Los cuidados, el gran reto social pendiente

Siguen las protestas de profesores y médicos por las deficiencias en la sanidad y educación, pero nadie protesta por la desatención de nuestros mayores, que esperan meses para recibir una mínima ayuda o servicio para su dependencia. Y muchos se mueren antes de recibirla. A punto de cumplirse los 20 años de la Ley de Dependencia, el balance es muy preocupante: 3 de cada 4 mayores dependientes no reciben una atención efectiva y tampoco 2 de cada 3 con limitaciones severas. Los expertos reiteran que falta financiación para la Dependencia y que para ampliar las ayudas y que sean más eficaces, habría que gastar en los cuidados 12.000 millones más al año, el doble que ahora. Un reto que hay que afrontar porque España es uno de las paises más envejecidos de Europa y cada año habrá más dependientes: si ahora hay 3 millones de personas con más de 80 años, en 2050 serán casi el doble (5,8 millones) y muchos necesitarán cuidados. No podemos dejarles tirados.

                               Enrique Ortega

España tiene un grave problema estructural del que casi nadie habla: el envejecimiento creciente de la población, propiciado por el aumento de la esperanza de vida, que es la más alta de Europa: 84,3 años de media, frente a 81,7 en la UE-27. Y esa esperanza de vida seguirá aumentando, hasta alcanzar los casi 87 años en 2050 y los 88 años en 2071, según las previsiones del INE. Con ello, tenemos y tendremos cada vez más personas mayores, muchas de ellas dependientes y necesitadas de cuidados. Así, si hoy hay 10,2 millones de mayores de 65 años, en 2050 serán ya algo más de 16 millones. Y los mayores de 80 años, un tercio de los cuales pueden ser dependientes, pasarán de ser 3 millones ahora (2025) a ser casi el doble en 2050 (5.811.396 personas mayores de 80 años, de ellos, 95.095 mayores de 100 años).

Estas elevadas cifras de mayores y ancianos suponen un gran reto para el país y sus familias. Desde hace décadas, todas las políticas públicas reconocen que el cuidado de los mayores dependientes no es una responsabilidad privada (de sus familias) sino “un derecho social”, un servicio público para la cohesión social y el propio funcionamiento del sistema económico. Y por eso, los paises desarrollados han implantado “políticas públicas de cuidados”, como el cuarto pilar del Estado del Bienestar, junto a la sanidad, la educación y las pensiones. En España, en 2006 se aprobó la Ley de Dependencia (295 votos a favor, 15 en contra y una abstención), que entró en vigor el 1 de enero de 2007 y cumplirá ahora 20 años.

El balance de esta Ley de Dependencia tiene claroscuros, siendo más negativo que positivo, según el reciente estudio de CENIE. Por un lado, en estos 19 años largos se ha atendido a 4 millones de dependientes (la mayoría mayores), aunque otro millón se ha muerto antes de recibir alguna ayuda. En líneas generales, hay un exceso de burocracia en el reconocimiento de la dependencia y en la concesión de las ayudas (la espera media era en abril de 325 días, cuando la Ley marca 180 días), lo que provoca que muchos dependientes se mueran antes de recibirlas (4 de cada 5 tienen más de 80 años). Y además, las autonomías (que gestionan las ayudas a la Dependencia) ofrecen cada vez más ayudas y servicios “low cost” (escasas y de poca calidad), para llegar a más dependientes con un gasto que apenas crece. Y además, existen grandes diferencias en la atención a la dependencia por autonomías, unas con más dependientes desatendidos que otras. Como problema de fondo, los expertos denuncian la infrafinanciación del sistema, la falta de recursos públicos desde su nacimiento y ahora.

Los últimos datos de la Dependencia, del IMSERSO, en abril de 2026, concretan estos problemas estructurales del sistema. Primero, la persistente desatención: había 268.850 dependientes desatendidos a finales de abril (+6.897 que en diciembre), 116.762 pendientes de que se les reconozca una dependencia y su grado (I,II y III, los “grandes dependientes”) y otros 152.088 dependientes que tienen reconocida alguna ayuda o servicio pero que están “en lista de espera” para recibirlos (en el “limbo de la Dependencia). Una parte de ellos mueren esperando esta ayuda que tienen reconocida: murieron esperando 8.996 dependientes en el primer trimestre de este año y 32.704 en todo 2025, según los Directores de Servicios Sociales. El problema no es sólo que estas “listas de espera” hayan crecido en 2026, sino que son muy desiguales por autonomías. Primero, en el tiempo de resolución de expedientes (325 días de media): son 551 días en Murcia, 457 en Andalucía,391 en Asturias, 354 en Canarias o 350 en Madrid, frente a 117 en Castilla y León o 117 en Aragón. Y la lista de espera de las ayudas (esos 152.088 dependientes) se concentra en Cataluña (48.695), Andalucía (32.888), Comunidad Valenciana (16.129), Madrid (12.914) y Murcia (10.399).

El 2º problema de fondo, tras los retrasos y esperas, es que las ayudas son escasas y de poca calidad, ayudas “low cost”, para tratar de llegar a más dependientes con poco coste. A finales de abril, había 1.708.812 dependientes “atendidos”, la mayor cifra de estos 19 años, pero la mayoría recibía una ayuda económica escasa: 760.432 dependientes (el 30,87% del total) recibían una prestación económica por ser atendidos por sus familias, una prestación muy insuficiente: 259,84 euros mensuales de media, según el estudio de CENIE, pagando 180 euros a los dependientes Grado I, 315 euros a los de Grado II y 455,40 euros mensuales a los de Grado III (que requieren cuidados las 24 horas…). Actualmente, hay 2,1 millones de cuidadores en el entorno familiar y el 67% (1,4 millones) son familiares, fundamentalmente mujeres (4 de cada 5 cuidadores), que han tenido que dejar sus trabajos y reciben estas ayudas públicas ridículas (que apenas pagan la quinta parte de una cuidadora).

La 2ª ayuda a la Dependencia más extendida es la teleasistencia (la recibían 659.786 dependientes en abril, el 26,78%), una forma barata (cuesta unos 30 euros al mes) de “atender” a los dependientes y subir los porcentajes de atención (hay autonomías como Madrid donde el 48,5% de los dependientes son “atendidos” con teleasistencia). La 3ª ayuda más generalizada es la ayuda a domicilio : la reciben 406.880 dependientes (el 16,52%), con una media de 37,5 horas al mes, que suponen 1,24 horas diarias. Y encima hay grandes desigualdades por autonomías (desde 76,9 horas al mes en Navarra a 53,5 horas en Galicia o 25,6 horas mensuales en Castilla la Mancha y Cataluña). Y casi todas incumplen las horas mínimas que fijó un Decreto en 2023 (37 horas para Grado I, de 38 a 64 horas para Grado II y de 65 a 94 horas para Grado III).

El 4º servicio o ayuda que reciben más dependientes es la prestación económica vinculada a servicio, una especie de “cheque” que reciben las familias para que luego contraten ellas el servicio que quieran. Es una forma de “quitarse problemas” y de pagar poco (entre 100/313 euros, 150/445 euros y 200/747 euros, según los Grados), sólo una parte del coste real de  los servicios: el resto lo pagan las familias (son los “copagos” de la dependencia). Reciben este “cheque”  242.168 dependientes, el 9,83% del total, aunque la fórmula ha ido creciendo y es muy mayoritaria en Extremadura (la reciben el 45% de los dependientes), Castilla y León (25,50%) y  Canarias (36,71% dependientes). Casi la mitad de estos cheques (106.568) son para que el dependiente se pague una residencia, que cuesta 5 veces más.

Sigamos con otros servicios y ayudas a los dependientes, los más caros y que menos se conceden. El 5º es la atención residencial (que reciben 188.002 dependientes, el 7,63%), una ayuda para que el dependiente vaya a una residencia (si la encuentran: faltan 90.000 plazas). La ayuda supone entre 549,8 euros al mes (Grado II) y 566,9 euros (Grado III), subvención que sólo paga un tercio del coste real de la residencia. Y el 6º servicio más ofrecido son los Centros de día y noche (lo reciben 111.632 dependientes, el 4,53% del total).

Al final, el balance de estos 19 años de Ley de Dependencia refleja que se trata de “un derecho cojo”, que deja a muchos dependientes desatendidos (el 11,5% esperan que les reconozcan un grado o les llegue la ayuda reconocida, porcentaje que alcanza al 24% en Canarias, el 19,2% en Cataluña, el 18,8% en Murcia , el 15,8% en Asturias y el 14,4% en Extremadura) y que concede escasas ayudas económicas y servicios “low cost” a los atendidos. Pero lo más preocupante es que el sistema de la Dependencia, la 4ª pata (coja) del Estado del Bienestar deja a muchos dependientes fuera: casi las tres cuartas partes (el 72,4%) de los mayores de 65 con alguna limitación no reciben ayudas y 2 de cada 3 mayores con limitaciones severas (el 63,1%) carecen del apoyo público adecuado, según el estudio de CENIE (Centro Internacional sobre el Envejecimiento).

Esta desatención a los mayores dependientes obliga a realizar un enorme esfuerzo a sus familias, tanto económico como de tiempo, especialmente a las mujeres que tienen que cuidar a sus padres, esposos o hijos dependientes (recordemos: 4 de cada 5 cuidadoras son mujeres), lo que hunde en muchos casos sus carreras profesionales y sus pensiones. El coste para una familia de atender a un dependiente supone unos 10.105 euros anuales, según un estudio de la Cámara de Comercio de Barcelona, pero el coste es mayor en muchos casos: atender a una persona con Alzhéimer tiene un coste de 24.000 euros anuales, según CaixaBank, que estima que las familias asumen el 87% de este gasto (20.880 euros), financiando el sistema el 13% restante. En los últimos años, las familias con dependientes han visto que, a pesar de las ayudas, tienen que hacer copagos más altos. De hecho, en 2025, las familias pagaron 2.356 millones, casi el 20% del coste total de los servicios de la Dependencia (11.847 millones). Mucho más que los copagos en educación y sanidad.

Visto lo visto, el estudio de CENIE y los balances de los Directores de Servicios Sociales (DGSS) coinciden en un punto: la principal causa de la desatención a los dependientes es la falta de financiación a la Dependencia, desde 2007 que se inició el sistema hasta hoy (agravado por los recortes de Rajoy, -6.321 millones a la Dependencia entre 2012 y 2020). Y como en las próximas décadas se van a duplicar los dependientes (recordemos: habrá 5,8 millones de españoles mayores de 80 años en 2050), hay que plantearse aumentar el gasto en Dependencia. El estudio CENIE propone duplicar el gasto actual en Dependencia (12.000 millones en 2025, el 0,71% del PIB) para 2030, hasta los 24.000 millones de euros anuales, el 1,3% del PIB, todavía menos de lo que se gastan ahora en Dependencia los 38 paises de la OCDE (1,7% del PIB), en Paises Bajos (4,1%) o en Suecia (3,7%). Y aunque supone duplicar el gasto, todavía queda lejos de lo que España gasta ahora en pensiones (190.000 millones), sanidad (105.000 millones) o educación (75.000 millones).

Los expertos reiteran que el coste de la Dependencia no es un gasto sino una inversión, porque tiene un gran impacto en la economía : por cada euro destinado a la Dependencia, el impacto en la economía (en sectores como el comercio, la hostelería, la construcción, la industria, energía y actividades profesionales) es de 1,6 euros, según el estudio de CENIE. Y además, por cada euro gastado en Dependencia retornan 0,49 euros en ingresos por cotizaciones sociales e impuestos. Actualmente, el sector de los cuidados emplea a 770.760 trabajadores  (328.544 en atención residencial) y se estima que podría dar trabajo a 440.000 más para 2030 si se mejora y generaliza la atención a la Dependencia. Además, los cuidados informales (en el hogar) a los dependientes suponen una importante “economía invisible”, que no se cuantifica en el PIB (aporta entre 60.000 y 79.000 millones anuales).

Pero no se trata sólo de gastar más en Dependencia. El estudio de CENIE y los expertos coinciden en que urge hacer dos cambios de fondo en el sistema. Uno, mejorar la gobernanza, reduciendo la excesiva burocracia actual (hay dos procesos, uno para reconocer la dependencia y otro para evaluar y aprobar las ayudas) y simplificando los expedientes, para “universalizar” la atención,  estableciendo además unos estándares mínimos para reducir las desigualdades regionales. Y el otro, cambiar el modelo de asistencia y ayudas, para priorizar los servicios profesionales frente a las ayudas económicas, aumentado coberturas y calidad, impulsando la asistencia personal y fomentando la atención en el hogar frente a las residencias, que deben ser más pequeñas y atractivas. Y en este camino, resulta clave reducir la precariedad y mejorar la formación, profesionalidad y salarios del personal que atiende a los dependientes.

En resumen, ante un envejecimiento imparable en España, urge avanzar hacia un sistema de cuidados universal, equitativo y sostenible, lo que exige duplicar el gasto actual y modificar radicalmente la gestión actual de la Dependencia, para hacerla más ágil y eficaz, un cambio que exige pactarlo entre el Gobierno y las autonomías (algo hoy inviable). Hay que tomárselo en serio y crear un sistema de atención a la Dependencia más eficaz, que afronte el reto de duplicarse los dependientes para 2050. Hoy tenemos un derecho social que no se garantiza, por falta de medios. Si queremos reforzar el Estado del Bienestar, no sólo hay que pensar en la sanidad, la educación o las pensiones. Hay que pensar en el futuro de nuestros mayores. No podemos dejarles “tirados”.

Dependencia: un derecho pendiente tras 19 años

Mucha gente protesta por los problemas en sanidad, educación, vivienda o transportes. Pero no hay un clamor social para mejorar la situación de los mayores dependientes, que esperan años para recibir ayudas ridículas: hay 258.167 dependientes esperando que les valoren o recibir una ayuda reconocida. Y como son muy mayores, 32.704 fallecen cada año sin ser atendidos (90 cada día). Un dato escandaloso, que refleja los graves problemas de la Dependencia, tras 19 años de vigencia de la Ley. Problemas causados por  la falta de financiación del Estado y las autonomías, que reaccionan (desigualmente) a la falta de recursos con retrasos y ayudas “low cost” (264,55 euros mensuales de media a las familias con un dependiente). Los Directores de Servicios Sociales proponen un Pacto para gastar el doble en Dependencia y reducir en dos años las listas de espera, ofreciendo ayudas dignas. Un reto urgente y necesario, porque aumentarán los dependientes: si ahora hay 3 millones de personas con más de 80 años, en 2050 serán 6 millones. Ayudémosles.

                             Enrique Ortega

El pasado 1 de enero se cumplieron 19 años de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, la 4ª pata del Estado del Bienestar (tras la sanidad, la educación y las pensiones), que regula las ayudas públicas a los dependientes, en su mayoría mayores. Tras estos años, el balance de la Ley es agridulce, como reflejan dos datos: se han atendido a más de 4 millones de dependientes, pero 900.000 dependientes mayores han muerto sin recibir ninguna ayuda, por el retraso en los expedientes o en la concesión de ayudas y servicios. Los expertos consideran que la Ley de Dependencia nos ha concedido un nuevo derecho pero que está pendiente de ser efectivo, por falta de financiación, exceso de burocracia, escasa cuantía de las prestaciones y servicios “low cost” de baja calidad, que además son muy desiguales por autonomías, según donde vivan los dependientes.

El gran problema de la Ley de Dependencia, que entró en vigor el 1 de enero de 2007, es que aprobó derechos para los dependientes y sus familias pero no aseguró la financiación necesaria para cumplirlos. Y tras la crisis financiera y de la deuda, los dependientes sufrieron duramente los recortes impuestos por Bruselas y Rajoy: se estima que la financiación a la Dependencia se redujo -6.321 millones entre 2012 y 2020, con una baja aportación del Estado central y las autonomías. En 2021, el Gobierno Sánchez aprobó un Plan de choque para la Dependencia, aportando 600 millones extras al año en 2021, 2022 y 2023, además de aumentar los Presupuestos: la inversión del Estado en Dependencia alcanzó los 3.478 millones en 2024, el triple que en 2014 (1.130 millones). Las autonomías aumentaron algo su aportación, pero varias aprovecharon el aumento del Estado para aportar menos. Y en 2025, tras dos años sin Presupuestos, la financiación pública a la Dependencia apenas aumentó: se destinaron 13.506 millones de euros, el 0,8% del PIB, la mitad del gasto medio que hacen los paises europeos, según los Directores de Servicios Sociales (DGSS).

Casi dos tercios de esta financiación pública a la Dependencia (el 60,5%) procedió en 2025 de las autonomías, mientras el Estado central aportó el 39,5% restante, aunque la Ley fijaba que el reparto iba a ser 50%/50% (en 2009, antes de los recortes, el Estado central aportaba el 52,5%). Pero la mayoría de las autonomías no tienen a la Dependencia como una prioridad y por eso gastan poco y de forma muy desigual. De hecho, en 2025, hubo 9 autonomías que recibieron del Estado Central menos recursos que en 2024 porque incumplieron los compromisos de gestión acordados: Aragón (-8,3 millones), Castilla y León (-5,8), Madrid (-3,6), Canarias (-2,3), Castilla la Mancha (-1,3), Cataluña (-1,18), Baleares (-899.000 euros), Asturias (-363.000 euros) y Murcia (-323.000). Y hay una gran diferencia regional en el gasto en dependencia por habitante: gastan más que la media (6.015 euros anuales) la Rioja (7.537 euros/habitante), País Vasco (6.567) y Castilla la Mancha (6.432 euros), mientras están a la cola del gasto Aragón (4.020 euros/habitante), Asturias (4.045), Ceuta y Melilla (4.418) Castilla y León (4.418), Madrid (5.821) y Cataluña (5.918 euros/habitante).

Ante una escasa financiación, mientras crecen los dependientes (por el envejecimiento de la población), las autonomías (que gestionan la Dependencia)  llevan casi dos décadas utilizando 2 vías de salida, dos “trucos” para conseguir que el sistema medio funcione: retrasar la concesión de las ayudas y dar servicios más baratos (“low cost”) para atender con poco dinero a más dependientes: en 2025 había 1.677.042 dependientes atendidos con ayudas, más del doble que en 2011 (752.005). Veamos cómo lo hacen.

Por un lado, retrasan la entrada de nuevos dependientes, multiplicando la burocracia en un proceso larguísimo para reconocer las ayudas: revisión documentos e informes, valoración de cada persona, valoración provisional, resolución de grado de dependencia (I, II y III, los dependientes más graves), trámite para proponer una ayuda o servicio, cálculo de los ingresos y lo que tendrá que pagar el dependiente (copago), resolución y entrega de los servicios, que aún se retrasan porque los han de prestar los Ayuntamientos (más demora). En total, la tramitación de un expediente, desde que se solicita la ayuda hasta que se concede son 341 días de media, según los Directores de Servicios Sociales, cuando la Ley fija un plazo máximo de 180 días. Y hay una gran desigualdad de plazos por autonomías: tres superan el año (559 días Murcia, 496 días Andalucía y 430 días Canarias), mientras sólo 6 autonomías cumplen la Ley (113 días tardan los expedientes en Castilla y León, 129 en el País Vasco,141 en Aragón, 151 en Ceuta y Melilla, 165 en Castilla la Mancha y 174 en La Rioja).

Pero los retrasos no acaban ahí. A veces, las autonomías revisan un expediente ya aprobado, para modificar el grado. En total, a finales de 2025 había 109.260 expedientes pendientes de valoración, con los dependientes y sus familias esperando… Y hay otro retraso posterior, también para reducir el gasto: no dar las ayudas a los dependientes que las tienen reconocidas: a finales de 2025 había 148.907 dependientes (+6.461 que en 2024) “en lista de espera” para recibir una ayuda o servicio que ya tienen reconocido. Es lo que se llama “el limbo” de la Dependencia y afecta al 8,3% de los dependientes reconocidos, un porcentaje que es mucho mayor en algunas autonomías, las peor gestionadas: Canarias (28,6% de los dependientes con derecho reconocido no reciben ayudas ni servicios), País Vasco (15%), Cataluña (13,4%), Murcia (13,3%), Extremadura (11,9%), Baleares (10,1%) y Ceuta y Melilla (10,6%). Y que es bajo en Aragón (sólo el 1,3% dependientes en el limbo), Galicia (1,5%), Cantabria(2,3%), Navarra (3,4%), Asturias (3,9%) y Castilla y León (4%).

Sumando los expedientes pendientes de valoración (109.260) y los dependientes reconocidos que esperan la ayuda o servicio (148.907 en el limbo), da un total de 258.167 dependientes “desatendidos” a finales de 2025, según el estudio de los Directores de Servicios Sociales (DGSS). Una cifra que baja algo cada año pero que se mantiene demasiado alta. Y la peor consecuencia es que muchos de los dependientes desatendidos son muy mayores (4 de cada 5 tienen más de 80 años) y se mueren antes de que les reconozcan las ayudas o se las concedan: el reciente estudio de DGSS cifra en 32.704 los dependientes que murieron en 2025 esperando que les valorasen (17.994) o que les llegue la ayuda o servicio reconocido (otros 14.710 fallecidos). Son 90 muertes diarias, el gran fracaso del sistema de Dependencia.

El otro camino (junto a los retrasos) que utilizan las autonomías para afrontar la falta de financiación es conceder ayudas y servicios baratos (“low cost”) para poder “atender” así a más dependientes (en las estadísticas). La principal ayuda que conceden son las prestaciones económicas por cuidados familiares, que reciben ahora 728.851 familias (el 45% de los dependientes atendidos) por cuidar ellos a sus dependientes en casa. Y la ayuda es ridícula: 262 euros al mes de media (385 para los Dependientes de Grado III, que necesitan ayuda 24 horas…). Y encima, hay varias autonomías que pagan mucho menos de media: 171 euros Navarra, 185 Asturias, 200 euros Castilla y León, 203 Cantabria, 221 Aragón, 223 euros mensuales Extremadura. Y la que más paga Galicia, son 377 euros.

La 2ª ayuda más concedida es la teleasistencia, la más barata, que reciben 628.736 dependientes, el 55% de los dependientes atendidos en su domicilio (hay autonomías como Madrid donde el 51% de los dependientes graves son “atendidos” con teleasistencia). Además de ser “vergonzoso” que la teleasistencia se considere como una “ayuda”, en 2023 se aprobó un Decreto para que la teleasistencia llegara al 100% de los dependientes, pero todas las autonomías lo incumplen.

Otro servicio que se concede es la ayuda a domicilio (71.028 prestaciones), más una ayuda sobre el papel que real, por su escasa intensidad: la media son 37,5horas al mes, lo que supone una media de 1,24 horas diarias (2 horas y 15 minutos diarios para los grandes dependientes…). Y aquí hay también una gran desigualdad en las autonomías: en Navarra se ofrecen 76,9 horas al mes o 53,5 en Galicia, mientras sólo se conceden 18,6 horas al mes (37 minutos diarios) en Aragón, 24,8 en el País Vasco o 25,6 en Castilla la Mancha y Cataluña. Y casi todas las autonomías incumplen las horas mínimas que fijó el Decreto de 2023 (37 horas para Grado I, de 38 a 64 para Grado II y de 65 a 94 para Grado III).

Seguimos con otros servicios, los más caros y que menos se conceden. Uno son los centros de día (que sólo se conceden a 33.701 dependientes). Y el otro, la atención residencial (la tienen 108.015 dependientes), una ayuda para que el dependiente vaya a una residencia (si la encuentra: faltan 90.000 plazas). La ayuda supone entre 549,8 euros al mes (Grado II) y 566,9 euros (Grado III), subvención que sólo paga un tercio del coste real de la residencia. Y lo mismo pasa con otras prestaciones por servicio: la autonomía da una ayuda (un cheque) y las familias “se buscan la vida” para contratar el servicio con una empresa o cuidadora y paga la diferencia. Son los famosos “copagos” que pagan las familias. En conjunto, del coste total de los servicios de la dependencia (11.847 millones en 2025, el resto hasta los 13.506 millones es el coste de gestión), las familias pagan ya 2.326 millones, casi el 20%.

Como se ve, tras 19 años, el sistema de la dependencia “hace aguas”: mantiene a muchos dependientes en lista de espera y los que reciben ayudas, son mínimas y sus familias tienen que buscarse ayuda por su cuenta (contratar una cuidadora) o dejar de trabajar para atender a padres, hijos o familiares dependientes (el 72,3% de los cuidadores familiares son mujeres), lo que trunca sus carreras profesionales. Por eso, expertos como los Directores de Servicios Sociales (DGSS) dicen que la Dependencia “es un derecho pendiente”, que está sobre el papel (la Ley) pero que no se cumple con eficacia tras 19 años. Y que a este ritmo, tardaríamos 20 años en acabar con las listas de espera de la Dependencia.

En diciembre de 2016, los Directores de Servicios Sociales (DGSS) consiguieron que la mayoría del Parlamento (salvo el PP y PNV) firmaran un Pacto por la Dependencia, para mejorar su financiación y sus resultados. Pero ha sido papel mojado. En febrero de 2025, el Gobierno aprobó una reforma de la Ley de Dependencia que está parada en el Congreso. Esta reforma mejora algunos de los problemas actuales de la dependencia, según reconocen los expertos de DGSS, pero tiene un problema de fondo: no asegura más financiación para la Dependencia. Por eso, los Directores de Servicios Sociales hacen varias propuestas: duplicar la financiación a la Dependencia (aportar a medio plazo el 2% del PIB, 32.000 millones frente a los 13.500 millones de gasto en 2025), simplificar los trámites y la burocracia, mejorar la calidad y cuantía de las ayudas y servicios, universalizar la teleasistencia, reformar las residencias y mejorar la economía de los cuidados, con más personal y mejores salarios.

Además, lanzan otra propuesta: aprovechar que este año 2026 se cumplen los 20 años de la Ley de Dependencia para alcanzar un nuevo Pacto por la Dependencia, con 5 puntos: aumentar la aportación del Estado hasta el 50% del coste total, reducir  a cero en dos años las listas de espera (el “limbo” de la Dependencia), aprobar medidas para mejorar la intensidad y la calidad de los servicios apoyando más a las familias, comprometerse a que no se recortará la Dependencia y que los cambios se aprobarán por Ley y apostar por una mayor transparencia, para conseguir una información actualizada y completa, con mayor seguimiento y control.

En las actuales circunstancias políticas, será difícil conseguir este Pacto por la Dependencia, pero es una necesidad urgente, porque la población española envejece y aumentarán año tras año los mayores dependientes. De hecho, hoy hay 3 millones de personas con más de 80 años (el 6% de la población), que acabarán necesitando ayuda, pero en 2050 habrá ya 6 millones con más de 80 años (el 11%) y necesitaremos un sistema de Dependencia que sea eficaz y no tenga listas de espera ni servicios low cost. O nos preparamos desde ahora, con financiación, personal, medios, ayudas y centros de atención (distintos, por favor, a las siniestras residencias actuales) o la Dependencia será uno de los grandes dramas de las familias este siglo. Y, sobre todo, una losa para las mujeres.

Los "boomers" no somos unos privilegiados

Se ha puesto de moda entre la derecha, expertos neoliberales y sus medios afines defender que los “boomers” (mayores 61 años) son unos “privilegiados”, porque tienen vivienda, patrimonio y “buenas pensiones”, en perjuicio de sus nietos (“Generación X”: 20-24 años) y sus hijos (“Millenials”: 25-44 años), que viven peor que ellos. Plantean un “conflicto generacional” y proponen recortar el gasto en pensiones para ayudar a los jóvenes. Es un falso debate. Primero, porque los mayores no somos unos “privilegiados”: muchos están en paro, sin encontrar empleo a partir de los 50 y sin poder jubilarse, con la mitad de las pensiones por debajo del salario mínimo y con una larga vejez donde faltan ayudas a la Dependencia. Pero sobre todo, porque los mayores han cotizado y ahorrado durante décadas para tener casa y pensión. Y la grave situación de los jóvenes no se arregla recortando pensiones, sino volcándose en su educación y formación, en políticas activas de empleo y en promover viviendas. La “guerra generacional” entre jóvenes y mayores es una falsa solución.

        Mayores 60 años: EREs, paro larga duración, pensiones bajas y pocas ayudas dependencia

Empecemos por saber cuántos “mayores” (no hay por qué usar el anglicismo “boomers”) hay en España. En el último Censo (1 octubre 2025) se contabilizan 13.380.282 habitantes con 60 y más años, el 27.06% de la población total (49.442.844). De ellos, 3.382.103 tienen entre 60 y 64 años, 2.915.361 con 65 a 69 años y los 7.082.818 habitantes restantes tienen entre 70 y más años (19.491 personas con 100 años o más), según el INE. Esta cifra de “mayores” supone un fuerte aumento desde principios de siglo, por el progresivo envejecimiento de la población en España: en el año 2.000 había 8.766.511 mayores (60 años y más), el 21,64% de la población, pasando a 11.079.928 mayores en 2015 (el 23,76%) y los 13.380.282 de ahora, 4,6 millones más de mayores que al inicio del siglo.

De estos 13,38 millones de mayores (60 y más), la mayoría están hoy “inactivos” (ni trabajan ni buscan trabajo): son 11.074.000 mayores inactivos, según la EPA, básicamente personas mayores de 65 años (los inactivos de 60 a 64 años son sólo 1,26 millones). Pero hay 2,5 millones de mayores que trabajan o están en paro, sobre todo entre 60 y 70 años (con más de 70 años hay casi 70.000 mayores “ocupados”, según la EPA).

En total, hay 2.208.900 mayores (60 y más) trabajando, algo menos del 10% (9,86%) del total de ocupados en España: 1,780.600 trabajan con 60 a 64 años, 358.900 con 65 a 69 años y 69.400 trabajan con 70 años y más. Con todo, su tasa de empleo (ocupados/activos) es baja: trabajan el 26,8% de los activos, la mitad que en el conjunto del país (66,82% de tasa de empleo). Sin embargo, el empleo de los mayores ha aumentado más tras la pandemia  (+1.201.900 empleos creados desde 2019 entre mayores de 55 años) que entre los menores de 30 años (+701.800 empleos para jóvenes de 16 a 29 años), según la EPA, debido a que los mayores se han lanzado más a buscar trabajo estos años, sobre todo las mujeres.

Estos trabajadores “mayores” tienen salarios más altos, salvo los que han encontrado trabajo en los últimos años (peor pagados), porque cobran más de antigüedad y pluses varios que los jóvenes. Trabajan sobre todo en los servicios (3.716.500 mayores de 55 años) y la industria (576.100), menos en la construcción (335.530) y la agricultura (198.400). Y son mayoritariamente asalariados (72,7% de los trabajadores con 60 años y más), aunque hay bastantes autónomos (24%).Su salario medio mensual era de 2.680 euros brutos en 2024, un 12,36% más que la media (2.385,6 euros) y un 25% más que el sueldo medio de los jóvenes de 25 a 34 años (2.131 euros), según el Decil de salarios de la EPA (INE).

Un problema de tener salarios más altos es que los trabajadores mayores suelen ser los primeros que pierden su empleo cuando la empresa ajusta plantillas. Así, en las dos últimas décadas, más de 1 millón de trabajadores mayores (+55 años) han sido “prejubilados” en múltiples EREs. En el último, de Telefónica, se plantea “prejubilar” a 5.040 trabajadores mayores de 55 años (de los 6.088 despidos que contempla el ERE). La estrategia de las empresas estos años ha sido clara: despedir a los trabajadores mayores y sustituirlos por jóvenes que cobran mucho menos. Eso hace que los trabajadores mayores (esos 2,2 millones que trabajan con más de 60 años) se sientan “muy vulnerables”, tras décadas de trabajo, aunque sus sueldos sean más altos que los de los jóvenes.

Y por eso, muchos mayores están en paro, concretamente 232.700 parados con 60 años o más (209.600 entre 60 y 64 años y 23.100 entre 65 y 69 años), según la EPA del tercer trimestre, aunque en realidad son 510.000 los parados con más de 55 años, una edad a la que ya resulta muy difícil encontrar trabajo. El problema de los parados mayores es que muchos tienen poca formación (el 53,8% de los parados mayores de 55 años no tienen acabada la ESO) y dificultades para adaptarse a las nuevas tecnologías. Pero además, las empresas sufren un alto nivel de “edadismo”, de rechazo a contratar mayores de 55 años (y con más de 60 es “imposible”), con lo que 7 de cada 10 parados mayores de 55 años piensan que "ya no volverán nunca a trabajar”, según una Encuesta de Adecco.

Esto se traduce en que los parados mayores llevan años en el paro, según la EPA: el 61% de los parados de 60 a 64 años llevan más de un año en paro (son 127.700 parados) y lo mismo el 55% de los parados de 65 a 69 años (son 12.700). Y eso supone que a la mayoría se les ha acabado el paro “contributivo” (el que les corresponde por lo que han cotizado) y tienen que malvivir con el paro “asistencial” para mayores de 52 años (480 euros al mes) hasta que se jubilen (si cumplen las condiciones para cobrarlo). La consecuencia es que más de un tercio de los parados que cobran subsidio asistencial (480 euros) son mayores de 60 años: 265.514 parados en octubre, el 34,5% del total. Estos mayores parados son el grupo más numeroso que cobra este paro asistencial y se han duplicado desde 2013 (entonces cobraban este subsidio la mitad de mayores en paro, 125.647).

Así que los mayores que están en paro cobran esos 480 euros hasta que pueden jubilarse. Y eso se les ha puesto más difícil en los últimos años, porque los distintos Gobiernos han penalizado la jubilación anticipada (hasta un 21% menos de pensión si se adelanta dos años: ver cuadro) . En consecuencia, estos mayores parados han de esperar hasta los 65 años para jubilarse o hasta los 66 años y 8 meses (si han cotizado menos de 38 años y 3 meses).

Y cuando los mayores se jubilan, su pensión tampoco es tan elevada, a pesar de que los defensores del “conflicto generacional” hacen demagogia con que las nuevas pensiones de jubilación son ya de 1.626 euros (media noviembre 2025), casi tanto como el salario mediano (2.001,4 euros en 2024,según el INE) y más que el salario medio bruto de los jóvenes menores de 24 años (1.372,8 euros brutos). Pero utilizar sólo este dato es hacer demagogia, porque la mayoría de las pensiones son mucho más bajas. Veámoslo.

A 1 de noviembre, la Seguridad Social pagó 10.420.231 pensiones y la pensión media fue de 1.316,69 euros mensuales. Pero casi la mitad de todas las pensiones (el 48,77%) fueron menores de 1.000 euros y el 58,52% fueron menores al salario mínimo (SMI: 1.184 euros en 2025). En cuanto a las pensiones de jubilación, el 38,83% fueron inferiores a los 1.000 euros y casi la mitad (49,22%) fueron menores que el SMI. Y las pensiones de viudedad son mucho más bajas: un 66,5% de las que se pagan son menores de 1.000 euros y las tres cuartas partes (74,3%) están por debajo del SMI. Así que “pensiones de lujo” nada…

Si hablamos de pensionistas en vez de pensiones, hay 9.425.383 mayores que las cobran hoy (1 millón más que hace 10 años), una media de 1.455,67 euros por pensionista (1.633,04 euros los hombres y 1.275,05 las mujeres), según la Seguridad Social. Y de nuevo, los datos son explícitos: la mitad de los pensionistas (el 50,51%) cobran menos del SMI (menos de 1.184 euros/mes) y otro 47,31% cobran entre el SMI y la pensión máxima (3.267,60 euros/mes), que sólo cobran hoy 207.045 pensionistas. Además, este porcentaje de bajas pensiones aumenta entre las mujeres (el 60,45% de las pensionistas cobran menos del SMI) y en algunas regiones: Andalucía (61% pensionistas cobran menos del SMI), Canarias (60,7%), Castilla la Mancha (60,6%) y Galicia (60,5%).

Con estas pensiones tan bajas (ojo: 1 millón de pensionistas cobran menos de 500 euros), no es extraño que muchos mayores malvivan, sobre todo porque gastan porcentualmente más en alimentación, sanidad y vivienda que la mayoría. De hecho, los hogares unipersonales de mayores (la mayoría, viudas que viven solas) tienen una de las tasas de pobreza más elevadas, el 25,8% (frente al 19,7% de tasa media de pobreza en España y el 16,9% entre los mayores de 60 años). Y aunque la mayoría de mayores tienen la vivienda en propiedad (el 88,6%, frente al 30% los jóvenes de 18 a 34 años), fruto de haberla comprado hace décadas con mejores precios y condiciones que ahora, hay un 7,5% de mayores que viven de alquiler y muchos de ellos se ven forzados al desahucio por las tremendas subidas que algunos propietarios y Fondos quieren aplicarles a sus antiguos alquileres. Así que no todos los mayores tienen patrimonio, ahorros e inversiones, que por otro lado son fruto de una vida de trabajo y de unas condiciones laborales mejores que las actuales. Además, muchos mayores utilizan sus ingresos y ahorros para ayudar a sus hijos a llegar a fin de mes: lo hacen el 37% de los mayores en España y más de la mitad en Madrid.

Pero los problemas de los mayores no terminan con su jubilación, mayoritariamente escasa. A partir de los 70 años, empeora su salud y eso aumenta sus gastos sanitarios, tanto en seguros médicos privados como en medicinas que no cubre el sistema (la “pobreza farmacéutica” afecta ya a 1.200.000 españoles que han tenido que dejar de tomar algún medicamento, porque no pueden pagarlo, muchos de ellos mayores). Y estos problemas de salud se agravan a partir de los 85 años, edad con la que la mitad de los mayores tiene enfermedades crónicas (según un informe de FEDEA) o no pueden valerse por sí mismos, son dependientes, lo que implica un gasto adicional para ellos y sus familias.

Precisamente, la dependencia de muchos mayores (el 10,9% presentan limitaciones graves para realizar sus actividades cotidianas) choca con la falta de recursos de la atención a la dependencia en España, que cumple 19 años en enero de 2026, tras atender a unos 4 millones de dependientes. Actualmente hay 1.750.070 españoles en situación de dependencia reconocida (la gran mayoría mayores), aunque sólo 1.595.451 reciben alguna prestación: la mayoría una ayuda económica mínima (de 171 a 385 euros/mes), bastantes teleasistencia y ayuda a domicilio (ojo: 38 horas al mes) y pocas para residencias (560 euros mes, un tercio de lo que cuestan). Y lo peor: hay 284.020 dependientes en lista de espera (para ser valorados o recibir ayudas) y como muchos dependientes tienen más de 80 años, bastantes mueren antes de recibir la ayuda: 25.060 han muerto así este año.

Tras este panorama, desde los mayores que trabajan o están en paro a los que cobran una pensión o son dependientes, no creo que pueda decirse que los mayores estén en una situación “privilegiada”. Y menos que hay que recortarles pensiones o ayudas, como defienden “expertos” neoliberales o la propia OCDE. España va a ser cada vez un país más envejecido y en 2050, un 30% de la población tendrá más de 65 años, lo que aumentará el gasto en sanidad, pensiones y dependencia, hoy escasas de medios y recursos.

Mientras, también es evidente es que los jóvenes españoles pasan por una mala situación (ver Blog lunes), tras sufrir tres crisis económicas consecutivas (la financiera de 2008-2010, la pandemia y la hiperinflación de 2022-23 por la guerra de Ucrania). Y a pesar de su mayor formación, tardan en trabajar y encuentran empleos que son demasiado precarios y mal pagados, lo que dificulta su emancipación y formar una familia, fomentando su desinterés por la política y el debate social, lo que los lleva a posiciones antisistema y a apoyar políticas de ultraderecha. Pero este triste panorama no se resuelve con recortes a sus padres y abuelos, sino con políticas que pongan a los jóvenes en  su centro.

Y eso pasa primero por cambios en la educación, para que se reduzca el abandono escolar y mejore la educación, orientando los estudios hacia formaciones donde haya empleo, ahora y en el futuro. Y hace falta un Pacto social para que las empresas no abusen de los jóvenes y los integren en sus políticas laborales y de promoción, con contratos y salarios dignos. Y hace falta avanzar en la conciliación laboral y en políticas de ayuda a las familias con hijos, las que hoy sufren más para llegar a fin de mes. Pero sobre todo, urge una política de vivienda que facilite alquileres asequibles a los jóvenes, sobre todo en las grandes ciudades, algo que sólo puede asegurarse con una promoción urgente de viviendas públicas. Y hace falta poner a los jóvenes entre los objetivos prioritarios de todas las políticas públicas, integrándolos más en la sociedad.

Los problemas que tenemos no se resuelven con una “guerra entre generaciones”, con medidas “fáciles” que busquen “desvestir a un santo para vestir a otro”. Hay que repartir mejor el crecimiento y la mayor riqueza que tenemos. Y para eso es clave recaudar más (que paguen más las multinacionales, empresas, bancos y los ricos, que hoy pagan poco o evaden) y destinar esos mayores recursos a los que más lo necesiten (jóvenes y mayores), para afianzar unos servicios públicos deficitarios que no ayudan suficiente a los más vulnerables. Crecer y repartir mejor la riqueza, no enfrentar a jóvenes y mayores.

Las autonomías rebajan el gasto social

Las 11 autonomías gobernadas por el PP han rechazado el perdón de parte de su deuda y pasarla a la Administración central, como aprobó el Gobierno Sánchez a principios de septiembre. Argumentan que supone una concesión a los nacionalistas catalanes, aunque 7 de cada 10 euros a condonar benefician a sus autonomías. Consecuencia: los ciudadanos que viven en esas 11 autonomías no podrán beneficiarse del recorte de intereses que supone quitarles parte de su deuda: 6.700 millones que se ahorrarían y que el Gobierno propone que destinen a aumentar el gasto social. Algo que hace mucha falta, porque en 2024, las autonomías recortaron su gasto social: gastaron 2.364 millones menos en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, además de reducir el peso de este gasto social en sus Presupuestos desde 2019. Y hay enormes diferencias entre el mayor gasto social del País Vasco, Extremadura o Asturias y el menor de Madrid, Cataluña, Murcia o Valencia. Estamos en manos de las autonomías, que son como el perro del hortelano…

                              
                          Enrique Ortega 

España lleva más de 4 décadas fortaleciendo el Estado del Bienestar, aumentando el gasto social en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, más el gasto en pensiones, aunque en los últimos años ha caído drásticamente el gasto público en vivienda. Pero este creciente gasto social se vio muy afectado por los recortes impuestos por Bruselas en 2010 y que agravó Rajoy a partir de 2012. La consecuencia es que el gasto social (sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales), que gestionan las autonomías (con las transferencias del Estado y sus propios recursos) , cayó desde un máximo de 116.851 millones en 2009 a un mínimo de 99.937 millones en 2013. Y después se fue recuperando, lentamente, hasta los 122.487 millones de gasto social en 2019, aumentados en 2020 (137.182 millones) por la pandemia y el mayor gasto sanitario y las ayudas. Y en 2023, el gasto social  ya alcanzó los 159.393 millones de euros.

Pero la tendencia ascendente del gasto social (sanidad, educación, Dependencia y servicios  sociales) se truncó en 2024, año en que el gasto social bajó en 2.364 millones, cerrándose el año con un gasto de 157.029 millones, según un detallado informe recién publicado por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Esta bajada del gasto social de las autonomías contrasta con la subida de sus Presupuestos totales (gastaron +9.753 millones en 2024), aumentando mucho el gasto no social (+11.801 millones) y el pago de intereses de la deuda (+315 millones). A lo claro: que las autonomías gastaron menos en 2024 en sanidad, educación y servicios sociales pero gastaron más en todo lo demás…

El problema no es sólo el recorte de gasto social en 2024. Lo más preocupante es que el gasto social tiene cada vez menos peso en los Presupuestos de las autonomías, según demuestra el estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales: si en 2010 gastaban dos tercios del Presupuesto (el 67,4%) en gasto social (sanidad, educación y servicios sociales), en 2019 ya había bajado al 61,2% y en 2024 gastaron en las partidas más sociales poco más de la mitad de los Presupuestos autonómicos (el 59,1%). Y si analizamos las diferentes partidas, la que sale peor parada es la sanidad: ha pasado de representar el 36,4% del gasto autonómico en 2010 a representar el 30,9% del gasto en 2024. La educación pasa de llevarse el 23,9% del gasto en 2010 al 20,3% en 2024. Y sólo ganan peso los servicios sociales (por el mayor gasto en Dependencia), que saltan del 7,1 al 7,8%.

Y no sólo tiene menos peso el gasto social en el gasto total de las autonomías sino que, además, este gasto social (en sanidad, educación y servicios sociales) ha crecido menos que el resto de loas gastos autonómicos. Así, entre 2019 y 2024, el gasto social autonómico ha crecido un +25,13%, la cuarta parte que el resto de las partidas de gasto autonómico. Y además, ese mayor gasto se lo ha “comido” casi totalmente la inflación en estos años (+21,3% creció el IPC entre 2019 y 2024). Así que el gasto social “real”, descontando la inflación, apenas ha crecido. Lo más preocupante es la evolución del gasto en educación (que ha crecido un +27,1% entre 2019 y 2024) y en sanidad (el gasto ha crecido un +30,1%), mientras el resto del gasto autonómico no social creció un 42,1% (2019-2024).

Otra cuestión preocupante, además de la caída del gasto social en 2024 y su menor peso en el gasto total en los últimos años, es la desigualdad del gasto social por autonomías. Si el aumento del gasto social autonómico ha sido del +25,13% (entre 2019 y 2024), hay 3 autonomías donde ha crecido mucho menos e incluso ha caído el gasto social en términos reales (descontando la inflación esos años, que fue del 21,3%): Cataluña (gasto social ha crecido +14,9% entre 2019 y 2024), Murcia (+15,07%) y Madrid (+16,43%), según el estudio de los Directores de Servicios Sociales. Y al otro lado, hay 8 autonomías donde el gasto social ha crecido más que la media, por encima del 30%, destacando Extremadura (+37,8%), Canarias (+35,65%), Navarra (+35,31%), Baleares (+33.05%) y la Rioja (33.05%).

Es importante saber que hay autonomías que han hecho un gran esfuerzo estos años en su gasto social, aumentando bastante lo que gastan en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, y otras que apenas han aumentado este gasto social. En conjunto, el gasto social por habitante en España ha aumentado en 658 euros entre 2019 (2.619 euros) y 2024 (3.277 euros). Pero hay 3 autonomías (las mismas) que apenas han aumentado su gasto social por habitante desde 2019: Madrid (+381 euros, la mitad que el conjunto de España), Cataluña (+382 euros) y Murcia (+427 euros) . Y otras autonomías lo han aumentado mucho más que la media: Navarra (+1.174 euros/habitante), Extremadura (+1.132), Asturias (+967), País Vasco (+953), la Rioja (+919) y Castilla y León (+903 euros/habitante).

Al final, las autonomías “se retratan” con el gasto social (sanidad, educación y servicios sociales) que hacen por habitante (datos de 2024). A la cola están, una vez más, Madrid (gasta 2.703 euros/habitante, 574 euros por persona menos que la media española), Cataluña (2.991 euros/habitante), Andalucía (3.158 euros/habitante) y Murcia (3.259 euros/habitante. Y en cabeza del gasto social vuelven a estar Navarra (4.500 euros de gasto social por habitante, casi el doble que Madrid), País Vasco (4.343 euros) y Extremadura (4.124 euros), seguidas de Asturias (3.960) y Cantabria (3.702). Un ranking de gasto social que explica bien los mayores problemas en la sanidad, en la educación y los servicios sociales en algunas autonomías (Madrid, Cataluña, Andalucía y Murcia). Algo que debería ser clave a la hora de votar.

Si desglosamos el gasto social por habitante, aparece la misma desigualdad por autonomías. En el gasto sanitario, la media de gasto por habitante era de 1.717 euros/habitante en 2024, según el informe de los Directores de Servicios Sociales. Pero hay 5 autonomías que gastaron mucho menos: el farolillo rojo vuelve a ser Madrid (1.415 euros/habitante de gasto sanitario, 500 euros menos que la media), Cataluña (1.457), Murcia (1.602), Comunidad Valenciana (1.623) y Andalucía (1.659). Y en cabeza del gasto sanitario se repiten Asturias (2.318 euros/habitante, casi el doble que Madrid), País Vasco (2.222), Navarra (2.170) y Extremadura (2.164 euros/habitante).

La misma desigualdad autonómica se percibe en el gasto en educación por habitante, cuya media en España fue de 1.126,9 euros (2024). El farolillo rojo en el gasto educativo vuelve a ser Madrid (910 euros gastados por habitante), seguida en este caso por Asturias (1.034 euros/habitante), Cataluña (1.042), Galicia (1.055), Canarias (1.069) y Castilla la Mancha (1.076 euros/habitante). Y en cabeza del gasto educativo se repiten País Vasco (1.608 euros/habitante, casi el doble que Madrid), Navarra (1.492) y Extremadura (1.300 euros), seguidas de Murcia (1.264), Comunidad Valenciana (1.255) y la Rioja (1.251 euros).

El tercer gasto social importante (Dependencia y servicios sociales) también es muy desigual por autonomías, con una media en España es de 433 euros/habitante (2024). Aquí, el farolillo rojo es Baleares (273,7 euros/habitante, casi la mitad), seguida de Canarias 8327,8 euros) y los habituales, Andalucía (368,6 euros)) y Madrid (377 euros/habitante). Y en cabeza del gasto en servicios sociales aparecen las regiones más ricas o envejecidas: Navarra (836,9 euros/habitante, más del doble de gasto que Madrid), Extremadura (659,5 euros), Asturias (608), la Rioja (560), País Vasco (512), Cantabria y Castilla y León (505 euros/habitante).

Tras esta avalancha de datos, hay una conclusión clara: el gasto social en España es bajo, pero hay una serie de autonomías que se toman más en serio que otras el gasto en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales. Y que varias autonomías gobernadas por el PP están a la cola del gasto social, mientras recortan impuestos (más a los que más tienen), lo que repercute en un menor gasto social. Y no se pueden quejar de que gastan poco porque el Gobierno les aporta pocos fondos de su recaudación, ya que la aportación del Estado central a las autonomías ha alcanzado cifras récord en los últimos años. Así, en 2024, el año en que las autonomías han bajado su gasto social (-2.364 millones), las transferencias de la Administración central a las autonomías fueron de 147.412 millones de euros, una cifra récord. Y en los 7 años de Gobierno Sánchez (2018-2024), las autonomías han recibido del Estado central unos 300.000 millones más de lo que recibieron durante los casi 7 años del Gobierno Rajoy (2012-2018).

A pesar de que tienen más recursos (transferidos y propios), las autonomías gastaron menos en sanidad, educación y servicios sociales en 2024. Y desde 2019, el peso del gasto social en sus cuentas es menor. ¿Qué pasa? Básicamente, que muchas autonomías gastan más en otras cosas (transporte, deuda, obras y servicios…) y menos en gasto social  (tampoco gastan  en vivienda, donde las autonomías apenas promueven viviendas ni conceden ayudas con fondos propios). Además, en muchos casos, utilizan parte de las mayores transferencias del Estado para otras cosas, como bajar impuestos. De hecho, en varios años, el Gobierno ha aumentado su financiación a la Dependencia y algunas autonomías han aprovechado estos mayores recursos para gastar ellos menos en Dependencia, como han denunciado los Directores de Servicios Sociales.

El problema que tenemos los ciudadanos es que la gestión del gasto social (sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales) está en manos de las autonomías (como tantas cosas, desde los incendios hasta la vivienda) y cada una gasta y gestiona a su aire, con tremendas diferencias que luego se traduce en la deficiente sanidad que tenemos (con listas de espera crecientes y 13 millones de españoles pagando un seguro privado), en la infra financiada educación (un gasto creciente para las familias) y en la insuficiencia de los servicios sociales y la Dependencia (286.861 dependientes están “en lista de espera”, la cifra más alta en 10 años, con una espera media de 342 días).

Las autonomías, sobre todo las 11 gobernadas por el PP, se quejan de falta de recursos  y exigen un nuevo sistema de financiación, pendiente desde 2014. Pero la actual polarización política impide cualquier acuerdo sobre cómo financiar en el futuro las autonomías, de las que dependen la mayoría de los servicios públicos que necesitamos los ciudadanos. A falta de una nueva financiación, el Gobierno va poniendo parches, desde ayudas para paliar los efectos de la COVID a ayudas para la enseñanza (ahora para la educación pública de 0 a 2 años). Y la última medida para aportar más recursos a las autonomías ha sido la condonación (perdón) de parte de su deuda, aprobada por el Gobierno el 2 de septiembre.

El origen de parte de la deuda autonómica se remonta a 2009, cuando la crisis financiera y de la deuda provocaron un desplome de la recaudación, obligando a las autonomías a endeudarse (con los bancos y con Hacienda, a través del FLA): se estima que entre 2009 y 2014, el endeudamiento de las autonomías aumentó en 109.000 millones de euros. Ahora, el Gobierno Sánchez ha aprobado una quita de deuda autonómica de 83.252 millones, la cuarta parte de la deuda total que tienen las autonomías. La idea es que esta deuda pase a la Administración Central y la paguemos todos los españoles vía Presupuestos, liberando a las autonomías del coste de esta deuda.

Las 11 autonomías gobernadas por el PP han dicho que no van a pedir la quita de esta deuda, porque es “una maniobra” del Gobierno para contentar a los nacionalistas catalanes (tanto Ezquerra como Junts habían exigido la quita de la deuda catalana para pactar con Sánchez). Pero Hacienda reitera que la quita es para todas las autonomías (no sólo para Cataluña) y que 7 de cada 10 euros de la quita benefician a las autonomías gobernadas por el PP (18.791 millones de quita a Andalucía, 17104 millones a Cataluña, 11.210 millones a la Comunidad Valenciana y 8.644 millones de quita a Madrid: ver cuadro de reparto de la quita ), por lo que rechazar la quita es “tirar piedras contra su propio tejado”.

Pero este rechazo (político)  del PP tiene una consecuencia más preocupante: la sufriremos los ciudadanos de estas 11 regiones. Porque la quita de esos 83.252 millones de deuda supondría que las autonomías se ahorrarían 6.700 millones anuales en pago de intereses, un dinero que el Gobierno les propone que utilicen para aumentar su gasto social (para gastar más en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales) y en vivienda. Es una cifra importante, el triple del recorte en gasto social que han hecho en 2024 (-2.364 millones). Para la Comunidad Valenciana, aceptar la quita supondría tener 724 millones más al año para gastar, 716 millones para Cataluña, 506 millones para Murcia, 414 millones para Aragón, 348 millones para Madrid o 201 millones más para Andalucía, por ejemplo. Podrían contratar más médicos o profesores o ayudar a más dependientes. Pero rechazan hacerlo “para atacar y desgastar” al Gobierno.

En definitiva, tenemos un serio problema en el Estado del Bienestar, donde faltan medios y financiación en la sanidad, la educación o los servicios sociales, pero su gestión está en manos de las autonomías, que por tener otras prioridades políticas o por mala gestión, están recortando el gasto social, unas mucho más que otras, configurando enormes desigualdades que sufrimos los ciudadanos. Urge mejorar el gasto social, porque nos importa a todos.

8-M: las mujeres siguen discriminadas

Este sábado se celebra el 8-M, el Día de la Mujer, cuya discriminación olvidamos el resto del año. Este aniversario celebramos que hay más mujeres que nunca (25 millones) y que trabajan más de 10 millones. Pero sigue habiendo más mujeres inactivas, menos trabajando, con peores contratos, empleos y sueldos (la brecha salarial con los hombres se mantiene en -19,6%), más paradas y cobrando menos desempleo, con pensiones más bajas y más mujeres dependientes sin ayudas… Demasiadas discriminaciones que apenas mejoran. Y que tienen tres orígenes: los cuidados (las mujeres tienen que cuidar a hijos y padres), el desigual acceso al trabajo y a los mejores empleos y las interrupciones en la carrera laboral que recortan sus pensiones. Y sobre todo, porque los hombres “ayudamos” en casa pero no “compartimos tareas” para que puedan trabajar más y mejor. Es hora de mejorar la atención a la Dependencia, aumentar guarderías y mejorar la contratación y los convenios para las mujeres. Acabar con la discriminación de media España.

                            Enrique Ortega

Curiosamente, el número de mujeres ha aumentado en España este siglo mucho más que los hombres. Así, el 1 de enero de 2025 se superaron los 25 millones de mujeres censadas (25.009.634), casi 1 millón más que hombres (24.068.350 habitantes), según el INE. Es la mayor distancia entre mujeres y hombres en este siglo (+817.504 en el año 2.000 y +485.970 en 2008). Y de los 8,6 millones de habitantes más que hay en España (49,07 millones frente a 40,47 millones en el 2000), las mujeres han aumentado en +4.365.791 personas este siglo, más que los hombres (+4.242.011). Ha crecido el número de mujeres nacidas en España (+1,84 millones desde 2002), pero sobre todo han crecido las mujeres inmigrantes (+2,2 millones), que ya eran 3.390.951 en enero de 2025. Así que viven en nuestro país más mujeres que nunca (25 millones) y el 13,5% son mujeres nacidas fuera de España (en 2002, las extranjeras eran sólo el 5,5% de las mujeres).

Más mujeres que hombres y también más mujeres en edad de trabajar (más de 16 años): 21.487.600 mujeres frente a 20.322.500 hombres. Pero a partir de ahí, empiezan las discriminaciones a la mujer. La primera, que hay más mujeres inactivas, que ni trabajan ni buscan trabajo, que “tiran la toalla” aunque están en edad laboral, básicamente porque se dedican a “las tareas de casa”, a cuidar a los hijos (y maridos) o a padres y adolescentes dependientes (el 75% de los “cuidadores” son mujeres). A finales de 2024, había 9.973.700 mujeres inactivas frente a 7.383.000 hombres. A lo claro: hay 1.900.000  mujeres que han "renunciado" de entrada a trabajar.

A causa de esta 1ª discriminación, la tasa de actividad de las mujeres (trabajan o buscan trabajo entre 16 y 64 años) es del 71,38%, frente al 77,91% en los hombres. Una tasa mucho menor a la de las mujeres europeas: allí son “activas” el 70,2% de las mujeres de 20 a 64 años, frente al 65,7% en España, el 77,2%% en Alemania, el 71,7% en Francia y el 56,5% en Italia (otro país con pocas mujeres “activas”), según Eurostat. Desde la pandemia y tras la crisis de la energía y la alta inflación, hay en España más mujeres “activas” (+669.800 que en 2019), pero todavía sigue habiendo menos mujeres “activas” que hombres (11,4 millones frente a 12,77), aunque sean más población.

La 2ª gran discriminación es que hay menos mujeres con empleo. No sólo hay menos mujeres “activas” que lo buscan, sino que las mujeres tardan más en encontrar trabajo y lo encuentran peor que los hombres, a pesar de que están más formadas, según las estadísticas educativas. Así, a finales de 2024 había 10.151.200 mujeres ocupadas, frente a 11.706.600 hombres ocupados, según la EPA. Son más mujeres que nunca trabajando en España (había 5,8 millones de mujeres trabajando en el año 2000, frente a 9,9 millones de hombres), pero sigue habiendo más hombres con trabajo (+1,55 millones), aunque hay más mujeres. Y otra vez, la tasa de empleo femenino en España (70,5% de las que tienen entre 20 y 64 años) es inferior a la de las mujeres europeas (75,3% trabajan).

Además, las mujeres han conseguido llevarse más nuevos empleos que los hombres tras la pandemia: trabajan ahora 992.900 mujeres más que en 2019, frente a 898.000 hombres más. Eso sí, la mayor parte de estos empleos “ganados” por las mujeres han sido para las mayores de 50 años (+642.200 empleos), ya que las de menos edad apenas han ganado empleo (+64.000 para las mujeres entre 16 y 40 años) y lo han perdido las mujeres de 40 a 50 años (-7.200 empleos). Así que las que consiguieron trabajo son mujeres mayores, que dejaron de trabajar en su momento y han vuelto, sobre todo en los servicios (empleo doméstico y cuidados, hostelería, comercio y trabajos eventuales, muchas inmigrantes).

Con todo, las mujeres copan menos del 50% de los empleos en 73 de los 100 sectores económicos. Y aquí tropezamos con la 3ª gran discriminación laboral de las mujeres: trabajan en sectores más precarios y peor pagados, con contratos de menos calidad, peores puestos y categorías. Empezando por el tipo de contrato, las mujeres copan los contratos a tiempo parcial: de 3.059.000 asalariados a tiempo parcial (menos jornada o menos días), 2.252.600 son mujeres (el 73,6%), según la última EPA. Y si trabajan menos horas o días que los hombres no es porque quieran: la mayoría de las mujeres dicen que es porque no encuentran otro trabajo a tiempo completo. Y 357.000 mujeres trabajan a tiempo parcial para cuidar a un familiar (11 veces más que los hombres: sólo 33.000 lo hacen).

Las mujeres tienen también más contratos “temporales” que los hombres: de los 2.876.700 asalariados con contrato temporal (diciembre 2024), 1.609.800 son mujeres (el 17,90% de las que trabajan, frente al 13,20% de los hombres).

Además, el 44% de las mujeres trabaja en 7 sectores económicos que son los que tienen los sueldos más bajos. Y de las 10 actividades con nóminas más bajas, en 7 hay más mujeres que hombres trabajando: servicio doméstico, hostelería, sanidad, cuidados, actividades auxiliares, actividades artísticas y recreativas y comercio, según este estudio de CCOO. Pero también, hay muchas más mujeres trabajando en las categorías laborales más bajas y en empleos menos cualificados, ocupando menos puestos directivos, donde se frena la promoción a mujeres: sólo el 34,5% ocupan puestos de gerentes y directivos.

Esta mayor precariedad en los empleos de las mujeres conduce a la 4ª gran discriminación laboral: tienen peores sueldos que los hombres. El sueldo medio bruto de los hombres es de 29.615 euros frente a 24.758 euros las mujeres, según la EPA (Decil de Salarios 2023). Eso supone una “brecha salarial” para las mujeres del -19,6% (lo que tendría que subir su sueldo para igualarse a los hombres). Una brecha que se ha estancado: era del -19% en 2022, aunque mejora respecto a 2019 (-22,6%), 2014 (-31,4%) y 2008 (-30%), según CCOO. Y una brecha salarial que es menor en España que en el resto de Europa, según Eurostat: era del -8,7% en 2022 (diferencia por sexo en el salario hora), frente al -17,7% en Alemania, -13,9% en Francia y -4,3% de diferencia salarial en Italia.

Esta “brecha salarial” del -19,6% en España, según el INE, es mayor en 6 sectores de actividad, algunos con mucho peso del empleo femenino: actividades administrativas (-36% de diferencia salarial las mujeres), actividades profesionales, científicas y técnicas (-35%), sanidad y servicios sociales (-31%), comercio (-31%), inmobiliarias (30%) y finanzas (-28%). Los estudios revelan que la principal causa de esta “brecha salarial” entre mujeres y hombres es el alto porcentaje de empleo femenino a tiempo parcial, que explica el 64% de la brecha, según CCOO. Y otro factor clave son los “complementos salariales”, la parte que se cobra junto al sueldo base: las mujeres apenas cobran “pluses” por nocturnidad, penosidad, esfuerzo físico o disponibilidad horaria, que pesan mucho en las nóminas de los hombres. Además, las mujeres cobran también menos por “antigüedad”, porque muchas han interrumpido sus carreras laborales para cuidar hijos y padres.

Y pasamos a otra discriminación de las mujeres, la 5ª: hay más mujeres en paro que hombres. A finales de 2024 había en España 2.595.500 parados EPA , de los que 1.362.600 eran mujeres paradas y 1.232.900 hombres desempleados. La tasa de paro femenina es más alta (11,83%) que la masculina (9,53%) y también mucho más alta que la tasa de paro de las mujeres europeas (6,2%). Eso sí, tras la pandemia, el paro femenino se ha reducido algo más (-296.200 desde 2019) que el masculino (-273.200), aunque esta bajada se ha dado sobre todo entre mujeres de 25 a 54 años, mientras subió el paro femenino entre las más jóvenes (+11.000) y entre las mujeres mayores de 55 años (+13.400 paradas que en 2019), porque intentan ahora recolocarse y ayudar económicamente en casa.

No sólo es que haya más mujeres paradas que hombres, es que además cobran menos desempleo, la 6ª discriminación, porque han cotizado menos años y por sueldos más bajos. Así, aunque hay más mujeres paradas que hombres, en noviembre de 2024 (último dato de Trabajo) había 451.041 paradas cobrando una prestación contributiva y 430.615 parados hombres. Y estas paradas cobraban una media de desempleo de 941 euros al mes, frente a los 1.076,4 euros que cobraban los parados hombres. Una “brecha” en el desempleo del -14,20%, que es mucho mayor en las paradas de más edad (-18,47% de brecha en las paradas de 50 a 54 años, -23,18% las desempleadas de 55 a 59 años y -24,11% de brecha en el desempleo para las paradas de 60 y más años). Sólo cobran el mismo subsidio (463,21 euros mensuales) que los hombres el millón largo de mujeres (1.006.862 paradas) que cobran el subsidio asistencial (frente a 795.591 hombres).

Y tras una vida con menos actividad, menos y peores empleos, las mujeres se jubilan con peores pensiones, la 7ª discriminación. Por un lado, la pensión media de los hombres es de 1.564,53 euros, frente a 1.071,76 euros las mujeres, según los datos de la Seguridad Social al 1 de enero de 2025. Una “brecha” de pensiones del -45,97%. Y si miramos la diferencia de pensiones de jubilación (las cobran 3,84 millones de hombres y 2,71 millones de mujeres), la brecha es similar, del -43,95%: 1.714,47 euros de jubilación media para los hombres, frente a 1.190,95 euros la jubilación de las mujeres. Sólo cobran más pensión las viudas (por sus maridos) que los viudos: 960 euros (2,14 millones de mujeres viudas) frente a 639,90 los hombres (sólo las cobran 209.625 viudos).

Queda otra discriminación más, la 8ª: la desigualdad en la Dependencia, debido a que las mujeres viven más años que los hombres (86,20 años de media frente a 80,74) y por tanto tienen más riesgo de necesitar ayuda y ser dependientes al final de su vida. De hecho, casi 2 de cada 3 dependientes con más de 80 años son mujeres (el 61,06% en 2024). Y por eso sufren más que los hombres el problema de los retrasos en las ayudas (142.446 dependientes a finales de 2024) y en el reconocimiento de la dependencia (otros 127.879 están pendientes de valoración), según el balance de los Directores de Servicios Sociales. Y estos retrasos provocan que 94 dependientes mueran cada día sin recibir la ayuda solicitada o a la que tienen derecho, 57 de ellas mujeres dependientes.

Por si fueran pocas estas discriminaciones, las mujeres sufren otra discriminación más, la 9ª de la lista, la que sufren en su propia casa, porque cargan con la mayor parte de las tareas del hogar y de los cuidados de niños y padres, complicando más su vida laboral. De hecho, el 45,86% de las mujeres cargan con la mayor parte de las tareas del hogar, algo que sólo hacen el 14,92% de los hombres. Y otro 34,96% de mujeres realizan una parte importante de las tareas, aunque compartida. Esto significa que el 80,82% de las mujeres cargan con las tareas del hogar, frente al 48,61% de los hombres. Y un 51,37% de los hombres (unos 12 millones) confiesan que “hacen poco o nada”, según la última Encuesta del INE (2021). Además, el 40,2% de las mujeres se ocupan “mayoritariamente” de los niños, frente al 4,8% de los hombres. Y un 48,3% de cuidar a los mayores (frente al 20,5% los hombres).

En resumen, que trabajan más mujeres que nunca, pero siguen con la discriminación de trabajar menos, con empleos más precarios y peor pagados, con más paro y peor desempleo y pensiones, con más años de vida y un mayor riesgo de ser dependientes. Y con poca ayuda en casa de los hombres, que “ayudan” pero no comparten tareas y cuidados.

Cara al futuro, hay tres medidas claves para reducir las discriminaciones de las mujeres. Una, mejorar la atención a la Dependencia, para que los ancianos y jóvenes dependientes tengan más ayudas públicas (a domicilio y en centros de día y residencias) y no supongan “una carga” para las mujeres, a costa de su vida laboral. La segunda, una mayor atención a la infancia, desde el aumento de guarderías públicas asequibles a las ayudas por hijo, fomentando la conciliación entre la vida laboral y familiar, con más tareas compartidas por los hombres. Y la tercera, un Pacto social entre patronal y sindicatos, para reducir las desigualdades en las empresas y los convenios, desde el acceso al primer empleo a la igualdad en la contratación y en la promoción, buscando reducir la brecha salarial con mayores subidas de los sueldos más bajos (que suelen ser los de las mujeres).

Al final, cada año pasa lo mismo con el 8-M: se habla mucho de la discriminación de la mujer, se hacen manifestaciones de protesta, pero se avanza poco para conseguir una igualdad que, a este paso, tardará décadas en conseguirse. Avanzar en la igualdad de la mujer requiere pactar medidas concretas, en el Parlamento, en los convenios y en las familias, al margen de posiciones políticas y enfrentamientos de género. Estamos ante uno de los grandes retos de este siglo, como la crisis climática, la digitalización o la tecnología: lograr que alguien no sea discriminado por nacer mujer. Conseguir la igualdad para media España. Ganaríamos todos.