montoro prefiere que lo destinen a devolver deuda a los bancos.

La pelea de Montoro con el Ayuntamiento de Madrid es una pelea que no se justifica desde una perspectiva económica (están saneados y pueden gastar más sin problemas) y tiene mucho “trasfondo político”: la defensa a ultranza del fundamentalismo de la austeridad, el “santo temor al déficit”, tan querido por el PP y sus colegas de Bruselas, que siguen defendido ajustes en España para 2018 cuando afirman que este año acabará con el 3,1% de déficit ( ¿para qué bajarlo más el año que viene, hasta el 2,2 % para 2018, cuando se fijó el suelo en el 3% ?). Una postura intransigente que ya ha costado muchos sacrificios a la mayoría de españoles desde 2010 y que ahora quieren que la sigan pagando los vecinos de los Ayuntamientos.

Pero hay más. El debate no es sólo si los Ayuntamientos pueden gastar más. Habría que ampliar el foco y abrir el debate de la futura financiación de losAyuntamientos, en paralelo al debate más conocido sobre la futura financiación de las autonomías. Porque en España, los Ayuntamientos son “los parientes pobres” de la Administración pública. Comparados con Europa, los municipios españoles ingresan menos (9% del total frente al 13% en la UE-28) y gastan también menos (8% frente al 24% en la UE-28), en beneficio del Estado y sobre todo de las autonomías. Como señala la Comisión Europea en su informe de febrero, España es uno de los países más descentralizados de Europa (el 42% del gasto lo hacen autonomías y Ayuntamientos, frente al 32% en la UE-28), pero el problema es que las autonomías tienen más porcentaje de gasto que en Europa y los Ayuntamientos menos.

Así que ahora, si se trata de reformar el sistema de financiación de las autonomías, también habría que reformar la financiación de los Ayuntamientos, para repartir así de una vez los ingresos y los gastos del Estado central (52%), autonomías (34%) y Ayuntamientos (8%), para hacerlo más justo, a costa de recortar quizás la parte del Estado central (al 40%) y subir la de los municipios (al 20%) y autonomías (40%). Un debate complicado porque se trata de una pelea por el reparto del poder y eso son palabras mayores. Pero parece claro que los Ayuntamientos deberían tener más recursos, porque son los que están más cerca del ciudadano. Y si estamos en un país descentralizado, los Ministerios tendrán que perder recursos y poder en beneficio de las autonomías y los municipios. Ese es el gran debate de fondo que los políticos no abordan. Y los ciudadanos sufrimos las consecuencias, cada día.